Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: JUAN DE LA CRUZ RÍOS RIVERA
1998 TSPR 159
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: JUAN DE LA CRUZ RÍOS RIVERA
CP-1996-0006
CP-96-6
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
In Re
Querella
Juan de la Cruz Ríos Rivera
98TSPR159
Número del Caso: CP-96-6
Abogados de la Parte Querellante:
Hon. Carlos Lugo Fiol
Procurador General
Lcda. Ivonne Casanova Pelosi
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Querellada: Por Derecho Propio
Fecha: 11/24/1998
Materia: Conducta Profesional
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CP-96-6
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan de la Cruz Ríos
Rivera
CP-96-6
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 1998.
Examinadas
las
conclusiones
de
hecho
formuladas
por
el
Comisionado Especial, Hon. Rodolfo Cruz Contreras, las cuales
fueron
sometidas
ante
este
Foro
en
su
informe
sobre
las
alegadas violaciones al Canon 34 de Ética Profesional imputadas
al querellado, Lic. Juan de la Cruz Ríos Rivera, se exonera al
querellado de las violaciones imputadas.
I
El 10 de julio de 1992 el Lic. Máximo Ruidíaz presentó una
queja
ante
el
Juez
Administrador
del
Centro
Judicial
de
Carolina sobre la supuesta práctica ilegal de la profesión de
varios
abogados
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que postulaban ante dicho foro, al incurrir en la práctica de gestionar
directamente o a través de otras personas, reclamaciones en las cuales
intervenir. Como resultado de tal queja el Juez Administrador refirió a
este
Foro
dicha
comunicación
y
el
resultado
de
una
investigación
interna que se realizó en dicho Centro Judicial.
De dicha investigación, así como de una investigación realizado
por
el
Procurador
General,
surgió
que
varios
abogados
postulantes
utilizaban los servicios de los señores Goyo Viera y Ángel Baliñas para
lograr
acceso
a
clientes
potenciales
en
los
pasillos
del
Centro
Procurador
General
presentó
Judicial de Carolina.
El
27
de
diciembre
de
1993
el
un
informe ante este Foro sobre la conducta profesional del Lic. Juan de
la Cruz Ríos Rivera en el cual consideraba que el Lic. Ríos Rivera
había
incurrido
en
conducta
que
violaba
el
Canon
34
de
Ética
Profesional, el cual prohibe que un abogado, actuando directamente o a
través de intermediarios o agentes, haga gestiones para proporcionarse
casos o reclamaciones en que intervenir o para proporcionarlos a otros
abogados.
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 34. Se le imputó específicamente haber
utilizado los servicios de los señores Goyo Viera y Ángel Baliñas,
quienes se dedicaban a buscar clientes potenciales en los pasillos del
Centro Judicial de Carolina, y proporcionarse así reclamaciones en las
cuales intervenir.
El 19 de abril de 1994 ordenamos al Procurador General radicar la
querella correspondiente. El 1 de junio de 1996 el querellado, en su
contestación, negó los hechos imputados y solicitó el archivo de la
querella. En virtud de lo anterior, el 21 de junio nombramos como
Comisionado Especial al Lic. Rodolfo Cruz Contreras para que recibiera
y escuchara la prueba presentada por las partes y rindiera un informe
ante este Tribunal con las determinaciones de hecho que entendiera
procedentes.
Luego
de
varias
conferencias
con
antelación
a
vista,
y
la
estipulación de parte de la prueba, se celebró vista a fondo el 11 de
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febrero de 1998. En dicha vista se presentaron varios testigos. El
Comisionado Especial ordenó la transcripción de la evidencia y notificó
a
las
partes
sobre
su
oportunidad
para
radicar
objeciones
a
dicha
transcripción. Ninguna de las partes presentó objeción alguna.
El
24
de
informe.
De
las
marzo
de
1998
el
conclusiones
de
Comisionado
hecho
a
Especial
las
que
presentó
llegó,
luego
su
de
analizar toda la prueba presentada y estipulada, concluyó que, aunque
existía la práctica de solicitar clientes en los pasillos del Centro
Judicial de Carolina, no existía evidencia que vinculara al querellado
con lo imputado en el cargo. Consideró que ninguno de los testigos
presentados aportó prueba que demostrara que el querellado utilizó los
servicios de los señores Viera y Baliñas para obtener clientes.
El
Procurador
General
presentó,
el
14
de
abril
de
1998,
su
oposición a algunas de las conclusiones de hecho formuladas por el
Comisionado Especial. Con el beneficio de ambos escritos procedemos a
resolver.
II
Anteriormente
hemos
analizado
la
naturaleza
de
la
función
encomendada a un Comisionado Especial designado por este Foro para
atender una querella incoada contra un abogado. Hemos determinado que
corresponde al Comisionado Especial recibir prueba y, evaluar y dirimir
la evidencia conflictiva. In re Morales Soto, Opinión del Tribunal de
21 de enero de 1994. El Comisionado ocupa el papel del juzgador de
instancia y, por lo tanto, está en mejor posición para aquilatar la
prueba testifical. Id. a la pág. 11469. Es por esta razón que sus
determinaciones al evaluar esa prueba merecen nuestra mayor deferencia.
In re Soto López, Opinión del Tribunal de 5 de abril de 1994.
Hemos reiterado que aunque este Foro no está obligado a aceptar el
informe de un Comisionado Especial nombrado para atender una querella
contra un abogado, pudiendo este Tribunal adoptar, modificar o rechazar
tal informe, no alteraremos las conclusiones de hecho de un Comisionado
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Especial
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salvo
que
se
demuestre
prejuicio,
parcialidad
o
error
manifiesto. In re Soto López, supra a la pág.11746.
Un examen cuidadoso del expediente de este caso, incluyendo la
transcripción de la evidencia, revela que las determinaciones de hecho
del Comisionado se sostienen de la prueba que tuvo ante sí. En aquellas
situaciones de testimonio conflictivo, el Comisionado adjudicó, como le
correspondía, la cuestión de credibilidad. In re Morales Soto, supra a
la pág. 11469.
Nada hay ante nos que demuestre que hubo prejuicio, parcialidad o
error
manifiesto
en
las
determinaciones
de
hecho
a
que
llegó
el
Comisionado. Por lo tanto, no existe razón alguna para intervenir, y
menos
aun
para
alterar,
la
expresa
determinación
del
Comisionado
Especial a los efectos de que nada en el testimonio de los testigos
lleva a concluir que el Lic. Ríos Rivera cometió los hechos imputados
en la querella presentada.
En consecuencia y por las razones expresadas, procede exonerar al
querellado de las violaciones imputadas.
Se dictará la sentencia correspondiente.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan de la Cruz Ríos
Rivera
CP-96-6
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 1998.
Por las razones expuestas en la Opinión del
Tribunal, la cual se hace formar parte integral de la
presente, se exonera al querellado de las violaciones
imputadas.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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