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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: JUAN DE LA CRUZ RÍOS RIVERA

1998 TSPR 159

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: JUAN DE LA CRUZ RÍOS RIVERA

CP-1996-0006

CP-96-6

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

In Re

Querella

Juan de la Cruz Ríos Rivera

98TSPR159

Número del Caso: CP-96-6

Abogados de la Parte Querellante:

Hon. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lcda. Ivonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Querellada: Por Derecho Propio

Fecha: 11/24/1998

Materia: Conducta Profesional

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CP-96-6

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan de la Cruz Ríos

Rivera

CP-96-6

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 1998.

Examinadas

las

conclusiones

de

hecho

formuladas

por

el

Comisionado Especial, Hon. Rodolfo Cruz Contreras, las cuales

fueron

sometidas

ante

este

Foro

en

su

informe

sobre

las

alegadas violaciones al Canon 34 de Ética Profesional imputadas

al querellado, Lic. Juan de la Cruz Ríos Rivera, se exonera al

querellado de las violaciones imputadas.

I

El 10 de julio de 1992 el Lic. Máximo Ruidíaz presentó una

queja

ante

el

Juez

Administrador

del

Centro

Judicial

de

Carolina sobre la supuesta práctica ilegal de la profesión de

varios

abogados

CP-96-6

3

que postulaban ante dicho foro, al incurrir en la práctica de gestionar

directamente o a través de otras personas, reclamaciones en las cuales

intervenir. Como resultado de tal queja el Juez Administrador refirió a

este

Foro

dicha

comunicación

y

el

resultado

de

una

investigación

interna que se realizó en dicho Centro Judicial.

De dicha investigación, así como de una investigación realizado

por

el

Procurador

General,

surgió

que

varios

abogados

postulantes

utilizaban los servicios de los señores Goyo Viera y Ángel Baliñas para

lograr

acceso

a

clientes

potenciales

en

los

pasillos

del

Centro

Procurador

General

presentó

Judicial de Carolina.

El

27

de

diciembre

de

1993

el

un

informe ante este Foro sobre la conducta profesional del Lic. Juan de

la Cruz Ríos Rivera en el cual consideraba que el Lic. Ríos Rivera

había

incurrido

en

conducta

que

violaba

el

Canon

34

de

Ética

Profesional, el cual prohibe que un abogado, actuando directamente o a

través de intermediarios o agentes, haga gestiones para proporcionarse

casos o reclamaciones en que intervenir o para proporcionarlos a otros

abogados.

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 34. Se le imputó específicamente haber

utilizado los servicios de los señores Goyo Viera y Ángel Baliñas,

quienes se dedicaban a buscar clientes potenciales en los pasillos del

Centro Judicial de Carolina, y proporcionarse así reclamaciones en las

cuales intervenir.

El 19 de abril de 1994 ordenamos al Procurador General radicar la

querella correspondiente. El 1 de junio de 1996 el querellado, en su

contestación, negó los hechos imputados y solicitó el archivo de la

querella. En virtud de lo anterior, el 21 de junio nombramos como

Comisionado Especial al Lic. Rodolfo Cruz Contreras para que recibiera

y escuchara la prueba presentada por las partes y rindiera un informe

ante este Tribunal con las determinaciones de hecho que entendiera

procedentes.

Luego

de

varias

conferencias

con

antelación

a

vista,

y

la

estipulación de parte de la prueba, se celebró vista a fondo el 11 de

CP-96-6

4

febrero de 1998. En dicha vista se presentaron varios testigos. El

Comisionado Especial ordenó la transcripción de la evidencia y notificó

a

las

partes

sobre

su

oportunidad

para

radicar

objeciones

a

dicha

transcripción. Ninguna de las partes presentó objeción alguna.

El

24

de

informe.

De

las

marzo

de

1998

el

conclusiones

de

Comisionado

hecho

a

Especial

las

que

presentó

llegó,

luego

su

de

analizar toda la prueba presentada y estipulada, concluyó que, aunque

existía la práctica de solicitar clientes en los pasillos del Centro

Judicial de Carolina, no existía evidencia que vinculara al querellado

con lo imputado en el cargo. Consideró que ninguno de los testigos

presentados aportó prueba que demostrara que el querellado utilizó los

servicios de los señores Viera y Baliñas para obtener clientes.

El

Procurador

General

presentó,

el

14

de

abril

de

1998,

su

oposición a algunas de las conclusiones de hecho formuladas por el

Comisionado Especial. Con el beneficio de ambos escritos procedemos a

resolver.

II

Anteriormente

hemos

analizado

la

naturaleza

de

la

función

encomendada a un Comisionado Especial designado por este Foro para

atender una querella incoada contra un abogado. Hemos determinado que

corresponde al Comisionado Especial recibir prueba y, evaluar y dirimir

la evidencia conflictiva. In re Morales Soto, Opinión del Tribunal de

21 de enero de 1994. El Comisionado ocupa el papel del juzgador de

instancia y, por lo tanto, está en mejor posición para aquilatar la

prueba testifical. Id. a la pág. 11469. Es por esta razón que sus

determinaciones al evaluar esa prueba merecen nuestra mayor deferencia.

In re Soto López, Opinión del Tribunal de 5 de abril de 1994.

Hemos reiterado que aunque este Foro no está obligado a aceptar el

informe de un Comisionado Especial nombrado para atender una querella

contra un abogado, pudiendo este Tribunal adoptar, modificar o rechazar

tal informe, no alteraremos las conclusiones de hecho de un Comisionado

CP-96-6

Especial

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salvo

que

se

demuestre

prejuicio,

parcialidad

o

error

manifiesto. In re Soto López, supra a la pág.11746.

Un examen cuidadoso del expediente de este caso, incluyendo la

transcripción de la evidencia, revela que las determinaciones de hecho

del Comisionado se sostienen de la prueba que tuvo ante sí. En aquellas

situaciones de testimonio conflictivo, el Comisionado adjudicó, como le

correspondía, la cuestión de credibilidad. In re Morales Soto, supra a

la pág. 11469.

Nada hay ante nos que demuestre que hubo prejuicio, parcialidad o

error

manifiesto

en

las

determinaciones

de

hecho

a

que

llegó

el

Comisionado. Por lo tanto, no existe razón alguna para intervenir, y

menos

aun

para

alterar,

la

expresa

determinación

del

Comisionado

Especial a los efectos de que nada en el testimonio de los testigos

lleva a concluir que el Lic. Ríos Rivera cometió los hechos imputados

en la querella presentada.

En consecuencia y por las razones expresadas, procede exonerar al

querellado de las violaciones imputadas.

Se dictará la sentencia correspondiente.

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6

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan de la Cruz Ríos

Rivera

CP-96-6

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 1998.

Por las razones expuestas en la Opinión del

Tribunal, la cual se hace formar parte integral de la

presente, se exonera al querellado de las violaciones

imputadas.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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