Tribunal Supremo de Puerto Rico
IVONNE FIGUEROA HERNANDEZ V. RUBEN DEL ROSARIO CERVONI
1998 TSPR 158
Poder Judicial de Puerto Rico
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IVONNE FIGUEROA HERNANDEZ V. RUBEN DEL ROSARIO CERVONI
CC-1997-784
1
CC-97-748
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ivonne Figueroa Hernández
Peticionaria
Certiorari
V.
98TSPR158
Rubén del Rosario Cervoni
Recurrido
Número del Caso: CC-97-0784
Abogados de Ivonne Figueroa Hernández:
Lcdo. Moises Abreu Cordero
Lcda. Margarita Carillo Iturrino
Abogados de Rubén del Rosario Cervoni:
Lcdo. José Davison Lampón
Lcdo. Francisco J. Hernández Rentas
Lcda. Ana López Prieto
Lcda. Silvia del Rosario Sanfeliu
Tribunal de Instancia: Superior de Carolina
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. María del Carmen Gómez
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Panel Integrado por los Hons.:
Fiol Matta
Rodríguez de Oronoz
Gilberto Gierbolini
Fecha: 11/23/1998
Materia: Divorcio y Custodia
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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como un servicio público a la comunidad.
2
CC-97-748
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ivonne Figueroa Hernández
Peticionaria-Recurrente
v.
Rubén Del Rosario Cervoni
CC-97-784
Certiorari
Demandado-Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE
RODON.
San Juan, Puerto Rico, a
I
El Sr. Rubén Del Rosario Cervoni, aquí recurrido, y la
Sra. Ivonne Figueroa Hernández, peticionaria, se divorciaron
el 19 de mayo de 1994. Según estipulado por las partes, la
custodia
del
hijo
de
ambos,
el
menor
Rubén
Del
Rosario
Figueroa, se adjudicó a la señora Figueroa Hernández.
En enero de 1996, el señor Del Rosario Cervoni solicitó
la custodia del menor. Alegó que se justificaba el cambio
debido
a
relaciones
que
la
señora
Figueroa
Hernández
impedía
las
paterno
CC-97-784
filiales.
El 1ro de julio de 1997, tras la celebración de una vista,
el tribunal de instancia emitió una resolución, archivada en autos el 3
de julio de 1997, mediante la cual denegó el cambio solicitado.
El 14 de julio de 1997, el señor Del Rosario Cervoni presentó ante
el foro de instancia una moción en la que solicitó determinaciones de
hechos y conclusiones de derecho adicionales.
El 30 de julio de 1997,
el tribunal la denegó mediante resolución archivada en autos el 4 de
agosto de 1997.
El 3 de septiembre de 1997, dos (2) meses depués del archivo en
autos de la resolución denegando el cambio de custodia, el señor Del
Rosario Cervoni apeló ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones,
Circuito Regional de San Juan (en adelante, Tribunal de Circuito). El
12
de
septiembre
de
1997,
dicho
Tribunal
emitió
una
resolución
acogiendo la apelación como un certiorari por considerar que éste era
el recurso apropiado.
El 19 de septiembre de 1997, la señora Figueroa Hernández solicitó
la
desestimación
jurisdicción.
del
recurso
por
el
fundamento
de
falta
de
Alegó que éste se había presentado fuera del término
provisto por ley.
Indicó que el dictamen emitido por el foro de
instancia el 1ro de julio de 1997 era una resolución, por ende, el
señor Del Rosario Cervoni no podía solicitarle al tribunal, al amparo
de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, según enmendada, 32 L.P.R.A.
Ap.
III,
que
realizara
determinaciones
adicionales
de
hechos.
En
consecuencia, dicha solicitud no interrumpió el término provisto por
ley para recurrir en alzada.
El 20 de noviembre de 1997, el Tribunal de Circuito dictó una
resolución denegando la desestimación.
Inconforme, la señora Figueroa
Hernández acudió ante nos, le imputó a dicho Tribunal haber incurrido
en los siguientes errores:
PRIMER ERROR
Cometió error el Tribunal de Circuito al denegar la
desestimación del recurso de certiorari instado por el
demandante recurrido, a pesar de que el mismo fue
presentado tardíamente.
CC-97-784
SEGUNDO ERROR
Incidió el Tribunal de Circuito al resolver que una
resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia es
susceptible de que se soliciten determinaciones adicionales
de hechos y conclusiones de derecho y que ello produce el
efecto interruptor para fines del término para la revisión
de dicha resolución.
II
Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los señalamientos
de
error
conjuntamente.
resolución
dictada
El
por
el
Tribunal
de
foro
instancia
de
Circuito
resolvió
no
era
que
la
meramente
interlocutoria ya que ésta adjudicó la controversia entre las partes
respecto a la custodia permanente del menor Rubén Del Rosario Figueroa.
Razonó, por lo tanto, que cualquiera de las partes podía solicitarle al
tribunal
sentenciador
conclusiones
de
que
derecho
realizara
adicionales,
determinaciones
con
el
efecto
de
hechos
interruptor
y
del
término para recurrir en certiorari al Tribunal de Circuito.
La Regla 43.3 dispone lo siguiente en su parte pertinente:
No
será
necesario
solicitar
que
se
consignen
determinaciones de hechos a los efectos de una apelación,
pero a moción de parte, presentada a más tardar diez (10)
días después de haberse archivado en autos copia de la
notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho
iniciales correspondientes, si es que éstas no se hubieren
hecho por ser innecesarias, de acuerdo a la Regla 43.2, o
podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales, y podrá
enmendar la sentencia de conformidad. La moción se podrá
acumular con una moción de reconsideración o de nuevo
juicio de acuerdo con las Reglas 47 y 48 respectivamente.
(Enfasis suplido.)
A tenor con la Regla 43.4, una solicitud de determinaciones de
hechos y conclusiones de derecho adicionales presentada en tiempo y de
acuerdo a la Regla 43.3 tiene el efecto de interrumpir los términos
dispuestos por ley para solicitar reconsideración (Regla 47), nuevo
juicio
(Regla
48)
y
para
presentar
un
recurso
de
apelación
(Regla
53.1). Andino v. Topeka, Inc., Op. de 10 de abril de 1997, 142 D.P.R.
__
(1997); 97 J.T.S. 46, pág. 876.
Ahora bien, la Regla 43.3 dispone, con meridiana claridad, que
para que una moción de determinaciones de hechos y conclusiones de
CC-97-784
derecho
tenga
el
efecto
de
interrumpir
los
términos
previamente
mencionados, es preciso que exista una sentencia de la cual se pueda
presentar
un
recurso
de
apelación.
En
otras
palabras,
una
moción
presentada al amparo de la Regla 43.3 no interrumpe el término provisto
para solicitar la revisión de resoluciones.
La
Regla
sentencia
como
43.1
y
nuestra
cualquier
jurisprudencia
determinación
del
definen
tribunal
el
término
que
resuelva
finalmente la cuestión litigiosa, o sea, que adjudique una reclamación
entre las partes, y de la cual pueda apelarse1. Banco Santander v.
Fajardo Farms Corp., Op. de 28 de junio de 1996, 141 D.P.R.__ (1996);
96 J.T.S. 100; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 651 (1987).
Una
resolución,
por
su
parte,
es
un
dictamen
mediante
el
cual
se
resuelve un incidente o controversia dentro de un proceso judicial, sin
adjudicar definitivamente la totalidad de una reclamación entre las
partes.
Además,
en
reiteradas
ocasiones
hemos
resuelto
que
cuando
el
tribunal emite una resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a una
reclamación entre las partes, la referida resolución constituye una
sentencia, final o parcial, de la cual puede interponerse un recurso de
apelación.
Banco Santander v. Fajardo Farms Corp., supra, pág. 1355;
A.F.F.
Tribunal,
v.
93
D.P.R.
903
(1967).
Después
de
todo,
es
el
contenido de un escrito, no el título que se le dé, el que determina su
naturaleza.
Véanse, Magriz v. Empresas Nativas, P.C. de 12 de mayo de
1997, 143 D.P.R. __ (1997), 97 J.T.S. 55, pág. 945; Ramos González v.
Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 331 (1988).
Ahora bien, se puede apelar de una sentencia parcial si se trata
de un caso con partes o reclamaciones múltiples y el tribunal concluye
expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia en
cuanto a una o más de tales reclamaciones o partes hasta la resolución
final del pleito, y ordena expresamente que se registre la misma.
En
CC-97-784
consecuencia, la sentencia parcial emitida será final y, una vez se
registre
y
archive
en
autos
copia
de
la
notificación,
comenzará
decursar el término para presentar un recurso de apelación.
a
Véanse,
Regla 43.5 de Procedimiento Civil; Torres Cepeda v. Rivera Alejandro,
Op. de 30 de mayo de 1997, 143 D.P.R. __ (1997), 97 J.T.S. 77; Dumont
v. Inmobiliaria Estado. Inc., 113 D.P.R. 406 (1982); Asociación de
Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982).
Por otro lado, para solicitar la revisión de una resolución u
orden interlocutoria, una parte puede recurrir al Tribunal de Circuito,
mediante
recurso
de
certiorari.
Este
debe
presentarse
dentro
del
término de cumplimiento estricto de treinta (30) días contados a partir
del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u
orden.
Esto significa que su observancia tardía es permisible sólo de
existir
y
demostrarse
a
cabalidad
una
rigurosamente con el término en cuestión.
justa
causa
para
no
cumplir
Arriaga v. Fondo del Seguro
del Estado, Op. de 18 de marzo de 1998, __ D.P.R. __ (1998), 98 J.T.S.
28. En otras palabras, bajo estas circunstancias, el tribunal apelativo
tiene
discreción
certiorari
para
para
su
prorrogar
el
consideración.
término
Art.
y
acoger
4.002(f)
de
el
recurso
de
la
Ley
la
de
Judicatura de 1994, según enmendada por la Ley Núm. 248 del 25 de
diciembre de 1995, 4 L.P.R.A. sec. 22 y ss2; Banco Popular de P.R. v.
La Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada por la Ley Núm. 248 de
25 de diciembre de 1995, eliminó el recurso de revisión para recurrir
de sentencias finales dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.
2
Dicho artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
El Tribunal de Circuito de Apelaciones conocerá en los siguientes
asuntos:
1
f) Mediante auto de Certiorari expedido a su discreción, de
cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal
de Primera Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito
durante el proceso de su abolición. En estos casos, el
recurso de Certiorari se formalizará presentando una
solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de notificación de la resolución u orden. El término
aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, excepto cuando
mediaren circunstancias especiales debidamente sustentadas
en la petición de Certiorari. La presentación
de una
moción de reconsideración producirá en cuanto al término
para solicitar un Certiorari bajo este inciso en casos
CC-97-784
Municipio de Aguadilla, Op. de 29 de diciembre de 1997, 144 D.P.R. __
(1997); 97 J.T.S. 152.
En conclusión, a tenor con lo dispuesto en la Regla 43.3, la
presentación
de
una
moción
solicitando
determinaciones
de
hechos
adicionales no tiene el efecto de interrumpir el término de treinta
(30)
días,
de
cumplimiento
solicitar la revisión de
estricto,
que
tienen
las
partes
para
determinaciones interlocutorias3.
III
Los casos de familia están permeados del más alto interés público
y tienen, además, un carácter sui generis.
En virtud de lo anterior,
hemos expresado que las determinaciones de alimentos y de custodia de
menores no constituyen propiamente cosa juzgada ya que están sujetas a
revisión judicial, en el tribunal de instancia, si ocurre un cambio en
las circunstancias que así lo justifique, siempre, claro está, tomando
en consideración los mejores intereses y el bienestar de los menores.
Santana
Medrano
v.
Acevedo
Osorio,
Alicea
v.
Ortiz,
105
D.P.R.
dictámenes
nunca
son
estrictamente
523
116
D.P.R.
(1977).
finales
298
(1985);
Centeno
En
consecuencia,
estos
ni
definitivos.
Las
modificaciones a las determinaciones sobre custodia y alimentos basadas
en
hechos
y
circunstancias
ocurridos
con
posterioridad
a
haberse
emitido el dictamen que se intenta modificar, pueden reclamarse en el
mismo caso o en uno independiente.
Sin embargo, a pesar de que se
tiene esta alternativa, en la mayoría de los casos, no es recomendable
que estas
modificaciones se soliciten en un pleito independiente. La
economía procesal así lo sugiere.
La determinación que emita el foro de instancia resolviendo una
solicitud de modificación de un decreto de custodia o alimentos, por
cambios
en
las
circunstancias,
adjudica
una
reclamación
entre
las
civiles únicamente, el mismo efecto provisto por las Reglas
de Procedimiento Civil para los recursos de apelación.
3
A tenor con lo dispuesto en la Regla 53.1 (i), el término para
presentar ante el Tribunal de Circuito una solicitud de certiorari se
interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 47.
CC-97-784
partes, de acuerdo con los hechos y circunstancias existentes en el
momento en que se dilucida y resuelve la misma y, por ende, constituye
una nueva sentencia de la cual puede apelarse.
Recapitulando,
los
dictámenes
de
custodia
y
de
alimentos
no
constituyen cosa juzgada ya que pueden ser modificados de ocurrir un
cambio en los hechos y circunstancias que así lo justifique.
Sin
embargo,
que
éstos
tampoco
son
estrictamente
interlocutorios
adjudican y resuelven una reclamación entre las partes.
ya
En virtud de
lo anterior y tomando en consideración la naturaleza sui generis de los
pleitos de familia, resolvemos que los dictámenes de alimentos y de
custodia
que
modifican
previos,
por
haber
o
intentan
ocurrido
modificar
un
constituyen propiamente sentencias.
determinaciones
de
hechos
y
cambio
los
en
dictámenes
las
finales
circunstancias,
En consecuencia, una moción de
conclusiones
de
derecho
adicionales
oportunamente presentada al amparo de la Regla 43.1, interrumpe el
término jurisdiccional de treinta (30) días para recurrir en alzada al
Tribunal de Circuito.
IV
En el caso de autos, el tribunal de instancia adjudicó la única
reclamación
custodia
existente
del
menor
entre
por
un
las
partes:
alegado
la
cambio
solicitud
en
las
de
cambio
de
circunstancias.
Resulta forzoso concluir, por lo tanto, que el dictamen emitido por el
foro de instancia, aunque erróneamente titulado resolución, fue una
sentencia.
En la extensa y bien detallada sentencia, el tribunal de instancia
expresó que evaluó toda la prueba pericial presentada y dirimió la
credibilidad a tenor con la doctrina de que el juzgador de los hechos
no está obligado a aceptar las conclusiones de un perito.
Pueblo v.
Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986). El tribunal también analizó, por
separado, los factores que tomó en cuenta al adjudicar la custodia,
factores tales como la preferencia del menor, su salud física y mental,
la interrelación del menor con su familia
y la salud psíquica de las
CC-97-784
partes. Discutió, además, los testimonios de los peritos, cuáles le
merecieron entero crédito y las pruebas administradas a las partes.
Con relación a esta bien fundamentada sentencia, el reclamante podía
solicitar determinaciones de hechos adicionales al amparo de la Regla
43.3.
Oportunamente, el señor Del Rosario Cervoni solicitó al foro de
instancia
que
hiciese
ciento
once
(111)
determinaciones
de
hechos
adicionales, las cuales, en su inmensa mayoría, estaban relacionadas
con la prueba pericial presentada, el valor probatorio que el tribunal
de instancia concedió a ésta, los exámenes realizados al menor y las
cualificaciones
de
la
perito
presentada
por
el
señor
Del
Rosario
Cervoni.
La presentación de la referida moción tuvo el efecto de
interrumpir
el
término
jurisdiccional
de
treinta
recurrir en alzada, en apelación, a tenor con lo
(30)
días
para
dispuesto en el Art.
4.002 (a) de la Ley de la Judicatura, supra.
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución
emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Región Judicial de
San Juan y se devuelve el caso a dicho foro para que continúen los
procedimientos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Miriam Naveira de Rodón
Juez Asociada
CC-97-784
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ivonne Figueroa Hernández
Peticionaria
v.
CC-97-784
Rubén Del Rosario Cervoni
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de
1998
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
resolución
emitida
por
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones, Región Judicial de San Juan y se devuelve el
caso a dicho foro para que continúen los procedimientos.
Lo pronunció, manda el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Negrón García emitió una opinión disidente a la cual se une
el Juez Asociado señor Hernández Denton.
El Juez Asociado
señor Rebollo López no interviene.
Secretaria
Isabel Llompart Zeno
del Tribunal Supremo
CC-97-784
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ivonne Figueroa Hernández
Peticionaria-Recurrente
v.
CC-97-784
Certiorari
Rubén Del Rosario Cervoni
Demandado-Recurrido
Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García a la cual
se une el Juez Asociado señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 1998
CC-97-784
Deferencialmente,
constitucional,
razones
jurídicas
y
de
procesales,
naturaleza
nos
impiden
suscribir la Opinión mayoritaria.
Incidió
Apelaciones
el
reputado
(Hons.
Fiol
Tribunal
Matta,
de
Rodríguez
Circuito
de
de
y
Oronoz
Gierbolini), al asumir jurisdicción bajo la tesis errónea
de que estaba ante una apelación, no un certiorari.
I
El derecho de apelación penal o civil es de origen
estatutario, no judicial. Pueblo v. Esquilín, res. en 20
de octubre de 1998; Concepción
CC-97-784
v. Junta de Contabilidad, 80 D.P.R. 194 (1958); Vázquez v. Rivera, 69
D.P.R. 947 (1949). No existe en defecto de que la Asamblea Legislativa
mediante estatuto
expresamente
lo
conceda.
Ex Parte Del Valle,
Sánchez, etc. v. Opositores, 69 D.P.R. 663 (1949); Sampedro v. Fournier,
69 D.P.R. 584 (1949); Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112 (1944); Quilinchini
v. Com. Serv. Civil, 63 D.P.R. 681 (1944); Ortiz v. Corte de Paz, 53
D.P.R. 38 (1938). Jamás nuestro ordenamiento legal ha permitido revisar
incidentes post-sentencias vía derecho de apelación; siempre el vehículo
procesal
ha
sido
certiorari.
Al
presente,
la
Ley
Orgánica
de
la
Judicatura, enmendada por la Núm. 248 de 25 de diciembre de 1995, sólo
reconoce el derecho de apelación contra sentencias finales dictadas en
casos
penales
y civiles.
Art. 4.002(a).
En
su diseño,
el
Legislador
excluyó cualesquiera otros asuntos y dictámenes, para los cuales dispuso
el certiorari.
Este
Tribunal
carece
de
facultad
constitucional
para,
por
fiat
judicial, abrogarse y usurpar una prerrogativa fundamental que pertenece
a la Asamblea Legislativa. La cuestión hiere las entrañas mismas del
delicado balance de poderes constitucionales. Un tribunal apelativo no
adquiere jurisdicción a menos que el recurso de apelación interpuesto
este autorizado por ley. S. Rosemblum Inc. v. Hernández, Admor. Jud., 44
D.P.R. 790 (1933).
II
Toda
controversia
judicial
sobre
el
ente
familiar -incluso
relaciones materno-paterno filiales, custodia, alimentos, etc.-, goza en
los
tribunales
de
alta
prioridad
y
atención
en
los
trámites
de
las
distintas etapas del proceso. Se trata también de un asunto de máxima
política pública que siempre ha preocupado al Legislador.
No importa lo compleja que sea una controversia post-sentencia sobre
custodia (o alimentos), e independiente-mente de que esté revestida de
interés
público
mayoritario-
y
no
constituya
ello
no
es
cosa
suficiente
juzgada
para
–sui
ultra
generis,
vires
al
decir
convertir
su
resolución en sentencia y, por ende, imponer apelaciones obligatorias.
CC-97-784
Diariamente
sobre
en
variados
nuevas
los
tribunales
asuntos
controversias
principal.
Estos
dictámenes
explicados,
de
a
se
dilucidan
importancia,
las
incidentes
aunque
que
inicialmente
separados,
también
incidentes
técnicamente
adjudicadas
una
disponen
post-sentencias
vez
constituyen
en
el
resueltos
finalmente
la
pleito
mediante
cuestión
particular entre las partes, no dejan de ser resoluciones. Lo único que
propiamente los diferencia de los decretos
de alimentos y custodia, es
que gozan de la característica de cosa juzgada. Y en éste último aspecto,
la Asamblea Legislativa en el Art. 19 de la Ley Especial de Sustento de
Menores
(8
L.P.R.A.,
sec.
518),
alimentaria, como regla general
imprimió
a
las
órdenes
de
pensión
atributo de cosa juzgada temporal, a
saber, salvo cambios significativos e imprevistos son intocables durante
tres (3) años.
La conjugación de los criterios expuestos a los fines de establecer o
no el derecho de apelación, pertenece a la Asamblea Legislativa, no a
este foro.
III
Con todo respeto, el análisis mayoritario que transforma resoluciones
en sentencias, es el típico non sequitur seguido en Banco Santander de
P.R. v. Fajardo Farms Corp., res. en 28 de junio de 1996. Allí una
resolución que denegó el relevo de una sentencia final y firme de tres
(3) años bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, fue convertida en
sentencia, simplemente porque se celebró una vista evidenciaria y el
tribunal de instancia consignó su carencia de méritos con fundamentos
fácticos y jurídicos. En nuestro disentir, analizamos la confusión de
equiparar esa vista con la que corresponde en su fondo en el pleito
principal o uno independiente, y hacer sentencias de resoluciones por
éstas ser complejas y explicadas.
Hoy se repite el mismo error. La mayoría parte de la premisa de que
se adjudicó entre partes una compleja controversia de custodia distinta,
“y, por ende, constituye una nueva sentencia de la cual puede apelarse.”
(Opinión,
pág. 8). Llega a esa conclusión, aun cuando acepta que el
CC-97-784
asunto
puede
plantearse
en
un
pleito
independiente,
pero
que
“en
la
mayoría de los casos, no es recomendable... [pues] la economía procesal
así lo requiere.” (Id.).
Contrario
a
esa
conclusión,
la
metamorfosis
de
resoluciones
a
sentencias, no se traduce en economía procesal. Implica una pesada carga
para los Tribunales de Primera Instancia. A sus jueces les impone el
deber de siempre hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho
típicas de una Sentencia en cualquier incidente de alimentos o custodia
irrespectivo de su sencillez o frivolidad. Peor aún, los obliga a evaluar
toda solicitud de determinaciones de hecho o conclusiones de derecho
adicionales
–con
la
consabida
interrupción
del
término
jurisdiccional
para revisar-; moción no disponible para las resoluciones, complicando
así
el
quehacer
judicial
y
demorando
la
pronta
solución
a
la
cual
aspiramos todos. A nivel de secretaría, genera trámites más costosos,
formales
y
minuciosos:
realizar
las
no
formalidades
es
lo
mismo
relativas
al
notificar
una
archivo
autos
en
resolución
de
copia
que
de
notificación de una sentencia.4 Igual impacto procesal y encarecimiento de
costos representa para litigantes y abogados.
4
Al presente, salvo aquellos Tribunales Superiores que tienen en
operación el sistema mecanizado, muchas Resoluciones son usualmente
notificadas del siguiente modo tradicional: se fotocopia directamente del
expediente (autos) la hoja doblada que contiene la orden del Juez en
manuscrito -cuidando que aparezca el epígrafe del caso y el título de la
moción-, y seguidamente se le imprime al dorso un sello de goma de
notificación que es cumplimentado también a manuscrito, con la fecha de
la notificación a los abogados, todo bajo la firma del Secretario o
Subsecretario.
En contraste, con el sistema mecanizado, la orden es mecanografiada
directamente por la funcionaria en la computadora y ésta imprime en el
formulario OAT-750 la notificación necesaria, la cual incluye la
dirección de los abogados en récord; este documento entonces se inserta
en un sobre con ventanilla y así es depositado en el correo. El trámite
de sentencia es igual, pero requiere el formulario especial OAT-704,
disponible solamente en este sistema mecanizado. Una de las ventajas del
sistema mecanizado es que ha permitido prescindir del Libro de
Radicaciones y del Libro de Registro de Sentencias.
El rápido proceso de abolición del Tribunal de Distrito para
convertirlo en un solo Tribunal de Primera Instancia, visualizado en la
Ley de la Judicatura, no ha permitido llevar el sistema mecanizado a los
antiguos Tribunales de Distrito que ahora funcionan como Tribunal
Superior. En éstos, el proceso de notificación de resoluciones y
CC-97-784
IV
Si variamos el proceso expedito de revisión judicial vía certiorari
que
el
Legislador
escogió
y
lo
convertimos
en
apelación,
además
de
usurpar una facultad constitucional exclusiva de la Asamblea Legislativa,
seremos responsables del sobrecargo explosivo a que estaríamos empujando
al
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
sobre
cuyos
hombros
depositaríamos la pesada carga procesal que significa tal cambio.
La nueva norma mayoritaria aumentará sustancialmente la presentación
de apelaciones ante ese Tribunal, generando trámites, gastos y atrasos
innecesarios. La experiencia revela que el establecimiento del derecho de
apelar
propicia
un
incremento
en
su
número
y
afecta
los
limitados
recursos de personal judicial y secretarial disponibles, en perjuicio de
las apelaciones civiles y penales reconocidas en la susodicha Ley de la
Judicatura.
Significa
sentencias
descrito.
se
el
establecimiento
rige
todavía
por
judicial
el
de
sistema
numerosas
tradicional
primeramente
CC-97-784
apelaciones
inmeritorias
que
sobrecargarán
el
abultado
calendario
que
tiene el Tribunal de Circuito en detrimento de las labores de sus Jueces.
Sabido es que las apelaciones como cuestión de derecho, tienen el
defecto de obligar a los tribunales apelativos a entender en innumerables
recursos frívolos. Pueblo v. Rosario, 80 D.P.R. 318, 326-328 (1958). Aún
siendo
inmeritorios,
Circuito
–muchas
su
veces
perfeccionamiento
también
la
requiere
intervención
de
del
los
Tribunal
de
Tribunales
de
Primera Instancia-, unos trámites peculiares que toman más tiempo. Tienen
que ser evaluadas con una Exposición Narrativa de la Prueba, alegatos y
resueltas por Sentencias.
No
es
lo
mismo
discrecionales,
cuando
tienen
la
se
trata
virtud
de
del
Éstos,
certiorari.
viabilizar
una
justa
por
y
ser
pronta
adjudicación. Distinto a las apelaciones, los jueces tienen disponible el
mecanismo de orden para mostrar causa, de comprobada utilidad y eficacia.
Si carecen de méritos, pueden ser resueltos por el Tribunal de Circuito
mediante simples y breves Resoluciones explicativas de su negativa a
intervenir,
sin
ulterior
trámite.
Esas
negativas
a
expedir,
-
intrínsecamente de igual valor dispositivo-adjudicativo que las nuestras, si bien para las partes perdidosas y sus abogados pueden ser injustas y
enojosas, para los litigantes contrarios y sus representantes legales es
el punto final justo, rápido y económico de todo un largo proceso.
Si algún asunto amerita una rápida, final y firme adjudicación son las
controversias sobre alimentos y custodia, que se caracterizan por la nota de
imperiosa necesidad. Ello explica por qué el Legislador nunca ha optado por
reconocerles el derecho de apelación en incidentes post-sentencia y si el
certiorari.
V
Todo
juez
y
abogado
de
experiencia
sabe –al extremo de que es
materia susceptible de conocimiento judicial-, que la mayoría de sentencias
de divorcio que se dictan en los tribunales de instancia, con el correr de
los años generan muchísimos incidentes de alimentos y custodia para hijos
menores.
CC-97-784
Por eso es común, en el recinto del Tribunal de Primera Instancia, la
frase o comentario al efecto de que en las Salas de Relaciones de Familia, el
trabajo comienza después de la sentencia de divorcio. Ello obedece a que
luego de tal etapa cada expediente habrá de producir numerosas resoluciones,
durante
el
mucho
tiempo
edad, adolescentes, incluso
que
la
prole –compuesta de niños de corta
mayores de edad que sean estudiantes bona fide
hasta los veinticinco (25) años-, no se emancipe.
No obstante la importancia de estos asuntos, muchos no suelen ser tan
complejos
como
para
justificar
el
trámite
estructurado y, por ende, lento. Por
Legislativa
ha
mantenido
el
mismo
de
apelación
más
formal,
ésta y otras razones, la Asamblea
esquema
de
revisión
a
través
del
certiorari, aun cuando ha tratado de estabilizar y darle cierta permanencia a
los dictámenes a nivel de instancia. A tal efecto, según indicamos antes, la
Ley Especial de Sustento de Menores, dispuso que toda orden de pensión
alimentaria sólo pueda revisarse transcurridos tres (3) años de fijada o
modificada, excepto si hay cambios significativos o imprevistos de las partes
o si al adoptarse se desconocía información pertinente que no fuera por culpa
de la parte perjudicada.
Aún con la restricción que hemos
llamado cosa juzgada temporal, el
volumen es inmenso. Las tristes estadísticas de Divorcios concedidos en que
hay hijos menores –limitados a los últimos cinco (5) años-, nos da una idea
del potencial explosivo de estas nuevas apelaciones obligatorias.
CAUSAL
Abandono por más
de un año
Adulterio
Consentimiento
mutuo
Convicción de
delito grave
Embriaguez
habitual
1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98*
112
122
94
100
109
70
4850
85
4693
66
3597
50
4021
69
3906
13
7
6
14
24
5
5
3
-
1
Exequatur
Separación por
más de dos años
Trato cruel e
injurias graves
Uso continuo
de narcóticos
2
2055
5
2091
1
1898
5
1830
6
2103
1782
1713
1581
1435
1646
4
2
4
1
4
Otras**
-
1
-
2
1
CC-97-784
Sub-Total
8893
8724
7250
7458
Total
7869
40,194
*Datos preliminares
**Incluye: caso de competencia, citación de testigo e
Fuente: OAT, Oficina de Estadísticas
Además, a modo de complemento,
impotencia absoluta.
la siguiente tabla nos revela el
número preciso de hijos menores envueltos durante ese mismo período.
CAUSAL
1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98
Abandono por más
225
de un año
Adulterio
128
Caso de competencia
Consentimiento
8721
mutuo
Convicción de
22
delito grave
222
170
177
189
174
8368
131
6269
103
4
7126
139
1
6785
13
13
32
42
-
-
-
-
12
3
-
10
9
-
8
1
-
7
2
-
2
10
Separación por más
de dos años
Trato cruel e
injurias graves
Uso continuo de
narcóticos
4014
3968
3738
3497
3968
3590
3419
3086
2836
3215
10
4
6
1
9
Total
16725
16187
13422
13785
14360
Corrupción de
menores
Embriaguez habitual
Exequatur
Impotencia absoluta
Locura incurable
Total
74,479
Fuente: OAT, Oficina de Estadísticas
Lo anterior es una muestra parcial del universo de casos previos de
divorcio e hijos menores envueltos. No toma en cuenta más de cien mil
(100,000) divorcios concedidos en la década de los ochenta y los primeros
años
de
la
actual.
No
obstante,
la
sola
activación
de
una
fracción
pequeña de esos casos y, la proyección de su efecto multiplicador en
virtud
de
la
norma
mayoritaria,
permite
razonablemente
predecir
aumento dramático en las apelaciones, de proporciones catastróficas.
VI
un
CC-97-784
El compromiso del sistema judicial es frente a la decena de miles de
progenitores y niños que anualmente piden y son merecedores de pronta y
eficaz
atención.
Si
complicamos
innecesariamente
la
revisión
de
los
dictámenes de alimentos y custodias ante el Tribunal de Circuito con
apelaciones obligatorias, el limitado recurso se agotará; en efecto, el
trámite obligado para todos será en menoscabo de la sustancia de los
recursos meritorios.
Constituye un grave desacierto transformar en apelación obligatoria
lo que hasta ahora es y ha sido certiorari discrecional. Máxime cuando
actualmente
el
proceso
de
Relaciones
de
Familia
ante
el
Tribunal
de
Primera Instancia está eficazmente controlado en salas especializadas,
auxiliadas
de
examinadores
expertos
en
pensiones
alimentarias,
guías
estandarizadas, centros de mediación, etc. Este trámite, sólo acarreará
déficit sustantivo y procesal ante el mismo universo del taller judicial;
mayormente el Tribunal de Circuito.
Finalmente, nos preocupa que el trastocar la distribución de recursos
de revisión apelativa hecha por la Asamblea Legislativa en la Ley de la
Judicatura, a corto plazo abra a discusión pública la suficiencia de
Jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones para atender estas nuevas
apelaciones y si ello justifica un aumento en su composición numérica y
en
el
presupuesto
funcional
de
los
tribunales,
sin
excluir
Primera
Instancia.
Con esa transmutación se abre innecesariamente una Caja de Pandora,
en
momentos
recursos
en
que
presentados
comenzábamos
en
el
a
Tribunal
percibir
de
una
Circuito
estabilidad
de
en
Apelaciones
ejemplarizante índice de producción entre sus dedicados magistrados.
Revocaríamos.
ANTONIO S. NEGRON GARCÍA
Juez Asociado
los
y
un