LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IVONNE FIGUEROA HERNANDEZ V. RUBEN DEL ROSARIO CERVONI

1998 TSPR 158

Poder Judicial de Puerto Rico

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IVONNE FIGUEROA HERNANDEZ V. RUBEN DEL ROSARIO CERVONI

CC-1997-784

1

CC-97-748

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ivonne Figueroa Hernández

Peticionaria

Certiorari

V.

98TSPR158

Rubén del Rosario Cervoni

Recurrido

Número del Caso: CC-97-0784

Abogados de Ivonne Figueroa Hernández:

Lcdo. Moises Abreu Cordero

Lcda. Margarita Carillo Iturrino

Abogados de Rubén del Rosario Cervoni:

Lcdo. José Davison Lampón

Lcdo. Francisco J. Hernández Rentas

Lcda. Ana López Prieto

Lcda. Silvia del Rosario Sanfeliu

Tribunal de Instancia: Superior de Carolina

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. María del Carmen Gómez

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Panel Integrado por los Hons.:

Fiol Matta

Rodríguez de Oronoz

Gilberto Gierbolini

Fecha: 11/23/1998

Materia: Divorcio y Custodia

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

2

CC-97-748

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ivonne Figueroa Hernández

Peticionaria-Recurrente

v.

Rubén Del Rosario Cervoni

CC-97-784

Certiorari

Demandado-Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE

RODON.

San Juan, Puerto Rico, a

I

El Sr. Rubén Del Rosario Cervoni, aquí recurrido, y la

Sra. Ivonne Figueroa Hernández, peticionaria, se divorciaron

el 19 de mayo de 1994. Según estipulado por las partes, la

custodia

del

hijo

de

ambos,

el

menor

Rubén

Del

Rosario

Figueroa, se adjudicó a la señora Figueroa Hernández.

En enero de 1996, el señor Del Rosario Cervoni solicitó

la custodia del menor. Alegó que se justificaba el cambio

debido

a

relaciones

que

la

señora

Figueroa

Hernández

impedía

las

paterno

CC-97-784

filiales.

El 1ro de julio de 1997, tras la celebración de una vista,

el tribunal de instancia emitió una resolución, archivada en autos el 3

de julio de 1997, mediante la cual denegó el cambio solicitado.

El 14 de julio de 1997, el señor Del Rosario Cervoni presentó ante

el foro de instancia una moción en la que solicitó determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho adicionales.

El 30 de julio de 1997,

el tribunal la denegó mediante resolución archivada en autos el 4 de

agosto de 1997.

El 3 de septiembre de 1997, dos (2) meses depués del archivo en

autos de la resolución denegando el cambio de custodia, el señor Del

Rosario Cervoni apeló ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones,

Circuito Regional de San Juan (en adelante, Tribunal de Circuito). El

12

de

septiembre

de

1997,

dicho

Tribunal

emitió

una

resolución

acogiendo la apelación como un certiorari por considerar que éste era

el recurso apropiado.

El 19 de septiembre de 1997, la señora Figueroa Hernández solicitó

la

desestimación

jurisdicción.

del

recurso

por

el

fundamento

de

falta

de

Alegó que éste se había presentado fuera del término

provisto por ley.

Indicó que el dictamen emitido por el foro de

instancia el 1ro de julio de 1997 era una resolución, por ende, el

señor Del Rosario Cervoni no podía solicitarle al tribunal, al amparo

de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, según enmendada, 32 L.P.R.A.

Ap.

III,

que

realizara

determinaciones

adicionales

de

hechos.

En

consecuencia, dicha solicitud no interrumpió el término provisto por

ley para recurrir en alzada.

El 20 de noviembre de 1997, el Tribunal de Circuito dictó una

resolución denegando la desestimación.

Inconforme, la señora Figueroa

Hernández acudió ante nos, le imputó a dicho Tribunal haber incurrido

en los siguientes errores:

PRIMER ERROR

Cometió error el Tribunal de Circuito al denegar la

desestimación del recurso de certiorari instado por el

demandante recurrido, a pesar de que el mismo fue

presentado tardíamente.

CC-97-784

SEGUNDO ERROR

Incidió el Tribunal de Circuito al resolver que una

resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia es

susceptible de que se soliciten determinaciones adicionales

de hechos y conclusiones de derecho y que ello produce el

efecto interruptor para fines del término para la revisión

de dicha resolución.

II

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los señalamientos

de

error

conjuntamente.

resolución

dictada

El

por

el

Tribunal

de

foro

instancia

de

Circuito

resolvió

no

era

que

la

meramente

interlocutoria ya que ésta adjudicó la controversia entre las partes

respecto a la custodia permanente del menor Rubén Del Rosario Figueroa.

Razonó, por lo tanto, que cualquiera de las partes podía solicitarle al

tribunal

sentenciador

conclusiones

de

que

derecho

realizara

adicionales,

determinaciones

con

el

efecto

de

hechos

interruptor

y

del

término para recurrir en certiorari al Tribunal de Circuito.

La Regla 43.3 dispone lo siguiente en su parte pertinente:

No

será

necesario

solicitar

que

se

consignen

determinaciones de hechos a los efectos de una apelación,

pero a moción de parte, presentada a más tardar diez (10)

días después de haberse archivado en autos copia de la

notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho

iniciales correspondientes, si es que éstas no se hubieren

hecho por ser innecesarias, de acuerdo a la Regla 43.2, o

podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales, y podrá

enmendar la sentencia de conformidad. La moción se podrá

acumular con una moción de reconsideración o de nuevo

juicio de acuerdo con las Reglas 47 y 48 respectivamente.

(Enfasis suplido.)

A tenor con la Regla 43.4, una solicitud de determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho adicionales presentada en tiempo y de

acuerdo a la Regla 43.3 tiene el efecto de interrumpir los términos

dispuestos por ley para solicitar reconsideración (Regla 47), nuevo

juicio

(Regla

48)

y

para

presentar

un

recurso

de

apelación

(Regla

53.1). Andino v. Topeka, Inc., Op. de 10 de abril de 1997, 142 D.P.R.

__

(1997); 97 J.T.S. 46, pág. 876.

Ahora bien, la Regla 43.3 dispone, con meridiana claridad, que

para que una moción de determinaciones de hechos y conclusiones de

CC-97-784

derecho

tenga

el

efecto

de

interrumpir

los

términos

previamente

mencionados, es preciso que exista una sentencia de la cual se pueda

presentar

un

recurso

de

apelación.

En

otras

palabras,

una

moción

presentada al amparo de la Regla 43.3 no interrumpe el término provisto

para solicitar la revisión de resoluciones.

La

Regla

sentencia

como

43.1

y

nuestra

cualquier

jurisprudencia

determinación

del

definen

tribunal

el

término

que

resuelva

finalmente la cuestión litigiosa, o sea, que adjudique una reclamación

entre las partes, y de la cual pueda apelarse1. Banco Santander v.

Fajardo Farms Corp., Op. de 28 de junio de 1996, 141 D.P.R.__ (1996);

96 J.T.S. 100; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 651 (1987).

Una

resolución,

por

su

parte,

es

un

dictamen

mediante

el

cual

se

resuelve un incidente o controversia dentro de un proceso judicial, sin

adjudicar definitivamente la totalidad de una reclamación entre las

partes.

Además,

en

reiteradas

ocasiones

hemos

resuelto

que

cuando

el

tribunal emite una resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a una

reclamación entre las partes, la referida resolución constituye una

sentencia, final o parcial, de la cual puede interponerse un recurso de

apelación.

Banco Santander v. Fajardo Farms Corp., supra, pág. 1355;

A.F.F.

Tribunal,

v.

93

D.P.R.

903

(1967).

Después

de

todo,

es

el

contenido de un escrito, no el título que se le dé, el que determina su

naturaleza.

Véanse, Magriz v. Empresas Nativas, P.C. de 12 de mayo de

1997, 143 D.P.R. __ (1997), 97 J.T.S. 55, pág. 945; Ramos González v.

Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 331 (1988).

Ahora bien, se puede apelar de una sentencia parcial si se trata

de un caso con partes o reclamaciones múltiples y el tribunal concluye

expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia en

cuanto a una o más de tales reclamaciones o partes hasta la resolución

final del pleito, y ordena expresamente que se registre la misma.

En

CC-97-784

consecuencia, la sentencia parcial emitida será final y, una vez se

registre

y

archive

en

autos

copia

de

la

notificación,

comenzará

decursar el término para presentar un recurso de apelación.

a

Véanse,

Regla 43.5 de Procedimiento Civil; Torres Cepeda v. Rivera Alejandro,

Op. de 30 de mayo de 1997, 143 D.P.R. __ (1997), 97 J.T.S. 77; Dumont

v. Inmobiliaria Estado. Inc., 113 D.P.R. 406 (1982); Asociación de

Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982).

Por otro lado, para solicitar la revisión de una resolución u

orden interlocutoria, una parte puede recurrir al Tribunal de Circuito,

mediante

recurso

de

certiorari.

Este

debe

presentarse

dentro

del

término de cumplimiento estricto de treinta (30) días contados a partir

del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u

orden.

Esto significa que su observancia tardía es permisible sólo de

existir

y

demostrarse

a

cabalidad

una

rigurosamente con el término en cuestión.

justa

causa

para

no

cumplir

Arriaga v. Fondo del Seguro

del Estado, Op. de 18 de marzo de 1998, __ D.P.R. __ (1998), 98 J.T.S.

28. En otras palabras, bajo estas circunstancias, el tribunal apelativo

tiene

discreción

certiorari

para

para

su

prorrogar

el

consideración.

término

Art.

y

acoger

4.002(f)

de

el

recurso

de

la

Ley

la

de

Judicatura de 1994, según enmendada por la Ley Núm. 248 del 25 de

diciembre de 1995, 4 L.P.R.A. sec. 22 y ss2; Banco Popular de P.R. v.

La Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada por la Ley Núm. 248 de

25 de diciembre de 1995, eliminó el recurso de revisión para recurrir

de sentencias finales dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.

2

Dicho artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

El Tribunal de Circuito de Apelaciones conocerá en los siguientes

asuntos:

1

f) Mediante auto de Certiorari expedido a su discreción, de

cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal

de Primera Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito

durante el proceso de su abolición. En estos casos, el

recurso de Certiorari se formalizará presentando una

solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la

fecha de notificación de la resolución u orden. El término

aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, excepto cuando

mediaren circunstancias especiales debidamente sustentadas

en la petición de Certiorari. La presentación

de una

moción de reconsideración producirá en cuanto al término

para solicitar un Certiorari bajo este inciso en casos

CC-97-784

Municipio de Aguadilla, Op. de 29 de diciembre de 1997, 144 D.P.R. __

(1997); 97 J.T.S. 152.

En conclusión, a tenor con lo dispuesto en la Regla 43.3, la

presentación

de

una

moción

solicitando

determinaciones

de

hechos

adicionales no tiene el efecto de interrumpir el término de treinta

(30)

días,

de

cumplimiento

solicitar la revisión de

estricto,

que

tienen

las

partes

para

determinaciones interlocutorias3.

III

Los casos de familia están permeados del más alto interés público

y tienen, además, un carácter sui generis.

En virtud de lo anterior,

hemos expresado que las determinaciones de alimentos y de custodia de

menores no constituyen propiamente cosa juzgada ya que están sujetas a

revisión judicial, en el tribunal de instancia, si ocurre un cambio en

las circunstancias que así lo justifique, siempre, claro está, tomando

en consideración los mejores intereses y el bienestar de los menores.

Santana

Medrano

v.

Acevedo

Osorio,

Alicea

v.

Ortiz,

105

D.P.R.

dictámenes

nunca

son

estrictamente

523

116

D.P.R.

(1977).

finales

298

(1985);

Centeno

En

consecuencia,

estos

ni

definitivos.

Las

modificaciones a las determinaciones sobre custodia y alimentos basadas

en

hechos

y

circunstancias

ocurridos

con

posterioridad

a

haberse

emitido el dictamen que se intenta modificar, pueden reclamarse en el

mismo caso o en uno independiente.

Sin embargo, a pesar de que se

tiene esta alternativa, en la mayoría de los casos, no es recomendable

que estas

modificaciones se soliciten en un pleito independiente. La

economía procesal así lo sugiere.

La determinación que emita el foro de instancia resolviendo una

solicitud de modificación de un decreto de custodia o alimentos, por

cambios

en

las

circunstancias,

adjudica

una

reclamación

entre

las

civiles únicamente, el mismo efecto provisto por las Reglas

de Procedimiento Civil para los recursos de apelación.

3

A tenor con lo dispuesto en la Regla 53.1 (i), el término para

presentar ante el Tribunal de Circuito una solicitud de certiorari se

interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo de conformidad con lo

dispuesto en la Regla 47.

CC-97-784

partes, de acuerdo con los hechos y circunstancias existentes en el

momento en que se dilucida y resuelve la misma y, por ende, constituye

una nueva sentencia de la cual puede apelarse.

Recapitulando,

los

dictámenes

de

custodia

y

de

alimentos

no

constituyen cosa juzgada ya que pueden ser modificados de ocurrir un

cambio en los hechos y circunstancias que así lo justifique.

Sin

embargo,

que

éstos

tampoco

son

estrictamente

interlocutorios

adjudican y resuelven una reclamación entre las partes.

ya

En virtud de

lo anterior y tomando en consideración la naturaleza sui generis de los

pleitos de familia, resolvemos que los dictámenes de alimentos y de

custodia

que

modifican

previos,

por

haber

o

intentan

ocurrido

modificar

un

constituyen propiamente sentencias.

determinaciones

de

hechos

y

cambio

los

en

dictámenes

las

finales

circunstancias,

En consecuencia, una moción de

conclusiones

de

derecho

adicionales

oportunamente presentada al amparo de la Regla 43.1, interrumpe el

término jurisdiccional de treinta (30) días para recurrir en alzada al

Tribunal de Circuito.

IV

En el caso de autos, el tribunal de instancia adjudicó la única

reclamación

custodia

existente

del

menor

entre

por

un

las

partes:

alegado

la

cambio

solicitud

en

las

de

cambio

de

circunstancias.

Resulta forzoso concluir, por lo tanto, que el dictamen emitido por el

foro de instancia, aunque erróneamente titulado resolución, fue una

sentencia.

En la extensa y bien detallada sentencia, el tribunal de instancia

expresó que evaluó toda la prueba pericial presentada y dirimió la

credibilidad a tenor con la doctrina de que el juzgador de los hechos

no está obligado a aceptar las conclusiones de un perito.

Pueblo v.

Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986). El tribunal también analizó, por

separado, los factores que tomó en cuenta al adjudicar la custodia,

factores tales como la preferencia del menor, su salud física y mental,

la interrelación del menor con su familia

y la salud psíquica de las

CC-97-784

partes. Discutió, además, los testimonios de los peritos, cuáles le

merecieron entero crédito y las pruebas administradas a las partes.

Con relación a esta bien fundamentada sentencia, el reclamante podía

solicitar determinaciones de hechos adicionales al amparo de la Regla

43.3.

Oportunamente, el señor Del Rosario Cervoni solicitó al foro de

instancia

que

hiciese

ciento

once

(111)

determinaciones

de

hechos

adicionales, las cuales, en su inmensa mayoría, estaban relacionadas

con la prueba pericial presentada, el valor probatorio que el tribunal

de instancia concedió a ésta, los exámenes realizados al menor y las

cualificaciones

de

la

perito

presentada

por

el

señor

Del

Rosario

Cervoni.

La presentación de la referida moción tuvo el efecto de

interrumpir

el

término

jurisdiccional

de

treinta

recurrir en alzada, en apelación, a tenor con lo

(30)

días

para

dispuesto en el Art.

4.002 (a) de la Ley de la Judicatura, supra.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución

emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Región Judicial de

San Juan y se devuelve el caso a dicho foro para que continúen los

procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociada

CC-97-784

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ivonne Figueroa Hernández

Peticionaria

v.

CC-97-784

Rubén Del Rosario Cervoni

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de

1998

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

resolución

emitida

por

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, Región Judicial de San Juan y se devuelve el

caso a dicho foro para que continúen los procedimientos.

Lo pronunció, manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Negrón García emitió una opinión disidente a la cual se une

el Juez Asociado señor Hernández Denton.

El Juez Asociado

señor Rebollo López no interviene.

Secretaria

Isabel Llompart Zeno

del Tribunal Supremo

CC-97-784

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ivonne Figueroa Hernández

Peticionaria-Recurrente

v.

CC-97-784

Certiorari

Rubén Del Rosario Cervoni

Demandado-Recurrido

Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García a la cual

se une el Juez Asociado señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 1998

CC-97-784

Deferencialmente,

constitucional,

razones

jurídicas

y

de

procesales,

naturaleza

nos

impiden

suscribir la Opinión mayoritaria.

Incidió

Apelaciones

el

reputado

(Hons.

Fiol

Tribunal

Matta,

de

Rodríguez

Circuito

de

de

y

Oronoz

Gierbolini), al asumir jurisdicción bajo la tesis errónea

de que estaba ante una apelación, no un certiorari.

I

El derecho de apelación penal o civil es de origen

estatutario, no judicial. Pueblo v. Esquilín, res. en 20

de octubre de 1998; Concepción

CC-97-784

v. Junta de Contabilidad, 80 D.P.R. 194 (1958); Vázquez v. Rivera, 69

D.P.R. 947 (1949). No existe en defecto de que la Asamblea Legislativa

mediante estatuto

expresamente

lo

conceda.

Ex Parte Del Valle,

Sánchez, etc. v. Opositores, 69 D.P.R. 663 (1949); Sampedro v. Fournier,

69 D.P.R. 584 (1949); Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112 (1944); Quilinchini

v. Com. Serv. Civil, 63 D.P.R. 681 (1944); Ortiz v. Corte de Paz, 53

D.P.R. 38 (1938). Jamás nuestro ordenamiento legal ha permitido revisar

incidentes post-sentencias vía derecho de apelación; siempre el vehículo

procesal

ha

sido

certiorari.

Al

presente,

la

Ley

Orgánica

de

la

Judicatura, enmendada por la Núm. 248 de 25 de diciembre de 1995, sólo

reconoce el derecho de apelación contra sentencias finales dictadas en

casos

penales

y civiles.

Art. 4.002(a).

En

su diseño,

el

Legislador

excluyó cualesquiera otros asuntos y dictámenes, para los cuales dispuso

el certiorari.

Este

Tribunal

carece

de

facultad

constitucional

para,

por

fiat

judicial, abrogarse y usurpar una prerrogativa fundamental que pertenece

a la Asamblea Legislativa. La cuestión hiere las entrañas mismas del

delicado balance de poderes constitucionales. Un tribunal apelativo no

adquiere jurisdicción a menos que el recurso de apelación interpuesto

este autorizado por ley. S. Rosemblum Inc. v. Hernández, Admor. Jud., 44

D.P.R. 790 (1933).

II

Toda

controversia

judicial

sobre

el

ente

familiar -incluso

relaciones materno-paterno filiales, custodia, alimentos, etc.-, goza en

los

tribunales

de

alta

prioridad

y

atención

en

los

trámites

de

las

distintas etapas del proceso. Se trata también de un asunto de máxima

política pública que siempre ha preocupado al Legislador.

No importa lo compleja que sea una controversia post-sentencia sobre

custodia (o alimentos), e independiente-mente de que esté revestida de

interés

público

mayoritario-

y

no

constituya

ello

no

es

cosa

suficiente

juzgada

para

–sui

ultra

generis,

vires

al

decir

convertir

su

resolución en sentencia y, por ende, imponer apelaciones obligatorias.

CC-97-784

Diariamente

sobre

en

variados

nuevas

los

tribunales

asuntos

controversias

principal.

Estos

dictámenes

explicados,

de

a

se

dilucidan

importancia,

las

incidentes

aunque

que

inicialmente

separados,

también

incidentes

técnicamente

adjudicadas

una

disponen

post-sentencias

vez

constituyen

en

el

resueltos

finalmente

la

pleito

mediante

cuestión

particular entre las partes, no dejan de ser resoluciones. Lo único que

propiamente los diferencia de los decretos

de alimentos y custodia, es

que gozan de la característica de cosa juzgada. Y en éste último aspecto,

la Asamblea Legislativa en el Art. 19 de la Ley Especial de Sustento de

Menores

(8

L.P.R.A.,

sec.

518),

alimentaria, como regla general

imprimió

a

las

órdenes

de

pensión

atributo de cosa juzgada temporal, a

saber, salvo cambios significativos e imprevistos son intocables durante

tres (3) años.

La conjugación de los criterios expuestos a los fines de establecer o

no el derecho de apelación, pertenece a la Asamblea Legislativa, no a

este foro.

III

Con todo respeto, el análisis mayoritario que transforma resoluciones

en sentencias, es el típico non sequitur seguido en Banco Santander de

P.R. v. Fajardo Farms Corp., res. en 28 de junio de 1996. Allí una

resolución que denegó el relevo de una sentencia final y firme de tres

(3) años bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, fue convertida en

sentencia, simplemente porque se celebró una vista evidenciaria y el

tribunal de instancia consignó su carencia de méritos con fundamentos

fácticos y jurídicos. En nuestro disentir, analizamos la confusión de

equiparar esa vista con la que corresponde en su fondo en el pleito

principal o uno independiente, y hacer sentencias de resoluciones por

éstas ser complejas y explicadas.

Hoy se repite el mismo error. La mayoría parte de la premisa de que

se adjudicó entre partes una compleja controversia de custodia distinta,

“y, por ende, constituye una nueva sentencia de la cual puede apelarse.”

(Opinión,

pág. 8). Llega a esa conclusión, aun cuando acepta que el

CC-97-784

asunto

puede

plantearse

en

un

pleito

independiente,

pero

que

“en

la

mayoría de los casos, no es recomendable... [pues] la economía procesal

así lo requiere.” (Id.).

Contrario

a

esa

conclusión,

la

metamorfosis

de

resoluciones

a

sentencias, no se traduce en economía procesal. Implica una pesada carga

para los Tribunales de Primera Instancia. A sus jueces les impone el

deber de siempre hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho

típicas de una Sentencia en cualquier incidente de alimentos o custodia

irrespectivo de su sencillez o frivolidad. Peor aún, los obliga a evaluar

toda solicitud de determinaciones de hecho o conclusiones de derecho

adicionales

–con

la

consabida

interrupción

del

término

jurisdiccional

para revisar-; moción no disponible para las resoluciones, complicando

así

el

quehacer

judicial

y

demorando

la

pronta

solución

a

la

cual

aspiramos todos. A nivel de secretaría, genera trámites más costosos,

formales

y

minuciosos:

realizar

las

no

formalidades

es

lo

mismo

relativas

al

notificar

una

archivo

autos

en

resolución

de

copia

que

de

notificación de una sentencia.4 Igual impacto procesal y encarecimiento de

costos representa para litigantes y abogados.

4

Al presente, salvo aquellos Tribunales Superiores que tienen en

operación el sistema mecanizado, muchas Resoluciones son usualmente

notificadas del siguiente modo tradicional: se fotocopia directamente del

expediente (autos) la hoja doblada que contiene la orden del Juez en

manuscrito -cuidando que aparezca el epígrafe del caso y el título de la

moción-, y seguidamente se le imprime al dorso un sello de goma de

notificación que es cumplimentado también a manuscrito, con la fecha de

la notificación a los abogados, todo bajo la firma del Secretario o

Subsecretario.

En contraste, con el sistema mecanizado, la orden es mecanografiada

directamente por la funcionaria en la computadora y ésta imprime en el

formulario OAT-750 la notificación necesaria, la cual incluye la

dirección de los abogados en récord; este documento entonces se inserta

en un sobre con ventanilla y así es depositado en el correo. El trámite

de sentencia es igual, pero requiere el formulario especial OAT-704,

disponible solamente en este sistema mecanizado. Una de las ventajas del

sistema mecanizado es que ha permitido prescindir del Libro de

Radicaciones y del Libro de Registro de Sentencias.

El rápido proceso de abolición del Tribunal de Distrito para

convertirlo en un solo Tribunal de Primera Instancia, visualizado en la

Ley de la Judicatura, no ha permitido llevar el sistema mecanizado a los

antiguos Tribunales de Distrito que ahora funcionan como Tribunal

Superior. En éstos, el proceso de notificación de resoluciones y

CC-97-784

IV

Si variamos el proceso expedito de revisión judicial vía certiorari

que

el

Legislador

escogió

y

lo

convertimos

en

apelación,

además

de

usurpar una facultad constitucional exclusiva de la Asamblea Legislativa,

seremos responsables del sobrecargo explosivo a que estaríamos empujando

al

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

sobre

cuyos

hombros

depositaríamos la pesada carga procesal que significa tal cambio.

La nueva norma mayoritaria aumentará sustancialmente la presentación

de apelaciones ante ese Tribunal, generando trámites, gastos y atrasos

innecesarios. La experiencia revela que el establecimiento del derecho de

apelar

propicia

un

incremento

en

su

número

y

afecta

los

limitados

recursos de personal judicial y secretarial disponibles, en perjuicio de

las apelaciones civiles y penales reconocidas en la susodicha Ley de la

Judicatura.

Significa

sentencias

descrito.

se

el

establecimiento

rige

todavía

por

judicial

el

de

sistema

numerosas

tradicional

primeramente

CC-97-784

apelaciones

inmeritorias

que

sobrecargarán

el

abultado

calendario

que

tiene el Tribunal de Circuito en detrimento de las labores de sus Jueces.

Sabido es que las apelaciones como cuestión de derecho, tienen el

defecto de obligar a los tribunales apelativos a entender en innumerables

recursos frívolos. Pueblo v. Rosario, 80 D.P.R. 318, 326-328 (1958). Aún

siendo

inmeritorios,

Circuito

–muchas

su

veces

perfeccionamiento

también

la

requiere

intervención

de

del

los

Tribunal

de

Tribunales

de

Primera Instancia-, unos trámites peculiares que toman más tiempo. Tienen

que ser evaluadas con una Exposición Narrativa de la Prueba, alegatos y

resueltas por Sentencias.

No

es

lo

mismo

discrecionales,

cuando

tienen

la

se

trata

virtud

de

del

Éstos,

certiorari.

viabilizar

una

justa

por

y

ser

pronta

adjudicación. Distinto a las apelaciones, los jueces tienen disponible el

mecanismo de orden para mostrar causa, de comprobada utilidad y eficacia.

Si carecen de méritos, pueden ser resueltos por el Tribunal de Circuito

mediante simples y breves Resoluciones explicativas de su negativa a

intervenir,

sin

ulterior

trámite.

Esas

negativas

a

expedir,

-

intrínsecamente de igual valor dispositivo-adjudicativo que las nuestras, si bien para las partes perdidosas y sus abogados pueden ser injustas y

enojosas, para los litigantes contrarios y sus representantes legales es

el punto final justo, rápido y económico de todo un largo proceso.

Si algún asunto amerita una rápida, final y firme adjudicación son las

controversias sobre alimentos y custodia, que se caracterizan por la nota de

imperiosa necesidad. Ello explica por qué el Legislador nunca ha optado por

reconocerles el derecho de apelación en incidentes post-sentencia y si el

certiorari.

V

Todo

juez

y

abogado

de

experiencia

sabe –al extremo de que es

materia susceptible de conocimiento judicial-, que la mayoría de sentencias

de divorcio que se dictan en los tribunales de instancia, con el correr de

los años generan muchísimos incidentes de alimentos y custodia para hijos

menores.

CC-97-784

Por eso es común, en el recinto del Tribunal de Primera Instancia, la

frase o comentario al efecto de que en las Salas de Relaciones de Familia, el

trabajo comienza después de la sentencia de divorcio. Ello obedece a que

luego de tal etapa cada expediente habrá de producir numerosas resoluciones,

durante

el

mucho

tiempo

edad, adolescentes, incluso

que

la

prole –compuesta de niños de corta

mayores de edad que sean estudiantes bona fide

hasta los veinticinco (25) años-, no se emancipe.

No obstante la importancia de estos asuntos, muchos no suelen ser tan

complejos

como

para

justificar

el

trámite

estructurado y, por ende, lento. Por

Legislativa

ha

mantenido

el

mismo

de

apelación

más

formal,

ésta y otras razones, la Asamblea

esquema

de

revisión

a

través

del

certiorari, aun cuando ha tratado de estabilizar y darle cierta permanencia a

los dictámenes a nivel de instancia. A tal efecto, según indicamos antes, la

Ley Especial de Sustento de Menores, dispuso que toda orden de pensión

alimentaria sólo pueda revisarse transcurridos tres (3) años de fijada o

modificada, excepto si hay cambios significativos o imprevistos de las partes

o si al adoptarse se desconocía información pertinente que no fuera por culpa

de la parte perjudicada.

Aún con la restricción que hemos

llamado cosa juzgada temporal, el

volumen es inmenso. Las tristes estadísticas de Divorcios concedidos en que

hay hijos menores –limitados a los últimos cinco (5) años-, nos da una idea

del potencial explosivo de estas nuevas apelaciones obligatorias.

CAUSAL

Abandono por más

de un año

Adulterio

Consentimiento

mutuo

Convicción de

delito grave

Embriaguez

habitual

1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98*

112

122

94

100

109

70

4850

85

4693

66

3597

50

4021

69

3906

13

7

6

14

24

5

5

3

-

1

Exequatur

Separación por

más de dos años

Trato cruel e

injurias graves

Uso continuo

de narcóticos

2

2055

5

2091

1

1898

5

1830

6

2103

1782

1713

1581

1435

1646

4

2

4

1

4

Otras**

-

1

-

2

1

CC-97-784

Sub-Total

8893

8724

7250

7458

Total

7869

40,194

*Datos preliminares

**Incluye: caso de competencia, citación de testigo e

Fuente: OAT, Oficina de Estadísticas

Además, a modo de complemento,

impotencia absoluta.

la siguiente tabla nos revela el

número preciso de hijos menores envueltos durante ese mismo período.

CAUSAL

1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

Abandono por más

225

de un año

Adulterio

128

Caso de competencia

Consentimiento

8721

mutuo

Convicción de

22

delito grave

222

170

177

189

174

8368

131

6269

103

4

7126

139

1

6785

13

13

32

42

-

-

-

-

12

3

-

10

9

-

8

1

-

7

2

-

2

10

Separación por más

de dos años

Trato cruel e

injurias graves

Uso continuo de

narcóticos

4014

3968

3738

3497

3968

3590

3419

3086

2836

3215

10

4

6

1

9

Total

16725

16187

13422

13785

14360

Corrupción de

menores

Embriaguez habitual

Exequatur

Impotencia absoluta

Locura incurable

Total

74,479

Fuente: OAT, Oficina de Estadísticas

Lo anterior es una muestra parcial del universo de casos previos de

divorcio e hijos menores envueltos. No toma en cuenta más de cien mil

(100,000) divorcios concedidos en la década de los ochenta y los primeros

años

de

la

actual.

No

obstante,

la

sola

activación

de

una

fracción

pequeña de esos casos y, la proyección de su efecto multiplicador en

virtud

de

la

norma

mayoritaria,

permite

razonablemente

predecir

aumento dramático en las apelaciones, de proporciones catastróficas.

VI

un

CC-97-784

El compromiso del sistema judicial es frente a la decena de miles de

progenitores y niños que anualmente piden y son merecedores de pronta y

eficaz

atención.

Si

complicamos

innecesariamente

la

revisión

de

los

dictámenes de alimentos y custodias ante el Tribunal de Circuito con

apelaciones obligatorias, el limitado recurso se agotará; en efecto, el

trámite obligado para todos será en menoscabo de la sustancia de los

recursos meritorios.

Constituye un grave desacierto transformar en apelación obligatoria

lo que hasta ahora es y ha sido certiorari discrecional. Máxime cuando

actualmente

el

proceso

de

Relaciones

de

Familia

ante

el

Tribunal

de

Primera Instancia está eficazmente controlado en salas especializadas,

auxiliadas

de

examinadores

expertos

en

pensiones

alimentarias,

guías

estandarizadas, centros de mediación, etc. Este trámite, sólo acarreará

déficit sustantivo y procesal ante el mismo universo del taller judicial;

mayormente el Tribunal de Circuito.

Finalmente, nos preocupa que el trastocar la distribución de recursos

de revisión apelativa hecha por la Asamblea Legislativa en la Ley de la

Judicatura, a corto plazo abra a discusión pública la suficiencia de

Jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones para atender estas nuevas

apelaciones y si ello justifica un aumento en su composición numérica y

en

el

presupuesto

funcional

de

los

tribunales,

sin

excluir

Primera

Instancia.

Con esa transmutación se abre innecesariamente una Caja de Pandora,

en

momentos

recursos

en

que

presentados

comenzábamos

en

el

a

Tribunal

percibir

de

una

Circuito

estabilidad

de

en

Apelaciones

ejemplarizante índice de producción entre sus dedicados magistrados.

Revocaríamos.

ANTONIO S. NEGRON GARCÍA

Juez Asociado

los

y

un