LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE P.R. en interes del menor J.M.R.

1998 TSPR 151

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE P.R. en interes del menor J.M.R.

CC-1997-743

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

En Interés del Menor J.M.R.

Recurrido

Certiorari

98TSPR151

Número del Caso: CC-97-743

Abogados del Pueblo de Puerto Rico: Hon. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lcda. Mayra J. Serrano Borges

Procuradora General Auxiliar

Abogado de J.M.R. :

Lcdo. Adalberto Núñez López

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores de Mayaguez

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Lorenzo Cabán Arocho

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV

Panel Integrado por los Hons.:

Rossy García

Martínez Torres

Rodríguez García

Fecha: 11/12/1998

Materia: Art. 4 Ley de Armas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CC-97-743

Certiorari

En Interés del Menor J.M.R.

Recurrido

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1998.

Contra el menor J.M.R. se presentó la querella Núm. J961083 por infringir el Artículo 4 de la Ley de Armas.1 La

vista adjudicativa se celebró el 18 de marzo

de

1997 en el

Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Mayagüez, Asuntos de

por abogado y

Menores. El menor acudió representado

acompañado por su abuela, quien era la persona con la

custodia legal del primero. A base de la prueba desfilada el Tribunal

declaró al menor incurso en la falta y pospuso el pronunciamiento de la

medida dispositiva para el día 21 de marzo de 1997.

El 21 de marzo de 1997, con el menor J.M.R. presente en sala

acompañado de su abuela y representado por su abogado, el Tribunal emitió

1

Según surge de la querella al menor se le imputaba “que

allá en o para el día 30 de octubre de 1996, a la 1:15 p.m.

en Mayagüez, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción

del Tribunal Superior de Puerto Rico, Asuntos de Menores,

Sala

de

Mayagüez,

ilegal,

voluntaria,

maliciosa

y

criminalmente portaba, conducía y transportaba un cuchillo

de cocina, siendo dicho cuchillo un arma con el cual se

puede causarse [sic] grave daño corporal, cuya arma portaba,

conducía y transportaba el imputado menor, en ocasión de

usarla no como instrumento propio de un arte, deporte,

profesión, ocupación u oficio.” A continuación se señalaba

que se trataba de un “cuchillo de cocina de 5 pulgadas de

hoja, cabo negro, lo llevaba en su mochila y dentro de los

predios de la Esc. Manuel A. Barreto de Mayagüez”.

una Resolución, posteriormente notificada por correo el 4 de abril de 1997,

imponiéndole una medida dispositiva de doce (12) meses de “libertad a

prueba bajo la custodia de su abuela y la supervisión del Tribunal pero

ubicado en el Hogar CREA de Lajas.”2

El 23 de abril de 1997, el menor J.M.R. presentó recurso de apelación

ante el

Tribunal

de

Circuito

de Apelaciones.

El 6 de octubre de 1997, el Procurador General interpuso una Moción de

Desestimación en la cual alegó que el recurso

de

presentado

Tribunal

fuera

de

término

por

lo

que

el

apelación

de

había

sido

Circuito

de

Apelaciones carecía de jurisdicción. Adujo que la resolución recurrida se

dictó en corte abierta por el Tribunal de Primera Instancia el 21 de marzo

de 1997, habiéndose presentado el correspondiente escrito de apelación el

23 de abril de 1997, es decir, a los treinta y un (31) días de haberse

dictado la medida dispositiva. Por su parte, la defensa presentó un escrito

titulado “Réplica a Moción de Desestimación”. Arguyó que el término para

apelar una resolución final en casos de menores comienza a decursar a

partir de la fecha en que la secretaría de la Sala de Asuntos de Menores

notifica por correo a las partes con copia de la resolución emitida.

Fundamentó su posición en lo resuelto en Pueblo de Puerto Rico en interés

del menor R.S.R., 121 D.P.R. 293 (1988).

Apelaciones

dictó

“Resolución

y

Orden”

El Tribunal de Circuito de

el

3

de

noviembre

de

1997,

notificada el 14 de noviembre del mismo año, mediante la cual determinó que

la

presentación

del

recurso

fue

oportuna

y

ordenó

que

las

partes

presentaran sus alegatos de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento.

2

De acuerdo con el testimonio del Técnico de Relaciones de Familia,

encargado de darle seguimiento al caso, el joven no cumplió con las

condiciones impuestas para continuar en probatoria por lo que fue ingresado

en una institución de la Administración de Instituciones Juveniles.

Específicamente el funcionario alegó mediante Solicitud de Detención de 7

de abril de 1997, que el joven había sido ingresado en el hogar CREA de

Lajas el 21 de abril de 1997. Sin embargo, el día 30 del mismo mes y año

fue llevado al hogar de la abuela por no cumplir con las normas de

tratamiento, por lo que se encontraba en la comunidad sin ningún tipo de

supervisión de sus familiares ni del Tribunal.

Posteriormente, se le

concedió una segunda oportunidad y se le reubicó en el Hogar CREA de

Isabela. No obstante, el mismo día de su ingreso abandonó el tratamiento.

El 12 de junio de 1997 el Tribunal de Primera Instancia ordenó su

detención.

El 1 de julio de 1997, luego de examinar el informe social

rendido y lo informado en corte abierta el Tribunal entendió que el menor

había incumplido con las condiciones que le fueron impuestas por lo que

declaró con lugar la revocación de la probatoria que disfrutaba el menor

Inconforme con este dictamen, el Procurador General presentó recurso

de certiorari ante nos el 12 de diciembre de 1997. Planteó la comisión del

siguiente error:

“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que

el término para presentar apelación de una resolución

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Asuntos de Menores de la cual advino en conocimiento el

menor y su representante legal en sala, comienza a decursar

a partir de la fecha en que se notificó por correo la misma

al tenor de lo resuelto en El Pueblo de Puerto Rico en

interés del menor R.S.R., 121 D.P.R. 293 (1988).”

El 5 de febrero de 1998, emitimos Resolución expidiendo el Auto de

certiorari.

El 19 de marzo de 1998, compareció la representación del menor J.M.R.

mediante escrito titulado “Habeas Corpus” alegando que éste se encontraba

ilegalmente encarcelado ya que, aún habiendo cumplido la medida dispositiva

el 17 de marzo de 1998, el Tribunal de Primera Instancia se negaba a

expedir la orden de excarcelación alegando falta de jurisdicción y que, de

otra

parte,

los

funcionarios

de

la

Administración

de

Instituciones

Juveniles habían manifestado que no excarcelarían al joven sin una orden

previa

a

esos

efectos.

En

consecuencia

nos

solicitó

ordenarle

a

la

Administración de Instituciones Juveniles la excarcelación del menor.

Mediante Resolución de 19 de marzo de 1998, notificada el día 20 del

mismo mes y año, acogimos el escrito titulado “Habeas Corpus” como una

“Moción en Auxilio de Jurisdicción” y en virtud de nuestro poder inherente

le

ordenamos

al

Tribunal

de

Primera

Instancia

intervenir

en

la

consideración

del asunto y resolver conforme a derecho.3

por la querella J-96-1083 y entregó su custodia a la Administración de

Instituciones Juveniles por los restantes nueve (9) meses.

3

No consta en autos el resultado de dicho trámite; no obstante, procede que resolvamos lo planteado en este recurso ya que cumplida o

no la medida dispositiva el menor tiene derecho a que se determine por el foro apelativo si ésta

...continúa

...continuación

debía revocarse. En Sibron v. New York 20 L. Ed. 2d 917 (1968), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se enfrentó a una

situación similar a la del caso de autos. Concluyó que:

“[o]n numerous occasions in the past this Court has

proceeded to adjudicate the merits of criminal cases in

which the sentence had been fully served or the

probationary period during which a suspended sentence

Nos corresponde determinar si el término de treinta (30) días para

apelar una determinación final en un caso de

menores – donde se impuso una medida dispositiva estando presente el menor,

representado por abogado y acompañado por su abuela, persona que lo tiene

bajo su custodia legal -comienza a transcurrir desde que la misma fue

dictada en corte abierta o desde el momento en que el menor recibe la

notificación de la resolución por correo.

La Ley Núm.

II

88 de 9 de julio de 1986, 34 L.P.R.A. sec. 2201 et. seq.,

conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, regula los procedimientos –

fundamentalmente investigativos y judiciales - en aquellos casos en que

menores de dieciocho años incurren en conducta constitutiva de falta. Esta

ley sustituyó la anterior Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 97 de 23

de

julio

de

1955,

según

enmendada.

Al

aprobar

el

actual

estatuto

el

legislador plasmó su intención en la Exposición de Motivos de la siguiente

manera:

“...esta ley adopta como marco filosófico del Sistema de

Justicia Juvenil, el humanismo dentro de un enfoque

ecléctico de acción e intervención, donde se compatibilicen

la propuesta rehabilitadora y el poder y responsabilidad

posible inherente al Estado de brindarle toda oportunidad

rehabilitativa, así como exigirle al menor un quantum de

responsabilidad para dirigir sus actos y responder por

éstos.[...]”4

A renglón seguido el Artículo 2 de dicha ley, supra,5 sintetizó esa

intención al establecer como sus propósitos fundamentales el garantizarle a

los

menores

las

providencias

necesarias

que

salvaguarden

sus

derechos

could be reimposed had terminated”. (citas omitidas.)

Thus mere release of the prisoner does not mechanically

foreclose consideration of the merits by this court”.

Sibron v. New York, supra, pág. 928.

Vale señalar que habiéndose expedido por este Tribunal el auto de

certiorari, J.M.R. manifestó mediante “Moción Infomativa en Cumplimiento de

Orden” de 23 de julio de 1998, presentada ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, su interés en la continuación de los procedimientos en el

presente recurso [...]”.

Además, la controversia sobre cuando comienza a decursar el término para recurrir de la misma es dable a repetirse

por lo que el caso no es académico. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Southern Pacific Terminal Co. v. I.C.C., 219 U.S.

498 (1911);.Comisión de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-726 (1980). Sobre todo si tomamos en consideración

que el procedimiento para que se perfeccionen los recursos en la etapa apelativa suele tomar una cantidad considerable de

tiempo.

4

Exposición de Motivos de la Ley Núm.

Puerto Rico, pág. 285.

88 de 9 de julio de 1986, Leyes de

constitucionales y el debido proceso de ley, proveer las herramientas que

conduzcan

a

su

eventual

rehabilitación

y

asegurar

el

bienestar

de

la

comunidad en general.

Es decir, con esta nueva ley el procesamiento de los menores que

incurren en conducta delictiva adquiere “matices

5

34 L.P.R.A. sec. 2202.

de

naturaleza

punitiva

que

van

más

allá

del

propósito

meramente

rehabilitador y paternalista de la antigua ley.” Pueblo en Interés de los

Menores A.L.R.G. y F.R.G., Op. de 16 de marzo de 1993, 132 D.P.R. ____

(1993), 93

J.T.S.

39,

pág.

10521;

Pueblo

en Interés del menor R.G.G.,

123 D.P.R.

443

(1989).

reconocido

No

la

obstante,

necesidad

a

fin

de

rehabilitar

a

los

menores

de

que

los

procedimientos

que

le

hemos

atañen

se

mantengan separados de los procedimientos de adultos. Pacheco v. Vargas,

Alcaide, 120 D.P.R. 404,411 (1988); Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114,

124 (1980); R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270, 273 (1974). Sin

embargo,

hemos

expresado

también

que

las

“faltas”,

al

igual

que

los

“delitos”, tienen dos elementos básicos: una conducta y una sanción. Véase,

Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra, págs. 411-413.

III

Con el trasfondo anterior definimos el procedimiento de menores como

“uno especial donde los delitos se denominan faltas, el juicio se denomina

vista adjudicativa y la

sentencia medida dispositiva.”6 Dora Nevares-Muñiz, Derecho de Menores,

3ra ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., Hato Rey, 1997,

pág. 13.

Una vez impuesta la medida dispositiva se puede revisar su alcance por

un tribunal de superior jerarquía. Así lo dispone la Regla 9.1 de las de

Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 9.17 según

6

La “falta” según definida en el Artículo 3(j) de la Ley Núm. 88, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2203, es “la infracción por un menor de las

leyes penales, especiales u ordenanzas municipales de Puerto Rico, excepto las infracciones o tentativas que por disposición expresa

de este Capítulo estén excluidas”. Asimismo, se han definido las vistas tanto adjudicativas como dispositivas. La primera como aquella

etapa donde se habrá de determinar si el menor incurrió en

...continúa

...continuación

conducta constitutiva de violación a algún estatuto penal. Y la segunda -una vez se encuentra al menor incurso en la falta- como el

momento en el que se le impondrá al menor una medida. En esta etapa el Tribunal dispone también todo lo relacionado con la

ejecución y supervisión de dicha medida. Dora Nevares, supra, pág. 17. Esta vista tiene su equivalente en las vistas para la imposición

de sentencias en los procedimientos criminales ordinarios. Dora Nevarez ,supra, pág. 118. Conviene precisar que el Artículo 33 de la

Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2233, requiere que los dictámenes del Tribunal se denominen resoluciones. A renglón seguido

enumera algunas de las instancias en que el Tribunal puede así proceder entre las que incluye “el imponer cualquier medida

dispositiva”.

7

Estas reglas fueron aprobadas para regir los procedimientos cubiertos por

la Ley de Menores, supra.

enmendada por la Ley Núm.

88 de 27 de julio de 1996.8 La actual regla en

su parte pertinente lee como sigue:

“(1)Las órdenes y resoluciones finales dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia de conformidad con la Ley Núm.

88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como ’Ley

de Menores de Puerto Rico’, podrán ser apeladas ante el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, excepto cuando la

Resolución final se base en una alegación del menor admitiendo

los hechos, en cuyo caso procederá únicamente el recurso de

certiorari, a ser expedido por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones a su discreción.

Las órdenes y resoluciones

interlocutorias podrán ser revisadas ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones mediante recursos de certiorari

promovido por el menor o el Procurador.

En la interposición

de estos recursos deberán regir las reglas adoptadas por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, sujeto a las siguientes

normas:

(a) Se revisará la orden o resolución a nombre del

menor y a instancia de su padre, tutor,

encargado, persona interesada o del director del

departamento o agencia encargada de su custodia.

(b) (1) La apelación se formalizará presentando un

escrito de apelación conforme a lo dispuesto en

el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama

Judicial, aprobado el 28 de julio de 1994, según

enmendado; conocido como la ‘Ley de la Judicatura

de 1994”, y dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha en que se dictó la

resolución que dispuso del caso. Este término es

jurisdiccional.

(2) [...]

(3) La solicitud de certiorari para revisar las órdenes y

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia se formalizará presentando un escrito de

certiorari

conforme

a

lo

dispuesto

en

el

Plan

de

Reorganización Núm. 1 de la Rama judicial, aprobado el 28 de

julio de 1994, según enmendado, conocido como la ‘Ley de la

Judicatura de 1994’, y dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha en que se notificó la orden o

resolución. [...]

Las enmiendas que sufrió la Regla 9.1, supra, en virtud de la Ley Núm.

88, supra, surgieron en respuesta a la necesidad de atemperar lo allí

dispuesto con la nueva estructura de la rama judicial contenida en la Ley

de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.

Estructura ésta que comprende un

tribunal de primera instancia unificado, un tribunal apelativo intermedio y

el

8

Tribunal

Supremo

como

tribunal

de

última

instancia.9

Asimismo,

se

La versión anterior proveía para que las órdenes y resoluciones finales

dictadas por los

tribunales de instancia

fueran apeladas al Tribunal

Supremo. Asimismo, las órdenes y resoluciones interlocutorias podían ser

revisadas, discrecionalmente por el Tribunal Supremo.

9

Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 88 de 27 de julio de 1996.

extendió de veinte (20) a treinta (30) días el término para apelar al

Tribunal de Circuito de Apelaciones una orden o resolución final.

La Regla 9.1(1)(b)(1) concede el término de treinta (30) días para

apelar

una

orden

o

resolución

final

ante

el

tribunal

apelativo.

El

término, según dispuesto por la propia regla, comienza a contarse desde la

fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso.

Cuando

“la

ley

es

clara

y

libre

de

toda

ambigüedad

no

debemos

menospreciar su letra con el pretexto de cumplir su espíritu”. Artículo 14

del

Código

Civil

de

Puerto

Rico,

31

L.P.R.A.

sec.

14;

Román

v.

Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685, 686 (1966).

La regla citada encuentra su homóloga en la Regla 194 de las Reglas de

Procedimiento Criminal.10 Sabido es que en los procedimientos de adultos el

término para apelar una sentencia comienza a contarse a partir de la fecha

en que la misma fue dictada en corte abierta. La Regla 194, supra, dispone

como sigue en la parte pertinente:

“[l]a apelación se formalizará presentando un escrito

de apelación en la secretaría de la sala del Tribunal de

Primera Instancia que dictó la sentencia o en la secretaría

del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de los

treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia

fue dictada [...].” Enfasis nuestro.11

Es principio cardinal en nuestra jurisdicción que los términos para

apelar sentencias - no importa si éstas son de carácter civil o penal tienen

el propósito de establecer

la jurisdicción

Colón,

115

dispuesto

de

los

tribunales

apelativos.

D.P.R.

511,

513

Una

por

el

legislador,

Pueblo

v.

Miranda

vez

transcurrido

el

término

tribunales

apelativos

carecen

(1984).

los

de

jurisdicción para entender en la controversia ante ellos levantada. Los

términos para apelar no pueden, en consecuencia, ser prorrogados porque al

10

34 L.P.R.A., Ap. II, R. 194.

Esta regla también fue enmendada en virtud de la Ley Núm. 251 de 25 de

diciembre de 1995. Surgió por la necesidad de atemperar su contenido

con la Ley de la Judicatura de

1994. Véase,

además, María L. Colón,

Comentarios a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, Rev.

Forum, Año 3, Núm. 1, Enero-Marzo, 1987.

11

así actuar estarían los tribunales excediéndose en la autoridad que les

fuera

concedida. Id.

IV

En el caso de autos se trata de una medida dispositiva que el Tribunal

de Primera Instancia le impuso al menor J.M.R. el 21 de marzo de 1997. Esta

tendría una duración de doce (12) meses. A la vista señalada para esa fecha

el menor acudió acompañado de su representante legal y de su abuela, que

ejercía su custodia legal, quienes advinieron en conocimiento de la misma.

Fue

a

partir

de

esa

fecha

que

comenzó

el

menor

a

cumplir

la

medida

impuesta. Conviene precisar que para esa fecha estaba vigente la actual

Regla 9.1(1)(b)(1) ya que la ley que instrumentó la enmienda comenzó a

regir inmediatamente después de su aprobación el 25 de diciembre de 1995.

El 23 de abril de 1997, es decir treinta y un (31) días después de haberse

impuesto la medida dispositiva, el menor presentó escrito de apelación ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Habiendo

presentado el Procurador

General una Moción de Desestimación, el apelante arguyó que el término

debía computarse desde el 4 de abril de 1997, fecha de la notificación de

la resolución por correo.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones amparándose en lo resuelto por

este Tribunal en Pueblo de Puerto Rico en interés del menor R.S.R., supra,

concluyó que habiéndose archivado en autos copia de la notificación el 4 de

abril de 1997, la presentación del recurso fue oportuna.

No le asiste la

razón.

En el caso de Pueblo de Puerto Rico en interés del menor R.S.R.,

supra, se cuestionó la jurisdicción de este Tribunal sobre una apelación

que alegadamente fue notificada fuera de término.

allí si el término para acudir ante nos

Tribunal

de

Menores

renunciando

su

Teníamos que determinar

para revisar el dictamen del

jurisdicción

sobre

el

menor

debía

contarse desde que se emitió la sentencia o desde que ésta fue notificada.

Se trataba, pues, de una resolución, con efecto de sentencia, donde se

declaraba con lugar una moción de renuncia de jurisdicción sobre el menor a

quien se le imputaba una falta.

La regla pertinente de la Ley de Menores

disponía,

al

igual

que

su

equivalente

en

las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal, que el término para apelar la orden o resolución era de veinte

(20) días a contarse a partir de la fecha en que la misma se dictó.

En

aquel

caso,

y

a

base

de

los

hechos

particulares

del

mismo,

concluimos que ambos procesos eran distintos. Específicamente señalamos lo

siguiente:

“En el caso en que se sentencian adultos ante el Tribunal

Superior, éstos de ordinario están presentes, asistidos de

abogado, al momento de la imposición de la sentencia por lo

que, desde el punto de vista del debido proceso de ley, no

hay reparo a que el término de veinte (20) días que éstos

tienen para radicar su escrito de apelación comience a

contarse desde que se dicta la sentencia, por cuanto quedan

notificados el mismo día.

En las situaciones como las que

presenta el caso de autos, sin embargo, la resolución se

emite por escrito, luego de haberse celebrado la vista, y la

misma, de ordinario, es notificada por correo; en otras

palabras, el menor perjudicado por dicha resolución, y su

abogado, no se enteran del contenido de la misma el día de

su emisión.

Podría, inclusive, darse el caso de que

resoluciones como la aquí en controversia se emitan por el

magistrado y no se notifiquen por la secretaría del tribunal

hasta pasados los veinte (20) días de su emisión.” Pueblo de

Puerto Rico en interés del menor R.S.R., supra, pág. 301.

(Enfasis nuestro).

Así las cosas, establecimos que para no propiciar que se afectara de

manera intolerable el derecho de apelación que concedía la Ley de Menores

en los casos de renuncia de jurisdicción, el término comenzaría a decursar

a partir de la fecha en que la secretaría de las Salas de Asuntos de

Menores

certifiquen

haber

notificado

a

las

partes

con

copia

de

la

resolución emitida. Id.

Dicho caso a todas luces se distingue del de autos.

En aquél se

trataba de una resolución emitida por escrito -luego de haberse efectuado

la correspondiente vista, donde el tribunal declaraba con lugar una moción

de

renuncia

de

jurisdicción.

De

ordinario

la

evaluación

que

hace

el

Tribunal para determinar si renuncia o no su jurisdicción sobre un menor va

precedida de un riguroso análisis que incluye entre otros los siguientes

factores:

naturaleza

de

la

falta

que

se

le

imputa

al

menor

y

las

circunstancias que la rodearon; historial legal previo; historial social

del menor; y si de la evaluación hecha por el tribunal del historial del

menor y sus actitudes surge la necesidad de establecer controles respecto a

su comportamiento que no puedan ser provistos en los centros de custodia o

de rehabilitación. Véase el Artículo 15 de la Ley de Menores, supra.12

Ciertamente,

por

las

particularidades

de

este

trámite,

el

menor

o

su

representante legal no advienen al conocimiento de la determinación del

tribunal sino hasta después de haberse notificado la misma. Sin embargo, en

el caso de autos, tanto el menor como su abogado en corte abierta supieron

de la imposición de la medida dispositiva. Es decir, no se trata aquí de

una

resolución

cuyo

contenido

se

reservó

el

Tribunal

para

notificarlo

posteriormente, sino de una resolución final dictada en sala.

En el caso de autos no están presentes los motivos que justificaron la

excepción que reconocimos en Pueblo de Puerto Rico en interés del menor

R.S.R., supra. La resolución aquí se dictó en corte abierta, frente al

menor, su abogado y su abuela. Distinto sería si el menor no estuviera

acompañado por su representante legal al momento de la imposición de la

medida

dispositiva,

en

cuyo

caso

se

justificaría

la

aplicación

de

la

doctrina expuesta en Pueblo en interés del menor R.S.R., supra. Esto, sin

embargo, no ocurre en la práctica ni ocurrió en el caso de autos.

Siendo

deber

ministerial

de

los

tribunales

el

velar

por

su

jurisdicción, Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979); y

no teniendo éstos la discreción para abrogársela si no la tienen, Martínez

v.

Junta

de

Planificación,

Pichardo,

104

D.P.R.778,

782

109

D.P.R.

(1976);

839,

842

concluimos

(1980);

que

el

Maldonado

foro

v.

apelativo

carece de jurisdicción. El escrito de apelación de la medida dispositiva se

presentó ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones a los treinta y un

(31) días de haberse

dictado la misma en corte abierta, por lo que carece

de jurisdicción el foro apelativo.

Por los fundamentos antes expuestos se revoca la resolución recurrida

y se desestima la apelación presentada ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

12

34 L.P.R.A. sec.

2215.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico en

interés del menor J.M.R.

CC-97-743

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace

formar parte

integrante de la presente, se dicta sentencia

revocando la del 3 de noviembre de 1997,

dictada por el

Tribunal de

Circuito de

Apelaciones,

por

carecer

dicho

foro

de

jurisdicción y se desestima la apelación

presentada ante el foro apelativo intermedio.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez

Asociado señor Negrón García concurre sin

opinión escrita. La Juez Asociada señora

Naveira de Rodón y el Juez Asociado señor

Fuster

Berlingeri

disienten

sin

opinión

escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo