LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

CONSTRUCTORA I. MELENDEZ S.E. V. JUNTA DE SUBASTAS DE D.T.O.P.

1998 TSPR 132

Poder Judicial de Puerto Rico

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CONSTRUCTORA I. MELENDEZ S.E. V. JUNTA DE SUBASTAS DE D.T.O.P.

CC-1997-219-220

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Constructora I. Meléndez, S.E.

Recurrida

V.

Certiorari

Junta de Subastas de la Autoridad de

Carreteras y Transportación de Puerto

Rico

98TSPR132

Del Valle Group, S.E.

Peticionarios

Número del Caso: CC-97-219 y CC-97-220 Consolidados

Abogados de Autoridad de Carreteras y

Transportación de Puerto Rico:

Lcdo. Luis A. Rivera Cabrera

Lcdo. Raúl Castellanos Malavé

Abogados de Const. I. Meléndez, S.E.:

Lcdo. Fernando Barnés Rosich

Abogados de Del Valle Group, S.E.:

Lcdo. José A. Sánchez Alvarez

Lcdo. Pedro Roldán Carrasquillo

Agencia: Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Panel Integrado por Hons.:

López Vilanova

Cordero

Feliciano de Bonilla

Fecha: 10/14/1998

Materia: Subasta

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Constructora I. Meléndez, S.E.

Recurrida

v.

CC-97-219

CC-97-220

Junta de Subastas, Autoridad

de Carreteras y Transportación

de Puerto Rico et al

Del Valle Group, Inc.

Peticionarias

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 1998.

La Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto

Rico y Del Valle Group, Inc., peticionarias en estos recursos

consolidados, solicitan que revoquemos una resolución del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

mediante

la

cual

se

denegó una moción de desestimación presentada por la primera,

debido a que la recurrida Constructora I. Meléndez, S.E., no

notificó

a

todas

las

partes

en

el

procedimiento

administrativo del recurso de revisión sobre la adjudicación

de la subasta.

Por

considerar

que

se

cometió

el

error

señalado,

revocamos la resolución recurrida y desestimamos el recurso

instado ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones por falta

de jurisdicción de dicho foro.

I

El 9 de octubre de 1996, la peticionaria, Autoridad de Carreteras y

Transportación de Puerto Rico (la “Peticionaria” o la “Autoridad”) llevó a

cabo la subasta 97-40 del proyecto “Extensión Desvío Sur de Guayama”, AC00542. A la subasta comparecieron los siguientes licitadores: Del Valle

Group, Inc.; Constructora Santiago; Río Construction; Jusor Corporation;

Las Piedras Construction; Equipos y Constructora RVD; y la recurrida,

Constructora I. Meléndez, S.E.

En el transcurso del procedimiento de subasta la licitación de la

recurrida fue eliminada debido a deficiencias

insubsanables,

adjudicó la subasta al licitador responsivo más bajo, Del

y

se

le

Valle Group,

Inc., también peticionaria ante nos. La recurrida presentó una Moción de

Reconsideración ante la Junta de Subastas que fue rechazada de plano.

No

conforme

con

esta

determinación,

la

aquí

recurrida

acudió

en

revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 23 de octubre de

1996. El 14 de noviembre de 1996, la Autoridad presentó una Moción de

Desestimación por falta de jurisdicción, toda vez que la recurrida no

notificó el recurso de revisión a las demás partes licitadoras en el

proceso administrativo.

El 10 de diciembre de 1996, el Tribunal de Circuito de Apelaciones

proveyó no ha lugar a dicha moción de desestimación y el 15 de enero de

1997

proveyó

no

ha

lugar

a

otra

moción

en

la

cual

se

reiteraba

la

solicitud de desestimación. El 17 de enero de 1997, la Autoridad presentó

Moción

de

Reconsideración

la

cual

fue

declarada

no

ha

lugar

mediante

resolución dictada el 13 de marzo de 1997.

Inconforme con esta determinación, la Autoridad presentó solicitud de

certiorari

ante

este

Tribunal

el

25

de

abril

de

1997.

Asimismo,

la

licitadora agraciada, Del Valle Group, Inc., compareció mediante recurso

de certiorari ante nos el 28 de abril de 1997.

Ambas partes formularon el mismo señalamiento de error; esto es, que

erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al no desestimar el recurso de

la constructora recurrida por no notificar el mismo a todas las partes en

el proceso administrativo1.

1

En el señalamiento de error planteado en la petición de certiorari

Núm. CC-97-219, la Autoridad sostiene que:

“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a

desestimar el recurso de revisión judicial de decisión

administrativa presentado por la recurrida sin haber

cumplido con el trámite jurisdiccional de notificar a todas

Así las cosas, el 30 de mayo de 1997, expedimos el auto solicitado y

consolidamos

cuestión.

los

recursos

Habiendo

a

los

comparecido

fines

todas

de

las

revisar

las

resoluciones

partes,

estamos

dispuestos

en

a

resolver.

II

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12

de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., (en

adelante L.P.A.U.) establece un cuerpo de reglas aplicables a todos los

procedimientos administrativos conducidos ante las agencias que no hayan

sido exceptuadas por la ley. Véase 3 L.P.R.A. sec. 2103. Dicha ley tiene

como

objeto

la

implantación

de

la

uniformidad

en

la

administración

pública. Pagán v. Fondo de Seguro del Estado. Op. de 31 de enero de 1993,

129 D.P.R. ___ (1993), 93 J.T.S. 13; Asociación de Residentes de Parque

Montebello v. Montebello Development, Op. de 2 de mayo de 1995, 138 D.P.R.

___ (1995), 95 J.T.S. 54.

En materia de adjudicación de subastas, la sec. 3.9 de la L.P.A.U.,

supra, dispone que los procedimientos serán informales y su reglamentación

y términos serán establecidos por las agencias. 3 L.P.R.A. sec. 2169.

A tenor con lo anterior, el Art. XI del Reglamento de la Autoridad de

Carreteras reza de la siguiente manera:

“Artículo XI- Revisión de las Determinaciones

A.

Solicitud de Reconsideración

Cualquier Licitador afectado adversamente por una

decisión de la Autoridad en relación con el proceso

de selección y adjudicación expresado en este

Reglamento podrá, dentro de los primeros diez (10)

días siguientes a la notificación de la decisión,

las partes en el procedimiento administrativo, esto es, los

licitadores que comparecieron a la subasta.”

Por otro lado, Del Valle Group, Inc. planteó el siguiente señalamiento

en el recurso Núm. CC-97-220:

“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al no

desestimar la presente revisión administrativa por falta de

jurisdicción ya que la recurrida no notificó el recurso a

los licitadores no agraciados quienes son parte en el

proceso de impugnación de subasta.”

presentar

por

escrito

reconsideración al Director.

una

solicitud

de

B. Disposición de solicitudes de Reconsideración

Las solicitudes de reconsideración y la disposición

de las mismas se regirán por la sección 3.19 de la

Ley 170 del 12 de agosto de 1988 [3 L.P.R.A. sec.

2169], según enmendada.

C.

Revisión Judicial

La revisión judicial de las determinaciones de la

Autoridad

en

torno

a

una

solicitud

de

reconsideración se regirán por el Subcapítulo 4 de

la Ley 170 del 12 de agosto de 1988 [3 L.P.R.A.

secs. 4.1 et seq.], según enmendada.

Según dispone el precitado Art. XI del Reglamento de la Autoridad,

la revisión judicial se llevará a cabo de acuerdo a las normas contempladas

por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, 3 L.P.R.A.

secs. 4.1 et seq.

En este sentido, la sec. 4.2 de la L.P.A.U., supra,

establece en su parte pertinente que la solicitud de revisión de una

adjudicación de subasta deberá ser presentada por la parte adversamente

afectada ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de un término

de diez (10) días a partir del archivo en autos de la notificación de la

orden o resolución final de la agencia. Esta misma sección le impone a la

parte que acude en revisión, el deber de notificar la presentación de la

solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término

para solicitar la revisión. 3 L.P.R.A. sec. 2172. (Supl. 1997).

Igualmente la Regla 58(B) del Reglamento del Tribunal de Circuito de

Apelaciones 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R.58 (Supl. 1997) dispone diáfanamente

sobre la notificación que:

(B) La parte notificará el escrito inicial de revisión a los

abogados de récord del trámite administrativo o, en su

defecto, a las partes, así como a la agencia o al(a la)

funcionario(a)

administrativo(a)

de

cuyo

dictamen

se

recurre, dentro del término para presentar el recurso. [...]

Esta notificación a las partes es de carácter jurisdiccional y debe

hacerse

a

la

agencia

y

a

todas

las

partes

en

el

procedimiento

administrativo dentro del término para solicitar la revisión judicial. En

numerosas ocasiones hemos dicho que el incumplimiento con lo anterior priva

de jurisdicción al Tribunal para entender en los méritos del recurso de

revisión. Olmeda Díaz v. Depto. de Justicia, Op. de 27 de junio de 1997,

143 D.P.R. (1997) 97 J.T.S. 105; Méndez v. Corp. Quintas de San Luis, 127

D.P.R. 635, 638 (1991).2

Ahora bien, ¿son partes los licitadores infructuosos en la subasta a

los fines de la sec. 4.2 de la L.P.A.U., supra, y la Regla 58(B) del

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra? Veamos.

La sec. 1.3 (j) de la L.P.A.U., supra, ofrece un concepto abarcador

de lo que constituye una “parte” en un procedimiento administrativo:

“[T]oda persona o agencia autorizada por ley a quien se

dirija específicamente la acción de una agencia o que sea

parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o

participar en la misma, o que haya radicado una petición

para la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea

designada como parte en dicho procedimiento.” 3 L.P.R.A.

sec. 2102(j).

En este sentido, es muy ilustrativo el comentario a la Regla 58 del

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra, al señalar que

2

A modo de ilustración, el concepto de lo que constituye una parte en el

ámbito del derecho procesal civil fue ampliado, a raíz de las enmiendas de

1979, las cuales eliminaron el término de partes “contrarias” o “afectadas”

y lo sustituyeron simplemente por el de “partes”. Este cambio evidentemente

denota la intención de conferirle una interpretación amplia y flexible a la

definición del término parte. Véase Wright and Miller, Federal Practice and

Procedure, Civil 2d, sec. 1142.

En este sentido, el profesor Cuevas Segarra, comentando sobre el deber

de notificación a las partes que dimana de las disposiciones

de

las

Reglas de Procedimiento

Civil ha

...continúa

...continuación

señalado lo siguiente:

“Las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 incorporaron un

requisito aún más estricto al eliminar el requisito de

notificar a las partes contrarias y exigiendo en la Regla 53.3

de Procedimiento Civil que la solicitud de revisión se le

notifique a todas las partes independientemente de si son o no

contrarias. Si aún bajo la vigencia del requisito de

notificación de partes `contrarias o afectadas’ se exigió la

notificación al rebelde que nunca compareció, menos aún pude

soslayarse

ese

elemento

indispensable

bajo

un

criterio

legislativo más riguroso. El legislador no acostumbra hacer

cosas vacuas. El legislador no escribe cosas redundantes ni

cosas inútiles. Cuando se exigió notificación a todas las

partes, así debe aplicarse.” (Enfasis suplido). José A. Cuevas

la notificación del recurso de revisión debe ser hecha a todas las partes

así reconocidas en “la disposición final administrativa de que se trate”.

4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 58 (Supl. 1997).

prestar

particular

atención

al

contenido

Por ello, se le debe de

de

la

disposición

final

administrativa, como un factor importante, a la hora de determinar si una

persona, natural o jurídica, es “parte” en un procedimiento administrativo

a los fines de notificarle el recurso de revisión judicial.

En un procedimiento de subasta, la determinación de quién debe ser

considerado una parte es algo relativamente sencillo en comparación a otros

trámites

administrativos

que

pueden

presentar

mayor

dificultad

para

catalogar la condición de “parte” de una persona que ha comparecido ante

una agencia administrativa.

Ciertamente, todo licitador comparece a la subasta en igualdad de

condiciones

y

con

las

mismas

expectativas

de

prevalecer,

siendo

incuestionable su condición de parte en el proceso administrativo.

Una vez

adjudicado el proyecto, los licitadores infructuosos pueden impugnar el

resultado de la subasta utilizando el mecanismo de revisión judicial. Véase

L.P.A.U., supra, 3 L.P.R.A. sec. 2172. Dependiendo de la naturaleza de la

solicitud de revisión y de lo que disponga el Reglamento de la agencia, los

demás licitadores que no pudieron o no quisieron cuestionar la adjudicación

de la subasta podrían conservar un interés real en el resultado de la

revisión. Véase L.P.A.U., supra, 3 L.P.R.A. sec. 2169. Ello requiere que se

notifique

copia

del

recurso

de

revisión

a

todos

los

licitadores

que

comparecieron a la misma.

Aplicando lo anterior al caso de autos, surge del expediente que en

la

notificación

de

la

adjudicación

de

la

subasta

a

favor

de

la

peticionaria, Del Valle Group, Inc., se incluyó a todos los licitadores

infructuosos. Estos gozaron del derecho a solicitar la reconsideración de

la

determinación

administrativa,

el

cual

les

fue

reconocido

en

-

Procedimiento

notificación.

Segarra, Práctica

Civil, pág. 304-05.

Procesal

Puertorriqueña

dicha

Además, los licitadores infructuosos también gozaban de un interés

indubitado

en

el

resultado

del

recurso

de

revisión

instado

ante

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, toda vez que de acuerdo al Reglamento

de la Autoridad, ésta puede, en caso de incumplimiento del licitador

agraciado:

1.

adjudicar

bajo;

la

subasta

al

siguiente

licitador

2.

anular la subasta y celebrar una nueva;

3.

negociar directamente en mercado abierto o;

4.

realizar la obra por administración,

proyecto la obra objeto de la subasta.3

de

más

ser

un

A la luz de lo anterior, es claro que los licitadores infructuosos

en

el

proceso

de

subasta

son

partes

para

los efectos

de

la

revisión

judicial de la determinación administrativa. Consecuentemente, la falta de

notificación

del

recurso

de

revisión

a

dichos

licitadores

privó

de

jurisdicción al foro apelativo. Por ello, erró el Tribunal de Circuito de

Apelaciones

al

denegar

la

Moción

de

Desestimación

presentada

por

la

peticionaria Autoridad de Carreteras.

Por los fundamentos antes expuestos, se revocan las resoluciones

recurridas y se desestima el recurso instado en el caso de epígrafe por

falta de jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Constructora I. Meléndez, S.E.

Recurrida

v.

CC-97-219

3

Véase Art. X(E) del Reglamento de la Autoridad.

Junta de Subastas, Autoridad

de Carreteras y Transportación

de Puerto Rico et al

CC-97-220

Del Valle Group, Inc.

Peticionarias

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 1998.

De conformidad con la opinión Per Curiam que antecede y que

se hace formar parte de esta sentencia, se revocan las

resoluciones recurridas y se desestima el recurso instado

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones por falta de

jurisdicción.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo