LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

JUAN L. SEGARRA V. MUNICIPIO DE PEÑUELAS

1998 TSPR 75

Poder Judicial de Puerto Rico

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JUAN L. SEGARRA V. MUNICIPIO DE PEÑUELAS

CC-1997-103

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

JUAN LUIS SEGARRA FELICIANO

Demandante-Peticionaria

Certiorari

.V

98TSPR75

MUNICIPIO DE PEÑUELAS Y OTROS

Demandado-Recurrido

Número del Caso: CC-97-0103

Abogados Parte Peticionaria: LCDO. GUILLERMO MOJICA MALDONADO

Abogados Parte Recurrida: LCDO. GAMALIER PAGAN MARIN

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Ponce

Juez del Tribunal de Primera Instancia: HON. LEIDA GONZALEZ DEGRO

Tribunal de Circuito de Apelaciones: CIRCUITO REGIONAL V

Juez Ponente: Hon. FeLICIANO DE BONILLA

Fecha: 6/16/1998

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

uan Luis Segarra Feliciano

emandantes-Peticionarios

v.

CC-97-103

unicipio de Peñuelas, et al.

emandados-Recurridos

pinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor CORRADA DEL RIO, a la

ual se unen el Juez Presidente señor Andréu García, la Juez Asociada señora

aveira de Rodón y el Juez Asociado señor Hernández Denton.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 1998.

Nuevamente nos toca revisar un caso presentado por un ex

Director de la Defensa Civil Municipal en el cual se alega despido

por consideraciones políticas en contravención a la Primera

Enmienda de la Constitución Federal, así como a lo dispuesto por

el Art. II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto

Rico. A la luz del estado de derecho vigente a la fecha de los

hechos relevantes de este caso, resolvemos que éste no tenía

derecho a permanecer en su posición.

I

El peticionario, Juan Luis Segarra Feliciano,

militante activo del

Partido Popular Democrático (PPD)1, ocupó la posición de Director de la

Defensa Civil del municipio de Peñuelas desde junio de 1985 hasta marzo

de 1993. Había

sido

nombrado a dicha posición por el alcalde electo

del PPD en los comicios de 1984 y, luego de las elecciones de 1988, fue

nombrado otra vez por un nuevo alcalde del mismo partido político.

Este

segundo nombramiento -efectivo el 9 de enero de 1989- se produjo a pesar

de que, el 28 de diciembre de 1988, el peticionario le había cursado al

nuevo primer ejecutivo municipal una carta mediante la cual ponía a la

disposición de éste la plaza que había venido ocupando los pasados años.

De acuerdo a su propio testimonio, el peticionario hizo esto debido a

que sabía que la posición era de la confianza del nuevo alcalde y era

éste el que debía decidir acerca de su permanencia en el puesto. (Véase

Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, pág. 2.)

En las elecciones generales celebradas el 3 de noviembre de 1992,

resultó electo el candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista

(PNP). Este entró en funciones el 11 de enero de 1993 y le comunicó al

peticionario que debían reunirse porque iba a ser reubicado en otra

posición dentro del municipio.

Sin embargo, antes de que se produjera

dicha reunión, a finales del mismo mes de enero el peticionario

vacaciones,

1

durante

las

cuales

Veáse infra, nota al calce núm. 3

fue

tomó

notificado que había sido separado de su puesto.

el

alcalde,

con

fecha

de

1

de

marzo

de

La carta firmada por

1993,

le

informaba

al

peticionario que se prescindía de sus servicios a partir del 30 de

marzo

de

1993

debido

a

que

su

puesto

tenía

una

clasificación

de

confianza y por lo tanto era de libre selección y remoción.

Como consecuencia de esta acción, el 26 de abril de 1993, el

peticionario presentó una demanda de despido por razones políticas en

la cual reclamaba la reposición en el puesto de Director de la Defensa

Civil

municipal,

paga

retroactiva

y

compensación

por

los

daños

y

perjuicios sufridos como consecuencia del mismo. El Tribunal de Primera

Instancia desestimó la demanda concluyendo que conforme al estado de

derecho vigente, la naturaleza de las responsabilidades del cargo que

ocupaba el demandante exigía la afinidad política entre el Director

Municipal de la Defensa Civil y el alcalde, por lo que son válidas las

consideraciones políticas en el nombramiento de una persona a dicho

puesto.

Inconforme, el peticionario apeló al Tribunal de Circuito de

Apelaciones el cual confirmó el dictamen de instancia.

En su recurso, presentado oportunamente ante este Tribunal, el

peticionario señaló lo siguiente como único error cometido por el foro

a quo:

“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

negarse a revisar la Sentencia dictada por el Honorable

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce,

González Degró, Juez, bajo el fundamento de que el foro

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones de los

Tribunales de Instancia si están presentes en tales

hallazgos las circunstancias extraordinarias de error

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, y no

determinar que el Honorable Tribunal de Instancia cometió

error manifiesto al no aplicar a los hechos del caso la

jurisprudencia establecida en Rodríguez v. Padilla, 125

D.P.R. 486 y resolverlo a base del caso de López Carrillo

v. Soto Ayala, 737 F.Supp. 150.

Expedido el auto de certiorari el 4 de abril de 1997, y habiendo

comparecido

la

parte

recurrida

mediante

alegato,

confirmamos

las

sentencias recurridas y resolvemos que, a tenor con lo resuelto en

Rodríguez v. Padilla, 125 D.P.R. 486 (1990), McCrillis v. Autoridad de

Navieras

de

P.R.,

123

D.P.R.

113

(1989)

y

Ramos

v.

Secretario

de

112

Comercio,

D.P.R.

514

(1982),

y

las

leyes

vigentes

cuando

el

recurrente fue separado de su empleo, el cargo de Director Municipal de

la Defensa Civil es el de un formulador de política pública que exige la

afinidad política entre el alcalde y la persona que lo ocupa. Veamos.

II

La Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 23 de

junio de 1976, 25 L.P.R.A. sec. 171 et seq., dispone que el cargo de

Director

Municipal

de

la

Defensa

Civil

corresponde

al

servicio

de

confianza y, como tal, es un puesto de libre selección y remoción,

pudiéndose destituir a la persona que ocupa el mismo sin necesidad de

formular cargos ni celebrar vista previa. Véase Rodríguez v. Padilla,

supra, pág. 499.

No obstante lo anterior, en reiteradas ocasiones

hemos

el

resuelto

que

derecho

a

la

libre

asociación

y

a

no

ser

discriminado por ideas políticas, consagrados en la Primera Enmienda de

la Constitución federal, así como en las secs. 1, 4, 6 y 7 del Art. II

de la Constitución de Puerto Rico, también protegen a los empleados de

confianza por lo que éstos no pueden ser destituidos por el hecho de

militar en un partido distinto al de la autoridad nominadora. Rodríguez

v. Padilla, supra, pág. 499; McCrillis v. Autoridad de Navieras de

P.R., supra, pág. 137; Ramos v. Secretario de Comercio, supra, 516.

Como en cualquier otra acción civil, en los casos de reclamaciones

por

discriminación

política

recae

sobre

el

empleado

de

confianza

destituido el peso de la prueba en cuanto a que el despido se produjo

por motivaciones políticas.

A esos efectos, el empleado puede valerse

de la presunción creada por jurisprudencia en Báez Cancel v. Alcalde

Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972) mediante la cual el demandante

tiene

que

probar

dos

hechos

base

específicos:

(1)

que

no

existen

motivos racionales para su despido y (2) que ha sido sustituido por una

persona perteneciente a un partido distinto al suyo y afín al de la

autoridad nominadora. Rodríguez v. Padilla, supra, pág. 502; McCrillis

v. Autoridad de Navieras de P.R., supra, págs. 140-41.

de

ambos

supuestos

fácticos,

probados

por

la

La convergencia

preponderancia

de

la

evidencia, crea una presunción o inferencia de discrimen que provoca

una transferencia en el peso de la prueba y obliga al Estado a derrotar

la presunción de dos maneras: (a) mediante la refutación del hecho

presumido, o (b) a través de la demostración de que la identidad en

afiliación política entre el empleado y la autoridad nominadora es una

condición necesaria para el desempeño cabal de las funciones propias

del cargo público. Rodríguez v. Padilla, supra, pág. 500; McCrillis v.

Autoridad de Navieras de P.R., supra, págs. 142-43.2

Para refutar el hecho presumido una vez se establece un caso prima

facie de discriminación política, el Estado viene obligado a demostrar

que

el

demandante

fue

destituido

por

otras

irrespectivas de sus creencias ideológicas.

razones

válidas

De ser este el caso, el

empleado tiene entonces que establecer que su despido no se habría

producido, “salvo por (but for)” su afiliación política. McCrillis v.

Autoridad de Navieras de P.R., supra, pág. 142

Dicho

esto,

debemos

señalar

que,

conforme

a

la

doctrina

desarrollada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos

de Branti v. Finkel, 445 U.S. 507, (1980) y Elrod v. Burns, 427 U.S.

347, (1976) y adoptada por este Tribunal en Ramos v. Secretario de

Comercio, supra, la unidad de afiliación política entre la autoridad

nominadora

y

el

empleado

de

confianza

en

ocasiones

constituye

un

requisito válido a los fines de garantizar el recto y leal cumplimiento

de las responsabilidades del cargo que se ocupa.

eventualidad de que el Estado

2

Por ello, en la

logre

Sobre este particular, también debemos señalar que la presunción de

inconstitucionalidad de la actuación gubernamental no se activa por meras alegaciones

de discrimen político, sino que para que se configure el hecho presumido es necesario

que el demandante pruebe ambos hechos base conjuntamente. Véase Rodríguez v. Padilla,

supra, pág. 502; McCrillis v. Autoridad de Navieras de P.R., supra, pág. 140-42.

establecer

la

necesidad

de

dicha

sintonía

política,

el

derecho

constitucional a la libertad de asociación de la persona particular,

cede ante el interés público del Estado en preservar la eficacia y el

buen funcionamiento del gobierno. Rodríguez v. Padilla, supra, pág.

500; McCrillis v. Autoridad de Navieras de P.R., supra, pág. 139; Ramos

v. Secretario de Comercio, supra, pág. 516.

Finalmente, a los fines de determinar si la afinidad política es

un requisito idóneo para garantizar el descargo cabal de los deberes de

un

funcionario

público

de

confianza,

es

necesario

estudiar

minuciosamente las responsabilidades del puesto en controversia con el

objeto de precisar si éstas corresponden a las de un diseñador de

política pública, a las de un copartícipe de información confidencial o

a

las

de

cualesquiera

otro

empleado

cuyos

deberes

y

obligaciones

requieran algún grado de afinidad política. McCrillis v. Autoridad de

Navieras de P.R., supra, págs. 142-43.

III

Como

bien

señalaron

ambos

foros

a

quo

en

sus

respectivas

sentencias, el Cap. 211 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81

de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 4.251 et. seq., que trata

específicamente sobre la organización administrativa de los municipios,

nos revela que el cargo de Director de la Defensa Civil Municipal es

uno de los siete más importantes en el organigrama administrativo del

gobierno municipal, toda vez que la persona nombrada a ocupar dicho

puesto está a cargo de una de las siete unidades administrativas del

municipio.

Así surge del Art. 6.001 de la ley, 21 L.P.R.A. sec. 4251:

“La organización administrativa de la Rama Ejecutiva de cada

municipio responderá a una estructura que le permita atender

todas y cada una de las funciones y actividades de su

competencia, según las necesidades de sus habitantes, la

importancia de los servicios públicos a prestarse y la

capacidad fiscal del municipio de que se trate. Todo

municipio tendrá las siguientes unidades administrativas como

parte de su estructura organizacional:

(a) Oficina del Alcalde

(b) Secretaría Municipal

(c) Oficina de Finanzas Municipales

(d) Departamento de Obras Públicas

(e) Oficina de Administración de Recursos

Humanos

(f) Auditoría Interna

(g) Agencia Municipal de Defensa Civil”

Al analizar las responsabilidades del director de dicha unidad

administrativa, la juez de instancia, así como el panel unánime del

Tribunal de Circuito de Apelaciones, concluyeron acertadamente que las

mismas

corresponden

a

las

de

un

formulador

copartícipe de información confidencial.

recalcaron

que,

de

acuerdo

al

Art.

de

política

pública

y

Las sentencias de ambos foros

6.003

de

la

Ley

de

Municipios

Autónomos, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4253, los deberes de los directores

de las unidades administrativas municipales, son los siguientes:

“§4253 Unidades Administrativas-Directores; deberes.

Sin que se entienda como una limitación, los directores de

unidades administrativas tendrán respecto de las mismas, los

deberes que a continuación se establecen:

(a) Planificar y organizar el trabajo y dirigir, coordinar y

supervisar las funciones y actividades que debe llevar a cabo

la unidad administrativa bajo su responsabilidad o dirección.

(b) Coordinar las acciones y operaciones de sus respectivas

unidades

administrativas

con

las

demás

dependencias

municipales y en particular con aquellas que cumplen

funciones en los mismos campos o áreas de actividad.

(c) Impartir las instrucciones generales de carácter técnico

y administrativo que deben regir las actividades de la unidad

administrativa de que se trate.

(d) Establecer sistemas de control que permitan verificar el

cumplimiento cuantitativo y cualitativo de los programas,

proyectos y actividades de la unidad administrativa.

(e) Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales y

reglamentarias relativas a los asuntos bajo su dirección y

estudiar y resolver los diversos problemas.

(f) Poner a la disposición de los auditores internos, de los

auditores externos y de la Oficina del Contralor de Puerto

Rico,

los

libros,

expedientes,

registros,

documentos,

informes y cualesquiera otra información que éstos le

soliciten y sea pertinente para el desempeño de sus

funciones.

(g) Prestar asesoría y consejo a la Asamblea en los campos de

su competencia.

(h) Cooperar con el Comisionado en el diseño de la

organización fiscal y del sistema uniforme de contabilidad

computadorizado y los procedimientos de pagos, ingresos y

propiedad del municipio.

(i) Realizar las gestiones necesarias y adecuadas para la

entrega y transferencia ordenada de todos los documentos,

libros y propiedad bajo su custodia previo inventario al

efecto, en todo caso que cese en sus funciones como director

de la unidad administrativa de que se trate y en todo caso

que se produzca un cambio de administración, como lo dispone

la sec. 4111 de este título.

(j) Rendir informes periódicos al Alcalde sobre las

actividades y operaciones de la unidad administrativa y sobre

el desarrollo y logros de los programas, obras, actividades y

operaciones determinadas en los planes y proyecciones de la

unidad administrativa de que se trate.

(k) Rendir un (1) informe al Alcalde, quien lo enviará a la

Asamblea para la lectura por el Secretario de la misma en

sesión ordinaria. Dicho informe incluirá los logros en el

desarrollo de los planes y programas, las proyecciones de las

unidades administrativas y las áreas o aspectos que requieren

ser fortalecidos para lograr tales proyecciones.” (Enfasis

suplido).

Prácticamente todos estos deberes y facultades son propios de un

diseñador de política pública y ciertamente más de uno conlleva una

tarea que le corresponde a un copartícipe de información confidencial

con el Alcalde. (Véanse con especial atención los incisos (a), (d),

(g), (h), (j) y (k).)

Por otra parte, lo dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos

vino a complementar las responsabilidades ya conferidas por la Ley de

la Defensa Civil al director municipal de dicha unidad administrativa,

supra.

El

Art.

16

de

dicha

ley,

25

L.P.R.A.

sec.

171(o),

también

refleja que la formulación de política pública y la participación en

información

confidencial

con

el

alcalde

son

responsabilidades

inherentes a la posición del Director Municipal de la Defensa Civil.

Dicho artículo dispone en sus partes pertinentes que:

“§

171o. Agencias Municipales de Defensa Civil.

[...]

La Agencia Municipal de Defensa Civil será dirigida por un

Director Municipal de Defensa Civil nombrado por el Alcalde

en consulta con el Director Estatal. El nombramiento del

Director Municipal deberá ser aprobado por la Asamblea

Municipal.

El Director Municipal será responsable directamente al

Alcalde. No obstante, el Director Municipal organizará y

administrará la Agencia Municipal de Defensa Civil de acuerdo

con las directivas del Director Estatal. Sin embargo, se

confiere al Alcalde la facultad de hacer aquellos cambios de

personal que estime necesarios o convenientes dentro de la

Agencia Municipal de Defensa Civil.

[...]

Cada Agencia Municipal de Defensa Civil deberá preparar y

mantener al día un Plan Municipal de Operaciones para el

Control de Emergencias y de Desastres y remitir copia del

mismo

al

Director

Estatal.

El

Plan

Municipal

deberá

coordinarse, hasta donde sea posible, con el Plan Estatal.

Cada Agencia Municipal de Defensa Civil podrá dictar,

enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y

rescindir aquellas órdenes que sean necesarias para poner en

ejecución las medidas y actividades de defensa civil dentro

del municipio en cuestión. Los referidos reglamentos y

órdenes, sus enmiendas, revocaciones o rescisiones tendrán

vigencia tan pronto sean aprobados por el Director Estatal.

[...]” (Enfasis suplido.)

Las funciones, atribuciones y responsabilidades del Director de la

Defensa Civil de un municipio, según definidas por los Artículos 6.001

y 6.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, y la sección 171(o)

de la Ley de la Defensa Civil, supra, son abarcadoras y vitales para el

buen desempeño del Alcalde. De ahí la disposición tajante de que “[e]l

Director Municipal [de la Defensa Civil] será responsable directamente

al Alcalde.”

El

Director

de

la

Defensa

Civil

tiene

la

responsabilidad,

en

coordinación con el Director de la Defensa Civil Estatal, del diseño de

la política pública en el área de la defensa civil.

Además, tiene el

deber de coordinar, con todas las otras unidades administrativas del

municipio,

los

esfuerzos

para

estar

preparados

frente

a

cualquier

emergencia que pueda presentarse, como huracanes, inundaciones, fuegos,

explosiones, derrumbes de carreteras, accidentes aparatosos, terremotos

y otros desastres naturales o creados por el ser humano.

Precisamente en reconocimiento de la verdadera naturaleza de las

obligaciones del referido cargo, podemos interpretar que el legislador

ha

contemplado

que

el

nombramiento

de

un

director

de

unidad

administrativa municipal no excederá nunca el plazo de cuatro años que

dura la incumbencia del alcalde, a menos que éste decida retenerlo luego

de su reelección. Adviértase que la Ley de Municipios Autónomos obliga

al

alcalde

nombramiento

reelecto

de

a

aquellos

resometer

ante

directores

de

la

las

asamblea

unidades

municipal

el

administrativas

municipales que desee conservar en un segundo cuatrienio.

En este

sentido, el artículo 6.002 de dicha ley, 21 L.P.R.A. sec. 4252, dispone

lo siguiente en sus partes pertinentes:

“Funcionarios; nombramiento

[...]

(a) Término para someter nombramiento.- El Alcalde someterá a

la consideración de la Asamblea el nombramiento de toda

persona designada como director de unidad administrativa no

más tarde de los noventa (90) días siguientes a la fecha de

efectividad del nombramiento. Cuando el Alcalde no someta

dicho nombramiento en el término antes establecido, el

funcionario nombrado cesará inmediatamente en el cargo a la

fecha de expiración de dicho término.

(b) Término de la Asamblea para considerar nombramiento. La Asamblea deberá aprobar o rechazar los nombramientos de

funcionarios que somete el Alcalde no más tarde de los

treinta (30) días siguientes a partir de la fecha de

radicación en la oficina del Secretario de la Asamblea.

Cuando la Asamblea no apruebe ni rechace los referidos

nombramientos dentro del término de los treinta (30) días,

para todos los fines de ley se entenderá que fueron

confirmados por la Asamblea.

[...]

Al inicio de un nuevo cuatrienio, el Alcalde reelecto que

decida retener uno o más de los funcionarios deberá someter

su nombramiento como lo dispone el inciso (b) de esta

sección.”

Vemos, pues, que hasta un alcalde reelecto tiene la obligación de

ley de resometer, para la aprobación de la Asamblea Municipal, los

nombramientos de las personas que ocupan los puestos de directores de

las

distintas

unidades

administrativas

municipales.

Resulta

más

revelador aún, que el inciso (i) del Art. 6.003 establece como parte de

las responsabilidades del director municipal de la defensa civil, la

obligación de “[r]ealizar las gestiones necesarias y adecuadas para la

entrega y transferencia ordenada de todos los

documentos, libros y

propiedad bajo su custodia previo inventario al efecto, en todo caso que

cese en sus funciones como director de la unidad administrativa de que

se

trate

y

en

todo

administración”.(énfasis

caso

que

suplido).

se

produzca

un

cambio

de

Este

lenguaje

constituye

un

reconocimiento inequívoco por parte del legislador de que la persona que

ocupa el puesto de director de la unidad administrativa municipal de la

defensa civil no tiene derecho a permanecer en el mismo luego de un

cambio de administración, ni tiene expectativa razonable de continuar en

su empleo.

Por ello concluimos con certeza que, a tenor con lo dispuesto por

los precitados artículos, el nombramiento del director de la unidad

administrativa municipal de la defensa civil expira al finalizar el

cuatrienio dentro del cual fue nombrado por el alcalde y confirmado por

la Asamblea Municipal. Este lenguaje no es sino el reconocimiento por

parte del legislador de que, debido a la naturaleza de las funciones

desempeñadas

por

los

directores

de

unidades

administrativas,

la

autoridad para hacer dichos nombramientos recae en el alcalde que asume

por vez primera la incumbencia como ejecutivo municipal, o del que es

reelecto en el cargo.

No

tiene

tribunales

a

razón

quo

no

el

peticionario

alcanzaron

el

al

señalar

resultado

como

error

idéntico

que

los

obtenido

en

Rodríguez v. Padilla, supra.

En el caso de autos, la controversia se distingue claramente de lo

resuelto por este Tribunal en febrero de 1990 en el caso de Rodríguez

v. Padilla, supra. Allí sostuvimos la consecuencia lógica de la norma

enunciada en McCrillis v. Autoridad de Navieras, supra, y discutida más

arriba: cuando un empleado de confianza establece un caso prima facie

de discrimen político, el Estado viene obligado a refutar efectivamente

la presunción o a demostrar que el cargo en cuestión es uno de aquellos

para cuyo fiel desempeño la afinidad política es un requisito adecuado;

de lo contrario, los tribunales vienen obligados a fallar a favor del

demandante.

El

peticionario

señala

que

este

Tribunal

debe

revocar

las

sentencias recurridas debido a que “la parte demandada no probó que la

afiliación

política

del

demandante

[...]

fuera

un

requisito

indispensable para el desempeño del cargo [...]”. Según éste, la única

prueba

desfilada

por

el

municipio

consistió

en

el

testimonio

del

alcalde mediante el cual se intentaba derrotar el caso prima facie de

discriminación política.

Como parte de la prueba desfilada por el

demandado el primer ejecutivo municipal declaró que los directores de

las unidades administrativas, como el de la Defensa Civil, son los que

contribuyen a realizar la obra de gobierno y por ello deben tener

lealtad para con el alcalde. Siendo el demandante un activista político

del partido

contrario,

se

entendía

que

no

iba

tener esa

lealtad.3 Sin embargo, contrario a lo ocurrido en Rodríguez, en el caso

de

autos

surge

peticionario

no

claramente

cumplió

de

con

la

el

sentencia

de

instancia

requisito

previo

de

a

decisión

que

el

activar

la

presunción de discrimen4.

Finalmente,

con

posterioridad

nuestra

en

Rodríguez,

supra, la Asamblea Legislativa aprobó, en agosto de 1991 la aludida Ley

de Municipios Autónomos, arrojando nueva

luz

sobre

la

naturaleza de

las responsabilidades y

3

En la sentencia de instancia se señala: “[e]l demandante pertenecía al PPD antes y

mientras ocupó el puesto [en controversia] y era un activista político de su partido.

Ocupó varios puestos en el partido, incluyendo el de Comisionado Alterno, secretario y

representante a la Junta de Inscripción Permanente. [...].”

4

El peticionario no ofreció prueba alguna que estableciera un caso prima facie de

discrimen político como lo exige nuestra jurisprudencia sobre esta materia.

Por el

contrario, el peticionario sugiere que se debe considerar establecido el caso de

discrimen por la declaración del alcalde demandado a los efectos de que entendía que

el puesto de director municipal de la defensa civil era uno donde la identidad entre

afiliación política de la persona que lo ocupaba y la autoridad nominadora, eran

necesarias para el buen funcionamiento de la administración pública. Tal “admisión”

surge dentro del contexto de declaraciones realizadas con el propósito de rebatir una

presunción de discrimen que nunca fue activada según lo establecido en McCrillis,

supra.

Allí señalamos que el demandado “puede presentar cualquiera de sus dos (2)

defensas, o ambas, luego de que el demandante haya probado los hechos básicos

necesarios para que entre en vigor la presunción de Báez Cancel v. Alcalde Mun. de

Guaynabo, supra, y haya establecido su caso prima facie”. Id., pág. 142. No se puede

tomar como admisión

directa de discrimen la declaración del alcalde encaminada a

derrotar el caso prima facie de discriminación política, según se lo permite

expresamente la jurisprudencia aplicable. De lo contrario, ¿cómo podría el Estado

derrotar la presunción de discrimen presentando ambas defensas según lo señalado en

McCrillis, si al ofrecer evidencia de que las responsabilidades del puesto son de una

naturaleza tal que hacen de la afinidad política de la persona que lo ocupa un factor

determinante para el fiel desempeño del cargo, se estaría, según sostiene el

peticionario, ofreciendo prueba directa de discrimen?

deberes del cargo de director municipal de la unidad administrativa de

la defensa civil. Como señalamos anteriormente, ambos tribunales muy

correctamente pusieron particular énfasis en las disposiciones del Art.

6.003 de dicha ley (responsabilidades y deberes de los directores) al

momento de resolver que, debido a la naturaleza de sus funciones, el

cargo de director de la unidad administrativa municipal de la defensa

civil es uno que puede válidamente requerir la armonía política entre la

persona que lo ocupa y el alcalde.

El peticionario intima que los tribunales a quo estaban impedidos

de considerar tales disposiciones, que son de tanta importancia a los

fines de resolver justicieramente la controversia en el caso de marras,

debido a que, alegadamente, nunca se pasó prueba sobre las funciones que

llevan a cabo los directores de las unidades administrativas. Aunque de

la

sentencia

presentadas

demandado

de

en

o

instancia

evidencia

si,

por

no

como

el

surge

parte

si

del

contrario,

las

disposiciones

desfile

tales

de

la

fueron

prueba

consideraciones

del

fueron

levantadas sua sponte por el tribunal de instancia, tal disquisición

resulta ser irrelevante.

peticionario,

el

Si este último fuera el caso, como alega el

resultado

alcanzado

por

los

foros

quo

se

vería

“[...]obligados

a

tomar

conocimiento judicial de las Constitución y leyes del Estado

Libre

Asociado

12

a

inalterado.

Los

tribunales

de

Puerto

de

Rico

justicia

[...]”.

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 12.

están

(énfasis

suplido).

Regla

de

Sobre este particular, nos señala

el distinguido profesor Rolando Emmanuelli en su Prontuario de Derecho

Probatorio Puertorriqueño, Ed. CORRIPIO (1994), pág. 122 que:

“Es cuestionable que se ignore una disposición [...] de

ley por el mero hecho de que las partes no solicitaron y

pusieron en condiciones al tribunal para que tomara

conocimiento

judicial.

Los

tribunales

existen

para

aplicar las leyes a los hechos y de esa forma resolver

las controversias.

¿Como es posible que dentro de esa

función esencial de un tribunal tenga margen para ignorar

una disposición legal aplicable al caso porque no se le

ofreció la oportunidad de “conocerla”?

(énfasis suplido).

Este lenguaje directo resalta algo elemental y evidente: que al

adjudicar

pueden

las

controversias

resolver

jurídicos

al

margen

aplicables

en

presentadas

de

lo

nuestra

ante

sí,

los

tribunales

dispuesto

por

los

ordenamientos

El

argumento

jurisdicción.

no

del

peticionario ignora las disposiciones pertinentes de la Ley de Municipos

Autónomos y choca contra la descripción allí contenida de los verdaderos

deberes y responsabilidades del director municipal de la defensa civil.

Por

todo

lo

responsabilidades

Municipio

de

anterior,

y

del

de

puesto

Peñuelas,

así

en

vista

de

la

naturaleza

Director

de

la

Defensa

como

del

lenguaje

de

las

Civil

del

utilizado

por

el

legislador en todo lo referente a los nombramientos de los directores

de las unidades administrativas municipales, nos vemos compelidos a

concluir que la afinidad política con la autoridad nominadora es un

requisito adecuado para garantizar el fiel y leal desempeño del cargo

público aquí envuelto.

Procede, pues, la confirmación de las sentencias recurridas y la

desestimación de la acción instada por el demandante peticionario. Se

dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RIO

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Luis Segarra Feliciano

Demandante-Peticionario

CC-97-103

CERTIORARI

v.

Municipio de Peñuelas, et al.

Demandados-Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de

1998.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión

precedente, la cual se hace formar parte de esta

sentencia, se confirman las sentencias recurridas

y

se

desestima

la

acción

instada

por

el

demandante-peticionario.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri disiente con opinión

escrita a la cual se une el Juez Asociado señor

Rebollo López. El Juez Asociado señor Negrón

García no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

JUAN LUIS SEGARRA FELICIANO

Demandante-Peticionario

vs.

CC-97-103

CERTIORARI

MUNICIPIO DE PEÑUELAS Y OTROS

Demandado-Recurridos

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGER, a la

cual se une el Juez Asociado señor REBOLLO LOPEZ.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 1998.

“I hold the hope that in calmer times,

when present pressures, pasions and

fears subside, this or some later Court

will

restore

the

First

Amendment

liberties to the high preferred place

where they belong in a free society.”

Hugo Black

Otra vez más

en el pasado reciente, este

Tribunal elude su función de dar plena vigencia a

las garantías constitucionales establecidas en

nuestro ordenamiento jurídico para la protección de

los derechos individuales. Otra vez más, antepone

los intereses egoístas del tribalismo político por

encima de los valores de la igualdad y del bien

común. Otra vez más deja pasar la oportunidad para

extirpar

de

5

5

Véase mis opiniones disidentes sobre el particular en

Zambrana v. González, sentencia del 10 de junio de 1998; en

Irizarry v. E.L.A., op. de 19 de marzo de 1997, 142 D.P.R.

__, 97 JTS 33; y en García v. Mun. de Arroyo, op. de 15 de

mayo de 1996, 140 D.P.R. __, 96 JTS 68.

raíz el grave vicio del discrimen partidista, que permea la administración

pública del país, sea ésta azul o roja. En esta ocasión, la decisión de

la mayoría no sólo carece de las altas miras que debe caracterizarle, sino

que es además patentemente contraria a numerosas opiniones de este Foro,

emitidas en tiempos más esclarecidos cuando prevalecía una actitud más

denodada entre sus integrantes. Veamos.

I

Tenemos ante nos de nuevo el recurrente problema6 del

despido político de un director municipal de defensa civil.

Nos

corresponde determinar si tal despido, basado en consideraciones políticopartidistas, es válido.

A.

Los hechos

El recurrente fue nombrado y juramentado para el

cargo de Director de la Defensa Civil del Municipio de Peñuelas, en junio

de 1985, por un alcalde perteneciente al Partido Popular Democrático, al

cual el recurrente estaba afiliado y en el que militaba activamente.

En las elecciones generales de 1992, resultó electo el candidato a

alcalde del Partido Nuevo Progresista.

A raíz de ello, se le informó al

recurrente que se le iba a reubicar en otro puesto, razón por la cual debía

presentarse

a

la

Oficina

de

Personal

del

Municipio.

Siguiendo

esa

directriz, el recurrente acudió en varias ocasiones a dicha oficina, pero

nunca se le informó cuál sería su nuevo estatus ocupacional.

El 1 de marzo

de 1993, estando el recurrente de vacaciones, se le notificó que se le

separaría del cargo que había estado ocupando por más de siete años.

de abril de 1993, el recurrente instó la demanda de autos.

El 26

Reclamó la

reposición al puesto de Director Municipal de la Defensa Civil; adujo haber

sido despedido por razones políticas.

Luego de haberse celebrado la vista

correspondiente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda y

concluyó que, conforme las leyes pertinentes, el cargo en cuestión era uno

de libre nombramiento y remoción, por ser de naturaleza política, y que

como tal, la afiliación política del candidato era un asunto que podía

tomarse

válidamente

en

cuenta

al

decidir

sobre

el

particular.

Como

cuestión de hecho, determinó que el despido del recurrente se había basado

en consideraciones político-partidistas.

6

Hemos encarado antes este asunto.

Véase, Rodríguez Cruz v. Padilla

Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990);

Navedo v. Municipio de Barceloneta, 113

D.P.R. 421 (1987); Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D.P.R. 870

(1975); Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1971).

Inconforme con este dictamen, el recurrente acudió ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Dicho foro confirmó la sentencia de instancia, al

resolver también que el cargo en cuestión era de tal naturaleza que la

afiliación política del candidato a nombramiento era una consideración

válida a tomarse en cuenta.

El

recurrente

entonces

acudió

a

nos

oportunamente

e

hizo

el

siguiente señalamiento de error:

“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

negarse a revisar la Sentencia dictada por el Honorable Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, González Degró,

Juez, bajo el fundamento de que el foro apelativo sólo intervendrá

con las determinaciones de los Tribunales de Instancia si están

presentes en tales hallazgos las circunstancias extraordinarias de

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, y no determinar

que el Honorable Tribunal de Primera Instancia cometió error

manifiesto al no aplicar a los hechos del caso la jurisprudencia

establecida en Rodríguez Cruz v. Padilla, 125 D.P.R. 486 y

resolverlo a base del caso de López Carrillo v. Soto Ayala, 737 F.

Supp. 150.”

El 4 de abril de 1997 expedimos el certiorari solicitado.

B.

El precedente aplicable al caso

Como puede observarse, el recurrente nos pide que resolvamos conforme

lo

esbozado

en

Rodríguez

Cruz

v.

Padilla

Ayala,

supra,

(en

adelante,

Rodríguez Cruz), y por tanto, que revoquemos la sentencia del Tribunal de

Circuito

de

Apelaciones

que

es

contraria

a

ello.

Tiene

razón

el

recurrente.

El esquema jurídico aplicable al caso de autos es sencillo.

Lo

formulamos de manera clara en Rodríguez Cruz, supra,: Cuando un empleado

público de confianza que ha sido despedido establece un caso prima facie o

presunción de discrimen político,

“. . . se transfiere al Estado el peso de la prueba para que

refute

la

evidencia

de

discrimen

presentada

o

pruebe

afirmativamente que la afiliación política es “requisito

apropiado” para el desempeño efectivo del cargo en cuestión”.

Id., a las págs. 502-503.

Según la norma consagrada en nuestra jurisprudencia, activada la presunción

de discrimen político, el Estado, tiene entonces sólo dos opciones: refutar

la prueba de discrimen político presentada por el demandante, o en su

defecto, probar que la afiliación política es un requisito apropiado para

el desempeño efectivo del empleado en el cargo en cuestión.

La norma aludida está firmemente enraizada en nuestra jurisprudencia.

Como expresamente señalamos en McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123

D.P.R. 113, 139, (en adelante, McCrillis), se trata de una norma probatoria

de naturaleza constitucional.

La referida obligación de “desfilar prueba”,

que recae sobre la autoridad que despidió al empleado de confianza, la

reconocimos por primera vez en Báez Cancel v. Alcalde de Mun. Guaynabo,

supra, y la hemos reiterado desde entonces en numerosas ocasiones, incluso

en otro caso que, como Báez Cancel y como Rodríguez Cruz, también trataba

sobre el despido de un director municipal de defensa civil. Navedo v. Mun.

de Barceloneta, supra. Véase, además, Feliciano v. Mun. de Fajardo, 115

D.P.R. 675 (1984); Colón v. CRUV, 115 D.P.R. 503 (1984);

de la Vivienda, 114 D.P.R. 763 (1983);

260 (1982);

Clemente v. Dpto.

Franco v. Mun. de Cidra, 113 D.P.R.

Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982).

En el caso de autos, el foro de instancia entendió que el despido en

cuestión se basó en razones partidistas.

En efecto, según lo expresó dicho

tribunal, el propio alcalde que despidió al recurrente admitió en la vista

de instancia que “los directores de dependencias del Municipio, como el de

la Defensa Civil, son los que contribuyen a que se lleve a cabo la obra de

gobierno y por ello deben tener lealtad para con el Alcalde y siendo el

demandante un activista político del partido contrario, se entendía que no

iba a tener esa lealtad”.

La determinación judicial aludida, de que la

razón del despido fue el activismo político del recurrente, nos obliga.

Ello conforme la reiterada norma de que no alteraremos las conclusiones de

hecho del foro de instancia, cuando no se ha demostrado que éste haya

incurrido en error, prejuicio o parcialidad al formularlas.

v. Manzano Poza, op. de 25 de junio de 1996, 141 D.P.R.

Quiñones López

, 96 JTS 95.

La aludida admisión del alcalde que despidió al recurrente activó la

presunción de discrimen político, la cual el Estado no refutó.

La

admisión de motivaciones políticas, por parte del propio alcalde que

despidió al recurrente en el caso de autos, es idéntica a la que activó la

presunción de discrimen político en Rodríguez Cruz, supra.

En éste, la

prueba de discrimen político que aceptamos como suficiente para establecer

dicha presunción consistió precisamente en la admisión del alcalde Padilla

de que había destituido al director de defensa civil anterior porque éste

no pertenecía a su partido político y por tanto, no era de su confianza.

Id., a la pág. 505.

Por otro lado, el caso de autos es también idéntico al de Rodríguez

Cruz en cuanto a que la autoridad nominadora no cumplió con la norma

probatoria para refutar la prueba de discrimen político del demandante.

Como en Rodríguez Cruz, en el caso de autos no hay nada en el expediente

que demuestre que la autoridad nominadora refutó la presunción de

discrimen, o que probó que la afiliación partidista era un requisito

apropiado para el desempeño del cargo de Director Municipal de la Defensa

Civil.

El foro de instancia determinó a base de la prueba que dicho

funcionario había sido destituido por razón de su afiliación política,

pero entonces concluyó, motu proprio, que tal afiliación era requisito

apropiado para dicha posición. No se pasó prueba sobre tal asunto, como

lo requiere la jurisprudencia citada. Sencillamente, el foro de instancia

llegó a tal conclusión por su cuenta, como cuestión de derecho,

amparándose para ello en una sentencia del tribunal de distrito federal de

Puerto Rico. No llegó a la referida conclusión por prueba presentada por

la autoridad nominadora demandada. Erró, pues, al proceder de tal modo.

Debe enfatizarse que en el caso de autos, como en Rodríguez Cruz,

supra, la única razón ofrecida para el despido en cuestión fue la de que

el funcionario no tenía la confianza del alcalde, por no pertenecer a su

partido político. El despido ocurrió dos meses después de que el nuevo

alcalde ocupase su cargo, y en ningún momento se alegó que se le destituía

por entender que el término del director municipal de defensa civil había

expirado.

En resumen, pues, el caso de autos es idéntico en todos los extremos

pertinentes al de Rodríguez Cruz, supra.

Se trata de un despido

presuntamente ocasionado sólo por discrimen político, en el cual el Estado

no desfiló prueba para derrotar la presunción. Por ende, para honrar la

clara doctrina constitucional que prevalece en nuestra jurisdicción, y ser

fieles a nuestros propios precedentes, debemos resolver aquí de igual modo

que hicimos en Rodríguez Cruz, supra.

II

La mayoría del Tribunal, por razones realmente inexplicables,

abandona lo resuelto y pronunciado en Rodríguez Cruz, supra, aunque tal

caso es en lo esencial idéntico al de autos. Rehusa aplicarlo aquí, sin

que haya razones válidas para distinguir un caso del otro.

La mayoría le da gran énfasis a que supuestamente el cargo aludido

tiene ahora un término fijo, e intima así que el nombramiento del

recurrente había expirado. Ello, sin embargo, no constituye realmente un

fundamento suficiente para no seguir aquí el precedente de Rodríguez Cruz,

supra. Veamos.

La Ley de Municipios Autónomos vigente no fija un término de duración

para el cargo de director de una unidad administrativa municipal.

En

cambio, dispone de manera expresa que dichos cargos serán de confianza (21

L.P.R.A. sec. 1350).

Los cargos de confianza, como se sabe, están fijados

por ley como de libre selección y remoción (3 L.P.R.A. sec. 1350).

La Ley Municipal de 1960 disponía expresamente que los directores de

unidades

administrativas

municipales

desempeñarían

sus

término para el cual el alcalde hubiese sido electo”.

cargos

“por

el

(21 L.P.R.A. sec.

1263, derogada).

El alcalde sólo los podía despedir por justa causa,

previa formulación de cargos.

La Ley Orgánica de los Municipios de 1980 alteró fundamentalmente el

esquema de la ley anterior sobre lo que aquí nos concierne.

Por primera

vez se dispuso en ésta que los directores de las unidades administrativas

municipales serían empleados de confianza, a ser nombrados por el alcalde

sujeto a confirmación de la Asamblea Municipal.

Se eliminó todo lo

relativo al término del nombramiento y el despido por justa causa.

ley,

además,

estableció

un

procedimiento

detallado

para

Esta

regular

lo

relativo a la aludida confirmación de dichos nombramientos, que la Ley de

Municipios Autónomos vigente recoge esencialmente en su Artículo 6.002.

Sin embargo, este artículo contiene una disposición que no aparecía en la

ley anterior, que provee para que el alcalde reelecto que decida retener

algún funcionario municipal, deba obtener de nuevo la aprobación de la

Asamblea Municipal.

Quizás

pueda

interpretarse

que

la

disposición

aludida

fija

tácitamente un término a los cargos en cuestión, aunque ello no es tan

claro

a

la

luz

del

historial

disposición

sólo

significa

que

relatado

los

antes.

cargos

son

Podría

de

ser

libre

que

esa

selección

y

remoción por el alcalde, pero que para que el incumbente los ocupe por un

segundo

término,

debe

obtener

el

aval

de

la

Asamblea

Municipal.

Ciertamente, el texto del artículo aludido está dedicado mayormente a

regular lo relativo a la referida confirmación por la Asamblea Municipal.

Sin embargo, debe notarse que independientemente de si la ley vigente

de modo tácito fija un término o no, ello no puede prevalecer sobre la

protección constitucional que precluye el discrimen político.

Si es

ilícito destituir a un empleado de confianza por discrimen cuando no se ha

probado que la afiliación partidista es un requisito indispensable del

cargo, también lo es destituir a un empleado de término fijo, si ello se

hace sólo por discrimen político. En el caso de epígrafe, el funcionario

fue despedido dos meses después del nuevo alcalde ocupar su cargo, no

porque el término hubiese expirado dos meses antes, sino por razón de su

afiliación partidista.

En ningún momento se alegó que se le destituía

porque el cargo hubiese expirado.

Por ello, el argumento sobre la

duración del nombramiento del recurrido es realmente una pobre

racionalización para encubrir el craso discrimen político que la mayoría

legitimiza en su opinión.

III

En su opinión, la mayoría del Tribunal emite su decisión aunque

carece de prueba sobre la cuestión de si la afiliación política es un

requisito necesario para el desempeño del cargo de director municipal de

defensa civil. Se aparta de la doctrina establecida sobre el particular y

sustituye la falta de prueba por un análisis parcializado de las normas

relativas a la Defensa Civil.

De ese modo fuerza la conclusión de que

para los nombramientos al cargo en cuestión, la afiliación partidista es

un requisito idóneo.

Debe resaltarse que este proceder constituye un claro abandono de la

doctrina sobre el particular que este Tribunal tenía establecida.

Como

hemos indicado ya, en Rodríguez Cruz, supra, este Tribunal le ordenó al

Alcalde de Trujillo Alto, del Partido Popular, a reponer en el puesto de

Director de la Defensa Civil Municipal al funcionario que ocupaba dicho

cargo anteriormente, cuando el alcalde era del Partido Nuevo Progresista.

Nuestro dictamen en ese caso reconoció que el cargo en cuestión era uno

de

confianza.

destitución

del

No

obstante,

decidimos

funcionario

en

allí

cuestión

que

en

obedeció

vista

a

de

que

la

motivaciones

políticas, el nuevo alcalde popular no podía sustituirlo porque éste “no

presentó prueba alguna de que la afiliación política [del funcionario]

fuera un requisito apropiado para el desempeño efectivo del cargo.”

a la pág. 499.

Id.,

Reiteramos en dicha opinión la norma constitucional de

que aun en cargos de confianza, una vez se establece un caso prima facie

de discrimen político, “se transfiere al Estado el peso de la prueba para

que refute la evidencia de discrimen presentada o pruebe afirmativamente

que la afiliación política es un requisito apropiado para el desempeño

efectivo del cargo en cuestión”.

Id., a las págs. 502-503.

Nuestro dictamen en Rodríguez Cruz, supra, fue consecuencia directa

de dos opiniones previas emitidas en 1982.

En Ramos v. Srio. de

Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982), ya habíamos resuelto que aun en casos de

cargos públicos de confianza, una persona no podía ser destituida sólo

por razón de afiliación partidista, a menos que la autoridad nominadora

desfilara “prueba demostrativa de que la afiliación política particular

del empleado es requisito apropiado para el desempeño efectivo del cargo

en cuestión.”

Id., a la pág. 516.

El otro caso fue el de Navedo v.

Municipio de Barceloneta, 113 D.P.R. 421 (1982), en el cual devolvimos a

JASAP el caso de un Director Municipal de la Defensa Civil que había sido

destituido por un nuevo alcalde, para examinar si dicho alcalde podía

demostrar que la afiliación partidista del funcionario era un requisito

apropiado para el desempeño del cargo.

La mayoría descansa en McCrillis v. Autoridad de Navieras, supra,

para tratar de justificar su decisión, pero resulta que ello sólo puede

hacerse si se distorsiona lo allí resuelto, como lo hace la mayoría aquí.

En efecto, la decisión de este Tribunal en McCrillis

v.

Autoridad

de

Navieras, supra, es enteramente consistente con las decisiones previas y

posteriores a ésta, que ya han sido mencionadas.

Al igual que en

Rodríguez Cruz, supra, que en Navedo v. Mun. de Barceloneta, supra, y que

en Ramos v. Srio. de Comercio, supra, en McCrillis, supra, se señaló

claramente que para derrotar la protección constitucional que tienen aún

los empleados públicos de confianza de no sufrir discrimen político, era

necesario “desfilar prueba demostrativa de que la afiliación política es

un requisito apropiado para el desempeño efectivo del cargo en cuestión”.

McCrillis,

supra,

a

autoridad

nominadora

la

pág.139.

“viene

Se

obligada

dijo

a

en

dicha

ofrecer

opinión,

prueba

que

la

conducente

a

demostrar la no existencia [de dicho requisito]” Id., a la pág. 141.

Más

importante aun, en McCrillis, supra, a la pág. 143, se citó nuestra

decisión previa en Feliciano v. Mun. de Fajardo, supra, y en Colón v.

Alcalde de Ceiba, 112 D.P.R. 740 (1982), para reiterar que al examinar si

la afiliación partidista es un requisito adecuado para un cargo, “es

preciso considerar los poderes inherentes a un puesto en particular, visa-vis las funciones desempeñadas por el funcionario particular que ocupa

ese puesto”.

Es decir, que no basta examinar meramente cuáles son los

deberes del cargo, sino que es necesario profundizar en cuanto a cuáles

son las funciones realmente desempeñadas, lo que a su vez depende de la

prueba correspondiente.

Así se había establecido antes, en Feliciano v.

Mun. de Fajardo, supra, y en Colón v. Alcalde de Ceiba, supra, en los

cuales se había resuelto que “no es la etiqueta ni la descripción escrita

de los deberes lo determinante, sino la naturaleza real de las funciones”

Id., a las págs. 679 y 744-45, respectivamente.

En resumen, pues, hasta ahora existía una clara corriente

jurisprudencial, reiterada una y otra vez en muchas decisiones de este

Tribunal, en cuanto a que, para determinar si la afiliación política es

condición indispensable para el desempeño de un puesto, era necesario

investigar lo que realmente se hacía en dicho puesto, con arreglo a la

prueba

correspondiente.

Se

trataba

de

una

cuestión

de

hecho

primordialmente. Normas relativas al cargo, como las que se analizan en

la opinión mayoritaria existían igualmente en los precedentes antes

citados, pero este Tribunal no las examinó, en ninguno de ellos, ni se

refirió a tales normas de modo alguno.

Es evidente que se entendía en

dichos precedentes, que la determinación sobre la idoneidad de la

afiliación política para el desempeño del cargo era una cuestión fáctica,

no normativa.

Eso fue lo que este Foro había resuelto en términos

expresos y claros en los precedentes aludidos, de los cuales ahora la

mayoría se aparta.

IV

Por otro lado, el aludido análisis normativo que hace la mayoría es

uno muy parcializado.

Se toman en cuenta algunas normas relativas al

cargo de director municipal de defensa civil, pero se menosprecian otras,

que son de mayor importancia.

Si se examinan cuidadosamente las leyes

relativas al cargo en cuestión, se notará que aunque un Director de la

Defensa Civil Municipal es nombrado por el alcalde correspondiente, su

primordial obligación en dicho cargo es la de implantar en el municipio las

directrices gubernamentales provenientes exclusivamente de la Defensa Civil

Estatal.

Es decir, la función principal del director municipal es la de

llevar a cabo localmente las políticas sobre defensa civil que establece el

Director Estatal.

Ello surge claramente de lo dispuesto, por un lado, en

la sección 171o de la Ley de la Defensa Civil, supra, que establece, en lo

pertinente, lo siguiente:

Agencias Municipales de Defensa Civil

“Se ordena a todos los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico a establecer una Agencia Municipal de Defensa Civil, de acuerdo

con las directivas que el Director Estatal establezca a esos fines,

según dispone la sec. 171e(N)(i) de este título.

La Agencia Municipal de Defensa Civil será dirigida por un Director

Municipal de Defensa Civil nombrado por el Alcalde en consulta con el

Director Estatal. El nombramiento del Director Municipal deberá ser

aprobado por la Asamblea Municipal.

El Director Municipal será responsable directamente al Alcalde.

No

obstante, el Director Municipal organizará y administrará la Agencia

Municipal de Defensa Civil de acuerdo con las directivas del Director

Estatal.

Sin embargo, se confiere al Alcalde la facultad de hacer

aquellos cambios de personal que estime necesarios o convenientes

dentro de la Agencia Municipal de Defensa Civil.

La Agencia Municipal de Defensa Civil de cada municipio ejercerá sus

funciones dentro del límite jurisdiccional del municipio, pero podrá

ejercer aquellas funciones fuera del límite municipal que sean

necesarias a los propósitos de este Capítulo o que le sean requeridas

por el Director Estatal o por el Gobernador. [. . .]

El presupuesto de gastos de la Agencia Municipal de Defensa Civil

deberá ser preparado en consulta con el Director Estatal y antes de

ser sometido al Secretario de Hacienda.

Cada Agencia Municipal de Defensa Civil deberá preparar y mantener al

día un Plan Municipal de Operaciones para el Control de Emergencias y

de Desastres y remitir copia del mismo al Director Estatal. El Plan

Municipal deberá coordinarse, hasta donde sea posible, con el Plan

Estatal.

Cada Agencia Municipal de Defensa Civil podrá dictar, enmendar y

revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y rescindir aquellas

órdenes que sean necesarias para poner en ejecución las medidas y

actividades de defensa civil dentro del municipio en cuestión.

Los

referidos reglamentos y órdenes, sus enmiendas, revocaciones o

rescisiones tendrán vigencia tan pronto sean aprobados por el Director

Estatal. [. . .]” (Enfasis suplido)

Por otro lado, la Ley Núm. 51 de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A.

sec. 4001 et seq., también conocida como Ley de Municipios Autónomos,

dispone específicamente que la Agencia Municipal de Defensa Civil es una de

las unidades administrativas de cada municipio.

Sin embargo, contrario a

lo que sucede con todas las demás unidades administrativas, la Agencia

Municipal de Defensa Civil no queda sujeta por dicha Ley a las autoridades

municipales, sino al Director Estatal de la Defensa Civil.

Dispone así la

sección 4253 de la Ley de Municipios Autónomos:

“La organización administrativa de cada municipio, así como

las demás funciones específicas que se asignen a las distintas

unidades administrativas y su coordinación serán reguladas

mediante sus respectivos reglamentos orgánicos y funcionales

aprobados por la Asamblea [municipal], excepto que dicha

aprobación no será requerida para la Agencia Municipal de Defensa

Civil.

En cuanto a esta última, el Director de la Agencia

Municipal de Defensa Civil organizará y administrará dicha unidad

de acuerdo con las directrices del Director Estatal de

conformidad con las secs. 171 et seq. del Título 25, conocidas

como “Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico. [. . .]” (Enfasis

suplido.)

De lo señalado antes surge claramente que las labores de un Director

de

la

Defensa

Civil

Municipal

están

dirigidas

primordialmente

a

la

implantación de la política pública previamente formulada por el Director

Estatal de la Defensa Civil.

El director municipal, pues, es esencialmente

un ejecutante, no un diseñador de política pública.

Debe considerarse, además, que la política pública que implanta el

director municipal de defensa civil no es la del alcalde o la de la

Asamblea Municipal sino la que se desarrolla estatalmente, para todo el

país.

Por ello, las funciones que realiza un director municipal son

esencialmente similares a las que realizan todos los otros directores

municipales de la Defensa Civil en Puerto Rico.

Se trata de labores y

tareas uniformes, que en lo medular no varían de municipio a municipio.

La responsabilidad pública y gerencial de estos funcionarios no está

primordialmente atada a la obra de gobierno específica que ha formulado un

alcalde particular u otro, sino que responde más bien a fines y criterios

estatales, que rebasan los objetivos políticos propios de las autoridades

municipales.

Esta visión de la función de un director municipal de defensa civil

ya la habíamos formulado y reiterado en casos anteriores, que la mayoría

desechó totalmente. En Collazo Cartagena v. Hernández Colón, supra, este

Tribunal resolvió que la Ley de Defensa Civil prevalece sobre la Ley

Municipal en casos de controversias sobre el personal de defensa civil.

Tanto en Collazo Cartagena, supra, como en Báez Cancel, supra, se hizo

hincapié

en

que

la

defensa

civil

es

una

tarea

que

por

su

propia

naturaleza requiere centralización en sus funciones y operaciones.

Se

intimó

76

claramente

que

la

injerencia

local

por

los

alcaldes

de

municipios puede dar lugar a conflictos de criterio que entorpecerían la

acción efectiva en casos de emergencias graves.

Báez Cancel, supra, a la

pág. 991.

La Ley de Defensa Civil vigente no es idéntica a la que estaba en

vigor cuando se decidieron estos dos casos. Pero, en lo esencial, la ley

actual sujeta al director municipal a las directivas del Director

Estatal. Más aun, el director municipal también está sujeto a dirección

y control directo por el propio Gobernador de Puerto Rico, mediante

proclama, en situaciones de emergencia o de desastre.

25 L.P.R.A. sec.

1718. Ya habíamos establecido, pues, la naturaleza poco local del cargo

en cuestión, aunque la mayoría ahora hace caso omiso de todo ello.

V

Finalmente, debe considerarse también la naturaleza substantiva del

cargo

en

cuestión.

importante

en

la

Como

se

prevención

sabe,

y

la

Defensa

manejo

de

Civil

emergencias

juega

un

papel

ocasionadas

por

desastres naturales y de otra índole. Su misión central tiene que ver con

la

mitigación

de

los

efectos

adversos

de

huracanes,

deslizamientos,

otros

fenómenos

similares.

terremotos,

inundaciones

repentinas,

y

corresponde

la

prevenir

socorrer

tarea

de

y

a

los

afectados

Le

por

los

desastres aludidos, salvaguardando vidas y protegiendo propiedades.

El

desempeño adecuado de esta ingente labor depende en gran medida de los

conocimientos y la preparación de las personas que integran la Defensa

Civil.

Se

profesional,

trata,

no

pues,

política.

de

No

una

gestión

hay,

ni

de

debe

naturaleza

haber,

esencialmente

espacio

para

las

preferencias político-partidistas al momento de encarar las emergencias que

amenazan el bienestar de la gente.

Lo que debe valorarse respecto a ese

cargo es la competencia de la persona que lo ocupa, no de qué partido es.

A la luz de todo lo anterior, es evidente que el cargo de un director

municipal de defensa civil, aunque es uno de confianza, no es tal que

justifique un despido por motivos político-partidistas.

Es claro que no se

trata de un cargo en el cual se formula política pública municipal al

extremo que la afiliación política sea un requisito necesario para su

desempeño

efectivo.

Es

comprensible

que

un

alcalde

prefiera

rodearse

siempre de personas que le profesen lealtad partidista, pero ello no le

confiere

en

todo

caso

el

derecho

a

discriminar

ostentan creencias políticas distintas.

señalado

ya,

el

innegable

municipales

de

defensa

preferencias

partidistas

de

locales

que

sino

contra

Báez Cancel, supra.

imperativo

civil

en

de

quienes

Como hemos

que

tienen

los

funcionarios

sus

acciones

no

responden

de

un

que

sean

parte

a

esfuerzo

integrado y coordinado a través de todo el país, unido al hecho evidente

de que las emergencias que atiende la defensa civil no tienen remedios

partidistas, sugieren que las funciones del director municipal no tienen

gran

relación

incumbente.

con

los

asuntos

propiamente

políticos

del

alcalde

Es precisamente por ello que para validar una destitución

como la del caso de epígrafe, es necesario que se pruebe, con hechos

concretos

sobre

el

afiliación

política

afiliación

es

desempeño

es

real

legítimo.

necesaria,

cuando

del

Es

la

cargo,

que

necesario

naturaleza

el

requisito

demostrar

del

cargo

porqué

apunta

de

tal

a

lo

contrario.

En resumen, pues, a la luz de todo lo anterior, hay base para al

menos cuestionar si un director de defensa civil municipal es igual al

director de cualquier otra unidad administrativa municipal.

absolutamente

claro

que

la

afinidad

política

con

imprescindible para el desempeño adecuado del cargo.

el

No es tan

alcalde

sea

La mayoría de este

Tribunal no ha podido explicar porqué para ocuparse de las desgracias

humanas que ocurren en casos de desastres naturales, sea necesario la

lealtad a los postulados ideológicos de algún partido.

No ha aludido a

prueba alguna de porqué es ello así. Parece, más bien, que ésta es una

situación para aplicar las sabias palabras de este Foro en Colón v. CRUV,

115 D.P.R. 503 (1984):

“Es indispensable que los tribunales rompan la tendencia y

círculo vicioso establecido en el país, después de cada

elección general, de sustituir personal gubernamental por

motivos ajenos a una buena administración pública: patronazgo,

despojo y desquite político-partidista.

El drama se repite

cada vez que ocurre un cambio de gobierno representativo de

otra afiliación política. Las consecuencias detrimentales son

funestas y resultan alarmantes. [...]

Los tribunales deben

realizar todo esfuerzo por diseñar remedios disuasivos.”

Es lamentable que la mayoría haya abandonado tantos precedentes que

son pertinentes o aplicables al caso de autos. Es lamentable también que

no haya usado esta ocasión para sacar a los funcionarios municipales de

la defensa civil del pantano del tribalismo partidista.

Y, sobre todo,

es lamentable que en los días aciagos que nos ha tocado ejercer nuestro

ministerio, no haya optado aquí por hacer valer valientemente los

mandatos de la Constitución por encima de los atropellos políticos. Por

todo ello, disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO