LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

RAFAEL COLON PRIETO V. WILFREDO GEIGEL

1998 TSPR 69

Poder Judicial de Puerto Rico

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RAFAEL COLON PRIETO V. WILFREDO GEIGEL

RE-1989-96

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

RAFAEL COLON PRIETO

Demandante-Recurrido

REVISION

.V

98TSPR69

WILFREDO A. GEIGEL

Demandado-Recurrente

Número del Caso: RE-89-0096

Abogados Parte Recurrente: LCDO. BENITO I. RODRIGUEZ MASSO

Abogados Parte Recurrida: LCDO. SAMUEL TORRES CORTES

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Wilfredo Alicea López

Fecha: 6/11/1998

Materia: Mala Práctica Legal

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael Colón Prieto, por sí;

la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por Rafael Colón Prieto

y su esposa Nilda González Casañas,

por sí; María Dolores Colón

González y Rafael Colón González,

representados por su padre con

patria potestad, Rafael Colón

Prieto

RE-89-98

Revisión

Demandantes-Recurridos

v.

Wilfredo A. Géigel

Demandado-Recurrente

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 11 de junio de 1998

Los demandantes-recurridos presentaron una causa de

acción exigiéndole resarcimiento al abogado demandado

por los daños que les causó su impericia profesional al

provocar la desestimación y archivo del caso en el que

reclamaban daños por impericia médica.

(Colón Prieto v.

Ark, CS-73-3814, Tribunal Superior, Sala de Mayagüez).

Alegan que el Lcdo. Géigel negligentemente violó el

deber

de

información

y

el

deber

de

salvaguardar

su

derecho a apelar y que a causa de esta negligencia se

vio malograda su reclamación de impericia médica contra

el Dr. Phillip R. Ark. El

antigüo Tribunal Superior,

Sala de San Juan (Hon. Flavio E. Cumpiano), declaró con

lugar la demanda y condenó al demandado a indemnizarle a

los

demandantes

$60,000.00

en

daños

con

intereses

al

11.5%

desde

la

radicación de la demanda, las costas del procedimiento, más $8,000.00 por

concepto de honorarios de abogado.

De dicha sentencia recurrió ante nos

el

A.

demandado,

revoquemos

el

Lcdo.

no

existir

por

Wilfredo

prueba

Géigel,

suficiente

solicitándonos

para

que

sustentarla.

la

Por

entender que tiene razón el recurrente, revocamos.

Los hechos pertinentes a este caso son los siguientes.

El 10 de

noviembre de 1971, Rafael Colón Prieto fue sometido a una intervención

por parte del cirujano dental, Dr. Phillip R. Ark, para extraerle cuatro

(4) cordales impactados.

Al despertarse de esta intervención, el Sr.

Colón Prieto percibió que estaba sangrando y que tenía una herida en la

lengua

que

le

producía

insensibilidad.

una

sensación

de

ardor,

quemadura

intensa e

Esa noche el Dr. Ark lo examinó y le indicó que la

herida era resultado de una mordida autoinfligida mientras se encontraba

bajo los efectos de la anestesia y que los síntomas eran consecuencias

normales de la intervención y desaparecerían con el tiempo.

No obstante,

el tiempo pasó pero el dolor agudo continuó, a consecuencia de lo cual se

vieron afectadas las actividades ordinarias del Sr. Colón Prieto y de sus

familiares.

Tras varias visitas a la oficina del Dr. Ark para darle seguimiento

a los síntomas que había desarrollado, en marzo de 1972, el Dr. Ark le

informó al Sr. Colón Prieto que de persistir los síntomas sería necesario

cortarle un pedazo de la lengua. Inconforme con este diagnóstico, el Sr.

Colón Prieto decidió acudir a otro cirujano dental, quien a su vez lo

refirió al neurocirujano Max Ramírez de Arellano.

Luego de realizar los

estudios pertinentes, el 10 de noviembre de 1972, este último concluyó

que la lesión sufrida por el Sr. Colón Prieto no fue causada por una

mordida autoinfligida, sino por una cortadura o cercenación del nervio

lingual derecho.

Como resultado, el 10 de septiembre de 1973, el Sr.

Colón Prieto, su esposa y sus hijos presentaron demanda por impericia

médica contra el Dr. Ark.

Estando pendiente este caso ante el antigüo Tribunal Superior, Sala

de Mayagüez, la representación legal del Sr. Colón Prieto renunció y fue

sustituida por el Lcdo. Géigel, aquí demandado.

Los trámites en el caso

continuaron y se señaló la vista en su fondo para el 18 de abril de 1978.

Esta vista luego fue pospuesta por acuerdo de las partes y con el visto

bueno del Juez Superior Juan E. Lugo Rodríguez, con el propósito de

dilucidar la defensa de prescripción que había sido levantada por la

parte demandada.

Sin embargo, llegado el día de la vista que había sido

pospuesta, ante la incomparecencia de las partes, otro juez ajeno al

acuerdo de posposición dispuso el archivo de la demanda e impuso a los

abogados

una

sanción

económica

para

beneficio

del

Estado.

resultado, el Lcdo. Géigel presentó un total de siete (7)

Como

mociones

objetando la sanción impuesta y solicitando que se dejara sin efecto la

sentencia dictada, pero en ninguna tuvo éxito.

Tampoco solicitó revisión

de estas resoluciones ante este tribunal apelativo ni le informó a su

cliente,

el

Sr.

Colón

Prieto,

que

su

causa

de

acción

había

sido

desestimada.

Al advenir en conocimiento de que su demanda había sido archivada y

de que el período para solicitar revisión de la sentencia de archivo ya

había

transcurrido,

el

Sr.

Colón

Prieto,

su

esposa

y

sus

hijos

presentaron demanda por mala práctica legal contra el Lcdo. Géigel ante

el antiguo Tribunal Superior, Sala de San Juan, alegando que a causa de

la negligencia de éste habían perdido su causa de acción contra el Dr.

Ark.

Previo ciertos trámites de rigor, la Sala de San Juan desestimó

sumariamente la demanda al resolver que la reclamación contra el Dr. Ark

estaba prescrita y que, por tanto, la reclamación contra el Lcdo. Géigel

no tenía posibilidades de prevalecer.

Además, resolvió que el Lcdo.

Géigel había sido diligente en la tramitación del pleito, ya que solicitó

que se dejara sin efecto la sentencia presentando múltiples mociones. De

dicha

determinación

del

tribunal

de

instancia

demandante presentando solicitud de Certiorari.

acudió

ante

nos

el

El 29 de marzo de 1984, revocamos la sentencia dictada por el

tribunal de instancia y resolvimos que la reclamación contra el Dr. Ark

no estaba prescrita.

Además, aclaramos la diferencia entre la facultad

que tiene un abogado para decidir si apela las determinaciones de un

tribunal y su obligación de salvaguardar el derecho de apelar de su

cliente, y emitimos una orden de continuar los procedimientos ante el

Tribunal

Superior

para

que

se

determinara

si

el

abogado

demandado

incurrió en mala práctica profesional. También establecimos que al igual

que en todo caso de daños y perjuicios contra un profesional, para que

proceda una causa de acción por mala práctica de un abogado bajo el

artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141, es necesario que se

configuren los siguientes elementos básicos:

1.

la existencia de una relación de abogado-cliente que genere un

deber;

2.

que el abogado, por acción u omisión, viole ese deber;

3.

que esa violación sea la causa próxima del daño al cliente; y

4.

que el cliente, como reclamante, sufra un daño o pérdida.

Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).

Una

instancia

vez

abiertas

procedió

a

las

vías

fraccionar

forenses

el

nuevamente,

pleito,

juzgando

aspecto sobre la responsabilidad del Lcdo. Géigel.

el

tribunal

demandantes

mediante

la

dictó

y

el

cual

sentencia

demandado

los

en

la

existía

demandantes

cual

una

le

tribunal

de

primeramente

el

En esta primera etapa

determinó

relación

el

de

encomendaron

que

entre

los

abogado-cliente,

al

demandado

la

representación legal de sus derechos en la reclamación por impericia

médica contra el Dr. Ark.

Esta relación generó para el Lcdo. Géigel la

obligación de cumplir con los deberes que le impone el Código de Etica

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, particularmente aquellos deberes del

abogado para con su cliente.

La sentencia también estableció que el

letrado faltó a varios de estos deberes.

Primero, violó el deber de

mantener informado a su cliente, Canon 19, porque no le informó al

demandante que se había archivado su demanda contra el Dr. Ark.

Segundo,

violó el principio de diligencia del Canon 18 porque no informó ni

instruyó a su cliente sobre los derechos de apelación que podría tener

respecto a dicha sentencia de archivo, ni recurrió por su propia cuenta

ante este tribunal.

Finalmente, resolvió que el Lcdo. Géigel vendría

obligado a indemnizar a los demandantes si en la segunda etapa del pleito

se demostraba que tal conducta

culposa les había causado daños.1

En la segunda etapa del pleito el tribunal de instancia concluyó que

a no ser por la mala práctica legal del Lcdo. Géigel, la reclamación de

los demandantes contra el Dr. Ark hubiera prosperado.

Determinó que el

Dr. Ark operó al Sr. Colón Prieto sin haber obtenido su consentimiento

informado; que fue negligente al no recomendarle a tiempo que visitara a

un neurocirujano; y que por su negligencia durante la extracción de los

cordales le cercenó el nervio lingual derecho.

Como resultado de ello,

condenó al Lcdo. Géigel a compensarle a los demandantes los daños que le

causó el Dr. Ark con su impericia médica.

Es de esta sentencia que

recurre ante nos el Lcdo. Géigel solicitándonos que dejemos sin efecto

las determinaciones del tribunal de instancia.

II

El

recurrente

sostiene

que

erró

el

tribunal

de

instancia

al

concluir que no obtuvo el consentimiento informado del Sr. Colón Prieto.

En primer lugar, señala que el tribunal no debió admitir evidencia sobre

la falta de un consentimiento informado y que dicha admisión errónea fue

un factor decisivo en la determinación a la que llegó el tribunal.

Arguye que ni en la demanda original presentada contra el Dr. Ark ni en

momento alguno antes del día del juicio en el caso por mala práctica

legal, se solicitó enmienda alguna a las alegaciones para incluir una

reclamación por falta de consentimiento informado.

Asimismo, alega que

al momento de presentarse dicha evidencia el día del juicio, la misma fue

objetada

1

rigurosamente

por

el

fundamento

de

que

era

ajena

a

las

Esta sentencia advino final y firme sin que sus determinaciones fueran

cuestionadas por ninguna de las partes.

alegaciones hechas por las partes.

Finalmente, sostiene que al admitir

dicha evidencia, el tribunal le causó un perjuicio sustancial porque

añadió una controversia al pleito.

Siendo ello así, expone que no podía

el tribunal de instancia admitir la misma ni ordenar que se compensaran

los daños alegadamente causados por la falta de consentimiento informado.

Luego de revisar el expediente en el caso de Colón Prieto v. Ark,

Caso

Civil

Núm.

CS-73-3814,

y

de

examinar

las

transcripciones

de

evidencia del caso de Colón Prieto v. Géigel, Caso Civil Núm. 79-2460,

concluimos que el recurrente no tiene razón.

Es cierto que en ninguna de

las alegaciones de la demanda contra el Dr. Ark se plantea la existencia

de una controversia relacionada con el consentimiento prestado por el Sr.

Colón

Prieto

para

someterse

a

la

operación

por

la

que

se

reclama.

Tampoco surge de los autos del caso que luego de la presentación de la

demanda y dentro del término para solicitar enmiendas a las alegaciones

la parte recurrida haya intentado incluir una reclamación al respecto.

Sin embargo, en este caso hubo una enmienda implícita a las alegaciones

conforme a la Regla 13.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III R. 13.2.

En Vélez Torres v. Latimer, 125 D.P.R. 109, 111 (1990), indicamos

que el propósito de las alegaciones es bosquejar a grandes rasgos todas

las controversias planteadas en un caso, de modo que la parte contraria

sea notificada de las contenciones y reclamaciones que se presentan en su

contra para que pueda comparecer a defenderse de lo que se le reclama.

No obstante, aun cuando no se incluyan todas las reclamaciones en las

alegaciones, la Regla 13.2 permite que éstas queden enmendadas por la

prueba

al

consiente

momento

del

a

expresa

o

misma

regla

ello

juicio

si

la

parte

implícitamente

contra

o

si

quien

el

se

tribunal

presenta

así

lo

autoriza.

Surge

de

la

que

el

consentimiento

implícito

para

enmendar las alegaciones se obtiene cuando la parte contra quien se

presenta la evidencia que resulta ajena a las alegaciones, no objeta la

presentación de la misma.

Pero cuando el ofrecimiento o presentación de

tal evidencia es objetado, el tribunal sólo autorizará la enmienda a los

fines de que se facilite la presentación del caso si determina que la

parte que se opone no habrá de sufrir perjuicio en su reclamación o

defensa.

tal

Por el contrario, si determina que dicha parte habrá de sufrir

perjuicio,

deberá

rechazar

la

evidencia

o

podrá

conceder

una

posposición para permitir a la parte opositora controvertir la misma.

En el caso de autos, el recurrente señala que al ofrecerse el

testimonio del Dr. Martin Stern, objetó rigurosamente a su admisibilidad

porque el mismo estaba relacionado únicamente al asunto de consentimiento

informado.2

Pero antes de que testificara el Dr. Stern, el demandante

había testificado sobre la información que le brindó el Dr. Ark en cuanto

a

los

riesgos

y

consecuencias

de

la

operación

de

los

cordales.

(Transcripción de evidencia de la vista celebrada el 8 de septiembre de

1987,

páginas

demandado

sólo

21

a

la

23).

Ante

este

levantó

una

objeción

testimonio,

por

testimonio constituía prueba de referencia.

el

el

fundamento

abogado

del

de

el

que

En ningún momento adujo como

fundamento para su objeción que el testimonio trataba sobre prueba ajena

a las alegaciones.

Por tanto, prestó su consentimiento implícito a que

se enmendaran las alegaciones para incluir una reclamación por falta de

consentimiento informado.

En segundo lugar, el recurrente señala que aun si la evidencia sobre

la falta de un consentimiento informado fue correctamente admitida, el

tribunal

erró

en

la

aplicación

del

derecho.

La

doctrina

de

consentimiento informado le impone al médico el deber de informarle a su

paciente sobre la naturaleza y riesgos del tratamiento médico que le

2

La parte demandada también objetó a la presentación de dicho

testimonio porque la parte demandante no suplementó su contestación a los

interrogatorios para notificarle al demandado que había contratado al

perito.

También objetó porque, aun si dicho perito había hecho una

determinación de negligencia, la misma fue muchos años después de los

hechos. Dicha objeción fue declarada sin lugar por el Tribunal Superior

porque más de dos años antes de la vista, los demandantes presentaron una

moción ante el tribunal informándole que se había contratado al Dr. Stern

para que fuera perito en el caso. Nos parece que esta determinación fue

acertada porque la moción presentada por los demandantes cumplió con el

propósito de informarle al demandado quiénes serían peritos en el caso,

además de que entendemos que el momento en que fue contratado el perito,

si bien podría afectar la credibilidad de su testimonio, no incide sobre

su admisibilidad.

propone, de manera que el paciente se encuentre en una posición adecuada

para

tomar

una

decisión

inteligente

e

informada.

Al

discutir

las

exigencias de dicha doctrina, en Rodríguez Crespo v. Hernández, 121

D.P.R. 639 (1988), y en Sepúlveda v. Barreto, 94 JTS 158, opinión del 23

de diciembre de 1994, resolvimos que el médico debe d previsibles, así

como

los

beneficios

del

tratamiento

propuesto,

las

consecuencias

probables de no someterse al mismo y las alternativas disponibles.

No

tiene que revelarle riesgos remotos o aquellos riesgos que razonablemente

no pueda prever.

La

prueba presentada en

consentimiento

del

Sr.

Colón

este caso

Prieto,

demuestra que

el

Dr.

Ark

al obtener el

no

le

reveló

la

existencia de un riesgo de que durante la extracción de los cordales se

le

cercenara

completamente

el

nervio

previsible

lingual,

y

de

profesión exigía su revelación.

a

que

pesar

la

de

que

práctica

dicho

riesgo

prevaleciente

de

era

la

Dicha omisión constituyó una violación a

las normas de consentimiento informado.

para imponer responsabilidad civil.

Sin embargo, no fue suficiente

En

casos

en

que

se

reclamen

daños por la falta de un consentimiento informado, el artículo 1802 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141, exige que, además de demostrar que ha

habido

un

daño

y

un

incumplimiento

con

el

deber

de

informar,

el

demandante pruebe que dicho incumplimiento fue lo que le causó el daño.

Para demostrar este elemento de causalidad, el demandante tiene que

colocar al tribunal en una posición que le permita determinar si en el

curso normal de los acontecimientos le era exigible al doctor prever que

la falta de información debida llevaría a su paciente a adoptar una

decisión

informado.

distinta

a

la

que

tomaría

de

haber

estado

Sepúlveda v. Barreto, supra a la pág. 548.

adecuadamente

Es decir, que en

casos como el de autos, donde el consentimiento se estaba solicitando

para someter al paciente a una operación para removerle los cordales, el

demandante tiene que presentar evidencia que permita al tribunal evaluar

cómo se hubiera afectado su decisión de haber conocido el riesgo que no

le fue informado y si dicho efecto era previsible desde el punto de vista

de su dentista.

El demandante en este caso no aportó dicha prueba.

De

hecho, el Sr. Colón Prieto ni siquiera alegó (mucho menos probó) que si

hubiera conocido este riesgo no hubiera consentido a la operación.

Por

tanto, no podemos confirmar la determinación del tribunal de instancia

que ordenó al demandado a compensarle a los demandantes los daños que les

causó la falta de un consentimiento informado.

III

En

la

instancia

sentencia

determinó

impugnada

que

la

por

el

recurrente,

sintomatología

de

la

el

que

tribunal

de

se

el

queja

demandante es resultado de la laceración que sufrió en la lengua, que

ésta se la ocasionó el Dr. Ark mientras le extraía los cordales y que

“evidentemente” el doctor no ejerció el grado de cuidado, las destrezas y

previsiones que la operación exigía porque no es usual que en este tipo

de operación se ocasionen daños al nervio lingual.

No podemos estar de acuerdo con la inferencia a la que llega el

tribunal de instancia.

El artículo 1802, supra, le exige a los dentistas

las mismas normas mínimas de cuidado, de conocimiento y destrezas que le

exige al resto de la profesión médica.

Por tanto, la atención que se les

requiere es aquella que, a la luz de los modernos medios de comunicación

y enseñanza, y conforme a los conocimientos de la ciencia y prácticas

prevalecientes en la comunidad médica, satisface las exigencias que la

propia

profesión

ha

iguales o parecidas.

establecido

para

el

tratamiento

de

enfermedades

Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, Medina

Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380 (1988), Pérez Torres v. Bladuell Ramos,

120 D.P.R. 295 (1988), Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987) y

Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973).

También se exige del dentista

que al atender a sus pacientes aplique sus conocimientos y destrezas con

el grado de cuidado que se espera ejerza un profesional con su misma

preparación.

Medina Santiago v. Vélez, supra.

Al igual que con los demás médicos, al dentista le cobija una

presunción de que administró el tratamiento adecuado a su paciente, por

lo que le corresponde al demandante presentar evidencia suficiente para

demostrar

lo

contrario.

Medina

Santiago

v.

Vélez,

supra,

Sáez

v.

Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962), Ramos Orengo v. La Capital, 88

D.P.R. 315 (1963).

determinación

Ello requiere que la relación de causalidad y la

de

negligencia

especulaciones o conjeturas.

no

se

establezcan

a

base

de

meras

La negligencia del médico tampoco se puede

presumir por el mero hecho de que el paciente haya sufrido un daño o

porque el tratamiento no haya tenido éxito.

El demandante tiene que

establecer

mediante

evidencia

ocurrido

debió

se

demandado.

la

preponderancia

con

mayores

de

la

probabilidades

a

la

que

el

daño

negligencia

del

Para ello, tiene que presentar prueba pericial sobre las

normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a esta rama de

la medicina; tiene que demostrar que el demandado incumplió con estas

normas

en

el

tratamiento

del

paciente;

y

demostrar

que

dicho

incumplimiento fue la causa de la lesión que sufrió. Rodríguez Crespo v.

Hernández, supra, Medina Santiago v. Vélez, supra.

Esta prueba podrá

obviarla sólo cuando la falta de cuidado sea tan evidente como para

inferir negligencia.

Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 D.P.R. 223 (1982).

Un análisis cuidadoso de la transcripción de evidencia revela que

los demandantes no aportaron la evidencia necesaria para probar que el

Dr. Ark incurrió en negligencia al extraerle los cordales al Sr. Colón

Prieto.

Tampoco

surgen

circunstancias

que

nos

permitan

presentación de evidencia sobre la negligencia del Dr. Ark.

obviar

la

De hecho, el

propio perito de los demandantes, el Dr. Martin Stern, aceptó que la

extracción se hizo bajo métodos aceptables y que, a pesar de que el

nervio no debía lacerarse porque había un diente presente, podía ocurrir

aun en las manos más expertas.

(Transcripción de evidencia a las págs.

242-243 y 269).

II

En cuanto a la negligencia post-operatoria, la prueba sí estableció

que el Dr. Ark debió haberle indicado al Sr. Colón Prieto que había

sufrido una laceración en la lengua y que era recomendable que visitara a

un neurocirujano.

Al no hacerlo se apartó de las normas exigibles a un

dentista.

271).

(Transcripción de la evidencia a las págs. 227, 238, 246-247 y

Sin embargo, no se estableció el nexo de causalidad entre dicha

negligencia y los daños que sufrió y continúa sufriendo el Sr. Colón

Prieto.

Según la evidencia aportada, cuando ocurre este tipo de laceración

la práctica prevaleciente es esperar de seis meses a un año antes de

hacer intentos por reparar el nervio lingual, porque generalmente el

problema se corrige con el paso del tiempo.

Es luego de este período

que, si la condición persiste, interviene un neurocirujano para tratar de

reparar el nervio.

En el caso que nos ocupa, la prueba demostró que

dentro de este período de seis (6) meses a un (1) año el Sr. Colón Prieto

visitó a un especialista en cirugía oral por su propia cuenta.

Tal como

indica el testimonio del Dr. Stern, a pesar de que el Dr. Ark fue

negligente al no referirle a un especialista, “el [sic] paciente de una

manera u otra se le estaban [sic] viendo por el problema”, por lo que no

existe causalidad entre la omisión negligente del doctor y los daños que

sufre el Señor Colón Prieto.

(Transcripción de evidencia a la pág. 247).

Habiendo determinado que no se estableció responsabilidad alguna por

parte del Dr. Ark frente al Sr. Colón Prieto y sus familiares, no podemos

confirmar la sentencia del antiguo Tribunal Superior que condenó al Lcdo.

Géigel a indemnizar a los demandantes. Procede, pues, la revocación de la

sentencia dictada por el ilustrado tribunal de instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

disidente.

El Juez Asociado señor Negrón García emitió opinión

Los Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri y Corrada del

Río disientieron sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael Colón Prieto,

et als.

Demandantes-Recurridos

v.

RE-89-96

Revisión

Wilfredo A. Géigel

Demandado-Recurrente

Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 1998

Constituye

una

nota

irónica

que

hiere

nuestra

conciencia judicial, que hoy la Sentencia mayoritaria

favorezca

abogado

al

de

postulación

Lcdo.

Wilfredo

A.

Géigel,

quien

como

Rafael

Colón

Prieto

ayer

asumió

una

totalmente contraria, a saber, que el Dr.

Ralph Ark negligentemente le cortó el nervio lingual.

Parafraseando la clásica aseveración de que justicia

tardía

no

es

justicia,

resumimos

así

nuestra

insatisfacción: injusticia tardía es doble injusticia.

No

después,

podemos

sin

suscribir

fundamentos

que

un

válidos,

cuarto

se

de

siglo

exonere

de

responsabilidad civil por mala práctica (negligencia)

profesional al Dr. Ark y al Lcdo. Géigel. La propia

Sentencia mayoritaria reconoce que el Dr. Ark omitió explicarle a su

paciente Colón Prieto el riesgo de laceración del nervio lingual que

conllevaba

extraerle

infringiendo

así

los

el

cuatro

principio

cordales

de

bajo

anestesia

consentimiento

general,

informado;

que

efectivamente, el 10 de noviembre de 1971, el Dr. Ark le cercenó a nivel

de los cordales el nervio arveolar del lado izquierdo, causándole una

insensibilidad permanente en la lengua que le ha producido innumerables

mordidas

y

heridas

sangrantes,

constante

sensación

de

quemazón,

incomodidad, mala alimentación, insomnio crónico, depresión, y otros

daños más; que el Dr. Ark fue advertido de la situación ese mismo día y

desde ese momento, por más de un año, le ocultó a Colón Prieto la

verdadera causa, gravedad y consecuencias de la lesión, demorando así

que éste acudiera a tiempo a tratarse con otros especialistas para

remediar el daño principal y mitigar sus males secundarios.

Decimos

injusticia

doble,

pues

en

virtud

de

las

conclusiones

erróneas mayoritarias, se libera de responsabilidad al Lcdo. Géigel, aún

cuando la Sentencia también acepta –con carácter final y firme-, que

negligentemente dicho abogado incumplió con el principio de información

y deber de diligencia en torno al archivo de la demanda original de

Colón Prieto contra el Dr. Ark presentada el 10 de septiembre de 1973.

(Civil Núm. 73-3814).

La injusta Sentencia mayoritaria relaja los criterios de excelencia

profesional

médica

parámetros,

resulta

responsabilidad

de

y

legal

a

unos

niveles

sumamente

difícil,

un

o

médico

sino

abogado,

inimaginables.

imposible

por

Bajo

sus

demostrar

la

impericia

o

descuido

profesional.

Expongamos sucintamente los hechos según el elaborado dictamen del

Tribunal

Superior,

Sala

de

San

Juan

(Hon.

Wilfredo

Alicea

López),

avalados en una reflexiva aquilatación y esmerado análisis de la prueba

testifical y documental.

I

Colón Prieto padecía de cuatro (4) cordales impactados. El 28 de

octubre de 1971, el cirujano dental Dr. Ark le recomendó operárselos.

Fue advertido de que después de la operación tendría dolor temporal, se

iba a hinchar y pondría trinco, pero que en dos o tres días estaría

bien. Colón Prieto accedió.

Bajo anestesia general, la operación se realizó el 10 de noviembre

en

el

Hospital

La

Concepción

de

Mayagüez.

Colón

Prieto

despertó

y

recobró totalmente conciencia a las 4:00 P.M. Tenía dolor en el área de

los

cordales,

estaba

bien

hinchado,

sentía

tirantez

en

la

barbilla

izquierda, la cara trinca; y sufría una sensación de quemadura en el

lado derecho de la lengua. Se levantó, fue al baño y al mirarse la

lengua, se percató que tenía una laceración en el lado derecho que le

ardía mucho y medía como tres cuartos de pulgada (3/4) de largo.

Esa noche le relató al Dr. Ark esas dolencias y le mostró la

laceración en la lengua. El Dr. Ark le dijo que posiblemente se había

mordido la lengua, pero que ello pasaría; le recetó Demerol. Al otro

día, Colón Prieto reiteró esas dolencias y el Dr. Ark le indicó que con

el tiempo desaparecerían.

El 13 de noviembre lo dio de alta y para removerle los puntos lo

citó a su oficina. Así lo hizo el día 17. Durante este período, la

inflamación y el dolor en el área de los cordales disminuyeron, pero no

el

problema

de

la

barbilla

y

lengua.

Tenía

la

lengua

inflamada

e

insensible, la herida abierta; al morderse, sangraba. El Dr. Ark le dijo

que había que esperar. No le recetó ningún medicamento y lo citó para el

30 de noviembre. Entre estas fechas, se le alivió la hinchazón y ya no

estaba trinco. Sin embargo, continuó la tirantez e insensibilidad en el

lado izquierdo de la barbilla. La mayor molestia y dolores lo producían

la insensibilidad en la lengua, pues se mordía y abría la herida. Para

ese entonces comenzó a padecer y se le desarrolló un problema serio de

insomnio.

El día 30, el Dr. Ark le recetó cápsulas de Nembutal para dormir y

pastillas de Dilantin para el ardor de la lengua. Fijó la próxima cita

para

el

14

de

diciembre.

Subsistieron

los

mismos

problemas:

los

medicamentos no produjeron ninguna mejoría. Para el 14 de diciembre, los

cordales

habían

cicatrizado

bien,

pero

el

problema

de

la

lengua

persistía. El Dr. Ark no le recetó nada y lo citó para el 13 de enero de

1972. El insomnio se le agudizó y despertó varias veces con la lengua

mordida. Al 13 de enero seguía con la insensibilidad en la lengua. El

Dr. Ark le recetó Oretin para ver si le ayudaba a crecer el nervio de la

mandíbula; para el problema de la lengua no le recetó nada y le dijo que

tenía que esperar. La cita para febrero fue cancelada por Colón Prieto y

transferida para el 15 de marzo. Ésta fue la última cita de Colón Prieto

como paciente del Dr. Ark. Otra vez le relató el mismo problema de la

lengua: insensibilidad con sensación de quemadura. El Dr. Ark le dijo

que esperara cuatro (4) meses, y si continuaba igual, volviera para

cortarle ese pedazo de la lengua. Para ese entonces, el insomnio era

crónico y continuaba mordiéndose.3

Transcurrieron

los cuatro

once

(11)

meses

desde

la

operación –incluyendo

(4) meses recomendados por el Dr. Ark-, y Colón Prieto

seguía igual. Ante el temor real de que el Dr. Ark le cortara un pedazo

de la lengua, el 13 de octubre de 1972, por propia iniciativa acudió

donde el dentista4 Ricardo Pesquera. Luego de realizarle un historial y

examinar unas placas que le envió el Dr. Ark con una carta explicativa,

el

31

de

octubre

lo

refirió

al

especialista

Dr.

Max

Ramírez

de

Arellano, cirujano neurológico. El 10 de noviembre –al año exacto de la

operación-, el Dr. Ramírez de Arellano lo examinó y le rindió

informe

al

Dr. Pesquera. Días

vitamina

B-12

y

le

dijo

que

después, el Dr. Pesquera

no

podía

hacer

ninguna

le

un

recetó

intervención

quirúrgica.

3

Debido a este problema de salud y a los insomnios, Colón Prieto

asistió poco al trabajo. Ello generó fricciones con su socio quien le

dijo que no volviera a trabajar.

4

La evidencia en autos identifica al Dr. Pesquera simplemente como

dentista, no especialista.

Las vitaminas recetadas por el Dr. Pesquera no dieron resultado. A

sugerencias del

propio

Colón

Prieto, el Dr. Pesquera lo refirió al

Dr. Rafael Longo, neurocirujano. Éste, en cita del 24 de noviembre lo

examinó y recetó Protamide y vitaminas B-12; dichos medicamentos no le

mejoraron. Después, fue

evaluado por

el

neurocirujano Dr. Nathan

Rifkinson, quien le hizo una evaluación neurológica similar a las de los

galenos Ramírez de Arellano y Longo. Le recetó pastillas Mysoline pero

tampoco dieron resultados positivos.

El Dr. Pesquera lo

refirió al

otorrinolaringólogo Dr. Juan H.

Font quien le recetó Noctec y Tegretal, sin éxito.

Para el 12 de julio de 1973 el Dr. Pesquera le hizo cita con el Dr.

Carlos Valls, cirujano oral, quien lo examinó pero no le recetó. El 26

de septiembre de 1973 visitó el Dr. Marcos A. Dones, cirujano oral en el

Hospital Presbiteriano. Dicho médico llegó a la conclusión de que con

cirugía no había nada que hacer. Le recetó Kemplex en inyecciones, pero

no dieron resultado positivo.

Para el año 1974, el Dr. Pesquera y Colón Prieto concluyeron que

habían agotado todas las alternativas en Puerto Rico y decidieron acudir

a otros profesionales en los Estados Unidos.5 Después de veinticinco

5

El primero fue el Dr. Alex M. Mohnac, Jefe de Departamento de

Dentistería, Temple University. Fue examinado el 14 de abril de 1974 por

el Dr. Mohnac y tres médicos más. Le recetó Mincoplex y prescribió un

tratamiento de dos meses, pero el mismo no le dio resultados positivos.

Después, el Dr. Pesquera le consiguió cita con el Dr. Donald Mulder,

Pres. Staff, Clínica Mayo de N.Y. para el 6 de mayo de 1975. El Dr.

Mulder lo refirió al Dr. Stanley Lovestedt, cirujano oral. Éste lo

examinó y no le recetó nada porque halló que no había forma alguna de

corregir

su

condición

de

la lengua. El 9 de mayo, el Dr. Mulder

concluyó que no había medicina ni cirugía alguna correctiva.

Nuevamente Colón Prieto obtuvo una cita con el Dr. Eugene D.

Lyon, Jefe Depto., Hospital John Hophins para el 30 de mayo de 1975. En

el ínterin, el 9 de abril de 1975, el Dr. Valls le recetó vitamina C,

pastillas para dormir y Valium. En la cita con el Dr. Lyon, le tomaron

placas y previo examen; éste coincidió con los médicos anteriores y no

le recetó nada.

Subsiguientemente vio al Dr. Walter Guralenick, cirujano oral el 9

de junio de 1975 en el Mass. General Hospital, Boston. Llegó a las

mismas conclusiones. También recibió tratamientos los días 4, 5, 11 y 12

de junio de 1975, sin mejoría, en el Depto. de Acupuntura del Hospital

de Philadelphia.

(25) años de la operación y de haber consultado a muchos médicos,

incluso

cirujanos

orales,

el

problema

de

la

lengua

persiste

y

ha

desarrollado una fibrosidad.

Antes de la operación, Colón Prieto y su esposa Nilda González

Casañas llevaban una vida normal, compartían la misma habitación, salían

con amistades, pasaban fines de semana en San Juan con sus familiares,

iban al teatro en San Juan, etc. Luego

de la operación, el

matrimonio

no comparte la misma habitación, pues duermen en camas separadas por el

problema del insomnio. Consume los alimentos solo para no distraerse y

morderse la lengua. Se levanta y desayuna tarde, se siente de mal humor,

se

pone

violento,

aborrecido,

sus

hijos

le

molestan,

han

surgido

problemas y disgustos en su casa, ya no comparten socialmente. Los

viajes a San Juan se acabaron, hay tristeza en el hogar, no hay la unión

y paz familiar de antes.

II

Distinto al criterio mayoritario, la responsabilidad profesional

del Dr. Ark y, en consecuencia del Lcdo. Géigel, se impone bajo tres (3)

distintos y separables fundamentos. Expongámoslos.

A. Falta de Consentimiento Informado:Correctamente la Sentencia mayoritaria concluye que la

enmendó

las

alegaciones

de

la

prueba

demanda

En el año 1976, el Dr. Pesquera consultó el caso con otros

cirujanos orales prominentes: Dr. Spatz, Jefe Depto. de Dentistería de

la Univ. De Pittsburg, Dr. Daniel E. Waite, cirujano oral Univ. De

Minnesota, y Dr. Wendell E. Bell, cirujano oral Univ. de Texas. Todos

contestaron; los resultados fueron negativos.

En 1978 Colón Prieto fue a la Clínica Mayo y fue examinado por el

Dr. Lofler, cirujano oral. Le dijo que no podía hacer nada. En 1985

volvió a dicha Clínica el Dr. Don Tollman le indicó que nada podía

hacerse. Consultó además, al Dr. Hoffman en dicha clínica y éste lo

refirió al Pain Center. Fue hospitalizado en Sleep Disorder Center del

Hospital Saint Mary, bajo el cuidado del Dr. Richard Son. Le recetó

Pretictelina, sin resultado. También fue referido al Depto. de Sicología

y atendido por el Sicólogo Schwartz, cuyo tratamiento tampoco le dio

resultado.

En Puerto Rico, el Dr. H. Mercado le recetó Dilantin para el

problema de la lengua, pero no le alivió el dolor. En noviembre de 1985

fue a New York y se entrevistó con el Dr. Martin Stern, Jefe Cirugía

Oral, Univ. de N.Y.

al respecto. (Págs. 8-9). Además, que

se

demostró que el Dr. Ark no

le reveló a Colón Prieto la existencia del riesgo de que durante la

extracción podía cercenarle el nervio lingual, a pesar de que dicho

riesgo era completamente previsible y la buena práctica prevaleciente

profesional así lo exigía. “Dicha omisión constituyó una violación a

las normas de consentimiento informado.” (Pág. 9).

Sin embargo, la Sentencia mayoritaria resuelve que Colón Prieto no

demostró causalidad. Aduce que tenía que presentar prueba de cómo se

hubiera afectado su decisión de haber conocido el riesgo, cosa que no

hizo. (Pág. 10). Discrepamos.

Sobre este extremo, debemos aclarar que los autos originales del

caso inicial, (Civil Núm. 73-3814, Colón Prieto v. Ark), fueron objeto

de discusión en conferencia con antelación al juicio en el caso que

ahora nos ocupa, Civil Núm. 79-2460, Colón Prieto v. Géigel. Celebrada

por

los

abogados

el

6

de

abril

de

1981,

conforme

Acta,

su

éstos

convinieron la admisibilidad de aquellos autos originales, “incluyendo

interrogatorios y admisiones”. Subsiguientemente, durante el juicio el

4 de marzo de 1987, presentaron formalmente esos autos originales en

evidencia. (Exh. I, ambas partes). Entre los interrogatorios aludidos,

cabe destacar la contestación núm. 37 de Colón Prieto, en la cual –

luego de reiterar que el Dr. Ark no le advirtió que la remoción de los

cordales podía ocasionarle un daño al nervio-, consignó que de haberlo

hecho, “nunca me hubiese decidido a operarme en ese mismo momento, al

contrario, le hubiese pedido tiempo al Dr. Ark para considerarlo y

hubiese

acudido

a

otros

advertido

de

que

él

especialistas.

podía

Es

ocasionarme

obvio

una

que

de

lesión

de

haberme

tales

consecuencias, yo nunca me hubiese operado de los cordales con el Dr.

Ark.” (A.O., 69).

Es incorrecta pues, la conclusión mayoritaria sobre ausencia de

esa

prueba.

Bajo

los

lineamientos

jurisprudenciales

recogidos

en

Sepúlveda v. Barreto, res. en 23 de diciembre de 1994, se demostró

satisfactoriamente

el

elemento

de

“causalidad

adecuada”

entre

la

omisión

informativa

del

Dr.

Ark

y

el

daño

sufrido

por

falta

de

consentimiento informado de Colón Prieto.

B. Negligencia Durante la Operación:En cuanto a la operación en sí, la Sentencia mayoritaria sostiene

que Colón Prieto, “no aport[ó] evidencia necesaria para probar que el

Dr. Ark incurrió en negligencia al extraerle los cordales...” (Pág.

12). Inmediatamente afirma que, “tampoco surgen circunstancias que nos

permitan obviar la presentación de evidencia sobre la negligencia del

Dr. Ark”. Ambas conclusiones son totalmente erróneas.

Primero,

cualificado

la

mayoría

perito

ignora

neurólogo

el

Dr.

testimonio

Boris

no

Rojas

contradicho

Rodríguez,

del

quien

contundentemente estableció que el evento que con mayor probabilidad

causó la lesión al nervio arveolar fue “la cirugía de los cordales”.

(T.E., 90-92; 154-156; 159). Dicho perito descartó, por ser físicamente

imposible, esto es increíble, la versión de mordida auto infligida

promovida desde el principio por el Dr. Ark. Como explicó el Dr. Rojas

Rodríguez, por estar el nervio lingual atrás, “tendría que morderse un

sitio que ningún ser humano podía morderse”. (T.E., 172).

Esa prueba, unida al testimonio pericial del Dr. Martin Stern

(T.E., 239) -que le mereció enteró crédito al ilustrado Tribunal de

instancia-, estableció concluyentemente que toda la sintomatología que

ha aquejado a Colón Prieto desde la operación provino de la laceración

de la lengua ocasionada por las manos del Dr. Ark mientras le extraía

los cordales bajo anestesia total.

La

Sentencia

enfatizando

que

en

mayoritaria

su

trata

testimonio

el

de

refutar

esta

Dr.

Stern

contestó

realidad

que

la

laceración “podía ocurrir aun en las manos más expertas”. (T.E., 242,

243; 269). El argumento no es persuasivo. Olvida

que aun las manos

“más expertas” de un cirujano pueden ser descuidadas y, ciertamente, no

se probó que las del Dr. Ark fueran de aquellas cualidades.

Nuestra jurisprudencia sobre impericia médica sólo exige que el

actor demuestre, mediante preponderancia de prueba, que la conducta

negligente del demandado fue el factor que con mayor probabilidad causó

el daño. Castro Ortiz v. Municipio, res. en 7 de diciembre de 1993;

Pagán Rivera v. Municipio, 127 D.P.R. 538 (1990); Torres Ortiz v. Plá,

123 D.P.R. 637 (1989); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639

(1988); Cruz v. Centro Médico, 113 D.P.R. 719, 745 (1983); Pérez Cruz

v. Hospital La Concepción, 115 D.P.R. 721, 740 (1984). Colón Prieto

satisfizo

esta

medida

(“test”)

y

probó

la

negligencia

durante

la

operación.

Segundo, reconocemos que el aquí directamente demandado es el Lcdo.

Géigel y, Colón Prieto tiene que probar

que

tenía

una causa de acción

válida contra el Dr. Ark malograda por la negligencia del Lcdo. Géigel.

“Esta

exigencia

peculiar,

de

perfiles

propios,

denominada

por

los

tratadistas ‘un caso dentro del caso’ significa que ‘el cliente debe

establecer que él debió ganar el primer caso como paso previo para ganar

el

segundo’.

J.

Wade,

The

Attorney’s

Liability

for

Negligence

en

Professional Negligence (Roady & Andersen eds.), Tennessee, Vanderbilt

Univ. Press, 1960, pág. 231. La necesidad de litigar el caso previo

alegadamente

frustrado

para

abrir

las

puertas

al

segundo

implica

ventilar todos los puntos y elementos clásicos de un proceso ordinario,

con la única variante que, de hallarse probada la causa original, no

podrá exigirse de la parte culposa resarcimiento. Simplemente habrá

terminado el prólogo del proceso para entonces comenzar la segunda etapa

e intentar establecer la responsabilidad del abogado.” Colón Prieto v.

Géigel, 115 D.P.R. 232, 242-243 (1984).

La justicia es una avenida en dos direcciones. Del mismo modo que

el Lcdo. Géigel levantó numerosas defensas que propiamente correspondían

al Dr. Ark -precisamente adujo que la demanda original contra el Dr. Ark

estaba prescrita,

planteamiento resuelto en su contra en Colón Prieto

v. Géigel, supra-, en recta lógica Colón Prieto pudo beneficiarse y el

ilustrado

tribunal

de

instancia

justicieramente

aplicar

al

caso

de

autos, la doctrina de res ipsa loquitur.6 Expongamos sus contornos.

Como

regla

general,

corresponde

a

todo

demandante

actuación negligente de un médico demandado. La doctrina

loquitur,

6

por

excepción, traslada

probar

la

res ipsa

el

En su elaborada sentencia, dicho foro concluyó:

“La prueba que le mereció entero crédito al Tribunal demuestra que toda la sintomatología de que se queja el

demandante le proviene de la laceración de la lengua y que ésta se la ocasionó el Dr. Ark mientras le extraía los

cordales. Si al llevar a cabo dicha extracción el Dr. Ark le ocasionó al demandante la referida laceración,

evidentemente que no ejerció el grado de cuidado, las destrezas y previsiones que la operación requería,

pues no es usual que en operaciones de tal naturaleza se ocasionen lesiones al nervio lingual. La prueba

aportada por la parte demandante, que no fue desmentida ni impugnada por la parte demandada, demuestre que

en operaciones de los cordales no son frecuentes las lesiones al nervio lingual. Es decir, la falta de cuidado del

Dr. Ark fue tan evidente, que la misma es suficiente para inferir que incurrió en negligencia mientras

llevaba a cabo la extracción de los cordales.” (Énfasis nuestro).

peso de la prueba al médico, quien entonces debe demostrar que no actuó

negligentemente.

hechos

que

negligencia

“[D]ispone

justifican

del

su

demandado,

que

una

vez

el

demandante

establece

los

aplicación

queda

relevado

de

probar

la

surgiendo

en

lugar

una

inferencia

su

permisible que pasa al demandado el peso de continuar con la prueba

quien debe demostrar que empleó el debido cuidado.” Herminio Brau del

Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales de Puerto Rico, Vol. I, pág.

396.

Su aplicación requiere establecer los siguientes requisitos: 1) la

existencia y circunstancias bajo las cuales se produjo un daño; 2) que

éste no ocurra en el curso ordinario de los eventos a no ser por la

negligencia de otra persona quien tiene control exclusivo de la causa

del daño; 3) que circunstancialmente pueda inferirse razonablemente, que

de no haber sido por la negligencia del demandado, el daño no hubiese

ocurrido; 4) la prueba pericial para demostrar las causas

está bajo

el control del demandado; 5) el daño

no debe

del

daño

ocurrir por

acción voluntaria del demandante; y 6) la inexistencia de otra causa

probable del daño de la cual pueda inferirse que no hubo negligencia por

parte del demandado. Hermida v. Feliciano, 62 D.P.R. 55 (1943). Sociedad

de Gananciales Huyke Souffront v. Hospital Presbiteriano, 88 D.P.R. 391

(1963). Véase, Vda. de Torres v. Womble, 99 D.P.R. 859 (1971) y Ramos

Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315 (1963). Este último caso ejemplariza

las siguientes situaciones específicas que no requieren prueba pericial

para

invocarla: 1) objetos dejados dentro del cuerpo; 2) daño causado a

una parte del cuerpo sana; 3) remoción de una parte sana del cuerpo; y

4) dientes dejados por la tráquea del paciente, entre otros. José Cuevas

Segarra, Res Ipsa Loquitur y los Casos de Impericia Médica, Revista

Forum, julio-sept. 1991, págs. 22-23.

Bajo este sucinto análisis, el caso de autos es uno clásico al cual

le aplica res ipsa loquitur. Primero, Colón Prieto sufrió un daño: la

cortadura del nervio lingual que le insensibilizó la lengua y causó se

la mordiera y lacerara. Esta laceración le produjo sensación de ardor y

tirantez

en

la

lengua

y

otras

lesiones

posteriores.

Antes

de

la

operación, su lengua y sensibilidad era normales. Indiscutiblemente, el

daño lo produjo el Dr. Ark al extraer los cordales: le cortó el nervio

durante la intervención. Segundo, aunque probable, la cortadura de dicho

nervio es un evento que ordinariamente no sucede (ni debe suceder) en

una operación de cordales. En vista de que el daño ocurrió durante la

operación, estando Colón Prieto anestesiado, el Dr. Ark tenía el control

exclusivo de la situación. Tercero, si el Dr. Ark no hubiese cortado el

nervio lingual, el paciente no se hubiese mordido ni lacerado la lengua.

Cuarto, Colón Prieto en nada contribuyó al daño pues se encontraba

anestesiado. Aunque después, al morderse se laceró la lengua, esto fue

en reacción al daño inicial ocasionado por el médico al darle muerte al

nervio. Es decir, cuando Colón Prieto se mordió la lengua, el daño ya

existía.

En virtud de la doctrina de res ipsa loquitur, se activó una

inferencia

de

negligencia

presentar

prueba

del

Dr.

Ark.

Para

rebatirla,

estableciendo

que

actuó

con

debido

tenía

cuidado

y

que

la

laceración y demás lesiones no fueron causadas por haberle cortado el

nervio de la lengua a Colón Prieto. No lo hizo; el daño habla por sí

solo y su negligencia es incuestionable.

C. Negligencia Post-Operatoria:Aparte de haberse probado negligencia durante la extracción –por

testimonio pericial directo y la aplicación de la doctrina de res ipsa

loquitur-, la Sentencia mayoritaria acepta que posteriormente el Dr.

Ark

se

apartó

de

las

normas

exigentes

a

los

dentistas

al

nunca

indicarle a Colón Prieto que le había lacerado el nervio lingual y

debía

visitar

un

neurocirujano.

(Pág.

12).

Aun

así,

nuevamente

lo

eximen de responsabilidad bajo la tesis de que no estableció nexo de

causalidad entre dicha negligencia y los daños que sufrió y continúa

sufriendo. La mayoría se basa en que la prueba demostró que la práctica

médica es esperar de seis (6) a un (1) año antes de intentar reparar un

nervio lingual y Colón Prieto, por su cuenta, visitó un especialista

“dentro de este período”. (Pág. 13). Incide otra vez.

Primero, el perito Dr. Stern aclaró que el término de seis (6) a

un (1) año, era “un tiempo límite”. O sea, “sería el tiempo ideal para

reparar el nervio, pero hasta este tiempo era apropiado observar al

paciente. (T.E., 246-247).

Así aclarado, quedó demostrado que desde el principio el Dr. Ark

ocultó a Colón Prieto la verdadera causa de la laceración: su propio

descuido.

Durante

los

primeros

cuatro

(4)

meses

le

dijo

que

los

síntomas eran “normales”. Pasados esos cuatro (4) meses, le informó que

esperara cuatro (4) más y le advirtió la posibilidad de cortarle un

pedazo de la lengua. Atemorizado, Colón Prieto decidió acudir donde el

dentista Dr. Pesquera a los once (11) meses de operado. Todavía el Dr.

Ark, en su carta fechada 19 de octubre de 1972 –once (11) meses después

de la operación- al remitirle al Dr. Pesquera las placas de Rayos X,

continuaba insistiendo en su increíble versión de que “en el salón de

recuperación el paciente [Colón Prieto]] aparentemente se mordió el área

anterior

derecha

de

la

lengua...”

(Énfasis

original;

traducción

nuestra).

Ante esta situación, el Dr. Pesquera, que no era especialista,

prudencialmente lo refirió al neurocirujano Ramírez de Arellano el 10

de noviembre de 1972, o sea, al año exacto de la operación.

Con vista a esta cronología, ¿cómo puede la mayoría premiar la

omisión (por no decir mentira) del Dr. Ark

y concluir que no existe

causalidad en los daños posteriores que aquejan a Colón Prieto?

Dieciocho (18) años después, el 17 de diciembre de 1990, en su

testimonio judicial –no obstante existir consenso unánime en contrario

de múltiples especialistas en y fuera de Puerto Rico- reiteraba lo

imposible; que el corte de nervio no fue con sus manos durante la

operación, sino resultado de una mordida auto infligida. (T.E., 125126).

III

En

resumen, el

tribunal a quo

determinó

que

el Dr. Ark, como

dentista, incurrió en impericia profesional y causó un daño que hubiese

justificado la imposición de responsabilidad civil. Correctamente expuso

que el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, impone a los

odontólogos un deber profesional idéntico al resto de la clase médica en

general, lo cual conlleva ofrecer aquella atención que a la luz de los

medios modernos de comunicación y conocimiento de la ciencia satisface

las

exigencias

padecimientos

que

la

profesión

similares.

Medina

reconoce

Santiago

para

v.

el

Vélez,

tratamiento

de

120

380

D.P.R.

(1988). Coincidimos plenamente. Al tribunal de instancia también le

mereció entero crédito la prueba ofrecida por Colón Prieto de que todos

sus padecimientos se han debido a la laceración de la lengua por el Dr.

Ark. Éste, luego de ampararse en la confianza depositádale, atribuyó tal

laceración

a

un

imposible:

mordida

autoinfligida

que

eventualmente

sanaría. No fue así. Esa demora, produjo incluso la advertencia de que

sería necesario cortarle un pedazo de lengua.

No existen fundamentos válidos para variar la conclusión de la

ilustrada

sala sentenciadora de que el Dr. Ark incurrió en un acto de

impericia que generó a su vez una causa de acción meritoria a favor de

Colón Prieto y, por ende, el Lcdo. Géigel es responsable.

IV

Finalmente,

los

argumentos

del

Lcdo.

Géigel

en

torno

al

señalamiento de error -evaluación en $60,000.00, más intereses, de los

padecimientos de Colón Prieto y su esposa Nilda-, no ameritan mayor

consideración. Si acaso, el ilustrado Tribunal de instancia los estimó

moderadamente.

La

discusión

que

hace

en

el

último

señalamiento,

denota

precisamente la temeridad que justificó la condena de $8,000.00 en

honorarios de abogado.7 Basta señalar, el lento y costoso peregrinaje

7

Ramos Báez v. Bossolo López, res. en 13 de junio de 1997; Méndez

de Rodríguez v. Morales Molina, res. en 15 de noviembre de 1996;

Cándido Oliveras, Inc. v. Universal Insurance Company, res. en 7 de

judicial de Colón Prieto, que incluye el recurso de revisión del 1984 y

la dilucidación en sus méritos, con prueba testifical y pericial, de

“dos casos”: el primero para

demostrar la mala práctica del Dr. Ark y,

el segundo, la del Lcdo. Géigel.

Como

abogado, el Lcdo. Géigel

tenía

conocimiento

de derecho al celebrarse las vistas del caso en

9

de

septiembre, 15

y

su

del

fondo –días

estado

8

y

17 de diciembre de 1987, y 2 de marzo de

1988-, que culminaron con la justiciera y balanceada sentencia del

tribunal de primera instancia. No puede ahora quejarse.

Es lamentable que la mayoría, infundada e

injustificadamente, la

revoque.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

noviembre de 1996; Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R.

724 (1990) y casos allí citados.