Tribunal Supremo de Puerto Rico
DISIDENTE UNIVERSAL V. DPTO. DE ESTADO
1998 TSPR 68
Poder Judicial de Puerto Rico
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DISIDENTE UNIVERSAL V. DPTO. DE ESTADO
AC-1997-18
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Disidente Universal de Puerto Rico,
Inc.
Demandante-Recurrido
Apelación
Administrativa
.V
98TSPR68
Departamento de Estado
Demandado-Peticionario
Número del Caso: AC-97-0018
Abogados Parte Peticionaria: Lcdo. Carlos Lugo Fiol
Procurador General
Lcda. Miriam Alvarez Archilla
Procuradora General Auxiliar
Abogados Parte Recurrida: Lcdo. Guillermo González Alcazar
Agencia Administrativa – Departamento de Estado
Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Martínez Torres
Fecha: 6/12/1998
Materia: Revisión Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Disidente Universal de P.R.,
Inc.
Apelado-recurrente
AC-97-18
v.
Revisión
Administrativa
Departamento de Estado
Apelante-recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 1998
El 7 de diciembre de 1995, Angel W. Padilla Piña
solicitó al Departamento de Estado certifi-cación de
prensa
para
Disidente
Universal
de
P.R.,
Inc.,
organización periodística, sin fines de lucro, dedicada
esencialmente a velar y denunciar las violaciones de
Derechos Humanos en Cuba. Consignó que el periodismo no
constituía su medio principal de vida. Por tal razón, a
te-nor con la Sec. 2-408(e) de la Ley de Vehículos y
Tránsito
de
Expedición,
P.R.
y
el
Renovación,
Reglamento
Para
Cancelación,
Regir
la
Uso
y
Responsabilidades de las Certificaciones de Prensa, se
le
denegó
prensa.
el
beneficio
de
una
tablilla
especial
de
Luego de pedir sin éxito reconsideración, impugnó la
constitucionalidad de ambos preceptos. El 9 de diciembre de
1996, el Tribunal de Circuito de Apelaciones1 (Hons. Amadeo
Murga, Rodríguez García y Martínez Torres), los sostuvo.
Sin
embargo,
en
reconsideración,
(Hons.
Rossy
García,
Rodríguez García y Martínez Torres), decretó su inconstitucionalidad por requerir que el periodismo constituya el
medio principal de vida. Dicho foro razonó que aunque no se
violaba
la
libertad
reglamentación
de
“hacía[n]
prensa,
más
la
difícil
legislación
la
labor
y
del
periodista”. Bajo ese predicado, aplicó la norma de que el
gobierno no puede negar un beneficio a una persona a base
de un requisito que afecte un derecho fundamental, tal y
como la libertad de prensa. Sostuvo que la legislación
incide negativamente sobre el ejercicio de esa libertad y
no basta que el interés gubernamental sea sustancial, sino
que es menester que dicho interés no pueda alcanzarse por
medios más amplios de lo necesario. Se negó a aplicar el
escrutinio
racional
o
mínimo
y,
en
su
lugar,
usó
un
escrutinio intermedio. Concluyó que aunque el interés del
Estado
era
sustancial,
el
medio
para
alcanzarlo
–clasificar los periodistas a base de si derivan de su
profesión su principal fuente de sustento- era innecesariamente amplio. Sugirió que el criterio establecido en la
propia Ley y Reglamento, de dedicarse “de día a día” es
El recurso, originalmente presentado en el Tribunal
Superior, Sala de San Juan, fue trasladado al Tribunal de
Circuito de Apelaciones conforme la enmienda a la Ley Núm.
248 de 25 de diciembre de 1995, Art. 9.004(a) del Plan de
Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial.
1
suficiente para adelantar el interés del Estado, y que el
requisito económico de “que constituya su principal medio
de vida” adolece de amplitud excesiva.
En
apelación,
el
Depto.
de
Estado
cuestiona
dicho
dictamen.2
I
Como único beneficio, la sección 2-408 de la Ley Núm.
11 del 3 de abril de 1987, enmendatoria de la Ley de
Vehículos
y
Tránsito,
autorizó
expedir
esas
tablillas
especiales a todo vehículo de motor que sea propiedad y
utilice un miembro acreditado de la Prensa General Activa,
o pertenezca a una agencia o empresa noticiosa para uso
exclusivo
2
de
uno
de
sus
miembros.
Estas
personas
Plantea:
“1. Erró el Honorable Tribunal de Circuito al
aplicar al caso de autos el escrutinio intermedio
para establecer la validez constitucional de la
clasificación sobre que el periodismo constituyera el
“medio principal de vida” del solicitante de una
credencial de prensa, cuando se trata de una
reglamentación socio económica relativa al poder del
Estado
para
reglamentar
dicha
profesión,
cuyo
escrutinio debió ser el del nexo racional o
tradicional mínimo.
2. Erró el Honorable Tribunal de Circuito al
declarar la inconstitucionalidad de la sección 2048(e) de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960,
según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 488(e), conocida
como Ley de Vehículos y Tránsito y los Artículos IIA,
IIIB y IVB del Reglamento para regir la expedición,
renovación, cancelación, uso y responsabilidades de
las Certificaciones de Prensa, Núm. 5285 de 3 de
agosto de 1995.
3. Erró el Honorable Tribunal de Circuito al
determinar que la sección 2-408(e), de la Ley 141 de
20 de julio de 1960, según enmendada, 9 L.P.R.A. sec.
488(e), conocida como Ley de Vehículos y Tránsito y
su contraparte reglamentaria adolecen del defecto de
son
aquellas debidamente certificadas por el Depto. de Estado,
dedicados a la búsqueda de información de día a día para
los medios noticiosos del país y, para los cuales esta
ocupación constituye el medio principal de vida.
El
propósito
eminentemente
de
esta
legislación
socio-económico.
Así
es
quedó
remedial
y
diáfanamente
consignado, al señalarse en su Exposición de Motivos que
“[l]os miembros de la Prensa General Activa de nuestro país
[...] se quejan de que los agentes del orden público, al
ver estacionados sus carros con la tablilla de prensa en la
parte superior y la tablilla regular en la parte delantera
del vehículo, les denuncian e imponen multas.
Esta medida
va encaminada a establecer una disposición permitiendo el
uso de la tablilla especial únicamente sin riesgo alguno de
sufrir inconvenientes con los agentes del orden público.
Esto, además, logrará que se cumpla el objetivo principal
de la Sección 2-408 de la Ley Núm. 141, el cual es facultar
a los periodistas que puedan llevar a cabo su misión de
mantener
bien
informado
al
público
ocupación
que
constituye
su
medio
y
desempeñar
principal
de
la
vida.”
(Enfasis nuestro).
Por
su
parte,
el
Art.
III
del
aludido
Reglamento
provee que se expida una certificación de prensa a todo
miembro de la “Prensa General Activa en Puerto Rico”3 de 18
sobrextensión (overbreadth) o amplitud excesiva y que
por ello son inconstitucionales.”
Su Art. II define así miembro de la Prensa General
Activa:
3
“Dueño, gerente general, directores, directores asociados, jefes de redacción, reporteros,
años
o
más.
La
solicitud
debe
acompañarse
con
una
recomendación de la empresa o corporación periodística para
la cual trabaja, que certificará que “es un miembro de la
Prensa
General
periodísticas
Activa,
o
de
que
se
información
desempeña
en
en
directa
forma
labores
y
consistente para la empresa o corporación.” Art. III A.
Además,
deberá
consignar
si
dicho
trabajo
es
su
medio
principal de vida.
Notamos pues, que el precepto legal y el reglamentario
establecen que la certificación para obtener una tablilla
especial de prensa, es para quienes se dediquen de día a
día a la búsqueda de información y para los cuales tal
ocupación
constituye
corolario,
quedan
su
medio
excluidos
principal
los
que
de
hacen
vida.
Como
periodismo
esporádica o parcialmente, sin que constituya su principal
medio de sustento.
Padilla Piña argumenta que negarle la certificación,
sólo porque su trabajo periodístico no constituye su medio
principal
de
vida,
restringe
y
coarta
su
libertad
palabra y prensa. No tiene razón.
II
editores, fotoperiodistas y todo personal del
Departamento de Noticias de una Empresa o Corporación periodística, registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico y que ejerza el
periodismo escrito, radial o televisado en Puerto
Rico, dedicado a la búsqueda, elaboración,
edición o difusión de la noticia de interés
general, que se desempeñe en sus labores en forma
directa y consistente para dicha Empresa o
Corporación y cuya prestación de servicios está
certificada por la parte servida y para el cual
esta ocupación constituye su medio principal de
vida.”
de
El
principio
de
igual
protección
de
las
leyes
consagrado en el Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución
prohibe el discrimen injustificado, sin exigir trato igual
para todos los ciudadanos. Se activa ante legislación o
acción gubernamental que clasifique grupos y discrimine
injustificadamente unos frente a otros. Facultad para las
Ciencias Sociales v. Consejo de Educación Superior, res. en
2 de junio de 1993; Calo v. Cartagena, res. en 28 de junio
de 1991; Aulet Lebrón v. Depto. de Servicios Sociales, res.
en 28 de junio de 1991; Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R.
273 (1991); Salas v. Municipio, 119 D.P.R. 625 (1987); M
and B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319
(1987); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).
Para evaluar situaciones de ese género, los tribunales
examinamos la razonabilidad de la clasificación, a base del
escrutinio estricto o el de nexo racional. Rodríguez Pagán
v. Depto. de Servicios Sociales, res. en 3 de febrero de
1993; Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R.
267 (1975).
El primero (estricto), se emplea ante clasificaciones
que afectan derechos fundamentales tales como el voto, la
intimidad, el culto, la expresión y otros, o se trate de
clasificaciones sospechosas, o sea, aquellas establecidas
por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas y nacionalidad.
Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., res. en 4 de junio de 1992.
Su análisis presupone la inconstitucionalidad del estatuto
y, por ende,
el Estado tiene que probar que la clasifica-
ción responde a un interés apremiante y es necesaria, por
no existir un medio menos oneroso para promover y alcanzar
dicho interés. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., res. en 1ro.
de noviembre de 1993; Calo v. Cartagena, supra.
En el otro extremo, el escrutinio de nexo racional o
tradicional, se utiliza en clasificaciones de tipo socioeconómico.
La
Pagán
Depto.
v.
constitucionalidad
de
Servicios
se
presume.
Sociales,
Rodríguez
supra.
Quien
impugna tiene que demostrar que la clasificación es arbitraria y no existe nexo racional entre ella y el interés
legítimo del Estado. Vélez v. Srio. de Justicia, supra; M
and B.S. Inc. v. Depto. de Agricultura, supra.4
III
Nuestra Constitución y la federal sitúan5 la libertad
de prensa como derecho fundamental.
Méndez Arocho v. El
Vocero, res. en 30 de junio de 1993; El Vocero v. E.L.A.,
res. en 8 de julio de 1992; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A.,
supra; Pueblo v. Arandes De Celis, 120 D.P.R. 530 (1988);
4
En la jurisdicción federal se ha empleado un tercer escrutinio –el intermedio- cuando la clasificación
afecta intereses individuales importantes, aunque no fundamenta-les, como los basados en sexo y
extranjería. En Puerto Rico no lo hemos adoptado. Para clasificaciones de esa índole, utilizamos el
escrutinio estricto. Almodóvar v. Méndez, 125 D.P.R. 218 (1990); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R.
804 (1980).
5
El Art. II Sec.4 de nuestra Constitución lee:
“No se aprobará ley alguna que restrinja
la libertad de palabra o de prensa o el derecho
del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a
pedir al gobierno la reparación de agravios.”
La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos reza:
“El Congreso no aprobará ninguna ley con
respecto al establecimiento de religión alguna, o
que prohiba el libre ejercicio de la misma o que
coarte la libertad de palabra o de prensa; o el
derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a
solicitar
del
Gobierno
la
reparación
de
agravios.”
Santiago v. Bolt, 117 D.P.R. 153 (1986); Soto v. Secretario
de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982); Aponte Martínez v.
Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).
Su esencia estriba en impedir
la restricción arbitraria del contenido de publicaciones,
así como el medio, lugar y la manera que se realicen, no
importa su veracidad, popularidad o simpatía.6
Coss v.
C.E.E., res. en 8 de febrero de 1995; Aponte Martínez v.
Lugo, supra. “Si la garantía constitucional significa algo,
es, al menos de ordinario, que ‘el gobierno no tiene la
facultad de restringir la expresión a base de su mensaje,
ideas, objetivos o contenido’” Tribe, American Constitutional
Law,
second
edition,
1988,
pag.
790
(traducción
nuestra, citas omitidas). Es la libertad de los periódicos
para decidir lo que quieren imprimir y la protección al
público de recibir la información tal y como es publicada.
Implica además, el derecho del periodista a tener acceso a
la información que desea publicar sin trabas innecesarias.
Silva
Iglecia
v.
Panel
Sobre
el
Fiscal
Especial
Independiente, supra; Rivera González v. Danny’s Bakery,
121 D.P.R. 304 (1988); Miami Herald v. Tornillo, 418 U.S.
241 (1974); Kleindienst v. Mandel, 408 U.S. 762 (1972);
Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 (1972). Resaltamos una vez
más el valor trascendental del acceso a la información por
su estrecha correspondencia con la libre expresión, pues
“[s]in conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco
Virginia Pharmacy Board v. Virginia Consumer Council, 425
U.S. 748 (1976); Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971);
Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931); Debs v. U.S., 249
U.S. 211(1919).
6
se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales
mediante
los
procedimientos
judiciales
o
a
través
del
proceso de las urnas cada (4) años”. Soto v. Secretario de
Justicia, supra, pág. 485. López Vives v. Policía de P.R.,
118
D.P.R.
219
(1987).
Nuestra
sociedad
democrática
se
nutre de corrientes liberales. Refrendamos la dimensión
constitucional del derecho de acceso e información de la
prensa
y
el
público
en
general.
Evitamos
así
que
el
gobierno maneje los asuntos públicos en secreto y disminuya
el flujo constante de información al público en menoscabo
de la participación en asuntos que le conciernen, Soto v.
Secretario,
supra,
pág.
486.
Sin
embargo,
también
reconocemos que este valor de libertad de expresión “[n]o
supone
una
irrestricción
subordinarse
a
otros
absoluta,
intereses
[...]
cuando
la
que
[impida]
necesidad
y
conveniencia pública lo requieran”. Bonilla v. P.N.P., res.
en 13 de marzo de 1996; Velázquez v. Autoridad Metropolitana de Autobuses, res. en 15 de septiembre de 1992.
IV
Con
esta
breve
normativa
en
mente,
precisemos
el
alcance de las disposiciones de ley y reglamento impugnadas. Es claro que la sola negativa de una certificación de
prensa a Padilla Piña, per se, no le impide ni restringe su
libertad de prensa. Publicar un periódico o tener acceso a
la información no depende de que se expida tal certificación de prensa. Su único efecto es no poseer el beneficio
aludido de una tablilla especial. El propósito de la Ley de
Tránsito dista mucho de interferir con el contenido de la
expresión o publicación; por el contrario, provee al sector
más
dinámico
beneficio
y
activo
de
socioeconómico.
la
Este
prensa
trato
un
comprensible
particular
a
los
miembros de la prensa que se dedican de día a día a la
búsqueda
de
información
y
para
quienes
dicha
profesión
constituye su principal fuente de sustento, no infringe la
garantía
de
libertad
de
prensa
de
los
demás,
pues
no
conlleva o representa peligro de suprimir determinada idea
o expresión.
La legislación y reglamentación impugnada no están
dirigidas contra determinado grupo o sector de la prensa.
Sus criterios en nada inciden sobre el tamaño o poder de la
empresa periodística. Incluso los miembros de la prensa de
pequeñas empresas están incluidas en el beneficio de la
tablilla especial, siempre que se dediquen diariamente al
periodismo y el mismo represente su principal fuente de
sustento. Tampoco obstaculiza su labor; por el contrario,
la
promueve
y
facilita
para
quienes
han
hecho
del
periodismo su principal medio de vida. Padilla Piña no ha
demostrado (no existe indicio alguno), de que la misma
interfiera con la libertad de prensa de Disidente Universal
de
P.R.,
Inc.,
pues
no
la
penaliza
por
sus
ideas
o
expresiones. Tampoco regula contenido alguno ni constituye
censura
previa
de
sus
publicaciones.
El
derecho
a
la
tablilla especial, previa la certificación requerida, no es
fundamental ni exige aplicar el escrutinio estricto. Como
concluyó
en
reconsideración
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones, el requisito impugnado “no restringe directamente la libertad de expresión y prensa. No prohibe ni
reglamenta la expresión o publicación de ideas”. Bajo los
parámetros
constitucionales
pertinentes,
sólo
el
trato
arbitrario e injustificado, que constituya una carga para
el periodista, viola la cláusula de libertad de prensa, mas
no aquel trato que persigue beneficiar al mayor número de
personas posibles.
Bajo el escrutinio mínimo o de nexo racional, ante una
legislación
de
este
tipo,
esencialmente
socioeconómica,
debemos gran deferencia al legislador cuando se utiliza
como punta de lanza la cláusula de igual protección de las
leyes para impugnarlas. Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri
Corp., 114 D.P.R. 64 (1983). No nos corresponde enjuiciar
su sabiduría. Olazagasti v. Eastern Sugar Associate, 79
D.P.R. 93(1956); Cervecería Corona v. Srio. Obras Públicas,
97
D.P.R.
relacione
44(1968).
la
De
existir
una
razón
con
el
interés
autos,
no
hay
clasificación
valedera
del
que
Estado,
sostendremos su validez.
En
la
situación
de
duda
de
que
la
Asamblea Legislativa tuvo la intención de beneficiar al
periodista que se dedica diariamente a la búsqueda de la
información
como
medio
principal
de
vida.
Su
propósito
primordial fue librarlo de los inconvenientes cotidianos
generados por la policía en el área del tránsito vehicular.
Promover y facilitar la labor a la prensa y demás
medios
de
difusión
diaria
es
un
interés
importante
y
sustancial del Estado. Tomamos conocimiento judicial de que
los
estacionamientos
facilitados
por
las
agencias
de
gobierno para la prensa son limitados y, aún aquellos que
ostentan la tablilla especial, muchas veces no logran ni
tienen acceso garantizado. De exigirse la entrega de la
tablilla especial de prensa a todo aquel que reclame ser
periodista
–incluso
los
que
ocasionalmente
escriben
un
artículo en algún periódico o intervienen de alguna forma
en la difusión o análisis de información a través de la
radio
o
la
televisión-,
sobrecargaría
los
escasos
y
limitados espacios de estacionamiento en el país y, a la
postre afectaría detrimentalmente la prensa diaria. No hay
duda que el limitar la concesión de Certificaciones de
Prensa
y
tablillas
razonablemente
promueve
especiales
ese
es
interés
un
medio
identificado.
que
La
clasificación pues, está relacionada razonablemente a dicho
interés.
VI
Finalmente, no nos convence el fundamento del Tribunal
de Circuito sobre amplitud excesiva.
La doctrina de amplitud excesiva se desarrolló como
técnica de análisis judicial para asegurar que la libertad
de expresión goce la máxima protección, debido a su importancia constitucional. Al igual que la doctrina de vaguedad, se utiliza para examinar la constitucionalidad de una
ley de su faz, no en su aplicación. Son excepciones a las
normas de legitimación activa (standing), que permiten determinar si la ley afectaría derechos de terceras personas
que no se encuentran ante el tribunal. Ambas doctrinas presuponen que hay un ejercicio del derecho a la libre expresión que no podría ser legítimamente restringido por reglamentación gubernamental. U.N.T.S v. Soler Zapata, res en 16
de abril de 1993.
Si
de
su
faz
la
ley
es
excesivamente
amplia,
se
considera si existen medios menos onerosos para alcanzar el
propósito gubernamental. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 1988, vol. II,
págs. 1319-1320. 1987).7
En
(1987),
Pueblo
v.
resolvimos
Hernández
Colón,
que
invalidar
para
118
D.P.R.
un
891,899
estatuto,
la
amplitud excesiva tenía que ser sustancial en relación con
Es excesivamente amplio un estatuto que además de controlar
o regular actividades constitucionalmente regulables, también
afecta e invade el ámbito de expresiones o conductas protegidas. Gunther, Constitutional Law, Twelfth Edition, 1991.
NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1964); Thornhill v. Alabama,
310 U.S. 88(1940). Sin embargo, “plausiblemente puede impugnarse una ley, alegando nulidad debido a excesiva amplitud,
sólo cuando: (1) la actividad protegida constituye una parte
significativa del objetivo de la ley, y (2) no existe una
manera satisfactoria de separar las aplicaciones constitucionales de la ley de sus aplicaciones inconstitucionales, de
forma que se puedan suprimir estas últimas, claramente y en
un solo paso, del alcance de la ley.” Tribe, Ob. Cit., pág.
1022. Además, “[e]n el análisis sobre la amplitud excesiva
está implícita la idea de que no debe anularse una ley de su
faz a menos que ésta impida sustancialmente la celebración de
actividades protegidas [...] Por lo tanto, un estatuto redactado de manera restrictiva para que refleje la relación
íntima existente entre los medios seleccionados por la legislatura y los fines permisibles del gobierno no es vulnerable
de su faz simplemente porque alguien pudiera imaginar
aplicaciones ocasionales que trascienden los límites constitucionales.” Tribe, Ob. Cit., págs. 1024-1025. “La existencia
de un efecto disuasivo incluso en el campo de los derechos
protegidos por la Primera Enmienda nunca se ha considerado
como fundamento suficiente, en sí y por sí, para prohibir la
acción estatal”. Younger v. Harris, 401 U.S. 37,51 (1971).
(Traducción nuestra).
7
En Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973), se dijo que
las invalidaciones por amplitud excesiva, fueron generalmente
inapropiadas cuando la alegada aplicación impermisible de la
ley impugnada, afectaba conducta más que expresión. Desde
entonces, el Tribunal Supremo Federal ha indicado que la doctrina permanece disponible en ciertas circunstancias, especialmente en la impugnación de regulaciones de expresión, más
que de conducta. Schad v. M.T. Ephraim, 452 U.S. 61 (1981);
Schaumburg v. Citizens for Better Environ, 444 U.S. 620
(1980); Erznoznik v. Jacksonville, 422 U.S. 205 (1975). En
otros contextos, se han rechazado varios ataques por amplitud
excesiva, reiterándose Broadrick. N.Y. v. Feber, 458 U.S. 747
el alcance legítimo que la medida puede tener, y “si no
están
afectados
derechos
de
libertad
de
expresión
y
asociación constitucionalmente protegidos, no procede examinar
la
ambigüedad
de
una
reglamentación.”
(Enfasis
suplido).
En el caso de autos, repetimos, el propósito principal
de la legislación no es regular o controlar la libertad de
prensa.
Su
efecto
sobre
ese
derecho,
si
alguno,
es
incidental, igual al que de ordinario tiene toda concesión
de algún privilegio sobre las personas excluidas. En su
análisis
constitucional,
no
se
justifica
aplicar
el
escrutinio intermedio; mucho menos anular esta legislación
por alegada amplitud excesiva. Este tipo de legislación no
exige
al
alcanzar
Estado
su
utilizar
interés;
el
basta
medio
menos
oneroso
para
que
esté
razonablemente
relacionado con la clasificación.
Se dictará sentencia revocatoria.
ANTONIO S. NEGRON GARCÍA
Juez Asociado
(1982); Parker v. Levy, 417
Kennedy, 416 U.S. 134 (1974).
U.S.
733
(1974);
Arnnett
v.
17
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Disidente Universal de P.R.,
Inc.
Apelado-recurrente
AC-97-18
Revisión
Administrativa
v.
Departamento de Estado
Apelante-recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 1998
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,
la cual se hace formar parte integrante de la presente, se
revoca
la
Sentencia
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones dictada en reconsideración el 19 de marzo de
1997.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández
Denton emitió Opinión Disidente a la cual se une la Juez
Asociada señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado señor
Corrada del Río se inhibió.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
18
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Disidente Universal de
Puerto Rico, Inc.
Peticionaria-Recurrente
Vs.
AC-97-18
Certiorari
Departamento de Estado del
Gobierno de Puerto Rico
Recurrido
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton a
la cual se une la Juez Asociada señora Naveira de Rodón
San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 1998.
Por considerar que el
Departamento de Estado, no tiene autoridad
para expedir credenciales de prensa que se utilicen como
identificación,
y que al hacerlo y adoptar como criterio para su
expedición el concepto de Prensa General Activa de la Ley de Vehículos
y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 141 del 20 de julio de 1960, según
enmendada, se ha excedido de la autoridad delegada, disentimos.
I
Angel
Padilla
Disidente
solicitó
en
Piña,
Director
del
el
Departamento
de
periódico
Estado
una
credencial de periodista. La empresa periodística que
publica
Disidente
es
Disidente
Universal
de
19
Puerto
Rico,
Inc.,
una
corporación
sin
fines
de
lucro,
dedicada
a
denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba. Acompañó con su
solicitud una carta firmada por la secretaria de la corporación, en la
que se hizo constar que Padilla Piña es el director del periódico y que
“entre
sus
funciones
está
cubrir
eventos
locales
e
internacionales
relacionados con las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba.”
A tenor con lo dispuesto en el Reglamento para Regir la Expedición,
Renovación, Cancelación, Uso y Responsabilidades de la Certificaciones
de
Prensa,
Reglamento
Núm.
5285
del
3
de
agosto
de
1995,
el
Departamento de Estado denegó dicha certificación ya que el periodismo
no constituía su medio principal de vida. El Sr. Padilla Piña solicitó,
sin éxito, reconsideración ante el Departamento de Estado.
Acudió
al
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
a
impugnar
la
constitucionalidad de dicho Reglamento y de la Sección 2-408(e) de la
Ley de Vehículos y Tránsito. Inicialmente el Tribunal de Circuito de
Apelaciones, Circuito Regional I de San Juan, confirmó el dictamen
administrativo.
Sin
embargo,
en
reconsideración
decretó
la
eran
inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.
Dicho
foro
inconstitucionales
apelativo
de
su
concluyó
faz.
Señaló
que
ambas
disposiciones
que
“en
efecto
la
referida
certificación y en particular la tarjeta de identificación tipo “clipon” que expide el Departamento de Estado, es en muchas ocasiones lo
único que permite a un periodista entrar a una conferencia de prensa o
un área restringida al público en general”. Inconforme, el Procurador
General recurre ante nos.
La Opinión de este Tribunal revoca al foro apelativo y concluye
que tanto la sección 2-408(e) de la Ley de Vehículos y Tránsito como el
Reglamento
5285
constitucionalmente
eminentemente
del
Departamento
de
Estado
por
tratarse
una
legislación
socioeconómica,
cuyo
de
único
beneficio
se
es
sostienen
remedial
y
expedir
una
tablilla especial de prensa a los periodistas acreditados por dicha
agencia
gubernamental.
Considera
también
que
el
efecto
de
estas
20
disposiciones sobre el derecho a la libertad de prensa, si alguno, es
incidental.
Para
lograr
verdaderamente
un
está
análisis
planteado
en
adecuado
este
y
caso
completo
es
de
necesario
lo
que
distinguir
entre la expedición de una credencial de prensa que identifique a su
portador como miembro de la prensa de Puerto Rico y la expedición de
una certificación cuyo propósito exclusivo sea habilitar a su portador
para que obtenga el beneficio de una tablilla especial de prensa que le
permitirá estacionarse en lugares reservados para uso exclusivo de la
prensa.
Lo primero, la expedición de la credencial, afecta directamente la
función medular de la prensa. No hay duda de que una credencial de
prensa
expedida
portador
como
por
un
miembro
organismo
de
la
gubernamental,
prensa
de
identificando
Puerto
Rico,
a
su
facilita
sustancialmente las labores del periodista al solicitar información y
acceso a determinadas funciones y eventos del Estado, en los cuales
usualmente se requiere que la prensa se identifique como tal. Además de
facilitar su labor periodística le otorga una ventaja significativa
sobre aquellos otros miembros de la prensa que no gozan de este endoso
oficial.8
Lo segundo, el uso de una tablilla especial de prensa, no incide
de modo directo en el acceso a funciones y eventos o en la labor de
solicitar información. Sin embargo, no hay duda de que hace más cómoda
la labor de recopilar información, aspecto esencial de su trabajo como
periodista.
Aclarada
la
diferencia
entre
ambas
conceptos,
examinemos
el
al
del
derecho aplicable.
II
La
decisión
del
Departamento
de
Estado
se
hizo
amparo
Reglamento para Regir la Expedición, Renovación, Cancelación, Uso y
Responsabilidades de las Certificaciones de Prensa. Este Reglamento que
21
regula
las
autoridad
certificaciones
de
prensa
conferida
la
Ley
por
fue
de
adoptado
en
Procedimiento
virtud
de
la
Administrativo
Uniforme, Ley 170 del 12 de agosto de 1988, capítulo II, Sección 3.1. y
por la Sección 2-408 (e) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico, Ley 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada. Reglamento 5285,
Artículo 1. Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sec.
201.
Examinadas
estas
leyes
no
encontramos
autorización
legislativa
alguna para que el Departamento de Estado expida certificaciones de
prensa que sirvan como credenciales. Las secciones de ley citadas como
base
legal
por
el
propio
Reglamento
no
tienen
referencia
alguna
a
credenciales de prensa.
La
Sección
Administrativo
3.1
del
Capítulo
III
de
Uniforme
dispone
cuales
la
Ley
serán
de
los
Procedimiento
derechos
a
salvaguardarse en los procedimientos adjudicativos formales ante las
agencias: notificación oportuna, derecho a presentar evidencia, derecho
a una adjudicación imparcial y a que la decisión sea basada en el
expediente.
La otra sección de ley citada como autoridad para el Reglamento es
la
sección
2-408(e)
de
la
Ley
Núm.
141
del
conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito.9
20
de
julio
de
1960,
Esta ley autoriza al
Secretario de Transportación y Obras Públicas a reglamentar todo lo
concerniente al uso y expedición de las tablillas que identifican los
vehículos de motor en Puerto Rico. La Ley Núm. 28 de 5 de mayo de 197610
enmendó la Ley 141 y le añadió la Sección 2-408, con el propósito de
que el Secretario de Transportación y Obras Públicas pudiese autorizar
el uso de una tablilla especial de prensa para los miembros de la
Prensa General Activa. Dicha sección dispone:
8
Véase nuestras expresiones en Rafael Nadal Arcelay v. Departamento de Estado, res.
en 12 de junio de 1998, Opinión disidente del Juez Hernández Denton.
9
En adelante Ley 141, según enmendada.
10
9 L.P.R.A. sec. 488(e).
22
(e) Para efectos de esta sección11 la frase "miembros de
la Prensa General Activa" significará aquellas personas
debidamente certificadas por el Departamento de Estado que se
dedican a la búsqueda de información de día a día para los
medios noticiosos del país y para los cuales esta ocupación
constituye su medio principal de vida.
Un examen de la disposición citada refleja que el requisito de ser
miembro de la Prensa General Activa, y su consiguiente definición, es
para el propósito exclusivo de obtener la tablilla especial de prensa.
Se le requiere al solicitante que acuda al Departamento de Estado para
que éste lo certifique como miembro de la Prensa General Activa. Para
ello es necesario que cumpla con dos requisitos: debe dedicarse día a
día a la búsqueda de información para los medios noticiosos del país, y
el periodismo constituir su medio principal de vida. La expedición de
una tablilla especial de prensa claramente es un beneficio concedido
por el Estado para los miembros de la Prensa General Activa y está
condicionado a que los solicitantes cumplan con los requisitos antes
descritos.
Sin embargo, dicho estatuto no le otorgó poderes adicionales al
Departamento de Estado para expedir certificaciones de prensa que se
utilicen para otros propósitos. El Departamento tampoco tiene autoridad
para utilizar los requisitos de la Ley de Vehículos y Tránsito como los
criterios rectores para la expedición de una credencial de prensa. Nada
hay en la letra de la Ley de Vehículos y Tránsito, ni en el historial
de sus enmiendas12, que refleje la intención, ni la autorización de la
Asamblea Legislativa para que se extendiese a la expedición de las
credenciales de prensa los criterios antes esbozados adoptados por las
enmiendas a la Ley 141 para la expedición de las tablillas especiales
de prensa.
11
Entiéndase la expedición de tablillas especiales de prensa por el Secretario de
Transportación y Obras Públicas a los miembros de la Prensa General Activa.
12
Véase Informe de la Comisión de Transportación y Obras Públicas de la Cámara de
Representantes del 20 de abril de 1976 sobre el P. de la C. 1832 para adicionar la
Sección 2-408(e) a la Ley 141 de 20 de julio de 1960; Informe de la Comisión de
Transportación y Obras Públicas de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C.
228 para disponer el uso único de una tablilla especial de prensa;
Informe de la
Comisión de Transportación y Obras Públicas del Senado del 12 de mayo de 1986 sobre el
P. de la C. 228 para disponer el uso de una tablilla única de prensa; Discusión del P.
de la C. 228, Diario de Sesiones, marzo 12 de 1987, a la pág. 436; Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 11 de 3 de abril de 1987.
23
Sin
embargo,
una
lectura
completa
y
cuidadosa
del
Reglamento
impugnado revela que éste expresamente reconoce que su propósito es
dual.
El
Artículo
establecer
las
1
dispone
normas
para
que
el
propósito
del
Reglamento
expedir,
renovar,
cancelar,
es
uso
y
responsabilidades que conlleva el uso de las certificaciones de prensa.
Este documento “certifica que su poseedor es un miembro de la Prensa
General Activa en Puerto Rico y que así fue certificado por la empresa
o corporación para la cual trabaja.”13 Además establece un procedimiento
para certificar a los "Miembros de la Prensa General Activa" para los
efectos de solicitar una tablilla especial de prensa.
Artículo 1 del
Reglamento 5285, Reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
sec. 201.
Es decir, según el Reglamento, el Departamento de Estado se ha
tomado
la
prerrogativa
credenciales
de
certificar
aquellos
a
de
prensa,
regular
además
de
periodistas
todo
lo
establecer
que
por
concerniente
un
a
las
procedimiento
para
pertenecer
a
la
"Prensa
General Activa" pueden solicitar la tablilla especial de prensa. Cabe
recalcar que, según examinamos, la autorización legislativa es sólo
para lo segundo.
Al
examinar
el
Reglamento
5285
certificación
de
prensa
expedida
identificación
de
prensa.
El
no
es
Artículo
queda
duda
de
facto
3(I)
del
de
un
que
la
carnet
de
Reglamento
5285,
Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sec. 203 (I),
dispone
que
laminada
tipo
el
Departamento
de
Estado
para
que
el
clip-on
emitirá
periodista
una
la
certificación
utilice
en
su
vestimenta y sea visible cuando desempeña sus funciones en la calle.
Del propio Reglamento se desprende el propósito de que dicha
certificación
sirva
como
identificación.
El
Artículo
4(A)
del
Reglamento 5285, Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
sec. 204(A), claramente dispone:
13
Artículo 2(B) del Reglamento 5285, Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico se. 202(B).
24
El solicitante a quien se le expida una certificación de
prensa podrá utilizarla tan sólo como certificación de que es
un miembro de la Prensa General Activa dedicado a la búsqueda
de información de día a día para un medio noticioso
debidamente registrado y para el que dicha labor constituye
su medio principal de vida. Esta certificación tan sólo
servirá como método de identificación cuando su portador esté
cubriendo eventos asignados por el medio noticioso para el
cual labora y como certificación requerida por la Ley Núm.
141, Sección 2-408(e) [9 L.P.R.A. sec. 488(e)].
El Reglamento dispone que sólo podrán solicitar una certificación
de prensa los mayores de 18 años que sean miembros de la Prensa General
Activa, según definido el concepto en el propio Reglamento. Reglamento
5285, Artículo 3, Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
sec. 203.
El Artículo 2(A) define el término "Miembro de la Prensa
General Activa" como:
Dueño, gerente general, directores, directores asociados,
jefes de redacción, reporteros, editores, fotoperiodistas y
todo personal que realice trabajo periodístico y que forme
parte del personal del Departamento de Noticias de una
empresa
o
corporación
periodística,
registrada
en
el
Departamento de Estado de Puerto Rico y que ejerza el
periodismo escrito, radial o televisado en Puerto Rico,
dedicado a la búsqueda, elaboración, edición o difusión de la
noticia de interés general, que se desempeñe en sus labores
en forma directa y consistente para dicha empresa o
corporación y cuya prestación de servicios está certificada
por la parte servida y para el cual esta ocupación constituye
su medio principal de vida. Reglamentos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, sec. 202(A).
Es
decir,
dedicarse
día
noticiosos
del
a
a
tenor
con
el
Reglamento
5285,
día
a
la
búsqueda
de
país
y
de
que
periodismo
el
información
la
condición
para
de
los
medios
el
medio
constituya
principal de vida del miembro de la prensa es un requisito tanto para
la
credencial
como
para
la
certificación
que
permite
obtener
la
tablilla especial de prensa.
El Reglamento adopta el criterio de la Ley 141, según enmendada,
establecido para propósitos exclusivos de expedir tablillas especiales
de
prensa,
y
lo
incorpora
y
traspone
a
la
función
de
expedir
credenciales. Además, sin tener autorización legislativa para ello, se
atribuye la función de expedir credenciales de prensa que sirven de
identificación. Esta no fue la intención ni la autorización otorgada
25
por la Asamblea Legislativa al Departamento de Estado. Examinado desde
esta perspectiva se desprende que el Reglamento 5285 se excedió de la
autoridad delegada y resulta claramente ultra vires.
Nuestra doctrina y jurisprudencia, siguiendo los postulados del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ha reconocido la delegación del
poder
de
reglamentar
en
las
agencias
y
departamentos
de
la
rama
ejecutiva. Sin embargo, a pesar de reconocer la validez constitucional
de estándares de delegación generales y amplios, hemos reiterado que un
reglamento
no
puede
excederse
o
extralimitarse
de
la
delegación
concedida. Un reglamento que se extralimita de lo autorizado por el
mandato legislativo es nulo e insostenible. El proceso analítico a
seguirse al examinar la validez de un reglamento requiere como punto de
partida determinar si la actuación administrativa está autorizada por
la
ley
habilitadora.
Marketing
and
Brokerage
Specialists
Inc.
v.
Departamento de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326(1978); Carrero Gueits
v. Departamento de Educación, Opinión del Tribunal de 30 de octubre de
1996, ___ D.P.R.___ (1996).
Nada
hay
en
las
leyes
habilitadoras
del
Reglamento
5285
que
autorice al Departamento de Estado a expedir credenciales de prensa que
sirvan como medio de identificación, y mucho menos a hacer extensivo
los criterios restrictivos diseñados para la expedición de tablillas
especiales de prensa a la expedición de esas credenciales de prensa.
La situación es más grave aun si consideramos que se trata de un
asunto que afecta las funciones medulares de la prensa. El Departamento
de Estado se ha abrogado la facultad de identificar y definir quien es
prensa en Puerto Rico. Al exigir que un miembro de la prensa cumpla con
los requisitos de dedicarse día a día a la búsqueda de información y
que éste sea su medio principal de vida como requisito de umbral para
expedirle una credencial de prensa que le servirá como identificación
al
llevar
a
cabo
sus
labores
periodísticas,
restringe
de
manera
peligrosa la definición de prensa en Puerto Rico e incide de un modo
inaceptable en el derecho a la libertad de prensa reconocido en el Art.
26
II Sec. 4 de nuestra Constitución y en la Primera Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos de América.
Nuestros
pronunciamientos
anteriores
han
adoptado
una
visión
amplia y abarcadora del concepto "prensa". También hemos otorgado gran
respeto
y protección a la labor de la prensa:
"Lo que se debe proteger no es la institución en sí,
sino la labor de la prensa: viabilizar un vehículo de
información y opinión, informar y educar al público,
ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el
debate, y actuar como un sustituto para obtener noticias e
información para sus lectores, que por sí y como individuos
no pueden o no desean compilarla. Una garantía especial de
la libertad de prensa deberá aplicar no solamente a
aquellos que la corte podía clasificar como "prensa" sino a
quienquiera, de cualquier tamaño, y cualquier medio, que
regularmente asuma la misión de prensa". Oliveras v.
Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257, 268.14
Esta posición es cónsona con los pronunciamientos del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos:
"[t]he liberty of the press is not confined to
newspapers
and
periodicals.
It
necessarily
embraces
pamphlets
and
leaflets...the
press
in
its
historic
connotation comprehends every sort of publication which
affords a vehicle of information and opinion" Lovell v.
City of Griffin, 303 U.S. 444,452 (1938).
IV
Una
vez
determinado
que
el
Reglamento
5282
es
inválido
por
excederse de la autoridad delegada por la Asamblea Legislativa, nos
corresponde analizar cuidadosamente la sección de la Ley de Vehículos y
Tránsito que autoriza la expedición de unas tablillas especiales de
prensa, para determinar si infringe alguna cláusula constitucional.
Somos de la opinión que la primacía de la libertad de expresión y
prensa en nuestro ordenamiento constitucional, requiere un análisis más
cuidadoso y exhaustivo, tanto de la situación de hechos presentada ante
nos como del derecho aplicable, que la que lleva a cabo la Opinión de
este Tribunal. Méndez Arocho v. El Vocero, Opinión del Tribunal de 30
de junio de 1993, ___D.P.R.__ (1993),; El Vocero v. E.L.A., Opinión del
14
El Hon. Juez Antonio Negrón García, juez ponente, citó con aprobación de B.J.
Chamberlin y C.J. Brown, The First Amendment Reconsidered, New York, 1982, a la pág.
110.
27
Tribunal de 8 de julio de 1992, __D.P.R.__ (1992); Aponte Martínez v.
Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).
De
los
hechos
y
de
la
ley
se
desprende
que
el
Estado
ha
establecido un trato diferente para varios miembros de la prensa. A
través del criterio establecido para definir Prensa General Activa ha
otorgado
el
beneficio
de
unas
tablillas
especiales
de
prensa
selectivamente. El hecho de que se trata de un beneficio no conlleva
que el análisis que hagamos pueda ser menos riguroso. Los tribunales,
ante
una
alegación
de
inconstitucionalidad,
entre derechos o privilegios.
han
rehusado
distinguir
Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254,262
(1970).
Cuando es el Estado quien distingue, ya sea para imponer cargas o
beneficios, entre sectores de la prensa o entre miembros de la prensa,
hay que examinar las disposiciones impugnadas tanto bajo la cláusula de
igual protección de las leyes, como bajo la protección sustantiva del
derecho
a
la
libre
expresión
y
prensa
garantizado
por
la
Primera
Enmienda. Véase a modo ilustrativo Borreca v. Fasi, 369 F. Supp. 906
(D. Haw.1974); Quad-City Community News Serv., Inc. v. Jebens, 334 F.
Supp. 8 (S.D. Iowa 1971); Consumers Union of U.S., Inc. v. Periodical
Correspondents
Ass'n.
365
F.
Supp.
18,25
(D.D.C.
1973).
Un
trato
diferencial entre sectores o miembros de la prensa, envuelve tanto la
cláusula de igual protección de las leyes como la Primera Enmienda y es
particularmente sospechoso. McCoy v. Providence Journal Co., 190 F.2d
760 (1951). La situación ante nos requiere, pues, análisis bajo ambas
cláusulas
constitucionales,
y
los
parámetros
de
ambas
deben
satisfacerse para que la sección de ley impugnada pueda sostenerse.
Un estatuto que de su faz diferencia entre los miembros de un
sector particular de la prensa en la
concesión
15
de
un
beneficio
es
de
imposición de una carga o en la
por
sí
sospechoso.15
Grosjean
v.
El Tribunal Supremo federal ha tenido la oportunidad de examinar estos postulados
en los casos sobre la imposición de impuestos a la prensa. La prensa no está inmune a
que el Estado le imponga impuestos sobre uso y ventas, pero la Primera Enmienda impone
ciertas restricciones al Estado. La jurisprudencia ha identificado cuatro supuestos
que debido a la carga que imponen a la libertad de prensa se presumen
28
American Press Co., 279 U.S. 233, 251 (1936). El hecho de que no exista
un
motivo
o
intención
discriminatoria
de
parte
de
la
Asamblea
Legislativa no cura esta sospecha. Para que surja una violación a la
Primera Enmienda no es condición indispensable que exista un motivo
ilícito. Minneapolis Star & Tribune Co. v. Minnesota Comm'r of Revenue,
460 U.S. 575, 591-592 (1983).
Toda disposición que diferencie entre sectores o miembros de la
prensa, ya sea para conceder credenciales, facilitar acceso, conceder
beneficios o imponer cargas debe someterse a un escrutinio estricto
donde se le exija al Estado demostrar que dicho tratamiento diferencial
obedece a un interés apremiante que no puede satifacerse de un modo
menos oneroso. Sherril v. Knight, 569 F. 2d 124 (D.C. Cir. 1977);
Borreca v. Fasi, 369 F. Supp. 906 (D. Haw. 1974); ABC v. Cuomo, 570
F.2d. 1080 (2d Cir. 1977); Quad-City Community News service; Inc. v.
Jebens, 334 F. Supp. 8 (S.D. Iowa 1971).
Es necesario proteger a la prensa de un trato diferenciador y
selectivo por parte del Estado ya que muchas veces es el resultado de
un
intento
indirecto
para
controlar
ciertas
publicaciones
y
su
contenido. Al amparo de la Primera Enmienda, aun en casos en que no se
ha
establecido
un
propósito
discriminatorio,
los
tribunales
han
reconocido el peligro que representa la posibilidad de que a través de
establecer un trato selectivo entre miembros de la prensa, el Estado
señale
a
aquellos
sectores
de
la
prensa
que
cuestionan
el
funcionamiento gubernamental o asumen posiciones de oposición. ABC v.
Cuomo, supra a la pág. 1083.
inconstitucionales: cuando el esquema contributivo responde a un propósito legislativo
ilícito; cuando se trata de un impuesto que se impone sólo a la prensa; cuando se
trata de un impuesto que se impone a base del contenido de la publicación; y cuando se
trata de un esquema selectivo donde se señala para trato diferencial a algunos
miembros de un sector de la prensa. Grosjean v. American Press, 297 U.S. 233 (1936),
Minneapolis Star Tribune Co. v. Minnesota Comm'r of Revenue, 460 U.S. 575 (1983);
Arkansas Writers' Project,Inc. v. Ragland, 481 U.S. 221 (1987), Leathers v. Medlock,
499 U.S.__, 111 S Ct. 1438 (1991).
Se considera que un esquema contributivo impone una carga sustancial a la prensa
cuando se señala a la prensa para un trato diferente o cuando se señalan para trato
diferencial a algunos miembros en particular de un determinado sector de prensa.
Minneapolis Star, supra a las págs. 583-591
Un esquema de impuestos no puede aplicarse de modo selectivo a diferentes miembros de
un mismo sector de la prensa. Arkansas Writers supra a la pág 234.
29
Conceder a ciertos miembros de la prensa un tratamiento favorable
sobre
otros
medios
de
la
prensa
también
representa
un
precedente
peligroso:
The danger in granting favorable treatment to certain
members of the media is obvious: it allows the
government to influence the type of substantive media
coverage that public events will receive. Such a
practice is unquestionably at odds with the First
Amendment. Anderson v. Cryovac, Inc., 805 F.2d 1,9
(1st. Cir. 1986).
Corresponde pues a este Tribunal analizar si el criterio escogido
por la Asamblea Legislativa para definir Prensa General Activa y para
excluir a un sector de la prensa del beneficio particular de unas
tablillas especiales de prensa, el cual indudablemente hace más cómoda
y facilita su labor de recopilar información, puede de facto incidir en
el tipo de publicación que queda excluida de dicho beneficio.
Diferimos de la apreciación que hace la mayoría de que el criterio
escogido
no
guarda
relación
con
el
tamaño
o
poder
de
la
empresa
periodística, y de que la negativa de una certificación de prensa a
Padilla Piña no le impide ni restringe su libertad de prensa ya que su
único efecto es el no concederle el beneficio de la tablilla especial
de prensa, lo cual no afecta la publicación del periódico y el acceso a
información a publicarse. Diferimos también de su conclusión de que el
criterio utilizado para diferenciar entre los varios miembros de la
prensa
no
representa
el
peligro
de
suprimir
determinada
idea
o
expresión, por lo cual no se infrige el derecho a la libertad de prensa
de los miembros de la prensa excluidos del beneficio.
Es
ingenuo
pensar
que
las
empresas
periodísticas
pequeñas
o
incipientes, o aquellas de baja circulación, o que aunque publican
regularmente sólo publican varias ediciones al año,
tengan suficientes
recursos económicos para pagar a sus empleados un salario adecuado que
permita que el trabajo que realizan para esa empresa periodística sea
su medio principal de vida. Por necesidad, el criterio adoptado excluye
del beneficio particular de las tablillas especiales de prensa, a todo
30
un sector particular de la prensa: las empresas periodísticas con pocos
recursos económicos.
Debe
ser
motivo
de
honda
preocupación
el
criterio
económico
seleccionado por la Asamblea Legislativa para definir Prensa General
Activa
por
la
existencia
de
una
correlación
entre
el
poder
y
los
recursos económicos de una empresa periodística y el contenido y punto
de vista presentado por las mismas.
Como regla general, los periódicos
que representan posiciones de minoría o de vanguardia, no gozan de
mucha circulación, ni cuentan con suficientes recursos económicos. Al
otorgar el beneficio de las tablillas especiales de prensa a base de un
criterio económico, existe la posibilidad real de estar excluyendo del
mismo a todo un sector de la prensa que representa posiciones y puntos
de vista que no gozan del endoso de la mayoría.
No hay duda, y así lo reconoce la Opinión de este Tribunal, que
las tablillas especiales de prensa facilitan la labor del periodista en
la recopilación de información. El disfrutar de unos estacionamientos
reservados le hace más cómodo el acceso a aquellos lugares a donde debe
acudir en búsqueda de la noticia que ha de publicar. Al escoger el
criterio de que el miembro de la prensa se dedique diariamente a la
búsqueda de información y de que éste sea su medio principal de vida la
Asamblea Legislativa quiso beneficiar y favorecer al periodista que se
dedica diariamente a la búsqueda de información como medio principal de
vida. La Opinión de este Tribunal considera que éste es un fin legítimo
y encomiable, y que por lo tanto este trato particular a un sector de
la prensa no ofende la libertad de prensa.
Sin
expresión
embargo,
y
cabe
prensa
señalarse,
impone
que
limitaciones
el
derecho
a
la
libertad
sustanciales
a
la
de
actuación
gubernamental aun cuando la misma persiga un fin legítimo y encomiable:
...the First Amendment as we understand it today
rests on the premise that it is government power, rather
than private power, that is the main threat to free
expression; and as a consequence, the amendment imposes
substantial limitations on the Government even when it
is trying to serve concededly praiseworthy goals. Turner
31
Broadcasting Sys., Inc. v. F.C.C., 114 S. Ct. 2445, 2469
(1994), opinión disidente de la Juez O'Connor
Aun en caso de que la mayoría de este Tribunal no estuviese de
acuerdo con nuestra conclusión de que hay una correlación entre el
criterio económico utilizado por la Asamblea Legislativa para otorgar
el beneficio de las tablillas especiales de prensa y el tamaño, poder y
contenido de la prensa, debemos señalar que la Opinión de este Tribunal
expresamente
impugnadas
reconoce
tengan
un
la
posibilidad
de
que
las
incidental
en
la
libertad
efecto
disposiciones
de
prensa.
Disidente Universal v. Departamento de Estado, Opinión del Tribunal de
12 de junio de 1998 a las págs. 14 y 15. Reconocida esta posibilidad,
correspondía
examinar
dichas
disposiciones
bajo
un
criterio
más
estricto.
Para
que
pueda
sostenerse
una
disposición
supone una restricción incidental de uno de los
y
prensa
garantizados
por
nuestra
que
de
algún
modo
derechos de expresión
Constitución
y
por
la
Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, es necesario que
dicha disposición responda a un interés gubernamental sustancial y la
restricción no puede ser mayor que lo necesario para adelantar dicho
interés sustancial. Este escrutinio intermedio es el que se utiliza, al
amparo
de
contenido,
la
Primera
pero
que
Enmienda,
imponen
una
para
restricciones
carga
incidental
neutrales
en
alguno
en
su
de
los
derechos garantizados por la libertad de expresión y prensa. Rotunda
and Nowak, Treatise on Constitutional Law, Vol. 4 sec. 20.18 (Supp.
1998); Turner Broadcasting System Inc. v. FCC, 512 U.S. 622,661 (1994);
Turner Broadcast System Inc. v. FCC, 520 U.S. __, 117 S.Ct. 1174 (1997)
Forcade v. Knight, 416 F. Supp. 1025, 1035.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que cuando
de
las
alegaciones
surgen
planteamientos
válidos
que
implican
la
Primera Enmienda, las disposiciones impugnadas no se salvan sólo porque
satisfagan el criterio de racionalidad. La carga que debe satisfacer el
gobierno, una vez implicada la Primera Enmienda es mayor. City of Los
32
Angeles
v.
Preferred
Communications,Inc.,
476
U.S.
488
(1986).
Es
inapropiado revisar bajo el escrutinio racional de la cláusula de igual
protección de las leyes una clasificación impuesta por la Asamblea
Legislativa que afecta conducta protegida bajo la Primera Enmienda.
Police Department of Chicago V. Mosley, 408 U.S. 92, 98-99, 102 (1972).
V
Nos sentimos con el deber de levantar una última preocupación. Uno
de los interrogantes que surge de los hechos planteados ante nos es a
quién debe corresponder la facultad de definir lo que es "prensa".16 La
labor no es sencilla y el otorgar esta facultad al sector equivocado
puede tener efectos nefastos.
Hemos reconocido que:
La prensa constituye un vehículo de información y opinión
[para] informar y educar al público, ofrecer críticas,
proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar
como un sustituto para obtener noticias e información
para sus lectores, que por sí y como individuos no
pueden o desean compilarla. Si consideramos que la
función de la prensa incluye el revisar y evaluar la
labor gubernamental para informar de ello al público, es
forzoso concluir que debe de mantenerse a la prensa
fuera del control gubernamental. Solo así podrá llevar a
cabo su función fiscalizadora adecuadamente. Santiago v.
Bobb y el Mundo, 117 D.P.R. 153,159 (1986)
La independencia de la prensa es crucial para nuestro sistema de
gobierno.
Una
regulación
del
regulaciones
otorgar
prensa
independiente
Estado
tanto
beneficios.
para
está
confinada
establecer
Mientras
es
mayor
una
a
prensa
un
en
mínimo.
la
cual
la
Esto
incluye
requisitos
o
cargas
como
injerencia
se
dé
organismo
al
para
gubernamental en los asuntos de la prensa mayor será el control del
Estado sobre la misma.
16
La tarea no es fácil, ni existe un consenso al respecto. Algunas posiciones
enfatizan la prensa como institución, mientras que otras se enfocan en la función de
la prensa. Véase, Melville B. Nimmer, Is Freedom of the Press a Redundancy: What Does
it Add To Freedom of Speech? 26 Hastings Law Journal 639(1975), David Lange, The
Speech and Press Clauses, 23 UCLA L. Rev. 57 (1975).
Sin embargo encontramos que a nivel estatal los estados se han visto obligados a
definir "prensa" en algunos supuestos. Entre estos se encuentran aquellos estatutos
que confieren un privilegio estatutario a los periodistas de no tener que revelar sus
fuentes; la definición de prensa en los estatutos que regulan acceso a las prisiones;
y los estatutos que imponen impuestos o que otorgan exenciones contributivas a la
prensa.
33
Como parte de nuestro análisis del Reglamento 5285,
reglamentos
anteriores
del
Departamento
de
Estado
examinamos
que
regían
la
expedición y regulación de credenciales de prensa. El Reglamento 3879
del Departamento de Estado, vigente del 7 de febrero de 1989 al 27 de
noviembre de 1992, definía en su artículo II(B) las credenciales de
prensa
como
la
identificación
que
acredita
que
su
poseedor
es
un
periodista activo en Puerto Rico y certificado por la empresa para cual
trabaja. Para ser considerado periodista bastaba que el solicitante se
desempeñase
en
sus
labores
para
dicha
empresa
en
forma
directa
y
consistente y que dicha empresa certificase la prestación de dichos
servicios. Art. II(A), Reglamento 3879 del Departamento de Estado.
Dicho
Reglamento,
al
igual
que
el
Reglamento
5285
que
ya
examinamos, adolecía del defecto de carecer de autoridad para regular
la expedición de credenciales de prensa ya que su única base legal era
la
Sección
3.1
del
Capítulo
III
de
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme que regula los derechos a salvaguardarse en los
procedimientos
adjudicativos
formales
cabe
que
bajo
Reglamento
prensa
al
resaltar,
credencial
de
el
periodista,
en
las
agencias.
3879,
dependía
la
Sin
embargo,
otorgación
de
la
exclusivamente
de
una
certificación a cargo de la propia empresa para la cual laboraba. Es
decir,
en
última
periodística
instancia,
determinar,
a
correspondía
base
de
la
a
la
labor
propia
realizada
empresa
por
sus
empleados, a quien debía concedérsele una credencial de prensa. Por
considerar
que
con
este
criterio
se
limita
la
intervención
gubernamental a un mínimo, refrendamos dicha definición.
VI
Examinados los autos y el derecho aplicable hemos llegado a la
conclusión de que el Reglamento 5285 del Departamento de Estado que
Regula la Expedición, Renovación, Cancelación, Uso y Responsabilidades
de las Certificaciones de Prensa es nulo por excederse de la autoridad
concedida
por
sus
leyes
habilitadoras.
Consideramos
además,
que
la
Opinión de este Tribunal aplica a la sección 2-408(e) de la Ley 141 el
34
criterio
de
nexo
racional
o
mínimo
sin
examinar
ni
contestar
las
preguntas que necesariamente surgen cuando de modo directo o incidental
está involucrado el derecho a la libertad de prensa.
Al
ignorar
esta
normativa
constitucional
el
Tribunal
Supremo
establece un precedente peligroso en lo que respecta a la libertad de
prensa en Puerto Rico. Más aun cuando esto conlleva permitir que el
Departamento de Estado se abrogue el poder de emitir credenciales de
prensa y así determine quien puede cubrir los eventos públicos.
En unos momentos en que ciertos medios de comunicación sostienen
ante
los
tribunales
y
ante
la
opinión
pública
que
el
Estado
está
discriminando contra ellos en la colocación de anuncios gubernamentales
como
represalia
por
sus
reportajes
periodísticos,
es
realmente
sorprendente y lamentable que una mayoría de este Tribunal permita que
el Estado se abrogue el poder de discriminar entre periodistas.
Por todo lo anterior nos vemos obligados a disentir.
FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON
Juez Asociado