LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

DISIDENTE UNIVERSAL V. DPTO. DE ESTADO

1998 TSPR 68

Poder Judicial de Puerto Rico

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DISIDENTE UNIVERSAL V. DPTO. DE ESTADO

AC-1997-18

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Disidente Universal de Puerto Rico,

Inc.

Demandante-Recurrido

Apelación

Administrativa

.V

98TSPR68

Departamento de Estado

Demandado-Peticionario

Número del Caso: AC-97-0018

Abogados Parte Peticionaria: Lcdo. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lcda. Miriam Alvarez Archilla

Procuradora General Auxiliar

Abogados Parte Recurrida: Lcdo. Guillermo González Alcazar

Agencia Administrativa – Departamento de Estado

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Martínez Torres

Fecha: 6/12/1998

Materia: Revisión Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Disidente Universal de P.R.,

Inc.

Apelado-recurrente

AC-97-18

v.

Revisión

Administrativa

Departamento de Estado

Apelante-recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 1998

El 7 de diciembre de 1995, Angel W. Padilla Piña

solicitó al Departamento de Estado certifi-cación de

prensa

para

Disidente

Universal

de

P.R.,

Inc.,

organización periodística, sin fines de lucro, dedicada

esencialmente a velar y denunciar las violaciones de

Derechos Humanos en Cuba. Consignó que el periodismo no

constituía su medio principal de vida. Por tal razón, a

te-nor con la Sec. 2-408(e) de la Ley de Vehículos y

Tránsito

de

Expedición,

P.R.

y

el

Renovación,

Reglamento

Para

Cancelación,

Regir

la

Uso

y

Responsabilidades de las Certificaciones de Prensa, se

le

denegó

prensa.

el

beneficio

de

una

tablilla

especial

de

Luego de pedir sin éxito reconsideración, impugnó la

constitucionalidad de ambos preceptos. El 9 de diciembre de

1996, el Tribunal de Circuito de Apelaciones1 (Hons. Amadeo

Murga, Rodríguez García y Martínez Torres), los sostuvo.

Sin

embargo,

en

reconsideración,

(Hons.

Rossy

García,

Rodríguez García y Martínez Torres), decretó su inconstitucionalidad por requerir que el periodismo constituya el

medio principal de vida. Dicho foro razonó que aunque no se

violaba

la

libertad

reglamentación

de

“hacía[n]

prensa,

más

la

difícil

legislación

la

labor

y

del

periodista”. Bajo ese predicado, aplicó la norma de que el

gobierno no puede negar un beneficio a una persona a base

de un requisito que afecte un derecho fundamental, tal y

como la libertad de prensa. Sostuvo que la legislación

incide negativamente sobre el ejercicio de esa libertad y

no basta que el interés gubernamental sea sustancial, sino

que es menester que dicho interés no pueda alcanzarse por

medios más amplios de lo necesario. Se negó a aplicar el

escrutinio

racional

o

mínimo

y,

en

su

lugar,

usó

un

escrutinio intermedio. Concluyó que aunque el interés del

Estado

era

sustancial,

el

medio

para

alcanzarlo

–clasificar los periodistas a base de si derivan de su

profesión su principal fuente de sustento- era innecesariamente amplio. Sugirió que el criterio establecido en la

propia Ley y Reglamento, de dedicarse “de día a día” es

El recurso, originalmente presentado en el Tribunal

Superior, Sala de San Juan, fue trasladado al Tribunal de

Circuito de Apelaciones conforme la enmienda a la Ley Núm.

248 de 25 de diciembre de 1995, Art. 9.004(a) del Plan de

Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial.

1

suficiente para adelantar el interés del Estado, y que el

requisito económico de “que constituya su principal medio

de vida” adolece de amplitud excesiva.

En

apelación,

el

Depto.

de

Estado

cuestiona

dicho

dictamen.2

I

Como único beneficio, la sección 2-408 de la Ley Núm.

11 del 3 de abril de 1987, enmendatoria de la Ley de

Vehículos

y

Tránsito,

autorizó

expedir

esas

tablillas

especiales a todo vehículo de motor que sea propiedad y

utilice un miembro acreditado de la Prensa General Activa,

o pertenezca a una agencia o empresa noticiosa para uso

exclusivo

2

de

uno

de

sus

miembros.

Estas

personas

Plantea:

“1. Erró el Honorable Tribunal de Circuito al

aplicar al caso de autos el escrutinio intermedio

para establecer la validez constitucional de la

clasificación sobre que el periodismo constituyera el

“medio principal de vida” del solicitante de una

credencial de prensa, cuando se trata de una

reglamentación socio económica relativa al poder del

Estado

para

reglamentar

dicha

profesión,

cuyo

escrutinio debió ser el del nexo racional o

tradicional mínimo.

2. Erró el Honorable Tribunal de Circuito al

declarar la inconstitucionalidad de la sección 2048(e) de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960,

según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 488(e), conocida

como Ley de Vehículos y Tránsito y los Artículos IIA,

IIIB y IVB del Reglamento para regir la expedición,

renovación, cancelación, uso y responsabilidades de

las Certificaciones de Prensa, Núm. 5285 de 3 de

agosto de 1995.

3. Erró el Honorable Tribunal de Circuito al

determinar que la sección 2-408(e), de la Ley 141 de

20 de julio de 1960, según enmendada, 9 L.P.R.A. sec.

488(e), conocida como Ley de Vehículos y Tránsito y

su contraparte reglamentaria adolecen del defecto de

son

aquellas debidamente certificadas por el Depto. de Estado,

dedicados a la búsqueda de información de día a día para

los medios noticiosos del país y, para los cuales esta

ocupación constituye el medio principal de vida.

El

propósito

eminentemente

de

esta

legislación

socio-económico.

Así

es

quedó

remedial

y

diáfanamente

consignado, al señalarse en su Exposición de Motivos que

“[l]os miembros de la Prensa General Activa de nuestro país

[...] se quejan de que los agentes del orden público, al

ver estacionados sus carros con la tablilla de prensa en la

parte superior y la tablilla regular en la parte delantera

del vehículo, les denuncian e imponen multas.

Esta medida

va encaminada a establecer una disposición permitiendo el

uso de la tablilla especial únicamente sin riesgo alguno de

sufrir inconvenientes con los agentes del orden público.

Esto, además, logrará que se cumpla el objetivo principal

de la Sección 2-408 de la Ley Núm. 141, el cual es facultar

a los periodistas que puedan llevar a cabo su misión de

mantener

bien

informado

al

público

ocupación

que

constituye

su

medio

y

desempeñar

principal

de

la

vida.”

(Enfasis nuestro).

Por

su

parte,

el

Art.

III

del

aludido

Reglamento

provee que se expida una certificación de prensa a todo

miembro de la “Prensa General Activa en Puerto Rico”3 de 18

sobrextensión (overbreadth) o amplitud excesiva y que

por ello son inconstitucionales.”

Su Art. II define así miembro de la Prensa General

Activa:

3

“Dueño, gerente general, directores, directores asociados, jefes de redacción, reporteros,

años

o

más.

La

solicitud

debe

acompañarse

con

una

recomendación de la empresa o corporación periodística para

la cual trabaja, que certificará que “es un miembro de la

Prensa

General

periodísticas

Activa,

o

de

que

se

información

desempeña

en

en

directa

forma

labores

y

consistente para la empresa o corporación.” Art. III A.

Además,

deberá

consignar

si

dicho

trabajo

es

su

medio

principal de vida.

Notamos pues, que el precepto legal y el reglamentario

establecen que la certificación para obtener una tablilla

especial de prensa, es para quienes se dediquen de día a

día a la búsqueda de información y para los cuales tal

ocupación

constituye

corolario,

quedan

su

medio

excluidos

principal

los

que

de

hacen

vida.

Como

periodismo

esporádica o parcialmente, sin que constituya su principal

medio de sustento.

Padilla Piña argumenta que negarle la certificación,

sólo porque su trabajo periodístico no constituye su medio

principal

de

vida,

restringe

y

coarta

su

libertad

palabra y prensa. No tiene razón.

II

editores, fotoperiodistas y todo personal del

Departamento de Noticias de una Empresa o Corporación periodística, registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico y que ejerza el

periodismo escrito, radial o televisado en Puerto

Rico, dedicado a la búsqueda, elaboración,

edición o difusión de la noticia de interés

general, que se desempeñe en sus labores en forma

directa y consistente para dicha Empresa o

Corporación y cuya prestación de servicios está

certificada por la parte servida y para el cual

esta ocupación constituye su medio principal de

vida.”

de

El

principio

de

igual

protección

de

las

leyes

consagrado en el Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución

prohibe el discrimen injustificado, sin exigir trato igual

para todos los ciudadanos. Se activa ante legislación o

acción gubernamental que clasifique grupos y discrimine

injustificadamente unos frente a otros. Facultad para las

Ciencias Sociales v. Consejo de Educación Superior, res. en

2 de junio de 1993; Calo v. Cartagena, res. en 28 de junio

de 1991; Aulet Lebrón v. Depto. de Servicios Sociales, res.

en 28 de junio de 1991; Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R.

273 (1991); Salas v. Municipio, 119 D.P.R. 625 (1987); M

and B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319

(1987); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).

Para evaluar situaciones de ese género, los tribunales

examinamos la razonabilidad de la clasificación, a base del

escrutinio estricto o el de nexo racional. Rodríguez Pagán

v. Depto. de Servicios Sociales, res. en 3 de febrero de

1993; Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R.

267 (1975).

El primero (estricto), se emplea ante clasificaciones

que afectan derechos fundamentales tales como el voto, la

intimidad, el culto, la expresión y otros, o se trate de

clasificaciones sospechosas, o sea, aquellas establecidas

por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas y nacionalidad.

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., res. en 4 de junio de 1992.

Su análisis presupone la inconstitucionalidad del estatuto

y, por ende,

el Estado tiene que probar que la clasifica-

ción responde a un interés apremiante y es necesaria, por

no existir un medio menos oneroso para promover y alcanzar

dicho interés. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., res. en 1ro.

de noviembre de 1993; Calo v. Cartagena, supra.

En el otro extremo, el escrutinio de nexo racional o

tradicional, se utiliza en clasificaciones de tipo socioeconómico.

La

Pagán

Depto.

v.

constitucionalidad

de

Servicios

se

presume.

Sociales,

Rodríguez

supra.

Quien

impugna tiene que demostrar que la clasificación es arbitraria y no existe nexo racional entre ella y el interés

legítimo del Estado. Vélez v. Srio. de Justicia, supra; M

and B.S. Inc. v. Depto. de Agricultura, supra.4

III

Nuestra Constitución y la federal sitúan5 la libertad

de prensa como derecho fundamental.

Méndez Arocho v. El

Vocero, res. en 30 de junio de 1993; El Vocero v. E.L.A.,

res. en 8 de julio de 1992; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A.,

supra; Pueblo v. Arandes De Celis, 120 D.P.R. 530 (1988);

4

En la jurisdicción federal se ha empleado un tercer escrutinio –el intermedio- cuando la clasificación

afecta intereses individuales importantes, aunque no fundamenta-les, como los basados en sexo y

extranjería. En Puerto Rico no lo hemos adoptado. Para clasificaciones de esa índole, utilizamos el

escrutinio estricto. Almodóvar v. Méndez, 125 D.P.R. 218 (1990); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R.

804 (1980).

5

El Art. II Sec.4 de nuestra Constitución lee:

“No se aprobará ley alguna que restrinja

la libertad de palabra o de prensa o el derecho

del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a

pedir al gobierno la reparación de agravios.”

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos reza:

“El Congreso no aprobará ninguna ley con

respecto al establecimiento de religión alguna, o

que prohiba el libre ejercicio de la misma o que

coarte la libertad de palabra o de prensa; o el

derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a

solicitar

del

Gobierno

la

reparación

de

agravios.”

Santiago v. Bolt, 117 D.P.R. 153 (1986); Soto v. Secretario

de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982); Aponte Martínez v.

Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).

Su esencia estriba en impedir

la restricción arbitraria del contenido de publicaciones,

así como el medio, lugar y la manera que se realicen, no

importa su veracidad, popularidad o simpatía.6

Coss v.

C.E.E., res. en 8 de febrero de 1995; Aponte Martínez v.

Lugo, supra. “Si la garantía constitucional significa algo,

es, al menos de ordinario, que ‘el gobierno no tiene la

facultad de restringir la expresión a base de su mensaje,

ideas, objetivos o contenido’” Tribe, American Constitutional

Law,

second

edition,

1988,

pag.

790

(traducción

nuestra, citas omitidas). Es la libertad de los periódicos

para decidir lo que quieren imprimir y la protección al

público de recibir la información tal y como es publicada.

Implica además, el derecho del periodista a tener acceso a

la información que desea publicar sin trabas innecesarias.

Silva

Iglecia

v.

Panel

Sobre

el

Fiscal

Especial

Independiente, supra; Rivera González v. Danny’s Bakery,

121 D.P.R. 304 (1988); Miami Herald v. Tornillo, 418 U.S.

241 (1974); Kleindienst v. Mandel, 408 U.S. 762 (1972);

Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 (1972). Resaltamos una vez

más el valor trascendental del acceso a la información por

su estrecha correspondencia con la libre expresión, pues

“[s]in conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco

Virginia Pharmacy Board v. Virginia Consumer Council, 425

U.S. 748 (1976); Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971);

Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931); Debs v. U.S., 249

U.S. 211(1919).

6

se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales

mediante

los

procedimientos

judiciales

o

a

través

del

proceso de las urnas cada (4) años”. Soto v. Secretario de

Justicia, supra, pág. 485. López Vives v. Policía de P.R.,

118

D.P.R.

219

(1987).

Nuestra

sociedad

democrática

se

nutre de corrientes liberales. Refrendamos la dimensión

constitucional del derecho de acceso e información de la

prensa

y

el

público

en

general.

Evitamos

así

que

el

gobierno maneje los asuntos públicos en secreto y disminuya

el flujo constante de información al público en menoscabo

de la participación en asuntos que le conciernen, Soto v.

Secretario,

supra,

pág.

486.

Sin

embargo,

también

reconocemos que este valor de libertad de expresión “[n]o

supone

una

irrestricción

subordinarse

a

otros

absoluta,

intereses

[...]

cuando

la

que

[impida]

necesidad

y

conveniencia pública lo requieran”. Bonilla v. P.N.P., res.

en 13 de marzo de 1996; Velázquez v. Autoridad Metropolitana de Autobuses, res. en 15 de septiembre de 1992.

IV

Con

esta

breve

normativa

en

mente,

precisemos

el

alcance de las disposiciones de ley y reglamento impugnadas. Es claro que la sola negativa de una certificación de

prensa a Padilla Piña, per se, no le impide ni restringe su

libertad de prensa. Publicar un periódico o tener acceso a

la información no depende de que se expida tal certificación de prensa. Su único efecto es no poseer el beneficio

aludido de una tablilla especial. El propósito de la Ley de

Tránsito dista mucho de interferir con el contenido de la

expresión o publicación; por el contrario, provee al sector

más

dinámico

beneficio

y

activo

de

socioeconómico.

la

Este

prensa

trato

un

comprensible

particular

a

los

miembros de la prensa que se dedican de día a día a la

búsqueda

de

información

y

para

quienes

dicha

profesión

constituye su principal fuente de sustento, no infringe la

garantía

de

libertad

de

prensa

de

los

demás,

pues

no

conlleva o representa peligro de suprimir determinada idea

o expresión.

La legislación y reglamentación impugnada no están

dirigidas contra determinado grupo o sector de la prensa.

Sus criterios en nada inciden sobre el tamaño o poder de la

empresa periodística. Incluso los miembros de la prensa de

pequeñas empresas están incluidas en el beneficio de la

tablilla especial, siempre que se dediquen diariamente al

periodismo y el mismo represente su principal fuente de

sustento. Tampoco obstaculiza su labor; por el contrario,

la

promueve

y

facilita

para

quienes

han

hecho

del

periodismo su principal medio de vida. Padilla Piña no ha

demostrado (no existe indicio alguno), de que la misma

interfiera con la libertad de prensa de Disidente Universal

de

P.R.,

Inc.,

pues

no

la

penaliza

por

sus

ideas

o

expresiones. Tampoco regula contenido alguno ni constituye

censura

previa

de

sus

publicaciones.

El

derecho

a

la

tablilla especial, previa la certificación requerida, no es

fundamental ni exige aplicar el escrutinio estricto. Como

concluyó

en

reconsideración

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, el requisito impugnado “no restringe directamente la libertad de expresión y prensa. No prohibe ni

reglamenta la expresión o publicación de ideas”. Bajo los

parámetros

constitucionales

pertinentes,

sólo

el

trato

arbitrario e injustificado, que constituya una carga para

el periodista, viola la cláusula de libertad de prensa, mas

no aquel trato que persigue beneficiar al mayor número de

personas posibles.

Bajo el escrutinio mínimo o de nexo racional, ante una

legislación

de

este

tipo,

esencialmente

socioeconómica,

debemos gran deferencia al legislador cuando se utiliza

como punta de lanza la cláusula de igual protección de las

leyes para impugnarlas. Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri

Corp., 114 D.P.R. 64 (1983). No nos corresponde enjuiciar

su sabiduría. Olazagasti v. Eastern Sugar Associate, 79

D.P.R. 93(1956); Cervecería Corona v. Srio. Obras Públicas,

97

D.P.R.

relacione

44(1968).

la

De

existir

una

razón

con

el

interés

autos,

no

hay

clasificación

valedera

del

que

Estado,

sostendremos su validez.

En

la

situación

de

duda

de

que

la

Asamblea Legislativa tuvo la intención de beneficiar al

periodista que se dedica diariamente a la búsqueda de la

información

como

medio

principal

de

vida.

Su

propósito

primordial fue librarlo de los inconvenientes cotidianos

generados por la policía en el área del tránsito vehicular.

Promover y facilitar la labor a la prensa y demás

medios

de

difusión

diaria

es

un

interés

importante

y

sustancial del Estado. Tomamos conocimiento judicial de que

los

estacionamientos

facilitados

por

las

agencias

de

gobierno para la prensa son limitados y, aún aquellos que

ostentan la tablilla especial, muchas veces no logran ni

tienen acceso garantizado. De exigirse la entrega de la

tablilla especial de prensa a todo aquel que reclame ser

periodista

–incluso

los

que

ocasionalmente

escriben

un

artículo en algún periódico o intervienen de alguna forma

en la difusión o análisis de información a través de la

radio

o

la

televisión-,

sobrecargaría

los

escasos

y

limitados espacios de estacionamiento en el país y, a la

postre afectaría detrimentalmente la prensa diaria. No hay

duda que el limitar la concesión de Certificaciones de

Prensa

y

tablillas

razonablemente

promueve

especiales

ese

es

interés

un

medio

identificado.

que

La

clasificación pues, está relacionada razonablemente a dicho

interés.

VI

Finalmente, no nos convence el fundamento del Tribunal

de Circuito sobre amplitud excesiva.

La doctrina de amplitud excesiva se desarrolló como

técnica de análisis judicial para asegurar que la libertad

de expresión goce la máxima protección, debido a su importancia constitucional. Al igual que la doctrina de vaguedad, se utiliza para examinar la constitucionalidad de una

ley de su faz, no en su aplicación. Son excepciones a las

normas de legitimación activa (standing), que permiten determinar si la ley afectaría derechos de terceras personas

que no se encuentran ante el tribunal. Ambas doctrinas presuponen que hay un ejercicio del derecho a la libre expresión que no podría ser legítimamente restringido por reglamentación gubernamental. U.N.T.S v. Soler Zapata, res en 16

de abril de 1993.

Si

de

su

faz

la

ley

es

excesivamente

amplia,

se

considera si existen medios menos onerosos para alcanzar el

propósito gubernamental. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 1988, vol. II,

págs. 1319-1320. 1987).7

En

(1987),

Pueblo

v.

resolvimos

Hernández

Colón,

que

invalidar

para

118

D.P.R.

un

891,899

estatuto,

la

amplitud excesiva tenía que ser sustancial en relación con

Es excesivamente amplio un estatuto que además de controlar

o regular actividades constitucionalmente regulables, también

afecta e invade el ámbito de expresiones o conductas protegidas. Gunther, Constitutional Law, Twelfth Edition, 1991.

NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1964); Thornhill v. Alabama,

310 U.S. 88(1940). Sin embargo, “plausiblemente puede impugnarse una ley, alegando nulidad debido a excesiva amplitud,

sólo cuando: (1) la actividad protegida constituye una parte

significativa del objetivo de la ley, y (2) no existe una

manera satisfactoria de separar las aplicaciones constitucionales de la ley de sus aplicaciones inconstitucionales, de

forma que se puedan suprimir estas últimas, claramente y en

un solo paso, del alcance de la ley.” Tribe, Ob. Cit., pág.

1022. Además, “[e]n el análisis sobre la amplitud excesiva

está implícita la idea de que no debe anularse una ley de su

faz a menos que ésta impida sustancialmente la celebración de

actividades protegidas [...] Por lo tanto, un estatuto redactado de manera restrictiva para que refleje la relación

íntima existente entre los medios seleccionados por la legislatura y los fines permisibles del gobierno no es vulnerable

de su faz simplemente porque alguien pudiera imaginar

aplicaciones ocasionales que trascienden los límites constitucionales.” Tribe, Ob. Cit., págs. 1024-1025. “La existencia

de un efecto disuasivo incluso en el campo de los derechos

protegidos por la Primera Enmienda nunca se ha considerado

como fundamento suficiente, en sí y por sí, para prohibir la

acción estatal”. Younger v. Harris, 401 U.S. 37,51 (1971).

(Traducción nuestra).

7

En Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973), se dijo que

las invalidaciones por amplitud excesiva, fueron generalmente

inapropiadas cuando la alegada aplicación impermisible de la

ley impugnada, afectaba conducta más que expresión. Desde

entonces, el Tribunal Supremo Federal ha indicado que la doctrina permanece disponible en ciertas circunstancias, especialmente en la impugnación de regulaciones de expresión, más

que de conducta. Schad v. M.T. Ephraim, 452 U.S. 61 (1981);

Schaumburg v. Citizens for Better Environ, 444 U.S. 620

(1980); Erznoznik v. Jacksonville, 422 U.S. 205 (1975). En

otros contextos, se han rechazado varios ataques por amplitud

excesiva, reiterándose Broadrick. N.Y. v. Feber, 458 U.S. 747

el alcance legítimo que la medida puede tener, y “si no

están

afectados

derechos

de

libertad

de

expresión

y

asociación constitucionalmente protegidos, no procede examinar

la

ambigüedad

de

una

reglamentación.”

(Enfasis

suplido).

En el caso de autos, repetimos, el propósito principal

de la legislación no es regular o controlar la libertad de

prensa.

Su

efecto

sobre

ese

derecho,

si

alguno,

es

incidental, igual al que de ordinario tiene toda concesión

de algún privilegio sobre las personas excluidas. En su

análisis

constitucional,

no

se

justifica

aplicar

el

escrutinio intermedio; mucho menos anular esta legislación

por alegada amplitud excesiva. Este tipo de legislación no

exige

al

alcanzar

Estado

su

utilizar

interés;

el

basta

medio

menos

oneroso

para

que

esté

razonablemente

relacionado con la clasificación.

Se dictará sentencia revocatoria.

ANTONIO S. NEGRON GARCÍA

Juez Asociado

(1982); Parker v. Levy, 417

Kennedy, 416 U.S. 134 (1974).

U.S.

733

(1974);

Arnnett

v.

17

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Disidente Universal de P.R.,

Inc.

Apelado-recurrente

AC-97-18

Revisión

Administrativa

v.

Departamento de Estado

Apelante-recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,

la cual se hace formar parte integrante de la presente, se

revoca

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones dictada en reconsideración el 19 de marzo de

1997.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández

Denton emitió Opinión Disidente a la cual se une la Juez

Asociada señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado señor

Corrada del Río se inhibió.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

18

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Disidente Universal de

Puerto Rico, Inc.

Peticionaria-Recurrente

Vs.

AC-97-18

Certiorari

Departamento de Estado del

Gobierno de Puerto Rico

Recurrido

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton a

la cual se une la Juez Asociada señora Naveira de Rodón

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 1998.

Por considerar que el

Departamento de Estado, no tiene autoridad

para expedir credenciales de prensa que se utilicen como

identificación,

y que al hacerlo y adoptar como criterio para su

expedición el concepto de Prensa General Activa de la Ley de Vehículos

y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 141 del 20 de julio de 1960, según

enmendada, se ha excedido de la autoridad delegada, disentimos.

I

Angel

Padilla

Disidente

solicitó

en

Piña,

Director

del

el

Departamento

de

periódico

Estado

una

credencial de periodista. La empresa periodística que

publica

Disidente

es

Disidente

Universal

de

19

Puerto

Rico,

Inc.,

una

corporación

sin

fines

de

lucro,

dedicada

a

denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba. Acompañó con su

solicitud una carta firmada por la secretaria de la corporación, en la

que se hizo constar que Padilla Piña es el director del periódico y que

“entre

sus

funciones

está

cubrir

eventos

locales

e

internacionales

relacionados con las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba.”

A tenor con lo dispuesto en el Reglamento para Regir la Expedición,

Renovación, Cancelación, Uso y Responsabilidades de la Certificaciones

de

Prensa,

Reglamento

Núm.

5285

del

3

de

agosto

de

1995,

el

Departamento de Estado denegó dicha certificación ya que el periodismo

no constituía su medio principal de vida. El Sr. Padilla Piña solicitó,

sin éxito, reconsideración ante el Departamento de Estado.

Acudió

al

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

a

impugnar

la

constitucionalidad de dicho Reglamento y de la Sección 2-408(e) de la

Ley de Vehículos y Tránsito. Inicialmente el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, Circuito Regional I de San Juan, confirmó el dictamen

administrativo.

Sin

embargo,

en

reconsideración

decretó

la

eran

inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.

Dicho

foro

inconstitucionales

apelativo

de

su

concluyó

faz.

Señaló

que

ambas

disposiciones

que

“en

efecto

la

referida

certificación y en particular la tarjeta de identificación tipo “clipon” que expide el Departamento de Estado, es en muchas ocasiones lo

único que permite a un periodista entrar a una conferencia de prensa o

un área restringida al público en general”. Inconforme, el Procurador

General recurre ante nos.

La Opinión de este Tribunal revoca al foro apelativo y concluye

que tanto la sección 2-408(e) de la Ley de Vehículos y Tránsito como el

Reglamento

5285

constitucionalmente

eminentemente

del

Departamento

de

Estado

por

tratarse

una

legislación

socioeconómica,

cuyo

de

único

beneficio

se

es

sostienen

remedial

y

expedir

una

tablilla especial de prensa a los periodistas acreditados por dicha

agencia

gubernamental.

Considera

también

que

el

efecto

de

estas

20

disposiciones sobre el derecho a la libertad de prensa, si alguno, es

incidental.

Para

lograr

verdaderamente

un

está

análisis

planteado

en

adecuado

este

y

caso

completo

es

de

necesario

lo

que

distinguir

entre la expedición de una credencial de prensa que identifique a su

portador como miembro de la prensa de Puerto Rico y la expedición de

una certificación cuyo propósito exclusivo sea habilitar a su portador

para que obtenga el beneficio de una tablilla especial de prensa que le

permitirá estacionarse en lugares reservados para uso exclusivo de la

prensa.

Lo primero, la expedición de la credencial, afecta directamente la

función medular de la prensa. No hay duda de que una credencial de

prensa

expedida

portador

como

por

un

miembro

organismo

de

la

gubernamental,

prensa

de

identificando

Puerto

Rico,

a

su

facilita

sustancialmente las labores del periodista al solicitar información y

acceso a determinadas funciones y eventos del Estado, en los cuales

usualmente se requiere que la prensa se identifique como tal. Además de

facilitar su labor periodística le otorga una ventaja significativa

sobre aquellos otros miembros de la prensa que no gozan de este endoso

oficial.8

Lo segundo, el uso de una tablilla especial de prensa, no incide

de modo directo en el acceso a funciones y eventos o en la labor de

solicitar información. Sin embargo, no hay duda de que hace más cómoda

la labor de recopilar información, aspecto esencial de su trabajo como

periodista.

Aclarada

la

diferencia

entre

ambas

conceptos,

examinemos

el

al

del

derecho aplicable.

II

La

decisión

del

Departamento

de

Estado

se

hizo

amparo

Reglamento para Regir la Expedición, Renovación, Cancelación, Uso y

Responsabilidades de las Certificaciones de Prensa. Este Reglamento que

21

regula

las

autoridad

certificaciones

de

prensa

conferida

la

Ley

por

fue

de

adoptado

en

Procedimiento

virtud

de

la

Administrativo

Uniforme, Ley 170 del 12 de agosto de 1988, capítulo II, Sección 3.1. y

por la Sección 2-408 (e) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto

Rico, Ley 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada. Reglamento 5285,

Artículo 1. Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sec.

201.

Examinadas

estas

leyes

no

encontramos

autorización

legislativa

alguna para que el Departamento de Estado expida certificaciones de

prensa que sirvan como credenciales. Las secciones de ley citadas como

base

legal

por

el

propio

Reglamento

no

tienen

referencia

alguna

a

credenciales de prensa.

La

Sección

Administrativo

3.1

del

Capítulo

III

de

Uniforme

dispone

cuales

la

Ley

serán

de

los

Procedimiento

derechos

a

salvaguardarse en los procedimientos adjudicativos formales ante las

agencias: notificación oportuna, derecho a presentar evidencia, derecho

a una adjudicación imparcial y a que la decisión sea basada en el

expediente.

La otra sección de ley citada como autoridad para el Reglamento es

la

sección

2-408(e)

de

la

Ley

Núm.

141

del

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito.9

20

de

julio

de

1960,

Esta ley autoriza al

Secretario de Transportación y Obras Públicas a reglamentar todo lo

concerniente al uso y expedición de las tablillas que identifican los

vehículos de motor en Puerto Rico. La Ley Núm. 28 de 5 de mayo de 197610

enmendó la Ley 141 y le añadió la Sección 2-408, con el propósito de

que el Secretario de Transportación y Obras Públicas pudiese autorizar

el uso de una tablilla especial de prensa para los miembros de la

Prensa General Activa. Dicha sección dispone:

8

Véase nuestras expresiones en Rafael Nadal Arcelay v. Departamento de Estado, res.

en 12 de junio de 1998, Opinión disidente del Juez Hernández Denton.

9

En adelante Ley 141, según enmendada.

10

9 L.P.R.A. sec. 488(e).

22

(e) Para efectos de esta sección11 la frase "miembros de

la Prensa General Activa" significará aquellas personas

debidamente certificadas por el Departamento de Estado que se

dedican a la búsqueda de información de día a día para los

medios noticiosos del país y para los cuales esta ocupación

constituye su medio principal de vida.

Un examen de la disposición citada refleja que el requisito de ser

miembro de la Prensa General Activa, y su consiguiente definición, es

para el propósito exclusivo de obtener la tablilla especial de prensa.

Se le requiere al solicitante que acuda al Departamento de Estado para

que éste lo certifique como miembro de la Prensa General Activa. Para

ello es necesario que cumpla con dos requisitos: debe dedicarse día a

día a la búsqueda de información para los medios noticiosos del país, y

el periodismo constituir su medio principal de vida. La expedición de

una tablilla especial de prensa claramente es un beneficio concedido

por el Estado para los miembros de la Prensa General Activa y está

condicionado a que los solicitantes cumplan con los requisitos antes

descritos.

Sin embargo, dicho estatuto no le otorgó poderes adicionales al

Departamento de Estado para expedir certificaciones de prensa que se

utilicen para otros propósitos. El Departamento tampoco tiene autoridad

para utilizar los requisitos de la Ley de Vehículos y Tránsito como los

criterios rectores para la expedición de una credencial de prensa. Nada

hay en la letra de la Ley de Vehículos y Tránsito, ni en el historial

de sus enmiendas12, que refleje la intención, ni la autorización de la

Asamblea Legislativa para que se extendiese a la expedición de las

credenciales de prensa los criterios antes esbozados adoptados por las

enmiendas a la Ley 141 para la expedición de las tablillas especiales

de prensa.

11

Entiéndase la expedición de tablillas especiales de prensa por el Secretario de

Transportación y Obras Públicas a los miembros de la Prensa General Activa.

12

Véase Informe de la Comisión de Transportación y Obras Públicas de la Cámara de

Representantes del 20 de abril de 1976 sobre el P. de la C. 1832 para adicionar la

Sección 2-408(e) a la Ley 141 de 20 de julio de 1960; Informe de la Comisión de

Transportación y Obras Públicas de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C.

228 para disponer el uso único de una tablilla especial de prensa;

Informe de la

Comisión de Transportación y Obras Públicas del Senado del 12 de mayo de 1986 sobre el

P. de la C. 228 para disponer el uso de una tablilla única de prensa; Discusión del P.

de la C. 228, Diario de Sesiones, marzo 12 de 1987, a la pág. 436; Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 11 de 3 de abril de 1987.

23

Sin

embargo,

una

lectura

completa

y

cuidadosa

del

Reglamento

impugnado revela que éste expresamente reconoce que su propósito es

dual.

El

Artículo

establecer

las

1

dispone

normas

para

que

el

propósito

del

Reglamento

expedir,

renovar,

cancelar,

es

uso

y

responsabilidades que conlleva el uso de las certificaciones de prensa.

Este documento “certifica que su poseedor es un miembro de la Prensa

General Activa en Puerto Rico y que así fue certificado por la empresa

o corporación para la cual trabaja.”13 Además establece un procedimiento

para certificar a los "Miembros de la Prensa General Activa" para los

efectos de solicitar una tablilla especial de prensa.

Artículo 1 del

Reglamento 5285, Reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

sec. 201.

Es decir, según el Reglamento, el Departamento de Estado se ha

tomado

la

prerrogativa

credenciales

de

certificar

aquellos

a

de

prensa,

regular

además

de

periodistas

todo

lo

establecer

que

por

concerniente

un

a

las

procedimiento

para

pertenecer

a

la

"Prensa

General Activa" pueden solicitar la tablilla especial de prensa. Cabe

recalcar que, según examinamos, la autorización legislativa es sólo

para lo segundo.

Al

examinar

el

Reglamento

5285

certificación

de

prensa

expedida

identificación

de

prensa.

El

no

es

Artículo

queda

duda

de

facto

3(I)

del

de

un

que

la

carnet

de

Reglamento

5285,

Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sec. 203 (I),

dispone

que

laminada

tipo

el

Departamento

de

Estado

para

que

el

clip-on

emitirá

periodista

una

la

certificación

utilice

en

su

vestimenta y sea visible cuando desempeña sus funciones en la calle.

Del propio Reglamento se desprende el propósito de que dicha

certificación

sirva

como

identificación.

El

Artículo

4(A)

del

Reglamento 5285, Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

sec. 204(A), claramente dispone:

13

Artículo 2(B) del Reglamento 5285, Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico se. 202(B).

24

El solicitante a quien se le expida una certificación de

prensa podrá utilizarla tan sólo como certificación de que es

un miembro de la Prensa General Activa dedicado a la búsqueda

de información de día a día para un medio noticioso

debidamente registrado y para el que dicha labor constituye

su medio principal de vida. Esta certificación tan sólo

servirá como método de identificación cuando su portador esté

cubriendo eventos asignados por el medio noticioso para el

cual labora y como certificación requerida por la Ley Núm.

141, Sección 2-408(e) [9 L.P.R.A. sec. 488(e)].

El Reglamento dispone que sólo podrán solicitar una certificación

de prensa los mayores de 18 años que sean miembros de la Prensa General

Activa, según definido el concepto en el propio Reglamento. Reglamento

5285, Artículo 3, Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

sec. 203.

El Artículo 2(A) define el término "Miembro de la Prensa

General Activa" como:

Dueño, gerente general, directores, directores asociados,

jefes de redacción, reporteros, editores, fotoperiodistas y

todo personal que realice trabajo periodístico y que forme

parte del personal del Departamento de Noticias de una

empresa

o

corporación

periodística,

registrada

en

el

Departamento de Estado de Puerto Rico y que ejerza el

periodismo escrito, radial o televisado en Puerto Rico,

dedicado a la búsqueda, elaboración, edición o difusión de la

noticia de interés general, que se desempeñe en sus labores

en forma directa y consistente para dicha empresa o

corporación y cuya prestación de servicios está certificada

por la parte servida y para el cual esta ocupación constituye

su medio principal de vida. Reglamentos del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, sec. 202(A).

Es

decir,

dedicarse

día

noticiosos

del

a

a

tenor

con

el

Reglamento

5285,

día

a

la

búsqueda

de

país

y

de

que

periodismo

el

información

la

condición

para

de

los

medios

el

medio

constituya

principal de vida del miembro de la prensa es un requisito tanto para

la

credencial

como

para

la

certificación

que

permite

obtener

la

tablilla especial de prensa.

El Reglamento adopta el criterio de la Ley 141, según enmendada,

establecido para propósitos exclusivos de expedir tablillas especiales

de

prensa,

y

lo

incorpora

y

traspone

a

la

función

de

expedir

credenciales. Además, sin tener autorización legislativa para ello, se

atribuye la función de expedir credenciales de prensa que sirven de

identificación. Esta no fue la intención ni la autorización otorgada

25

por la Asamblea Legislativa al Departamento de Estado. Examinado desde

esta perspectiva se desprende que el Reglamento 5285 se excedió de la

autoridad delegada y resulta claramente ultra vires.

Nuestra doctrina y jurisprudencia, siguiendo los postulados del

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ha reconocido la delegación del

poder

de

reglamentar

en

las

agencias

y

departamentos

de

la

rama

ejecutiva. Sin embargo, a pesar de reconocer la validez constitucional

de estándares de delegación generales y amplios, hemos reiterado que un

reglamento

no

puede

excederse

o

extralimitarse

de

la

delegación

concedida. Un reglamento que se extralimita de lo autorizado por el

mandato legislativo es nulo e insostenible. El proceso analítico a

seguirse al examinar la validez de un reglamento requiere como punto de

partida determinar si la actuación administrativa está autorizada por

la

ley

habilitadora.

Marketing

and

Brokerage

Specialists

Inc.

v.

Departamento de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326(1978); Carrero Gueits

v. Departamento de Educación, Opinión del Tribunal de 30 de octubre de

1996, ___ D.P.R.___ (1996).

Nada

hay

en

las

leyes

habilitadoras

del

Reglamento

5285

que

autorice al Departamento de Estado a expedir credenciales de prensa que

sirvan como medio de identificación, y mucho menos a hacer extensivo

los criterios restrictivos diseñados para la expedición de tablillas

especiales de prensa a la expedición de esas credenciales de prensa.

La situación es más grave aun si consideramos que se trata de un

asunto que afecta las funciones medulares de la prensa. El Departamento

de Estado se ha abrogado la facultad de identificar y definir quien es

prensa en Puerto Rico. Al exigir que un miembro de la prensa cumpla con

los requisitos de dedicarse día a día a la búsqueda de información y

que éste sea su medio principal de vida como requisito de umbral para

expedirle una credencial de prensa que le servirá como identificación

al

llevar

a

cabo

sus

labores

periodísticas,

restringe

de

manera

peligrosa la definición de prensa en Puerto Rico e incide de un modo

inaceptable en el derecho a la libertad de prensa reconocido en el Art.

26

II Sec. 4 de nuestra Constitución y en la Primera Enmienda de la

Constitución de los Estados Unidos de América.

Nuestros

pronunciamientos

anteriores

han

adoptado

una

visión

amplia y abarcadora del concepto "prensa". También hemos otorgado gran

respeto

y protección a la labor de la prensa:

"Lo que se debe proteger no es la institución en sí,

sino la labor de la prensa: viabilizar un vehículo de

información y opinión, informar y educar al público,

ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el

debate, y actuar como un sustituto para obtener noticias e

información para sus lectores, que por sí y como individuos

no pueden o no desean compilarla. Una garantía especial de

la libertad de prensa deberá aplicar no solamente a

aquellos que la corte podía clasificar como "prensa" sino a

quienquiera, de cualquier tamaño, y cualquier medio, que

regularmente asuma la misión de prensa". Oliveras v.

Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257, 268.14

Esta posición es cónsona con los pronunciamientos del Tribunal

Supremo de los Estados Unidos:

"[t]he liberty of the press is not confined to

newspapers

and

periodicals.

It

necessarily

embraces

pamphlets

and

leaflets...the

press

in

its

historic

connotation comprehends every sort of publication which

affords a vehicle of information and opinion" Lovell v.

City of Griffin, 303 U.S. 444,452 (1938).

IV

Una

vez

determinado

que

el

Reglamento

5282

es

inválido

por

excederse de la autoridad delegada por la Asamblea Legislativa, nos

corresponde analizar cuidadosamente la sección de la Ley de Vehículos y

Tránsito que autoriza la expedición de unas tablillas especiales de

prensa, para determinar si infringe alguna cláusula constitucional.

Somos de la opinión que la primacía de la libertad de expresión y

prensa en nuestro ordenamiento constitucional, requiere un análisis más

cuidadoso y exhaustivo, tanto de la situación de hechos presentada ante

nos como del derecho aplicable, que la que lleva a cabo la Opinión de

este Tribunal. Méndez Arocho v. El Vocero, Opinión del Tribunal de 30

de junio de 1993, ___D.P.R.__ (1993),; El Vocero v. E.L.A., Opinión del

14

El Hon. Juez Antonio Negrón García, juez ponente, citó con aprobación de B.J.

Chamberlin y C.J. Brown, The First Amendment Reconsidered, New York, 1982, a la pág.

110.

27

Tribunal de 8 de julio de 1992, __D.P.R.__ (1992); Aponte Martínez v.

Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).

De

los

hechos

y

de

la

ley

se

desprende

que

el

Estado

ha

establecido un trato diferente para varios miembros de la prensa. A

través del criterio establecido para definir Prensa General Activa ha

otorgado

el

beneficio

de

unas

tablillas

especiales

de

prensa

selectivamente. El hecho de que se trata de un beneficio no conlleva

que el análisis que hagamos pueda ser menos riguroso. Los tribunales,

ante

una

alegación

de

inconstitucionalidad,

entre derechos o privilegios.

han

rehusado

distinguir

Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254,262

(1970).

Cuando es el Estado quien distingue, ya sea para imponer cargas o

beneficios, entre sectores de la prensa o entre miembros de la prensa,

hay que examinar las disposiciones impugnadas tanto bajo la cláusula de

igual protección de las leyes, como bajo la protección sustantiva del

derecho

a

la

libre

expresión

y

prensa

garantizado

por

la

Primera

Enmienda. Véase a modo ilustrativo Borreca v. Fasi, 369 F. Supp. 906

(D. Haw.1974); Quad-City Community News Serv., Inc. v. Jebens, 334 F.

Supp. 8 (S.D. Iowa 1971); Consumers Union of U.S., Inc. v. Periodical

Correspondents

Ass'n.

365

F.

Supp.

18,25

(D.D.C.

1973).

Un

trato

diferencial entre sectores o miembros de la prensa, envuelve tanto la

cláusula de igual protección de las leyes como la Primera Enmienda y es

particularmente sospechoso. McCoy v. Providence Journal Co., 190 F.2d

760 (1951). La situación ante nos requiere, pues, análisis bajo ambas

cláusulas

constitucionales,

y

los

parámetros

de

ambas

deben

satisfacerse para que la sección de ley impugnada pueda sostenerse.

Un estatuto que de su faz diferencia entre los miembros de un

sector particular de la prensa en la

concesión

15

de

un

beneficio

es

de

imposición de una carga o en la

por

sí

sospechoso.15

Grosjean

v.

El Tribunal Supremo federal ha tenido la oportunidad de examinar estos postulados

en los casos sobre la imposición de impuestos a la prensa. La prensa no está inmune a

que el Estado le imponga impuestos sobre uso y ventas, pero la Primera Enmienda impone

ciertas restricciones al Estado. La jurisprudencia ha identificado cuatro supuestos

que debido a la carga que imponen a la libertad de prensa se presumen

28

American Press Co., 279 U.S. 233, 251 (1936). El hecho de que no exista

un

motivo

o

intención

discriminatoria

de

parte

de

la

Asamblea

Legislativa no cura esta sospecha. Para que surja una violación a la

Primera Enmienda no es condición indispensable que exista un motivo

ilícito. Minneapolis Star & Tribune Co. v. Minnesota Comm'r of Revenue,

460 U.S. 575, 591-592 (1983).

Toda disposición que diferencie entre sectores o miembros de la

prensa, ya sea para conceder credenciales, facilitar acceso, conceder

beneficios o imponer cargas debe someterse a un escrutinio estricto

donde se le exija al Estado demostrar que dicho tratamiento diferencial

obedece a un interés apremiante que no puede satifacerse de un modo

menos oneroso. Sherril v. Knight, 569 F. 2d 124 (D.C. Cir. 1977);

Borreca v. Fasi, 369 F. Supp. 906 (D. Haw. 1974); ABC v. Cuomo, 570

F.2d. 1080 (2d Cir. 1977); Quad-City Community News service; Inc. v.

Jebens, 334 F. Supp. 8 (S.D. Iowa 1971).

Es necesario proteger a la prensa de un trato diferenciador y

selectivo por parte del Estado ya que muchas veces es el resultado de

un

intento

indirecto

para

controlar

ciertas

publicaciones

y

su

contenido. Al amparo de la Primera Enmienda, aun en casos en que no se

ha

establecido

un

propósito

discriminatorio,

los

tribunales

han

reconocido el peligro que representa la posibilidad de que a través de

establecer un trato selectivo entre miembros de la prensa, el Estado

señale

a

aquellos

sectores

de

la

prensa

que

cuestionan

el

funcionamiento gubernamental o asumen posiciones de oposición. ABC v.

Cuomo, supra a la pág. 1083.

inconstitucionales: cuando el esquema contributivo responde a un propósito legislativo

ilícito; cuando se trata de un impuesto que se impone sólo a la prensa; cuando se

trata de un impuesto que se impone a base del contenido de la publicación; y cuando se

trata de un esquema selectivo donde se señala para trato diferencial a algunos

miembros de un sector de la prensa. Grosjean v. American Press, 297 U.S. 233 (1936),

Minneapolis Star Tribune Co. v. Minnesota Comm'r of Revenue, 460 U.S. 575 (1983);

Arkansas Writers' Project,Inc. v. Ragland, 481 U.S. 221 (1987), Leathers v. Medlock,

499 U.S.__, 111 S Ct. 1438 (1991).

Se considera que un esquema contributivo impone una carga sustancial a la prensa

cuando se señala a la prensa para un trato diferente o cuando se señalan para trato

diferencial a algunos miembros en particular de un determinado sector de prensa.

Minneapolis Star, supra a las págs. 583-591

Un esquema de impuestos no puede aplicarse de modo selectivo a diferentes miembros de

un mismo sector de la prensa. Arkansas Writers supra a la pág 234.

29

Conceder a ciertos miembros de la prensa un tratamiento favorable

sobre

otros

medios

de

la

prensa

también

representa

un

precedente

peligroso:

The danger in granting favorable treatment to certain

members of the media is obvious: it allows the

government to influence the type of substantive media

coverage that public events will receive. Such a

practice is unquestionably at odds with the First

Amendment. Anderson v. Cryovac, Inc., 805 F.2d 1,9

(1st. Cir. 1986).

Corresponde pues a este Tribunal analizar si el criterio escogido

por la Asamblea Legislativa para definir Prensa General Activa y para

excluir a un sector de la prensa del beneficio particular de unas

tablillas especiales de prensa, el cual indudablemente hace más cómoda

y facilita su labor de recopilar información, puede de facto incidir en

el tipo de publicación que queda excluida de dicho beneficio.

Diferimos de la apreciación que hace la mayoría de que el criterio

escogido

no

guarda

relación

con

el

tamaño

o

poder

de

la

empresa

periodística, y de que la negativa de una certificación de prensa a

Padilla Piña no le impide ni restringe su libertad de prensa ya que su

único efecto es el no concederle el beneficio de la tablilla especial

de prensa, lo cual no afecta la publicación del periódico y el acceso a

información a publicarse. Diferimos también de su conclusión de que el

criterio utilizado para diferenciar entre los varios miembros de la

prensa

no

representa

el

peligro

de

suprimir

determinada

idea

o

expresión, por lo cual no se infrige el derecho a la libertad de prensa

de los miembros de la prensa excluidos del beneficio.

Es

ingenuo

pensar

que

las

empresas

periodísticas

pequeñas

o

incipientes, o aquellas de baja circulación, o que aunque publican

regularmente sólo publican varias ediciones al año,

tengan suficientes

recursos económicos para pagar a sus empleados un salario adecuado que

permita que el trabajo que realizan para esa empresa periodística sea

su medio principal de vida. Por necesidad, el criterio adoptado excluye

del beneficio particular de las tablillas especiales de prensa, a todo

30

un sector particular de la prensa: las empresas periodísticas con pocos

recursos económicos.

Debe

ser

motivo

de

honda

preocupación

el

criterio

económico

seleccionado por la Asamblea Legislativa para definir Prensa General

Activa

por

la

existencia

de

una

correlación

entre

el

poder

y

los

recursos económicos de una empresa periodística y el contenido y punto

de vista presentado por las mismas.

Como regla general, los periódicos

que representan posiciones de minoría o de vanguardia, no gozan de

mucha circulación, ni cuentan con suficientes recursos económicos. Al

otorgar el beneficio de las tablillas especiales de prensa a base de un

criterio económico, existe la posibilidad real de estar excluyendo del

mismo a todo un sector de la prensa que representa posiciones y puntos

de vista que no gozan del endoso de la mayoría.

No hay duda, y así lo reconoce la Opinión de este Tribunal, que

las tablillas especiales de prensa facilitan la labor del periodista en

la recopilación de información. El disfrutar de unos estacionamientos

reservados le hace más cómodo el acceso a aquellos lugares a donde debe

acudir en búsqueda de la noticia que ha de publicar. Al escoger el

criterio de que el miembro de la prensa se dedique diariamente a la

búsqueda de información y de que éste sea su medio principal de vida la

Asamblea Legislativa quiso beneficiar y favorecer al periodista que se

dedica diariamente a la búsqueda de información como medio principal de

vida. La Opinión de este Tribunal considera que éste es un fin legítimo

y encomiable, y que por lo tanto este trato particular a un sector de

la prensa no ofende la libertad de prensa.

Sin

expresión

embargo,

y

cabe

prensa

señalarse,

impone

que

limitaciones

el

derecho

a

la

libertad

sustanciales

a

la

de

actuación

gubernamental aun cuando la misma persiga un fin legítimo y encomiable:

...the First Amendment as we understand it today

rests on the premise that it is government power, rather

than private power, that is the main threat to free

expression; and as a consequence, the amendment imposes

substantial limitations on the Government even when it

is trying to serve concededly praiseworthy goals. Turner

31

Broadcasting Sys., Inc. v. F.C.C., 114 S. Ct. 2445, 2469

(1994), opinión disidente de la Juez O'Connor

Aun en caso de que la mayoría de este Tribunal no estuviese de

acuerdo con nuestra conclusión de que hay una correlación entre el

criterio económico utilizado por la Asamblea Legislativa para otorgar

el beneficio de las tablillas especiales de prensa y el tamaño, poder y

contenido de la prensa, debemos señalar que la Opinión de este Tribunal

expresamente

impugnadas

reconoce

tengan

un

la

posibilidad

de

que

las

incidental

en

la

libertad

efecto

disposiciones

de

prensa.

Disidente Universal v. Departamento de Estado, Opinión del Tribunal de

12 de junio de 1998 a las págs. 14 y 15. Reconocida esta posibilidad,

correspondía

examinar

dichas

disposiciones

bajo

un

criterio

más

estricto.

Para

que

pueda

sostenerse

una

disposición

supone una restricción incidental de uno de los

y

prensa

garantizados

por

nuestra

que

de

algún

modo

derechos de expresión

Constitución

y

por

la

Primera

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, es necesario que

dicha disposición responda a un interés gubernamental sustancial y la

restricción no puede ser mayor que lo necesario para adelantar dicho

interés sustancial. Este escrutinio intermedio es el que se utiliza, al

amparo

de

contenido,

la

Primera

pero

que

Enmienda,

imponen

una

para

restricciones

carga

incidental

neutrales

en

alguno

en

su

de

los

derechos garantizados por la libertad de expresión y prensa. Rotunda

and Nowak, Treatise on Constitutional Law, Vol. 4 sec. 20.18 (Supp.

1998); Turner Broadcasting System Inc. v. FCC, 512 U.S. 622,661 (1994);

Turner Broadcast System Inc. v. FCC, 520 U.S. __, 117 S.Ct. 1174 (1997)

Forcade v. Knight, 416 F. Supp. 1025, 1035.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que cuando

de

las

alegaciones

surgen

planteamientos

válidos

que

implican

la

Primera Enmienda, las disposiciones impugnadas no se salvan sólo porque

satisfagan el criterio de racionalidad. La carga que debe satisfacer el

gobierno, una vez implicada la Primera Enmienda es mayor. City of Los

32

Angeles

v.

Preferred

Communications,Inc.,

476

U.S.

488

(1986).

Es

inapropiado revisar bajo el escrutinio racional de la cláusula de igual

protección de las leyes una clasificación impuesta por la Asamblea

Legislativa que afecta conducta protegida bajo la Primera Enmienda.

Police Department of Chicago V. Mosley, 408 U.S. 92, 98-99, 102 (1972).

V

Nos sentimos con el deber de levantar una última preocupación. Uno

de los interrogantes que surge de los hechos planteados ante nos es a

quién debe corresponder la facultad de definir lo que es "prensa".16 La

labor no es sencilla y el otorgar esta facultad al sector equivocado

puede tener efectos nefastos.

Hemos reconocido que:

La prensa constituye un vehículo de información y opinión

[para] informar y educar al público, ofrecer críticas,

proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar

como un sustituto para obtener noticias e información

para sus lectores, que por sí y como individuos no

pueden o desean compilarla. Si consideramos que la

función de la prensa incluye el revisar y evaluar la

labor gubernamental para informar de ello al público, es

forzoso concluir que debe de mantenerse a la prensa

fuera del control gubernamental. Solo así podrá llevar a

cabo su función fiscalizadora adecuadamente. Santiago v.

Bobb y el Mundo, 117 D.P.R. 153,159 (1986)

La independencia de la prensa es crucial para nuestro sistema de

gobierno.

Una

regulación

del

regulaciones

otorgar

prensa

independiente

Estado

tanto

beneficios.

para

está

confinada

establecer

Mientras

es

mayor

una

a

prensa

un

en

mínimo.

la

cual

la

Esto

incluye

requisitos

o

cargas

como

injerencia

se

dé

organismo

al

para

gubernamental en los asuntos de la prensa mayor será el control del

Estado sobre la misma.

16

La tarea no es fácil, ni existe un consenso al respecto. Algunas posiciones

enfatizan la prensa como institución, mientras que otras se enfocan en la función de

la prensa. Véase, Melville B. Nimmer, Is Freedom of the Press a Redundancy: What Does

it Add To Freedom of Speech? 26 Hastings Law Journal 639(1975), David Lange, The

Speech and Press Clauses, 23 UCLA L. Rev. 57 (1975).

Sin embargo encontramos que a nivel estatal los estados se han visto obligados a

definir "prensa" en algunos supuestos. Entre estos se encuentran aquellos estatutos

que confieren un privilegio estatutario a los periodistas de no tener que revelar sus

fuentes; la definición de prensa en los estatutos que regulan acceso a las prisiones;

y los estatutos que imponen impuestos o que otorgan exenciones contributivas a la

prensa.

33

Como parte de nuestro análisis del Reglamento 5285,

reglamentos

anteriores

del

Departamento

de

Estado

examinamos

que

regían

la

expedición y regulación de credenciales de prensa. El Reglamento 3879

del Departamento de Estado, vigente del 7 de febrero de 1989 al 27 de

noviembre de 1992, definía en su artículo II(B) las credenciales de

prensa

como

la

identificación

que

acredita

que

su

poseedor

es

un

periodista activo en Puerto Rico y certificado por la empresa para cual

trabaja. Para ser considerado periodista bastaba que el solicitante se

desempeñase

en

sus

labores

para

dicha

empresa

en

forma

directa

y

consistente y que dicha empresa certificase la prestación de dichos

servicios. Art. II(A), Reglamento 3879 del Departamento de Estado.

Dicho

Reglamento,

al

igual

que

el

Reglamento

5285

que

ya

examinamos, adolecía del defecto de carecer de autoridad para regular

la expedición de credenciales de prensa ya que su única base legal era

la

Sección

3.1

del

Capítulo

III

de

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme que regula los derechos a salvaguardarse en los

procedimientos

adjudicativos

formales

cabe

que

bajo

Reglamento

prensa

al

resaltar,

credencial

de

el

periodista,

en

las

agencias.

3879,

dependía

la

Sin

embargo,

otorgación

de

la

exclusivamente

de

una

certificación a cargo de la propia empresa para la cual laboraba. Es

decir,

en

última

periodística

instancia,

determinar,

a

correspondía

base

de

la

a

la

labor

propia

realizada

empresa

por

sus

empleados, a quien debía concedérsele una credencial de prensa. Por

considerar

que

con

este

criterio

se

limita

la

intervención

gubernamental a un mínimo, refrendamos dicha definición.

VI

Examinados los autos y el derecho aplicable hemos llegado a la

conclusión de que el Reglamento 5285 del Departamento de Estado que

Regula la Expedición, Renovación, Cancelación, Uso y Responsabilidades

de las Certificaciones de Prensa es nulo por excederse de la autoridad

concedida

por

sus

leyes

habilitadoras.

Consideramos

además,

que

la

Opinión de este Tribunal aplica a la sección 2-408(e) de la Ley 141 el

34

criterio

de

nexo

racional

o

mínimo

sin

examinar

ni

contestar

las

preguntas que necesariamente surgen cuando de modo directo o incidental

está involucrado el derecho a la libertad de prensa.

Al

ignorar

esta

normativa

constitucional

el

Tribunal

Supremo

establece un precedente peligroso en lo que respecta a la libertad de

prensa en Puerto Rico. Más aun cuando esto conlleva permitir que el

Departamento de Estado se abrogue el poder de emitir credenciales de

prensa y así determine quien puede cubrir los eventos públicos.

En unos momentos en que ciertos medios de comunicación sostienen

ante

los

tribunales

y

ante

la

opinión

pública

que

el

Estado

está

discriminando contra ellos en la colocación de anuncios gubernamentales

como

represalia

por

sus

reportajes

periodísticos,

es

realmente

sorprendente y lamentable que una mayoría de este Tribunal permita que

el Estado se abrogue el poder de discriminar entre periodistas.

Por todo lo anterior nos vemos obligados a disentir.

FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON

Juez Asociado