Tribunal Supremo de Puerto Rico
DANIEL RODRIGUEZ DIAZ V. AUT . DE TELEFONOS
1998 TSPR 62
Poder Judicial de Puerto Rico
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DANIEL RODRIGUEZ DIAZ V. AUT . DE TELEFONOS
CC-1997-0205
CC-97-205
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
DANIEL RODRIGUEZ DIAZ Y OTROS
Recurrente
Certiorari
.V
TSPR98-62
AUTORIDAD DE TELEFONOS DE PUERTO RICO
Recurrido
Número del Caso: CC-97-0205
Abogados Parte Recurrente: LCDA. MARGARITA CARRILLO ITURRINO
Abogados Parte Recurrida: GOLDMAN, ANTONETTI & CORDOVA
LCDO. HERBER E. LUGO RIGAU
Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Bayamón
Juez del Tribunal de Primera Instancia: HON. CESAR N. CORDERO RABELL
Tribunal de Circuito de Apelaciones: CIRCUITO REGIONAL I
Juez Ponente: HON. ANGEL GONZALEZ ROMAN
Fecha: 6/29/1998
Materia: SENTENCIA DECLARATORIA
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CC-97-205
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Daniel Rodríguez Díaz, César
Flores Carrasquillo y otros
Apelantes-recurrentes
v.
CC-97-205
Certiorari
Autoridad de Teléfonos de
Puerto Rico, Puerto Rico
Telephone Company
Apelados-recurridos
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 1998
I
Daniel
Rodríguez
Miguel
Meléndez
todos
de
la
Díaz,
Acosta
Puerto
y
Rico
César
Segundo
Flores
Díaz
Telephone
Carras-quillo,
Ortiz
Company
-empleados
(P.R.T.C.)-1
solicitaron sentencia declaratoria del Tribunal de Primera
Instancia,
Sala
Superior
de
Bayamón,
para
que
se
les
acreditase e incorporase a su sistema de retiro los años
de
servicio
prestados
previamente
en
agencias
gubernamentales.
1
Subsiguientemente, Miguel A. Rivera Soto y setenta y
cuatro (74) otros empleados de la P.R.T.C. solicitaron
intervenir. Dicha intervención fue denegada el 16 de
febrero de 1993 y notificada el 24 de febrero de 1993.
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3
Basaron este reclamo en la Ley de Reciprocidad (Núm. 59
de 10 de junio de 1953, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 797,
et seq.). Además alegaron que la Ley de Seguridad de Ingresos
por Jubilación (“Employee Retirement Income Security Act of
1974”) -ERISA-, no aplicaba a la P.R.T.C., aún cuando dicha
empresa estaba suscrita a la misma.
En su contestación, la
P.R.T.C. negó la procedencia de dicho reclamo y adujo, como
defensas afirmativas, falta de jurisdicción sobre la materia
por estar el campo ocupado por
ley federal (ERISA) y no
agotar los remedios administrativos.
Subsiguientemente, la P.R.T.C. solicitó la desestimación. Expuso que la Ley de Reciprocidad no le aplicaba y no
existía fuente estatuaria o jurisprudencial que proveyera
el
remedio
Rodríguez
público
solicitado.
Díaz,
de
la
et
En
al.,
oposición,
los
demandantes
argumentaron
que
el
Telefónica,
así
como
las
carácter
reglas
de
hermenéutica correspondientes a planes de jubilación y de
pensiones de empleados públicos -que fomentan la movilidad
dentro de las dependencias gubernamentales-, impedían tal
desestimación.
El 19 de marzo de 1996, el ilustrado foro
de Instancia (Hon. Cesar N. Cordero Rabell), desestimó. En
su sentencia concluyó que la Ley de Reciprocidad no proveía
el
remedio
solicitado
y
excluía
a
la
P.R.T.C.
en
su
definición de “Patrono” y a su plan de retiro del concepto
de “Sistema de Retiro”. Dicho foro se abstuvo de examinar
la aplicabilidad de ERISA y su posible efecto de campo
ocupado.
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4
Previa
solicitud
de
Determinaciones
de
Hechos
adicionales, Rodríguez Díaz, et al. apelaron. Sostuvieron
que
el
tribunal
restrictivamente
de
las
instancia
leyes
de
erró
retiro,
al
interpretar
y
determinar
específicamente que la Ley de Reciprocidad no aplicaba. El
21 de enero de 1997, el reputado Tribunal de Circuito de
Apelaciones (Hons. Ramos Buonomo, Cordova Arone y González
Roman) confirmó. En reconsideración, reiteró su criterio.
Inconforme,
a
solicitud
de
Rodríguez
Díaz,
et
revisamos vía certiorari.2
2
Discuten los siguientes señalamientos:
“A. Incidió el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al no considerar los argumentos
relacionados con la inaplicabilidad de la
‘Employment Retirement Income Security Act of
1974’ a la Puerto Rico Telephone Company, a
pesar de que el Tribunal de Primera Instancia en
su sentencia de modo expreso concluyó que el
plan de retiro de la telefónica se rige por esta
ley, sin exponer los fundamentos bajo los cuales
llegó a tal conclusión.
B. Incidió el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al concluir que los recurrentes no
tienen derecho a que se les transfieran al Plan
de Retiro de la P.R.T.C. los años de servicios
prestados en agencias y departamentos del E.L.A.
para los que cotizaron en el Sistema de Retiro
de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.
C. Erró el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al concluir que la naturaleza de
subsidiaria de la P.R.T.C. de una empresa
pública impide que se le reconozca
a los
recurrentes una continuidad de derechos y se les
acredite al sistema de retiro de la Telefónica
los años de servicios acumulados en el Sistema
de Retiro de los Empleados del Gobierno.
D. Incidió el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al concluir que los beneficios que
reclaman los peticionarios no dependen de la
función publica que realizan como empleados de
al.,
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5
II
De su faz, este caso plantea varias controversias cuyo
núcleo se reduce inicialmente a determinar si la Ley de
Reciprocidad
aplica
y
viabiliza
el
remedio
solicitado.
Examinémosla.
El Art. 1 define así su alcance:
“[S]e establece un plan para garantizar
la continuidad de créditos por servicios,...,
entre el Sistema de Retiro de los Empleados
del
Gobierno
de
Puerto
Rico
y
sus
Instrumentalidades, el Sistema de Anualidades
y Pensiones para Maestros de Puerto Rico, el
Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto
Rico, el Sistema de Retiro de los Empleados de
la Telefónica y sí del sistema de remuneración
que les aprovecha y de las disposiciones de ley
que gobiernan cada sistema de retiro en
particular.
E. Erró el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al concluir que la forma distinta en
que se retribuye a la gran mayoría de los
empleados de la Telefónica y el derecho a la
negociación colectiva de los empleados unionados
son criterios que impiden se reconozca el
derecho a que se les acrediten los años de
servicio prestados en agencias y departamentos
del
E.L.A.
al
Sistema
de
Retiro
de
la
Telefónica.
F. Incidió el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al concluir que a pesar de que los
empleados de la Telefónica se les ha reconocido
jurisprudencialmente su carácter de empleados
públicos ello no es necesariamente el factor
determinante al decidir la forma en que han de
tratarse sus derechos y, en particular, el de
jubilación, y concluir que el factor decisivo es
el fin económico que persigue dicha corporación.
G.
Cometió error el Tribunal de Circuito
al determinar que la continuidad de créditos
entre los sistemas de retiro de empleados
públicos que garantiza el articulo 3 de la Ley
de Reciprocidad es para sistemas que se nutren
de aportaciones conjuntas y sean de similar
naturaleza.”
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6
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto
Rico y cualquier otro sistema que se creare en
el futuro mediante el cual los empleados
participantes de esos sistemas mantengan la
continuidad de todos sus derechos por todos
los servicios prestados al Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, sus instrumentalidades y dependencias cubiertas por cualquier
sistema de retiro.” (3 L.P.R.A., sec. 797).
El Art. 2 define y visualiza “Patrono” al “Gobierno
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
y
cualquier
empresa pública o instrumentalidad del Gobierno Estatal de
Puerto Rico, pero excluyendo las empresas subsidiarias de
tales instrumentalidades o empresas públicas, e incluirá la
Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Maestros de
Puerto Rico.” (3 L.P.R.A., sec. 798).
El término “Patrono”
es
las
utilizado
empresas
o
instrumentalidades gubernamentales, mencionadas en el
Art.
1,
por
obligadas
servicio
para
a
delinear
reconocer
prestado
por
los
empleados
derechos
adquiridos
que
trasladen
se
entre
éstas.
A la luz de esta diferencia, ¿cae la P.R.T.C. bajo la
definición legal de “Patrono”? La determinación requiere
repasar suscintamente su origen.
El 6 de mayo de 1974, la Asamblea Legislativa aprobó
la Ley Núm. 25 (27 L.P.R.A. sec. 401 et seq.), y creó la
Autoridad de Teléfonos de P.R. Su exposición de motivos
explica que “...será una corporación pública que adquirirá
y operará, ..., todo el sistema de comunicación telefónica
y telegráfica de Puerto Rico...”. Su Art. 9 -Corporaciones
Subsidiarias-,
dispone
que
“...nada
en
esta
ley
se
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7
interpretará
como
que
se
le
concede
a
la
Puerto
Rico
Telephone Company o a cualquier compañía cuyo capital sea
adquirido por la Autoridad, la condición de una corporación
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” Así, el
Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno, Hacienda,
Desarrollo
Socioeconómico
Industria,
Asuntos
del
y
Planificación,
Consumidor
y
Comercio
e
Jurídico-Civil,
la
contempla “...como una corporación privada subsidiaria de
la
Autoridad.
Esta
preservación
del
status
de
compañía
privada serviría para asegurar la tributabilidad de los
intereses que se paguen sobre $120 millones en obligaciones
vigentes (“deventures”). Una vez vencida o retirada, la
deuda de la Telefónica[,] la Autoridad podría disolverla.
En adición permitiría flexibilidad en la planificación y
estructuración de la Telefónica.” (Pág. 39).
El
Art.
adquiriera
5
ordenó
todas
las
a
la
Autoridad
acciones
de
comunes
Teléfonos que
emitidas
y
en
circulación de la P.R.T.C., -a la sazón, compañía privada
organizada
bajo
la
Ley
de
Corporaciones
del
Estado
de
Delaware- que tenía la franquicia para proveer la mayor
parte del servicio telefónico en Puerto Rico.
Completada
su
adquisición,
en
varias
ocasiones
nos
hemos expresado sobre su naturaleza. En Torres Ponce v.
Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982), extendimos el principio de
mérito a la Autoridad de Teléfonos y su subsidiaria, la
Puerto Rico Telephone Co., “no obstante su organización
como corporación privada.” Allí clasificamos a la P.R.T.C.
como corporación público-privada para distinguirla de las
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8
corporaciones creadas por estatutos y de las establecidas
bajo
leyes
de
corporaciones
privadas
que
pertenecen,
completa o parcialmente, al Estado. Esta designación mixta,
público-privada,
le
permite
a
la
P.R.T.C.
cumplir
sus
propósitos eficazmente. En P.R. Tel. Co. v. Rivera Marrero,
114 D.P.R. 360 (1983)3, y en Pueblo v. Hernández Torres y
Barreda, 125 D.P.R. 560 (1990)4, ratificamos y expandimos
Torres Ponce v. Jiménez, supra.
III
Ley
de
intención
de
la
ámbito
beneficios
La
y
Reciprocidad
Asamblea
a
revela
Legislativa
las
diáfanamente
de
empresas
excluir
la
de
su
subsidiarias
de
instrumentalidades o empresas públicas. No se cuestiona
seriamente que la P.R.T.C. es una Corporación Subsidiaria
de
la
Autoridad
de
Teléfonos,
y
ésta
a
su
vez,
una
Corporación Pública del E.L.A. Como tal, está fuera de la
definición
de
“Patrono”
establecida
en
la
Ley
de
3
La Puerto Rico Telephone Company es una corporación público-privada y por su naturaleza está
sujeta a fiscalización por el Contralor de Puerto Rico. La Ley Núm. 92, aprobada el 4 de junio de 1983,
enmendó el Artículo 9 de la Ley Núm. 25 del 6 de mayo de 1974 (27 L.P.R.A. sec. 409), a los fines de
disponer la fiscalización por el Contralor de P.R. de los ingresos, cuentas y desembolsos de la Autoridad
de Teléfonos P.R., de la P.R.T.C., y de cualesquiera corporaciones o entidades subsidiarias de dicha
Autoridad de Teléfonos de P.R.
4
“[L]a Telefónica debe considerarse como una entidad
cuya naturaleza es mixta o dual y, en consecuencia, según
sea la situación que se tenga ante sí, ha de variar la
forma en que se ha de tratar. No obstante, las situaciones
bajo las cuales se considere como empresa privada son
aquellas donde hacer lo contrario afectaría los propósitos
que tuvo el legislador al aprobar el estatuto viabilizador.
Esto es, el trato que como corporación privada reciba esta
entidad ha de ser a los únicos fines de facilitar el fin
económico que se persigue y su funcionamiento independiente
con miras a ofrecer un mejor servicio.” Pág. 571.
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9
Reciprocidad y sus empleados están excluidos de recibir sus
beneficios.
Esta
conclusión
no
varía
por
ser
la
Ley
de
Reciprocidad anterior a la creación de la Autoridad de
Teléfonos
y
la
adquisición
Legislativa
no
ha
de
extendido
la
P.R.T.C.
estos
La
Asamblea
beneficios
a
los
empleados de la P.R.T.C., aunque sí a los de la Autoridad
de Teléfonos por su condición de instrumentalidad pública.
El carácter mixto, público-privado, que le hemos atribuido
jurídicamente a la P.R.T.C., no tiene efecto de extenderle
la aplicabilidad de la Ley de Reciprocidad. Ante este foro
no se niega su condición de subsidiaria.
Vía interpretación forzada, no podemos jurídicamente
extender un privilegio a una corporación subsidiaria que el
Legislador
pensiones
claramente
de
retiro
negó.
deben
Aunque
las
interpretarse
leyes
sobre
liberalmente
a
favor del beneficiario5, en aras de esa liberalidad, no es
permisible ignorar la letra de la ley.6 “En el desempeño
normal de sus funciones, los tribunales están obligados a
respetar la voluntad legislativa aunque los magistrados
discrepen
personalmente
de
legislativos.
Interpretar
contraria
la
a
intención
la
una
del
sabiduría
ley
en
de
los
forma
legislador
actos
que
sea
implica
la
usurpación por la rama judicial de las prerrogativas de la
5
Zanfiorenzo Zaragoza v. Administración Sistemas de Retiro
Empleados De Gobierno y Judicatura, res. en 16 de marzo de
1995; Villamil Suárez v. Dpto. de Transportación y Obras
Públicas, res. en 30 de junio de 1993.
6
“Cuando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el
pretexto de cumplir su espíritu.” Art. 14, Código Civil, (31 L.P.R.A. sec. 14).
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10
rama legislativa. Por tanto, el intérprete debe abstenerse
de
sustituir
el
criterio
legislativo
por
sus
propios
conceptos de lo justo, razonable y deseable.” Bernier, R.E.
y Cuevas Segarra, J.A., Aprobación e Interpretación de las
Leyes de Puerto Rico, 2da. edición, Publicaciones J.T.S.,
1987, pág. 299.
Finalmente, aclaramos que la inaplicabilidad de la Ley
de Reciprocidad no es debido a que los tipos de planes de
retiro sean incompatibles entre sí o que un plan fue creado
mediante estatuto y el otro no. Surge en virtud de una
intención y texto claro del Legislador de no beneficiar a
los
empleados
de
subsidiarias
de
instrumentalidades
públicas y una determinación clara de que la P.R.T.C. sea
una subsidiaria de una instrumentalidad pública.
Se dictará Sentencia confirmatoria.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Daniel Rodríguez Díaz, César
Flores Carrasquillo y otros
Apelantes-recurrentes
v.
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Certiorari
Autoridad de Teléfonos de
Puerto Rico, Puerto Rico
Telephone Company
Apelados-recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 1998
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte integrante de
la presente, se confirma la Sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones, Circuito Regional San Juan III,
de fecha 27 de enero de 1997.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor
Andréu García y los Jueces Asociados señores Hernández
Denton y Fuster Berlingeri disienten sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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