LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

DANIEL RODRIGUEZ DIAZ V. AUT . DE TELEFONOS

1998 TSPR 62

Poder Judicial de Puerto Rico

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DANIEL RODRIGUEZ DIAZ V. AUT . DE TELEFONOS

CC-1997-0205

CC-97-205

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

DANIEL RODRIGUEZ DIAZ Y OTROS

Recurrente

Certiorari

.V

TSPR98-62

AUTORIDAD DE TELEFONOS DE PUERTO RICO

Recurrido

Número del Caso: CC-97-0205

Abogados Parte Recurrente: LCDA. MARGARITA CARRILLO ITURRINO

Abogados Parte Recurrida: GOLDMAN, ANTONETTI & CORDOVA

LCDO. HERBER E. LUGO RIGAU

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Bayamón

Juez del Tribunal de Primera Instancia: HON. CESAR N. CORDERO RABELL

Tribunal de Circuito de Apelaciones: CIRCUITO REGIONAL I

Juez Ponente: HON. ANGEL GONZALEZ ROMAN

Fecha: 6/29/1998

Materia: SENTENCIA DECLARATORIA

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CC-97-205

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daniel Rodríguez Díaz, César

Flores Carrasquillo y otros

Apelantes-recurrentes

v.

CC-97-205

Certiorari

Autoridad de Teléfonos de

Puerto Rico, Puerto Rico

Telephone Company

Apelados-recurridos

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 1998

I

Daniel

Rodríguez

Miguel

Meléndez

todos

de

la

Díaz,

Acosta

Puerto

y

Rico

César

Segundo

Flores

Díaz

Telephone

Carras-quillo,

Ortiz

Company

-empleados

(P.R.T.C.)-1

solicitaron sentencia declaratoria del Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Bayamón,

para

que

se

les

acreditase e incorporase a su sistema de retiro los años

de

servicio

prestados

previamente

en

agencias

gubernamentales.

1

Subsiguientemente, Miguel A. Rivera Soto y setenta y

cuatro (74) otros empleados de la P.R.T.C. solicitaron

intervenir. Dicha intervención fue denegada el 16 de

febrero de 1993 y notificada el 24 de febrero de 1993.

CC-97-205

3

Basaron este reclamo en la Ley de Reciprocidad (Núm. 59

de 10 de junio de 1953, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 797,

et seq.). Además alegaron que la Ley de Seguridad de Ingresos

por Jubilación (“Employee Retirement Income Security Act of

1974”) -ERISA-, no aplicaba a la P.R.T.C., aún cuando dicha

empresa estaba suscrita a la misma.

En su contestación, la

P.R.T.C. negó la procedencia de dicho reclamo y adujo, como

defensas afirmativas, falta de jurisdicción sobre la materia

por estar el campo ocupado por

ley federal (ERISA) y no

agotar los remedios administrativos.

Subsiguientemente, la P.R.T.C. solicitó la desestimación. Expuso que la Ley de Reciprocidad no le aplicaba y no

existía fuente estatuaria o jurisprudencial que proveyera

el

remedio

Rodríguez

público

solicitado.

Díaz,

de

la

et

En

al.,

oposición,

los

demandantes

argumentaron

que

el

Telefónica,

así

como

las

carácter

reglas

de

hermenéutica correspondientes a planes de jubilación y de

pensiones de empleados públicos -que fomentan la movilidad

dentro de las dependencias gubernamentales-, impedían tal

desestimación.

El 19 de marzo de 1996, el ilustrado foro

de Instancia (Hon. Cesar N. Cordero Rabell), desestimó. En

su sentencia concluyó que la Ley de Reciprocidad no proveía

el

remedio

solicitado

y

excluía

a

la

P.R.T.C.

en

su

definición de “Patrono” y a su plan de retiro del concepto

de “Sistema de Retiro”. Dicho foro se abstuvo de examinar

la aplicabilidad de ERISA y su posible efecto de campo

ocupado.

CC-97-205

4

Previa

solicitud

de

Determinaciones

de

Hechos

adicionales, Rodríguez Díaz, et al. apelaron. Sostuvieron

que

el

tribunal

restrictivamente

de

las

instancia

leyes

de

erró

retiro,

al

interpretar

y

determinar

específicamente que la Ley de Reciprocidad no aplicaba. El

21 de enero de 1997, el reputado Tribunal de Circuito de

Apelaciones (Hons. Ramos Buonomo, Cordova Arone y González

Roman) confirmó. En reconsideración, reiteró su criterio.

Inconforme,

a

solicitud

de

Rodríguez

Díaz,

et

revisamos vía certiorari.2

2

Discuten los siguientes señalamientos:

“A. Incidió el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al no considerar los argumentos

relacionados con la inaplicabilidad de la

‘Employment Retirement Income Security Act of

1974’ a la Puerto Rico Telephone Company, a

pesar de que el Tribunal de Primera Instancia en

su sentencia de modo expreso concluyó que el

plan de retiro de la telefónica se rige por esta

ley, sin exponer los fundamentos bajo los cuales

llegó a tal conclusión.

B. Incidió el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al concluir que los recurrentes no

tienen derecho a que se les transfieran al Plan

de Retiro de la P.R.T.C. los años de servicios

prestados en agencias y departamentos del E.L.A.

para los que cotizaron en el Sistema de Retiro

de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

C. Erró el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al concluir que la naturaleza de

subsidiaria de la P.R.T.C. de una empresa

pública impide que se le reconozca

a los

recurrentes una continuidad de derechos y se les

acredite al sistema de retiro de la Telefónica

los años de servicios acumulados en el Sistema

de Retiro de los Empleados del Gobierno.

D. Incidió el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al concluir que los beneficios que

reclaman los peticionarios no dependen de la

función publica que realizan como empleados de

al.,

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5

II

De su faz, este caso plantea varias controversias cuyo

núcleo se reduce inicialmente a determinar si la Ley de

Reciprocidad

aplica

y

viabiliza

el

remedio

solicitado.

Examinémosla.

El Art. 1 define así su alcance:

“[S]e establece un plan para garantizar

la continuidad de créditos por servicios,...,

entre el Sistema de Retiro de los Empleados

del

Gobierno

de

Puerto

Rico

y

sus

Instrumentalidades, el Sistema de Anualidades

y Pensiones para Maestros de Puerto Rico, el

Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto

Rico, el Sistema de Retiro de los Empleados de

la Telefónica y sí del sistema de remuneración

que les aprovecha y de las disposiciones de ley

que gobiernan cada sistema de retiro en

particular.

E. Erró el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al concluir que la forma distinta en

que se retribuye a la gran mayoría de los

empleados de la Telefónica y el derecho a la

negociación colectiva de los empleados unionados

son criterios que impiden se reconozca el

derecho a que se les acrediten los años de

servicio prestados en agencias y departamentos

del

E.L.A.

al

Sistema

de

Retiro

de

la

Telefónica.

F. Incidió el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al concluir que a pesar de que los

empleados de la Telefónica se les ha reconocido

jurisprudencialmente su carácter de empleados

públicos ello no es necesariamente el factor

determinante al decidir la forma en que han de

tratarse sus derechos y, en particular, el de

jubilación, y concluir que el factor decisivo es

el fin económico que persigue dicha corporación.

G.

Cometió error el Tribunal de Circuito

al determinar que la continuidad de créditos

entre los sistemas de retiro de empleados

públicos que garantiza el articulo 3 de la Ley

de Reciprocidad es para sistemas que se nutren

de aportaciones conjuntas y sean de similar

naturaleza.”

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6

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto

Rico y cualquier otro sistema que se creare en

el futuro mediante el cual los empleados

participantes de esos sistemas mantengan la

continuidad de todos sus derechos por todos

los servicios prestados al Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, sus instrumentalidades y dependencias cubiertas por cualquier

sistema de retiro.” (3 L.P.R.A., sec. 797).

El Art. 2 define y visualiza “Patrono” al “Gobierno

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

y

cualquier

empresa pública o instrumentalidad del Gobierno Estatal de

Puerto Rico, pero excluyendo las empresas subsidiarias de

tales instrumentalidades o empresas públicas, e incluirá la

Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Maestros de

Puerto Rico.” (3 L.P.R.A., sec. 798).

El término “Patrono”

es

las

utilizado

empresas

o

instrumentalidades gubernamentales, mencionadas en el

Art.

1,

por

obligadas

servicio

para

a

delinear

reconocer

prestado

por

los

empleados

derechos

adquiridos

que

trasladen

se

entre

éstas.

A la luz de esta diferencia, ¿cae la P.R.T.C. bajo la

definición legal de “Patrono”? La determinación requiere

repasar suscintamente su origen.

El 6 de mayo de 1974, la Asamblea Legislativa aprobó

la Ley Núm. 25 (27 L.P.R.A. sec. 401 et seq.), y creó la

Autoridad de Teléfonos de P.R. Su exposición de motivos

explica que “...será una corporación pública que adquirirá

y operará, ..., todo el sistema de comunicación telefónica

y telegráfica de Puerto Rico...”. Su Art. 9 -Corporaciones

Subsidiarias-,

dispone

que

“...nada

en

esta

ley

se

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7

interpretará

como

que

se

le

concede

a

la

Puerto

Rico

Telephone Company o a cualquier compañía cuyo capital sea

adquirido por la Autoridad, la condición de una corporación

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” Así, el

Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno, Hacienda,

Desarrollo

Socioeconómico

Industria,

Asuntos

del

y

Planificación,

Consumidor

y

Comercio

e

Jurídico-Civil,

la

contempla “...como una corporación privada subsidiaria de

la

Autoridad.

Esta

preservación

del

status

de

compañía

privada serviría para asegurar la tributabilidad de los

intereses que se paguen sobre $120 millones en obligaciones

vigentes (“deventures”). Una vez vencida o retirada, la

deuda de la Telefónica[,] la Autoridad podría disolverla.

En adición permitiría flexibilidad en la planificación y

estructuración de la Telefónica.” (Pág. 39).

El

Art.

adquiriera

5

ordenó

todas

las

a

la

Autoridad

acciones

de

comunes

Teléfonos que

emitidas

y

en

circulación de la P.R.T.C., -a la sazón, compañía privada

organizada

bajo

la

Ley

de

Corporaciones

del

Estado

de

Delaware- que tenía la franquicia para proveer la mayor

parte del servicio telefónico en Puerto Rico.

Completada

su

adquisición,

en

varias

ocasiones

nos

hemos expresado sobre su naturaleza. En Torres Ponce v.

Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982), extendimos el principio de

mérito a la Autoridad de Teléfonos y su subsidiaria, la

Puerto Rico Telephone Co., “no obstante su organización

como corporación privada.” Allí clasificamos a la P.R.T.C.

como corporación público-privada para distinguirla de las

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8

corporaciones creadas por estatutos y de las establecidas

bajo

leyes

de

corporaciones

privadas

que

pertenecen,

completa o parcialmente, al Estado. Esta designación mixta,

público-privada,

le

permite

a

la

P.R.T.C.

cumplir

sus

propósitos eficazmente. En P.R. Tel. Co. v. Rivera Marrero,

114 D.P.R. 360 (1983)3, y en Pueblo v. Hernández Torres y

Barreda, 125 D.P.R. 560 (1990)4, ratificamos y expandimos

Torres Ponce v. Jiménez, supra.

III

Ley

de

intención

de

la

ámbito

beneficios

La

y

Reciprocidad

Asamblea

a

revela

Legislativa

las

diáfanamente

de

empresas

excluir

la

de

su

subsidiarias

de

instrumentalidades o empresas públicas. No se cuestiona

seriamente que la P.R.T.C. es una Corporación Subsidiaria

de

la

Autoridad

de

Teléfonos,

y

ésta

a

su

vez,

una

Corporación Pública del E.L.A. Como tal, está fuera de la

definición

de

“Patrono”

establecida

en

la

Ley

de

3

La Puerto Rico Telephone Company es una corporación público-privada y por su naturaleza está

sujeta a fiscalización por el Contralor de Puerto Rico. La Ley Núm. 92, aprobada el 4 de junio de 1983,

enmendó el Artículo 9 de la Ley Núm. 25 del 6 de mayo de 1974 (27 L.P.R.A. sec. 409), a los fines de

disponer la fiscalización por el Contralor de P.R. de los ingresos, cuentas y desembolsos de la Autoridad

de Teléfonos P.R., de la P.R.T.C., y de cualesquiera corporaciones o entidades subsidiarias de dicha

Autoridad de Teléfonos de P.R.

4

“[L]a Telefónica debe considerarse como una entidad

cuya naturaleza es mixta o dual y, en consecuencia, según

sea la situación que se tenga ante sí, ha de variar la

forma en que se ha de tratar. No obstante, las situaciones

bajo las cuales se considere como empresa privada son

aquellas donde hacer lo contrario afectaría los propósitos

que tuvo el legislador al aprobar el estatuto viabilizador.

Esto es, el trato que como corporación privada reciba esta

entidad ha de ser a los únicos fines de facilitar el fin

económico que se persigue y su funcionamiento independiente

con miras a ofrecer un mejor servicio.” Pág. 571.

CC-97-205

9

Reciprocidad y sus empleados están excluidos de recibir sus

beneficios.

Esta

conclusión

no

varía

por

ser

la

Ley

de

Reciprocidad anterior a la creación de la Autoridad de

Teléfonos

y

la

adquisición

Legislativa

no

ha

de

extendido

la

P.R.T.C.

estos

La

Asamblea

beneficios

a

los

empleados de la P.R.T.C., aunque sí a los de la Autoridad

de Teléfonos por su condición de instrumentalidad pública.

El carácter mixto, público-privado, que le hemos atribuido

jurídicamente a la P.R.T.C., no tiene efecto de extenderle

la aplicabilidad de la Ley de Reciprocidad. Ante este foro

no se niega su condición de subsidiaria.

Vía interpretación forzada, no podemos jurídicamente

extender un privilegio a una corporación subsidiaria que el

Legislador

pensiones

claramente

de

retiro

negó.

deben

Aunque

las

interpretarse

leyes

sobre

liberalmente

a

favor del beneficiario5, en aras de esa liberalidad, no es

permisible ignorar la letra de la ley.6 “En el desempeño

normal de sus funciones, los tribunales están obligados a

respetar la voluntad legislativa aunque los magistrados

discrepen

personalmente

de

legislativos.

Interpretar

contraria

la

a

intención

la

una

del

sabiduría

ley

en

de

los

forma

legislador

actos

que

sea

implica

la

usurpación por la rama judicial de las prerrogativas de la

5

Zanfiorenzo Zaragoza v. Administración Sistemas de Retiro

Empleados De Gobierno y Judicatura, res. en 16 de marzo de

1995; Villamil Suárez v. Dpto. de Transportación y Obras

Públicas, res. en 30 de junio de 1993.

6

“Cuando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el

pretexto de cumplir su espíritu.” Art. 14, Código Civil, (31 L.P.R.A. sec. 14).

CC-97-205

10

rama legislativa. Por tanto, el intérprete debe abstenerse

de

sustituir

el

criterio

legislativo

por

sus

propios

conceptos de lo justo, razonable y deseable.” Bernier, R.E.

y Cuevas Segarra, J.A., Aprobación e Interpretación de las

Leyes de Puerto Rico, 2da. edición, Publicaciones J.T.S.,

1987, pág. 299.

Finalmente, aclaramos que la inaplicabilidad de la Ley

de Reciprocidad no es debido a que los tipos de planes de

retiro sean incompatibles entre sí o que un plan fue creado

mediante estatuto y el otro no. Surge en virtud de una

intención y texto claro del Legislador de no beneficiar a

los

empleados

de

subsidiarias

de

instrumentalidades

públicas y una determinación clara de que la P.R.T.C. sea

una subsidiaria de una instrumentalidad pública.

Se dictará Sentencia confirmatoria.

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12

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daniel Rodríguez Díaz, César

Flores Carrasquillo y otros

Apelantes-recurrentes

v.

CC-97-205

Certiorari

Autoridad de Teléfonos de

Puerto Rico, Puerto Rico

Telephone Company

Apelados-recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente, se confirma la Sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones, Circuito Regional San Juan III,

de fecha 27 de enero de 1997.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Andréu García y los Jueces Asociados señores Hernández

Denton y Fuster Berlingeri disienten sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-97-205

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