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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN-RE: LCDO. PEDRO A. OTERO FERNANDEZ

1998 TSPR 60

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN-RE: LCDO. PEDRO A. OTERO FERNANDEZ

AB-1994-0107

`

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: LCDO. PEDRO A. OTERO FERNANDEZ

QUERELLADO

CONDUCTA

PROFESIONAL

v.

Número del Caso: AB-94-0107

Abogados Parte Querellante:

Abogados Parte Querellada: Por Derecho Propio

Abogados Parte Interventora:

Fecha: 6/21/1998

Materia:

Conducta Profesional

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lic. Pedro A. Otero Fernández

AB-94-107

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1998.

I

El 7 de septiembre de 1994, la señora Jolanda Vélez

Pérez presentó una declaración jurada alegando que el 29 de

noviembre de 1990, le pagó al Lcdo. Pedro A. Otero Fernández

la suma de mil dólares ($1,000.00) en concepto de honorarios

y aranceles por el otorgamiento de una escritura pública de

división de bienes gananciales y su posterior presentación

ante el Registro de la Propiedad.

En la declaración jurada

se hace constar que, al momento de radicarse la queja, el

licenciado Otero Fernández no había cumplido con lo acordado.

El 9 de septiembre de 1994, notificamos al licenciado

Otero Fernández sobre la queja instada en su

concedimos

expresar

su

posición.

diez

(10)

El

de

4

días

para

octubre

de

1994,

el

contra

y

querellado

compareció comprometiéndose a presentar la escritura en el Registro de

la Propiedad dentro de un término diez (10) días, aunque señaló que el

le

pago

recibido

correspondía

a

los

honorarios

de

abogado

por

el

otorgamiento de la escritura en controversia y no por su presentación

ante el Registro de la Propiedad.

Mediante

Resolución

emitida

el

29

de

noviembre

de

1994,

le

concedimos al licenciado Otero Fernández treinta (30) días para que nos

informara

sobre

realizar.

El

8

la

gestión

registral

de

diciembre

de

que

1994,

se

el

había

comprometido

querellado

radicó

a

moción

informativa señalando haber presentado la escritura ante el Registro de

la Propiedad.1

Acompañó su moción con copia del asiento de presentación.

El 4 de abril de 1995, le concedimos quince (15) días al querellado

para que nos informara del resultado de sus gestiones.

El 18 de mayo

1995, éste solicitó prórroga por alegadamente haber estado enfermo.

El

mismo día le concedimos quince (15) días adicionales. El 26 de junio de

1995,

le

realizadas.

concedimos

quince

(15)

días

para

las

gestiones

El 19 de julio de 1995 el querellado compareció solicitando

nuevamente término adicional por haber

estado

julio

1995,

1

informar

de

enfermo.

El

26

de

tomamos

De acuerdo con la moción informativa, el 29 de noviembre de 1994 se presentó la

Escritura de División de Bienes Gananciales al Tomo 428, Folio 143, Escritura 10,

Asiento 286, Registro de la Propiedad de Bayamón II.

conocimiento y le concedimos treinta (30) días adicionales. El 6 de

octubre de 1995, le concedimos quince (15) días para que informara las

razones por las que no había cumplido con la resolución del 26 de julio

del mismo año, y le apercibimos que de no cumplir sería sancionado.

25

de

octubre

solicitando

de

1995

término

el

adicional

licenciado

por

Otero

enfermedad.

El

Fernández

compareció

El

noviembre

1

de

siguiente le concedimos hasta el 16 de noviembre de 1995 para cumplir.

El 16 de noviembre volvió a comparecer informando que luego de inquirir

en el Registro sobre el status de la escritura presentada, le informaron

que la misma aún no había sido calificada.

El 17 de mayo de 1996 le concedimos quince (15) días al querellado

para que informara acerca de sus gestiones.

El 31 de julio compareció

informando que se había comunicado por teléfono con el Registro y que le

informaron que la escritura no sería calificada hasta dentro de dos meses

adicionales. El 23 de agosto de 1996 tomamos conocimiento de lo anterior.

El 6 de marzo de 1997, le concedimos al licenciado Otero Fernández veinte

(20) días para que informara las gestiones realizadas en cumplimiento con

nuestra resolución del 29 de noviembre de 1994.

Compareció el 31 de

marzo de 1997 informando que, luego de inquirir por la escritura ante el

Registro le indicaron que la persona encargada no había ido a trabajar.

El 18 de septiembre le concedimos al licenciado Otero Fernández quince

(15) días para que informara acerca de las gestiones realizadas. Este

compareció alegando enfermedad el 17 de octubre de 1997 y solicitando

término adicional para comparecer.

El 7 de noviembre de 1997, le concedimos a éste diez (10) días para

responder, apercibiéndole que el incumplimiento de la orden acarrearía

suspensión indefinida de la profesión.

alegando enfermedad.

Compareció el 21 de noviembre

Señaló en su reacción a la Resolución del 7 de

noviembre de 1997, que ha estado hospitalizado y aseguró que en un

término

de

treinta

requerimientos.

Su

(30)

días

trataría

comparecencia

vino

de

cumplir

acompañada

con

nuestros

de

evidencia

acreditativa

de

su

condición

cardíaca

y

del

hecho

de

haber

estado

ingresando y egresando del hospital gran parte del año 1997.

El 19 de diciembre de 1997, emitimos resolución concediéndole un

término final de treinta (30) días para cumplir con la resolución de 18

de septiembre de 19972 y apercibiéndole nuevamente y de forma final, que

el incumplimiento con esta orden del Tribunal acarrearía la suspensión

indefinida de la profesión.

Al día de hoy, el Lcdo. Otero Fernández no ha cumplido con nuestra

última resolución.

II

El Canon IX del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, le

impone a los

togada

miembros

de

la

clase

la obligación de observar para con los tribunales una conducta

que se caracterice por el mayor respeto. Anteriormente hemos señalado

que

la

desatención

a

las

órdenes

emitidas

por

los

tribunales

de

justicia constituye un grave insulto a la autoridad de éstos en directa

violación al deber de conducta exigido por el referido Canon IX. Véase

In re Claudio Ortíz, Op. de 8 de noviembre de 1996, 141 D.P.R. ___

(1996), 96 J.T.S. 153; In re Colón Torres, Op. de 13 de diciembre de

1991, 129 D.P.R. ___ (1991), 91 J.T.S. 97; In re Díaz García, 104

D.P.R. 171 (1975). El claro menosprecio a la autoridad de este Tribunal

desplegado por el abogado querellado, agravado por el hecho de que el

mismo ocurre dentro de un procedimiento investigador de su conducta

profesional, amerita su suspensión.

En In re Colón Torres, supra, sostuvimos que “[...] la naturaleza

y la importancia de sus funciones reclaman del abogado una observancia

estricta de las órdenes de los tribunales. Su voluntaria desobediencia

a

ese

tipo

de

comunicación

obstaculiza

y

debilita

nuestra

función

reguladora de la profesión.” Id. págs. 9068-9069.

2

Esta resolución le ordenaba al licenciado querellado que informara sobre las

gestiones realizadas para dar cumplimiento con la resolución del 29 de noviembre de

1994.

Es incuestionable que los deberes inherentes a la práctica de la

abogacía, así como de la notaría, exigen una meticulosa atención y

obediencia a las órdenes de este Tribunal, especialmente cuando se

trata de procedimientos sobre su conducta profesional. A esos efectos,

“[t]odos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los

requerimientos de este Tribunal, respecto a una queja presentada en su

contra que está siendo investigada”. In re Claudio Ortíz, supra; In re

Pagán Ayala, Op. de 9 de junio de 1992, 130 D.P.R. ___ (1992), 92

J.T.S. 71; In re Bonaparte Rosaly, Op. de 13 de marzo de 1992, 130

D.P.R ___ (1992), 92 J.T.S. 35; In re Colón Torres, supra; In re Pagán

Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984).

En numerosas ocasiones hemos señalado que el incumplimiento con

las resoluciones de este Tribunal acarrea la imposición de sanciones

disciplinarias severas que pueden culminar en la suspensión. In re

Claudio Ortíz, supra; In re Dizzy Murphy, Op. del 11 de mayo de 1996,

96 J.T.S. 38; In re Wilfredo Méndez Matos, Op. del 8 de mayo de 1995,

95 J.T.S. 65; In re Jorge Francisco Romany, Op. del 19 de julio de

1994, 94 J.T.S. 109; Colegio de Abogados v. Diversé Vergés y Otros, Op.

del 16 de junio de 1994, 137 D.P.R. ____(1994), 94 J.T.S. 97; In re

Pérez Bernabé, Op. del 19 de mayo de 1993, 134 D.P.R. ___ (1993), 93

J.T.S. 82; In re Ribas Dominicci y Otros, Op. del 31 de agosto de 1992,

132 D.P.R. __ (1992), 92 J.T.S. 114; In re Colón Torres, supra.

III

El incumplimiento reiterado del licenciado Otero Fernández con las

numerosas órdenes emitidas por este Tribunal, en particular con lo

dispuesto en la Resolución del 29 de noviembre de 1994, así como su

incomparecencia

mediante

luego

Resolución

incumplimiento

con

de

haber

emitida

lo

el

ordenado

sido

19

advertido

de

por

por

diciembre

este

de

Tribunal

segunda

1997,

ocasión

que

el

acarrearía

su

suspensión, constituyen una violación flagrante a su deber como miembro

de la profesión de la abogacía y de la notaría y un insulto grave a la

autoridad de este Tribunal, máxime cuando dicho incumplimiento surge

dentro de un procedimiento investigador de su conducta profesional bajo

nuestra jurisdicción disciplinaria.

En vista de lo anterior, ordenamos la suspensión temporera del

licenciado Pedro A. Otero Fernández del ejercicio del notariado hasta

tanto cumpla las

Resoluciones dictadas por este Tribunal y hasta que

otra cosa disponga este Tribunal.

La obra notarial del licenciado Otero Fernández será incautada por

el Alguacil de este Tribunal.

Díctese sentencia conforme a lo aquí dispuesto.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lic. Pedro A. Otero Fernández

AB-94-107

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1998.

En vista de lo señalado en la Opinión Per Curiam que

antecede y que se hace formar parte de esta sentencia,

ordenamos la suspensión temporera del Lic. Pedro A. Otero

Fernández del ejercicio del notariado hasta tanto cumpla con

las resoluciones dictadas por este Tribunal y hasta que otra

cosa se disponga.

La obra notarial del licenciado Otero Fernández será

incautada por el Alguacil de este Tribunal.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rebollo López no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo