Tribunal Supremo de Puerto Rico
EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. RAMON L. RIVERA
1998 TSPR 57
Poder Judicial de Puerto Rico
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EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. RAMON L. RIVERA
CC-1996-0026
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Recurrido
Certiorari
.V
TSPR98-57
RAMON LUIS RIVERA ORTEGA
ACUSADO
Número del Caso: CC-96-26
Abogados Parte Recurrente: LCDO. LUIS MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ
Abogados Parte Recurrida: LCDA. CARMEN Z. MARTINEZ ORTIZ
Abogados Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior, SALA DE SAN JUAN
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. CRISANTA GONZALEZ DE
RODRIGUEZ
Tribunal de Circuito de Apelaciones: CIRCUITO REGINAL I
Juez Ponente: Hon. ALFONSO DE CUMPIANO
Fecha: 5/19/1998
Materia: CONFISCACION DE FIANZA
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs.
CC-96-26
Certiorari
Ramón Luis Rivera Ortega
Acusado
Newport Bonding & Surety Co.
Recurrente
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 1998.
Se
recurre
confiscar
ante
nos
unas
fianzas,
incomparecencia
del
judiciales,
que
sin
para
los
hubieran
sido
mostrar
causa
por
la
mismas,
tal
como
determinemos
como
acusado
fiadora
Procedimiento
que
procede
consecuencia
a
los
de
representantes
de
requeridos
comparecer
a
no
se
requiere
la
Regla
227
L.P.R.A.
Ap.
34
la
procedimientos
cual
Criminal,
si
debía
la
compañía
confiscar
de
para
las
las
II,
de
aún
cuando posteriormente comparecieron en relación con la
confiscación de otra
de las fianzas del mismo acusado.
I
El Sr. Ramón L. Rivera Ortega fue acusado por hechos
alegadamente
ocurridos
el
5
de
agosto
de
1992
1992 constitutivos de violación a los artículos
6, 8 y 9 de la Ley de
Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A Secs. 416, 418 y 419 respectivamente.
Se le imputaron dos violaciones al artículo 6 y dos violaciones al
artículo 9 de la Ley de Armas de Puerto Rico, delitos menos graves,
por cada violación se le fijó una fianza de $5,000.
y
Además, se le
imputaron dos (2) violaciones al artículo 8 de la Ley de Armas, delitos
graves, en cada uno de los cuales se le fijó una fianza de $10,000.
Las referidas fianzas fueron prestadas por la Compañía de Fianzas
de Puerto Rico, en adelante C.F.P.R., y por la Newport Bonding and
Surety Co., aquí peticionaria, en adelante Newport.
A continuación
Rivera
una relación de los casos y las fianzas impuestas a
Ortega con motivo de los hechos acaecidos el 5 de agosto de 1992
que dieron lugar a las acusaciones antes indicadas:
CRIMINAL NUM.
VIOLACION
FIANZA
FIADOR
-KLA92M0720
Art.
6
$5,000
C.F.P.R.
-KLA92M0721
Art.
6
$5,000
Newport
-KLA92M0722
Art.
9
$5,000
C.F.P.R.
-KLA92M0723
Art.
9
$5,000
Newport
-KLA92G1154
Art.
8
$10,000
C.F.P.R.
-KLA92G1155
Art.
8
$10,000
Newport
El caso de autos trata sobre la confiscación por el Tribunal de
Primera Instancia de tres (3) de las fianzas emitidas por Newport a
favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
estas fianzas es de $20,000.00.
El monto total de
Las fianzas KLA92M0721 y KLA92M0723
por los artículos 6 y 9 respectivamente de la Ley de Armas fueron
refrendadas por el apoderado de Newport señor Iván Beníquez Díaz.1
1
La
En cuanto a estas dos fianzas refrendadas por el Sr. Beníquez, es necesario
detallar que éste último fue tiroteado el 28 de noviembre de 1992, conjuntamente con
el Alguacil Edelmiro Negrón Berno del Tribunal de Primera Instancia por hechos no
relacionados con este caso. El alguacil murió en el tiroteo. El señor Beníquez Díaz
resultó gravemente herido, fue hospitalizado, y cesó sus labores en Newport luego de
dicho incidente, acaecido varios meses antes de las confiscaciones de las fianzas en
el caso de autos, por lo que éste no intervino en el proceso de confiscación de las
mismas.
fianza KLA92G1155 por el artículo 8 de la Ley de Armas fue refrendada
por la apoderada de dicha compañía María del Carmen Beníquez.
Luego
de
varias
posposiciones
del
juicio
–causadas
por
la
incomparecencia del acusado- se señaló el mismo para el 5 de abril de
1993. El acusado Rivera Ortega no compareció.
En esa misma fecha el
Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia, la cual fue notificada
el 8 de junio de 1993, ordenando la confiscación del importe de las
fianzas,
incluyendo
la
KLA92MO721
y
la
KLA92MO723,
prestadas
por
Newport.
El Tribunal hizo constar que en relación al caso KLA92G1155,
en que la fianza fue también prestada por Newport, no fue citado el
representante de esa compañía, aunque sí el de la C.F.P.R.
Por ello
ordenó se citara a Newport para que mostrara causa por la cual no se
debía confiscar dicha fianza.
Posteriormente,
María
del
Carmen
el
20
de
Beníquez,
abril
de
1993,
representante
compareció
la
señora
de Newport, e informó no
haber conseguido al acusado, por lo que el Tribunal ordenó también la
confiscación de la fianza prestada en el caso KLA92G1155, mediante
sentencia de esa misma fecha, notificada el 4 de junio de 1993.
El 16 de septiembre de 1993, Newport presentó moción solicitando
exoneración.
Alegó
Institución
Regional
correspondiente
que
el
de
certificación
todas
se
Metropolitana.
Administración de Corrección.
exoneración
acusado
las
sentencias antes mencionadas.
encontraba
Acompañó
firmada
por
a
la
ingresado
dicha
en
la
moción
la
funcionaria
de
la
Newport solicitó que se ordenara la
fianzas
confiscadas
mediante
las
dos
No obstante, el Tribunal de Instancia
mediante Orden de 1ro de octubre de 1993, determinó que no se le había
mostrado ninguna razón o evidencia que justificara dejar sin efecto la
sentencia de 20 de abril de 1993.2
El 3 de noviembre de 1994, cerca de un año y mes y medio después,
la División de Confiscaciones del Departamento de Justicia compareció
2
Nada dispuso en dicha Orden sobre la sentencia emitida el 5 de abril de 1993.
mediante
moción
solicitando
un
mandamiento
para
proceder
con
la
ejecución de la sentencia de confiscación de 5 de abril de 1993 por la
cantidad de $10,000.00.
Así
también,
Confiscaciones
el
del
22
de
febrero
Departamento
de
de
1995,
Justicia
de
la
sentencia
División
compareció
mediante moción solicitando otro mandamiento para
ejecución
la
de
nuevamente
proceder
con
la
de
confiscación de 20 de abril de 1993 por la cantidad de $10,000.00.
Newport
presentó
moción
el
9
de
junio
de
1995,
mediante
la
cual
planteó, en cuanto a las dos (2) fianzas de $5,000.00 relativas a los
casos KLA92MO721 y KLA93MO723, que la sentencia de confiscación emitida
el 5 de abril de 1993 era nula e ineficaz en derecho por haberse
notificado la misma luego de transcurrir el término de cuarenta (40)
días provisto por la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal y por
no habérsele concedido a Newport la oportunidad de mostrar causa por la
cual
no
debía
confiscarse
la
fianza.
En
lo
concerniente
al
caso
KLA92G1155, en que la fianza de $10,000.00 fue confiscada el 20 de
abril de 1993, Newport aclaró que luego de hacer todas las gestiones
pertinentes,
localizó
al
acusado
ingresado
en
la
Cárcel
Regional
Metropolitana de Bayamón, por lo que la Administración de Corrección
emitió una certificación a esos efectos.
El 13 de junio de 1995, vía Resolución, el Tribunal de Primera
Instancia determinó que:
“Habiendo transcurrido dos (2) años desde que esta
juez dictó sentencia de confiscación en este caso y
veinte (20) meses desde que emitiéramos la orden
que hoy se pretende atacar, se declara no ha lugar
a la solicitud de la compañía fiadora.”
De dicha Resolución recurrió Newport ante el Tribunal de Circuito
de
Apelaciones,
solicitando
la
Circuito
revocación
fianzas que nos ocupan.
Regional
de
las
I,
Región
sentencias
Judicial
de
San
confiscatorias
Juan,
de
las
El Tribunal de Circuito de Apelaciones en su sentencia de 6 de
noviembre de 1995, notificada el 29 de noviembre de 1995, determinó que
Newport
tuvo
exoneración
oportunidad
del
16
de
de
impugnar,
septiembre
confiscación y no lo hizo.
de
previo
a
la
1993,
las
solicitud
de
sentencias
de
Asimismo, estableció que no estaba en
controversia que Newport presentó mostración de causa con anterioridad
a la sentencia de 20 de abril de 1993 sobre la incomparecencia del
acusado a los procedimientos en cuanto a la violación de los artículos
6 y 8 de la Ley de Armas.
Que la misma se había dictado luego de que
la apoderada de Newport compareciera al Tribunal e informara no haber
conseguido
al
acusado.
Que
la
orden
de
mostrar
causa
tiene
el
propósito de conceder oportunidad al fiador de exponer su posición
respecto
a
la
incomparecencia
del
acusado
y
de
su
obligación
de
responder por la fianza. Que dentro de este procedimiento, el propósito
por el cual se emite la mostración de causa es dar oportunidad al
fiador de demostrar por qué no debe confiscarse la fianza.
circunstancias
de
este
caso
demuestran
que
cualquier
Que las
omisión
en
requerir la mostración de causa en cuanto a una de las sentencias,
quedó subsanada con la oportunidad que tuvo la fiadora de comparecer
antes de que se procediera a la orden de confiscación para explicar si
había cumplido con la obligación contraída en el contrato de fianza.3
Inconforme Newport recurrió ante nos.
Señala como único error:
“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de
Apelaciones
al
confirmar
las
sentencias
confiscatorias presta-das por Newport.”
II
Cuestiona la recurrente si procedía, a la luz del debido proceso
de
ley
y
de
la
jurisprudencia
interpretativa,
que
Primera Instancia confiscara las fianzas prestadas.
plantea
en
relación
con
las
dos
(2)
fianzas
el
Tribunal
de
Fundamentalmente
confiscadas
mediante
Sentencia del 5 de abril de 1993, que a Newport no le fue ordenado
3
Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 6 de noviembre de 1995,
notificada el 29 de noviembre de 1995, págs. 5-6.
mostrar causa, según provisto por la Regla 227 de las de Procedimiento
Criminal, supra, por la cual no debían confiscarse dichas fianzas; que
al
así
no
hacerlo
constitucional
al
el
debido
Tribunal,
proceso
de
se
menoscababa
ley,
Artículo
Constitución del Estado Libre Asociado.
su
II,
garantía
Sección
7,
Asimismo, sostuvo que tal
acción constituía una privación de su derecho de propiedad
consagrado
también en nuestra carta magna.
En cuanto a la fianza confiscada mediante Sentencia
del
20
de
abril de 1993, alega la recurrente que a la vista celebrada en esa
fecha
compareció
una
apoderada
distinta
y
no
relacionada
con
el
apoderado que había refrendado las otras fianzas objeto de la Sentencia
del
5
de
abril
imputársele
de
1993,
conocimiento
de
que
no
tenía
las
fianzas
conocimiento
confiscadas
y
no
podía
prematuramente.
Señala en consecuencia que dicha vista no pudo en forma alguna subsanar
la falta de notificación con relación a las fianzas confiscadas el 5 de
abril de 1993.
El Procurador General, por su parte, fundamentalmente plantea que
la sentencia
que ahora se pretende impugnar alegando su nulidad fue
dictada el día 5 de abril de 1993 y notificada el 8 de junio de 1993.
Aún sin haberse emitido orden para mostrar causa, el peticionario tuvo
tiempo
razonable
y
suficiente
para
comparecer
ante
el
Tribunal
a
mostrar causa por la cual no debía ser confiscada la fianza prestada y
no lo hizo dentro de los cuarenta (40) días que establece la regla.
Que el peticionario sabía que al acusado se le imputaban seis (6)
delitos y sabía que unos eran de naturaleza menos grave y otros de
naturaleza grave.
Además, que cuando se le ordenó mostrar causa por
la cual no debía confiscarse la fianza prestada en el caso criminal
KLA92G1155,
enterarse
de
tuvo
que
oportunidad
las
fianzas
de
inquirir
prestadas
sobre
en
los
todo
el
proceso
y
casos
KLA92M0721
y
KLA92M0723 serían confiscadas tal como en efecto sucedió. Además, que
cuando recibió notificación de la sentencia pudo haber impugnado el
proceso y no lo hizo.
De otra parte, con relación a la sentencia dictada el 20 de abril
de 1993 y notificada el 4 de junio de 1993, acepta el peticionario, y
de hecho fue así, que el Tribunal emitió orden para mostrar causa por
la cual no debía ser confiscada la fianza y que en efecto informó que
no había podido localizar al acusado y el Tribunal dictó sentencia
confiscatoria.
Posteriormente, el Tribunal notificó su sentencia y el
peticionario no compareció dentro del término de cuarenta (40) días que
establece la referida Regla 227 para que el Tribunal dejara sin efecto
la misma.
Por Resolución de 23 de febrero de 1996 expedimos el auto de
certiorari.
Habiendo comparecido
ambas partes y con el beneficio de
sus respectivos escritos estamos en posición de resolver.
III
Con
el
objetivo
procede
que
dividamos
Tribunal
de
Primera
de
facilitar
las
la
discusión
controversias
Instancia.
según
Atenderemos
del
caso
de
acontecieron
autos,
en
primeramente
el
las
incidencias de la vista de 5 de abril de 1993 donde se produjo la
confiscación de dos (2) de las fianzas prestadas por Newport, aunque a
ésta nunca se le ordenó mostrar causa; y en segundo lugar, aquellos
eventos relacionados con la vista de 20 de abril de 1993, a la que la
fiadora compareció y presentó mostración de causa, siendo la fianza
confiscada sin que la fiadora produjera al acusado dentro del término
de cuarenta (40) días provisto por la regla.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su
artículo II, Sección 11, 1 L.P.R.A. sec. 11, dispone que:
“Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad
bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.”
Por su parte,
las Reglas 218 y 219 de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II, regulan las disposiciones relacionadas al tema de la
fianza.
Sobre la fianza en procedimientos criminales, sabido es que ésta
“se requiere históricamente para asegurar la presencia del acusado en
las diversas etapas del juicio”. Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R.
265-67 (1979).
Anteriormente hemos dicho4, y más recientemente lo reiteramos en
Pueblo v. Rivera Segarra, Op. de 19 de octubre de 1995, 139 D.P.R. ___,
95 J.T.S. 137, pág. 165, que el contrato de fianza es un acuerdo entre
el
fiador
y
el
Estado
donde
aquél
se
compromete
a
garantizar
la
comparecencia del acusado a todas las etapas del procedimiento criminal
seguido en su contra.
alguna
de
las
justificación
4
No obstante, la no comparecencia del acusado a
instancias
-
será
del
causa
proceso
suficiente
-
sin
que
medie
para
que
el
razonable
Específicamente en Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468, 480 (1991).
Tribunal
decrete
la
confiscación
de
la
fianza
a
favor
del
Estado.
Véase, además, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 55 de 1 de julio
de 1988, Leyes de Puerto Rico, 1988, págs. 280-281, que tuvo el efecto
de enmendar la precitada Regla 227 de Procedimiento Criminal, supra, a
los
efectos
de
consignar
la
responsabilidad
asumida
por
el
fiador
frente al Estado.
Así también,
L.P.R.A.
Ap.
II,
la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal, 34
rige
el
procedimiento
necesario confiscar la fianza prestada.
a
seguir
en
caso
de
A esos efectos establece:
“REGLA 227. FIANZA; PROCEDIMIENTO PARA SU
CONFISCACION; INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES;
DETENCION
(a)
Fianza; confiscación.
Si el acusado
dejare de cumplir cualquiera de las condiciones de
la fianza, el tribunal al que correspondiere
conocer del delito ordenará a los fiadores o al
depositante que muestren causa por la cual no deba
confiscarse la fianza o el depósito.
La orden se
notificará personalmente o se remitirá por correo
certificado a la dirección que se le conociere a
los fiadores o a sus representantes, agentes o
apoderados o al depositante.
En los casos en que
el
fiador
tenga
un
apoderado,
agente
o
representante, la debida notificación a este último
surtirá los mismos efectos que si se hiciera al
fiador.
Si los fiadores o el depositante explicaren
satisfactoriamente el incumplimiento en que se
funda la orden, el tribunal podrá dejarla sin
efecto bajo las condiciones que estimare justas.
De no mediar explicación satis-factoria para
tal incumplimiento, el tribunal procederá a dictar
sentencia
sumaria
contra
los
fiadores
o
el
depositante confiscando el importe de la fianza o
depósito pero la misma no será firme y ejecutoria
hasta cuarenta (40) días después de haberse
notificado. Si dentro de ese período los fiadores
llevaren al acusado a presencia del tribunal, éste
dejará sin efecto dicha sentencia.
Transcurrido el período antes prescrito y en
ausencia de muerte, enfermedad física o mental del
fiado sobrevenida antes de la fecha en que sea
dictada la sentencia ordenando la confiscación de
la fianza, el fiador responderá con su fianza por
la incomparecencia del acusado al tribunal.
Convertida en firme y ejecutoria una sentencia
confiscando la fianza o el depósito, el secretario
del
tribunal,
sin
necesidad
de
ulterior
ser
requerimiento,
remitirá
inmediata-mente
copia
certificada de dicha sentencia al Secretario de
Justicia para que proceda a la ejecución de la
misma de acuerdo a la Regla 51 de Procedimiento
Civil para el Tribunal General de Justicia, Ap. III
del Título 32, e igualmente remitirá al Secretario
de Hacienda el depósito en su poder.
Disponiéndose, que el tribunal a su discreción
podrá dejar sin efecto la sentencia de confiscación
en cualquier momento anterior a la ejecución de
dicha sentencia, siempre que medien las siguientes
circuns-tancias:
(1)
Que los fiadores hayan producido
al acusado ante el tribunal.
(2)
Que el tribunal constate a su
satis-facción el hecho anterior.
La solicitud para que se deje sin efecto la
sentencia se hará mediante moción la cual se
presentará dentro de un término razonable pero en
ningún caso después de transcurridos seis (6) meses
de haberse registrado la sentencia u orden.
Una
moción a tales fines no afectará la finalidad de
una sentencia, ni suspenderá sus efectos.”
En
cuanto
al
procedimiento
mediante
el
cual
se
producirá
la
entrega del acusado al tribunal, la Regla 225, supra, señala que:
“con el objeto de llevar a cabo la entrega del
acusado, los fiadores podrán en cualquier momento
antes de haber sido finalmente exonerados, y en
cualquier lugar dentro del territorio del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, arrestarlo ellos
mismos, o facultar para ello, por medio de una
autorización
escrita
al
dorso
de
la
copia
certificada de la fianza, a cualquier persona que
tenga la edad y discreción suficientes.”
La
Regla
227
de
Procedimiento
Criminal,
supra,
provee
la
alternativa de que el tribunal, a su discreción, pueda dejar sin efecto
una
sentencia
de
confiscación
fiador le produzca al acusado.
cuando
el
acusado
está
previamente
emitida,
siempre
que
el
A esos efectos, hemos opinado que
encarcelado
por
delitos
distintos
a
los
originalmente imputados, será suficiente con que el fiador informe su
paradero
y
diligencie
la
correspondiente
orden
de
arresto
en
la
institución penal de que se trate para que se entienda que el fiador ha
cumplido el requisito de llevar al acusado a la presencia del Tribunal.
En estas instancias no es necesario la entrega física del mismo.
Con
esta interpretación lo que se busca es promover que los fiadores se
involucren en aquellas gestiones que sean necesarias para asegurar la
comparecencia del acusado al procedimiento en su contra.
Pueblo v.
Rivera Segarra, supra, pág. 168.
Asimismo, la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal, supra, es
clara sobre el proceso que los tribunales tienen que seguir al momento
de confiscar una fianza por la incomparecencia del acusado a alguna de
las etapas en el procedimiento judicial.
Concretamente, ésta requiere
como parte del proceso que el Tribunal emita una orden donde le brinde
la oportunidad a la compañía fiadora de comparecer y mostrar causa del
porqué no debe confiscarse una determinada fianza.
Con el propósito de salvaguardar el derecho de propiedad de las
compañías fiadoras nuestra Asamblea Legislativa, a través, de la Regla
227 de las de Procedimiento Criminal, supra, exige que antes de que el
tribunal pueda confiscar sumariamente los dineros correspondientes a
las fianzas, la parte que habrá de verse afectada pueda comparecer y
plantear sus objeciones.
Exactamente
Debemos
tener
en
eso
fue
lo
que
cuenta
que
no
la
se
hizo
compañía
en
el
fiadora,
caso
de
autos.
Newport,
había
prestado tres fianzas que respondían por delitos distintos.
ellas
fueron
prestadas
por
conducto
de
la
misma
persona,
Dos de
el
señor
Beníquez Díaz, y la otra había sido refrendada por conducto de la
señora María del Carmen Beníquez.
El Tribunal de Primera Instancia,
sin emitir una orden ni señalar una vista para mostrar causa como lo
requiere la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal, supra, confiscó
sumariamente las fianzas KLA92M0721 y KLA92M0723 en la vista del 5 de
abril de 1993 a la que no compareció el acusado.
Más aún, no podemos
perder
refrendadas
de
perspectiva
que
las
fianzas
fueron
agentes distintos, uno de los cuales –el que refrendó
por
dos
las fianzas
confiscadas el 5 de abril de 1993- había cesado en su posición.
Aún si
pudiera
algún
imputársele
a
la
señora
María
del
Carmen
Beníquez
conocimiento de la situación surgida en la vista de 5 de abril de 1993
cuando compareció a la vista del 20 de abril de 1993 en relación con
otra fianza del mismo acusado, ello no es excusa para el incumplimiento
con el requisito de emitirse la orden para mostrar causa en el primer
caso.
Dada esta sucesión de hechos sólo nos resta ceñirnos estrictamente
a la disposición legal aplicable y ésta, según descrita, establece que
el tribunal
ordenará que se muestre causa.
La Regla 227 no establece
un procedimiento discrecional, sino mandatorio, en lo que respecta a la
orden para mostrar causa.
Ante tan obvio e inexcusable incumplimiento
con la ley, la sentencia dictada el 5 de abril de 1993 confiscando las
fianzas prestadas por Newport, debe ser dejada sin efecto.
IV
En cuanto a la fianza prestada por Newport por conducto de la
agente María del C.
Beníquez, surge de los autos que a ésta sí se le
citó a
el
una
vista
20
de
abril
de
1993, para que mostrara
causa por la cual no se debía confiscar la fianza KLA92G1155.
compareció; no obstante, se confiscó la fianza.
Ella
Posteriormente alegó
que compareció dentro de los cuarenta (40) días que dispone la Regla
227
de
las
Tribunal.
de
Procedimiento
Criminal,
para
llevar
al
acusado
al
No tiene razón.
La fiadora presentó, el 16 de septiembre de 1993, una moción sobre
solicitud
de
encontraba
exoneración,
ingresado
Metropolitana.
en
en
Acompañó
la
la
con
cual
indicaba
Institución
dicha
moción
que
Industrial
la
más
sentencia.
de
cuarenta
(40)
días
después
de
acusado
se
Regional
certificación
Administración de Corrección cancelando las fianzas.
hizo
el
de
la
Es obvio que lo
haberse
notificado
la
Entre el 4 de junio de 1993, en que se archivó en autos
copia de la notificación de la sentencia, al 16 de septiembre de 1993,
transcurrió un lapso de tiempo en exceso de cien (100) días.
Transcurridos los cuarenta (40) días que provee la Regla 227 de
las de Procedimiento Criminal, supra, la sentencia de confiscación es
firme y ejecutoria.
Es discrecional del Tribunal dejar sin efecto la
sentencia si ésta no fuera ejecutada y se produce al acusado ante el
Tribunal dentro de los seis (6) meses de ser firme y ejecutoria la
sentencia.
Frau v.
Corte, 54 D.P.R. 709 (1939).
El Tribunal de Instancia determinó mediante la orden de 29 de
septiembre de 1993, que no había ningún fundamento ni evidencia que
justificara dejar sin efecto la sentencia de 20 de abril de 1993.
Claramente
era
discrecional
del
juez
dejar
sin
efecto
sentencia, ya que habían transcurrido más de cuarenta (40) días.
la
No es
apropiado, bajo estas circunstancias, intervenir con la determinación
del Tribunal de Primera Instancia.
A diferencia del caso de Pueblo v.
Rivera Segarra, supra, en que las gestiones para informar debidamente
al
tribunal
del
paradero
del
acusado
se
realizaron
dentro
de
los
cuarenta días luego de la notificación de la Sentencia, en el caso de
autos tales gestiones fueron posteriores a dicho término.
En vista de
ello, confirmamos la sentencia de 20 de abril de 1993.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
dejamos
sin
efecto
la
sentencia de confiscación de 5 de abril de 1993 y confirmamos la de 20
de abril de 1993, dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.
Se dictará la correspondiente sentencia.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs.
CC-96-26
Ramón Luis Rivera Ortega
Acusado
Newport Bonding & Surety Co.
Recurrente
SENTENCIA
Certiorari
San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 1998.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que se hace formar parte integrante de ésta, se
dicta sentencia dejando sin efecto la sentencia de
confiscación de 5 de abril de 1993 y confirmando la de 20
de abril de 1993 dictadas por el Tribunal de Primera
Instancia.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri concurre en cuanto se confirma la
sentencia de confiscación de 20 de abril de 1993; y
disiente en cuanto se revoca la de 5 de abril de 1993. El
Juez Asociado señor Negrón García inhibido.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo