LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. RAMON L. RIVERA

1998 TSPR 57

Poder Judicial de Puerto Rico

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EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. RAMON L. RIVERA

CC-1996-0026

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

Certiorari

.V

TSPR98-57

RAMON LUIS RIVERA ORTEGA

ACUSADO

Número del Caso: CC-96-26

Abogados Parte Recurrente: LCDO. LUIS MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ

Abogados Parte Recurrida: LCDA. CARMEN Z. MARTINEZ ORTIZ

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, SALA DE SAN JUAN

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. CRISANTA GONZALEZ DE

RODRIGUEZ

Tribunal de Circuito de Apelaciones: CIRCUITO REGINAL I

Juez Ponente: Hon. ALFONSO DE CUMPIANO

Fecha: 5/19/1998

Materia: CONFISCACION DE FIANZA

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-96-26

Certiorari

Ramón Luis Rivera Ortega

Acusado

Newport Bonding & Surety Co.

Recurrente

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 1998.

Se

recurre

confiscar

ante

nos

unas

fianzas,

incomparecencia

del

judiciales,

que

sin

para

los

hubieran

sido

mostrar

causa

por

la

mismas,

tal

como

determinemos

como

acusado

fiadora

Procedimiento

que

procede

consecuencia

a

los

de

representantes

de

requeridos

comparecer

a

no

se

requiere

la

Regla

227

L.P.R.A.

Ap.

34

la

procedimientos

cual

Criminal,

si

debía

la

compañía

confiscar

de

para

las

las

II,

de

aún

cuando posteriormente comparecieron en relación con la

confiscación de otra

de las fianzas del mismo acusado.

I

El Sr. Ramón L. Rivera Ortega fue acusado por hechos

alegadamente

ocurridos

el

5

de

agosto

de

1992

1992 constitutivos de violación a los artículos

6, 8 y 9 de la Ley de

Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A Secs. 416, 418 y 419 respectivamente.

Se le imputaron dos violaciones al artículo 6 y dos violaciones al

artículo 9 de la Ley de Armas de Puerto Rico, delitos menos graves,

por cada violación se le fijó una fianza de $5,000.

y

Además, se le

imputaron dos (2) violaciones al artículo 8 de la Ley de Armas, delitos

graves, en cada uno de los cuales se le fijó una fianza de $10,000.

Las referidas fianzas fueron prestadas por la Compañía de Fianzas

de Puerto Rico, en adelante C.F.P.R., y por la Newport Bonding and

Surety Co., aquí peticionaria, en adelante Newport.

A continuación

Rivera

una relación de los casos y las fianzas impuestas a

Ortega con motivo de los hechos acaecidos el 5 de agosto de 1992

que dieron lugar a las acusaciones antes indicadas:

CRIMINAL NUM.

VIOLACION

FIANZA

FIADOR

-KLA92M0720

Art.

6

$5,000

C.F.P.R.

-KLA92M0721

Art.

6

$5,000

Newport

-KLA92M0722

Art.

9

$5,000

C.F.P.R.

-KLA92M0723

Art.

9

$5,000

Newport

-KLA92G1154

Art.

8

$10,000

C.F.P.R.

-KLA92G1155

Art.

8

$10,000

Newport

El caso de autos trata sobre la confiscación por el Tribunal de

Primera Instancia de tres (3) de las fianzas emitidas por Newport a

favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

estas fianzas es de $20,000.00.

El monto total de

Las fianzas KLA92M0721 y KLA92M0723

por los artículos 6 y 9 respectivamente de la Ley de Armas fueron

refrendadas por el apoderado de Newport señor Iván Beníquez Díaz.1

1

La

En cuanto a estas dos fianzas refrendadas por el Sr. Beníquez, es necesario

detallar que éste último fue tiroteado el 28 de noviembre de 1992, conjuntamente con

el Alguacil Edelmiro Negrón Berno del Tribunal de Primera Instancia por hechos no

relacionados con este caso. El alguacil murió en el tiroteo. El señor Beníquez Díaz

resultó gravemente herido, fue hospitalizado, y cesó sus labores en Newport luego de

dicho incidente, acaecido varios meses antes de las confiscaciones de las fianzas en

el caso de autos, por lo que éste no intervino en el proceso de confiscación de las

mismas.

fianza KLA92G1155 por el artículo 8 de la Ley de Armas fue refrendada

por la apoderada de dicha compañía María del Carmen Beníquez.

Luego

de

varias

posposiciones

del

juicio

–causadas

por

la

incomparecencia del acusado- se señaló el mismo para el 5 de abril de

1993. El acusado Rivera Ortega no compareció.

En esa misma fecha el

Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia, la cual fue notificada

el 8 de junio de 1993, ordenando la confiscación del importe de las

fianzas,

incluyendo

la

KLA92MO721

y

la

KLA92MO723,

prestadas

por

Newport.

El Tribunal hizo constar que en relación al caso KLA92G1155,

en que la fianza fue también prestada por Newport, no fue citado el

representante de esa compañía, aunque sí el de la C.F.P.R.

Por ello

ordenó se citara a Newport para que mostrara causa por la cual no se

debía confiscar dicha fianza.

Posteriormente,

María

del

Carmen

el

20

de

Beníquez,

abril

de

1993,

representante

compareció

la

señora

de Newport, e informó no

haber conseguido al acusado, por lo que el Tribunal ordenó también la

confiscación de la fianza prestada en el caso KLA92G1155, mediante

sentencia de esa misma fecha, notificada el 4 de junio de 1993.

El 16 de septiembre de 1993, Newport presentó moción solicitando

exoneración.

Alegó

Institución

Regional

correspondiente

que

el

de

certificación

todas

se

Metropolitana.

Administración de Corrección.

exoneración

acusado

las

sentencias antes mencionadas.

encontraba

Acompañó

firmada

por

a

la

ingresado

dicha

en

la

moción

la

funcionaria

de

la

Newport solicitó que se ordenara la

fianzas

confiscadas

mediante

las

dos

No obstante, el Tribunal de Instancia

mediante Orden de 1ro de octubre de 1993, determinó que no se le había

mostrado ninguna razón o evidencia que justificara dejar sin efecto la

sentencia de 20 de abril de 1993.2

El 3 de noviembre de 1994, cerca de un año y mes y medio después,

la División de Confiscaciones del Departamento de Justicia compareció

2

Nada dispuso en dicha Orden sobre la sentencia emitida el 5 de abril de 1993.

mediante

moción

solicitando

un

mandamiento

para

proceder

con

la

ejecución de la sentencia de confiscación de 5 de abril de 1993 por la

cantidad de $10,000.00.

Así

también,

Confiscaciones

el

del

22

de

febrero

Departamento

de

de

1995,

Justicia

de

la

sentencia

División

compareció

mediante moción solicitando otro mandamiento para

ejecución

la

de

nuevamente

proceder

con

la

de

confiscación de 20 de abril de 1993 por la cantidad de $10,000.00.

Newport

presentó

moción

el

9

de

junio

de

1995,

mediante

la

cual

planteó, en cuanto a las dos (2) fianzas de $5,000.00 relativas a los

casos KLA92MO721 y KLA93MO723, que la sentencia de confiscación emitida

el 5 de abril de 1993 era nula e ineficaz en derecho por haberse

notificado la misma luego de transcurrir el término de cuarenta (40)

días provisto por la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal y por

no habérsele concedido a Newport la oportunidad de mostrar causa por la

cual

no

debía

confiscarse

la

fianza.

En

lo

concerniente

al

caso

KLA92G1155, en que la fianza de $10,000.00 fue confiscada el 20 de

abril de 1993, Newport aclaró que luego de hacer todas las gestiones

pertinentes,

localizó

al

acusado

ingresado

en

la

Cárcel

Regional

Metropolitana de Bayamón, por lo que la Administración de Corrección

emitió una certificación a esos efectos.

El 13 de junio de 1995, vía Resolución, el Tribunal de Primera

Instancia determinó que:

“Habiendo transcurrido dos (2) años desde que esta

juez dictó sentencia de confiscación en este caso y

veinte (20) meses desde que emitiéramos la orden

que hoy se pretende atacar, se declara no ha lugar

a la solicitud de la compañía fiadora.”

De dicha Resolución recurrió Newport ante el Tribunal de Circuito

de

Apelaciones,

solicitando

la

Circuito

revocación

fianzas que nos ocupan.

Regional

de

las

I,

Región

sentencias

Judicial

de

San

confiscatorias

Juan,

de

las

El Tribunal de Circuito de Apelaciones en su sentencia de 6 de

noviembre de 1995, notificada el 29 de noviembre de 1995, determinó que

Newport

tuvo

exoneración

oportunidad

del

16

de

de

impugnar,

septiembre

confiscación y no lo hizo.

de

previo

a

la

1993,

las

solicitud

de

sentencias

de

Asimismo, estableció que no estaba en

controversia que Newport presentó mostración de causa con anterioridad

a la sentencia de 20 de abril de 1993 sobre la incomparecencia del

acusado a los procedimientos en cuanto a la violación de los artículos

6 y 8 de la Ley de Armas.

Que la misma se había dictado luego de que

la apoderada de Newport compareciera al Tribunal e informara no haber

conseguido

al

acusado.

Que

la

orden

de

mostrar

causa

tiene

el

propósito de conceder oportunidad al fiador de exponer su posición

respecto

a

la

incomparecencia

del

acusado

y

de

su

obligación

de

responder por la fianza. Que dentro de este procedimiento, el propósito

por el cual se emite la mostración de causa es dar oportunidad al

fiador de demostrar por qué no debe confiscarse la fianza.

circunstancias

de

este

caso

demuestran

que

cualquier

Que las

omisión

en

requerir la mostración de causa en cuanto a una de las sentencias,

quedó subsanada con la oportunidad que tuvo la fiadora de comparecer

antes de que se procediera a la orden de confiscación para explicar si

había cumplido con la obligación contraída en el contrato de fianza.3

Inconforme Newport recurrió ante nos.

Señala como único error:

“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones

al

confirmar

las

sentencias

confiscatorias presta-das por Newport.”

II

Cuestiona la recurrente si procedía, a la luz del debido proceso

de

ley

y

de

la

jurisprudencia

interpretativa,

que

Primera Instancia confiscara las fianzas prestadas.

plantea

en

relación

con

las

dos

(2)

fianzas

el

Tribunal

de

Fundamentalmente

confiscadas

mediante

Sentencia del 5 de abril de 1993, que a Newport no le fue ordenado

3

Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 6 de noviembre de 1995,

notificada el 29 de noviembre de 1995, págs. 5-6.

mostrar causa, según provisto por la Regla 227 de las de Procedimiento

Criminal, supra, por la cual no debían confiscarse dichas fianzas; que

al

así

no

hacerlo

constitucional

al

el

debido

Tribunal,

proceso

de

se

menoscababa

ley,

Artículo

Constitución del Estado Libre Asociado.

su

II,

garantía

Sección

7,

Asimismo, sostuvo que tal

acción constituía una privación de su derecho de propiedad

consagrado

también en nuestra carta magna.

En cuanto a la fianza confiscada mediante Sentencia

del

20

de

abril de 1993, alega la recurrente que a la vista celebrada en esa

fecha

compareció

una

apoderada

distinta

y

no

relacionada

con

el

apoderado que había refrendado las otras fianzas objeto de la Sentencia

del

5

de

abril

imputársele

de

1993,

conocimiento

de

que

no

tenía

las

fianzas

conocimiento

confiscadas

y

no

podía

prematuramente.

Señala en consecuencia que dicha vista no pudo en forma alguna subsanar

la falta de notificación con relación a las fianzas confiscadas el 5 de

abril de 1993.

El Procurador General, por su parte, fundamentalmente plantea que

la sentencia

que ahora se pretende impugnar alegando su nulidad fue

dictada el día 5 de abril de 1993 y notificada el 8 de junio de 1993.

Aún sin haberse emitido orden para mostrar causa, el peticionario tuvo

tiempo

razonable

y

suficiente

para

comparecer

ante

el

Tribunal

a

mostrar causa por la cual no debía ser confiscada la fianza prestada y

no lo hizo dentro de los cuarenta (40) días que establece la regla.

Que el peticionario sabía que al acusado se le imputaban seis (6)

delitos y sabía que unos eran de naturaleza menos grave y otros de

naturaleza grave.

Además, que cuando se le ordenó mostrar causa por

la cual no debía confiscarse la fianza prestada en el caso criminal

KLA92G1155,

enterarse

de

tuvo

que

oportunidad

las

fianzas

de

inquirir

prestadas

sobre

en

los

todo

el

proceso

y

casos

KLA92M0721

y

KLA92M0723 serían confiscadas tal como en efecto sucedió. Además, que

cuando recibió notificación de la sentencia pudo haber impugnado el

proceso y no lo hizo.

De otra parte, con relación a la sentencia dictada el 20 de abril

de 1993 y notificada el 4 de junio de 1993, acepta el peticionario, y

de hecho fue así, que el Tribunal emitió orden para mostrar causa por

la cual no debía ser confiscada la fianza y que en efecto informó que

no había podido localizar al acusado y el Tribunal dictó sentencia

confiscatoria.

Posteriormente, el Tribunal notificó su sentencia y el

peticionario no compareció dentro del término de cuarenta (40) días que

establece la referida Regla 227 para que el Tribunal dejara sin efecto

la misma.

Por Resolución de 23 de febrero de 1996 expedimos el auto de

certiorari.

Habiendo comparecido

ambas partes y con el beneficio de

sus respectivos escritos estamos en posición de resolver.

III

Con

el

objetivo

procede

que

dividamos

Tribunal

de

Primera

de

facilitar

las

la

discusión

controversias

Instancia.

según

Atenderemos

del

caso

de

acontecieron

autos,

en

primeramente

el

las

incidencias de la vista de 5 de abril de 1993 donde se produjo la

confiscación de dos (2) de las fianzas prestadas por Newport, aunque a

ésta nunca se le ordenó mostrar causa; y en segundo lugar, aquellos

eventos relacionados con la vista de 20 de abril de 1993, a la que la

fiadora compareció y presentó mostración de causa, siendo la fianza

confiscada sin que la fiadora produjera al acusado dentro del término

de cuarenta (40) días provisto por la regla.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su

artículo II, Sección 11, 1 L.P.R.A. sec. 11, dispone que:

“Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad

bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.”

Por su parte,

las Reglas 218 y 219 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II, regulan las disposiciones relacionadas al tema de la

fianza.

Sobre la fianza en procedimientos criminales, sabido es que ésta

“se requiere históricamente para asegurar la presencia del acusado en

las diversas etapas del juicio”. Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R.

265-67 (1979).

Anteriormente hemos dicho4, y más recientemente lo reiteramos en

Pueblo v. Rivera Segarra, Op. de 19 de octubre de 1995, 139 D.P.R. ___,

95 J.T.S. 137, pág. 165, que el contrato de fianza es un acuerdo entre

el

fiador

y

el

Estado

donde

aquél

se

compromete

a

garantizar

la

comparecencia del acusado a todas las etapas del procedimiento criminal

seguido en su contra.

alguna

de

las

justificación

4

No obstante, la no comparecencia del acusado a

instancias

-

será

del

causa

proceso

suficiente

-

sin

que

medie

para

que

el

razonable

Específicamente en Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468, 480 (1991).

Tribunal

decrete

la

confiscación

de

la

fianza

a

favor

del

Estado.

Véase, además, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 55 de 1 de julio

de 1988, Leyes de Puerto Rico, 1988, págs. 280-281, que tuvo el efecto

de enmendar la precitada Regla 227 de Procedimiento Criminal, supra, a

los

efectos

de

consignar

la

responsabilidad

asumida

por

el

fiador

frente al Estado.

Así también,

L.P.R.A.

Ap.

II,

la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal, 34

rige

el

procedimiento

necesario confiscar la fianza prestada.

a

seguir

en

caso

de

A esos efectos establece:

“REGLA 227. FIANZA; PROCEDIMIENTO PARA SU

CONFISCACION; INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES;

DETENCION

(a)

Fianza; confiscación.

Si el acusado

dejare de cumplir cualquiera de las condiciones de

la fianza, el tribunal al que correspondiere

conocer del delito ordenará a los fiadores o al

depositante que muestren causa por la cual no deba

confiscarse la fianza o el depósito.

La orden se

notificará personalmente o se remitirá por correo

certificado a la dirección que se le conociere a

los fiadores o a sus representantes, agentes o

apoderados o al depositante.

En los casos en que

el

fiador

tenga

un

apoderado,

agente

o

representante, la debida notificación a este último

surtirá los mismos efectos que si se hiciera al

fiador.

Si los fiadores o el depositante explicaren

satisfactoriamente el incumplimiento en que se

funda la orden, el tribunal podrá dejarla sin

efecto bajo las condiciones que estimare justas.

De no mediar explicación satis-factoria para

tal incumplimiento, el tribunal procederá a dictar

sentencia

sumaria

contra

los

fiadores

o

el

depositante confiscando el importe de la fianza o

depósito pero la misma no será firme y ejecutoria

hasta cuarenta (40) días después de haberse

notificado. Si dentro de ese período los fiadores

llevaren al acusado a presencia del tribunal, éste

dejará sin efecto dicha sentencia.

Transcurrido el período antes prescrito y en

ausencia de muerte, enfermedad física o mental del

fiado sobrevenida antes de la fecha en que sea

dictada la sentencia ordenando la confiscación de

la fianza, el fiador responderá con su fianza por

la incomparecencia del acusado al tribunal.

Convertida en firme y ejecutoria una sentencia

confiscando la fianza o el depósito, el secretario

del

tribunal,

sin

necesidad

de

ulterior

ser

requerimiento,

remitirá

inmediata-mente

copia

certificada de dicha sentencia al Secretario de

Justicia para que proceda a la ejecución de la

misma de acuerdo a la Regla 51 de Procedimiento

Civil para el Tribunal General de Justicia, Ap. III

del Título 32, e igualmente remitirá al Secretario

de Hacienda el depósito en su poder.

Disponiéndose, que el tribunal a su discreción

podrá dejar sin efecto la sentencia de confiscación

en cualquier momento anterior a la ejecución de

dicha sentencia, siempre que medien las siguientes

circuns-tancias:

(1)

Que los fiadores hayan producido

al acusado ante el tribunal.

(2)

Que el tribunal constate a su

satis-facción el hecho anterior.

La solicitud para que se deje sin efecto la

sentencia se hará mediante moción la cual se

presentará dentro de un término razonable pero en

ningún caso después de transcurridos seis (6) meses

de haberse registrado la sentencia u orden.

Una

moción a tales fines no afectará la finalidad de

una sentencia, ni suspenderá sus efectos.”

En

cuanto

al

procedimiento

mediante

el

cual

se

producirá

la

entrega del acusado al tribunal, la Regla 225, supra, señala que:

“con el objeto de llevar a cabo la entrega del

acusado, los fiadores podrán en cualquier momento

antes de haber sido finalmente exonerados, y en

cualquier lugar dentro del territorio del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, arrestarlo ellos

mismos, o facultar para ello, por medio de una

autorización

escrita

al

dorso

de

la

copia

certificada de la fianza, a cualquier persona que

tenga la edad y discreción suficientes.”

La

Regla

227

de

Procedimiento

Criminal,

supra,

provee

la

alternativa de que el tribunal, a su discreción, pueda dejar sin efecto

una

sentencia

de

confiscación

fiador le produzca al acusado.

cuando

el

acusado

está

previamente

emitida,

siempre

que

el

A esos efectos, hemos opinado que

encarcelado

por

delitos

distintos

a

los

originalmente imputados, será suficiente con que el fiador informe su

paradero

y

diligencie

la

correspondiente

orden

de

arresto

en

la

institución penal de que se trate para que se entienda que el fiador ha

cumplido el requisito de llevar al acusado a la presencia del Tribunal.

En estas instancias no es necesario la entrega física del mismo.

Con

esta interpretación lo que se busca es promover que los fiadores se

involucren en aquellas gestiones que sean necesarias para asegurar la

comparecencia del acusado al procedimiento en su contra.

Pueblo v.

Rivera Segarra, supra, pág. 168.

Asimismo, la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal, supra, es

clara sobre el proceso que los tribunales tienen que seguir al momento

de confiscar una fianza por la incomparecencia del acusado a alguna de

las etapas en el procedimiento judicial.

Concretamente, ésta requiere

como parte del proceso que el Tribunal emita una orden donde le brinde

la oportunidad a la compañía fiadora de comparecer y mostrar causa del

porqué no debe confiscarse una determinada fianza.

Con el propósito de salvaguardar el derecho de propiedad de las

compañías fiadoras nuestra Asamblea Legislativa, a través, de la Regla

227 de las de Procedimiento Criminal, supra, exige que antes de que el

tribunal pueda confiscar sumariamente los dineros correspondientes a

las fianzas, la parte que habrá de verse afectada pueda comparecer y

plantear sus objeciones.

Exactamente

Debemos

tener

en

eso

fue

lo

que

cuenta

que

no

la

se

hizo

compañía

en

el

fiadora,

caso

de

autos.

Newport,

había

prestado tres fianzas que respondían por delitos distintos.

ellas

fueron

prestadas

por

conducto

de

la

misma

persona,

Dos de

el

señor

Beníquez Díaz, y la otra había sido refrendada por conducto de la

señora María del Carmen Beníquez.

El Tribunal de Primera Instancia,

sin emitir una orden ni señalar una vista para mostrar causa como lo

requiere la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal, supra, confiscó

sumariamente las fianzas KLA92M0721 y KLA92M0723 en la vista del 5 de

abril de 1993 a la que no compareció el acusado.

Más aún, no podemos

perder

refrendadas

de

perspectiva

que

las

fianzas

fueron

agentes distintos, uno de los cuales –el que refrendó

por

dos

las fianzas

confiscadas el 5 de abril de 1993- había cesado en su posición.

Aún si

pudiera

algún

imputársele

a

la

señora

María

del

Carmen

Beníquez

conocimiento de la situación surgida en la vista de 5 de abril de 1993

cuando compareció a la vista del 20 de abril de 1993 en relación con

otra fianza del mismo acusado, ello no es excusa para el incumplimiento

con el requisito de emitirse la orden para mostrar causa en el primer

caso.

Dada esta sucesión de hechos sólo nos resta ceñirnos estrictamente

a la disposición legal aplicable y ésta, según descrita, establece que

el tribunal

ordenará que se muestre causa.

La Regla 227 no establece

un procedimiento discrecional, sino mandatorio, en lo que respecta a la

orden para mostrar causa.

Ante tan obvio e inexcusable incumplimiento

con la ley, la sentencia dictada el 5 de abril de 1993 confiscando las

fianzas prestadas por Newport, debe ser dejada sin efecto.

IV

En cuanto a la fianza prestada por Newport por conducto de la

agente María del C.

Beníquez, surge de los autos que a ésta sí se le

citó a

el

una

vista

20

de

abril

de

1993, para que mostrara

causa por la cual no se debía confiscar la fianza KLA92G1155.

compareció; no obstante, se confiscó la fianza.

Ella

Posteriormente alegó

que compareció dentro de los cuarenta (40) días que dispone la Regla

227

de

las

Tribunal.

de

Procedimiento

Criminal,

para

llevar

al

acusado

al

No tiene razón.

La fiadora presentó, el 16 de septiembre de 1993, una moción sobre

solicitud

de

encontraba

exoneración,

ingresado

Metropolitana.

en

en

Acompañó

la

la

con

cual

indicaba

Institución

dicha

moción

que

Industrial

la

más

sentencia.

de

cuarenta

(40)

días

después

de

acusado

se

Regional

certificación

Administración de Corrección cancelando las fianzas.

hizo

el

de

la

Es obvio que lo

haberse

notificado

la

Entre el 4 de junio de 1993, en que se archivó en autos

copia de la notificación de la sentencia, al 16 de septiembre de 1993,

transcurrió un lapso de tiempo en exceso de cien (100) días.

Transcurridos los cuarenta (40) días que provee la Regla 227 de

las de Procedimiento Criminal, supra, la sentencia de confiscación es

firme y ejecutoria.

Es discrecional del Tribunal dejar sin efecto la

sentencia si ésta no fuera ejecutada y se produce al acusado ante el

Tribunal dentro de los seis (6) meses de ser firme y ejecutoria la

sentencia.

Frau v.

Corte, 54 D.P.R. 709 (1939).

El Tribunal de Instancia determinó mediante la orden de 29 de

septiembre de 1993, que no había ningún fundamento ni evidencia que

justificara dejar sin efecto la sentencia de 20 de abril de 1993.

Claramente

era

discrecional

del

juez

dejar

sin

efecto

sentencia, ya que habían transcurrido más de cuarenta (40) días.

la

No es

apropiado, bajo estas circunstancias, intervenir con la determinación

del Tribunal de Primera Instancia.

A diferencia del caso de Pueblo v.

Rivera Segarra, supra, en que las gestiones para informar debidamente

al

tribunal

del

paradero

del

acusado

se

realizaron

dentro

de

los

cuarenta días luego de la notificación de la Sentencia, en el caso de

autos tales gestiones fueron posteriores a dicho término.

En vista de

ello, confirmamos la sentencia de 20 de abril de 1993.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

dejamos

sin

efecto

la

sentencia de confiscación de 5 de abril de 1993 y confirmamos la de 20

de abril de 1993, dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará la correspondiente sentencia.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-96-26

Ramón Luis Rivera Ortega

Acusado

Newport Bonding & Surety Co.

Recurrente

SENTENCIA

Certiorari

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que se hace formar parte integrante de ésta, se

dicta sentencia dejando sin efecto la sentencia de

confiscación de 5 de abril de 1993 y confirmando la de 20

de abril de 1993 dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri concurre en cuanto se confirma la

sentencia de confiscación de 20 de abril de 1993; y

disiente en cuanto se revoca la de 5 de abril de 1993. El

Juez Asociado señor Negrón García inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo