LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

1998 TSPR 52

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Carmen María González Cruz

Demandante-Peticionaria

Certiorari

.V

TSPR98-52

Juan Antonio Quintana Cortés

Demandado-Recurrido

Número del Caso: CC-97-0240

Abogados Parte Demandante-Peticionaria: Lcdo. Manuel Martínez Umpierre

Martínez Umpierre-Martínez Garcia

Abogados Parte Demandado-Recurrido: Lcdo. Angel S. Bonilla Rodríguez

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Utuado

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Wilfredo Rodríguez

Figueroa

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional III

Juez Ponente: Hon.

Rivera Pérez

Fecha: 5/6/1998

Materia: Partición de Bienes Gananciales

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen María González Cruz

Demandante-recurrente

v.

CC-97-240

Certiorari

Juan Antonio Quintana Cortés

Demandado-recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 1998

I

Con plena conciencia de nuestra obligación de hacer

justicia,

reiteramos

la

trasfondo

fáctico

honrado

con

norma

de

escrutar

discernimiento

y

todo

buen

sentido común. Al respecto, recordamos que “las formas

y medios de que la mala fe se vale son difíciles de

prever y señalar anticipadamente, y en todo caso el

definirlas

con

límites

precisos,

ofrecería

el

inconveniente de favorecer a aquélla con la impunidad

si sabía revestir apariencias distintas de las que el

legislador prevé". Manresa, Comentarios al Código Civil

Español, T. VIII, V. 2, 6ta ed., Madrid, 1967, pág.

801.

CC-97-240

3

II

El

20

de

mayo

de

1981,

los

esposos

Juan

Antonio

Quintana Cortés y Carmen María González Cruz compraron una

finca agrícola en Lares, de 17.0851 cuerdas, en la que

construyeron su vivienda. El 8 de noviembre de 1990, el

Tribunal Superior, Sala de Utuado (Hon. Salim Chaar Padín),

a

raíz

de

la

vista

evidenciaria,

anticipó

su

decreto

disolviendo el matrimonio. Impuso a Quintana Cortés pensión

alimentaria de $500.00 mensuales. Nada se dijo sobre la

liquidación de los bienes gananciales. El Tribunal concedió

a la demandante González Cruz cinco (5) días para someter

proyecto de sentencia. (Minuta, 8 de noviembre de 1990). No

cumplió. El 16 de julio de 1991, la Secretaría del Tribunal

le

solicitó

por

escrito

someterlo

a

la

mayor

brevedad

posible. Tampoco lo hizo.

Transcurrió el tiempo. La Sra. González Cruz continuó,

junto a uno de sus hijos, ocupando la residencia. Quintana

Cortés siguió cultivando la finca. Posteriormente, Quintana

Cortés, quien tenía el control de los beneficios generados

por la explotación de la finca, comenzó a acumular atrasos

en los pagos de una hipoteca que gravaba dicho inmueble a

favor

de

resultado,

Farmer

el

3

Home

de

Administration

septiembre

de

(F.H.A.).

Como

la

los

1991,

F.H.A.

demandó en el Tribunal Federal en ejecución de hipoteca y

obtuvo sentencia a su favor.

El

solicitó

4

de

noviembre

de

1991,

al

Tribunal

Superior,

la Sra.

mediante

González Cruz

auxilio

de

jurisdicción, una vista urgente y ciertas medidas. Alegó

que Quintana Cortés, de mala fe, dejó de pagar la hipoteca

que gravaba la finca. El 22 de noviembre, previa vista,

Quintana Cortés se comprometió a poner la hipoteca al día y

su abogado, a evitar la ejecución de la propiedad. (Minuta,

22 de noviembre de 1991). El 12 de diciembre, para evitar

la

venta

de

la

propiedad

en

pública

subasta,

Quintana

Cortés estipuló con la F.H.A. abonar $11,000.00 a la deuda

ascendente a $32,345.02, más intereses y atrasos acumulados

desde

el

7

de

mayo

de

1991.

Además,

realizaría

pagos

anuales por el monto estipulado en el pagaré hipotecario y

escritura de hipoteca, hasta el pago total del principal,

intereses, cargos por mora, seguros, impuestos, etc. Se le

advirtió que de incumplir, la F.H.A., a su discreción,

procedería a ejecutar la sentencia en pública subasta, sin

ulterior trámite y sin derecho a redimirla mediante el pago

y

satisfacción

de

la

hipoteca.

(A.O.,

Apéndice

II).

Quintana Cortés satisfizo los $11,000.00 en dos pagos de

$7,000.00 y $4,000.00. (E.N.P. 3).

El 28 de octubre de 1992, la nueva representación

jurídica de la Sra. González Cruz, solicitó se dictara

sentencia de divorcio y el 24 de noviembre –dos (2) años

después

de

la

vista

-,

el

Tribunal

así

lo

decretó

y

notificó la sentencia. Subsiguientemente, el 23 de marzo de

1993, la Sra. González Cruz, demandó la partición de los

bienes

gananciales,

consistente

de

varios

vehículos

de

motor, cuentas bancarias, un negocio agrícola y la finca

antes aludida.

Poco después, el 7 de julio de 1993, la F.H.A., ante

el incumplimiento de Quintana Cortés, reposeyó la propiedad

y el 17 de febrero de 1994, la adquirió por venta judicial.

El 20 de septiembre, el Alguacil Federal le notificó por

escrito la orden de desalojo, concediéndole diez (10) días

para ello, de lo contrario, desahuciaría. Así las cosas, el

29 de noviembre, Quintana Cortés compró la propiedad a

F.H.A. mediante Escritura de Compraventa Núm. 87. Ese mismo

día constituyó primera hipoteca en garantía de pagare al

portador por $50,000.00, endosado a favor de su hermano

Luis Quintana Cortés y esposa, quienes le prestaron el

dinero para la compraventa.

Con vista a estas circunstancias, el 16 de febrero de

1995, González Cruz enmendó la demanda. Alegó que fraudulentamente

Quintana

Cortés

permitió

la

ejecución

de

la

propiedad para luego adquirirla en su carácter privativo y

despojarla de su participación ganancial.

El 9 de julio de 1996, previo juicio en su fondo, el

ilustrado Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Utuado

(Hon.

Wilfredo

Rodríguez

Figueroa),

declaró

con

lugar la demanda de partición de bienes y determinó que el

inmueble en controversia era ganancial y estaba sujeto a

liquidación. En apelación, el reputado Tribunal de Circuito

de Apelaciones (Hons. Rivera de Martínez, Cabán Castro y

Rivera

Pérez)

revocó

al

concluir

González Cruz acudió ante nos.1

1

En certiorari plantea:

que

era

privativo.

III

Examinemos

primeramente

la

naturaleza

–privativa

o

ganancial- del inmueble. El Art. 1302 de nuestro Código Civil declara bienes gananciales “[l]os adquiridos por título

oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común...”.

31 L.P.R.A. 3641. Se presumen gananciales, “mientras no se

pruebe

mujer.”

que

pertenecen

Art.

1307,

privativamente

31

L.P.R.A.

al

3647.

marido

Esta

o

a

la

presunción

“constituye la piedra angular en toda causa litigiosa en

que se intente precisar la naturaleza privativa o ganancial

de los bienes del matrimonio [y su propósito es] viabilizar

que se diriman fácilmente las dudas que se suscitan sobre

la procedencia de los bienes, y prevenir que se encubran

donaciones

prohibidas

entre

los

cónyuges

o

actuaciones

fraudulentas perjudiciales a terceros. El peso de la prueba

recae sobre quien sustenta la naturaleza privativa.” García

v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319,335 (1978); Santiago v.

Tribl. de Contribuciones, 69 D.P.R. 305 (1948); Serrano

Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación

Comparada, V. I, San Juan, P.R., 1997, págs. 332 y ss.

Estamos pues, ante “una regla de carácter evidenciario, a

“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

resolver que no hubo fraude en las actuaciones del

apelado.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

determinar que de la prueba no surge el esquema

fraudulento alegado en la demanda y que la parte

apelante

no

presentó

prueba

para

demostrar

la

existencia de tal esquema.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

resolver que la propiedad objeto del pleito es una

privativa del apelado.”

saber, una presunción controvertible.” García v. Montero

Saldaña, supra; Díaz v. Alcalá, res. en 28 de mayo de

1996.2

Disuelto el matrimonio, concluye la sociedad legal de

gananciales. Código Civil, Art. 1315; Vega v. Tosas, 70

D.P.R. 392 (1949). Sus titulares (ex–cónyuges), pasan a ser

copartícipes de una comunidad de bienes ordinaria la cual,

“por más que se prolongue [su] estado de indivisión, [es]

una masa en liquidación”. Soto López v. Colón Meléndez,

res.

en

22

de

mayo

de

1997;

Calvo

v.

Mangas

Aragonés

Jiménez, 115 D.P.R. 219, 228 (1984); Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Vol. I, pág. 784 (1967). Esta nueva

comunidad de bienes entre los ex-cónyuges no se rige por

las normas de la sociedad de gananciales sino por las de

comunidad de bienes -Soto López v. Colón Meléndez, supra,

Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, supra; García v. Montero

Saldaña, 107 D.P.R. 319 (1978)-, que a su vez, en ausencia

de contrato o disposiciones especiales, se gobierna por los

Arts. 326 al 340 del Código Civil. García López v. Méndez

García, 102 D.P.R. 383 (1974). Obviamente, según dispone el

Art. 1295, las ganancias o beneficios durante el matrimonio, una vez disuelto, se adjudican a

ambos

L.P.R.A.

3621.

De

generado

término

de

comunidad

la

igual

modo,

en

lo

liquidación

por mitad. 31

es

durante

por

el

partes

Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583, 589 (1968);

Blanes v. Mestre, 83 D.P.R. 392 (1961); Valderrama v. Lacén,

83 D.P.R. 60 (1961); Sucn. Escalera v. Barreto, 81 D.P.R.

596, 604 (1959); Consolidated Broadcasting Corp. v. Conesa,

65 D.P.R. 792 (1946); Babilonia

v. Registrador, 62 D.P.R.

688 (1943); Alum v. Registrador, 37 D.P.R. 894 (1928),

Guerrero v. Sucn. Vilá Rodríguez, 34 D.P.R. 616 (1925).

2

iguales, ya que cada comunero participa en los beneficios y

cargas de la comunidad en proporción a su cuota. Calvo

Mangas v. Aragonés Jiménez, supra, pág. 228; Rosa Resto v.

Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89 (1981); García v. Montero

Saldaña, supra; Vega v. Tosas, supra; Serrano Geyls, ob.

cit., págs. 456 y ss.; Santos Briz, Derecho Civil, Teoría y

Práctica, Madrid, (1973), T. II, pág. 323.

Los Arts. 1316-1322 establecen la forma en que se

adjudicarán dichos bienes. En síntesis, señalan que luego

de realizarse las deducciones en el caudal inventariado

establecidas en el Código Civil -tales como las deudas,

cargas y obligaciones de la sociedad-, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, del cual se

liquidará y pagará el capital del marido y la mujer. Vega

v. Tossas, supra, pág. 395; Serrano Geyls, ob. cit., págs.

458 y ss.; Vázquez Iruzubeta, Régimen Económico del Matrimonio, Madrid, 1982, págs. 340-342; Albaladejo, Curso de

Derecho Civil, 2da. Ed., Barcelona, 1984, IV, págs. 187 y

ss.; Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Madrid,

1976, V, pág. 179; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, Barcelona, 1985, T. IV, págs. 160 y ss.

Los

hechos

ante

nos

revelan

que

el

inmueble

en

cuestión se adquirió durante el matrimonio y por tanto,

pertenecía al patrimonio ganancial. No obstante, dejó de

serlo cuando el acreedor hipotecario –F.H.A.- lo ejecutó y

adquirió su titularidad.

masa

patrimonial

a

Esa ejecución lo extrajo de la

liquidarse

entre

los

ex-cónyuges,

y

ciertamente su posterior adquisición por Quintana Cortés,

ex-cónyuge, no le devolvió su naturaleza ganancial. “No

pueden integrarse en una sociedad inexistente, con carácter

de

gananciales,

divorciados

con

los

bienes

adquiridos

su

exclusivo

esfuerzo

por

los

esposos

personal.”

Diez

Picazo, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Madrid,

1981, V. III, 3ra. Ed., pág. 115.

IV

Aclarado este extremo, analicemos si medió fraude de

parte de Quintana Cortés para privar a la comunidad en

liquidación del inmueble. Hace algún tiempo abandonamos la

calificación de prueba sólida, clara, convincente e incontestable para probar fraude. La regla general de que el

fraude no se presume, sólo significa que aquél que lo

afirma debe probarlo con certeza razonable, esto es, con

preponderancia de la evidencia que satisfaga la conciencia

del juzgador. De Jesús Díaz v. Carrero, 112 D.P.R. 631

(1982); Canales v. Pan American, 112 D.P.R. 329 (1982);

García

López

v.

Méndez

García,

102

D.P.R.

383

(1974);

Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., 98 D.P.R. 659

(1970).

Si

establece

3

bien

varias

el

12493

de

presunciones

de

Art.

nuestro

Código

fraude,

Civil

éstas

Reza:

“Se

presumen

celebrados

en

fraude

de

acreedores todos aquellos contratos por virtud de

los cuales el deudor enajenare bienes a título

gratuito.

También

se

presumen

fraudulentas

las

enajenaciones

a

título

oneroso

hechas

por

aquellas personas contra las cuales se hubiese

pronunciado

antes

sentencia

condenatoria

en

cualquier instancia, o expedido mandamiento de

embargo de bienes.” (31 L.P.R.A. 3498).

no

constituyen los únicos medios para probarlo. Su apreciación

como cuestión de hecho es de la exclusiva competencia del

juzgador de instancia.

El Tribunal de Primera Instancia, a pesar de que no

concluyó expresamente la existencia de fraude, fundó su

decisión en que Quintana Cortés intencionalmente incumplió

con los pagos hipotecarios. Acogió así la alegación de

González Cruz de que “permitir el [sic] demandado el que se

ejecutara la propiedad para luego readquirirla no llevaba

otro propósito que no fuera el de privar a la demandante de

su participación ganancial”.

Un

análisis

concienzudo

de

la

evidencia

en

autos

refleja que la Sra. González Cruz estableció, primero, que

con posterioridad a la vista en que el Tribunal expuso que

decretaría el divorcio, Quintana Cortés comenzó a incumplir

los pagos hipotecarios. Segundo, que diligentemente ella

acudió al Tribunal para exigirle que mantuviera al día la

hipoteca, y así el Tribunal se lo ordenó. Tercero, el pago

de

$11,000.00

en

abono

de

la

deuda

para

evitar

la

ejecución, fue antes de ser notificada la sentencia de

divorcio. Cuarto, luego de que ella presentara la demanda

de partición de bienes, Quintana Cortés supuestamente “no

pudo evitar” la ejecución de la finca. Quinto, a escasos

dos meses de notificarse la orden de desalojo, Quintana

Cortés, entonces soltero, compró el inmueble por $50,000.00

obtenidos

hermano.

alegadamente

de

un

préstamo

realizado

a

su

En esta sucesión y cronología de eventos, nos resulta

difícil comprender por qué no satisfizo el balance

hipote-

cario adeudado -$8,738.11-, y luego adquirió el inmueble

por $50,000.00 aunque, convenientemente, en su carácter

privativo. Estamos ante unos hechos que configuran conducta

fraudulenta, salpicada de una gran dosis de mala fe y

negligencia

de

parte

de

Quintana

Cortés

encaminada

a

sustraer el bien inmueble del caudal común ganancial en

liquidación.

Sin embargo, bajo la tesis de fraude, no podríamos

decretar la rescisión. No aplica el Art. 1243 del Código

Civil, que provee la rescisión de los contratos celebrados

en fraude de acreedores.4 La F.H.A. adquirió el bien inmueble en virtud de la ejecución de su crédito hipotecario

mediante trámite judicial presumido válido; o sea, no fue

por contrato. Dicha entidad no fue artífice ni participó

del plan para defraudar a la Sra. González Cruz. Tampoco

obró fraudulentamente al venderlo a Quintana Cortés por

$50,000.00. No cabe pues invalidar dichos actos, máxime,

cuando la F.H.A. ni siquiera fue traído al pleito.

4

Reza:

“Contratos rescindibles

Son rescindibles:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

....

....

Los

celebrados

en

fraude

de

acreedores, cuando éstos no puedan de

otro modo cobrar lo que se les deba.

....

Cualesquiera

otros

en

que

especialmente lo determine la ley.”

V

Sin embargo, la Sra. González Cruz no queda en la

orfandad.

Según

divorcio

-en

señalado,

la

que

coadministradores-

se

disposiciones

la

los

comunidad

de

bienes

ex-cónyuges

son

comuneros

y

de

contrato

o

rige,

especiales,

a

por

falta

los

artículos

del

post-

Código

Civil referentes a la comunidad de bienes. Así, el Art. 328

dispone,

en

cuanto

“[c]ada

partícipe

al

uso

podrá

de

los

servirse

bienes

de

las

comunes,

cosas

que

comunes,

siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de

manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni

impida a los co-partícipes utilizarlas según su derecho.”

(Enfasis nuestro).

Insito

comuneros

en

este

proteger

artículo

de

buena

subyace

fe5

el

el

bien

deber

en

de

los

comunidad,

máxime cuando dicho bien, se encuentra de facto bajo su

control

y

administración

exclusiva.

Así

lo

exige

la

naturaleza de la relación en una comunidad en liquidación,

pues llegado el momento de la división, habrá que entregar

lo que por derecho corresponda a cada comunero co-dueño.

“[E]l condómino que ocupe la mayor parte de la cosa común

ha de devolverla a la masa común para el disfrute de sus

copartícipes y el suyo propio en la proporción que le

corresponda...” Santos Briz, ob. cit., pág. 323, nota al

calce 9. Entre los efectos de la división de la comunidad,

El omnipresente concepto de buena fe, dimanante de los

principios generales de derecho de toda sociedad civilizada,

exige algún grado de diligencia. Banco de Santander v.

Rosario Cirino, 126 D.P.R. 591 (1990).

5

respecto a las personas de los codueños, Castán identifica

el derecho de los comuneros de reclamar a los copartícipes

rendir

cuentas

de

la

administración.

Castán

Tobeñas,

Derecho Civil Español, Común y Foral, T. II, V. 1, Madrid

(1987), pág. 528. Manresa, al expresarse sobre las acciones

de

los

comuneros

para

hacer

efectivos

los

derechos

dimanantes del Art. 394, -equivalente a nuestro Art. 328dice que “como la comunidad es en esencia el dominio,

siempre que algún codueño vaya contra el interés colectivo

o perjudique el de otros condóminos, serán utilizables las

acciones

reivindicatorias

y

posesorias

y

las

extraordinarias de interdictos, así como podrán reclamarse

judicialmente

los

daños

y

perjuicios

causados

a

la

colectividad o al copropietario.” Manresa, Comentario al

Código Civil Español, T. III, Madrid, 1976, págs. 525-526.

En toda obligación de dar, “si la cosa se pierde –perece,

queda fuera del comercio, desaparece o no se puede cobrarpor culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento

de

daños

y

perjuicios.”

(Enfasis

nuestro).

Art.

1075,

Código Civil. Culpa es “la omisión de aquella diligencia

que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a

las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar”.

Además, “cuando la obligación no exprese la diligencia que

ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que

corresponda a un buen padre de familia.” (Enfasis nuestro).

Art. 1057, Código Civil.

Beltrán

de

administración

Heredia

de

la

y

Castaño

comunidad

de

al

referirse

bienes,

señala

a

la

que

“cuando el administrador incumpla sus deberes, acarreando

con ello un perjuicio a la cosa común, los copropietarios

podrán recurrir a la Autoridad judicial para que ‘provea lo

que

proceda’,

que,

aparte

de

la

posible

exigencia

de

responsabilidad, puede llevar consigo la revocación del

mandato concedido por la mayoría.” (Enfasis nuestro). J.

Beltrán de Heredia y Castaño, La Comunidad de Bienes en

Derecho Español, Madrid, 1956, pág. 304. Puig Brutau, al

referirse a la sentencia de 20 de abril de 1977, acota que

“si

de

la

gestión

de

los

administradores

deriva

responsabilidad, ésta será naturalmente exigible ... y que,

en

este

caso,

administración

‘los

daños

culposa’...”

y

perjuicios

Puig

Brutau,

surgen

de

una

Fundamentos

de

Derecho Civil, T. III, V. II, 3ra. Ed., Barcelona, 1979,

pág. 28.

Al trasladar esta normativa al sistema de la sociedad

legal de gananciales, notamos que la Asamblea Legislativa,

durante el debate de las importantes enmiendas del 1976 a

los Arts. 91, 93, 1308 y 1313 del Código Civil, consignó el

derecho de un cónyuge a pedir resarcimiento al otro por los

daños ocasionados al administrar los bienes de la sociedad.

El Senador Rivera Torres, presidente accidental, señaló que

“[s]i una parte al administrar ha incurrido en un daño

hacia la otra persona, pues hay una acción de daños y

perjuicios”. Diario de Sesiones (no impreso), 14 de abril

de 1976, pág. 1, carrete 15. Dicha acción tendrá lugar a la

disolución del matrimonio. Por analogía, posiblemente con

mayor

razón,

igual

conclusión

se

impone

si

los

actos

dañosos del ex-cónyuge –coadministrador en control de los

bienes-

ocurren

durante

la

comunidad

de

bienes

en

liquidación. 6

VI

Según expuestos, los hechos probados configuran una

causa

de

acción

por

daños y

perjuicios. Al disolverse

el

matrimonio, Quintana Cortés continuó en la administración y

explotación absoluta de la finca. Como copropietario del

inmueble

en

obligación

una

de

comunidad

conservarlo

en

liquidación,

tenía

la

para

entregarlo

llegado

el

momento. La Sra. González Cruz experimentó daños al ser

privada

de

su

participación

por

la

conducta

culposa

e

intencional de Quintana Cortés.

Se

Circuito

dictará

de

Sentencia

revocando

la

del

Tribunal

de

Apelaciones.

Continuarán

en

el

Tribunal

de

6

El Art. 1802, fórmula rectora de la responsabilidad civil extracontractual, dispone

que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,

está obligado a reparar el daño causado.” 31 L.P.R.A. 5141. Exige probar (1) la existencia

del daño, (2) culpa o negligencia y (3) la relación causal entre el daño y la conducta culposa

o negligente.

A su amparo, nuestra jurisprudencia ha expandido paulatinamente los parámetros de lo

que constituyen daños compensables con miras a lograr la más completa reparación del daño

inferido, concepto que se ha caracterizado como "el menoscabo que a consecuencia de un

acontecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en

su propiedad o en su patrimonio". (Enfasis nuestro) Galib Frangie v. El Vocero, res. en 6 de

junio de 1995, pág. 949. Maldonado Rodríguez v. Banco Central Corp., res. 21 de abril de 1995;

Soto Cabral v. E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra; Miranda v. E.L.A., supra;

García Pagán v. Shelley, 122 D.P.R. 193, 205-206 (1988). Tormos Arroyo v. Departamento de

Instrucción Pública, res. en 13 de marzo de 1996; Monllor Arzola v. Sociedad Legal de

Gananciales, res. en 13 de junio de 1995; Soto Cabral v. E.L.A., res. en 21 de abril de 1995;

Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, res. en 10 de abril de 1995; Sepúlveda v. Barreto, res. en 23

de diciembre de 1994; Miranda v. E.L.A., res. en 7 de diciembre de 1994; Pressure Vessels v.

Empire Gas, res. en 23 de noviembre de 1994; Ojeda Ojeda v. El Vocero, res. en 26 de octubre

de 1994; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., res. en 12 de septiembre de 1994; Ortiz Torres v. K.

& A. Developers, res. en 25 de mayo de 1994; Sucn. Pacheco Otero v. Eastern Medical

Association, res. en 6 de abril de 1994; Defendini Collazo v. E.L.A., res. en 15 de julio de

1993; J.A.D.M. v. Centro Comercial Plaza Carolina, res. en 19 de febrero de 1993; Torres

Primera Instancia los procedimientos compatibles con lo

aquí resuelto, incluso la adjudicación de la indemnización

por daños.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

Maldonado v. J.C. Penney, res. en junio 3 de 1992; Elba A.B. v. Univ. de Puerto Rico, 125

D.P.R. 294 (1990); Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682 (1990).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen María González Cruz

Demandante-recurrente

v.

CC-97-240

Certiorari

Juan Antonio Quintana Cortés

Demandado-recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta Sentencia y revoca la del Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Continuarán en el Tribunal de

Primera Instancia los procedimientos compatibles con lo

aquí resuelto, incluso la adjudicación de la indemnización

por daños.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Andréu García concurre en el resultado sin opinión

escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente

sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo