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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: LUIS R. TORRES OLMEDA

1998 TSPR 48

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: LUIS R. TORRES OLMEDA

AB-1997-102

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: IN RE:

Querellado

LUIS R. TORRES OLMEDA

.V

Conducta

Profesional

TSPR98-48

Número del Caso: AB-97-102

Abogados Parte Querellante: Hon. Carlos Lugo Fiol, Procurador General

Lic. Yvonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Abogados Parte Querellada: Lic. Fabiola Fernández Chaves

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior

Juez del Tribunal de Primera Instancia:

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 4/23/1998

Materia:

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AB-97-102

Lic. Luis R. Torres Olmeda

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 23 abril de 1998.

I

Mediante

carta

fechada

el

16

de

mayo

de

1995

compareció la Sra. Ana C. Alemañy ante el Secretario de

Justicia

de

Puerto

Rico

en

representación

de

la

Corporación para el Financiamiento de la Vivienda en P.R.

(en adelante C.F.V.P.R.) a los efectos de presentar una

queja contra el Lcdo. Luis R. Torres Olmeda. El Secretario

de Justicia refirió el asunto a la Oficina del Procurador

General de Puerto Rico, quien procedió a informar al Lcdo.

Torres Olmeda de la queja presentada y a requerirle que

expusiera

planteados.

su

posición

con

respecto

a

los

asuntos

El 27 de junio de 1995 el querellado escribió carta a la Lcda.

Delmarie Vega Lugo, Procurador General Auxiliar, exponiendo su posición.

Posteriormente, el 2 de mayo de 1996, compareció nuevamente el Lcdo.

Torres Olmeda ante el Procurador General.

El 5 de agosto de 1997 el Procurador General presentó ante este

Tribunal su informe sobre la queja radicada. Mediante Resolución del 9

de octubre de 1997 concedimos al Lcdo. Torres Olmeda término para que

mostrara causa por la cual no debíamos separarlo indefinidamente del

ejercicio de la abogacía.

Luego de varias prórrogas, el Lcdo. Torres Olmeda presentó Réplica

al Informe del Procurador General el 23 de enero de 1998.

El 3 de febrero de 1998 compareció ante nos el Procurador General

mediante “Dúplica” a la réplica del querellado. A la luz de las

comparecencias del Procurador General y del Lcdo. Torres Olmeda y de

nuestra Resolución de 9 de octubre de 1997 procedemos a resolver.

II

C.F.V.P.R. es una subdivisión del Banco Gubernamental de Fomento.

Dicha corporación le concedió a la Sociedad Asmy, S.F. (en adelante

Asmy) un préstamo por la cantidad de $734,400.00 dólares

construcción

garantizar

de

un edificio de veinte

el préstamo, se constituyó

para

la

(20) apartamentos. Para

una primera

hipoteca

y se

firmaron acuerdos que contenían las condiciones bajo las cuales se

concedía dicho financiamiento.

Entre estos acuerdos había una

estipulación a los efectos de que las unidades tenían que venderse a los

precios convenidos en los documentos del préstamo.

En

marzo

de

1994

Asmy comenzó a vender los apartamentos,actuando

como notario otorgante de los contratos de compraventa el Lcdo. Torres

Olmeda.

C.F.V.P.R. recibió prontamente los pagos relacionados con las

liberaciones

parciales

correspondientes

de

escrituras

las

de

hipotecas

liberación.

otorgadas

No

fue

pero

hasta

no

el

las

8

de

noviembre de 1994 que el notario autorizante, Lcdo. Torres Olmeda, le

envió

a

C.F.V.P.R.

las

dieciocho

(18)

escrituras

de

compraventa

y

liberación de hipoteca para su firma.

Al cotejar las escrituras, la Sra. Alemañy se percató que los

precios

de

C.F.V.P.R.

compraventa

Por

tal

eran

motivo,

más

la

altos

quejosa

que

no

los

firmó

aprobados

por

la

siete

de

las

(7)

dieciocho (18) escrituras sometidas para su firma, enterándose en ese

momento que el Lcdo. Torres Olmeda había expedido copias certificadas de

las escrituras sin contar con la firma de C.F.V.P.R. en las escrituras

originales. Las copias certificadas expedidas fueron presentadas por el

Lcdo. Torres Olmeda al Registro de la Propiedad para su inscripción. En

dichas copias certificadas

el notario

expresó falsamente que en los

originales protocolizados constaban las firmas e iniciales de las partes

otorgantes.

En su comparecencia ante el Procurador General, y en respuesta a las

alegaciones de la Sra. Alemañy, el Lcdo. Torres Olmeda señaló que el

aumento

de

precios

era una controversia contractual que tendría

que

dilucidarse entre Asmy y C.F.V.P.R.. En cuanto a lo relacionado con la

expedición de copias certificas de las escrituras a las que les faltaba

la firma de una de las partes contratantes, éste indicó lo siguiente:

“...la copia certificada de la escritura de

compraventa se adelantó con la anuencia y la

autorización

de

la

Sra.

Ana

Carmen

Alemañy

manifestada por conducto de su asesora legal la

Lcda. Caroll Cabañas al aceptar como correcto y

cierto el pago de la liberación de la unidad vendida

y tener ésta pleno conocimiento de su expedición.”1

El Procurador General, luego de estudiar las contenciones tanto de

la queja como de las respuestas del Lcdo. Torres Olmeda, presentó ante

este Tribunal informe con fecha de 5 de agosto de 1997.

En el mismo

sostiene que éste incurrió en conducta constitutiva de violación a la Ley

Notarial toda vez que cuando se otorga un instrumento público el notario

tiene que recibir las firmas de los comparecientes dentro del mismo día

natural del otorgamiento.

1

Carta del Lcdo Torres Olmeda de 27 de junio de 1995. Anejo 2 al

Informe del Procurador General.

Concluyó el Procurador General, además, que la conducta del notario

de

epígrafe

al

expedir

copias

certificadas

de

escrituras

a

cuyos

originales les faltaba la firma de uno de los comparecientes, constituyó

una crasa violación a los Artículos 28 y 39 de la Ley Notarial,2 a la

Regla 49 del Reglamento Notarial de Puerto Rico3 y a los Cánones 35 y 38

del Código de Etica Profesional.4

El 9 de octubre de 1997, este Tribunal emitió la Resolución antes

mencionada, concediéndole al Lcdo. Torres Olmeda el término de quince

(15) días para que mostrara causa por la cual no se le debería separar

indefinidamente del ejercicio de la abogacía. Luego de solicitar varias

prórrogas para cumplir, las cuales le fueron concedidas, el 23 de enero

de 1998 el Lcdo. Torres Olmeda radicó escrito titulado “Réplica

Solicitud

2

de

Desestimación

del

Informe

y

del

Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, artículos 28 y 39, 4 L.P.R.A. secs.

2046 y 2061.

3

4 L.P.R.A. Ap. XXIV

4

4 L.P.R.A. Ap.IX.

Procurador General y/o Paralización de los Procedimientos”. Sostuvo que

la

controversia

sobre

judicial plenario.

las

escrituras

debe

resolverse

en

un

proceso

Informa haber radicado demanda en contra del Banco

Gubernamental de Fomento, su Presidente, el Sr. Marcos Rodríguez Ema, la

Sra. Ana Carmen Alemañy Calderón, C.F.V.P.R. y varios de sus empleados

donde reclama los daños sufridos por él, los titulares de las propiedades

y

solicita

el

reconocimiento

por

Liberaciones

de

Hipotecas.

Solicita

paralicemos

el

disciplinario

hasta

resuelva

la

radicada

tanto

se

parte

de

la

demanda

demandada

de

las

procedimiento

y/o

que

declaremos la querella no ha lugar.

El 3 de febrero de 1998 compareció el Procurador General mediante

escrito titulado “Dúplica”.

Sostiene que el récord ante nos es claro y

que de él surgen las omisiones y deficiencias notariales señaladas en su

Informe.

Se opone a la paralización del procedimiento disciplinario

debido a que nada tiene que ver la demanda con las faltas imputadas y

porque la misma no procede en derecho.

III

El Artículo 28 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, requiere

que en el otorgamiento de un instrumento público en el que no hubiere

testigos, o si éstos fueren de conocimiento, el notario reciba las firmas

de los comparecientes dentro del mismo día natural del otorgamiento. Sin

embargo,

cuando

comparecen

testigos

instrumentales

es

necesaria

la

unidad de acto en el otorgamiento.5

De la exposición fáctica anterior surge que el Lcdo. Torres Olmeda

faltó a este deber que

le impone la ley ya que, a pesar de que de las

aludidas escrituras constan fechas de otorgamiento que se extienden desde

el 25 de marzo de 1994 hasta el 22 de septiembre del mismo año, no fue

hasta el 8 de noviembre de 1994 que la representante de C.F.V.P.R. firmó

once (11) de éstas, y las otras siete (7) aún no han sido firmadas.

El Artículo 39 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, dispone

además que:

“Una copia certificada es el traslado literal,

total o parcial, de un documento otorgado ante Notario,

que libre éste o el que tenga legalmente a su cargo su

protocolo, con certificación respecto a la exactitud

del contenido y al número de folios que contenga el

documento, así como la firma, signo, sello y rúbrica y,

en todos los folios, el sello y rúbrica del notario

autorizante”.

En

lo

referente

a

dicho

artículo,

la

Regla

49

del

Reglamento

Notarial de Puerto Rico regula las formalidades que se deberán cumplir

para que una copia certificada de un instrumento constituya un título

perfecto.

En lo pertinente, dicha Regla dispone lo siguiente:

“...(C) La certificación de una copia expresará

que en el original aparecen:

(2)

(3)

(1) las

firmas

comparecientes.

...

...”

e

iniciales

de

los

Al expedir una copia certificada de algún instrumento público el

notario expresa que en el original protocolizado constan ciertos datos,

entre los que se encuentran las firmas e iniciales de los comparecientes.

Al momento de expedir las copias certificadas de las escrituras objeto de

la presente queja, aún faltaba la firma de una de las partes en todas las

escrituras. Además, las copias certificadas de dichas escrituras fueron

posteriormente

presentadas

en

el

Registro

de

si

originales

correspondiente

inscripción

como

firmadas.

conducta

constitutiva

Dicha

es

las

de

la

una

Propiedad

crasa

para

hubieran

su

sido

violación

al

Artículo 39 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y a la Regla 49 del

Reglamento Notarial de Puerto Rico.

Habiendo

examinado

el

expediente,

concurrimos

con

el

Procurador

General a los efectos de que:

“...entendemos que no existe evidencia de que haya

habido de parte del notario de epígrafe intención

fraudulenta alguna al efectuar el cambio de valor que

habían acordado tanto C.F.V.P.R. como ASMY, S.E. en que

se vendieron las propiedades envueltas. Analizada la

argumentación de las partes en este caso, es nuestra

opinión que aunque no surge dicha intención fraudulenta

subsiste una controversia legítima sobre la facultad que

tenía o no ASMY y el notario de epígrafe para efectuar

dicho cambio, la cual a nuestro entender podría

5

Regla 35 del Reglamento Notarial. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

adjudicarse en su día en nuestros tribunales.

Por otro lado, del análisis de la prueba surgen

unos hechos sobre los que no existe controversia alguna

y los cuales indudablemente inciden sobre disposiciones

y obligaciones impuestas por la Ley Notarial de Puerto

Rico a todos los Notarios.”6

Un notario puede corregir, mediante acta de subsanación, errores u

omisiones de una escritura que no afecten el negocio jurídico llevado a

cabo en la misma. Si dichos errores afectan el negocio jurídico, el

notario

tendrá

que

otorgar

una

escritura

de

rectificación

con

la

comparecencia de las partes. Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A.

secs. 2047-2050.

El argumento esbozado por el notario a los efectos de que contaba

con la anuencia de la Sra. Ana Carmen Alemañy

certificadas

es,

a

todas

luces,

para adelantar las copias

improcedente.

La

obligación

de

la

gestión notarial es una de carácter personal, indivisible e indelegable,

de completa responsabilidad del notario autorizante. In Re Laboy, 113

D.P.R. 476 (1982). La alegada anuencia de una parte, aún si se hubiera

obtenido, no puede constituir base para el incumplimiento de los deberes

que la ley le impone a los notarios. Repetidamente hemos advertido a los

notarios de su obligación de cumplir estrictamente con lo preceptuado en

la Ley Notarial. In Re Vargas Hernández, Op. de 30 de marzo de 1994, 135

D.P.R. ____, 94 J.T.S. 54.

IV

Los

actos

incurridos

por

el

Lcdo.

Torres

Olmeda

son,

además,

constitutivos de violación a los Cánones 35 y 38 del Código de Etica

Profesional, supra.

El Canon 35 del Código de Etica Profesional exige al abogado ejercer

su profesión con sinceridad y honradez, así como conducirse de manera

digna y honorable, tanto en su función de abogacía como en su función

notarial.

Es menester recordar que “[e]l notario es un profesional del derecho

que ejerce una función pública para robustecer, con una presunción de

verdad, los actos en que interviene, para colaborar en la formación

correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los

negocios jurídicos privados....” Enrique Giménez Arnau, Introducción al

Derecho

Notarial,

notaría

es

una

Ed. Revista

función

de

de

Derecho Privado

cuidado

que

debe

(1944),

ser

pág.44.

ejercida

con

La

suma

diligencia y celo profesional. In Re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991);

In Re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990); In Re Vergne Torres, 121

D.P.R. 500 (1988). En el ejercicio de esta función el notario viene

obligado a cumplir estrictamente con la Ley Notarial, supra, los Cánones

de

Etica

Profesional,

inobservancia

de

esta

supra,

y

el

contrato

entre

las

partes.

La

obligación demuestra una indiferencia

que constituye una violación a las normas éticas que rigen la profesión

legal7 y expone al notario a la acción disciplinaria correspondiente.

In

Re Rodríguez Báez, Op. del 31 de enero de 1992, 129 D.P.R. ____, 92

J.T.S. 15; In Re Bringas Rechani, 128 D.P.R. 132 (1991).

Es obligación

de los abogados, como de los notarios, conocer y cumplir a cabalidad las

disposiciones legales que regulan el ejercicio de su profesión, así como

la doctrina y la jurisprudencia. In Re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269

(1987).

Reiteradamente

hemos

resuelto

que

un

notario

que

falta

a

la

veracidad de los hechos incurre en una de las faltas más graves que éste

puede cometer, ya que la certificación de un hecho falso constituye un

acto detrimental a la fe pública. In Re Vera Vélez, Op. del 6 de junio de

1994, 136 D.P.R. ___, 94 J.T.S. 88; In Re Sergio Peña Clos, Op. del 29 de

marzo de 1994, 135 D.P.R. ___, 94 J.T.S. 41. “La fe pública notarial,

como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del

notario con la presencia del compareciente, es la espina dorsal de todo

el esquema de autenticidad documental”. In Re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R.

269 (1986).

6

7

La ausencia de la firma de uno de los comparecientes es

Informe del Procurador General, pág. 4.

In Re Nieves Rivera, 124 D.P.R. 803 (1989); In Re Santiago

González,

causa de nulidad del instrumento e implica, a su vez, una violación a la

fe pública notarial. In Re Platon, 113 D.P.R. 273 (1982).

El Cánon 38 del Código de Etica Profesional exige de los abogados

que se esfuerzen, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y

dignidad de su profesión. Otorgar un documento Notarial en violación de

la Ley Notarial de Puerto Rico constituye una violación a este precepto

In Re Ríos Rivera, 119 D.P.R. 586 (1987); In Re Del Río Rivera,

ético.

118 D.P.R. 339 (1987).

Por

todo

lo

expuesto,

resolvemos

que

el

Lcdo.

Torres

Olmeda

infringió las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y

los Cánones 35 y 38 del Código de Etica Profesional de Puerto Rico,

supra,

en

cuanto

exigen

que

todo

abogado

actúe

con

honestidad

y

sinceridad en su gestión profesional y mantenga el honor y la dignidad de

la profesión legal. Se dictará sentencia mediante la cual se separe

indefinidamente al abogado-notario Luis R. Torres Olmeda del ejercicio de

la notaría.

121 D.P.R. 580 (1988).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Luis R. Torres Olmeda

AB-97-102

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente, se suspende indefinidamente de la

práctica del notariado al Lcdo. Luis R. Torres

Olmeda.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo