LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V. RIVERA RIVERA

1998 TSPR 46

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V. RIVERA RIVERA

AC-1996-2 AC-1996-17

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Apelado

Apelacion

.V

TSPR98-46

MIGUEL RIVERA RIVERA

LUIS PEREZ PEREZ

Apelantes

Número del Caso: AC-96-2 Cons. Ac-96-17

Abogados Parte Apelante: Lic. Zinia I.

(Sociedad Para Asistencia Legal)

Acevedo Sánchez

Abogados Parte Apelada: Hon. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lic. Ricardo E. Alegría Pons

Procurador General Auxiliar

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Subsección de Distrito, Sala de Caguas

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. José L. Bonilla

Echevarría.

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI

Juez Ponente: Hon. Delgado Hernández

Fecha: 4/21/1998

Materia: Asesinato en ler. grado y otros

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Apelado

v.

Miguel Rivera Rivera

Apelante

----------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Apelado

AC-96-2

AC-96-17

v.

Luis Pérez Pérez

Apelante

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández

Denton.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 1998.

¿Tiene derecho el imputado de un delito grave a

obtener

copia

de

las

declaraciones

sirvieron

de

base

a

la

juradas

determinación

que

de

causa

probable para arresto antes de que los testigos se

sienten

a

declarar

por

primera

vez

en

la

vista

preliminar o en el juicio en su fondo? Examinado

nuestro

ordenamiento

particulares

de

controversia

ante

procesal

los

nos,

penal

casos

que

concluimos

y

los

hechos

originan

la

que

a

los

25

de

imputados no les asiste ese derecho.

I.

Este

Tribunal

mediante

resolución

de

octubre de 1996 consolidó los casos Pueblo v. Rivera

Rivera,

AC-96-2

y

Pueblo

v.

Pérez

Pérez,

AC-96-171,

por

presentar

cuestiones de hecho y de derecho comunes. En ambos casos se radicaron

sendos

recursos

existencia

de

de

apelación

conflicto

ante

entre

este

Tribunal

decisiones

previas

por

plantearse

la

Tribunal

de

del

Circuito de Apelaciones sobre esta controversia.2

A continuación, exponemos una síntesis de los hechos fundamentales

de ambos casos.

(A)

El

27

de

mayo

de

Pueblo v. Rivera Rivera

1994

se

presentaron

denuncias

contra

Miguel

Rivera Rivera por los delitos de asesinato en primer grado, Artículo 83

del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.4001; e infracciones a los Artículos

6 y 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 416 y 418.

Rivera se

encontraba detenido por el Estado y fue conducido ante un magistrado

mediante una orden de excarcelación. El magistrado luego de examinar la

declaración jurada de la testigo Janet González Piñero determinó causa

probable

para

arresto

y

fijó

la

fianza

correspondiente.

En

las

denuncias que le fueron entregadas al imputado aparece anunciada como

testigo de cargo González Piñero.

Previo al señalamiento de la vista preliminar, la representación

legal de la defensa, solicitó al tribunal, mediante moción escrita, que

le

ordenara

al

Ministerio

Fiscal

entregar

al

acusado

copia

de

la

declaración que fue utilizada para la determinación de causa probable

para

el

arresto

de

procesales,

el

Fiscal

accediera

que

Ministerio

Rivera

entonces

Fiscal

a

Rivera.

Tribunal

la

presentó

de

solicitud

recurso

Luego

de

Distrito

de

de

la

varios

ordenó

defensa.

certiorari

al

incidentes

Ministerio

Inconforme,

ante

el

el

entonces

Tribunal Superior.

1

Ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones comparecieron los coacusados Luis Pérez Pérez, Alexander Morales Rivera,

Luis Toro León, Miguel Acevedo Colón y David Mateo Santiago. No obstante, comparecieron ante este Tribunal Luis Pérez

Pérez y Miguel Colón Torres; este último no compareció al Tribunal de Circuito de Apelaciones por lo que no podía apelar la

sentencia que dictó dicho tribunal. Por tal razón, este Tribunal únicamente consideró la apelación respecto a Luis Pérez Pérez

que fue el único coacusado que compareció ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y ante este este Tribunal.

2

Se nos plantea que existe conflicto entre las siguientes decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones Pueblo v. Vargas

Rivera, KLCE 95-00631; Pueblo v. Vázquez Delgado, KLCE-95-00852 y Pueblo v. Rodríguez Acosta, KLCE 95-000015.

Posteriormente, el caso fue referido al Tribunal de Circuito de

Apelaciones

el

cual

revocó

la

orden

del

magistrado

del

entonces

Tribunal de Distrito que le requirió al Ministerio Fiscal entregar a la

defensa copia de la declaración jurada a base de la cual se determinó

causa probable para el arresto.

Inconforme, Rivera apela ante nos.

(B)

Pueblo v. Luis Pérez Pérez

El 19 de septiembre de 1995 se presentaron denuncias en ausencia

contra

Luis

asesinato

Pérez

en

Pérez

primer

y

cuatro

grado,

33

coacusados

L.P.R.A.

por

los

sec.4001;

delitos

de

tentativa

de

asesinato, 33 L.P.R.A. sec.3121 e infracción al Artículo 6 de la Ley de

Armas, 25 L.P.R.A. sec.416.

el

arresto

de

los

La

apelantes

determinación de causa probable para

la

formuló

el

magistrado

del

foro

de

instancia mediante el examen exclusivo de las declaraciones juradas que

presentaron

quienes

Pedro

también

N.

Martínez

fueron

García

anunciados

en

y

Ricardo

la

Rodríguez

denuncia

como

Figueroa,

testigos

de

cargo.

Previo a la celebración de la vista preliminar, los abogados de

los

acusados

Ministerio

solicitaron

Fiscal

al

suplirles

tribunal

copia

de

a

las

quo

que

le

ordenase

al

declaraciones

juradas

que

fueron utilizadas para determinar causa probable para el arresto en

ausencia de los acusados. El Tribunal de Primera Instancia, luego de

considerar los señalamientos esbozados por ambas partes, resolvió en

corte

abierta

reclamaban.

que

a

los

imputados

no

les

asistía

el

derecho

que

La representación legal de los acusados presentó recurso

de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual

confirmó la resolución recurrida.

Inconforme,

los

apelación ante nos.

abogados

de

la

defensa

radicaran

recurso

de

Con el beneficio de las comparecencias de todas las partes en los

casos, estamos en posición de resolver la controversia medular de cada

uno.

II.

Para atender adecuadamente las controversias que se plantean en el

caso de autos, resulta pertinente en primer lugar examinar brevemente

los cambios más significativos que ha atravesado nuestro ordenamiento

procesal penal durante las últimas tres décadas.

Las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal

de

1963

autorizaban

la

expedición de una orden de arresto sólo cuando al magistrado se le

presentaba

una

denuncia

jurada.

La

denuncia

tenía

que

estar

juramentada por una persona con conocimiento personal de los hechos

delictivos.

Sin

embargo,

policías

y

ciertos

funcionarios

públicos

podían firmar y juramentar denuncias cuando los hechos constitutivos

del delito les constaran por información y creencia que obtuviesen en

casos relacionados con sus deberes, pero en tales circunstancias el

magistrado tenía que examinar a algún testigo que tuviera conocimiento

personal de los hechos.

Ley

Núm. 87 de 26 de junio de 1963, Leyes de

Puerto Rico, 1963, pág.269.

En las postrimerías de la década de los ochenta, se creó un nuevo

esquema procesal criminal que alteró el procedimiento de determinación

de causa probable para arresto descrito anteriormente.

Este esquema

también incidió en las disposiciones legales referentes a la vista

preliminar y al descubrimiento de prueba antes del juicio. Ley Núm. 29

de junio de 1987, Leyes de Puerto Rico, 1987, pág.98 y Ley Núm. 58 de 1

de julio de 1988, Leyes de Puerto Rico, 1988, pág. 287.

A

tenor

probable

con

para

esta

el

reforma,

arresto

se

la

vista

convirtió

de

determinación

en

una

especie

de

de

causa

“vista

preliminar híbrida”, de naturaleza adversativa, en la que se combinaba

la determinación de causa probable para el arresto con la de causa

probable para presentar la acusación. Por ser una vista de carácter

adversativo,

se

enmendó

el

texto

de

la

Regla

6

de

Procedimiento

Criminal

con

el

propósito

de

reconocer

que

en

esa

vista

de

determinación de causa probable para el arresto y acusación el imputado

tendría derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar los

testigos en su contra y a ofrecer prueba a su favor.

La vista preliminar tradicional no

desapareció con este nuevo

esquema procesal. Se dispuso que si el imputado de delito no comparecía

a la vista de determinación de causa probable para arresto, lo hacía

sin

estar

asistido

de

abogado

o

no

se

presentaban

testigos

conocimiento personal de los hechos, tenía derecho a que se

con

celebrara

una vista preliminar tradicional. Pueblo v. Rivera y Rodríguez, 122

D.P.R. 875(1988).

Todo imputado de delito que era sometido a la vista

preliminar tradicional tenía los mismos derechos que se reconocían en

la “vista híbrida” de determinación de causa probable para arresto,

esto es, el derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar los

testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor.

Para

salvaguardar

el

derecho

que

se

le

había

reconocido

al

imputado de contrainterrogar a los testigos que declarasen en su contra

en este tipo de vista adversativa de determinación de causa probable

para

arresto

y

acusación,

la

Ley

de

1988

enmendó

la

Regla

95

de

Procedimiento Criminal relativa al proceso de descubrimiento de prueba,

para reconocer el derecho del sospechoso a obtener las declaraciones

juradas de los testigos que declarasen en la “vista híbrida” de causa

probable para el arresto.

En el año 1990 se revirtió el procedimiento de determinación de

causa probable a la situación prevaleciente con anterioridad a 1987.

Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, 1990, pág.

1503.3 La Asamblea Legislativa adoptó nuevamente el concepto tradicional

de

una

vista

informal

de

determinación

de

causa

probable

para

el

arresto. También se volvió a reconocer el derecho del acusado a la

celebración de una vista preliminar ordinaria en todo caso de delito

grave,

independientemente

de

sí

el

sospechoso

acude

personalmente

asistido

de

abogado

o

si

se

presentan

personal

de

los

testigos

hechos

a

la

determinación

de

con

causa

conocimiento

probable

para

arresto.

Como resultado de estos cambios, las etapas centrales de nuestro

ordenamiento

ahora

son

la

determinación

de

causa

probable

para

el

arresto, la vista preliminar y el juicio. La mayoría de las veces la

determinación de causa probable para el arresto se

del imputado.

celebra en ausencia

Ernesto L.Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico

y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, Vol.III, Sec.21.2, pág.25.4

En

este esquema procesal penal la vista preliminar- además de cumplir con

otros propósitos- es el primer mecanismo disponible para revisar la

legalidad del arresto o detención del imputado de delito.

Además,

consiste en un procedimiento de naturaleza adversativa en el que el

imputado

puede

estar

contrainterrrogar

derechos

representado

testigos

indudablemente

y

a

por

un

presentar

posibilitan

que

abogado,

tiene

prueba

su

el

a

imputado

derecho

favor.

esté

en

a

Estos

mejor

posición de defenderse adecuadamente y cuestionar la legalidad de la

determinación de causa probable para el arresto.

Ya este Tribunal ha tenido la ocasión de señalar, al analizar los

propósitos y la naturaleza de la vista preliminar, que ésta constituye

un mecanismo inicial para cotejar la validez del arresto:

“Como este término sugiere, la preocupación primaria de la

visión retrospectiva es con respecto a la legalidad del arresto y

la validez de la detención. La pesquisa en la vista se manifiesta

hacia el pasado, al momento del arresto. Está diseñada para

detectar detenciones ilegales de todas clases. Su interés se

centra en una revisión de la legalidad de la detención. Se

enfatiza el aspecto de la naturaleza preliminar no determinante ni

final del procedimiento. El procedimiento no es un juicio sino un

mecanismo inicial para cotejar la validez del arresto.” (Énfasis

Suplido). Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

En igual sentido se ha expresado que:

“En caso de delito grave, la vista preliminar misma tiene el

efecto de la revisión inmediata de la determinación de causa

3

4

Este es el esquema vigente en la actualidad.

Sobre este aspecto se ha señalado que “la Regla 6 (b) de Procedimiento Criminal- sobre la orden de arresto- dispone que el

magistrado expedirá la orden de arresto (si determina causa probable) para que una vez sea diligenciada- esto es, que se arreste a

la persona- ésta sea conducida sin dilación innecesaria ante un magistrado. Esto supone que el imputado o persona contra quien

se hace la determinación de causa probable no está presente”. Chiesa, supra, sec. 21.3, pág. 26.

probable para el arresto. La determinación de causa probable para

acusar, en vista preliminar, es, a su vez, revisable mediante

moción de desestimación bajo la regla 64(p) y tiene el efecto de

una revisión indirecta de la determinación de causa probable para

el arresto que fuera “confirmada” en vista preliminar.” Chiesa,

supra, sec. 21.7, a la pág.49.

A pesar de que la intención de la Asamblea Legislativa fue la de

reinstalar

el

esquema

procesal

anterior

a

las

enmiendas

de

19875,

subsisten en las reglas vigentes algunos vestigios del sistema procesal

que operó desde 1987 a 1990. Así por ejemplo, subsisten los derechos

del

imputado

a

estar

asistido

de

abogado,

a

contrainterrogar

y

a

presentar prueba a su favor en la vista de determinación de causa

probable para arresto. 34 L.P.R.A., Ap.II, R-6.

Además, todavía el

acusado tiene derecho a obtener las declaraciones de los testigos de

cargo que declaren en la vista de determinación

de causa probable para

arresto. 34 L.P.R.A., Ap. II, R-95. En ausencia de pronunciamiento en

contrario de la Asamblea Legislativa, estos vestigios del procedimiento

anterior, sólo

se reconocen si la determinación de causa probable se

hace en presencia del acusado y representado por abogado, siguiendo el

método más formal que reconocen las Reglas de Procedimiento Criminal

para hacer la determinación judicial de causa para el arresto.6

III.

Una vez finalizado el examen del desarrollo del sistema procesal

penal, procede analizar si las Reglas de Procedimiento Criminal o su

jurisprudencia interpretativa reconocen a los imputados el derecho de

obtener las declaraciones que sirvieron de base a la determinación de

causa probable para arresto.

Ya hemos reconocido, bajo ciertas circunstancias, el derecho de un

imputado de obtener las declaraciones juradas de los testigos de cargo.

Uno de estos casos es cuando los testigos

en

5

6

una

vista

adversativa

de

se sientan a declarar ya sea

determinación

de

causa

probable

para

Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, 1990, Pág. 1503.

En la jurisdicción federal se ha determinado que no constituye un imperativo constitucional la celebración de una vista informal

adversativa para la determinación de causa probable para el arresto. Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (1974).

arresto, en la vista preliminar o el juicio en su fondo. En estos casos

obtener copia de las declaraciones juradas salvaguarda el derecho del

acusado de contrainterrogar a los testigos en su contra. Regla 95 de

Procedimiento

Criminal,

34

L.P.R.A,

Ap.

IV,

R-95.

Este

derecho

activa una vez ha concluido el examen directo del testigo.

se

Pueblo v.

Ribas, supra; Pueblo v. Rivera Rodríguez, supra. Otra instancia en la

que hemos reconocido acceso a dichas declaraciones juradas es si los

testigos

han

sido

renunciados

por

el

fiscal

por

constituir

prueba

acumulativa. Pueblo v. Delgado López, 86 D.P.R. 558 (1962); Pueblo v.

Quiñones, 99 D.P.R. 1 (1970).

Si se determina causa probable para arresto siguiendo el método

más informal que las reglas reconocen y no se ha celebrado la vista

preliminar como en el presente caso, no están presentes los elementos

que han justificado la concesión del derecho que ante nos se reclama.

Esto porque todavía no puede decirse que ha surgido el derecho del

acusado

a

contrainterrogar

a

los

testigos

de

cargo,

ni

se

puede

concluir que éstos testigos han sido renunciados por el fiscal.

Precisamente,

el

derecho

de

examen

e

inspección

de

las

declaraciones juradas que los imputados invocan en los casos de autos

fue

anteriormente

examinado

por

Superior, 79 D.P.R. 498 (1956).

esta

Curia

en

López

v.

Tribunal

Aunque esa decisión se emitió antes de

la aprobación de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, sus

pronunciamientos son aplicables a la controversia ante nos.

Al

solicitó

igual

que

en

el

al

Tribunal

que

caso

de

ordenara

autos,

al

en

López

Ministerio

el

peticionario

Público

que

le

entregara las declaraciones juradas que tuvo ante sí el magistrado que

libró la orden de arresto para impugnar la existencia de causa probable

y estar preparado para contestar la acusación.

Allí, al denegar la

solicitud de la Defensa, sostuvimos que el acusado no tenía derecho a

examinar ni el sumario fiscal ni aquella parte del mismo(por ejemplo,

una declaración jurada) que haya sido presentada por dicho funcionario

a

un

magistrado

para

la

determinación

de

la

existencia

desprende

que

ni

de

causa

probable.

Del

análisis

anterior

se

las

Reglas

de

Procedimiento Criminal ni su jurisprudencia interpretativa reconocen el

derecho del acusado a obtener copia de las declaraciones juradas que

sirvieron de base para la determinación de causa probable para arresto,

antes

de

que

declaren

por

primera

vez

en

alguna

de

las

etapas

posteriores significativas del proceso criminal, tales como la vista

preliminar o el juicio.

Véase, Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.

IV.

Por otro lado, los imputados fundamentan su reclamo a tener acceso

a

las

declaraciones

preliminar

en

su

juradas

derecho

a

antes

de

la

celebración

estar

notificados

de

la

adecuadamente

vista

de

los

cargos en su contra, como corolario de su derecho constitucional a un

debido proceso de ley.

El concepto de adecuada notificación es uno de los componentes

básicos del debido proceso de ley procesal. Chiesa, supra sec.10.3,

pág.29.

Existen

mecanismos

dentro

de

nuestro

ordenamiento

jurídico

procesal penal que están diseñados con el propósito de facilitar el

procedimiento

criminal

adversativo

asegurando

que

el

acusado

tenga

acceso a la información necesaria para defenderse adecuadamente. Lafave

& Israel, Criminal Procedure, (1984), sec.19.2, pág.432. Algunos de

estos mecanismos son la denuncia, el descubrimiento de prueba y la

divulgación de evidencia exculpatoria.

Aunque constituyen conceptos

distintos, sus requisitos legales varían y operan en etapas distintas

del procesamiento criminal, todos de alguna forma están vinculados por

la

meta

común

de

proveer

al

imputado

de

delito

una

adecuada

notificación. No obstante, cada uno de ellos provee notificación de un

tipo de información distinto. Id.

En una etapa temprana del proceso criminal, existe el mandato

constitucional de que el imputado sea notificado de la causa y la

naturaleza de la acción en su contra.7 Este imperativo constitucional se

satisface al incluir en la denuncia los hechos esenciales constitutivos

del

delito

y

los

cargos

en

contra

del

imputado.

Véase

Pueblo

v.

González Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985); Pueblo v. Calviño Cereijo,

110

D.P.R.

691

(1981);

Pueblo

v.

Santiago

Cedeño,

106

D.P.R.

663

(1978).

En la situación particular ante nos, los peticionarios solicitan

el

acceso

a

las

determinación de

declaraciones

juradas

que

sirvieron

de

base

a

la

causa probable para el arresto y que fueron suscritas

por unos testigos de cargo que han sido anunciados como tal en las

denuncias. El tipo de información que se solicita es una que se utilizó

en la determinación de causa probable para arresto y que se va a

introducir como evidencia en un momento posterior del proceso criminal.

Como

en

la

vista

preliminar

ellos

podrán

contrainterrrogar

a

los

testigos de cargo, también tendrán el derecho de obtener copias de las

declaraciones

después

que

declaren.

En

ese

momento

se

activan

los

derechos reconocidos por la Regla 95 de las Reglas de Procedimiento

Criminal. Como la vista preliminar se provee en una etapa significativa

del proceso, claramente no hay una violación del debido proceso de ley.

Ahora bien, si el fiscal no utiliza al testigo de cargo (anunciado

como tal en la acusación o denuncia) en ninguna vista, ni siquiera en

el

juicio,

el

Ministerio

Fiscal

tiene

la

obligación

de

poner

esos

testigos de cargo a disposición de la defensa para evitar que se active

la presunción de que, de haber declarado el testigo, su testimonio le

hubiese sido adverso al Pueblo. 32 L.P.R.A., Ap. IV, R-16 (5).8 La

defensa también tiene derecho a las declaraciones juradas de estos

testigos. Chiesa, supra, sec.28.2, pág.329.

Otro mecanismo que el acusado podría tener a su disposición para

tener conocimiento de lo que los testigos de cargo han declarado acerca

7

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, así como la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos reconocen tal derecho a los imputados de delito.

8

Esta regla de evidencia establece que se presume que “toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se

ofreciere.” 32 L.P.R.A. , Ap. IV, R-16 (5).

de su caso es entrevistarlos con anterioridad a la celebración del

juicio.

Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R.201 (1964).

Respecto

a

la

contención

de

los

acusados

en

el

presente

caso

respecto a que el no concederle el derecho que reclaman en una etapa

temprana del proceso impide que puedan impugnar la determinación de

causa probable para arresto, no les asiste la razón. Ya describimos los

mecanismos

procesales

que

se

tienen

disponibles

para

impugnar

la

legalidad de un arresto. Lo crucial, como imperativo del debido proceso

de ley, es que el Estado le provea al acusado una oportunidad adecuada

en una etapa oportuna y significativa del proceso criminal con las

garantías adecuadas para cuestionar la causa probable para arresto.

Los imputados también exponen que puede demorarse irrazonablemente

la celebración de la vista preliminar o el juicio con el posible efecto

de que el imputado de delito puede permanecer encarcelado- si no presta

la fianza correspondiente que le fije un magistrado- hasta ese momento

sin poder impugnar la legalidad de su arresto. Aunque bajo el sistema

procesal vigente el imputado ha de aguardar al menos al momento de la

celebración

de

la

vista

preliminar

para

cuestionar

en

una

etapa

adversativa del proceso criminal la legalidad de su arresto, él esta

adecuadamente

protegido

por

el

mandato

constitucional

a

un

juicio

rápido. De no celebrarse la vista preliminar o el juicio dentro de los

términos

establecidos

imputado

tiene

a

por

su

las

Reglas

disposición

el

de

Procedimiento

mecanismo

de

Criminal,

la

moción

el

de

desestimación que contempla la Regla 64 (n), 34 L.P.R.A., Ap.II, R-64

(n).9

Finalmente, recordemos que en la determinación de causa probable

para arresto -a base de cualquiera de las formas que reconoce la Regla

6

de

Procedimiento

Criminal-

siempre

se

requiere,

por

imperativo

constitucional, la intervención de un magistrado. Esto evita que el

Estado someta a una persona a un procedimiento criminal arbitrario y lo

encause

criminalmente

sin

base

para

ello.

Como

señaláramos,

la

determinación de causa probable para arresto puede cuestionarse en una

etapa posterior del proceso a través de los mecanismos que consagran

las Reglas de Procedimiento Criminal.

En ausencia de un planteamiento persuasivo de debido proceso de

ley,

los

señalamientos

de

los

peticionarios

esencialmente

se

circunscriben a una cuestión a ser determinada por las leyes y no

mediante decisión judicial. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra. En los

casos ante nos no se desprenden circunstancias especiales que ameriten

una solución distinta.

V.

De una lectura de las denuncias se desprende que los testigos que

suscribieron las declaraciones juradas que se solicitan, también han

sido anunciados como testigos de cargo.

Los imputados, conforme al

estado de derecho vigente, tendrán que aguardar al momento en que estos

testigos se sienten a

declarar en la vista preliminar o en el juicio

para obtener dichas declaraciones.

Ahora bien, si el Ministerio Fiscal en los presentes casos opta

por no utilizar en el juicio a los testigos previamente anunciados en

la denuncia, debe poner a estos testigos y las declaraciones juradas

suscritas por éstos

a disposición de la Defensa.

Nos parece que en el balance de intereses, el curso de acción que

hoy proponemos protege adecuadamente el derecho del acusado de impugnar

la

determinación

salvaguarda

las

de

causa

probable

prerrogativas

del

para

el

arresto,

Ministerio

a

vez

que

dentro

del

confirmar

las

Fiscal

la

procesamiento criminal.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

procede

sentencias recurridas. Se dictarán las sentencias correspondientes.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

9

Además del transcurso de ese término, el magistrado considera otros factores al examinar esta moción de desestimación.

Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Apelado

v.

Miguel Rivera Rivera

Apelante

----------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Apelado

AC-96-2

AC-96-17

v.

Luis Pérez Pérez

Apelante

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se confirman las sentencias emitidas por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones en los casos de

epígrafe.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la celebración de procedimientos

ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Fuster

Berlingeri concurre sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo