Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V. RIVERA RIVERA
1998 TSPR 46
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V. RIVERA RIVERA
AC-1996-2 AC-1996-17
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Apelado
Apelacion
.V
TSPR98-46
MIGUEL RIVERA RIVERA
LUIS PEREZ PEREZ
Apelantes
Número del Caso: AC-96-2 Cons. Ac-96-17
Abogados Parte Apelante: Lic. Zinia I.
(Sociedad Para Asistencia Legal)
Acevedo Sánchez
Abogados Parte Apelada: Hon. Carlos Lugo Fiol
Procurador General
Lic. Ricardo E. Alegría Pons
Procurador General Auxiliar
Abogados Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior, Subsección de Distrito, Sala de Caguas
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. José L. Bonilla
Echevarría.
Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Delgado Hernández
Fecha: 4/21/1998
Materia: Asesinato en ler. grado y otros
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Apelado
v.
Miguel Rivera Rivera
Apelante
----------------------------El Pueblo de Puerto Rico
Apelado
AC-96-2
AC-96-17
v.
Luis Pérez Pérez
Apelante
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández
Denton.
San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 1998.
¿Tiene derecho el imputado de un delito grave a
obtener
copia
de
las
declaraciones
sirvieron
de
base
a
la
juradas
determinación
que
de
causa
probable para arresto antes de que los testigos se
sienten
a
declarar
por
primera
vez
en
la
vista
preliminar o en el juicio en su fondo? Examinado
nuestro
ordenamiento
particulares
de
controversia
ante
procesal
los
nos,
penal
casos
que
concluimos
y
los
hechos
originan
la
que
a
los
25
de
imputados no les asiste ese derecho.
I.
Este
Tribunal
mediante
resolución
de
octubre de 1996 consolidó los casos Pueblo v. Rivera
Rivera,
AC-96-2
y
Pueblo
v.
Pérez
Pérez,
AC-96-171,
por
presentar
cuestiones de hecho y de derecho comunes. En ambos casos se radicaron
sendos
recursos
existencia
de
de
apelación
conflicto
ante
entre
este
Tribunal
decisiones
previas
por
plantearse
la
Tribunal
de
del
Circuito de Apelaciones sobre esta controversia.2
A continuación, exponemos una síntesis de los hechos fundamentales
de ambos casos.
(A)
El
27
de
mayo
de
Pueblo v. Rivera Rivera
1994
se
presentaron
denuncias
contra
Miguel
Rivera Rivera por los delitos de asesinato en primer grado, Artículo 83
del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.4001; e infracciones a los Artículos
6 y 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 416 y 418.
Rivera se
encontraba detenido por el Estado y fue conducido ante un magistrado
mediante una orden de excarcelación. El magistrado luego de examinar la
declaración jurada de la testigo Janet González Piñero determinó causa
probable
para
arresto
y
fijó
la
fianza
correspondiente.
En
las
denuncias que le fueron entregadas al imputado aparece anunciada como
testigo de cargo González Piñero.
Previo al señalamiento de la vista preliminar, la representación
legal de la defensa, solicitó al tribunal, mediante moción escrita, que
le
ordenara
al
Ministerio
Fiscal
entregar
al
acusado
copia
de
la
declaración que fue utilizada para la determinación de causa probable
para
el
arresto
de
procesales,
el
Fiscal
accediera
que
Ministerio
Rivera
entonces
Fiscal
a
Rivera.
Tribunal
la
presentó
de
solicitud
recurso
Luego
de
Distrito
de
de
la
varios
ordenó
defensa.
certiorari
al
incidentes
Ministerio
Inconforme,
ante
el
el
entonces
Tribunal Superior.
1
Ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones comparecieron los coacusados Luis Pérez Pérez, Alexander Morales Rivera,
Luis Toro León, Miguel Acevedo Colón y David Mateo Santiago. No obstante, comparecieron ante este Tribunal Luis Pérez
Pérez y Miguel Colón Torres; este último no compareció al Tribunal de Circuito de Apelaciones por lo que no podía apelar la
sentencia que dictó dicho tribunal. Por tal razón, este Tribunal únicamente consideró la apelación respecto a Luis Pérez Pérez
que fue el único coacusado que compareció ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y ante este este Tribunal.
2
Se nos plantea que existe conflicto entre las siguientes decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones Pueblo v. Vargas
Rivera, KLCE 95-00631; Pueblo v. Vázquez Delgado, KLCE-95-00852 y Pueblo v. Rodríguez Acosta, KLCE 95-000015.
Posteriormente, el caso fue referido al Tribunal de Circuito de
Apelaciones
el
cual
revocó
la
orden
del
magistrado
del
entonces
Tribunal de Distrito que le requirió al Ministerio Fiscal entregar a la
defensa copia de la declaración jurada a base de la cual se determinó
causa probable para el arresto.
Inconforme, Rivera apela ante nos.
(B)
Pueblo v. Luis Pérez Pérez
El 19 de septiembre de 1995 se presentaron denuncias en ausencia
contra
Luis
asesinato
Pérez
en
Pérez
primer
y
cuatro
grado,
33
coacusados
L.P.R.A.
por
los
sec.4001;
delitos
de
tentativa
de
asesinato, 33 L.P.R.A. sec.3121 e infracción al Artículo 6 de la Ley de
Armas, 25 L.P.R.A. sec.416.
el
arresto
de
los
La
apelantes
determinación de causa probable para
la
formuló
el
magistrado
del
foro
de
instancia mediante el examen exclusivo de las declaraciones juradas que
presentaron
quienes
Pedro
también
N.
Martínez
fueron
García
anunciados
en
y
Ricardo
la
Rodríguez
denuncia
como
Figueroa,
testigos
de
cargo.
Previo a la celebración de la vista preliminar, los abogados de
los
acusados
Ministerio
solicitaron
Fiscal
al
suplirles
tribunal
copia
de
a
las
quo
que
le
ordenase
al
declaraciones
juradas
que
fueron utilizadas para determinar causa probable para el arresto en
ausencia de los acusados. El Tribunal de Primera Instancia, luego de
considerar los señalamientos esbozados por ambas partes, resolvió en
corte
abierta
reclamaban.
que
a
los
imputados
no
les
asistía
el
derecho
que
La representación legal de los acusados presentó recurso
de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual
confirmó la resolución recurrida.
Inconforme,
los
apelación ante nos.
abogados
de
la
defensa
radicaran
recurso
de
Con el beneficio de las comparecencias de todas las partes en los
casos, estamos en posición de resolver la controversia medular de cada
uno.
II.
Para atender adecuadamente las controversias que se plantean en el
caso de autos, resulta pertinente en primer lugar examinar brevemente
los cambios más significativos que ha atravesado nuestro ordenamiento
procesal penal durante las últimas tres décadas.
Las
Reglas
de
Procedimiento
Criminal
de
1963
autorizaban
la
expedición de una orden de arresto sólo cuando al magistrado se le
presentaba
una
denuncia
jurada.
La
denuncia
tenía
que
estar
juramentada por una persona con conocimiento personal de los hechos
delictivos.
Sin
embargo,
policías
y
ciertos
funcionarios
públicos
podían firmar y juramentar denuncias cuando los hechos constitutivos
del delito les constaran por información y creencia que obtuviesen en
casos relacionados con sus deberes, pero en tales circunstancias el
magistrado tenía que examinar a algún testigo que tuviera conocimiento
personal de los hechos.
Ley
Núm. 87 de 26 de junio de 1963, Leyes de
Puerto Rico, 1963, pág.269.
En las postrimerías de la década de los ochenta, se creó un nuevo
esquema procesal criminal que alteró el procedimiento de determinación
de causa probable para arresto descrito anteriormente.
Este esquema
también incidió en las disposiciones legales referentes a la vista
preliminar y al descubrimiento de prueba antes del juicio. Ley Núm. 29
de junio de 1987, Leyes de Puerto Rico, 1987, pág.98 y Ley Núm. 58 de 1
de julio de 1988, Leyes de Puerto Rico, 1988, pág. 287.
A
tenor
probable
con
para
esta
el
reforma,
arresto
se
la
vista
convirtió
de
determinación
en
una
especie
de
de
causa
“vista
preliminar híbrida”, de naturaleza adversativa, en la que se combinaba
la determinación de causa probable para el arresto con la de causa
probable para presentar la acusación. Por ser una vista de carácter
adversativo,
se
enmendó
el
texto
de
la
Regla
6
de
Procedimiento
Criminal
con
el
propósito
de
reconocer
que
en
esa
vista
de
determinación de causa probable para el arresto y acusación el imputado
tendría derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar los
testigos en su contra y a ofrecer prueba a su favor.
La vista preliminar tradicional no
desapareció con este nuevo
esquema procesal. Se dispuso que si el imputado de delito no comparecía
a la vista de determinación de causa probable para arresto, lo hacía
sin
estar
asistido
de
abogado
o
no
se
presentaban
testigos
conocimiento personal de los hechos, tenía derecho a que se
con
celebrara
una vista preliminar tradicional. Pueblo v. Rivera y Rodríguez, 122
D.P.R. 875(1988).
Todo imputado de delito que era sometido a la vista
preliminar tradicional tenía los mismos derechos que se reconocían en
la “vista híbrida” de determinación de causa probable para arresto,
esto es, el derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar los
testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor.
Para
salvaguardar
el
derecho
que
se
le
había
reconocido
al
imputado de contrainterrogar a los testigos que declarasen en su contra
en este tipo de vista adversativa de determinación de causa probable
para
arresto
y
acusación,
la
Ley
de
1988
enmendó
la
Regla
95
de
Procedimiento Criminal relativa al proceso de descubrimiento de prueba,
para reconocer el derecho del sospechoso a obtener las declaraciones
juradas de los testigos que declarasen en la “vista híbrida” de causa
probable para el arresto.
En el año 1990 se revirtió el procedimiento de determinación de
causa probable a la situación prevaleciente con anterioridad a 1987.
Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, 1990, pág.
1503.3 La Asamblea Legislativa adoptó nuevamente el concepto tradicional
de
una
vista
informal
de
determinación
de
causa
probable
para
el
arresto. También se volvió a reconocer el derecho del acusado a la
celebración de una vista preliminar ordinaria en todo caso de delito
grave,
independientemente
de
sí
el
sospechoso
acude
personalmente
asistido
de
abogado
o
si
se
presentan
personal
de
los
testigos
hechos
a
la
determinación
de
con
causa
conocimiento
probable
para
arresto.
Como resultado de estos cambios, las etapas centrales de nuestro
ordenamiento
ahora
son
la
determinación
de
causa
probable
para
el
arresto, la vista preliminar y el juicio. La mayoría de las veces la
determinación de causa probable para el arresto se
del imputado.
celebra en ausencia
Ernesto L.Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico
y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, Vol.III, Sec.21.2, pág.25.4
En
este esquema procesal penal la vista preliminar- además de cumplir con
otros propósitos- es el primer mecanismo disponible para revisar la
legalidad del arresto o detención del imputado de delito.
Además,
consiste en un procedimiento de naturaleza adversativa en el que el
imputado
puede
estar
contrainterrrogar
derechos
representado
testigos
indudablemente
y
a
por
un
presentar
posibilitan
que
abogado,
tiene
prueba
su
el
a
imputado
derecho
favor.
esté
en
a
Estos
mejor
posición de defenderse adecuadamente y cuestionar la legalidad de la
determinación de causa probable para el arresto.
Ya este Tribunal ha tenido la ocasión de señalar, al analizar los
propósitos y la naturaleza de la vista preliminar, que ésta constituye
un mecanismo inicial para cotejar la validez del arresto:
“Como este término sugiere, la preocupación primaria de la
visión retrospectiva es con respecto a la legalidad del arresto y
la validez de la detención. La pesquisa en la vista se manifiesta
hacia el pasado, al momento del arresto. Está diseñada para
detectar detenciones ilegales de todas clases. Su interés se
centra en una revisión de la legalidad de la detención. Se
enfatiza el aspecto de la naturaleza preliminar no determinante ni
final del procedimiento. El procedimiento no es un juicio sino un
mecanismo inicial para cotejar la validez del arresto.” (Énfasis
Suplido). Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).
En igual sentido se ha expresado que:
“En caso de delito grave, la vista preliminar misma tiene el
efecto de la revisión inmediata de la determinación de causa
3
4
Este es el esquema vigente en la actualidad.
Sobre este aspecto se ha señalado que “la Regla 6 (b) de Procedimiento Criminal- sobre la orden de arresto- dispone que el
magistrado expedirá la orden de arresto (si determina causa probable) para que una vez sea diligenciada- esto es, que se arreste a
la persona- ésta sea conducida sin dilación innecesaria ante un magistrado. Esto supone que el imputado o persona contra quien
se hace la determinación de causa probable no está presente”. Chiesa, supra, sec. 21.3, pág. 26.
probable para el arresto. La determinación de causa probable para
acusar, en vista preliminar, es, a su vez, revisable mediante
moción de desestimación bajo la regla 64(p) y tiene el efecto de
una revisión indirecta de la determinación de causa probable para
el arresto que fuera “confirmada” en vista preliminar.” Chiesa,
supra, sec. 21.7, a la pág.49.
A pesar de que la intención de la Asamblea Legislativa fue la de
reinstalar
el
esquema
procesal
anterior
a
las
enmiendas
de
19875,
subsisten en las reglas vigentes algunos vestigios del sistema procesal
que operó desde 1987 a 1990. Así por ejemplo, subsisten los derechos
del
imputado
a
estar
asistido
de
abogado,
a
contrainterrogar
y
a
presentar prueba a su favor en la vista de determinación de causa
probable para arresto. 34 L.P.R.A., Ap.II, R-6.
Además, todavía el
acusado tiene derecho a obtener las declaraciones de los testigos de
cargo que declaren en la vista de determinación
de causa probable para
arresto. 34 L.P.R.A., Ap. II, R-95. En ausencia de pronunciamiento en
contrario de la Asamblea Legislativa, estos vestigios del procedimiento
anterior, sólo
se reconocen si la determinación de causa probable se
hace en presencia del acusado y representado por abogado, siguiendo el
método más formal que reconocen las Reglas de Procedimiento Criminal
para hacer la determinación judicial de causa para el arresto.6
III.
Una vez finalizado el examen del desarrollo del sistema procesal
penal, procede analizar si las Reglas de Procedimiento Criminal o su
jurisprudencia interpretativa reconocen a los imputados el derecho de
obtener las declaraciones que sirvieron de base a la determinación de
causa probable para arresto.
Ya hemos reconocido, bajo ciertas circunstancias, el derecho de un
imputado de obtener las declaraciones juradas de los testigos de cargo.
Uno de estos casos es cuando los testigos
en
5
6
una
vista
adversativa
de
se sientan a declarar ya sea
determinación
de
causa
probable
para
Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, 1990, Pág. 1503.
En la jurisdicción federal se ha determinado que no constituye un imperativo constitucional la celebración de una vista informal
adversativa para la determinación de causa probable para el arresto. Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (1974).
arresto, en la vista preliminar o el juicio en su fondo. En estos casos
obtener copia de las declaraciones juradas salvaguarda el derecho del
acusado de contrainterrogar a los testigos en su contra. Regla 95 de
Procedimiento
Criminal,
34
L.P.R.A,
Ap.
IV,
R-95.
Este
derecho
activa una vez ha concluido el examen directo del testigo.
se
Pueblo v.
Ribas, supra; Pueblo v. Rivera Rodríguez, supra. Otra instancia en la
que hemos reconocido acceso a dichas declaraciones juradas es si los
testigos
han
sido
renunciados
por
el
fiscal
por
constituir
prueba
acumulativa. Pueblo v. Delgado López, 86 D.P.R. 558 (1962); Pueblo v.
Quiñones, 99 D.P.R. 1 (1970).
Si se determina causa probable para arresto siguiendo el método
más informal que las reglas reconocen y no se ha celebrado la vista
preliminar como en el presente caso, no están presentes los elementos
que han justificado la concesión del derecho que ante nos se reclama.
Esto porque todavía no puede decirse que ha surgido el derecho del
acusado
a
contrainterrogar
a
los
testigos
de
cargo,
ni
se
puede
concluir que éstos testigos han sido renunciados por el fiscal.
Precisamente,
el
derecho
de
examen
e
inspección
de
las
declaraciones juradas que los imputados invocan en los casos de autos
fue
anteriormente
examinado
por
Superior, 79 D.P.R. 498 (1956).
esta
Curia
en
López
v.
Tribunal
Aunque esa decisión se emitió antes de
la aprobación de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, sus
pronunciamientos son aplicables a la controversia ante nos.
Al
solicitó
igual
que
en
el
al
Tribunal
que
caso
de
ordenara
autos,
al
en
López
Ministerio
el
peticionario
Público
que
le
entregara las declaraciones juradas que tuvo ante sí el magistrado que
libró la orden de arresto para impugnar la existencia de causa probable
y estar preparado para contestar la acusación.
Allí, al denegar la
solicitud de la Defensa, sostuvimos que el acusado no tenía derecho a
examinar ni el sumario fiscal ni aquella parte del mismo(por ejemplo,
una declaración jurada) que haya sido presentada por dicho funcionario
a
un
magistrado
para
la
determinación
de
la
existencia
desprende
que
ni
de
causa
probable.
Del
análisis
anterior
se
las
Reglas
de
Procedimiento Criminal ni su jurisprudencia interpretativa reconocen el
derecho del acusado a obtener copia de las declaraciones juradas que
sirvieron de base para la determinación de causa probable para arresto,
antes
de
que
declaren
por
primera
vez
en
alguna
de
las
etapas
posteriores significativas del proceso criminal, tales como la vista
preliminar o el juicio.
Véase, Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.
IV.
Por otro lado, los imputados fundamentan su reclamo a tener acceso
a
las
declaraciones
preliminar
en
su
juradas
derecho
a
antes
de
la
celebración
estar
notificados
de
la
adecuadamente
vista
de
los
cargos en su contra, como corolario de su derecho constitucional a un
debido proceso de ley.
El concepto de adecuada notificación es uno de los componentes
básicos del debido proceso de ley procesal. Chiesa, supra sec.10.3,
pág.29.
Existen
mecanismos
dentro
de
nuestro
ordenamiento
jurídico
procesal penal que están diseñados con el propósito de facilitar el
procedimiento
criminal
adversativo
asegurando
que
el
acusado
tenga
acceso a la información necesaria para defenderse adecuadamente. Lafave
& Israel, Criminal Procedure, (1984), sec.19.2, pág.432. Algunos de
estos mecanismos son la denuncia, el descubrimiento de prueba y la
divulgación de evidencia exculpatoria.
Aunque constituyen conceptos
distintos, sus requisitos legales varían y operan en etapas distintas
del procesamiento criminal, todos de alguna forma están vinculados por
la
meta
común
de
proveer
al
imputado
de
delito
una
adecuada
notificación. No obstante, cada uno de ellos provee notificación de un
tipo de información distinto. Id.
En una etapa temprana del proceso criminal, existe el mandato
constitucional de que el imputado sea notificado de la causa y la
naturaleza de la acción en su contra.7 Este imperativo constitucional se
satisface al incluir en la denuncia los hechos esenciales constitutivos
del
delito
y
los
cargos
en
contra
del
imputado.
Véase
Pueblo
v.
González Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985); Pueblo v. Calviño Cereijo,
110
D.P.R.
691
(1981);
Pueblo
v.
Santiago
Cedeño,
106
D.P.R.
663
(1978).
En la situación particular ante nos, los peticionarios solicitan
el
acceso
a
las
determinación de
declaraciones
juradas
que
sirvieron
de
base
a
la
causa probable para el arresto y que fueron suscritas
por unos testigos de cargo que han sido anunciados como tal en las
denuncias. El tipo de información que se solicita es una que se utilizó
en la determinación de causa probable para arresto y que se va a
introducir como evidencia en un momento posterior del proceso criminal.
Como
en
la
vista
preliminar
ellos
podrán
contrainterrrogar
a
los
testigos de cargo, también tendrán el derecho de obtener copias de las
declaraciones
después
que
declaren.
En
ese
momento
se
activan
los
derechos reconocidos por la Regla 95 de las Reglas de Procedimiento
Criminal. Como la vista preliminar se provee en una etapa significativa
del proceso, claramente no hay una violación del debido proceso de ley.
Ahora bien, si el fiscal no utiliza al testigo de cargo (anunciado
como tal en la acusación o denuncia) en ninguna vista, ni siquiera en
el
juicio,
el
Ministerio
Fiscal
tiene
la
obligación
de
poner
esos
testigos de cargo a disposición de la defensa para evitar que se active
la presunción de que, de haber declarado el testigo, su testimonio le
hubiese sido adverso al Pueblo. 32 L.P.R.A., Ap. IV, R-16 (5).8 La
defensa también tiene derecho a las declaraciones juradas de estos
testigos. Chiesa, supra, sec.28.2, pág.329.
Otro mecanismo que el acusado podría tener a su disposición para
tener conocimiento de lo que los testigos de cargo han declarado acerca
7
La Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, así como la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos reconocen tal derecho a los imputados de delito.
8
Esta regla de evidencia establece que se presume que “toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se
ofreciere.” 32 L.P.R.A. , Ap. IV, R-16 (5).
de su caso es entrevistarlos con anterioridad a la celebración del
juicio.
Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R.201 (1964).
Respecto
a
la
contención
de
los
acusados
en
el
presente
caso
respecto a que el no concederle el derecho que reclaman en una etapa
temprana del proceso impide que puedan impugnar la determinación de
causa probable para arresto, no les asiste la razón. Ya describimos los
mecanismos
procesales
que
se
tienen
disponibles
para
impugnar
la
legalidad de un arresto. Lo crucial, como imperativo del debido proceso
de ley, es que el Estado le provea al acusado una oportunidad adecuada
en una etapa oportuna y significativa del proceso criminal con las
garantías adecuadas para cuestionar la causa probable para arresto.
Los imputados también exponen que puede demorarse irrazonablemente
la celebración de la vista preliminar o el juicio con el posible efecto
de que el imputado de delito puede permanecer encarcelado- si no presta
la fianza correspondiente que le fije un magistrado- hasta ese momento
sin poder impugnar la legalidad de su arresto. Aunque bajo el sistema
procesal vigente el imputado ha de aguardar al menos al momento de la
celebración
de
la
vista
preliminar
para
cuestionar
en
una
etapa
adversativa del proceso criminal la legalidad de su arresto, él esta
adecuadamente
protegido
por
el
mandato
constitucional
a
un
juicio
rápido. De no celebrarse la vista preliminar o el juicio dentro de los
términos
establecidos
imputado
tiene
a
por
su
las
Reglas
disposición
el
de
Procedimiento
mecanismo
de
Criminal,
la
moción
el
de
desestimación que contempla la Regla 64 (n), 34 L.P.R.A., Ap.II, R-64
(n).9
Finalmente, recordemos que en la determinación de causa probable
para arresto -a base de cualquiera de las formas que reconoce la Regla
6
de
Procedimiento
Criminal-
siempre
se
requiere,
por
imperativo
constitucional, la intervención de un magistrado. Esto evita que el
Estado someta a una persona a un procedimiento criminal arbitrario y lo
encause
criminalmente
sin
base
para
ello.
Como
señaláramos,
la
determinación de causa probable para arresto puede cuestionarse en una
etapa posterior del proceso a través de los mecanismos que consagran
las Reglas de Procedimiento Criminal.
En ausencia de un planteamiento persuasivo de debido proceso de
ley,
los
señalamientos
de
los
peticionarios
esencialmente
se
circunscriben a una cuestión a ser determinada por las leyes y no
mediante decisión judicial. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra. En los
casos ante nos no se desprenden circunstancias especiales que ameriten
una solución distinta.
V.
De una lectura de las denuncias se desprende que los testigos que
suscribieron las declaraciones juradas que se solicitan, también han
sido anunciados como testigos de cargo.
Los imputados, conforme al
estado de derecho vigente, tendrán que aguardar al momento en que estos
testigos se sienten a
declarar en la vista preliminar o en el juicio
para obtener dichas declaraciones.
Ahora bien, si el Ministerio Fiscal en los presentes casos opta
por no utilizar en el juicio a los testigos previamente anunciados en
la denuncia, debe poner a estos testigos y las declaraciones juradas
suscritas por éstos
a disposición de la Defensa.
Nos parece que en el balance de intereses, el curso de acción que
hoy proponemos protege adecuadamente el derecho del acusado de impugnar
la
determinación
salvaguarda
las
de
causa
probable
prerrogativas
del
para
el
arresto,
Ministerio
a
vez
que
dentro
del
confirmar
las
Fiscal
la
procesamiento criminal.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
procede
sentencias recurridas. Se dictarán las sentencias correspondientes.
Federico Hernández Denton
Juez Asociado
9
Además del transcurso de ese término, el magistrado considera otros factores al examinar esta moción de desestimación.
Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Apelado
v.
Miguel Rivera Rivera
Apelante
----------------------------El Pueblo de Puerto Rico
Apelado
AC-96-2
AC-96-17
v.
Luis Pérez Pérez
Apelante
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 1998.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se confirman las sentencias emitidas por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones en los casos de
epígrafe.
Se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para la celebración de procedimientos
ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Fuster
Berlingeri concurre sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo