Tribunal Supremo de Puerto Rico
DEPTO. FAMILIA EN INTERES DE LOS MENORES
1998 TSPR 44
Poder Judicial de Puerto Rico
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DEPTO. FAMILIA EN INTERES DE LOS MENORES
CC-1997-31
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Departamento de la Familia en interés
de los menores: R.P.S., M.P.S.,
C.J.N.S. y G.S.
Ana Delgado, María Teresa González y
José Cátala, etc.
Demandante-Recurridos
Certiorari
TSPR98-44
.V
Michelle Shrivers Otero
Demandada-peticionaria
Número del Caso: CC-97-31
Abogados Parte Peticionaria: Lic. Abimael Hernández Martínez
Clínica de Asistencia Legal
Universidad Interamericana
Abogados Parte Recurrida: Lic. Ana López Prieto
Hon. Carlos Lugo Fiol
Procurador General
Lic. Mayra J. Serrano
Procuradora General Auxiliar
Lic. Carlos E. Soltero Rigau
Lic. Roberto A. Rivera Ruiz
Lic. Carlos H. Rodríguez Freire
Abogados Parte Interventora:
Tribunal de Instancia:
Menores, Sala de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Raymond J. Russo Correa
Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional I - San Juan
Panel integrado por los Hons.:
Rodríguez de Oronoz, Pres.
Arbona Lago
Gilberto Gierbolini
Fecha: 4/17/1998
Materia: Custodia
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de la Familia
en interés de los menores;
R.P.S., M.P.S., C.J.N.S.
y G.S.
Ana Delgado, María Teresa
González y José Cátala
Cátala - Hogares Sustitutos
Demandante y Recurridos
v.
Michelle Shrivers Otero,
Madre biológica
Demandado y Peticionaria
CC-97-31
Certiorari
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 1998.
En el presente caso se nos solicita que dejemos
sin efecto la sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, Panel Regional de San Juan, en la que
se ordenó la celebración de un nuevo procedimiento
de custodia, sin que dicho foro pasara juicio sobre
la
corrección
y
validez
del
procedimiento
de
custodia que se estaba impugnando en la apelación
que tenía ante su consideración. Revocamos.
I.
El caso de autos comenzó en el año 1991, cuando
el
Departamento
Departamento
de
de
la
Servicios
Familia
Sociales,
(en
hoy
adelante
Departamento), comenzó un procedimiento, a tenor con la Ley Núm. 75 del
28 de mayo de 1980,8 L.P.R.A. sec. 401 et seq, dirigido a privar a
Michelle Shrivers Otero de la custodia de sus cuatro hijos menores de
edad.
En
Distrito
virtud
ordenó
transferencia
de
de
dicho
procedimiento,
el
la
remoción
de
los
su
custodia
al
Departamento.1
entonces
Tribunal
de
de
hogar
la
menores
su
Los
menores
y
fueron
ubicados temporeramente en hogares de crianza.
En
el
año
1995,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
ordenó
la
restitución de dos de los hijos, R.P.S. y M.P.S. al hogar de su madre
biológica,
luego
de
que
se
estipulara
por
el
Departamento,
el
Procurador de Asuntos de Menores y la representación legal de Shrivers
Otero que ésta se había rehabilitado de la adicción a drogas que en un
principio causó la pérdida de la custodia de sus cuatro hijos menores
de edad.
Sin
embargo,
los
otros
hijos,
C.J.N.S.
y
G.S.,
no
fueron
entregados a su madre biológica, Shrivers Otero, porque los hogares
sustitutos donde residían objetaron la orden del tribunal de instancia
a esos efectos.
Con el propósito de dilucidar lo referente a la
custodia de estos menores, el Tribunal de Primera Instancia celebró
varias vistas evidenciarias en las cuales permitió la intervención de
los
padres
de
crianza
en
dicho
procedimiento
de
restitución
de
custodia. El tribunal a quo escuchó los testimonios de los peritos
presentados por todas las partes- incluso por los hogares sustitutos-,
los
de
las
trabajadoras
sociales
que
trabajaron
en
el
caso
y
los
testimonios de los padres de crianza.
Luego de examinar la extensa evidencia documental, analizar los
resultados de los exámenes psicológicos realizados tanto a los menores
como a su madre biológica y de considerar la prueba desfilada en las
vistas,
el
tribunal
de
instancia
determinó
que
los
menores
podían
reintegrarse a su núcleo familiar biológico, por entender que servía a
1
Sobre la legalidad del procedimiento de remoción de los menores de su hogar que se siguió en el en el presente caso, este
Tribunal se pronunció en El Pueblo de Puerto Rico en interés de los menores R.P.S., M.P.S. y C.J.N.S., Opinión y Sentencia de
22 de julio de 1993,__ D.P.R.__ (1993).
los mejores intereses de los menores dicho curso de acción. Por tal
razón ordenó la entrega de los menores C.J.N.S. y G.S. a Shrivers
Otero; y el cierre y archivo del caso.
Los
hogares
sustitutos,
inconformes
con
la
determinación
del
Tribunal de Primera Instancia, presentaron ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones sendas mociones en auxilio de jurisdicción en las cuales
solicitaron
la
paralización
de
la
orden
del
foro
de
instancia
y
anunciaron que se proponían presentar un recurso al respecto.
Las
mociones
que
fueron
denegadas
por
no
haber
un
recurso
radicado
justificara la intervención del foro apelativo.
Eventualmente,
los
hogares
sustitutos
correspondientes. En síntesis impugnaron
testifical
y
pericial
que
hizo
el
presentaron
los
recursos
la apreciación de la prueba
foro
de
instancia.
También
sostuvieron que el grado de intervención que les reconoció el foro de
instancia no fue el adecuado.
El Tribunal de Circuito ordenó la consolidación de los recursos y
denegó nuevas mociones en auxilio de jurisdicción por tardías ya que en
ambas se solicitaba la suspensión de los efectos de la orden del foro
de instancia, pero la madre biológica en ese momento ya había asumido
la custodia legal y física de los menores.
Asimismo
el Tribunal de
Circuito ordenó la elevación de los autos del caso y le solicitó al
Procurador
General
que
presentara
el
alegato
correspondiente.
Finalmente, el Tribunal de Circuito determinó que el Departamento debía
realizar cada quince días una monitoría del núcleo familiar de Michelle
Shrivers Otero, de forma que se pudiera “evaluar constantemente el
bienestar de los menores”.
Posteriormente, el Procurador General solicitó la transcripción de
los testimonios de los peritos y de los testigos que testificaron en
las vistas evidenciarias celebradas por el foro de instancia ya que su
contenido le era indispensable para poder formular su posición con
relación a los errores señalados por los hogares sustitutos.
Solicitó
además, la designación de peritos para corroborar el informe evaluativo
sometido
por
el
Departamento
ante
el
foro
peticiones hicieron los hogares sustitutos.
apelativo.
Similares
El Tribunal de Circuito
nada dispuso sobre estas solicitudes.
Dentro de este trámite apelativo, el 17 de diciembre de 1996,
comparecieron
ante
apelantes
solicitaron
y
el
Tribunal
que
de
Circuito
mientras
el
los
hogares
recurso
sustitutos
apelativo
era
considerado se les permitiese relacionarse con los menores. Sobre este
aspecto, el Tribunal tampoco se expresó.
Así las cosas, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó una
sentencia resolviendo de la siguiente forma:
Conforme a ello, se expide el auto de certiorari en las causas de
epígrafe y se ordena el traslado del expediente JC 91-56 de
Asuntos de Menores, al Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de San Juan, Asuntos de Relaciones de Familia, para que
allí se tramite y adjudique este asunto como un caso de custodia
de
menores
en
los
que
aquí
“apelantes”
actuarán
como
peticionarios. En tal trámite el Tribunal de Primera Instancia
tomará las medidas cautelares pertinentes, resolverá cualquier
asunto interlocutorio que soliciten las partes y tramitará todo
el(sic) asunto respecto a la custodia de los menores.
En el
trámite ordinario y plenario, que ordenamos a estos efectos se
lleve a cabo, los padres afectivos, Ana M. Delgado y los esposos
María Teresa González y José Cátala Cátala, tendrán derecho a
participar como parte actora o peticionaria y estarán facultados
para presentar prueba testifical, documental y pericial.
Igual
derecho tendrá la Sra. Michelle Shrivers Otero y el Departamento
de la Familia.
El Tribunal de Primera Instancia resolverá
finalmente el asunto conforme a derecho, la prueba practicada y
según lo requiera el mejor interés y bienestar de los menores.
Se aclara, que la determinación tomada por el Tribunal Superior,
Sala de Menores- mediante la cual se devolvió la custodia de los
menores a la madre biológica, Sra. Shriver Otero- permanece en
todo vigor y efecto, hasta que otra cosa pueda resolver el
Tribunal de Primera Instancia en el trámite independiente de
custodia, que en forma plenaria se ordena aquí iniciar ante la
Sala de Familia del Tribunal Superior.
Inconforme con esta sentencia la representación legal de Michelle
Shrivers Otero recurre ante nos y sostiene que el foro apelativo erró
al revocar “sub-silentio” la determinación del foro de instancia sin
pasar
juicio
sobre
los
méritos
del
consideración.
II.
recurso
que
tenía
ante
su
El Tribunal de Circuito de Apelaciones se creó con el propósito de
concederle a todos los litigantes un derecho de apelar ante un foro de
jerarquía
superior
todas
las
Tribunal de Primera Instancia.
sentencias
finales
dictadas
por
el
De esta forma la Asamblea Legislativa
concedió a todos los ciudadanos el derecho de apelación en los casos
civiles
y
criminales
“extendiéndose
a
todo
puertorriqueño
afectado
adversamente por una decisión de un tribunal el derecho a que un panel
apelativo de un mínimo de tres jueces revise esa decisión que había
sido tomada por un solo juez.” Véase la Exposición de Motivos de la Ley
de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.2
Como foro apelativo intermedio, el Tribunal de Circuito tiene la
función
principal de revisar las decisiones del foro de instancia para
asegurarse de que las mismas son justas y que encuentran apoyo en la
normativa establecida por este Tribunal.
En ese sentido se ha señalado
que:
The intermediate court is usually viewed as having primaryand perhaps exclusive- responsibility for fulfilling the errorcorrecting and justice-doing purpose. The highest court is viewed
as serving primarily the law development and supervisory purposes,
often referred to as institutional review.
This allocation of
responsibility in a bi-level appellate system is not always
airtight or tidy.
Intermediate courts cannot completely ignore
doctrinal development, and supreme courts are not oblivious to
errors and injustices affecting only the parties. Yet the concept
of differing roles does influence in large measure the decisionmaking atmosphere in the two types of appellate courts. Appellate
Courts, Staff and Process in the Crisis of Volume, 1974, pág.3.
A la luz de estos propósitos, el foro apelativo tiene que revisar
los procedimientos del foro de instancia para determinar si éste aplicó
el
derecho
correctamente
y
si
se
siguieron
los
procedimientos
dispuestos por el ordenamiento procesal:
The appellate courts have two functions: to review individual
cases to assure that substantial justice has been rendered, and to
formulate and develop the law for general application in the legal
system. In a court system having no intermediate appellate level,
both functions are performed by the supreme courts, or a similar
2
La Ley Núm. 21 de 31 de agosto de 1992, derogada por la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993, identificó las siguientes
funciones de un tribunal apelativo: (a) corregir errores del Tribunal sentenciador; (b) servir como agente catalítico en las
revisiones de la doctrina y de la ley; (c) advertir sobre problemas que plantea una ley; (d) destacar situaciones que requieran
reglamentarse por la Asamblea Legislativa; (e) señalar al Tribunal Supremo áreas en que se hace imperativo el cambio; (F)
permitir que el Tribunal Supremo pueda tener mayor desahogo y pueda servir al máximo de agente en su función social de
pautar e interpretar el derecho; (g) ayudar en la congestión de casos al Tribunal Supremo.
court with a different name. In systems having an intermediate
appellate court, these functions are differentiated to an
important degree. The intermediate appellate court has primary
responsibility, subordinate to that of the highest court, for
extending the application of developing law within the doctrinal
framework fashioned by the highest court; the supreme court
exercises a function of selective review to maintain uniformity of
decision among subordinate courts and to reformulate decisional
law in response to changing conditions and social imperatives.
American Bar Association, Standards relating to Appellate Courts,
Commentary, Section 3.00, 1994, págs, 5-6.
Para ello se requiere que el Tribunal de Circuito
considere los
asuntos que se le plantean con rigor jurídico y con gran sentido de
justicia.
Como se ha señalado: “la majestad de ley requiere que el
Panel [del Tribunal de Circuito de Apelaciones] considere siempre el
fondo de las cuestiones litigiosas para restablecer el equilibrio, la
juridicidad y la legalidad. Es un derecho a enderezar lo justo.
Ello
es así porque no se trata de un Tribunal de casación con un fin de
unificación
de
la
jurisprudencia.
Es
un
órgano
instituido
para
administrar justicia a los particulares.
Priva el interés individual
en
el
la
justicia
del
caso
singular
sobre
interés
público
en
la
interpretación exacta de una ley en abstracto. Mediante la apelación de
la parte vencida se reexaminará en toda su amplitud la controversia (in
jure e in facto) por un Panel del Tribunal de Circuito de Apelaciones”.
(Énfasis
Suplido)
Cuevas
Práctica
Apelativa,
Segarra,
Publicaciones
Práctica
Procesal
J.T.S.,
Suplemento
Puertorriqueña,
del
año
1995,
pág.23; Véase además Maldonado Bermúdez v. Maldonado González, Opinión
y Sentencia de 11 de junio de 1996, __ D.P.R.__ (1996).
Respecto
al
alcance
de
su
función,
es
preciso
señalar
que
el
Tribunal de Circuito tiene que determinar si el foro sentenciador basó
su decisión en una interpretación correcta del derecho positivo y si
condujo adecuadamente los procedimientos, de suerte que no se le haya
causado perjuicio a las partes.
sentenciador
Además
debe determinar si el foro
llegó a conclusiones que están apoyadas en la evidencia
presentada en el caso. No debe considerar una controversia que no fue
levantada en el tribunal de instancia a menos que sea necesario para
evitar una injusticia manifiesta. American Bar Association, Standards
Relating to Apellate Court, supra, págs 23-28.
En cumplimiento de las disposiciones de la referida Ley de la
Judicatura
de
Puerto
Rico
de
1994,
y
conforme
con
la
autoridad
constitucional de esta Curia aprobamos en el 1995 el Reglamento del
Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ese Reglamento tiene el propósito
de hacer viable el funcionamiento del foro apelativo, de acuerdo con
los propósitos de la Ley de la Judicatura. En dicho reglamento también
establecimos las normas que deben regir los procedimientos ante dicho
foro.3
Como parte de dichas normas, y en lo pertinente a la controversia
de
autos,
la
Regla
10(A)
del
Reglamento
dispone
que
“el
panel
correspondiente del Tribunal de Circuito de Apelaciones resolverá los
recursos ante su consideración mediante una resolución o sentencia, la
cual incluirá una relación de hechos y una exposición y análisis de los
asuntos planteados”. La regla antes transcrita expone el deber del foro
apelativo
de
resolver,
de
forma
fundamentada-
esto
incluye
una
exposición de los hechos y el derecho aplicable-, los asuntos que se le
plantean
en
los
recursos
que
tenga
ante
su
consideración.
Esta
disposición tiene también el propósito de facilitar la revisión de las
decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones por esta Curia.
Maldonado Bermúdez v. Maldonado González, Opinión y Sentencia de
11 de
junio de 1996, __D.P.R.__ (1996).
Dentro
Apelaciones
de
su
función
apelativa,
el
también
debe
procurar
tener
de
Tribunal
todos
juicio necesarios para emitir una decisión judicial.
de
Circuito
de
los
elementos
de
Así por ejemplo,
debe ordenar una exposición narrativa o estipulada de la prueba, o en
su defecto, ordenar la transcripción total o parcial de la evidencia
desfilada en el foro de instancia cuando la parte apelante ha señalado
algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o
con la apreciación errónea de la prueba por parte del Tribunal de
Instancia. Reglas 19, 20 y 76 del Reglamento del Tribunal de Circuito
de Apelaciones.
supra.
Véase además Maldonado Bermúdez v. Maldonado González,
El Tribunal de Circuito de Apelaciones también puede, en aras
de tener acceso a la información que le permita emitir su decisión,
hacer uso de la facultad que le reconoce la Regla 73 de su Reglamento
de “ordenar que se preparen y sometan alegatos en cualquier caso en que
lo considere necesario".
III.
En el presente caso las controversias ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones en síntesis eran: si el grado de intervención de los
hogares sustitutos en el procedimiento de custodia fue el adecuado
conforme a derecho y si el foro de instancia erró en su apreciación de
la prueba testifical y documental que tuvo ante su consideración.
El
foro apelativo no atendió los asuntos que le fueron planteados, sino
que por el contrario, dejó sin efecto de facto el procedimiento de
custodia llevado a cabo por el Tribunal de Primera Instancia, sin
considerar la corrección y validez del mismo y ordenó la celebración de
otro procedimiento de custodia.
Reconocemos que la controversia que
manejó
de
el
Tribunal
de
Circuito
Apelaciones
involucra
aspectos
emotivos y humanos que trascienden la esfera judicial y que ante ello,
el foro apelativo intentó resolverlo de una forma conciliadora.
No
obstante, al así actuar, el foro apelativo erró pues no examinó en toda
su
amplitud
(in
facto
e
in
jure)
el
recurso
que
tenía
ante
su
consideración.
De una lectura de las apelaciones incoadas ante el Tribunal de
Circuito se desprende que las alegaciones y los errores señalados se
circunscriben
a los aspectos de admisibilidad, suficiencia, veracidad
y apreciación errónea de la prueba pericial, documental y testifical
que desfiló ante el Tribunal de Primera Instancia.
3
Por tal razón,
previo a
la resolución del caso que tenía ante su consideración, el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
debió
ordenar
una
exposición
Para una discusión sobre las funciones de un tribunal apelativo intermedio, véase Voto Particular del Juez Negrón Soto en
narrativa o en su defecto, una transcripción de la evidencia, según lo
requieren
las
reglas
19,
20
y
76
de
su
Reglamento.
Esto
indudablemente le hubiese permitido ponderar y aquilatar la prueba que
desfiló ante el foro a quo para estar en posición de resolver los
asuntos específicos que le fueron planteados.
Era luego de evaluar la
suficiencia de la evidencia presentada en el foro de instancia que le
correspondía dictar la sentencia. La exposición narrativa de la prueba
o una transcripción de la evidencia era necesaria para considerar las
controversias específicas que le fueron planteadas al foro apelativo. A
pesar de que los apelantes y el Procurador General le solicitaron que
ordenara la transcripción o exposición narrativa de
la prueba, nada
dispuso el Tribunal de Circuito a tales efectos.
Por último, resulta pertinente señalar que el Tribunal de Circuito
de Apelaciones erró al ordenar únicamente al Procurador General que
presentara su alegato en el presente caso. Debido a la complejidad y
naturaleza del caso de autos
debió resolver los recursos que tenía
ante sí con el beneficio de las posiciones por escrito de todas las
partes, haciendo uso de la facultad que le concede el inciso (f) de la
Regla
73
de
su
Reglamento
de
”ordenar
que
se
preparen
y
sometan
alegatos en cualquier caso que lo considere necesario”.
A pesar de que Shrivers Otero solicitó intervención en el trámite
apelativo, el Tribunal de Circuito nada dispuso sobre este asunto.
Debió emitir una orden dirigida a Michelle Shrivers Otero para que
presentara el alegato correspondiente, toda vez que era indispensable
conocer su posición pues lo que se cuestionaba ante el foro apelativo
era la sentencia que ordenaba el reintegro de los menores al hogar de
su madre biológica, Shrivers Otero y la sentencia que pudiera dictar el
Tribunal de Circuito en su día sin lugar a dudas iba a incidir sobre
los derechos de ésta.
Finalmente, incidió el Tribunal de Circuito al dejar de considerar
y no disponer sobre las diversas peticiones que le hicieran en varias
Santiago de Valderas v. Beecher, Sentencia de 12 de septiembre de 1995, KLAN 9500708.
ocasiones el Procurador General, los apelantes y la representación
legal de Michelle Shrivers Otero.
El Tribunal de Circuito no las
consideró en el momento en que fueron presentadas, a pesar de la
importancia de las mismas, ni hizo siquiera mención de las mismas en la
sentencia.
considerar
Reiteramos
que
adjudicar
todos
de
deficiencias
y
dicho
los
Tribunal
tiene
la
asuntos
que
sometan
se
obligación
ante
de
su
consideración.
En
vista
las
en
el
procedimiento
apelativo
señaladas anteriormente, nos vemos imposibilitados de considerar el
recurso en sus méritos. En esencia, las contenciones de las partes
están dirigidas a aspectos de suficiencia y apreciación de la prueba y
no contamos con el beneficio de una exposición
estipulada o narrativa
o una transcripción de la evidencia desfilada ante el Tribunal de
Primera
Instancia
que
nos
permita
revisar
la
sentencia
del
foro
apelativo.
A la luz de todo lo antes expuesto, concluimos que el Tribunal de
Circuito de Apelaciones actuó en contravención de las disposiciones de
su propio Reglamento. En consecuencia se revoca la sentencia apelada y
se devuelve el caso al Tribunal de Circuito de Apelaciones para que
dicho foro continúe el procedimiento apelativo a tenor con nuestros
pronunciamientos.
A
apelativo
conceder
deberá
tenor
con
las
a
todas
precitadas
reglas,
las
la
partes
dicho
foro
oportunidad
de
presentar sus posiciones por escrito y ordenar la preparación de una
exposición narrativa de la prueba vertida ante el Tribunal de Primera
Instancia, o en su defecto una transcripción de la evidencia, de manera
que
pueda
apelada
y
señalados
estar
en
posición
determinar
por
la
si
parte
de
revisar
efectivamente
apelante.
Se
adecuadamente
la
sentencia
se
los
errores
cometieron
ordenará
la
paralización
de
cualquier procedimiento que se esté llevando a cabo en el Tribunal de
Instancia referente al caso de epígrafe como resultado de la sentencia
recurrida.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de la Familia
en interés de los menores,
R.P.S., M.P.S., C.J.N.S.
y G.S.
Ana Delgado, María Teresa
González y José Cátala
Cátala –Hogares Sustitutos
Demandante y Recurridos
CC-97-31
Certiorari
v.
Michelle Shrivers Otero,
Madre biológica
Demandado y Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 1998.
Por los fundamentos que anteceden en la Opinión Per
Curiam la cual se hace formar parte de la presente, se
expide el auto de certiorari y se dicta sentencia
revocando la sentencia recurrida.
Se
devuelve
Apelaciones
el
caso
al
Tribunal
de
para
que
dicho
foro
continúe
procedimientos
apelativos
pronunciamientos.
a
tenor
Circuito
con
con
de
los
nuestros
Se ordena la paralización de cualquier
procedimiento que se esté llevando a cabo en el Tribunal
de Primera Instancia referente al caso de epígrafe.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado Negrón
García concurre sin opinión escrita.
señor
Fuster
Disidente.
Berlingeri
emitió
El Juez Asociado
Opinión
Concurrente
Y
El Juez Asociado Rebollo López no interviene.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
EN INTERES DE LOS MENORES;
R.P.S., M.P.S., C.J.N.S. Y G.S.,
Y OTROS
Demandantes-Recurridos
CC-97-31
CERTIORARI
vs.
MICHELLE SHRIVERS OTERO,
MADRE BIOLOGICA
Demandada-Peticionaria
Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez Asociado señor
FUSTER BERLINGERI
San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 1998.
En lo esencial, estoy de acuerdo con el señalamiento
que hace la mayoría en la opinión Per Curiam en el caso
de autos, de que el Tribunal de Circuito de Apelaciones
no dispuso del recurso que tenía ante sí de una manera
adecuada.
no
se
En la sentencia emitida por el foro apelativo
identifican
con
particularidad
y
precisión
las
controversias que tenía que resolver; ni se adjudican las
cuestiones
jurídicas
Ciertamente,
sentencia
el
emitida
de
modo
contenido
ha
hecho
propiamente
fundamentado.
limitado
e
inusual
de
la
difícil
que
este
Tribunal
considere el recurso que se nos ha presentado, en el cual
se solicita la revisión de la sentencia aludida.
Sin embargo, estimo que por la naturaleza muy particular del caso
de autos, que gira en torno a una compleja y dilatada disputa sobre el
preeminente y delicado asunto de qué es lo más conveniente al bienestar
de unos menores, no es prudente revocar el dictamen en cuestión y
devolver
el
pendientes
asunto
por
otro
otra
vez
al
lado
algunos
foro
apelativo,
procedimientos
mientras
en
el
continúan
tribunal
de
instancia.
Más aun, me parece que la sentencia del foro apelativo, incompleta
como es, tiene aun así suficiente contenido y fundamentación, a la luz
de lo planteado en los recursos de apelación que dicho foro tuvo ante
sí, como para permitir que la confirmemos.
Veamos.
Las partes apelantes ante el Tribunal de Circuito tenían en común
dos planteamientos, como bien señala la propia mayoría en su opinión
Per Curiam.
Uno de ellos, tan medular como el otro, tenía que ver con
la limitada participación que le permitió el tribunal a quo a los
apelantes en el procedimiento de instancia sobre la custodia de los
menores
concernidos.
A
dichos
apelantes,
que
el
foro
apelativo
identifica como “los padres afectivos” de los menores, el tribunal de
instancia les permitió testificar en el pleito de custodia, pero les
negó estar presente durante la vista, les negó confrontar los testigos
de la otra parte, y les negó presentar testigos y peritos esenciales en
apoyo
de
su
propio
testimonio.
Los
apelantes
adujeron
que
la
participación tan escasa y limitada que se les había permitido les
impedía presentar su punto de vista adecuadamente, les privaba de su
derecho al debido proceso de ley, e imposibilitaba que el tribunal
pudiese
determinar
bienestar
de
los
correctamente
menores
qué
aludidos.
era
lo
Los
que
más
convenía
al
apelantes
basaron
su
contención, inter alia, en lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley de
Protección
de
Menores,
8
L.P.R.A.
430(g)(bis),
que
dispone
en
“Cualquier persona a quien se le encomiende...
custodia... de un menor, podrá comparecer y presentar
la
su
pertinente que:
lo
posición y alegaciones en cualquier caso en que se ventile
la... custodia... del menor a su cargo.”
Frente a estas cruciales alegaciones de los apelantes, que estaban
corroboradas
por
documentos
que
obran
en
autos,
el
foro
apelativo
determinó lo siguiente:
“Entendemos que la adecuada atención de este importante
y
complejo
asunto
requiere...
que
se
conceda
una
participación más activa a los padres afectivos y miembros de
los hogares de crianza...”.
A base de esta determinación, el foro apelativo dictaminó entonces
que:
“los padres afectivos... tendrán derecho a participar como
parte actora o peticionaria y estarán facultados para
presentar prueba testifical, documental y pericial.”
El foro apelativo, pues, sí consideró y adjudicó uno de los dos
planteamientos medulares que habían presentado los apelantes, aunque lo
hizo de un modo muy escueto y poco esclarecido.
Dicha adjudicación,
aunque en extremo concisa y sin propia fundamentación, es obviamente
correcta, y puede considerarse suficiente para disponer de los recursos
como
lo
hizo
el
Tribunal
de
Circuito.
Es
decir,
a
base
de
ello
solamente podía disponerse de las apelaciones presentadas y ordenarse,
como se hizo, que se celebrara un nuevo procedimiento de custodia en
instancia, en el cual los apelantes pudiesen tener una participación
adecuada.
En resumen, pues, para mí las limitaciones de la sentencia del
foro apelativo en el caso de autos, aunque reales, no son suficientes
para revocarla y ordenar otra intervención más del foro apelativo, que
inevitablemente resultará en demorar la necesaria adjudicación final de
esta
lastimosa
contienda.
Como
la
mayoría
decreta
otro
curso
de
acción, disiento.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO