LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

DEPTO. FAMILIA EN INTERES DE LOS MENORES

1998 TSPR 44

Poder Judicial de Puerto Rico

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DEPTO. FAMILIA EN INTERES DE LOS MENORES

CC-1997-31

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Departamento de la Familia en interés

de los menores: R.P.S., M.P.S.,

C.J.N.S. y G.S.

Ana Delgado, María Teresa González y

José Cátala, etc.

Demandante-Recurridos

Certiorari

TSPR98-44

.V

Michelle Shrivers Otero

Demandada-peticionaria

Número del Caso: CC-97-31

Abogados Parte Peticionaria: Lic. Abimael Hernández Martínez

Clínica de Asistencia Legal

Universidad Interamericana

Abogados Parte Recurrida: Lic. Ana López Prieto

Hon. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lic. Mayra J. Serrano

Procuradora General Auxiliar

Lic. Carlos E. Soltero Rigau

Lic. Roberto A. Rivera Ruiz

Lic. Carlos H. Rodríguez Freire

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia:

Menores, Sala de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Raymond J. Russo Correa

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional I - San Juan

Panel integrado por los Hons.:

Rodríguez de Oronoz, Pres.

Arbona Lago

Gilberto Gierbolini

Fecha: 4/17/1998

Materia: Custodia

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de la Familia

en interés de los menores;

R.P.S., M.P.S., C.J.N.S.

y G.S.

Ana Delgado, María Teresa

González y José Cátala

Cátala - Hogares Sustitutos

Demandante y Recurridos

v.

Michelle Shrivers Otero,

Madre biológica

Demandado y Peticionaria

CC-97-31

Certiorari

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 1998.

En el presente caso se nos solicita que dejemos

sin efecto la sentencia del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, Panel Regional de San Juan, en la que

se ordenó la celebración de un nuevo procedimiento

de custodia, sin que dicho foro pasara juicio sobre

la

corrección

y

validez

del

procedimiento

de

custodia que se estaba impugnando en la apelación

que tenía ante su consideración. Revocamos.

I.

El caso de autos comenzó en el año 1991, cuando

el

Departamento

Departamento

de

de

la

Servicios

Familia

Sociales,

(en

hoy

adelante

Departamento), comenzó un procedimiento, a tenor con la Ley Núm. 75 del

28 de mayo de 1980,8 L.P.R.A. sec. 401 et seq, dirigido a privar a

Michelle Shrivers Otero de la custodia de sus cuatro hijos menores de

edad.

En

Distrito

virtud

ordenó

transferencia

de

de

dicho

procedimiento,

el

la

remoción

de

los

su

custodia

al

Departamento.1

entonces

Tribunal

de

de

hogar

la

menores

su

Los

menores

y

fueron

ubicados temporeramente en hogares de crianza.

En

el

año

1995,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

ordenó

la

restitución de dos de los hijos, R.P.S. y M.P.S. al hogar de su madre

biológica,

luego

de

que

se

estipulara

por

el

Departamento,

el

Procurador de Asuntos de Menores y la representación legal de Shrivers

Otero que ésta se había rehabilitado de la adicción a drogas que en un

principio causó la pérdida de la custodia de sus cuatro hijos menores

de edad.

Sin

embargo,

los

otros

hijos,

C.J.N.S.

y

G.S.,

no

fueron

entregados a su madre biológica, Shrivers Otero, porque los hogares

sustitutos donde residían objetaron la orden del tribunal de instancia

a esos efectos.

Con el propósito de dilucidar lo referente a la

custodia de estos menores, el Tribunal de Primera Instancia celebró

varias vistas evidenciarias en las cuales permitió la intervención de

los

padres

de

crianza

en

dicho

procedimiento

de

restitución

de

custodia. El tribunal a quo escuchó los testimonios de los peritos

presentados por todas las partes- incluso por los hogares sustitutos-,

los

de

las

trabajadoras

sociales

que

trabajaron

en

el

caso

y

los

testimonios de los padres de crianza.

Luego de examinar la extensa evidencia documental, analizar los

resultados de los exámenes psicológicos realizados tanto a los menores

como a su madre biológica y de considerar la prueba desfilada en las

vistas,

el

tribunal

de

instancia

determinó

que

los

menores

podían

reintegrarse a su núcleo familiar biológico, por entender que servía a

1

Sobre la legalidad del procedimiento de remoción de los menores de su hogar que se siguió en el en el presente caso, este

Tribunal se pronunció en El Pueblo de Puerto Rico en interés de los menores R.P.S., M.P.S. y C.J.N.S., Opinión y Sentencia de

22 de julio de 1993,__ D.P.R.__ (1993).

los mejores intereses de los menores dicho curso de acción. Por tal

razón ordenó la entrega de los menores C.J.N.S. y G.S. a Shrivers

Otero; y el cierre y archivo del caso.

Los

hogares

sustitutos,

inconformes

con

la

determinación

del

Tribunal de Primera Instancia, presentaron ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones sendas mociones en auxilio de jurisdicción en las cuales

solicitaron

la

paralización

de

la

orden

del

foro

de

instancia

y

anunciaron que se proponían presentar un recurso al respecto.

Las

mociones

que

fueron

denegadas

por

no

haber

un

recurso

radicado

justificara la intervención del foro apelativo.

Eventualmente,

los

hogares

sustitutos

correspondientes. En síntesis impugnaron

testifical

y

pericial

que

hizo

el

presentaron

los

recursos

la apreciación de la prueba

foro

de

instancia.

También

sostuvieron que el grado de intervención que les reconoció el foro de

instancia no fue el adecuado.

El Tribunal de Circuito ordenó la consolidación de los recursos y

denegó nuevas mociones en auxilio de jurisdicción por tardías ya que en

ambas se solicitaba la suspensión de los efectos de la orden del foro

de instancia, pero la madre biológica en ese momento ya había asumido

la custodia legal y física de los menores.

Asimismo

el Tribunal de

Circuito ordenó la elevación de los autos del caso y le solicitó al

Procurador

General

que

presentara

el

alegato

correspondiente.

Finalmente, el Tribunal de Circuito determinó que el Departamento debía

realizar cada quince días una monitoría del núcleo familiar de Michelle

Shrivers Otero, de forma que se pudiera “evaluar constantemente el

bienestar de los menores”.

Posteriormente, el Procurador General solicitó la transcripción de

los testimonios de los peritos y de los testigos que testificaron en

las vistas evidenciarias celebradas por el foro de instancia ya que su

contenido le era indispensable para poder formular su posición con

relación a los errores señalados por los hogares sustitutos.

Solicitó

además, la designación de peritos para corroborar el informe evaluativo

sometido

por

el

Departamento

ante

el

foro

peticiones hicieron los hogares sustitutos.

apelativo.

Similares

El Tribunal de Circuito

nada dispuso sobre estas solicitudes.

Dentro de este trámite apelativo, el 17 de diciembre de 1996,

comparecieron

ante

apelantes

solicitaron

y

el

Tribunal

que

de

Circuito

mientras

el

los

hogares

recurso

sustitutos

apelativo

era

considerado se les permitiese relacionarse con los menores. Sobre este

aspecto, el Tribunal tampoco se expresó.

Así las cosas, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó una

sentencia resolviendo de la siguiente forma:

Conforme a ello, se expide el auto de certiorari en las causas de

epígrafe y se ordena el traslado del expediente JC 91-56 de

Asuntos de Menores, al Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan, Asuntos de Relaciones de Familia, para que

allí se tramite y adjudique este asunto como un caso de custodia

de

menores

en

los

que

aquí

“apelantes”

actuarán

como

peticionarios. En tal trámite el Tribunal de Primera Instancia

tomará las medidas cautelares pertinentes, resolverá cualquier

asunto interlocutorio que soliciten las partes y tramitará todo

el(sic) asunto respecto a la custodia de los menores.

En el

trámite ordinario y plenario, que ordenamos a estos efectos se

lleve a cabo, los padres afectivos, Ana M. Delgado y los esposos

María Teresa González y José Cátala Cátala, tendrán derecho a

participar como parte actora o peticionaria y estarán facultados

para presentar prueba testifical, documental y pericial.

Igual

derecho tendrá la Sra. Michelle Shrivers Otero y el Departamento

de la Familia.

El Tribunal de Primera Instancia resolverá

finalmente el asunto conforme a derecho, la prueba practicada y

según lo requiera el mejor interés y bienestar de los menores.

Se aclara, que la determinación tomada por el Tribunal Superior,

Sala de Menores- mediante la cual se devolvió la custodia de los

menores a la madre biológica, Sra. Shriver Otero- permanece en

todo vigor y efecto, hasta que otra cosa pueda resolver el

Tribunal de Primera Instancia en el trámite independiente de

custodia, que en forma plenaria se ordena aquí iniciar ante la

Sala de Familia del Tribunal Superior.

Inconforme con esta sentencia la representación legal de Michelle

Shrivers Otero recurre ante nos y sostiene que el foro apelativo erró

al revocar “sub-silentio” la determinación del foro de instancia sin

pasar

juicio

sobre

los

méritos

del

consideración.

II.

recurso

que

tenía

ante

su

El Tribunal de Circuito de Apelaciones se creó con el propósito de

concederle a todos los litigantes un derecho de apelar ante un foro de

jerarquía

superior

todas

las

Tribunal de Primera Instancia.

sentencias

finales

dictadas

por

el

De esta forma la Asamblea Legislativa

concedió a todos los ciudadanos el derecho de apelación en los casos

civiles

y

criminales

“extendiéndose

a

todo

puertorriqueño

afectado

adversamente por una decisión de un tribunal el derecho a que un panel

apelativo de un mínimo de tres jueces revise esa decisión que había

sido tomada por un solo juez.” Véase la Exposición de Motivos de la Ley

de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.2

Como foro apelativo intermedio, el Tribunal de Circuito tiene la

función

principal de revisar las decisiones del foro de instancia para

asegurarse de que las mismas son justas y que encuentran apoyo en la

normativa establecida por este Tribunal.

En ese sentido se ha señalado

que:

The intermediate court is usually viewed as having primaryand perhaps exclusive- responsibility for fulfilling the errorcorrecting and justice-doing purpose. The highest court is viewed

as serving primarily the law development and supervisory purposes,

often referred to as institutional review.

This allocation of

responsibility in a bi-level appellate system is not always

airtight or tidy.

Intermediate courts cannot completely ignore

doctrinal development, and supreme courts are not oblivious to

errors and injustices affecting only the parties. Yet the concept

of differing roles does influence in large measure the decisionmaking atmosphere in the two types of appellate courts. Appellate

Courts, Staff and Process in the Crisis of Volume, 1974, pág.3.

A la luz de estos propósitos, el foro apelativo tiene que revisar

los procedimientos del foro de instancia para determinar si éste aplicó

el

derecho

correctamente

y

si

se

siguieron

los

procedimientos

dispuestos por el ordenamiento procesal:

The appellate courts have two functions: to review individual

cases to assure that substantial justice has been rendered, and to

formulate and develop the law for general application in the legal

system. In a court system having no intermediate appellate level,

both functions are performed by the supreme courts, or a similar

2

La Ley Núm. 21 de 31 de agosto de 1992, derogada por la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993, identificó las siguientes

funciones de un tribunal apelativo: (a) corregir errores del Tribunal sentenciador; (b) servir como agente catalítico en las

revisiones de la doctrina y de la ley; (c) advertir sobre problemas que plantea una ley; (d) destacar situaciones que requieran

reglamentarse por la Asamblea Legislativa; (e) señalar al Tribunal Supremo áreas en que se hace imperativo el cambio; (F)

permitir que el Tribunal Supremo pueda tener mayor desahogo y pueda servir al máximo de agente en su función social de

pautar e interpretar el derecho; (g) ayudar en la congestión de casos al Tribunal Supremo.

court with a different name. In systems having an intermediate

appellate court, these functions are differentiated to an

important degree. The intermediate appellate court has primary

responsibility, subordinate to that of the highest court, for

extending the application of developing law within the doctrinal

framework fashioned by the highest court; the supreme court

exercises a function of selective review to maintain uniformity of

decision among subordinate courts and to reformulate decisional

law in response to changing conditions and social imperatives.

American Bar Association, Standards relating to Appellate Courts,

Commentary, Section 3.00, 1994, págs, 5-6.

Para ello se requiere que el Tribunal de Circuito

considere los

asuntos que se le plantean con rigor jurídico y con gran sentido de

justicia.

Como se ha señalado: “la majestad de ley requiere que el

Panel [del Tribunal de Circuito de Apelaciones] considere siempre el

fondo de las cuestiones litigiosas para restablecer el equilibrio, la

juridicidad y la legalidad. Es un derecho a enderezar lo justo.

Ello

es así porque no se trata de un Tribunal de casación con un fin de

unificación

de

la

jurisprudencia.

Es

un

órgano

instituido

para

administrar justicia a los particulares.

Priva el interés individual

en

el

la

justicia

del

caso

singular

sobre

interés

público

en

la

interpretación exacta de una ley en abstracto. Mediante la apelación de

la parte vencida se reexaminará en toda su amplitud la controversia (in

jure e in facto) por un Panel del Tribunal de Circuito de Apelaciones”.

(Énfasis

Suplido)

Cuevas

Práctica

Apelativa,

Segarra,

Publicaciones

Práctica

Procesal

J.T.S.,

Suplemento

Puertorriqueña,

del

año

1995,

pág.23; Véase además Maldonado Bermúdez v. Maldonado González, Opinión

y Sentencia de 11 de junio de 1996, __ D.P.R.__ (1996).

Respecto

al

alcance

de

su

función,

es

preciso

señalar

que

el

Tribunal de Circuito tiene que determinar si el foro sentenciador basó

su decisión en una interpretación correcta del derecho positivo y si

condujo adecuadamente los procedimientos, de suerte que no se le haya

causado perjuicio a las partes.

sentenciador

Además

debe determinar si el foro

llegó a conclusiones que están apoyadas en la evidencia

presentada en el caso. No debe considerar una controversia que no fue

levantada en el tribunal de instancia a menos que sea necesario para

evitar una injusticia manifiesta. American Bar Association, Standards

Relating to Apellate Court, supra, págs 23-28.

En cumplimiento de las disposiciones de la referida Ley de la

Judicatura

de

Puerto

Rico

de

1994,

y

conforme

con

la

autoridad

constitucional de esta Curia aprobamos en el 1995 el Reglamento del

Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ese Reglamento tiene el propósito

de hacer viable el funcionamiento del foro apelativo, de acuerdo con

los propósitos de la Ley de la Judicatura. En dicho reglamento también

establecimos las normas que deben regir los procedimientos ante dicho

foro.3

Como parte de dichas normas, y en lo pertinente a la controversia

de

autos,

la

Regla

10(A)

del

Reglamento

dispone

que

“el

panel

correspondiente del Tribunal de Circuito de Apelaciones resolverá los

recursos ante su consideración mediante una resolución o sentencia, la

cual incluirá una relación de hechos y una exposición y análisis de los

asuntos planteados”. La regla antes transcrita expone el deber del foro

apelativo

de

resolver,

de

forma

fundamentada-

esto

incluye

una

exposición de los hechos y el derecho aplicable-, los asuntos que se le

plantean

en

los

recursos

que

tenga

ante

su

consideración.

Esta

disposición tiene también el propósito de facilitar la revisión de las

decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones por esta Curia.

Maldonado Bermúdez v. Maldonado González, Opinión y Sentencia de

11 de

junio de 1996, __D.P.R.__ (1996).

Dentro

Apelaciones

de

su

función

apelativa,

el

también

debe

procurar

tener

de

Tribunal

todos

juicio necesarios para emitir una decisión judicial.

de

Circuito

de

los

elementos

de

Así por ejemplo,

debe ordenar una exposición narrativa o estipulada de la prueba, o en

su defecto, ordenar la transcripción total o parcial de la evidencia

desfilada en el foro de instancia cuando la parte apelante ha señalado

algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o

con la apreciación errónea de la prueba por parte del Tribunal de

Instancia. Reglas 19, 20 y 76 del Reglamento del Tribunal de Circuito

de Apelaciones.

supra.

Véase además Maldonado Bermúdez v. Maldonado González,

El Tribunal de Circuito de Apelaciones también puede, en aras

de tener acceso a la información que le permita emitir su decisión,

hacer uso de la facultad que le reconoce la Regla 73 de su Reglamento

de “ordenar que se preparen y sometan alegatos en cualquier caso en que

lo considere necesario".

III.

En el presente caso las controversias ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones en síntesis eran: si el grado de intervención de los

hogares sustitutos en el procedimiento de custodia fue el adecuado

conforme a derecho y si el foro de instancia erró en su apreciación de

la prueba testifical y documental que tuvo ante su consideración.

El

foro apelativo no atendió los asuntos que le fueron planteados, sino

que por el contrario, dejó sin efecto de facto el procedimiento de

custodia llevado a cabo por el Tribunal de Primera Instancia, sin

considerar la corrección y validez del mismo y ordenó la celebración de

otro procedimiento de custodia.

Reconocemos que la controversia que

manejó

de

el

Tribunal

de

Circuito

Apelaciones

involucra

aspectos

emotivos y humanos que trascienden la esfera judicial y que ante ello,

el foro apelativo intentó resolverlo de una forma conciliadora.

No

obstante, al así actuar, el foro apelativo erró pues no examinó en toda

su

amplitud

(in

facto

e

in

jure)

el

recurso

que

tenía

ante

su

consideración.

De una lectura de las apelaciones incoadas ante el Tribunal de

Circuito se desprende que las alegaciones y los errores señalados se

circunscriben

a los aspectos de admisibilidad, suficiencia, veracidad

y apreciación errónea de la prueba pericial, documental y testifical

que desfiló ante el Tribunal de Primera Instancia.

3

Por tal razón,

previo a

la resolución del caso que tenía ante su consideración, el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

debió

ordenar

una

exposición

Para una discusión sobre las funciones de un tribunal apelativo intermedio, véase Voto Particular del Juez Negrón Soto en

narrativa o en su defecto, una transcripción de la evidencia, según lo

requieren

las

reglas

19,

20

y

76

de

su

Reglamento.

Esto

indudablemente le hubiese permitido ponderar y aquilatar la prueba que

desfiló ante el foro a quo para estar en posición de resolver los

asuntos específicos que le fueron planteados.

Era luego de evaluar la

suficiencia de la evidencia presentada en el foro de instancia que le

correspondía dictar la sentencia. La exposición narrativa de la prueba

o una transcripción de la evidencia era necesaria para considerar las

controversias específicas que le fueron planteadas al foro apelativo. A

pesar de que los apelantes y el Procurador General le solicitaron que

ordenara la transcripción o exposición narrativa de

la prueba, nada

dispuso el Tribunal de Circuito a tales efectos.

Por último, resulta pertinente señalar que el Tribunal de Circuito

de Apelaciones erró al ordenar únicamente al Procurador General que

presentara su alegato en el presente caso. Debido a la complejidad y

naturaleza del caso de autos

debió resolver los recursos que tenía

ante sí con el beneficio de las posiciones por escrito de todas las

partes, haciendo uso de la facultad que le concede el inciso (f) de la

Regla

73

de

su

Reglamento

de

”ordenar

que

se

preparen

y

sometan

alegatos en cualquier caso que lo considere necesario”.

A pesar de que Shrivers Otero solicitó intervención en el trámite

apelativo, el Tribunal de Circuito nada dispuso sobre este asunto.

Debió emitir una orden dirigida a Michelle Shrivers Otero para que

presentara el alegato correspondiente, toda vez que era indispensable

conocer su posición pues lo que se cuestionaba ante el foro apelativo

era la sentencia que ordenaba el reintegro de los menores al hogar de

su madre biológica, Shrivers Otero y la sentencia que pudiera dictar el

Tribunal de Circuito en su día sin lugar a dudas iba a incidir sobre

los derechos de ésta.

Finalmente, incidió el Tribunal de Circuito al dejar de considerar

y no disponer sobre las diversas peticiones que le hicieran en varias

Santiago de Valderas v. Beecher, Sentencia de 12 de septiembre de 1995, KLAN 9500708.

ocasiones el Procurador General, los apelantes y la representación

legal de Michelle Shrivers Otero.

El Tribunal de Circuito no las

consideró en el momento en que fueron presentadas, a pesar de la

importancia de las mismas, ni hizo siquiera mención de las mismas en la

sentencia.

considerar

Reiteramos

que

adjudicar

todos

de

deficiencias

y

dicho

los

Tribunal

tiene

la

asuntos

que

sometan

se

obligación

ante

de

su

consideración.

En

vista

las

en

el

procedimiento

apelativo

señaladas anteriormente, nos vemos imposibilitados de considerar el

recurso en sus méritos. En esencia, las contenciones de las partes

están dirigidas a aspectos de suficiencia y apreciación de la prueba y

no contamos con el beneficio de una exposición

estipulada o narrativa

o una transcripción de la evidencia desfilada ante el Tribunal de

Primera

Instancia

que

nos

permita

revisar

la

sentencia

del

foro

apelativo.

A la luz de todo lo antes expuesto, concluimos que el Tribunal de

Circuito de Apelaciones actuó en contravención de las disposiciones de

su propio Reglamento. En consecuencia se revoca la sentencia apelada y

se devuelve el caso al Tribunal de Circuito de Apelaciones para que

dicho foro continúe el procedimiento apelativo a tenor con nuestros

pronunciamientos.

A

apelativo

conceder

deberá

tenor

con

las

a

todas

precitadas

reglas,

las

la

partes

dicho

foro

oportunidad

de

presentar sus posiciones por escrito y ordenar la preparación de una

exposición narrativa de la prueba vertida ante el Tribunal de Primera

Instancia, o en su defecto una transcripción de la evidencia, de manera

que

pueda

apelada

y

señalados

estar

en

posición

determinar

por

la

si

parte

de

revisar

efectivamente

apelante.

Se

adecuadamente

la

sentencia

se

los

errores

cometieron

ordenará

la

paralización

de

cualquier procedimiento que se esté llevando a cabo en el Tribunal de

Instancia referente al caso de epígrafe como resultado de la sentencia

recurrida.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de la Familia

en interés de los menores,

R.P.S., M.P.S., C.J.N.S.

y G.S.

Ana Delgado, María Teresa

González y José Cátala

Cátala –Hogares Sustitutos

Demandante y Recurridos

CC-97-31

Certiorari

v.

Michelle Shrivers Otero,

Madre biológica

Demandado y Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 1998.

Por los fundamentos que anteceden en la Opinión Per

Curiam la cual se hace formar parte de la presente, se

expide el auto de certiorari y se dicta sentencia

revocando la sentencia recurrida.

Se

devuelve

Apelaciones

el

caso

al

Tribunal

de

para

que

dicho

foro

continúe

procedimientos

apelativos

pronunciamientos.

a

tenor

Circuito

con

con

de

los

nuestros

Se ordena la paralización de cualquier

procedimiento que se esté llevando a cabo en el Tribunal

de Primera Instancia referente al caso de epígrafe.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Negrón

García concurre sin opinión escrita.

señor

Fuster

Disidente.

Berlingeri

emitió

El Juez Asociado

Opinión

Concurrente

Y

El Juez Asociado Rebollo López no interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

EN INTERES DE LOS MENORES;

R.P.S., M.P.S., C.J.N.S. Y G.S.,

Y OTROS

Demandantes-Recurridos

CC-97-31

CERTIORARI

vs.

MICHELLE SHRIVERS OTERO,

MADRE BIOLOGICA

Demandada-Peticionaria

Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez Asociado señor

FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 1998.

En lo esencial, estoy de acuerdo con el señalamiento

que hace la mayoría en la opinión Per Curiam en el caso

de autos, de que el Tribunal de Circuito de Apelaciones

no dispuso del recurso que tenía ante sí de una manera

adecuada.

no

se

En la sentencia emitida por el foro apelativo

identifican

con

particularidad

y

precisión

las

controversias que tenía que resolver; ni se adjudican las

cuestiones

jurídicas

Ciertamente,

sentencia

el

emitida

de

modo

contenido

ha

hecho

propiamente

fundamentado.

limitado

e

inusual

de

la

difícil

que

este

Tribunal

considere el recurso que se nos ha presentado, en el cual

se solicita la revisión de la sentencia aludida.

Sin embargo, estimo que por la naturaleza muy particular del caso

de autos, que gira en torno a una compleja y dilatada disputa sobre el

preeminente y delicado asunto de qué es lo más conveniente al bienestar

de unos menores, no es prudente revocar el dictamen en cuestión y

devolver

el

pendientes

asunto

por

otro

otra

vez

al

lado

algunos

foro

apelativo,

procedimientos

mientras

en

el

continúan

tribunal

de

instancia.

Más aun, me parece que la sentencia del foro apelativo, incompleta

como es, tiene aun así suficiente contenido y fundamentación, a la luz

de lo planteado en los recursos de apelación que dicho foro tuvo ante

sí, como para permitir que la confirmemos.

Veamos.

Las partes apelantes ante el Tribunal de Circuito tenían en común

dos planteamientos, como bien señala la propia mayoría en su opinión

Per Curiam.

Uno de ellos, tan medular como el otro, tenía que ver con

la limitada participación que le permitió el tribunal a quo a los

apelantes en el procedimiento de instancia sobre la custodia de los

menores

concernidos.

A

dichos

apelantes,

que

el

foro

apelativo

identifica como “los padres afectivos” de los menores, el tribunal de

instancia les permitió testificar en el pleito de custodia, pero les

negó estar presente durante la vista, les negó confrontar los testigos

de la otra parte, y les negó presentar testigos y peritos esenciales en

apoyo

de

su

propio

testimonio.

Los

apelantes

adujeron

que

la

participación tan escasa y limitada que se les había permitido les

impedía presentar su punto de vista adecuadamente, les privaba de su

derecho al debido proceso de ley, e imposibilitaba que el tribunal

pudiese

determinar

bienestar

de

los

correctamente

menores

qué

aludidos.

era

lo

Los

que

más

convenía

al

apelantes

basaron

su

contención, inter alia, en lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley de

Protección

de

Menores,

8

L.P.R.A.

430(g)(bis),

que

dispone

en

“Cualquier persona a quien se le encomiende...

custodia... de un menor, podrá comparecer y presentar

la

su

pertinente que:

lo

posición y alegaciones en cualquier caso en que se ventile

la... custodia... del menor a su cargo.”

Frente a estas cruciales alegaciones de los apelantes, que estaban

corroboradas

por

documentos

que

obran

en

autos,

el

foro

apelativo

determinó lo siguiente:

“Entendemos que la adecuada atención de este importante

y

complejo

asunto

requiere...

que

se

conceda

una

participación más activa a los padres afectivos y miembros de

los hogares de crianza...”.

A base de esta determinación, el foro apelativo dictaminó entonces

que:

“los padres afectivos... tendrán derecho a participar como

parte actora o peticionaria y estarán facultados para

presentar prueba testifical, documental y pericial.”

El foro apelativo, pues, sí consideró y adjudicó uno de los dos

planteamientos medulares que habían presentado los apelantes, aunque lo

hizo de un modo muy escueto y poco esclarecido.

Dicha adjudicación,

aunque en extremo concisa y sin propia fundamentación, es obviamente

correcta, y puede considerarse suficiente para disponer de los recursos

como

lo

hizo

el

Tribunal

de

Circuito.

Es

decir,

a

base

de

ello

solamente podía disponerse de las apelaciones presentadas y ordenarse,

como se hizo, que se celebrara un nuevo procedimiento de custodia en

instancia, en el cual los apelantes pudiesen tener una participación

adecuada.

En resumen, pues, para mí las limitaciones de la sentencia del

foro apelativo en el caso de autos, aunque reales, no son suficientes

para revocarla y ordenar otra intervención más del foro apelativo, que

inevitablemente resultará en demorar la necesaria adjudicación final de

esta

lastimosa

contienda.

Como

la

mayoría

decreta

otro

curso

de

acción, disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO