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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: CARLOS O RTIZ VELAZQUEZ

1998 TSPR 42

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: CARLOS O RTIZ VELAZQUEZ

MC-1996-24

MC-96-24

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE:

CARLOS M. ORTIZ VELAZQUEZ

Querellado

.V

Conducta

Profesional

TSPR98-42

Número del Caso: MC-96-24

Abogados Parte Querellante:

Hon. Carlos Lugo Fuiol

Procurador General

Lic. Cynthia Iglesias

Procuradora General Auxiliar

Abogados Parte Demandada: Querellado:

Lic. Felipe Benicio Sánchez Rivera

Lic. Fernando Carlo Gorbea

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia:

Juez del Tribunal de Primera Instancia:

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 4/15/1998

Materia:

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está `sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

MC-96-24

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos Ortiz Velázquez

MC-96-24

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 15 de abril de 1998

Los miembros de la profesión legal, individual y

colectivamente, tienen la responsabilidad de velar por

que los distintos procesos legales de la sociedad

incorporen y consagren de manera efectiva y adecuada los

principios de vida democrática y de respeto a la

inviolable dignidad del ser humano.

Para desempeñar

esta responsabilidad la sociedad debe tener a su alcance

todos aquellos servicios profesionales adecuados, de

naturaleza legal, que sean necesarios.

También es

menester que todo abogado, como ciudadano y en su

capacidad profesional, [...], actúe siempre de acuerdo

al ideal expresado en el preámbulo de estos cánones.

(Enfasis

suplido.)

Preámbulo,

Código

de

Etica

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

I

El

Sr.

Julio

profesionales

del

Morales

Lcdo.

Nieves

Carlos

contrató

M.

los

servicios

MC-96-24

3

Ortiz Velázquez para que éste lo representara en la tramitación de un

procedimiento

de

revisión

administrativa

ante

el

antiguo

Tribunal

Superior, Sala de San Juan, en el caso Morales Nieves v. Departamento

de Hacienda, Civil Núm. 87-2452.

En tal procedimiento se solicitaba la revisión de una resolución de

la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, la

cual

resolvía

que

Morales

Nieves

no

tenía

derecho

a

que

una

reclasificación al puesto de Operador de Equipo de Procesar Datos II,

que le concedió el Departamento de Hacienda, efectiva al 1ro. de mayo

de 1983, fuera retroactiva al 1977, año en el cual éste comenzó a

ejercer las tareas y deberes de dicho puesto.

El 11 de septiembre de 1987, el tribunal de instancia emitió una

sentencia a favor del señor Morales Nieves concediéndole el remedio

solicitado.

No

antes

de

presentó

una

recurso

de

revisión interpuesto ya que nunca se le notificó copia del mismo.

El

tribunal

de

notificarse

moción

la

mediante

de

obstante,

el

día

sentencia,

el

Departamento

la

cual

instancia

14

solicitó

acogió

de

la

ese

de

mismo

mes

Hacienda

desestimación

dicha

moción

y

como

del

una

solicitud

reconsideración, y el 18 de septiembre le concedió al recurrente (el

señor Morales Nieves), el cual continuaba bajo la representación del

licenciado Ortiz Velázquez, el plazo de diez (10) días para oponerse a

la desestimación solicitada por el Departamento de Hacienda.

El 6 de

octubre el tribunal emitió una segunda orden, en esta ocasión sólo para

recordarle que debía expresarse en torno a la moción de desestimación.

Sin embargo, nunca se presentó contestación al respecto.

Ante

la

no

comparecencia

del

recurrente,

el

tribunal

de

instancia infirió que su silencio equivalía a admitir, que en efecto,

dejó de notificar copia del recurso de revisión al Departamento de

Hacienda.

Procedió entonces a emitir una Sentencia Enmendada el 28 de

octubre mediante la cual desestimó el caso por carecer de jurisdicción.

Posteriormente,

el

licenciado

Ortiz

Velázquez

presentó

una

renuncia de representación legal respecto al caso del señor Morales

MC-96-24

4

Nieves.

El tribunal, por su parte, calificó dicha renuncia como una

académica porque desde el 28 de octubre se había dictado sentencia

enmendada para desestimar dicho caso por falta de jurisdicción.

De otra parte, el 6 de abril de 1988, el señor Morales Nieves

acudió al tribunal de instancia y presentó pro se una moción al amparo

de

la

Regla

49.2

de

Procedimiento

Civil.

Alegó

que

había

tenido

conocimiento de la sentencia que desestimó su caso en marzo, o sea,

cinco (5) meses después de dictada, cuando fue al Centro Judicial en

busca de información sobre éste y se percató de su archivo.

El 11 de

abril de 1988, el tribunal se expresó en cuanto a la moción y aclaró

que en dos (2) ocasiones separadas se le había ordenado al licenciado

Ortiz

Velázquez

(entonces

abogado

del

señor

Morales

Nieves),

que

contestara las órdenes del tribunal, y éste nunca compareció.

Como

resultado

de

todo

lo

anterior,

el

señor

Morales

Nieves

presentó una queja contra el licenciado Ortiz Velázquez ante la Oficina

del Procurador General.

Alegó, en lo pertinente, que el abogado no

cumplió con el deber de diligenciar de manera responsable y adecuada

las gestiones referentes al caso contra el Departamento de Hacienda, ni

con su deber de mantenerlo informado de los trámites del mismo.

El 23 de agosto de 1988, el señor Morales Nieves presentó una

demanda de daños y perjuicios contra el licenciado Ortiz Velázquez

también en el antiguo Tribunal Superior, Sala de San Juan, sobre los

hechos antes expuestos.

En vista de esto, la Oficina del Procurador se

abstuvo de intervenir en la queja presentada hasta tanto el tribunal

decidiera en cuanto a la acción incoada.1

El 20 de febrero de 1992, el foro de instancia dictó una sentencia

y aprobó una estipulación mediante la cual dispuso lo siguiente: que el

licenciado

Ortiz

Velázquez

acordó

pagarle

al

señor

Morales

Nieves

treinta y cinco mil dólares ($35,000)(por acuerdo entre las partes tal

1

Sobre este particular el Procurador General expresó que es política de

su Oficina no intervenir con la presentación de cargos disciplinarios

en aquellos casos cuyos hechos se encuentran sub judice ante un foro

MC-96-24

5

cuantía

fue

reducida

a

treinta

mil

dólares

($30,000))

sin

aceptar

responsabilidad alguna; que Morales Nieves acordó renunciar a cualquier

acción

administrativa

o

cuasi

judicial

contra

el

licenciado

Ortiz

Nieves por impericia profesional por estos hechos y que los términos de

la transacción tendrían carácter final y firme.

El licenciado Ortiz Velázquez incumplió con los términos acordados

en la transacción.

Así pues, el Procurador General, a instancias del

señor Morales Nieves, reactivó la queja en contra del abogado.

El 25

de junio de 1997, nos rindió un informe mediante el cual señaló que la

conducta

manifestada

por

éste

era

una

censurable

y

ameritaba

ser

sancionada.2

El 18 de julio de 1997, concedimos al licenciado Ortiz Velázquez

un

término

para

disciplinado.

que

aunque

que

mostrara

causa

por

la

cual

no

debía

ser

Este compareció y alegó en lo pertinente, lo siguiente:

omitió

notificar

el

recurso

por

correo

certificado

al

Departamento de Hacienda, sí notificó el mismo por correo regular; que

una vez el Tribunal Superior desestimó la causa de acción en el caso

sobre revisión administrativa, informó de inmediato y por escrito de lo

acontecido al señor Morales Nieves; especificó, sin embargo, que no

tiene

prueba

de

lo

anterior

ya

que

el

expediente

alegadamente

fue

destruido; que ante la posibilidad de haberle afectado algún derecho a

su cliente, optó por transar el caso de daños y perjuicios que fue

incoado en su contra, esto sin la intención de que lo relevara de

responsabilidad

por

su

actuación

en

la

tramitación

del

caso

sobre

revisión judicial y que no ha podido resarcir al señor Morales Nieves

con jurisdicción y competencia, para así no incidir con las decisiones

que en su día dicho foro pueda emitir.

2

El 5 de mayo de 1992, el señor Morales Nieves inició el proceso de

cobro de sentencia, cursando pliego de interrogatorios al licenciado

Ortiz Velázquez sobre descubrimiento de bienes al amparo de las Reglas

28, 34 y 51.4 de Procedimiento Civil.

Al 3 de mayo de 1993, el

licenciado Ortiz Velázquez aún no había sometido sus contestaciones a

los referidos interrogatorios a pesar de las órdenes del tribunal

dictadas al respecto.

De otra parte, a la fecha del Informe del

Procurador, el licenciado Ortiz Velázquez sólo había pagado cinco mil

dólares ($5,000) de la transacción acordada.

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6

el balance adeudado de la estipulación debido a que está pasando por

una situación económica difícil.

II

Los abogados son una parte esencial en el proceso de impartir

justicia.

Como parte de tal proceso tienen la ineludible encomienda de

desempeñar su ministerio con la mayor competencia, responsabilidad e

integridad.

In re Córdova González, P.C. de 9 de marzo de 1994; 135

D.P.R. ___ (1994); 94 JTS 23, pág. 11577.

Deben asegurarse, que sus

actuaciones fomenten “la justa, rápida y económica solución de las

controversias.”

In re Avilés Vega, P.C. de 11 de octubre de 1996; 141

D.P.R.____ (1996); 96 JTS 132, pág. 193.

Es su obligación atender los

intereses de su cliente, desplegando la mayor diligencia y cuidado en

los asuntos que éste le ha encomendado.

4 L.P.R.A. Ap. IX.

v.

Compañía

tienen

la

Canon 18 de Etica Profesional,

Véanse, además: In re Avilés Vega, supra; Acevedo

Telefónica

P.R.,

responsabilidad

de

102

D.P.R.

mantenerlo

787,

791

(1974).

Además,

de

asunto

informado

importante que surja en el desarrollo del caso.

todo

Canon 19 de Etica

Profesional, supra.

In re Maduro Classen, P.C. de 7 de noviembre de

1994;

(1994);

137

D.P.R.___

94

Vázquez, 108 D.P.R. 6, 18 (1978).

las órdenes judiciales.

JTS

136,

pág.

379;

In

re

Cardona

Deben la más estricta observancia a

Canon 9 de Etica Profesional, supra.

Véase,

además: In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11, 13 (1986).

Los abogados que, en el ejercicio de sus funciones, actúan con

desidia,

despreocupación,

inacción,

displicencia,

no

mantienen

al

cliente informado del desarrollo del caso, y permiten que la acción de

éste sea desestimada, por no desplegar toda su habilidad y capacidad en

beneficio de su representado, incurren en una seria violación de ética

profesional, que podría conllevar la suspensión del ejercicio de la

abogacía.

Véanse, In re Pérez Padilla, P.C. de 15 de abril de 1994;

MC-96-24

7

135 D.P.R.____ (1994); 94 JTS 58, pág. 11817 e In re Rosario, 116

D.P.R. 462, 467 (1985).

III

En el presente caso, es evidente, que la actuación del licenciado

Ortiz Velázquez, se caracterizó por ser una de descuido y negligencia

en el cumplimiento de sus obligaciones como abogado, en perjuicio de

los mejores intereses de su cliente.

El

licenciado

Ortiz

Velázquez,

permitió

que,

diligencia, se desestimara la acción de su cliente.

por

su

falta

de

Sin justificación

alguna, desobedeció varias órdenes del tribunal de instancia.

Tampoco

mantuvo informado a su representado de las incidencias de su caso ni de

la

notificación

de

la

desestimación

de

la

acción.

In

re

Pérez

Santiago, P.C. de 1ro. de octubre de 1992; 131 D.P.R.____(1992); 92 JTS

129, pág. 9978.

Por otra parte el licenciado Ortiz Velázquez tampoco ha cumplido

con el acuerdo de indemnización que hizo con su cliente para dar fin al

caso de impericia profesional.

A excepción del pago que realizó en el

1992, éste no ha hecho pagos posteriores que demuestren su buena fe de

cumplir con el compromiso contraído con su cliente y ante el tribunal

de

instancia.

Sobre

este

particular

hay

que

destacar,

que

el

resarcimiento por el abogado a su cliente puede ser un atenuante, pero

no

lo

dispensa

de

Tampoco

precluye

Véanse,

In

re

las

el

violaciones

ejercicio

Verdejo

Roque,

de

P.C.

éticas

en

nuestra

de

18

las

cuales

facultad

de

marzo

incurrió.

disciplinaria.

de

1998;

____

D.P.R.____ (1998); 98 JTS 30, pág. 711, e In re Fernández Paoli, P.C.

de 6 de junio de 1996; 141 D.P.R.____ (1996); 96 JTS 87, pág. 1258.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se dictará sentencia mediante

la cual se suspenderá al Lcdo. Carlos M. Ortiz Velázquez del ejercicio

de la profesión jurídica por el término de seis (6) meses y hasta que

otra

cosa

disponga

este

Tribunal.

El

Alguacil

del

Tribunal

se

MC-96-24

8

incautará inmediatamente de su obra notarial para el trámite de rigor

correspondiente por la Directora de Inspección de Notarías.3

Se dictará la correspondiente sentencia.

3

Cabe mencionar que ésta no es la primera vez que la conducta del

licenciado Ortiz Velázquez ocupa la atención de este Tribunal.

Actualmente tiene una queja pendiente en el Caso Núm. AB-97-43.

MC-96-24

9

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos Ortiz Velázquez

MC-96-24

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se

decreta la suspensión inmediata del Lcdo. Carlos M. Ortiz

Velázquez del ejercicio de la profesión jurídica por el

término de seis (6) meses y hasta que otra cosa disponga este

Tribunal.

El

Alguacil

del

Tribunal

se

incautará

inmediatamente de su obra notarial para el trámite de rigor

correspondiente por la Directora de Inspección de Notarías.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

MC-96-24

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