Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: CARLOS O RTIZ VELAZQUEZ
1998 TSPR 42
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: CARLOS O RTIZ VELAZQUEZ
MC-1996-24
MC-96-24
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE:
CARLOS M. ORTIZ VELAZQUEZ
Querellado
.V
Conducta
Profesional
TSPR98-42
Número del Caso: MC-96-24
Abogados Parte Querellante:
Hon. Carlos Lugo Fuiol
Procurador General
Lic. Cynthia Iglesias
Procuradora General Auxiliar
Abogados Parte Demandada: Querellado:
Lic. Felipe Benicio Sánchez Rivera
Lic. Fernando Carlo Gorbea
Abogados Parte Interventora:
Tribunal de Instancia:
Juez del Tribunal de Primera Instancia:
Tribunal de circuito de Apelaciones:
Juez Ponente:
Fecha: 4/15/1998
Materia:
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Supremo que está `sujeto a los cambios y correciones del
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MC-96-24
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carlos Ortiz Velázquez
MC-96-24
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 15 de abril de 1998
Los miembros de la profesión legal, individual y
colectivamente, tienen la responsabilidad de velar por
que los distintos procesos legales de la sociedad
incorporen y consagren de manera efectiva y adecuada los
principios de vida democrática y de respeto a la
inviolable dignidad del ser humano.
Para desempeñar
esta responsabilidad la sociedad debe tener a su alcance
todos aquellos servicios profesionales adecuados, de
naturaleza legal, que sean necesarios.
También es
menester que todo abogado, como ciudadano y en su
capacidad profesional, [...], actúe siempre de acuerdo
al ideal expresado en el preámbulo de estos cánones.
(Enfasis
suplido.)
Preámbulo,
Código
de
Etica
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
I
El
Sr.
Julio
profesionales
del
Morales
Lcdo.
Nieves
Carlos
contrató
M.
los
servicios
MC-96-24
3
Ortiz Velázquez para que éste lo representara en la tramitación de un
procedimiento
de
revisión
administrativa
ante
el
antiguo
Tribunal
Superior, Sala de San Juan, en el caso Morales Nieves v. Departamento
de Hacienda, Civil Núm. 87-2452.
En tal procedimiento se solicitaba la revisión de una resolución de
la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, la
cual
resolvía
que
Morales
Nieves
no
tenía
derecho
a
que
una
reclasificación al puesto de Operador de Equipo de Procesar Datos II,
que le concedió el Departamento de Hacienda, efectiva al 1ro. de mayo
de 1983, fuera retroactiva al 1977, año en el cual éste comenzó a
ejercer las tareas y deberes de dicho puesto.
El 11 de septiembre de 1987, el tribunal de instancia emitió una
sentencia a favor del señor Morales Nieves concediéndole el remedio
solicitado.
No
antes
de
presentó
una
recurso
de
revisión interpuesto ya que nunca se le notificó copia del mismo.
El
tribunal
de
notificarse
moción
la
mediante
de
obstante,
el
día
sentencia,
el
Departamento
la
cual
instancia
14
solicitó
acogió
de
la
ese
de
mismo
mes
Hacienda
desestimación
dicha
moción
y
como
del
una
solicitud
reconsideración, y el 18 de septiembre le concedió al recurrente (el
señor Morales Nieves), el cual continuaba bajo la representación del
licenciado Ortiz Velázquez, el plazo de diez (10) días para oponerse a
la desestimación solicitada por el Departamento de Hacienda.
El 6 de
octubre el tribunal emitió una segunda orden, en esta ocasión sólo para
recordarle que debía expresarse en torno a la moción de desestimación.
Sin embargo, nunca se presentó contestación al respecto.
Ante
la
no
comparecencia
del
recurrente,
el
tribunal
de
instancia infirió que su silencio equivalía a admitir, que en efecto,
dejó de notificar copia del recurso de revisión al Departamento de
Hacienda.
Procedió entonces a emitir una Sentencia Enmendada el 28 de
octubre mediante la cual desestimó el caso por carecer de jurisdicción.
Posteriormente,
el
licenciado
Ortiz
Velázquez
presentó
una
renuncia de representación legal respecto al caso del señor Morales
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4
Nieves.
El tribunal, por su parte, calificó dicha renuncia como una
académica porque desde el 28 de octubre se había dictado sentencia
enmendada para desestimar dicho caso por falta de jurisdicción.
De otra parte, el 6 de abril de 1988, el señor Morales Nieves
acudió al tribunal de instancia y presentó pro se una moción al amparo
de
la
Regla
49.2
de
Procedimiento
Civil.
Alegó
que
había
tenido
conocimiento de la sentencia que desestimó su caso en marzo, o sea,
cinco (5) meses después de dictada, cuando fue al Centro Judicial en
busca de información sobre éste y se percató de su archivo.
El 11 de
abril de 1988, el tribunal se expresó en cuanto a la moción y aclaró
que en dos (2) ocasiones separadas se le había ordenado al licenciado
Ortiz
Velázquez
(entonces
abogado
del
señor
Morales
Nieves),
que
contestara las órdenes del tribunal, y éste nunca compareció.
Como
resultado
de
todo
lo
anterior,
el
señor
Morales
Nieves
presentó una queja contra el licenciado Ortiz Velázquez ante la Oficina
del Procurador General.
Alegó, en lo pertinente, que el abogado no
cumplió con el deber de diligenciar de manera responsable y adecuada
las gestiones referentes al caso contra el Departamento de Hacienda, ni
con su deber de mantenerlo informado de los trámites del mismo.
El 23 de agosto de 1988, el señor Morales Nieves presentó una
demanda de daños y perjuicios contra el licenciado Ortiz Velázquez
también en el antiguo Tribunal Superior, Sala de San Juan, sobre los
hechos antes expuestos.
En vista de esto, la Oficina del Procurador se
abstuvo de intervenir en la queja presentada hasta tanto el tribunal
decidiera en cuanto a la acción incoada.1
El 20 de febrero de 1992, el foro de instancia dictó una sentencia
y aprobó una estipulación mediante la cual dispuso lo siguiente: que el
licenciado
Ortiz
Velázquez
acordó
pagarle
al
señor
Morales
Nieves
treinta y cinco mil dólares ($35,000)(por acuerdo entre las partes tal
1
Sobre este particular el Procurador General expresó que es política de
su Oficina no intervenir con la presentación de cargos disciplinarios
en aquellos casos cuyos hechos se encuentran sub judice ante un foro
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5
cuantía
fue
reducida
a
treinta
mil
dólares
($30,000))
sin
aceptar
responsabilidad alguna; que Morales Nieves acordó renunciar a cualquier
acción
administrativa
o
cuasi
judicial
contra
el
licenciado
Ortiz
Nieves por impericia profesional por estos hechos y que los términos de
la transacción tendrían carácter final y firme.
El licenciado Ortiz Velázquez incumplió con los términos acordados
en la transacción.
Así pues, el Procurador General, a instancias del
señor Morales Nieves, reactivó la queja en contra del abogado.
El 25
de junio de 1997, nos rindió un informe mediante el cual señaló que la
conducta
manifestada
por
éste
era
una
censurable
y
ameritaba
ser
sancionada.2
El 18 de julio de 1997, concedimos al licenciado Ortiz Velázquez
un
término
para
disciplinado.
que
aunque
que
mostrara
causa
por
la
cual
no
debía
ser
Este compareció y alegó en lo pertinente, lo siguiente:
omitió
notificar
el
recurso
por
correo
certificado
al
Departamento de Hacienda, sí notificó el mismo por correo regular; que
una vez el Tribunal Superior desestimó la causa de acción en el caso
sobre revisión administrativa, informó de inmediato y por escrito de lo
acontecido al señor Morales Nieves; especificó, sin embargo, que no
tiene
prueba
de
lo
anterior
ya
que
el
expediente
alegadamente
fue
destruido; que ante la posibilidad de haberle afectado algún derecho a
su cliente, optó por transar el caso de daños y perjuicios que fue
incoado en su contra, esto sin la intención de que lo relevara de
responsabilidad
por
su
actuación
en
la
tramitación
del
caso
sobre
revisión judicial y que no ha podido resarcir al señor Morales Nieves
con jurisdicción y competencia, para así no incidir con las decisiones
que en su día dicho foro pueda emitir.
2
El 5 de mayo de 1992, el señor Morales Nieves inició el proceso de
cobro de sentencia, cursando pliego de interrogatorios al licenciado
Ortiz Velázquez sobre descubrimiento de bienes al amparo de las Reglas
28, 34 y 51.4 de Procedimiento Civil.
Al 3 de mayo de 1993, el
licenciado Ortiz Velázquez aún no había sometido sus contestaciones a
los referidos interrogatorios a pesar de las órdenes del tribunal
dictadas al respecto.
De otra parte, a la fecha del Informe del
Procurador, el licenciado Ortiz Velázquez sólo había pagado cinco mil
dólares ($5,000) de la transacción acordada.
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el balance adeudado de la estipulación debido a que está pasando por
una situación económica difícil.
II
Los abogados son una parte esencial en el proceso de impartir
justicia.
Como parte de tal proceso tienen la ineludible encomienda de
desempeñar su ministerio con la mayor competencia, responsabilidad e
integridad.
In re Córdova González, P.C. de 9 de marzo de 1994; 135
D.P.R. ___ (1994); 94 JTS 23, pág. 11577.
Deben asegurarse, que sus
actuaciones fomenten “la justa, rápida y económica solución de las
controversias.”
In re Avilés Vega, P.C. de 11 de octubre de 1996; 141
D.P.R.____ (1996); 96 JTS 132, pág. 193.
Es su obligación atender los
intereses de su cliente, desplegando la mayor diligencia y cuidado en
los asuntos que éste le ha encomendado.
4 L.P.R.A. Ap. IX.
v.
Compañía
tienen
la
Canon 18 de Etica Profesional,
Véanse, además: In re Avilés Vega, supra; Acevedo
Telefónica
P.R.,
responsabilidad
de
102
D.P.R.
mantenerlo
787,
791
(1974).
Además,
de
asunto
informado
importante que surja en el desarrollo del caso.
todo
Canon 19 de Etica
Profesional, supra.
In re Maduro Classen, P.C. de 7 de noviembre de
1994;
(1994);
137
D.P.R.___
94
Vázquez, 108 D.P.R. 6, 18 (1978).
las órdenes judiciales.
JTS
136,
pág.
379;
In
re
Cardona
Deben la más estricta observancia a
Canon 9 de Etica Profesional, supra.
Véase,
además: In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11, 13 (1986).
Los abogados que, en el ejercicio de sus funciones, actúan con
desidia,
despreocupación,
inacción,
displicencia,
no
mantienen
al
cliente informado del desarrollo del caso, y permiten que la acción de
éste sea desestimada, por no desplegar toda su habilidad y capacidad en
beneficio de su representado, incurren en una seria violación de ética
profesional, que podría conllevar la suspensión del ejercicio de la
abogacía.
Véanse, In re Pérez Padilla, P.C. de 15 de abril de 1994;
MC-96-24
7
135 D.P.R.____ (1994); 94 JTS 58, pág. 11817 e In re Rosario, 116
D.P.R. 462, 467 (1985).
III
En el presente caso, es evidente, que la actuación del licenciado
Ortiz Velázquez, se caracterizó por ser una de descuido y negligencia
en el cumplimiento de sus obligaciones como abogado, en perjuicio de
los mejores intereses de su cliente.
El
licenciado
Ortiz
Velázquez,
permitió
que,
diligencia, se desestimara la acción de su cliente.
por
su
falta
de
Sin justificación
alguna, desobedeció varias órdenes del tribunal de instancia.
Tampoco
mantuvo informado a su representado de las incidencias de su caso ni de
la
notificación
de
la
desestimación
de
la
acción.
In
re
Pérez
Santiago, P.C. de 1ro. de octubre de 1992; 131 D.P.R.____(1992); 92 JTS
129, pág. 9978.
Por otra parte el licenciado Ortiz Velázquez tampoco ha cumplido
con el acuerdo de indemnización que hizo con su cliente para dar fin al
caso de impericia profesional.
A excepción del pago que realizó en el
1992, éste no ha hecho pagos posteriores que demuestren su buena fe de
cumplir con el compromiso contraído con su cliente y ante el tribunal
de
instancia.
Sobre
este
particular
hay
que
destacar,
que
el
resarcimiento por el abogado a su cliente puede ser un atenuante, pero
no
lo
dispensa
de
Tampoco
precluye
Véanse,
In
re
las
el
violaciones
ejercicio
Verdejo
Roque,
de
P.C.
éticas
en
nuestra
de
18
las
cuales
facultad
de
marzo
incurrió.
disciplinaria.
de
1998;
____
D.P.R.____ (1998); 98 JTS 30, pág. 711, e In re Fernández Paoli, P.C.
de 6 de junio de 1996; 141 D.P.R.____ (1996); 96 JTS 87, pág. 1258.
IV
Por los fundamentos que anteceden, se dictará sentencia mediante
la cual se suspenderá al Lcdo. Carlos M. Ortiz Velázquez del ejercicio
de la profesión jurídica por el término de seis (6) meses y hasta que
otra
cosa
disponga
este
Tribunal.
El
Alguacil
del
Tribunal
se
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8
incautará inmediatamente de su obra notarial para el trámite de rigor
correspondiente por la Directora de Inspección de Notarías.3
Se dictará la correspondiente sentencia.
3
Cabe mencionar que ésta no es la primera vez que la conducta del
licenciado Ortiz Velázquez ocupa la atención de este Tribunal.
Actualmente tiene una queja pendiente en el Caso Núm. AB-97-43.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carlos Ortiz Velázquez
MC-96-24
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 1998
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se
decreta la suspensión inmediata del Lcdo. Carlos M. Ortiz
Velázquez del ejercicio de la profesión jurídica por el
término de seis (6) meses y hasta que otra cosa disponga este
Tribunal.
El
Alguacil
del
Tribunal
se
incautará
inmediatamente de su obra notarial para el trámite de rigor
correspondiente por la Directora de Inspección de Notarías.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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