Tribunal Supremo de Puerto Rico
VEGA V. ALICEA
1998 TSPR 37
Poder Judicial de Puerto Rico
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VEGA V. ALICEA
CC-1997-146
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
CHARLES E. VEGA MALDONADO
Peticionario
Certiorari
.V
TSPR98-37
CARMEN L. ALICEA HUACUZ
Recurrida
Número del Caso: CC-97-0146
Abogados Parte Demandante:
Lic. Luz de Borinquen Dávila
(Dáavila & Pagán)
Abogados Parte Demandada:
Lic. Lourdes Santiago Ortiz
Abogados Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Bayamón
Juez del Tribunal de Primera Instancia:
Hon. Georgina Dávila Altieri
Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional de
Bayamón, Panel !
Juez Ponente:
Hon. Broco Oliveras
Fecha: 4/2/1998
Materia:
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Charles E. Vega Maldonado
Demandante-recurrente
v.
CC-97-146
Certiorari
Carmen L. Alicea Huacuz
Demandada-recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón
García
San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 1998
Las Reglas de Procedimiento Civil -cuyo objetivo es dilucidar
rápida, económica y justicieramente toda causa- se desenvuelven
en un orden lógico, natural y armonioso entre sí. Este orden se
revela en las distintas etapas y variados incidentes de un
litigio –alegaciones, mociones, descubrimiento, vista
evidenciaria, sentencia, reconsideración, apelación- y sus
efectos escalonados. Cada etapa se sirve de la anterior y
proyecta para la próxima. Si se trastoca una de esas etapas por
el mal uso o abuso de una regla, se desestabiliza todo su
ensamblaje. Una de las características principales de las reglas
es que se basan en una hipótesis de generalidad; son para
atender asuntos usuales, no de excepción. Aún así, las reglas
reconocen que dentro del proceso hay situaciones no visualizadas
que justifican un proceder distinto para evitar injusticias.
I
Charles E. Vega Maldonado y Carmen L. Alicea Huacuz, se
divorciaron por consentimiento mutuo el 14 de octubre de 1992 en
el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Estipularon
una pensión alimentaria de $125.00 mensuales a favor del hijo
menor.
El 29 de marzo de 1994, Alicea Huacuz pidió aumento en la
pensión. La ilustrada Sala (Hon. Georgina Dávila Altieri), la
denegó de plano mediante Resolución notificada el 17 de mayo. El
3 de junio –diecisiete (17) días después de esa notificaciónAlicea Huacuz solicitó reconsidera-ción. Acogida dicha moción el
8 de junio, el 11 de febrero de 1995, previa vista evidenciaría,
el Tribunal aumentó la pensión a $500.00, retroactivo a la
solicitud del 29 de marzo de 1994.
El 6 de julio de 1995, Vega Maldonado pidió relevo bajo la Regla
49.2 de Procedimiento Civil. Adujo que el Tribunal carecía de
jurisdicción pues no podía acoger la reconsideración
transcurridos los quince (15) días
improrrogables dispuestos en la Regla 47. En oposición, Alicea
Huacuz argumentó que la presentó en tiempo pues dicho término
quedó prorrogado en virtud de los tres (3) días que concede la
Regla 68.3 cuando la notificación es por correo. El Tribunal
declaró sin lugar el relevo. Al solicitar reconsideración, Vega
Maldonado sostuvo que la Regla 68.3 era inaplicable por disponer
la Regla 47 un término jurisdiccional. Instancia reiteró su
criterio y aclaró que su negativa original fue por Orden
Interlocutoria y, como "no era una sentencia final no corrió
contra ella el término que establece la Regla 47 de las de
Procedimiento Civil,..." Sostuvo además que los alimentos de
menores estaban revestidos de un alto interés público, "...que
envuelve la revisión según cambien las circunstancias del
alimentante y alimentista. Por estas razones, concluimos que el
término es directivo y el Tribunal conservó la jurisdicción para
entender en la solicitud." (Resolución del 20 de agosto de
1996).
Vega Maldonado acudió en certiorari al Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Dicho foro (Hons. Sánchez Martínez, Broco Oliveras
y Urgell Cuebas), se negó a expe-dir por entender que Instancia
había actuado correctamente y tenía discreción para reconsiderar
pasados los quince (15) días, por lo que el término no era
jurisdiccional.
Ante nos, Vega Maldonado reproduce los mismos planteamientos.
II
Al término jurisdiccional de quince (15) días de la Regla 47, no
le aplica la extensión de tres (3) días de la Regla 68.3.
La Regla 47 en lo pertinente dispone que "[l]a parte
adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de
quince (15) días desde la fecha de la notificación de la
resolución u orden o desde la fecha del archivo en los autos de
una copia de la notificación de la sentencia, presentar una
moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia."
El término de la Regla 47 en una sentencia es fatal. Barletta v.
Tribunal Superior, 100 D.P.R. 690 (1972); Sociedad de
Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979). Sin embargo, se ha
quedado en el tintero si igual solución rige en cuanto a las
resoluciones y órdenes. Una teoría,
acogida por el reputado Tribunal de Circuito de Apelaciones, es
que es directivo pues las órdenes y resoluciones interlocutorias
carecen de finalidad y, por ende, contra ellas no corren
términos jurisdiccionales. Bajo la misma, el Tribunal conserva
facultad de corregirlas antes de que termine el pleito. O sea,
por ser interlocutorias, se les niega inmediatez y finalidad.
La dificultad de este enfoque es que esos dictámenes, salvo
reconsideración oportuna o que en alzada se dejen sin efecto,
ponen fin a incidentes dentro del proceso litigioso escalonado.
Negarle finalidad es simplemente poner en entredicho ante
abogados y partes, la certeza, seriedad y autoridad que debe
caracterizar nuestro sistema procesal-adjudicativo en todas sus
etapas críticas antes de que se dicte sentencia, e incluso,
luego de ser dictada.
La lectura de la Regla 47 transcrita revela una sola diferencia,
a saber, el comienzo de los quince (15) días. Para las órdenes y
resoluciones desde su notificación; las sentencias desde el
archivo en autos de copia de su notificación. Ello no es
suficiente para establecer que uno es jurisdiccional y el otro
directivo. Por otro lado, al examinar las reglas en conjunto,
observamos que el tratamiento visualizado es jurisdiccional. Al
respecto, la Regla 68.2 prohíbe prorrogar o reducir dicho
término. Cuevas Segarra, J., Procedimiento Civil, P.P.P. Vol.
II, 1988, págs. 445-447. Esta prohibición no hace distinciones;
se extiende a todos los términos de la Regla 47. Adviértase el
uso del lenguaje en forma singular y, repetimos, que no
distingue entre sentencias, resoluciones u órdenes. Otra
interpretación afectaría no sólo la Regla 47, sino el crucial
término que corre simultáneamente con la reconsideración, como
lo es el período para acudir en certiorari al Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Precisamente por la naturaleza
interlocutoria de estas órdenes, debe evitarse toda demora.
Tampoco las reglas contemplan que se extiendan los tres (3) días
de la Regla 68.3 a los términos señalados en la Regla 68.2, que
según hemos visto, incluye la Regla 47. Cuevas Segarra, ob.
cit., pág. 447. El propósito de la Regla 68.3 es añadirle tres
(3) días a los términos prescritos por las reglas cuando la
notificación es por correo, teniendo el efecto de prorrogarlo.
Sin embargo, los términos jurisdiccionales nunca pueden ser
ampliados aunque sean notificados por correo. Gobernador de P.R
v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988).
Bajo el actual organigrama, expirado el término jurisdiccional
de la Regla 47, la parte afectada puede intentar revisar y dejar
sin efecto el dictamen en cuestión a través del certiorari ante
el Tribunal de Circuito de Apelaciones. También en ciertas
circunstancias, tiene a su haber el remedio de la Regla 49.2,
sobre relevo de senten-cia, resoluciones y órdenes.
En conclusión, bajo la Regla 47, el término de quince (15) días
jurisdiccional aplica a sentencias, resoluciones y órdenes.
III
Lo expuesto no dispone del recurso. Se recordará que
originalmente el Tribunal de Instancia rechazó de plano la
solicitud de aumento de pensión alimentaria, porque no habían
transcurrido los tres (3) años dispuestos en la Ley de Sustento
de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 518. En su solicitud de aumento,
Alicea Huacuz expuso vagamente cambios en la vida del menor y su
padre que podrían justificar un aumento de la pensión. Dicha
moción, rechazada por el tribunal, no ponía a este en posición
apta para resolverla. Es luego, al Alicea Huacuz presentar su
reconsideración tardíamente, que en forma clara y detallada
expuso las razones por las cuales debía aumentar, pero el
tribunal no podía acogerla como tal por carecer de jurisdicción.
Sin embargo, nada le impedía, conforme Pagán Navedo v. Rivera
Sierra, res. en 30 de mayo de 1997 y Barreto v. Sherris
Caribbean, Inc., 92 D.P.R. 859 (1965), examinarla como una
moción bajo la Regla 49.2(6).
Como hemos expresado anteriormente, "[u]na interpreta-ción
liberal de la regla 49.2 permite considerar una moción de
reconsideración como una de relevo de sentencia, aún después de
haber transcurrido el término para considerar la reconsideración
o aún después de haber advenido final y firme la sentencia,
cuando dicha moción cumple con los requisitos establecidos en
dicha regla." Pagán Navedo v. Rivera Sierra, supra. Este último
trámite es cónsono con nuestra jurisprudencia y no existe razón
o fundamento de peso para intervenir y alterar la decisión de
aumentar la pensión retroactivamente. Toda revisión se da contra
el dictamen y no sus fundamentos. La conclusión errónea de
Instancia de que tenía discreción para aumentar la pensión pues
se había extendido el término de la Regla 47 en virtud de los
tres (3) días de la Regla 68.3, no varía el resultado. El efecto
de convocar una vista evidenciaría luego de presentada la
reconsideración (fuera de término), no fue otro que bajo la
Regla 49.2, relevar a las partes de su resolución original
denegando el aumento. Estamos ante un incidente de alimentos,
después de una sentencia final y firme de divorcio. El relevo no
es encuanto a la disolución del matrimonio, sino sobre una
negativa a entender en una solicitud de alimentos un (1) año y
cinco (5) meses después. No existe pues, impedimento alguno para
activar la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El ámbito de la
Regla 49.2(6) y su interpretación liberal es suficientemente
amplio. Pagán Navedo v. Rivera Sierra, supra, Negrón Rivera y
Bonilla, Ex-parte, 120 D.P.R. 61 (1987). A fin de cuentas, a
estas alturas no se cuestiona que los dictámenes sobre alimentos
de menores están revestidos del más alto interés público,
susceptibles de ser revisados, sin que pueda oponerse la defensa
de cosa juzgada.
Se dictará Sentencia confirmatoria.
ANTONIO S. NEGRON GARCIA
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Charles E. Vega Maldonado
Demandante-recurrente
v.
CC-97-146
Certiorari
Carmen L. Alicea Huacuz
Demandada-recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 1998
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la
cual se hace formar parte integrante de la presente, se dicta
Sentencia y se confirma la Resolución del Tribunal de Circuito
de Apelaciones de fecha 14 de febrero de 1997.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón y el
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurren en el resultado
sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López no
interviene.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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