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Tribunal Supremo de Puerto Rico

VEGA V. ALICEA

1998 TSPR 37

Poder Judicial de Puerto Rico

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VEGA V. ALICEA

CC-1997-146

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

CHARLES E. VEGA MALDONADO

Peticionario

Certiorari

.V

TSPR98-37

CARMEN L. ALICEA HUACUZ

Recurrida

Número del Caso: CC-97-0146

Abogados Parte Demandante:

Lic. Luz de Borinquen Dávila

(Dáavila & Pagán)

Abogados Parte Demandada:

Lic. Lourdes Santiago Ortiz

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Bayamón

Juez del Tribunal de Primera Instancia:

Hon. Georgina Dávila Altieri

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional de

Bayamón, Panel !

Juez Ponente:

Hon. Broco Oliveras

Fecha: 4/2/1998

Materia:

Este documento constituye un documento

oficial del Tribunal Supremo que está sujeto

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electrónica se hace como un servicio público

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Charles E. Vega Maldonado

Demandante-recurrente

v.

CC-97-146

Certiorari

Carmen L. Alicea Huacuz

Demandada-recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón

García

San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 1998

Las Reglas de Procedimiento Civil -cuyo objetivo es dilucidar

rápida, económica y justicieramente toda causa- se desenvuelven

en un orden lógico, natural y armonioso entre sí. Este orden se

revela en las distintas etapas y variados incidentes de un

litigio –alegaciones, mociones, descubrimiento, vista

evidenciaria, sentencia, reconsideración, apelación- y sus

efectos escalonados. Cada etapa se sirve de la anterior y

proyecta para la próxima. Si se trastoca una de esas etapas por

el mal uso o abuso de una regla, se desestabiliza todo su

ensamblaje. Una de las características principales de las reglas

es que se basan en una hipótesis de generalidad; son para

atender asuntos usuales, no de excepción. Aún así, las reglas

reconocen que dentro del proceso hay situaciones no visualizadas

que justifican un proceder distinto para evitar injusticias.

I

Charles E. Vega Maldonado y Carmen L. Alicea Huacuz, se

divorciaron por consentimiento mutuo el 14 de octubre de 1992 en

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Estipularon

una pensión alimentaria de $125.00 mensuales a favor del hijo

menor.

El 29 de marzo de 1994, Alicea Huacuz pidió aumento en la

pensión. La ilustrada Sala (Hon. Georgina Dávila Altieri), la

denegó de plano mediante Resolución notificada el 17 de mayo. El

3 de junio –diecisiete (17) días después de esa notificaciónAlicea Huacuz solicitó reconsidera-ción. Acogida dicha moción el

8 de junio, el 11 de febrero de 1995, previa vista evidenciaría,

el Tribunal aumentó la pensión a $500.00, retroactivo a la

solicitud del 29 de marzo de 1994.

El 6 de julio de 1995, Vega Maldonado pidió relevo bajo la Regla

49.2 de Procedimiento Civil. Adujo que el Tribunal carecía de

jurisdicción pues no podía acoger la reconsideración

transcurridos los quince (15) días

improrrogables dispuestos en la Regla 47. En oposición, Alicea

Huacuz argumentó que la presentó en tiempo pues dicho término

quedó prorrogado en virtud de los tres (3) días que concede la

Regla 68.3 cuando la notificación es por correo. El Tribunal

declaró sin lugar el relevo. Al solicitar reconsideración, Vega

Maldonado sostuvo que la Regla 68.3 era inaplicable por disponer

la Regla 47 un término jurisdiccional. Instancia reiteró su

criterio y aclaró que su negativa original fue por Orden

Interlocutoria y, como "no era una sentencia final no corrió

contra ella el término que establece la Regla 47 de las de

Procedimiento Civil,..." Sostuvo además que los alimentos de

menores estaban revestidos de un alto interés público, "...que

envuelve la revisión según cambien las circunstancias del

alimentante y alimentista. Por estas razones, concluimos que el

término es directivo y el Tribunal conservó la jurisdicción para

entender en la solicitud." (Resolución del 20 de agosto de

1996).

Vega Maldonado acudió en certiorari al Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Dicho foro (Hons. Sánchez Martínez, Broco Oliveras

y Urgell Cuebas), se negó a expe-dir por entender que Instancia

había actuado correctamente y tenía discreción para reconsiderar

pasados los quince (15) días, por lo que el término no era

jurisdiccional.

Ante nos, Vega Maldonado reproduce los mismos planteamientos.

II

Al término jurisdiccional de quince (15) días de la Regla 47, no

le aplica la extensión de tres (3) días de la Regla 68.3.

La Regla 47 en lo pertinente dispone que "[l]a parte

adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de

quince (15) días desde la fecha de la notificación de la

resolución u orden o desde la fecha del archivo en los autos de

una copia de la notificación de la sentencia, presentar una

moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia."

El término de la Regla 47 en una sentencia es fatal. Barletta v.

Tribunal Superior, 100 D.P.R. 690 (1972); Sociedad de

Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979). Sin embargo, se ha

quedado en el tintero si igual solución rige en cuanto a las

resoluciones y órdenes. Una teoría,

acogida por el reputado Tribunal de Circuito de Apelaciones, es

que es directivo pues las órdenes y resoluciones interlocutorias

carecen de finalidad y, por ende, contra ellas no corren

términos jurisdiccionales. Bajo la misma, el Tribunal conserva

facultad de corregirlas antes de que termine el pleito. O sea,

por ser interlocutorias, se les niega inmediatez y finalidad.

La dificultad de este enfoque es que esos dictámenes, salvo

reconsideración oportuna o que en alzada se dejen sin efecto,

ponen fin a incidentes dentro del proceso litigioso escalonado.

Negarle finalidad es simplemente poner en entredicho ante

abogados y partes, la certeza, seriedad y autoridad que debe

caracterizar nuestro sistema procesal-adjudicativo en todas sus

etapas críticas antes de que se dicte sentencia, e incluso,

luego de ser dictada.

La lectura de la Regla 47 transcrita revela una sola diferencia,

a saber, el comienzo de los quince (15) días. Para las órdenes y

resoluciones desde su notificación; las sentencias desde el

archivo en autos de copia de su notificación. Ello no es

suficiente para establecer que uno es jurisdiccional y el otro

directivo. Por otro lado, al examinar las reglas en conjunto,

observamos que el tratamiento visualizado es jurisdiccional. Al

respecto, la Regla 68.2 prohíbe prorrogar o reducir dicho

término. Cuevas Segarra, J., Procedimiento Civil, P.P.P. Vol.

II, 1988, págs. 445-447. Esta prohibición no hace distinciones;

se extiende a todos los términos de la Regla 47. Adviértase el

uso del lenguaje en forma singular y, repetimos, que no

distingue entre sentencias, resoluciones u órdenes. Otra

interpretación afectaría no sólo la Regla 47, sino el crucial

término que corre simultáneamente con la reconsideración, como

lo es el período para acudir en certiorari al Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Precisamente por la naturaleza

interlocutoria de estas órdenes, debe evitarse toda demora.

Tampoco las reglas contemplan que se extiendan los tres (3) días

de la Regla 68.3 a los términos señalados en la Regla 68.2, que

según hemos visto, incluye la Regla 47. Cuevas Segarra, ob.

cit., pág. 447. El propósito de la Regla 68.3 es añadirle tres

(3) días a los términos prescritos por las reglas cuando la

notificación es por correo, teniendo el efecto de prorrogarlo.

Sin embargo, los términos jurisdiccionales nunca pueden ser

ampliados aunque sean notificados por correo. Gobernador de P.R

v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988).

Bajo el actual organigrama, expirado el término jurisdiccional

de la Regla 47, la parte afectada puede intentar revisar y dejar

sin efecto el dictamen en cuestión a través del certiorari ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones. También en ciertas

circunstancias, tiene a su haber el remedio de la Regla 49.2,

sobre relevo de senten-cia, resoluciones y órdenes.

En conclusión, bajo la Regla 47, el término de quince (15) días

jurisdiccional aplica a sentencias, resoluciones y órdenes.

III

Lo expuesto no dispone del recurso. Se recordará que

originalmente el Tribunal de Instancia rechazó de plano la

solicitud de aumento de pensión alimentaria, porque no habían

transcurrido los tres (3) años dispuestos en la Ley de Sustento

de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 518. En su solicitud de aumento,

Alicea Huacuz expuso vagamente cambios en la vida del menor y su

padre que podrían justificar un aumento de la pensión. Dicha

moción, rechazada por el tribunal, no ponía a este en posición

apta para resolverla. Es luego, al Alicea Huacuz presentar su

reconsideración tardíamente, que en forma clara y detallada

expuso las razones por las cuales debía aumentar, pero el

tribunal no podía acogerla como tal por carecer de jurisdicción.

Sin embargo, nada le impedía, conforme Pagán Navedo v. Rivera

Sierra, res. en 30 de mayo de 1997 y Barreto v. Sherris

Caribbean, Inc., 92 D.P.R. 859 (1965), examinarla como una

moción bajo la Regla 49.2(6).

Como hemos expresado anteriormente, "[u]na interpreta-ción

liberal de la regla 49.2 permite considerar una moción de

reconsideración como una de relevo de sentencia, aún después de

haber transcurrido el término para considerar la reconsideración

o aún después de haber advenido final y firme la sentencia,

cuando dicha moción cumple con los requisitos establecidos en

dicha regla." Pagán Navedo v. Rivera Sierra, supra. Este último

trámite es cónsono con nuestra jurisprudencia y no existe razón

o fundamento de peso para intervenir y alterar la decisión de

aumentar la pensión retroactivamente. Toda revisión se da contra

el dictamen y no sus fundamentos. La conclusión errónea de

Instancia de que tenía discreción para aumentar la pensión pues

se había extendido el término de la Regla 47 en virtud de los

tres (3) días de la Regla 68.3, no varía el resultado. El efecto

de convocar una vista evidenciaría luego de presentada la

reconsideración (fuera de término), no fue otro que bajo la

Regla 49.2, relevar a las partes de su resolución original

denegando el aumento. Estamos ante un incidente de alimentos,

después de una sentencia final y firme de divorcio. El relevo no

es encuanto a la disolución del matrimonio, sino sobre una

negativa a entender en una solicitud de alimentos un (1) año y

cinco (5) meses después. No existe pues, impedimento alguno para

activar la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El ámbito de la

Regla 49.2(6) y su interpretación liberal es suficientemente

amplio. Pagán Navedo v. Rivera Sierra, supra, Negrón Rivera y

Bonilla, Ex-parte, 120 D.P.R. 61 (1987). A fin de cuentas, a

estas alturas no se cuestiona que los dictámenes sobre alimentos

de menores están revestidos del más alto interés público,

susceptibles de ser revisados, sin que pueda oponerse la defensa

de cosa juzgada.

Se dictará Sentencia confirmatoria.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Charles E. Vega Maldonado

Demandante-recurrente

v.

CC-97-146

Certiorari

Carmen L. Alicea Huacuz

Demandada-recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la

cual se hace formar parte integrante de la presente, se dicta

Sentencia y se confirma la Resolución del Tribunal de Circuito

de Apelaciones de fecha 14 de febrero de 1997.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón y el

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurren en el resultado

sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López no

interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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