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Tribunal Supremo de Puerto Rico

COM. SEGUROS V. ANTILLES INSURANCE

1998 TSPR 39

Poder Judicial de Puerto Rico

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COM. SEGUROS V. ANTILLES INSURANCE

CC-1996-480

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

COMISIONADO DE SEGUROS DE P.R.

Demandante-recurrido

Certiorari

.V

TSPR98-39

ANTILLES INSURANCE CO.

Demandada-peticionaria

Número del Caso: CC-98-480

Abogados Parte Peticionaria: Lic. Ramón A. Cancio

Lic. Carlos R. Ríos Gautier

(Bufete Carlos R. Ríos Gautier)

Abogados Parte Recurrida: Hon. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lic. Carmen Martínez Ortiz

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Oficina del Comisionado de Seguros: Lic. Ruth Martínez

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Angel G. Hermida

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional de San Juan

Juez Ponente: Hon. Aponte Jiménez

Fecha: 4/2/1998

Materia: Viol. al Art. 27.162 del Código de Seguros de P.R.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Comisionado de Seguros

de Puerto Rico

Demandante-Recurrido

v.

CC-96-480

Certiorari

Antilles Insurance Company

Demandado-Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente, señor Andréu García

San Juan, Puerto Rico a 2 de abril de 1998

Recientemente

interpretamos

el

alcance

del

artículo

27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A.

2716

(b),

resolviendo

que

el

término

de

90

días

dispuesto por el mismo para "la investigación, ajuste y

resolución" de reclamaciones comienza a contar desde la

presentación original de la reclamación por parte de un

asegurado.

Comisionado de Seguros de Puerto Rico v.

General Accident Insurance Co., 93 JTS 10, del 28 de

enero de 1993.

el

alcance

de

En esta ocasión nos corresponde resolver

la

frase

"investigación,

ajuste

resolución", según es usada en ese mismo artículo.

I

y

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

El 5 de julio de 1994, la parte peticionaria, Antilles

Insurance Company (Antilles), recibió dos reclamaciones de

la asegurada G. P. Industries, por hechos ocurridos el 10 y

15 de junio de 1994, las cuales estaban relacionadas con

daños a un vehículo de su propiedad asegurado por Antilles.

(Reclamaciones núms. 928-94 y 929-94).

Tras realizar las

investigaciones correspondientes, el 21 de julio de 1994

(16

días

después

de

presentadas

las

reclamaciones),

Antilles le remitió a G. P. Industries "una Carta de Pago y

Subrogación" por las cantidades de $156.28 y $189.84, como

ajuste de cada una de las reclamaciones.

En esa misma

fecha también le envió una "Carta de Pago y/o Relevo" para

cada

reclamación,

pronto

fueran

informándole

firmadas

y

a

la

asegurada

devueltas

a

su

que

tan

oficina

le

remitiría los pagos correspondientes a los ajustes.

Pasado

casi un mes y medio desde su primera comunicación y sin

haber recibido ninguna de las Cartas de Pago y/o Relevo, el

8

de

septiembre

Industries

otra

devolviera

las

de

1994

carta

"Cartas

Antilles

le

G.

P.

que

firmara

y

Relevo"

para

así

requiriéndole

de

Pago

y/o

envió

a

proceder con el pago de las reclamaciones.

El 10 de octubre de 1994, habiendo ya expirado los 90

días que dispone el artículo 27.162 para la resolución de

reclamaciones sin que G. P. Industries le hubiera devuelto

las cartas enviadas,

Antilles solicitó al Comisionado de

CC-96-480

Seguros

¡Error!Marcador no definido.

que

le

concediera

una

prórroga

para

la

"investigación, ajuste y resolución" de cada una de las

reclamaciones en cuestión.

Los días 21 y 29 de octubre de

1994,

Seguros

el

Comisionado

de

emitió

órdenes1

dos

mediante las cuales le concedió a Antilles veinte (20) días

para resolver las reclamaciones pendientes y le impuso dos

multas administrativas de $400.00 cada una por no haber

resuelto las reclamaciones de G.P. Industries dentro del

término ordenado por el Código de Seguros.

Finalmente, el

9 de noviembre de 1994 y el 29 de marzo de 1995, G. P.

Industries

devolvió

las

cartas

correspondientes

a

las

reclamaciones números 929-94 y 928-94, respectivamente.

Al

día siguiente de recibir cada una de ellas,

Antilles

expidió los cheques en pago de las reclamaciones.

Ante

el

Comisionado

reconsideración

de

las

de

Seguros

sanciones

Antilles

impuestas

y

administrativa que se celebró posteriormente.

solicitó

una

vista

El 22 de

abril de 1995 el Comisionado de Seguros emitió resoluciones

en los casos C-94-496 y C-94-517 en las que ratificó las

multas impuestas.

reconsideración,

mediante

Presentada oportunamente una moción de

la

resolución

misma

fue

dictada

el

declarada

16

de

"No

Ha

Lugar"

julio

de

1995.

Inconforme, Antilles interpuso recurso de revisión ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,

1.

Se siguieron procedimientos separados para cada

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

el cual denegó la expedición del auto solicitado.

De tal

denegatoria recurrió Antilles ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones, cuyo foro dictó una sentencia revocando el

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

De

la

misma

solicitó

Seguros,

la

cual

sentencia

del

10

reconsideración

fue

acogida

por

de

octubre

de

el

Comisionado

de

el

Tribunal

en

su

confirmando

la

1996,

sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Antilles recurrió ante este Tribunal planteando la

comisión de los siguientes errores:

"(1) El Tribunal de Circuito de Apelaciones erró

al aplicar a la peticionaria una regla sobre la

investigación,

ajuste

y

resolución

de

la

reclamación de su asegurada que no se desprende

con claridad de lo dispuesto en el Artículo

27.162(1) del Código de Seguros y que es

contraria a la intención legislativa conforme al

historial de dicho artículo según fue decidido

por este Honorable Tribunal en el caso de

Comisionado de Seguros v. General Accident

Insurance Co., 93 JTS 10.

(2) El Tribunal de Circuito de Apelaciones erró,

además, al sostener las multas impuestas a la

peticionaria por el Comisionado de Seguros a

pesar de que las mismas constituyen una penalidad

que no debe imponerse cuando la regla en que se

apoya no surge con claridad del estatuto y este

es además ambiguo, sin que la letra del Artículo

27.162(1) concuerde con la intención legislativa.

Ambas partes en este caso están de acuerdo en que para

cumplir con

el artículo 27.162(1) del Código de Seguros2

reclamación. (Casos núms. C 94-496 y C 94-517)

2

El artículo 27.162 del Código de Seguros dispone en lo

pertinente:

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

la aseguradora a la que se le presenta una reclamación

tiene que hacer la investigación pertinente a los hechos

por los cuales se reclama, notificar al asegurado el ajuste

o valorización de la pérdida y resolver la reclamación

dentro del término máximo de 90 días desde la presentación

de la reclamación. Pero en cuanto a esta última etapa, la

resolución de la reclamación, las partes no han alcanzado

un

consenso.

sostiene

Por

que

notificación

necesario

la

un

lado,

el

Comisionado

resolución

no

se

escrita

que

se

de

una

obtenga

oferta

la

logra

al

de

la

mera

asegurado.

Es

aceptación

con

Seguros

escrita

del

asegurado a esta oferta.

(Escrito Para Mostrar Causa a la

página

lado,

6).

resolución

Por

se

otro

logra

una

vez

Antilles

el

plantea

asegurador

que

la

notifica

al

asegurado el ajuste de la reclamación, desde luego, tras

haberlo discutido con el asegurado conforme a la costumbre

(1) La investigación, ajuste y resolución de cualquier

reclamación se hará en el período razonablemente más corto

dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días después

de haberse sometido al asegurador todos los documentos que

fueren necesarios para disponer de dicha reclamación. Sólo

cuando medien causas extraordinarias se podrá extender ese

primer período, pero tal extensión nunca podrá exceder del

término de noventa (90) días desde la fecha de la

reclamación.

En aquellos casos en que el asegurador

necesite un término adicional a los noventa (90) días,

deberá así solicitarse por escrito al Comisionado, veinte

(20) días antes del vencimiento de esos noventa (90) días,

debiendo también notificarse de ello al reclamante. Si el

Comisionado entendiera que la solicitud de tiempo adicional

es irrazonable, sea porque la misma no está debidamente

justificada o el tiempo adicional es excesivo, le

notificará al asegurador que no procede dicha prórroga y

que, por tanto, deberá disponer de la reclamación en el

término reglamentario o dentro del término adicional que en

dicha notificación se le concediera.

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

prevaleciente en la industria y sujeto a que no incurra en

alguna de las prácticas desleales enumeradas en el artículo

27.161

del

Código

de

Seguros,

26

L.P.R.A.

2716

a.

(Petición de Certiorari a la página 10).

III

Al

examinar

el

historial

legislativo

del

artículo

27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, en Comisionado

de Seguros v. General Accident, supra, sostuvimos:

...surge claramente que la intención legislativa

fue establecer un límite máximo de tiempo dentro

del cual debían ajustarse las reclamaciones para

conjurar la dilación o inacción de parte de los

aseguradores y otros sectores de la industria del

seguro, dilación o inacción que para esa época

presentaba un problema serio a los asegurados.

Ese límite máximo era el término de 90 días,

contados a partir de la fecha en que se sometía

la reclamación del asegurador.

93 JTS a las

págs. 10333 B 10334. (Énfasis en el original.)

Interpretar

artículo

requiere

consentimiento

que

el

que

escrito

término

el

a

establecido

asegurado

la

oferta

haya

por

este

prestado

su

notificada

por

el

asegurador antes de que se entienda resuelta su reclamación

nada aporta a esta intención.

Lo que se pretende con esta

pieza legislativa es que las empresas aseguradoras sean

diligentes en la tramitación de reclamaciones, para así

proteger a los asegurados de la mala fe y dilación de los

aseguradores.

inacción

y

Por

dejadez

esta

del

razón,

cuando

asegurado

lo

es

que

la

propia

impide

la

resolución final de una reclamación, no podemos, tal como

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

pretende el Comisionado de Seguros, sostener la imposición

de sanciones a una empresa aseguradora que ha actuado con

diligencia y buena fe en el

cumplimiento de aquellos pasos

que están a su alcance.

Por tanto, resolvemos que una

reclamación

resuelta

se

entiende

una

vez

la

empresa

aseguradora notifica a su asegurado el ajuste final de la

reclamación que le fue presentada.

Claro que para que se

entienda hecha la notificación, la oferta de la aseguradora

tiene que ser una razonable, cuestión que, en caso de

controversia entre las partes, resolverá el Comisionado de

Seguros de Puerto Rico.

hecha

De resolver éste que la oferta

por

la

aseguradora

entenderá

que

la

es

aseguradora

una

ha

irrazonable,

no

se

cumplido

con

su

responsabilidad.

Al

llegar a esta determinación tomamos en cuenta las

normas de revisión judicial que prevalecen en el campo del

Derecho Administrativo, tanto en cuanto a la revisión de

conclusiones de derecho como en cuanto a la revisión de la

facultad de imponer sanciones.

Respecto a la primera, la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en su sección

4.5, 3 L.P.R.A. 2175, establece que los tribunales podrán

revisar las conclusiones de derecho en todos sus aspectos.

No obstante, como regla general los tribunales le reconocen

gran peso y deferencia a las interpretaciones hechas por la

agencia

administrativa

encargada

de

poner

en

vigor

una

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

legislación,

salvo

interpretación

en

aquellas

administrativa

situaciones

resulta

en

que

la

irrazonable

e

inconsistente con el propósito legislativo, afecta derechos

fundamentales

o

conduce

a

la

comisión

de

injusticias.

Calderón et al v. Adm. De los Sistemas de Retiro, 92 JTS

21, del 26 de febrero de 1992.

Fernández

Quiñones,

Procedimiento

Derecho

Véanse también: Demetrio

Administrativo

Administrativo

Uniforme,

y

Editorial

Ley

de

Forum,

1993, páginas 5044-550; De Jesús v. Dpto. de Servicios

Sociales, 123 D.P.R. 407 (1989), Srio. D.A.C.O. v. Junta de

Condómines, 121 D.P.R. 807 (1988) y otros.

Como

brindar

ya

hemos

deferencia

señalado,

a

Comisionado de Seguros.

la

en

este

caso

interpretación

no

hecha

podemos

por

el

A pesar de que en Comisionado de

Seguros v. General Accident, supra, reconocimos que es este

funcionario el encargado de poner en vigor

la ley en

cuestión y que fue el mismo Comisionado de Seguros quien la

promovió, la interpretación que ha adoptado en esta ocasión

resulta ser irrazonable e inconsistente con los propósitos

expuestos.

93 JTS a la pág. 10334.

Respecto

a

la

revisión

de

la

facultad

de

imponer

sanciones, los tribunales también le han reconocido mucha

discreción a las agencias administrativas en la selección

de las medidas que le ayuden a cumplir los objetivos de las

leyes

cuya

administración

e

implantación

se

les

ha

CC-96-480

delegado,

¡Error!Marcador no definido.

siempre

que

actúen

dentro

conocimiento especializado y de la ley.3

del

marco

de

su

En estos casos la

revisión judicial no será para determinar si la sanción

impuesta guarda proporción con la conducta por la cual se

impone la sanción ni si la sanción es demasiado fuerte.

Esta evaluación corresponde hacerla a la propia agencia,

quien por su experiencia especializada es la que está en

mejor posición para conocer los efectos de una violación a

los intereses protegidos y cuya agencia, al mismo tiempo,

asegura cierto grado de uniformidad y coherencia en la

imposición de sanciones.

(1er Cir. 1980).

Kulkin v. Bergland, 626 F.2d 181

En estos casos, la revisión judicial se

limitará a evitar que las agencias actúen en forma ilegal,

arbitraria, en exceso de lo permitido por ley o en ausencia

de evidencia sustancial que justifique la medida impuesta,

de modo que se evidencie una actuación caprichosa o en

3

Por ejemplo, en el ámbito federal el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos estableció la siguiente norma

de revisión: "The fashioning of an appropriate and

reasonable remedy is for the Secretary, not the court. The

court may decide only whether under the pertinent statute

and relevant facts, the Secretary made "an allowable

judgement in (his) choice of remedy"".

Butz v. Glover

Live Stock Co., 411 U.S. 182, 188-189 (1973). De modo que

si la decisión administrativa está basada en evidencia

sustancial, no es ultra vires

y, además, guarda un nexo

razonable con la conducta que se quiso prohibir, los

tribunales brindarán deferencia a la medida impuesta por

las agencias.

Véanse además B. Schwartz, Administrative

Law, Sec. 10.21, págs. 663-665 (3ra ed. 1991); Com. Of

Mass., DPW v. Secretary of Agriculture, 984 F.2d 514 (1st

Cir. 1993); Parker v. U.S. Postal Service, 819 F.2d 1113

(1987).

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

abuso de discreción por parte de la agencia.

Associated

Insurance

Seguros

Agencies,

Inc.

v.

Comisionado

de

de

Puerto Rico, Opinión del 26 de noviembre de 1997, 97 J.T.S.

142.

Véase también Fernández Quiñones, obra citada, a las

páginas 414-423, 503-505 y 520-524; Com. of Mass., DPW v.

Secretary of Agriculture, 984 F.2d 514 (1st Cir. 1993);

Ferguson v. U.S. Department of Agriculture, 911 F.2d 1273

(8vo Cir. 1990); y Parker v. U.S. Postal Service, 819 F.2d

1113 (Fed. Cir. 1987).

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

En este caso procede que revoquemos la sanción impuesta por el

Comisionado

de

Seguros

por

la

inexistencia

de

evidencia

que

la

justifique, y más aun cuando consideramos que la agencia de seguros

Antilles fue diligente en la tramitación de las querellas que le fueron

presentadas por G.P. Industries y que cualquier dilación en el pago de

dichas reclamaciones se debió a la inacción de su asegurada.

IV

A los dieciséis (16) días de haber recibido en sus oficinas las

reclamaciones de G. P. Industries, Antilles le envió a su asegurada las

"Cartas de Pago y Subrogación" y

"Cartas de Pago y/o Relevo" en las que

le indicaba el ajuste final de las reclamaciones y el paso a seguir para

que fueran expedidos los pagos correspondientes.

Le tocaba entonces a G.

P. Industries el próximo paso: firmar las cartas y devolverlas a Antilles

para que ésta le pagara el ajuste.

No obstante, ante la inacción de su

asegurada, Antilles le envió una segunda notificación recordándole la

necesidad de firmar y devolver los referidos documentos.

La buena fe de

Antilles por resolver esta reclamación también se hizo evidente cuando

solicitó al Comisionado de Seguros una prórroga, aún cuando ya había

cumplido oportuna y razonablemente con su obligación.

Debe

quedar

claro,

sin

embargo,

que el

dictamen

al cual hemos

llegado en este caso no sería de aplicación a aquellos casos en los

cuales la aseguradora hace una oferta que no es razonable y el asegurado

se ve en la necesidad de rechazar lo ofrecido, creándose de este modo una

disputa que da lugar a que se demore la resolución de la reclamación.

Por tal motivo, en tales casos se justificaría la imposición de una

sanción por el Comisionado.

No obstante, en el presente caso esa no fue la situación.

Los

hechos del caso de marras demuestran que la aseguradora actuó de buena

fe; oportunamente hizo una oferta que finalmente fue aceptada por su

asegurada.

De hecho, la

asegurada de nada se ha quejado ya que, como

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

bien indica Antilles, no tiene de que quejarse ya que fue su propia

conducta la que produjo la demora por la que se multó a Antilles. Por

tanto, tal multa no puede sostenerse.

Por las razones antes expuestas se dictará sentencia revocando la

sentencia

dictada

por

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

y

en

consecuencia, se dejarán sin efecto las resoluciones emitidas por el

Comisionado

de

Seguros

aseguradora

Antilles

mediante

Insurance

las

cuales

Company

administrativas.

José A. Andréu García

Juez Presidente

las

impuso

a

la

empresa

referidas

dos

multas

CC-96-480

¡Error!Marcador no definido.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Comisionado de Seguros

de Puerto Rico

Demandante-Recurrido

v.

CC-96-480

Certiorari

Antilles Insurance Company

Demandado-Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta sentencia revocatoria de la emitida

por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se dejan

sin efecto las resoluciones emitidas por el Comisionado

de Seguros mediante las cuales impuso a la empresa

aseguradora Antilles Insurance Company, las referidas

dos multas administrativas.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Corrada del Río inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo