Tribunal Supremo de Puerto Rico
COM. SEGUROS V. ANTILLES INSURANCE
1998 TSPR 39
Poder Judicial de Puerto Rico
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COM. SEGUROS V. ANTILLES INSURANCE
CC-1996-480
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
COMISIONADO DE SEGUROS DE P.R.
Demandante-recurrido
Certiorari
.V
TSPR98-39
ANTILLES INSURANCE CO.
Demandada-peticionaria
Número del Caso: CC-98-480
Abogados Parte Peticionaria: Lic. Ramón A. Cancio
Lic. Carlos R. Ríos Gautier
(Bufete Carlos R. Ríos Gautier)
Abogados Parte Recurrida: Hon. Carlos Lugo Fiol
Procurador General
Lic. Carmen Martínez Ortiz
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Oficina del Comisionado de Seguros: Lic. Ruth Martínez
Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Angel G. Hermida
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional de San Juan
Juez Ponente: Hon. Aponte Jiménez
Fecha: 4/2/1998
Materia: Viol. al Art. 27.162 del Código de Seguros de P.R.
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Comisionado de Seguros
de Puerto Rico
Demandante-Recurrido
v.
CC-96-480
Certiorari
Antilles Insurance Company
Demandado-Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente, señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico a 2 de abril de 1998
Recientemente
interpretamos
el
alcance
del
artículo
27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A.
2716
(b),
resolviendo
que
el
término
de
90
días
dispuesto por el mismo para "la investigación, ajuste y
resolución" de reclamaciones comienza a contar desde la
presentación original de la reclamación por parte de un
asegurado.
Comisionado de Seguros de Puerto Rico v.
General Accident Insurance Co., 93 JTS 10, del 28 de
enero de 1993.
el
alcance
de
En esta ocasión nos corresponde resolver
la
frase
"investigación,
ajuste
resolución", según es usada en ese mismo artículo.
I
y
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
El 5 de julio de 1994, la parte peticionaria, Antilles
Insurance Company (Antilles), recibió dos reclamaciones de
la asegurada G. P. Industries, por hechos ocurridos el 10 y
15 de junio de 1994, las cuales estaban relacionadas con
daños a un vehículo de su propiedad asegurado por Antilles.
(Reclamaciones núms. 928-94 y 929-94).
Tras realizar las
investigaciones correspondientes, el 21 de julio de 1994
(16
días
después
de
presentadas
las
reclamaciones),
Antilles le remitió a G. P. Industries "una Carta de Pago y
Subrogación" por las cantidades de $156.28 y $189.84, como
ajuste de cada una de las reclamaciones.
En esa misma
fecha también le envió una "Carta de Pago y/o Relevo" para
cada
reclamación,
pronto
fueran
informándole
firmadas
y
a
la
asegurada
devueltas
a
su
que
tan
oficina
le
remitiría los pagos correspondientes a los ajustes.
Pasado
casi un mes y medio desde su primera comunicación y sin
haber recibido ninguna de las Cartas de Pago y/o Relevo, el
8
de
septiembre
Industries
otra
devolviera
las
de
1994
carta
"Cartas
Antilles
le
G.
P.
que
firmara
y
Relevo"
para
así
requiriéndole
de
Pago
y/o
envió
a
proceder con el pago de las reclamaciones.
El 10 de octubre de 1994, habiendo ya expirado los 90
días que dispone el artículo 27.162 para la resolución de
reclamaciones sin que G. P. Industries le hubiera devuelto
las cartas enviadas,
Antilles solicitó al Comisionado de
CC-96-480
Seguros
¡Error!Marcador no definido.
que
le
concediera
una
prórroga
para
la
"investigación, ajuste y resolución" de cada una de las
reclamaciones en cuestión.
Los días 21 y 29 de octubre de
1994,
Seguros
el
Comisionado
de
emitió
órdenes1
dos
mediante las cuales le concedió a Antilles veinte (20) días
para resolver las reclamaciones pendientes y le impuso dos
multas administrativas de $400.00 cada una por no haber
resuelto las reclamaciones de G.P. Industries dentro del
término ordenado por el Código de Seguros.
Finalmente, el
9 de noviembre de 1994 y el 29 de marzo de 1995, G. P.
Industries
devolvió
las
cartas
correspondientes
a
las
reclamaciones números 929-94 y 928-94, respectivamente.
Al
día siguiente de recibir cada una de ellas,
Antilles
expidió los cheques en pago de las reclamaciones.
Ante
el
Comisionado
reconsideración
de
las
de
Seguros
sanciones
Antilles
impuestas
y
administrativa que se celebró posteriormente.
solicitó
una
vista
El 22 de
abril de 1995 el Comisionado de Seguros emitió resoluciones
en los casos C-94-496 y C-94-517 en las que ratificó las
multas impuestas.
reconsideración,
mediante
Presentada oportunamente una moción de
la
resolución
misma
fue
dictada
el
declarada
16
de
"No
Ha
Lugar"
julio
de
1995.
Inconforme, Antilles interpuso recurso de revisión ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,
1.
Se siguieron procedimientos separados para cada
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
el cual denegó la expedición del auto solicitado.
De tal
denegatoria recurrió Antilles ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones, cuyo foro dictó una sentencia revocando el
dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.
De
la
misma
solicitó
Seguros,
la
cual
sentencia
del
10
reconsideración
fue
acogida
por
de
octubre
de
el
Comisionado
de
el
Tribunal
en
su
confirmando
la
1996,
sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
Antilles recurrió ante este Tribunal planteando la
comisión de los siguientes errores:
"(1) El Tribunal de Circuito de Apelaciones erró
al aplicar a la peticionaria una regla sobre la
investigación,
ajuste
y
resolución
de
la
reclamación de su asegurada que no se desprende
con claridad de lo dispuesto en el Artículo
27.162(1) del Código de Seguros y que es
contraria a la intención legislativa conforme al
historial de dicho artículo según fue decidido
por este Honorable Tribunal en el caso de
Comisionado de Seguros v. General Accident
Insurance Co., 93 JTS 10.
(2) El Tribunal de Circuito de Apelaciones erró,
además, al sostener las multas impuestas a la
peticionaria por el Comisionado de Seguros a
pesar de que las mismas constituyen una penalidad
que no debe imponerse cuando la regla en que se
apoya no surge con claridad del estatuto y este
es además ambiguo, sin que la letra del Artículo
27.162(1) concuerde con la intención legislativa.
Ambas partes en este caso están de acuerdo en que para
cumplir con
el artículo 27.162(1) del Código de Seguros2
reclamación. (Casos núms. C 94-496 y C 94-517)
2
El artículo 27.162 del Código de Seguros dispone en lo
pertinente:
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
la aseguradora a la que se le presenta una reclamación
tiene que hacer la investigación pertinente a los hechos
por los cuales se reclama, notificar al asegurado el ajuste
o valorización de la pérdida y resolver la reclamación
dentro del término máximo de 90 días desde la presentación
de la reclamación. Pero en cuanto a esta última etapa, la
resolución de la reclamación, las partes no han alcanzado
un
consenso.
sostiene
Por
que
notificación
necesario
la
un
lado,
el
Comisionado
resolución
no
se
escrita
que
se
de
una
obtenga
oferta
la
logra
al
de
la
mera
asegurado.
Es
aceptación
con
Seguros
escrita
del
asegurado a esta oferta.
(Escrito Para Mostrar Causa a la
página
lado,
6).
resolución
Por
se
otro
logra
una
vez
Antilles
el
plantea
asegurador
que
la
notifica
al
asegurado el ajuste de la reclamación, desde luego, tras
haberlo discutido con el asegurado conforme a la costumbre
(1) La investigación, ajuste y resolución de cualquier
reclamación se hará en el período razonablemente más corto
dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días después
de haberse sometido al asegurador todos los documentos que
fueren necesarios para disponer de dicha reclamación. Sólo
cuando medien causas extraordinarias se podrá extender ese
primer período, pero tal extensión nunca podrá exceder del
término de noventa (90) días desde la fecha de la
reclamación.
En aquellos casos en que el asegurador
necesite un término adicional a los noventa (90) días,
deberá así solicitarse por escrito al Comisionado, veinte
(20) días antes del vencimiento de esos noventa (90) días,
debiendo también notificarse de ello al reclamante. Si el
Comisionado entendiera que la solicitud de tiempo adicional
es irrazonable, sea porque la misma no está debidamente
justificada o el tiempo adicional es excesivo, le
notificará al asegurador que no procede dicha prórroga y
que, por tanto, deberá disponer de la reclamación en el
término reglamentario o dentro del término adicional que en
dicha notificación se le concediera.
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
prevaleciente en la industria y sujeto a que no incurra en
alguna de las prácticas desleales enumeradas en el artículo
27.161
del
Código
de
Seguros,
26
L.P.R.A.
2716
a.
(Petición de Certiorari a la página 10).
III
Al
examinar
el
historial
legislativo
del
artículo
27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, en Comisionado
de Seguros v. General Accident, supra, sostuvimos:
...surge claramente que la intención legislativa
fue establecer un límite máximo de tiempo dentro
del cual debían ajustarse las reclamaciones para
conjurar la dilación o inacción de parte de los
aseguradores y otros sectores de la industria del
seguro, dilación o inacción que para esa época
presentaba un problema serio a los asegurados.
Ese límite máximo era el término de 90 días,
contados a partir de la fecha en que se sometía
la reclamación del asegurador.
93 JTS a las
págs. 10333 B 10334. (Énfasis en el original.)
Interpretar
artículo
requiere
consentimiento
que
el
que
escrito
término
el
a
establecido
asegurado
la
oferta
haya
por
este
prestado
su
notificada
por
el
asegurador antes de que se entienda resuelta su reclamación
nada aporta a esta intención.
Lo que se pretende con esta
pieza legislativa es que las empresas aseguradoras sean
diligentes en la tramitación de reclamaciones, para así
proteger a los asegurados de la mala fe y dilación de los
aseguradores.
inacción
y
Por
dejadez
esta
del
razón,
cuando
asegurado
lo
es
que
la
propia
impide
la
resolución final de una reclamación, no podemos, tal como
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
pretende el Comisionado de Seguros, sostener la imposición
de sanciones a una empresa aseguradora que ha actuado con
diligencia y buena fe en el
cumplimiento de aquellos pasos
que están a su alcance.
Por tanto, resolvemos que una
reclamación
resuelta
se
entiende
una
vez
la
empresa
aseguradora notifica a su asegurado el ajuste final de la
reclamación que le fue presentada.
Claro que para que se
entienda hecha la notificación, la oferta de la aseguradora
tiene que ser una razonable, cuestión que, en caso de
controversia entre las partes, resolverá el Comisionado de
Seguros de Puerto Rico.
hecha
De resolver éste que la oferta
por
la
aseguradora
entenderá
que
la
es
aseguradora
una
ha
irrazonable,
no
se
cumplido
con
su
responsabilidad.
Al
llegar a esta determinación tomamos en cuenta las
normas de revisión judicial que prevalecen en el campo del
Derecho Administrativo, tanto en cuanto a la revisión de
conclusiones de derecho como en cuanto a la revisión de la
facultad de imponer sanciones.
Respecto a la primera, la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en su sección
4.5, 3 L.P.R.A. 2175, establece que los tribunales podrán
revisar las conclusiones de derecho en todos sus aspectos.
No obstante, como regla general los tribunales le reconocen
gran peso y deferencia a las interpretaciones hechas por la
agencia
administrativa
encargada
de
poner
en
vigor
una
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
legislación,
salvo
interpretación
en
aquellas
administrativa
situaciones
resulta
en
que
la
irrazonable
e
inconsistente con el propósito legislativo, afecta derechos
fundamentales
o
conduce
a
la
comisión
de
injusticias.
Calderón et al v. Adm. De los Sistemas de Retiro, 92 JTS
21, del 26 de febrero de 1992.
Fernández
Quiñones,
Procedimiento
Derecho
Véanse también: Demetrio
Administrativo
Administrativo
Uniforme,
y
Editorial
Ley
de
Forum,
1993, páginas 5044-550; De Jesús v. Dpto. de Servicios
Sociales, 123 D.P.R. 407 (1989), Srio. D.A.C.O. v. Junta de
Condómines, 121 D.P.R. 807 (1988) y otros.
Como
brindar
ya
hemos
deferencia
señalado,
a
Comisionado de Seguros.
la
en
este
caso
interpretación
no
hecha
podemos
por
el
A pesar de que en Comisionado de
Seguros v. General Accident, supra, reconocimos que es este
funcionario el encargado de poner en vigor
la ley en
cuestión y que fue el mismo Comisionado de Seguros quien la
promovió, la interpretación que ha adoptado en esta ocasión
resulta ser irrazonable e inconsistente con los propósitos
expuestos.
93 JTS a la pág. 10334.
Respecto
a
la
revisión
de
la
facultad
de
imponer
sanciones, los tribunales también le han reconocido mucha
discreción a las agencias administrativas en la selección
de las medidas que le ayuden a cumplir los objetivos de las
leyes
cuya
administración
e
implantación
se
les
ha
CC-96-480
delegado,
¡Error!Marcador no definido.
siempre
que
actúen
dentro
conocimiento especializado y de la ley.3
del
marco
de
su
En estos casos la
revisión judicial no será para determinar si la sanción
impuesta guarda proporción con la conducta por la cual se
impone la sanción ni si la sanción es demasiado fuerte.
Esta evaluación corresponde hacerla a la propia agencia,
quien por su experiencia especializada es la que está en
mejor posición para conocer los efectos de una violación a
los intereses protegidos y cuya agencia, al mismo tiempo,
asegura cierto grado de uniformidad y coherencia en la
imposición de sanciones.
(1er Cir. 1980).
Kulkin v. Bergland, 626 F.2d 181
En estos casos, la revisión judicial se
limitará a evitar que las agencias actúen en forma ilegal,
arbitraria, en exceso de lo permitido por ley o en ausencia
de evidencia sustancial que justifique la medida impuesta,
de modo que se evidencie una actuación caprichosa o en
3
Por ejemplo, en el ámbito federal el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos estableció la siguiente norma
de revisión: "The fashioning of an appropriate and
reasonable remedy is for the Secretary, not the court. The
court may decide only whether under the pertinent statute
and relevant facts, the Secretary made "an allowable
judgement in (his) choice of remedy"".
Butz v. Glover
Live Stock Co., 411 U.S. 182, 188-189 (1973). De modo que
si la decisión administrativa está basada en evidencia
sustancial, no es ultra vires
y, además, guarda un nexo
razonable con la conducta que se quiso prohibir, los
tribunales brindarán deferencia a la medida impuesta por
las agencias.
Véanse además B. Schwartz, Administrative
Law, Sec. 10.21, págs. 663-665 (3ra ed. 1991); Com. Of
Mass., DPW v. Secretary of Agriculture, 984 F.2d 514 (1st
Cir. 1993); Parker v. U.S. Postal Service, 819 F.2d 1113
(1987).
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
abuso de discreción por parte de la agencia.
Associated
Insurance
Seguros
Agencies,
Inc.
v.
Comisionado
de
de
Puerto Rico, Opinión del 26 de noviembre de 1997, 97 J.T.S.
142.
Véase también Fernández Quiñones, obra citada, a las
páginas 414-423, 503-505 y 520-524; Com. of Mass., DPW v.
Secretary of Agriculture, 984 F.2d 514 (1st Cir. 1993);
Ferguson v. U.S. Department of Agriculture, 911 F.2d 1273
(8vo Cir. 1990); y Parker v. U.S. Postal Service, 819 F.2d
1113 (Fed. Cir. 1987).
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
En este caso procede que revoquemos la sanción impuesta por el
Comisionado
de
Seguros
por
la
inexistencia
de
evidencia
que
la
justifique, y más aun cuando consideramos que la agencia de seguros
Antilles fue diligente en la tramitación de las querellas que le fueron
presentadas por G.P. Industries y que cualquier dilación en el pago de
dichas reclamaciones se debió a la inacción de su asegurada.
IV
A los dieciséis (16) días de haber recibido en sus oficinas las
reclamaciones de G. P. Industries, Antilles le envió a su asegurada las
"Cartas de Pago y Subrogación" y
"Cartas de Pago y/o Relevo" en las que
le indicaba el ajuste final de las reclamaciones y el paso a seguir para
que fueran expedidos los pagos correspondientes.
Le tocaba entonces a G.
P. Industries el próximo paso: firmar las cartas y devolverlas a Antilles
para que ésta le pagara el ajuste.
No obstante, ante la inacción de su
asegurada, Antilles le envió una segunda notificación recordándole la
necesidad de firmar y devolver los referidos documentos.
La buena fe de
Antilles por resolver esta reclamación también se hizo evidente cuando
solicitó al Comisionado de Seguros una prórroga, aún cuando ya había
cumplido oportuna y razonablemente con su obligación.
Debe
quedar
claro,
sin
embargo,
que el
dictamen
al cual hemos
llegado en este caso no sería de aplicación a aquellos casos en los
cuales la aseguradora hace una oferta que no es razonable y el asegurado
se ve en la necesidad de rechazar lo ofrecido, creándose de este modo una
disputa que da lugar a que se demore la resolución de la reclamación.
Por tal motivo, en tales casos se justificaría la imposición de una
sanción por el Comisionado.
No obstante, en el presente caso esa no fue la situación.
Los
hechos del caso de marras demuestran que la aseguradora actuó de buena
fe; oportunamente hizo una oferta que finalmente fue aceptada por su
asegurada.
De hecho, la
asegurada de nada se ha quejado ya que, como
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
bien indica Antilles, no tiene de que quejarse ya que fue su propia
conducta la que produjo la demora por la que se multó a Antilles. Por
tanto, tal multa no puede sostenerse.
Por las razones antes expuestas se dictará sentencia revocando la
sentencia
dictada
por
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
y
en
consecuencia, se dejarán sin efecto las resoluciones emitidas por el
Comisionado
de
Seguros
aseguradora
Antilles
mediante
Insurance
las
cuales
Company
administrativas.
José A. Andréu García
Juez Presidente
las
impuso
a
la
empresa
referidas
dos
multas
CC-96-480
¡Error!Marcador no definido.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Comisionado de Seguros
de Puerto Rico
Demandante-Recurrido
v.
CC-96-480
Certiorari
Antilles Insurance Company
Demandado-Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 1998
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se dicta sentencia revocatoria de la emitida
por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se dejan
sin efecto las resoluciones emitidas por el Comisionado
de Seguros mediante las cuales impuso a la empresa
aseguradora Antilles Insurance Company, las referidas
dos multas administrativas.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Corrada del Río inhibido.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo