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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Mariana Arriaga v. FSE

1998 TSPR 27

Poder Judicial de Puerto Rico

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Mariana Arriaga v. FSE

CC-1997-612

CC-97-225

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

MARIANA ARRIAGA RIVERA

Demandante-Recurrente

Certiorari

.V

TSPR-98-27

FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Demandado-Recurrido

Número del Caso: CC-97-612

Abogados Parte Demandante: Recurrente: Lcdo. Osvaldo Pérez Marrero

Abogados Parte Demandada: Recurrida: Lcdo. José M. Fernández Luis

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Oscar Dávila Suliveres

Tribunal de circuito de Apelaciones: San Juan

Juez Ponente: Hon. López Vilanova

Fecha: 3/18/1998

Materia: Daños y Perjuicios

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-97-225

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MARIANA ARRIAGA RIVERA

Demandante-Recurrente

vs.

CC-97-612

CERTIORARI

FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Demandado-Recurrido

Opinión del

BERLINGERI

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998.

Tenemos ante nos la ocasión para precisar cuál es el

alcance del requisito procesal, fijado en el Reglamento

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

que

exige

el

cumplimiento estricto de la obligación de un peticionario

de

notificar

su

recurso

de

certiorari

Mariana

Arriaga

al

tribunal

recurrido.

I

La

peticionaria,

Rivera,

fue

admitida en el Hospital Industrial, de la Corporación del

Fondo del Seguro del Estado (en adelante F.S.E.), para

recibir tratamiento médico, que incluía una

quirúrgica.

Cuatro días

después de dicha

operación

CC-97-612

3

operación, el 5 de abril de 1993, la peticionaria tomó los medicamentos

que se la habían prescrito para dormir, pero el personal del hospital no

tomó la precaución de fijar barandas protectoras a su cama, por lo que la

peticionaria se cayó de ésta mientras dormía.

Tal caída ocasionó que se

lesionara los discos vertebrales recién operados.

Posteriormente, la

peticionaria continuó recibiendo tratamiento médico hasta el 18 de enero

de 1996, cuando se le notificó la decisión del Administrador del Fondo,

otorgándole incapacidad total permanente por su lesión.

Mientras recibía el tratamiento aludido, el 28 de marzo de 1994, la

peticionaria

envió

una

carta

certificada

Administrador del Hospital Industrial.

con

acuse

de

recibo

al

En dicha carta la peticionaria

hizo una reclamación extrajudicial detallada respecto a su caída, a los

fines de interrumpir el término prescriptivo de la acción civil por los

daños resultantes de dicha caída, ocasionados por la negligencia del

personal del hospital.

El administrador del hospital, sin embargo, no

recibió esa carta hasta el 6 de abril de 1994.

1994,

la

peticionaria

presentó

una

demanda

El 19 de septiembre de

contra

el

F.S.E.

por

el

incidente aludido.

Dos

años

procesales,

más

el

desestimación,

tarde,

luego

de

que

ocurriesen

F.S.E.

presentó

en

el

foro

judicial

una

en

que

alegaba

que

la

causa

acción

la

peticionaria estaba prescrita.

varios

de

incidentes

moción

de

de

la

El Tribunal de Primera Instancia adjudicó

dicha moción y determinó que la carta enviada por la peticionaria al

Administrador

del

Hospital

Industrial

el

28

de

marzo

de

1994

interrumpido el término para incoar la acción en cuestión.

había

También

indicó el foro de instancia, que dicho hospital era una dependencia del

F.S.E., por lo que al enviar la carta a nombre del administrador del

hospital, constituía una reclamación extrajudicial al F.S.E.

Inconforme con tal determinación, el F.S.E. recurrió mediante el

recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

revocó el dictamen del foro de instancia.

Este

Determinó que no se había

interrumpido el término prescriptivo, debido a que la carta fue recibida

CC-97-612

4

el 6 de abril de 1994, un día después de extinguirse dicho término.

Además, señaló que la carta en cuestión estaba dirigida a un tercero, al

Administrador

reclamación

del

Hospital

extrajudicial

Industrial,

hecha

no

mediante

al

F.S.E.,

dicha

por

lo

que

la

no

gozaba

de

carta

capacidad interruptiva, por no estar dirigida a quien fuera demandado.

No conforme con la determinación del foro apelativo, la peticionaria

acudió ante nos oportunamente, mediante el recurso de certiorari, e hizo

el siguiente señalamiento de errores:

Primer Error:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al aplicar el derecho a los hechos

de este caso, pues no siguió la ley del FSE;

los

criterios

establecidos

sobre

la

interpretación de reclamaciones de obreros

cubiertos por la ley del FSE; ni los criterios

establecidos sobre la prescripción.

Segundo Error:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al ejercer su jurisdicción sobre un

CERTIORARI que no fue formalizado a tenor con

su reglamento; en la alternativa, abuso de su

discreción, al aceptar una ausencia de excusa

como justi- ficación para subsanar el incumplimiento

con

un

requisito

de

estricto

cumplimiento.

Tercer Error:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones, al resolver que la norma de

notificación que se utiliza en las Reglas de

Procedi- miento Civil no es de aplicación a una

reclamación extrajudicial y que cuando la carta

llega a su destino, la interrupción no surte

efecto desde que se envió la misma.

Cuarto Error:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al determi- nar contrario a la

prueba que el Hospital Industrial es un tercero

que nunca fue demandado en este caso.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 1997, el F.S.E. compareció ante

nos mediante un escrito titulado “Alegato de la Parte Recurrida”, en el

cual arguyó en contra del señalamiento de errores de la peticionaria y a

favor de que se confirmara la sentencia del foro apelativo.

Con el

beneficio de los escritos de ambas partes, pues, pasamos a resolver,

conforme lo dispuesto en la Regla 50 de nuestro Reglamento.

II

CC-97-612

5

La peticionaria ha planteado ante nos dos importantes controversias

sobre el asunto de la prescripción. Una tiene que ver con la cuestión de

cuándo comienza a correr el término prescriptivo para que un obrero pueda

incoar una acción de daños y perjuicios contra el propio F.S.E. en un

caso como el de autos.

La otra tiene que ver con la cuestión de cuándo

surte efectos una reclamación extrajudicial, para interrumpir el término

prescriptivo.

No hemos de resolver estas controversias, sin embargo,

porque existe un asunto previo, de naturaleza procesal, conforme al cual

debe disponerse de la petición de certiorari ante nos.

Se trata de la

cuestión

error

planteada

en

el

segundo

señalamiento

de

de

la

peticionaria, referente a que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no

debió ejercer su jurisdicción para acoger un recurso de certiorari que no

había sido debidamente perfeccionado.

aludido,

sería

improcedente

el

De ser correcto el señalamiento

dictamen

del

foro

apelativo,

independientemente de si tenía méritos o no el contenido substantivo de

dicho dictamen.

Como se sabe, las cuestiones relativas a la jurisdicción

de un tribunal, por ser privilegiadas, deben resolverse con preferencia a

cualesquiera otras.

Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R.

436 (1950); López v. Pérez, 68 D.P.R. 312 (1948).

Si el Tribunal de

Circuito de Apelaciones no debió asumir jurisdicción para entender en el

certiorari

mediante

el

cual

ese

foro

dictó

la

sentencia

que

se

ha

impugnado ante nos, lo que procede es que así lo declaremos, y que por

ello desestimemos

reiteradamente.

el

recurso

ante

nos.

Así lo hemos resuelto

Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955).

Ponce v. F.

Badrena E Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225, 249 (1952); Autoridad Sobre Hogares

v.

Sagastivelza,

supra;

López

v.

Pérez,

considerar el señalamiento de error aludido.

III

supra.

Pasemos,

pues,

a

CC-97-612

La

Regla

6

33(A)

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones dispone lo siguiente:

Regla 33.

Presentación y notificación del recurso

A. Manera de presentarlo

Los escritos iniciales de certiorari que se

sometan a la consideración del Tribunal de Circuito

de Apelaciones, y sus copias, podrán presentarse en

la

Secretaría

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones o en la Secretaría de la sede del

Tribunal de Primera Instancia en la cual se

resolvió la controversia objeto de revisión. Una u

otra forma de presentación tendrá todos los efectos

de ley.

Cuando la solicitud de certiorari sea presentada

en la Secretaría del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, la parte peticionaria deberá notificar

a la Secretaría del tribunal recurrido, dentro de

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la

presentación de la solicitud, copia de la misma

debidamente sellada con la fecha y la hora de

presentación.

El término aquí dispuesto será de

cumplimiento estricto.

Cuando la solicitud sea

presentada en la Secretaría del tribunal recurrido,

el(la)

peticionario(a)

deberá

notificar

a

la

Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes

a la presentación de la solicitud, las cuatro (4)

copias que fueron debidamente selladas por la

Secretaría del tribunal recurrido con la fecha y la

hora de presentación.

El término aquí dispuesto

será de cumplimiento estricto. (Enfasis suplido).

En el caso de autos, el F.S.E. no cumplió con lo dispuesto en la

citada Regla 33(A), como bien lo admitió el propio foro apelativo en su

sentencia.

El F.S.E. presentó su recurso de certiorari ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones el 24 de octubre de 1996, pero no notificó

dicho recurso a la secretaría del tribunal recurrido.

Ello dio lugar a

que el foro de instancia continuara con los procedimientos del caso, a

pesar de que estaba pendiente ante el foro apelativo el recurso aludido

del F.S.E.

En efecto, pocos días después de que el F.S.E. presentara su

recurso de certiorari ante dicho foro, el 7 de noviembre de 1996, el

tribunal de instancia celebró una conferencia con antelación al juicio.

Allí, el tribunal señaló una vista transaccional para el 24 de marzo de

1997, que tuvo

que suspenderse

llegada la fecha de ésta, cuando el

CC-97-612

tribunal

de

7

instancia

tuvo

noticia

por

primera

vez

de

que

estaba

interpuesto y pendiente el certiorari aludido ante el foro apelativo.

En vista del incumplimiento de la Regla 33(A) por el F.S.E., la

peticionaria

solicitó

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

desestimación del recurso de certiorari presentado por el F.S.E.

la

El foro

apelativo entonces le requirió al F.S.E. que acreditase la fecha, si

alguna, en que había notificado al tribunal recurrido la presentación de

certiorari en cuestión.

En respuesta a este requerimiento del Tribunal

de Circuito de Apelaciones, el F.S.E. admitió

lo dispuesto en la Regla 33(A) aludida.

que no había cumplido con

Señaló, además, que:

“...nuestro incumplimiento no se debió a falta de interés o

menosprecio al proceso... ...el incumplimiento ha sido un

evento aislado, el mismo ha sido involuntario, no ha habido

lesión a las partes o a la dignidad del tribunal, existe un

firme propósito de enmienda de parte de la Corporación del

Fondo del Seguro del Estado...”

Sobre la base de la referida respuesta del F.S.E., el foro apelativo

denegó la moción de desestimación de la peticionaria.

Aunque el F.S.E.

evidentemente

justificase

no

ofreció

una

razón

adecuada

que

su

incumplimiento del requisito fijado por la Regla 33(A) en cuestión, el

foro apelativo resolvió que dicho requisito debía ser interpretado de

manera flexible, y que como éste era uno de cumplimiento estricto y no de

carácter jurisdiccional, el Tribunal tenía la facultad de eximir de éste

a la parte recurrente.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones no explicó

en cuáles circunstancias procedía que se eximiera a una parte de cumplir

con la Regla aludida, ni justificó de modo alguno por qué en este caso

debía

hacerse

tal

excepción

con

el

F.S.E.

Sencillamente,

el

foro

apelativo resolvió que a pesar del incumplimiento por el F.S.E. con lo

dispuesto en la Regla 33(A), tenía jurisdicción para entender en el

recurso en cuestión, porque dicha Regla sólo establecía un requisito de

cumplimiento estricto, no uno jurisdiccional.

Con razón nos dice la

peticionaria, que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver

como lo hizo.

Veamos.

CC-97-612

8

IV

Reiteradamente hemos resuelto que las disposiciones reglamentarias

sobre los recursos a presentarse ante este Tribunal deben observarse

rigurosamente.

Cárdenas Maxan v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642 (1987); In

re: Reglamento del Tribunal Supremo, 116 D.P.R. 670 (1985); Mfrs. H.

Leasing

v.

Carib.

Tubular

Corp.,

115

D.P.R.

428

Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975).

(1984);

Matos

v.

Esta conocida norma

debe ser extensiva también al Reglamento del Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

En el caso de nuestro propio Reglamento hemos señalado que

“los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito

en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los

recursos”, y que no puede quedar “al arbitrio de los abogados decidir qué

disposiciones

reglamentarias

deben

acatarse

y

Metropolitan Marble Corp., supra, a la pág. 125.

cuándo”.

Matos

v.

No existe razón alguna

que justifique no aplicar esta norma, de evidente sentido jurídico, al

cumplimiento del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Es

cierto que en el pasado reciente hemos señalado al foro apelativo que

debe ser flexible en ciertas aplicaciones de su reglamento, pero ello ha

sido en situaciones muy particulares, en las cuales tal flexibilidad

estaba plenamente justificada, como cuando se trata de un mero requisito

de forma, de menor importancia, Santos v. Mun. de Comerío1; o cuando el

foro apelativo ha impuesto una severa sanción de desestimación, sin antes

haber apercibido a la parte debidamente, López Rivera v. Rivera Díaz2.

Ninguna de tales expresiones nuestras debe interpretarse como que da

licencia

a

las

injustificadamente

partes

el

o

al

foro

apelativo

para

cumplimiento

del

Reglamento

de

soslayar

ese

foro,

particularmente ahora que éste tiene casi dos años de vigencia y no es

razonable ya excusar a los abogados por su desconocimiento.

En

el

caso

de

autos,

se

trata

de

calificado como de “cumplimiento estricto”.

1

un

requisito

expresamente

Ya antes nos hemos expresado

Op. Per Curiam del 9 de febrero de 1996, 140 D.P.R. ___, 96 JTS 13.

Op. Per Curiam del 28 de junio de 1996, 141 D.P.R. ___, 96 JTS 102.

2

CC-97-612

9

claramente sobre el significado de esta figura procesal.

Hemos señalado

que existe una “diferencia conceptual con efectos jurídicos distintos

entre

lo

que

es

jurisdiccional’”.

Hemos

indicado

‘requisito

de

cumplimiento

estricto’

y

‘requisito

Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977).

que

cuando

se

trata

de

un

término

de

cumplimiento

estricto, el foro judicial queda liberado del automatismo que conlleva el

requisito jurisdiccional y puede “proveer justicia según lo ameriten las

circunstancias”.

Id, a la pág. 360.

Más concretamente, hemos resuelto

que cuando un término es de cumplimiento estricto, su observancia tardía

“es permisible de existir y demostrarse a cabalidad una justa causa” para

no cumplir rigurosamente con el término en cuestión. (Enfasis suplido).

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48 (1989).

También

hemos resuelto que “no se permitirá desviación alguna del plazo,... so

pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza ocurrida se

justifique detalladamente y a cabalidad”, Pueblo v. Fragoso, 109 D.P.R.

536 (1980); y que “no permitiremos presentaciones tardías de copia de

ningún recurso en la secretaría del tribunal de apelación, a menos que la

demora ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”.

Morales v.

Méndez Más, 109 D.P.R. 843 (1980).

Debe indicarse, además, que en fecha muy reciente, en un caso en el

cual

estaba

en

cuestión

cumplimiento

estricto,

Apelaciones

no

automáticamente.

goza

precisamente

resolvimos

de

el

que

discreción

alcance

de

un

término

de

Circuito

de

el

Tribunal

de

para

prorrogar

tales

términos

Indicamos que el foro apelativo tiene discreción para

extender un término de cumplimiento estricto “sólo cuando la parte que lo

solicita demuestra justa causa para la tardanza.

En ausencia de tales

circunstancias dicho tribunal carece de discreción para prorrogar el

término

y

por

consideración”.

ende

acoger

el

recurso

de

certiorari

ante

su

Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, opinión del

29 de diciembre de 1997, 144 D.P.R. ___, 97 JTS 152.

De lo anterior, se desprende que los tribunales pueden eximir a una

parte del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento

CC-97-612

10

estricto, si están presentes dos condiciones:

(1) que en efecto exista

justa

la

causa

para

detalladamente

al

la

dilación;

tribunal

las

(2)

bases

que

parte

le

que

tiene

razonables

demuestre

para

la

dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera adecuada

la justa causa aludida.

En el caso de autos, no está presente al menos una de las dos

condiciones aludidas.

Si bien el F.S.E. intentó justificar en detalle su

incumplimiento con el término en cuestión, no ofreció realmente una causa

justificada para su omisión.

Alegaciones tales como las que hizo el

F.S.E., de que el incumplimiento fue “involuntario”, que “no se debió a

falta de interés”, que no hubo “menosprecio al proceso”, o de que ahora

“existe un firme propósito de enmienda”, no constituyen justa causa.

No

es con vaguedades, excusas, o planteamientos estereotipados que se cumple

con el requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y

particulares,

concluir

debidamente

que

la

evidenciadas,

tardanza

o

demora

que

le

permitan

ocurrió

al

tribunal

razonablemente,

por

circunstancias especiales.

Ausente

la

justa

causa

para

la

omisión

en

cuestión,

el

foro

apelativo no tenía discreción para eximir al F.S.E. del cumplimiento con

lo dispuesto en la Regla 33(A) del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Aunque no se tratase de un requisito jurisdiccional, dicho foro venía

obligado

aún,

como

hemos

resuelto

antes,

a

denegar

el

recurso

de

certiorari, por razón del incumplimiento del reglamento aludido.

Por los fundamentos expuestos, habiendo errado el foro apelativo al

acoger la petición de certiorari del F.S.E., se dictará sentencia para

expedir el auto de certiorari solicitado ante nos, y para dejar sin

efecto la del Tribunal de Circuito de Apelaciones del 24 de septiembre de

1997.

En vista de lo que resolvemos, no es procedente discutir los otros

señalamientos de error planteados por el peticionario.

nuestros precedentes en casos similares.

Mun. de Aguadilla, supra.

Ello, conforme

Véase, Bco. Popular de P.R. v.

Cualquier dictamen nuestro sobre esos otros

CC-97-612

11

señalamientos constituiría una mera opinión consultiva, y sería contraria

a

nuestra

reiterada

normativos que

cambiar

de

cuestión.

política

judicial

no han de tener

modo

alguno

el

P.P.D. v. P.N.P.,

de

no

hacer

pronunciamientos

efectos prácticos, porque no

resultado

ya

dispuesto

opinión

del 16

para

de febrero

el

de

D.P.R. ___, 96 JTS 18.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

han de

caso

en

1996, 140

CC-97-612

12

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MARIANA ARRIAGA RIVERA

Demandante-Recurrente

vs.

CC-97-612

CERTIORARI

FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Demandado-Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

sentencia, habiendo errado el foro apelativo al acoger la

petición de certiorari del Fondo del Seguro del Estado,

se expide el auto de certiorari solicitado ante nos, y se

deja sin efecto la sentencia del Tribunal de Circuito de

Apelaciones del 24 de septiembre de 1997.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Negrón García disiente sin opinión escrita.

El Juez

Asociado señor Rebollo López disiente con opinión

escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-97-612

13

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MARIANA ARRIAGA RIVERA

Demandante-recurrente

vs.

CC-97-612

CERTIORARI

FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Demandado-recurrido

OPINION DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico a 18 de marzo de 1998

Disentimos

razones.

la

de

la

Opinión

mayoritaria

por

dos

La primera porque no estamos de acuerdo con

ambivalencia

contradictorios"

del

que

Tribunal,

el

mismo

y

ha

los

"mensajes

estado

enviando,

respecto a la facultad inherente que tiene el Tribunal

de Circuito de Apelaciones de interpretar su propio

Reglamento.

No obstante el hecho de que este Tribunal fue el

que

promulgó

dicho

Reglamento,

conforme

las

disposiciones de la Ley de la Judicatura de 1994, es al

foro apelativo intermedio al que le corresponde, en

primera instancia y de manera principal, interpretar el

mismo.

Sus

deferencia.

interpretaciones

merecen

nuestra

CC-97-612

Después

14

de

todo,

y

a

pesar

de

que

somos

el

más

alto

Foro

apelativo del País, ni somos infalibles ni fuimos designados

como

los

"mentores

o

tutores"

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones.

En segundo término, somos del criterio que al resolver como

lo hace, la Mayoría está demostrando una carencia absoluta de

pragmatismo

judicial.

Conforme

explicamos

más

adelante,

el

resultado de la decisión mayoritaria emitida es que el caso

retorna al tribunal de primera instancia para la celebración de

un juicio plenario, proceso que podría ser dejado sin efecto

posteriormente;

ello

con

el

consabido

gasto

innecesario

de

recursos, tiempo y dinero.

I

Como surge de la Opinión mayoritaria, en el caso que ocupa

nuestra

atención,

el

tribunal

de

instancia

resolvió

que

resultaba procedente denegar una moción de desestimación que

había radicado la Corporación del Fondo del Seguro del Estado,

en

adelante

perjuicios

contra

"el

Fondo",

radicada

dicho

por

organismo

respecto

la

a

aquí

la

peticionaria

administrativo.

Arriaga

y

Rivera

Dicha

solicitud

de

defensa

afirmativa

de

prescripción.

El foro de instancia denegó la aludida solicitud

por

que

carta

que

la

daños

estaba

una

en

de

desestimación

entender

predicada

demanda

había

enviado

la

demandante

Arriaga Rivera al Administrador del Hospital Industrial había

tenido el efecto de interrumpir el período prescriptivo.

En

certiorari,

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

revocó dicha actuación por entender que la mencionada carta no

tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo ya que: la

misma fue recibida por el destinatario con posterioridad a la

conclusión del período prescriptivo aplicable y porque dicha

CC-97-612

15

carta no estaba dirigida a la parte demandada, esto es, al Fondo

del Seguro del Estado.

Conforme al criterio de una mayoría de los integrantes del

Tribunal, procede revocar la sentencia emitida por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones por el fundamento de que dicho foro

apelativo intermedio no debió entrar a dilucidar los méritos del

recurso ya que lo procedente era desestimar el recurso radicado

por el Fondo por razón de que éste incumplió con el requisito de

notificar

al

tribunal

de

instancia.

En

otras

palabras,

la

Mayoría resuelve que el incumplimiento, por parte del Fondo, con

las disposiciones de la Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal

de Circuito de Apelaciones, sin que el Fondo adujera justa causa

para ello, amerita la desestimación del recurso radicado por

dicho organismo administrativo.

Como

expresáramos

anteriormente,

el

resultado

o

consecuencia de la Opinión mayoritaria emitida es que el caso

retorna al tribunal de instancia para la dilucidación, en sus

méritos, de la demanda de daños y perjuicios que contra el Fondo

del Seguro del Estado radicara la peticionaria Arriaga Rivera

sin que el planteamiento de prescripción hecho por el Fondo del

Seguro del Estado haya sido resuelto en los méritos; defensa

afirmativa que, de ser procedente, priva de autoridad al foro de

instancia para intervenir y resolver en los méritos el caso.

II

Una vez retorne el caso al tribunal de instancia pueden

darse, naturalmente, varias alternativas: (1) las partes pueden

transigir el pleito; (2) la parte demandante puede no prevalecer

en los méritos; (3) la demandante puede prevalecer y el Fondo no

recurrir en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones;

(4) la parte demandante puede prevalecer, el Fondo acudir en

apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones, plantear la

CC-97-612

16

defensa de la prescripción, y un panel del Tribunal de Circuito,

distinto

al

que

ahora

intervino,

resolver

que

la

acción

no

estaba prescrita y el Fondo no acudir ante este Tribunal; (5)

todo

lo

anterior

y

la

parte

perjudicada

acudir

ante

este

Tribunal, en cuya situación vendríamos obligados a resolver si

la acción estaba, o no, prescrita; etc.

Las

primeras

tres

alternativas

pueden

darse

sin

que,

finalmente, se tenga que resolver el planteamiento legal de si

el

Fondo

puede,

o

no,

levantar

nuevamente

ante

los

foros

apelativos correspondientes la cuestión de la prescripción.

En

las restantes alternativas, si el Fondo levanta nuevamente dicha

cuestión

ante

los

tribunales

correspondientes,

sí

hay

que

resolver dicho punto.

La solución de la referida cuestión no es fácil.

Hemos

resuelto que si este Tribunal adjudica, en los méritos y vía

certiorari, una determinación interlocutoria de un tribunal de

instancia, no procede que la parte perdidosa vuelva a plantear

lo mismo en un recurso posterior; ello conforme a la doctrina de

la "ley del caso".

Vélez Miranda v. Servicios Legales de Puerto

Rico, Opinión y Sentencia del 21 de enero de 1998; Candelaria v.

Municipio de Ceiba, 114 D.P.R. 155, 156-57 (1974); Rivera v.

Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 94 (1974).

La

situación

oportunamente

la

aquí

es

distinta.

El

Fondo

defensa

de

prescripción;

defensa

levantó

que,

como

expresáramos anteriormente, de ser procedente en derecho, priva

al tribunal de instancia de autoridad para intervenir en el

caso.

decisión

Dicha

cuestión,

mayoritaria

hoy

como

consecuencia

emitida,

no

inescapable

queda

resuelta

de

la

en

los

méritos ya que la Mayoría entiende que resulta procedente la

desestimación del recurso, radicado ante el Tribunal de Circuito

de

Apelaciones,

cuestión

de

si

por

ese

incumplimiento

con

incumplimiento,

el

que

Reglamento.

La

desemboca

la

en

CC-97-612

17

desestimación de su recurso, priva al Fondo de poder plantear

nuevamente la defensa de prescripción en apelación no ha sido

resuelta por el Tribunal.

Ahora

bien,

nuevamente,

y

de

de

poder

el

prevalecer

Fondo

en

su

plantear

dicha

planteamiento,

defensa

todo

el

procedimiento que se haya llevado a cabo habría que dejarlo sin

efecto.

Esto es, todo el tiempo invertido por el tribunal de

instancia en ver el caso en sus méritos, todos los recursos en

ello utilizados, todo el dinero gastado por las partes y la Rama

Judicial en dicho procedimiento habría sido en vano.

Ante esta situación, ¿qué hizo el Tribunal de Circuito de

Apelaciones?

Actuando con, y demostrando, una gran sensatez

decidió ser "flexible" y acoger el recurso radicado por el Fondo

y decidir, en

los méritos, el

planteamiento de

prescripción

hecho por el referido organismo administrativo.

¿Cometió

mayoría

de

un

los

"abuso

de

integrantes

nosotros sostenemos que no.3

discreción"

al

del

decide

Tribunal

así

actuar?

La

hoy

sí;

que

Veamos por qué.

La Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Circuito de

Apelaciones establece, en síntesis y en lo pertinente al asunto

planteado, que una parte que no esté conforme con una resolución

interlocutoria

emitida

podrá

la

revisar

Apelaciones

Secretaría

misma

presentando

del

por

Tribunal

el

ante

tribunal

el

de

Tribunal

primera

de

instancia

Circuito

un

recurso

de

certiorari

de

Circuito

de

Apelaciones

en

o

de

"...la

en

la

Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia en la

cual se resolvió la controversia objeto de revisión."

(Enfasis

suplido.)

Dicha Regla 33(A) impone, además, la obligación a esa parte

de

notificar a la otra Secretaría; esto es, si radicó ante el

CC-97-612

18

Tribunal de Circuito de Apelaciones, tiene que notificar al

Tribunal de Primera Instancia, y si radicó ante éste último,

tiene que notificar al Tribunal de Circuito

de Apelaciones.

Analizado en su justa perspectiva, ese requisito, aun cuando

importante, es uno que no debe privar al Tribunal de Circuito de

Apelaciones

de

entender

en

el

ordenamiento dispone para que

recurso.

De

hecho,

el Tribunal de

nuestro

Circuito pueda

eximir del mismo a la parte peticionaria; ello así cuando ésta

demuestra "justa causa".

Fondo

no

adujo

esa

Es correcto que en el presente caso el

"justa

causa".

Ello

no

obstante,

la

situación indeseable que antes señaláramos que podría ocurrir si

el planteamiento de prescripción no se resuelve --el malgasto de

fondos, recursos y tiempo-- constituye, de por sí, causa o razón

suficiente para que el Tribunal de Circuito correctamente haya

decidido

ejercer

su

sana

discreción,

ser

"flexible"

en

la

interpretación de su Reglamento, y acoger y resolver el recurso

en sus méritos.

Así se lo hemos señalado, en el pasado, al

Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Veamos.

En Santos v. Municipio de Comerio, Opinión y Sentencia del

31 de enero de 1996, resolvimos que "abusó de su discreción" el

Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar un recurso de

certiorari que,

aunque fue

presentado dentro

del término de

cumplimiento estricto de treinta (30) días, fue corregido --para

subsanar un defecto de forma-- al otro día de expirar el plazo

de

treinta

(30)

días.

pertinente,

que

una

Al

así

resolver

interpretación

expresamos,

flexible

de

las

en

lo

normas

reglamentarias allí en controversia permitiría al Tribunal de

Circuito de Apelaciones decidir si expide o no el recurso y, de

hacerlo,

revisar en los méritos el planteamiento de la parte

allí peticionaria.

3

Debe mantenerse presente que, conforme nuestro ordenamiento jurídico, discreción es "una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera". Pueblo v.

Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).

CC-97-612

19

En López Rivera v. Rivera Díaz, Opinión y Sentencia del 28

de junio de 1996, un tribunal dividido4 resolvió que resultaba

ser una sanción demasiado extrema la desestimación

decretada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones por no

haber perfeccionado su recurso

la parte peticionaria con la

debida diligencia, ello con relación a la exposición narrativa

de la prueba.

Al así actuar señalamos, entre otros fundamentos,

que:

"...reiteradamente hemos resuelto que cuando un

tribunal tiene ante sí una situación de desatención

al caso por la parte interesada, la imposición de

sanciones debe ser en primer término al abogado de la

parte; y que si ello no produce efectos positivos,

entonces "procederá la imposición de la severa

sanción de la desestimación... tan sólo después que

la parte haya sido debidamente apercibida de la

situación...".

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez

Meri,123 D.P.R. 664 (1989); Dávila v. Hosp. San

Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986); Maldonado v.

Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982). Ello

no sucedió aquí, y no vemos porqué esta bien

fundamentada norma no sea de aplicación también en el

proceso apelativo."

En

Sociedad

de

Sentencia

del

23

de

resolvimos

que

había

Gananciales

enero

de

incurrido

v.

García

1997,

en

Robles,

nuevamente

"abuso

de

Opinión

y

divididos5,

discreción"

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar un recurso de

apelación, en un caso civil, por no haber el apelante presentado

oportunamente una exposición narrativa de la prueba a pesar de

que los señalamientos de error, por él hechos, iban dirigidos a

impugnar

la

apreciación

de

la

prueba

realizado el tribunal de instancia.

testifical

que

había

Al así actuar, expresamos:

"Debemos determinar si abusó de su discreción el

Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar un

recurso de apelación por no haber el apelante

presentado una exposición narrativa de la prueba oral

desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia.

Varias consideraciones sostienen nuestra decisión.

Primeramente, debemos tener presente los propósitos

que quizo (sic) alcanzar el legislador al crear el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante la

4

Disintieron los Jueces Asociados señores Negrón García y Corrada del Río.

5

El Juez Asociado señor Negrón García disintió. El Juez suscribiente no intervino.

CC-97-612

20

aprobación de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico

de 1994.

Segundo, debemos también considerar la

filosofía que ha permeado la reglamentación sobre los

mecanismos diseñados para presentar al tribunal

apelativo la prueba desfilada ante el tribunal de

instancia y el efecto que sobre la misma tendría la

decisión del Tribunal del Circuito de Apelaciones.

Tercero, hay que reconocer los efectos que han tenido

sobre la profesión legal los frecuentes y profundos

cambios introducidos a nuestro sistema de justicia

apelativa durante los últimos cuatro años.

Cuarto,

debemos sostener el principio cardinal que ha animado

en el pasado nuestras decisiones sobre la resolución

judicial de las controversias, en cuanto hemos

reiterado el interés de que las mismas sean atendidas

en sus méritos.

Además, debemos estimular que las

partes que comparezcan ante el Tribunal de Circuito

de

Apelaciones

cumplan

adecuadamente

con

los

requisitos que impone su Reglamento, de forma que se

le irrogue certeza a sus gestiones y celeridad a sus

procedimientos.

El análisis de la controversia que

se nos presenta, a la luz de las consideraciones

esbozadas, nos lleva, en esencia, a realizar un

balance de intereses: por una lado debemos analizar

el

interés

de

los

litigantes,

avalado

por

legislación, de que las decisiones emitidas por el

Tribunal de Primera Instancia, en casos originados

allí, puedan ser revisadas en apelación por un

tribunal colegiado y, por el otro lado, considerar el

interés de promover el adecuado funcionamiento del

Tribunal de Circuito de Apelaciones. El producto de

este balance debe asegurar la atención justa, rápida

y económica de las controversias que se presentan

ante dicho foro.

Estos elementos siempre han

caracterizado

nuestro

sistema

de

adjudicación.

Nuestras decisiones deben armonizar estos elementos,

no contraponerlos." (Enfasis suplido.)

En Programas de Servicios de Salud en el Hogar San Lucas v.

Programa de Servicios de Salud en el Hogar Norte, Opinión y

Sentencia

del

23

de

enero

de

1997,

nuevamente

revocamos

al

Tribunal de Circuito de Apelaciones, por entender que éste no

había actuado con flexibilidad, al ordenar la devolución de una

transcripción de la prueba, que obraba en autos, por no haber

acreditado el recurrente la necesidad de perfeccionar el recurso

mediante una transcripción.

Apercibido el Tribunal de Circuito de Apelaciones de todas

esas advertencias sobre la "debida flexibilidad" con que venía

obligado

a

interpretar

su

Reglamento,

dicho

foro

apelativo

intermedio --en Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla,

CC-97-612

21

Opinión y Sentencia del 29 de diciembre de 1997-- acogió un

recurso de certiorari que había sido radicado por el referido

Municipio once (11) días después de haberse cumplido el plazo de

treinta (30) días, de cumplimiento estricto, que tenía dicha

parte para radicar su recurso de certiorari.

En esta ocasión,

contrario a las anteriores, revocamos al Tribunal de Circuito

por haber sido muy flexible.

Un análisis de la Opinión mayoritaria emitida en el caso

que hoy ocupa nuestra atención --el cual, dicho sea de paso, es

totalmente distinguible del de Banco Popular v. Municipio de

Aguadilla, ante-- en unión a los casos antes reseñados nos trae

a la mente la frase popular de "palo si boga y palo si no boga".

Este

Tribunal

ha

fallado

malamente

señalarle,

una

norma

Apelaciones

que

los

seguir

la

interpretación

en

clara

al

integrantes

no

Tribunal

de

de

al

establecer,

de

Circuito

ese

foro

judicial

las

disposiciones

ni

de

puedan

de

su

Reglamento.

III

En el presente caso se trata, repetimos, del incumplimiento

con un requisito excusable.

La parte peticionaria --contrario

al

ante--

caso

de

Banco

Popular,

acudió

Tribunal de Circuito de Apelaciones.

en

tiempo

ante

el

Es cierto que falló en

notificar a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

Sin embargo, esta es una situación que --nuevamente, contrario

al caso del Banco Popular, ante-- no afecta la jurisdicción en

sí del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Ante un planteamiento de prescripción --el cual, repetimos,

afecta la jurisdicción del tribunal de instancia para ver el

caso-- y ante la posibilidad real de que el no resolver ese

planteamiento pueda causar en el futuro el malgasto de recursos,

tiempo y dinero, el Tribunal de Circuito de Apelaciones procedió

CC-97-612

22

--a nuestro parecer con gran juicio y sensatez-- a acoger el

recurso

y

resolver,

prescripción.

innecesario

de

en

los

méritos,

Esa

situación

fondos,

recursos

el

planteamiento

de

evitar

--la

y

tiempo--

de

el

gasto

incluso

podría

considerarse, repetimos, como la "justa causa" para actuar con

flexibilidad,

excusar

el

incumplimiento

del

requisito

en

controversia, y acoger el recurso y resolverlo en sus méritos.

Venimos,

todos,

en

la

obligación

de

velar

por

el

establecimiento de un "balance de intereses", el cual asegure

"...la atención justa, rápida y económica de las controversias

que se presentan..." ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones

y ante este Tribunal.

Robles, ante.

Véase: Sociedad de Gananciales v. García

A menos que lo expresado por este Tribunal en los

casos recientes citados sea "letra muerta", el incumplimiento

aquí

en

controversia

no

amerita

la

drástica

sanción

de

la

desestimación.

Sobre todo, resulta ser inconcebible que este

Tribunal,

dados

los

hechos

particulares

del

presente

califique

la

acción

tomada

en

por

el

el

mismo

caso,

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones como un "abuso de discreción".

En conclusión, lo procedente a nuestro juicio sería expedir

el

recurso

resolver,

radicado

en

planteamiento

Seguro Estado.

por

la

peticionaria

Arriaga

Rivera

y

los

méritos

y

de

una

vez

y

todas,

el

de

prescripción

que

ha

levantado

Fondo

del

por

el

CC-97-612

23

Ese, en nuestro criterio, es el curso de acción a seguir.

No debemos propiciar soluciones fútiles.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado