Tribunal Supremo de Puerto Rico
Mariana Arriaga v. FSE
1998 TSPR 27
Poder Judicial de Puerto Rico
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Mariana Arriaga v. FSE
CC-1997-612
CC-97-225
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
MARIANA ARRIAGA RIVERA
Demandante-Recurrente
Certiorari
.V
TSPR-98-27
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
Demandado-Recurrido
Número del Caso: CC-97-612
Abogados Parte Demandante: Recurrente: Lcdo. Osvaldo Pérez Marrero
Abogados Parte Demandada: Recurrida: Lcdo. José M. Fernández Luis
Abogados Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Oscar Dávila Suliveres
Tribunal de circuito de Apelaciones: San Juan
Juez Ponente: Hon. López Vilanova
Fecha: 3/18/1998
Materia: Daños y Perjuicios
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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CC-97-225
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
MARIANA ARRIAGA RIVERA
Demandante-Recurrente
vs.
CC-97-612
CERTIORARI
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
Demandado-Recurrido
Opinión del
BERLINGERI
Tribunal
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
FUSTER
San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998.
Tenemos ante nos la ocasión para precisar cuál es el
alcance del requisito procesal, fijado en el Reglamento
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
que
exige
el
cumplimiento estricto de la obligación de un peticionario
de
notificar
su
recurso
de
certiorari
Mariana
Arriaga
al
tribunal
recurrido.
I
La
peticionaria,
Rivera,
fue
admitida en el Hospital Industrial, de la Corporación del
Fondo del Seguro del Estado (en adelante F.S.E.), para
recibir tratamiento médico, que incluía una
quirúrgica.
Cuatro días
después de dicha
operación
CC-97-612
3
operación, el 5 de abril de 1993, la peticionaria tomó los medicamentos
que se la habían prescrito para dormir, pero el personal del hospital no
tomó la precaución de fijar barandas protectoras a su cama, por lo que la
peticionaria se cayó de ésta mientras dormía.
Tal caída ocasionó que se
lesionara los discos vertebrales recién operados.
Posteriormente, la
peticionaria continuó recibiendo tratamiento médico hasta el 18 de enero
de 1996, cuando se le notificó la decisión del Administrador del Fondo,
otorgándole incapacidad total permanente por su lesión.
Mientras recibía el tratamiento aludido, el 28 de marzo de 1994, la
peticionaria
envió
una
carta
certificada
Administrador del Hospital Industrial.
con
acuse
de
recibo
al
En dicha carta la peticionaria
hizo una reclamación extrajudicial detallada respecto a su caída, a los
fines de interrumpir el término prescriptivo de la acción civil por los
daños resultantes de dicha caída, ocasionados por la negligencia del
personal del hospital.
El administrador del hospital, sin embargo, no
recibió esa carta hasta el 6 de abril de 1994.
1994,
la
peticionaria
presentó
una
demanda
El 19 de septiembre de
contra
el
F.S.E.
por
el
incidente aludido.
Dos
años
procesales,
más
el
desestimación,
tarde,
luego
de
que
ocurriesen
F.S.E.
presentó
en
el
foro
judicial
una
en
que
alegaba
que
la
causa
acción
la
peticionaria estaba prescrita.
varios
de
incidentes
moción
de
de
la
El Tribunal de Primera Instancia adjudicó
dicha moción y determinó que la carta enviada por la peticionaria al
Administrador
del
Hospital
Industrial
el
28
de
marzo
de
1994
interrumpido el término para incoar la acción en cuestión.
había
También
indicó el foro de instancia, que dicho hospital era una dependencia del
F.S.E., por lo que al enviar la carta a nombre del administrador del
hospital, constituía una reclamación extrajudicial al F.S.E.
Inconforme con tal determinación, el F.S.E. recurrió mediante el
recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
revocó el dictamen del foro de instancia.
Este
Determinó que no se había
interrumpido el término prescriptivo, debido a que la carta fue recibida
CC-97-612
4
el 6 de abril de 1994, un día después de extinguirse dicho término.
Además, señaló que la carta en cuestión estaba dirigida a un tercero, al
Administrador
reclamación
del
Hospital
extrajudicial
Industrial,
hecha
no
mediante
al
F.S.E.,
dicha
por
lo
que
la
no
gozaba
de
carta
capacidad interruptiva, por no estar dirigida a quien fuera demandado.
No conforme con la determinación del foro apelativo, la peticionaria
acudió ante nos oportunamente, mediante el recurso de certiorari, e hizo
el siguiente señalamiento de errores:
Primer Error:
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de
Apelaciones al aplicar el derecho a los hechos
de este caso, pues no siguió la ley del FSE;
los
criterios
establecidos
sobre
la
interpretación de reclamaciones de obreros
cubiertos por la ley del FSE; ni los criterios
establecidos sobre la prescripción.
Segundo Error:
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de
Apelaciones al ejercer su jurisdicción sobre un
CERTIORARI que no fue formalizado a tenor con
su reglamento; en la alternativa, abuso de su
discreción, al aceptar una ausencia de excusa
como justi- ficación para subsanar el incumplimiento
con
un
requisito
de
estricto
cumplimiento.
Tercer Error:
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de
Apelaciones, al resolver que la norma de
notificación que se utiliza en las Reglas de
Procedi- miento Civil no es de aplicación a una
reclamación extrajudicial y que cuando la carta
llega a su destino, la interrupción no surte
efecto desde que se envió la misma.
Cuarto Error:
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de
Apelaciones al determi- nar contrario a la
prueba que el Hospital Industrial es un tercero
que nunca fue demandado en este caso.
Posteriormente, el 2 de diciembre de 1997, el F.S.E. compareció ante
nos mediante un escrito titulado “Alegato de la Parte Recurrida”, en el
cual arguyó en contra del señalamiento de errores de la peticionaria y a
favor de que se confirmara la sentencia del foro apelativo.
Con el
beneficio de los escritos de ambas partes, pues, pasamos a resolver,
conforme lo dispuesto en la Regla 50 de nuestro Reglamento.
II
CC-97-612
5
La peticionaria ha planteado ante nos dos importantes controversias
sobre el asunto de la prescripción. Una tiene que ver con la cuestión de
cuándo comienza a correr el término prescriptivo para que un obrero pueda
incoar una acción de daños y perjuicios contra el propio F.S.E. en un
caso como el de autos.
La otra tiene que ver con la cuestión de cuándo
surte efectos una reclamación extrajudicial, para interrumpir el término
prescriptivo.
No hemos de resolver estas controversias, sin embargo,
porque existe un asunto previo, de naturaleza procesal, conforme al cual
debe disponerse de la petición de certiorari ante nos.
Se trata de la
cuestión
error
planteada
en
el
segundo
señalamiento
de
de
la
peticionaria, referente a que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no
debió ejercer su jurisdicción para acoger un recurso de certiorari que no
había sido debidamente perfeccionado.
aludido,
sería
improcedente
el
De ser correcto el señalamiento
dictamen
del
foro
apelativo,
independientemente de si tenía méritos o no el contenido substantivo de
dicho dictamen.
Como se sabe, las cuestiones relativas a la jurisdicción
de un tribunal, por ser privilegiadas, deben resolverse con preferencia a
cualesquiera otras.
Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R.
436 (1950); López v. Pérez, 68 D.P.R. 312 (1948).
Si el Tribunal de
Circuito de Apelaciones no debió asumir jurisdicción para entender en el
certiorari
mediante
el
cual
ese
foro
dictó
la
sentencia
que
se
ha
impugnado ante nos, lo que procede es que así lo declaremos, y que por
ello desestimemos
reiteradamente.
el
recurso
ante
nos.
Así lo hemos resuelto
Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955).
Ponce v. F.
Badrena E Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225, 249 (1952); Autoridad Sobre Hogares
v.
Sagastivelza,
supra;
López
v.
Pérez,
considerar el señalamiento de error aludido.
III
supra.
Pasemos,
pues,
a
CC-97-612
La
Regla
6
33(A)
del
Reglamento
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones dispone lo siguiente:
Regla 33.
Presentación y notificación del recurso
A. Manera de presentarlo
Los escritos iniciales de certiorari que se
sometan a la consideración del Tribunal de Circuito
de Apelaciones, y sus copias, podrán presentarse en
la
Secretaría
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones o en la Secretaría de la sede del
Tribunal de Primera Instancia en la cual se
resolvió la controversia objeto de revisión. Una u
otra forma de presentación tendrá todos los efectos
de ley.
Cuando la solicitud de certiorari sea presentada
en la Secretaría del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, la parte peticionaria deberá notificar
a la Secretaría del tribunal recurrido, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
presentación de la solicitud, copia de la misma
debidamente sellada con la fecha y la hora de
presentación.
El término aquí dispuesto será de
cumplimiento estricto.
Cuando la solicitud sea
presentada en la Secretaría del tribunal recurrido,
el(la)
peticionario(a)
deberá
notificar
a
la
Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la presentación de la solicitud, las cuatro (4)
copias que fueron debidamente selladas por la
Secretaría del tribunal recurrido con la fecha y la
hora de presentación.
El término aquí dispuesto
será de cumplimiento estricto. (Enfasis suplido).
En el caso de autos, el F.S.E. no cumplió con lo dispuesto en la
citada Regla 33(A), como bien lo admitió el propio foro apelativo en su
sentencia.
El F.S.E. presentó su recurso de certiorari ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones el 24 de octubre de 1996, pero no notificó
dicho recurso a la secretaría del tribunal recurrido.
Ello dio lugar a
que el foro de instancia continuara con los procedimientos del caso, a
pesar de que estaba pendiente ante el foro apelativo el recurso aludido
del F.S.E.
En efecto, pocos días después de que el F.S.E. presentara su
recurso de certiorari ante dicho foro, el 7 de noviembre de 1996, el
tribunal de instancia celebró una conferencia con antelación al juicio.
Allí, el tribunal señaló una vista transaccional para el 24 de marzo de
1997, que tuvo
que suspenderse
llegada la fecha de ésta, cuando el
CC-97-612
tribunal
de
7
instancia
tuvo
noticia
por
primera
vez
de
que
estaba
interpuesto y pendiente el certiorari aludido ante el foro apelativo.
En vista del incumplimiento de la Regla 33(A) por el F.S.E., la
peticionaria
solicitó
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
desestimación del recurso de certiorari presentado por el F.S.E.
la
El foro
apelativo entonces le requirió al F.S.E. que acreditase la fecha, si
alguna, en que había notificado al tribunal recurrido la presentación de
certiorari en cuestión.
En respuesta a este requerimiento del Tribunal
de Circuito de Apelaciones, el F.S.E. admitió
lo dispuesto en la Regla 33(A) aludida.
que no había cumplido con
Señaló, además, que:
“...nuestro incumplimiento no se debió a falta de interés o
menosprecio al proceso... ...el incumplimiento ha sido un
evento aislado, el mismo ha sido involuntario, no ha habido
lesión a las partes o a la dignidad del tribunal, existe un
firme propósito de enmienda de parte de la Corporación del
Fondo del Seguro del Estado...”
Sobre la base de la referida respuesta del F.S.E., el foro apelativo
denegó la moción de desestimación de la peticionaria.
Aunque el F.S.E.
evidentemente
justificase
no
ofreció
una
razón
adecuada
que
su
incumplimiento del requisito fijado por la Regla 33(A) en cuestión, el
foro apelativo resolvió que dicho requisito debía ser interpretado de
manera flexible, y que como éste era uno de cumplimiento estricto y no de
carácter jurisdiccional, el Tribunal tenía la facultad de eximir de éste
a la parte recurrente.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones no explicó
en cuáles circunstancias procedía que se eximiera a una parte de cumplir
con la Regla aludida, ni justificó de modo alguno por qué en este caso
debía
hacerse
tal
excepción
con
el
F.S.E.
Sencillamente,
el
foro
apelativo resolvió que a pesar del incumplimiento por el F.S.E. con lo
dispuesto en la Regla 33(A), tenía jurisdicción para entender en el
recurso en cuestión, porque dicha Regla sólo establecía un requisito de
cumplimiento estricto, no uno jurisdiccional.
Con razón nos dice la
peticionaria, que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver
como lo hizo.
Veamos.
CC-97-612
8
IV
Reiteradamente hemos resuelto que las disposiciones reglamentarias
sobre los recursos a presentarse ante este Tribunal deben observarse
rigurosamente.
Cárdenas Maxan v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642 (1987); In
re: Reglamento del Tribunal Supremo, 116 D.P.R. 670 (1985); Mfrs. H.
Leasing
v.
Carib.
Tubular
Corp.,
115
D.P.R.
428
Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975).
(1984);
Matos
v.
Esta conocida norma
debe ser extensiva también al Reglamento del Tribunal de Circuito de
Apelaciones.
En el caso de nuestro propio Reglamento hemos señalado que
“los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito
en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los
recursos”, y que no puede quedar “al arbitrio de los abogados decidir qué
disposiciones
reglamentarias
deben
acatarse
y
Metropolitan Marble Corp., supra, a la pág. 125.
cuándo”.
Matos
v.
No existe razón alguna
que justifique no aplicar esta norma, de evidente sentido jurídico, al
cumplimiento del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Es
cierto que en el pasado reciente hemos señalado al foro apelativo que
debe ser flexible en ciertas aplicaciones de su reglamento, pero ello ha
sido en situaciones muy particulares, en las cuales tal flexibilidad
estaba plenamente justificada, como cuando se trata de un mero requisito
de forma, de menor importancia, Santos v. Mun. de Comerío1; o cuando el
foro apelativo ha impuesto una severa sanción de desestimación, sin antes
haber apercibido a la parte debidamente, López Rivera v. Rivera Díaz2.
Ninguna de tales expresiones nuestras debe interpretarse como que da
licencia
a
las
injustificadamente
partes
el
o
al
foro
apelativo
para
cumplimiento
del
Reglamento
de
soslayar
ese
foro,
particularmente ahora que éste tiene casi dos años de vigencia y no es
razonable ya excusar a los abogados por su desconocimiento.
En
el
caso
de
autos,
se
trata
de
calificado como de “cumplimiento estricto”.
1
un
requisito
expresamente
Ya antes nos hemos expresado
Op. Per Curiam del 9 de febrero de 1996, 140 D.P.R. ___, 96 JTS 13.
Op. Per Curiam del 28 de junio de 1996, 141 D.P.R. ___, 96 JTS 102.
2
CC-97-612
9
claramente sobre el significado de esta figura procesal.
Hemos señalado
que existe una “diferencia conceptual con efectos jurídicos distintos
entre
lo
que
es
jurisdiccional’”.
Hemos
indicado
‘requisito
de
cumplimiento
estricto’
y
‘requisito
Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977).
que
cuando
se
trata
de
un
término
de
cumplimiento
estricto, el foro judicial queda liberado del automatismo que conlleva el
requisito jurisdiccional y puede “proveer justicia según lo ameriten las
circunstancias”.
Id, a la pág. 360.
Más concretamente, hemos resuelto
que cuando un término es de cumplimiento estricto, su observancia tardía
“es permisible de existir y demostrarse a cabalidad una justa causa” para
no cumplir rigurosamente con el término en cuestión. (Enfasis suplido).
González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48 (1989).
También
hemos resuelto que “no se permitirá desviación alguna del plazo,... so
pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza ocurrida se
justifique detalladamente y a cabalidad”, Pueblo v. Fragoso, 109 D.P.R.
536 (1980); y que “no permitiremos presentaciones tardías de copia de
ningún recurso en la secretaría del tribunal de apelación, a menos que la
demora ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”.
Morales v.
Méndez Más, 109 D.P.R. 843 (1980).
Debe indicarse, además, que en fecha muy reciente, en un caso en el
cual
estaba
en
cuestión
cumplimiento
estricto,
Apelaciones
no
automáticamente.
goza
precisamente
resolvimos
de
el
que
discreción
alcance
de
un
término
de
Circuito
de
el
Tribunal
de
para
prorrogar
tales
términos
Indicamos que el foro apelativo tiene discreción para
extender un término de cumplimiento estricto “sólo cuando la parte que lo
solicita demuestra justa causa para la tardanza.
En ausencia de tales
circunstancias dicho tribunal carece de discreción para prorrogar el
término
y
por
consideración”.
ende
acoger
el
recurso
de
certiorari
ante
su
Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, opinión del
29 de diciembre de 1997, 144 D.P.R. ___, 97 JTS 152.
De lo anterior, se desprende que los tribunales pueden eximir a una
parte del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento
CC-97-612
10
estricto, si están presentes dos condiciones:
(1) que en efecto exista
justa
la
causa
para
detalladamente
al
la
dilación;
tribunal
las
(2)
bases
que
parte
le
que
tiene
razonables
demuestre
para
la
dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera adecuada
la justa causa aludida.
En el caso de autos, no está presente al menos una de las dos
condiciones aludidas.
Si bien el F.S.E. intentó justificar en detalle su
incumplimiento con el término en cuestión, no ofreció realmente una causa
justificada para su omisión.
Alegaciones tales como las que hizo el
F.S.E., de que el incumplimiento fue “involuntario”, que “no se debió a
falta de interés”, que no hubo “menosprecio al proceso”, o de que ahora
“existe un firme propósito de enmienda”, no constituyen justa causa.
No
es con vaguedades, excusas, o planteamientos estereotipados que se cumple
con el requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y
particulares,
concluir
debidamente
que
la
evidenciadas,
tardanza
o
demora
que
le
permitan
ocurrió
al
tribunal
razonablemente,
por
circunstancias especiales.
Ausente
la
justa
causa
para
la
omisión
en
cuestión,
el
foro
apelativo no tenía discreción para eximir al F.S.E. del cumplimiento con
lo dispuesto en la Regla 33(A) del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Aunque no se tratase de un requisito jurisdiccional, dicho foro venía
obligado
aún,
como
hemos
resuelto
antes,
a
denegar
el
recurso
de
certiorari, por razón del incumplimiento del reglamento aludido.
Por los fundamentos expuestos, habiendo errado el foro apelativo al
acoger la petición de certiorari del F.S.E., se dictará sentencia para
expedir el auto de certiorari solicitado ante nos, y para dejar sin
efecto la del Tribunal de Circuito de Apelaciones del 24 de septiembre de
1997.
En vista de lo que resolvemos, no es procedente discutir los otros
señalamientos de error planteados por el peticionario.
nuestros precedentes en casos similares.
Mun. de Aguadilla, supra.
Ello, conforme
Véase, Bco. Popular de P.R. v.
Cualquier dictamen nuestro sobre esos otros
CC-97-612
11
señalamientos constituiría una mera opinión consultiva, y sería contraria
a
nuestra
reiterada
normativos que
cambiar
de
cuestión.
política
judicial
no han de tener
modo
alguno
el
P.P.D. v. P.N.P.,
de
no
hacer
pronunciamientos
efectos prácticos, porque no
resultado
ya
dispuesto
opinión
del 16
para
de febrero
el
de
D.P.R. ___, 96 JTS 18.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
han de
caso
en
1996, 140
CC-97-612
12
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
MARIANA ARRIAGA RIVERA
Demandante-Recurrente
vs.
CC-97-612
CERTIORARI
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
Demandado-Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
sentencia, habiendo errado el foro apelativo al acoger la
petición de certiorari del Fondo del Seguro del Estado,
se expide el auto de certiorari solicitado ante nos, y se
deja sin efecto la sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones del 24 de septiembre de 1997.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Negrón García disiente sin opinión escrita.
El Juez
Asociado señor Rebollo López disiente con opinión
escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-97-612
13
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
MARIANA ARRIAGA RIVERA
Demandante-recurrente
vs.
CC-97-612
CERTIORARI
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
Demandado-recurrido
OPINION DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico a 18 de marzo de 1998
Disentimos
razones.
la
de
la
Opinión
mayoritaria
por
dos
La primera porque no estamos de acuerdo con
ambivalencia
contradictorios"
del
que
Tribunal,
el
mismo
y
ha
los
"mensajes
estado
enviando,
respecto a la facultad inherente que tiene el Tribunal
de Circuito de Apelaciones de interpretar su propio
Reglamento.
No obstante el hecho de que este Tribunal fue el
que
promulgó
dicho
Reglamento,
conforme
las
disposiciones de la Ley de la Judicatura de 1994, es al
foro apelativo intermedio al que le corresponde, en
primera instancia y de manera principal, interpretar el
mismo.
Sus
deferencia.
interpretaciones
merecen
nuestra
CC-97-612
Después
14
de
todo,
y
a
pesar
de
que
somos
el
más
alto
Foro
apelativo del País, ni somos infalibles ni fuimos designados
como
los
"mentores
o
tutores"
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones.
En segundo término, somos del criterio que al resolver como
lo hace, la Mayoría está demostrando una carencia absoluta de
pragmatismo
judicial.
Conforme
explicamos
más
adelante,
el
resultado de la decisión mayoritaria emitida es que el caso
retorna al tribunal de primera instancia para la celebración de
un juicio plenario, proceso que podría ser dejado sin efecto
posteriormente;
ello
con
el
consabido
gasto
innecesario
de
recursos, tiempo y dinero.
I
Como surge de la Opinión mayoritaria, en el caso que ocupa
nuestra
atención,
el
tribunal
de
instancia
resolvió
que
resultaba procedente denegar una moción de desestimación que
había radicado la Corporación del Fondo del Seguro del Estado,
en
adelante
perjuicios
contra
"el
Fondo",
radicada
dicho
por
organismo
respecto
la
a
aquí
la
peticionaria
administrativo.
Arriaga
y
Rivera
Dicha
solicitud
de
defensa
afirmativa
de
prescripción.
El foro de instancia denegó la aludida solicitud
por
que
carta
que
la
daños
estaba
una
en
de
desestimación
entender
predicada
demanda
había
enviado
la
demandante
Arriaga Rivera al Administrador del Hospital Industrial había
tenido el efecto de interrumpir el período prescriptivo.
En
certiorari,
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
revocó dicha actuación por entender que la mencionada carta no
tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo ya que: la
misma fue recibida por el destinatario con posterioridad a la
conclusión del período prescriptivo aplicable y porque dicha
CC-97-612
15
carta no estaba dirigida a la parte demandada, esto es, al Fondo
del Seguro del Estado.
Conforme al criterio de una mayoría de los integrantes del
Tribunal, procede revocar la sentencia emitida por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones por el fundamento de que dicho foro
apelativo intermedio no debió entrar a dilucidar los méritos del
recurso ya que lo procedente era desestimar el recurso radicado
por el Fondo por razón de que éste incumplió con el requisito de
notificar
al
tribunal
de
instancia.
En
otras
palabras,
la
Mayoría resuelve que el incumplimiento, por parte del Fondo, con
las disposiciones de la Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal
de Circuito de Apelaciones, sin que el Fondo adujera justa causa
para ello, amerita la desestimación del recurso radicado por
dicho organismo administrativo.
Como
expresáramos
anteriormente,
el
resultado
o
consecuencia de la Opinión mayoritaria emitida es que el caso
retorna al tribunal de instancia para la dilucidación, en sus
méritos, de la demanda de daños y perjuicios que contra el Fondo
del Seguro del Estado radicara la peticionaria Arriaga Rivera
sin que el planteamiento de prescripción hecho por el Fondo del
Seguro del Estado haya sido resuelto en los méritos; defensa
afirmativa que, de ser procedente, priva de autoridad al foro de
instancia para intervenir y resolver en los méritos el caso.
II
Una vez retorne el caso al tribunal de instancia pueden
darse, naturalmente, varias alternativas: (1) las partes pueden
transigir el pleito; (2) la parte demandante puede no prevalecer
en los méritos; (3) la demandante puede prevalecer y el Fondo no
recurrir en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones;
(4) la parte demandante puede prevalecer, el Fondo acudir en
apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones, plantear la
CC-97-612
16
defensa de la prescripción, y un panel del Tribunal de Circuito,
distinto
al
que
ahora
intervino,
resolver
que
la
acción
no
estaba prescrita y el Fondo no acudir ante este Tribunal; (5)
todo
lo
anterior
y
la
parte
perjudicada
acudir
ante
este
Tribunal, en cuya situación vendríamos obligados a resolver si
la acción estaba, o no, prescrita; etc.
Las
primeras
tres
alternativas
pueden
darse
sin
que,
finalmente, se tenga que resolver el planteamiento legal de si
el
Fondo
puede,
o
no,
levantar
nuevamente
ante
los
foros
apelativos correspondientes la cuestión de la prescripción.
En
las restantes alternativas, si el Fondo levanta nuevamente dicha
cuestión
ante
los
tribunales
correspondientes,
sí
hay
que
resolver dicho punto.
La solución de la referida cuestión no es fácil.
Hemos
resuelto que si este Tribunal adjudica, en los méritos y vía
certiorari, una determinación interlocutoria de un tribunal de
instancia, no procede que la parte perdidosa vuelva a plantear
lo mismo en un recurso posterior; ello conforme a la doctrina de
la "ley del caso".
Vélez Miranda v. Servicios Legales de Puerto
Rico, Opinión y Sentencia del 21 de enero de 1998; Candelaria v.
Municipio de Ceiba, 114 D.P.R. 155, 156-57 (1974); Rivera v.
Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 94 (1974).
La
situación
oportunamente
la
aquí
es
distinta.
El
Fondo
defensa
de
prescripción;
defensa
levantó
que,
como
expresáramos anteriormente, de ser procedente en derecho, priva
al tribunal de instancia de autoridad para intervenir en el
caso.
decisión
Dicha
cuestión,
mayoritaria
hoy
como
consecuencia
emitida,
no
inescapable
queda
resuelta
de
la
en
los
méritos ya que la Mayoría entiende que resulta procedente la
desestimación del recurso, radicado ante el Tribunal de Circuito
de
Apelaciones,
cuestión
de
si
por
ese
incumplimiento
con
incumplimiento,
el
que
Reglamento.
La
desemboca
la
en
CC-97-612
17
desestimación de su recurso, priva al Fondo de poder plantear
nuevamente la defensa de prescripción en apelación no ha sido
resuelta por el Tribunal.
Ahora
bien,
nuevamente,
y
de
de
poder
el
prevalecer
Fondo
en
su
plantear
dicha
planteamiento,
defensa
todo
el
procedimiento que se haya llevado a cabo habría que dejarlo sin
efecto.
Esto es, todo el tiempo invertido por el tribunal de
instancia en ver el caso en sus méritos, todos los recursos en
ello utilizados, todo el dinero gastado por las partes y la Rama
Judicial en dicho procedimiento habría sido en vano.
Ante esta situación, ¿qué hizo el Tribunal de Circuito de
Apelaciones?
Actuando con, y demostrando, una gran sensatez
decidió ser "flexible" y acoger el recurso radicado por el Fondo
y decidir, en
los méritos, el
planteamiento de
prescripción
hecho por el referido organismo administrativo.
¿Cometió
mayoría
de
un
los
"abuso
de
integrantes
nosotros sostenemos que no.3
discreción"
al
del
decide
Tribunal
así
actuar?
La
hoy
sí;
que
Veamos por qué.
La Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Circuito de
Apelaciones establece, en síntesis y en lo pertinente al asunto
planteado, que una parte que no esté conforme con una resolución
interlocutoria
emitida
podrá
la
revisar
Apelaciones
Secretaría
misma
presentando
del
por
Tribunal
el
ante
tribunal
el
de
Tribunal
primera
de
instancia
Circuito
un
recurso
de
certiorari
de
Circuito
de
Apelaciones
en
o
de
"...la
en
la
Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia en la
cual se resolvió la controversia objeto de revisión."
(Enfasis
suplido.)
Dicha Regla 33(A) impone, además, la obligación a esa parte
de
notificar a la otra Secretaría; esto es, si radicó ante el
CC-97-612
18
Tribunal de Circuito de Apelaciones, tiene que notificar al
Tribunal de Primera Instancia, y si radicó ante éste último,
tiene que notificar al Tribunal de Circuito
de Apelaciones.
Analizado en su justa perspectiva, ese requisito, aun cuando
importante, es uno que no debe privar al Tribunal de Circuito de
Apelaciones
de
entender
en
el
ordenamiento dispone para que
recurso.
De
hecho,
el Tribunal de
nuestro
Circuito pueda
eximir del mismo a la parte peticionaria; ello así cuando ésta
demuestra "justa causa".
Fondo
no
adujo
esa
Es correcto que en el presente caso el
"justa
causa".
Ello
no
obstante,
la
situación indeseable que antes señaláramos que podría ocurrir si
el planteamiento de prescripción no se resuelve --el malgasto de
fondos, recursos y tiempo-- constituye, de por sí, causa o razón
suficiente para que el Tribunal de Circuito correctamente haya
decidido
ejercer
su
sana
discreción,
ser
"flexible"
en
la
interpretación de su Reglamento, y acoger y resolver el recurso
en sus méritos.
Así se lo hemos señalado, en el pasado, al
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Veamos.
En Santos v. Municipio de Comerio, Opinión y Sentencia del
31 de enero de 1996, resolvimos que "abusó de su discreción" el
Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar un recurso de
certiorari que,
aunque fue
presentado dentro
del término de
cumplimiento estricto de treinta (30) días, fue corregido --para
subsanar un defecto de forma-- al otro día de expirar el plazo
de
treinta
(30)
días.
pertinente,
que
una
Al
así
resolver
interpretación
expresamos,
flexible
de
las
en
lo
normas
reglamentarias allí en controversia permitiría al Tribunal de
Circuito de Apelaciones decidir si expide o no el recurso y, de
hacerlo,
revisar en los méritos el planteamiento de la parte
allí peticionaria.
3
Debe mantenerse presente que, conforme nuestro ordenamiento jurídico, discreción es "una forma de
razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera". Pueblo v.
Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).
CC-97-612
19
En López Rivera v. Rivera Díaz, Opinión y Sentencia del 28
de junio de 1996, un tribunal dividido4 resolvió que resultaba
ser una sanción demasiado extrema la desestimación
decretada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones por no
haber perfeccionado su recurso
la parte peticionaria con la
debida diligencia, ello con relación a la exposición narrativa
de la prueba.
Al así actuar señalamos, entre otros fundamentos,
que:
"...reiteradamente hemos resuelto que cuando un
tribunal tiene ante sí una situación de desatención
al caso por la parte interesada, la imposición de
sanciones debe ser en primer término al abogado de la
parte; y que si ello no produce efectos positivos,
entonces "procederá la imposición de la severa
sanción de la desestimación... tan sólo después que
la parte haya sido debidamente apercibida de la
situación...".
Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez
Meri,123 D.P.R. 664 (1989); Dávila v. Hosp. San
Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986); Maldonado v.
Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982). Ello
no sucedió aquí, y no vemos porqué esta bien
fundamentada norma no sea de aplicación también en el
proceso apelativo."
En
Sociedad
de
Sentencia
del
23
de
resolvimos
que
había
Gananciales
enero
de
incurrido
v.
García
1997,
en
Robles,
nuevamente
"abuso
de
Opinión
y
divididos5,
discreción"
el
Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar un recurso de
apelación, en un caso civil, por no haber el apelante presentado
oportunamente una exposición narrativa de la prueba a pesar de
que los señalamientos de error, por él hechos, iban dirigidos a
impugnar
la
apreciación
de
la
prueba
realizado el tribunal de instancia.
testifical
que
había
Al así actuar, expresamos:
"Debemos determinar si abusó de su discreción el
Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar un
recurso de apelación por no haber el apelante
presentado una exposición narrativa de la prueba oral
desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia.
Varias consideraciones sostienen nuestra decisión.
Primeramente, debemos tener presente los propósitos
que quizo (sic) alcanzar el legislador al crear el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante la
4
Disintieron los Jueces Asociados señores Negrón García y Corrada del Río.
5
El Juez Asociado señor Negrón García disintió. El Juez suscribiente no intervino.
CC-97-612
20
aprobación de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico
de 1994.
Segundo, debemos también considerar la
filosofía que ha permeado la reglamentación sobre los
mecanismos diseñados para presentar al tribunal
apelativo la prueba desfilada ante el tribunal de
instancia y el efecto que sobre la misma tendría la
decisión del Tribunal del Circuito de Apelaciones.
Tercero, hay que reconocer los efectos que han tenido
sobre la profesión legal los frecuentes y profundos
cambios introducidos a nuestro sistema de justicia
apelativa durante los últimos cuatro años.
Cuarto,
debemos sostener el principio cardinal que ha animado
en el pasado nuestras decisiones sobre la resolución
judicial de las controversias, en cuanto hemos
reiterado el interés de que las mismas sean atendidas
en sus méritos.
Además, debemos estimular que las
partes que comparezcan ante el Tribunal de Circuito
de
Apelaciones
cumplan
adecuadamente
con
los
requisitos que impone su Reglamento, de forma que se
le irrogue certeza a sus gestiones y celeridad a sus
procedimientos.
El análisis de la controversia que
se nos presenta, a la luz de las consideraciones
esbozadas, nos lleva, en esencia, a realizar un
balance de intereses: por una lado debemos analizar
el
interés
de
los
litigantes,
avalado
por
legislación, de que las decisiones emitidas por el
Tribunal de Primera Instancia, en casos originados
allí, puedan ser revisadas en apelación por un
tribunal colegiado y, por el otro lado, considerar el
interés de promover el adecuado funcionamiento del
Tribunal de Circuito de Apelaciones. El producto de
este balance debe asegurar la atención justa, rápida
y económica de las controversias que se presentan
ante dicho foro.
Estos elementos siempre han
caracterizado
nuestro
sistema
de
adjudicación.
Nuestras decisiones deben armonizar estos elementos,
no contraponerlos." (Enfasis suplido.)
En Programas de Servicios de Salud en el Hogar San Lucas v.
Programa de Servicios de Salud en el Hogar Norte, Opinión y
Sentencia
del
23
de
enero
de
1997,
nuevamente
revocamos
al
Tribunal de Circuito de Apelaciones, por entender que éste no
había actuado con flexibilidad, al ordenar la devolución de una
transcripción de la prueba, que obraba en autos, por no haber
acreditado el recurrente la necesidad de perfeccionar el recurso
mediante una transcripción.
Apercibido el Tribunal de Circuito de Apelaciones de todas
esas advertencias sobre la "debida flexibilidad" con que venía
obligado
a
interpretar
su
Reglamento,
dicho
foro
apelativo
intermedio --en Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla,
CC-97-612
21
Opinión y Sentencia del 29 de diciembre de 1997-- acogió un
recurso de certiorari que había sido radicado por el referido
Municipio once (11) días después de haberse cumplido el plazo de
treinta (30) días, de cumplimiento estricto, que tenía dicha
parte para radicar su recurso de certiorari.
En esta ocasión,
contrario a las anteriores, revocamos al Tribunal de Circuito
por haber sido muy flexible.
Un análisis de la Opinión mayoritaria emitida en el caso
que hoy ocupa nuestra atención --el cual, dicho sea de paso, es
totalmente distinguible del de Banco Popular v. Municipio de
Aguadilla, ante-- en unión a los casos antes reseñados nos trae
a la mente la frase popular de "palo si boga y palo si no boga".
Este
Tribunal
ha
fallado
malamente
señalarle,
una
norma
Apelaciones
que
los
seguir
la
interpretación
en
clara
al
integrantes
no
Tribunal
de
de
al
establecer,
de
Circuito
ese
foro
judicial
las
disposiciones
ni
de
puedan
de
su
Reglamento.
III
En el presente caso se trata, repetimos, del incumplimiento
con un requisito excusable.
La parte peticionaria --contrario
al
ante--
caso
de
Banco
Popular,
acudió
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
en
tiempo
ante
el
Es cierto que falló en
notificar a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.
Sin embargo, esta es una situación que --nuevamente, contrario
al caso del Banco Popular, ante-- no afecta la jurisdicción en
sí del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Ante un planteamiento de prescripción --el cual, repetimos,
afecta la jurisdicción del tribunal de instancia para ver el
caso-- y ante la posibilidad real de que el no resolver ese
planteamiento pueda causar en el futuro el malgasto de recursos,
tiempo y dinero, el Tribunal de Circuito de Apelaciones procedió
CC-97-612
22
--a nuestro parecer con gran juicio y sensatez-- a acoger el
recurso
y
resolver,
prescripción.
innecesario
de
en
los
méritos,
Esa
situación
fondos,
recursos
el
planteamiento
de
evitar
--la
y
tiempo--
de
el
gasto
incluso
podría
considerarse, repetimos, como la "justa causa" para actuar con
flexibilidad,
excusar
el
incumplimiento
del
requisito
en
controversia, y acoger el recurso y resolverlo en sus méritos.
Venimos,
todos,
en
la
obligación
de
velar
por
el
establecimiento de un "balance de intereses", el cual asegure
"...la atención justa, rápida y económica de las controversias
que se presentan..." ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
y ante este Tribunal.
Robles, ante.
Véase: Sociedad de Gananciales v. García
A menos que lo expresado por este Tribunal en los
casos recientes citados sea "letra muerta", el incumplimiento
aquí
en
controversia
no
amerita
la
drástica
sanción
de
la
desestimación.
Sobre todo, resulta ser inconcebible que este
Tribunal,
dados
los
hechos
particulares
del
presente
califique
la
acción
tomada
en
por
el
el
mismo
caso,
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones como un "abuso de discreción".
En conclusión, lo procedente a nuestro juicio sería expedir
el
recurso
resolver,
radicado
en
planteamiento
Seguro Estado.
por
la
peticionaria
Arriaga
Rivera
y
los
méritos
y
de
una
vez
y
todas,
el
de
prescripción
que
ha
levantado
Fondo
del
por
el
CC-97-612
23
Ese, en nuestro criterio, es el curso de acción a seguir.
No debemos propiciar soluciones fútiles.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado