LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

HERNANDEZ V. ESPINOSA

1998 TSPR 40

Poder Judicial de Puerto Rico

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HERNANDEZ V. ESPINOSA

AC-1996-53

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ

PETICIONARIO

Certiorari

.V

TSPR98-40

ANGEL ESPINOSA Y OTROS

Recurridos

Número del Caso: AC-96-53

Abogados Parte Peticionaria: Lic. Angel M. Bonnet Rosario

Abogados Parte Recurrida: Lic. Julio Nigaglioni Arrache

Lic. Eric R. Ronda Del Toro

(Cancio, Nadal, Rivera & Díaz)

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Arecibo

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Marcos T. Calderón Vázquez

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional de Arecibo y

Utuado

Juez Ponente: Hon. Salas Soler

Fecha: 4/3/1998

Materia: Despido Ilegal, Reclamación de Salarios y Daños y Perjuicios

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Hernández Hernández

Peticionario

v.

AC-96-53

Angel Espinosa y otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODON.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 1998

Nuevamente nos corresponde interpretar las disposiciones d

la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 3

L.P.R.A. secs. 3118-3133.

En particular, debemos clarificar e

significado del término "distrito judicial" de acuerdo con e

esquema de la Sec. 3 de dicha ley, 32 L.P.R.A. sec. 3120.

I.

LOS HECHOS

El 4 de octubre de 1995, Manuel Hernández Hernández (en

adelante obrero peticionario) presentó en la Sala Superior de

Arecibo del Tribunal de Primera Instancia una querella al amparo

del procedimiento

sumario

establecido

por

la

3

Ley Núm. 2, supra.

Incluyó como querellados al Sr. Angel Espinosa, la

esposa de éste identificada como Fulana de Tal y la sociedad legal de

gananciales compuesta por ambos, h/n/c Vaquería Espinosa (en adelante

recurridos).

Alegó en síntesis: que había trabajado como ordeñador

para los recurridos desde el mes de febrero de 1989 hasta el 15 de

octubre de 1994; que sus servicios fueron contratados sin especificar

un

límite

de

tiempo

y

que

entre

sus

tareas

se

encontraba

la

de

suministrar medicamentos al ganado; que recibía un salario de cinco

dólares ($5) por hora; que había sido despedido injustificadamente; que

mientras estuvo empleado trabajó horas extras sin recibir paga alguna;

que no se le permitió tomar su hora de almuerzo; que tampoco se le

permitió disfrutar de sus vacaciones regulares; y que nunca se le pagó

el bono de navidad.

El obrero peticionario solicitó remedios al amparo de la Ley Núm.

379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 271 et

seq.; la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, 29

L.P.R.A. sec. 245 et seq.; el Art. 2 de la Ley Núm. 115 de 20 de

diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. sec. 194a(c); la Ley Núm. 80 de 30 de

mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. y la Ley

Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 501

et seq.

Pidió específicamente que se ordenara su reinstalación al

empleo y que se le hicieran los pagos correspondientes por concepto de

mesada, horas extras trabajadas y no compensadas a tiempo doble, horas

de

tomar

alimentos,

aplicables.

vacaciones,

bono

de

navidad

y

las

penalidades

Estimó que todo lo anterior totalizaba setenta y siete mil

seiscientos veinte dólares ($77,620), más quince mil dólares ($15,000)

por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.

Los recurridos fueron notificados de la querella el 2 de noviembre

de 1995.

La sociedad de bienes gananciales h/n/c Vaquería Espinosa y

Angel Espinosa fueron notificados en el municipio de Camuy, mientras

4

que la Sra. Nelva Avila en el municipio de Hatillo.1

A todos se les

advirtió que de no contestar dicha querella dentro del término de diez

(10)

días

contados

desde

su

notificación,

se

procedería

a

dictar

sentencia en su contra sin más citarle ni oírle.

El 14 de noviembre de 1995, once (11) días después de notificada

la querella y sin que los recurridos hubiesen contestado, el obrero

peticionario solicitó que se dictara sentencia en rebeldía a su favor.

El 17 de noviembre de 1995 el tribunal de instancia anotó la rebeldía a

los recurridos. Alegadamente, ese mismo día fue recibida en el tribunal

la contestación a la querella suscrita por Angel Espinosa y la sociedad

legal de gananciales h/n/c Vaquería Espinosa.

La orden del tribunal

anotando la rebeldía fue notificada a las partes el 28 de noviembre de

1995.2

Posteriormente, el 4 de diciembre de 1995, treinta y dos (32) días

después

de

interpuso

un

notificados,

escrito

la

representación

titulado

"Moción

legal

Solicitando

de

los

recurridos

Reconsideración

o

Relevo de Anotación de Rebeldía" acompañado de una declaración jurada

suscrita por el Lcdo. Eric R. Ronda del Toro.

En esencia solicitó que

se relevara a sus representados de la rebeldía.

En aras de justificar

su petición, adujo como principal argumento que suscribió y envió la

contestación a la querella el 11 de noviembre de 1995, o sea, dentro

del término establecido por ley.

Por su parte, en la declaración

jurada señaló, que la querella fue recibida en su oficina el 9 de

noviembre de 1995 y que por problemas personales no pudo enviar la

1

La sociedad de bienes gananciales h/n/c Vaquería Espinosa fue

notificada dos (2) veces: a través de Angel Espinosa en Camuy, y a

través de su esposa Nelva Avila en Hatillo. Cabe señalar que, aunque

la esposa del Sr. Angel Espinosa fue identificada como Fulana de Tal en

la querella y que la misma nunca se enmendó para incluir el nombre

correcto, ésta sí fue notificada de tal querella por su nombre propio,

Nelva Avila.

2

Es menester aclarar que la señora Nelva Avila no compareció

específicamente.

Sin embargo, la querella está dirigida contra el

patrono del obrero reclamante, Manuel Hernández Hernández y como bien

se desprende de la misma, el patrono es la sociedad legal de

gananciales compuesta obviamente por los esposos Espinosa Avila.

5

contestación antes del 11 de noviembre.3

Expuso, sin mayor explicación,

que

menester

para

contestar

la

querella

era

llevar

investigación de los hechos y del derecho aplicable.

a

cabo

una

Finalmente, adujo

que desconocía las razones por las cuales la contestación a la querella

no fue recibida en el tribunal hasta el día 17 de noviembre de 1995.

Luego de varios trámites procesales, el 2 de enero de 1996 el

tribunal de instancia denegó la moción.

de enero.

Esta orden fue notificada el 9

Al día siguiente, dicho tribunal dictó una sentencia en

rebeldía declarando con lugar la querella.4

reponer

en

su

empleo

al

obrero

Condenó a los recurridos a

peticionario

y

a

satisfacerle

la

cantidad de doscientos mil cien dólares ($200,100) por concepto de

mesada,

horario

penalidades

y

extraordinario,

honorarios

de

horas

abogado.

de

alimentos,

Además,

ordenó

vacaciones,

el

pago

de

salarios a razón de cuarenta dólares ($40) por cada día transcurrido

desde la fecha de la presentación de la querella, el 4 de octubre de

1995, hasta que el obrero peticionario fuera repuesto en su empleo, más

el duplo correspondiente por concepto de penalidad.

Inconforme con esta determinación, el 29 de enero de 1996, el

patrono recurrido interpuso un recurso de certiorari ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito).5

El 5 de

3

El licenciado Ronda del Toro alegó que el 9 de noviembre de 1995 se

encontraba con su hija, que tuvo que ser operada de emergencia, en la

Clínica Las Américas.

4

Como cuestión de hecho el tribunal concluyó que la querella no fue

contestada, ni se presentó moción de prórroga jurada dentro del término

de diez (10) días dispuesto por la Ley Núm. 2, supra.

5

A dicho recurso se le asignó el Núm. KLCE-96-00083.

Este fue el

segundo recurso presentado sobre el mismo caso, ya que, de la orden

reiterando la anotación de rebeldía, los recurridos acudieron al

Tribunal de Circuito y también presentaron un recurso de certiorari, al

que se le asignó el número KLCE 96-00058.

En ambas peticiones el

patrono recurrido discutió idénticos errores con la sola excepción de

que en el recurso KLCE-96-00083 incluyó como error que el foro de

instancia dictó una sentencia en rebeldía por más del doble de la

cuantía original reclamada en la querella.

Los errores señalados en el recurso KLCE-96-00083 fueron

siguientes:

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al mantener una

anotación de rebeldía de los aquí comparecientes, a pesar

[de] que se radicó la Contestación a la Querella, tan solo

los

6

febrero de 1996, el Tribunal de Circuito ordenó la paralización de los

efectos de la sentencia.

Además, ordenó al obrero peticionario mostrar

causa por la cual no se debía expedir el auto solicitado y dejar sin

efecto la anotación de rebeldía.

En

cumplimiento

con

lo

anterior,

el

peticionario

compareció

y

expresó su posición en torno a las dos (2) peticiones de certiorari

interpuestas por los recurridos.

Dos (2) días más tarde, el Tribunal

de Circuito consolidó los recursos y los acogió como una apelación.

El

una

sentencia

mediante la cual revocó el dictamen del foro de instancia.

Resolvió

que

20

no

de

marzo

procedía

la

de

1996,

anotación

dicho

de

tribunal

rebeldía

dictó

contra

los

recurridos.

Dispuso que el plazo que éstos tenían para contestar la querella no era

el de diez (10), sino el de quince (15) días, ya que ésta había sido

notificada en un distrito judicial distinto al que fue presentada.

Modificó, además, la cuantía por concepto de horas extras y penalidades

otorgada por el foro de instancia al obrero peticionario.6 Finalmente,

ordenó la devolución del caso para que dicho foro resolviera conforme a

lo dictaminado en su sentencia.

Por

denegada

su

inconformidad

una

solicitud

de

con esta

decisión

reconsideración,

y luego

el

acudió ante nos mediante recurso de apelación.

de

obrero

haber sido

peticionario

Alegó la comisión de

los siguientes errores:

1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones

al resolver, en forma contraria a la ley, que el

4 días luego del término dispuesto en la ley para contestar

en estos casos y se dió [sic] una explicación bajo

juramento para esa tardanza.

2. Erró el Trinunal [sic] de Primera Instancia al dictar una

Sentencia en rebeldía por más del doble de la cuantía

original notificada a la parte querellada, sin que

tampoco existiera declaración alguna del querellante.

6

La modificación de esta cuantía por el Tribunal de Circuito resultaba

prematura a la luz de su determinación de que no procedía la anotación

de rebeldía, sino la devolución del caso para que se contestase la

querella y continuaran los procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2,

supra.

7

término para contestar la querella en este caso

era de quince (15) y no de diez (10) días como

dispone la ley.

2. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones

al considerar y resolver sobre el contenido de la

sentencia emitida por el Tribunal Superior[,] a

pesar de que en la Orden para Mostrar Causa

exigía únicamente que se expusieran razones por

las cuales no debía dejarse sin efecto la

anotación de rebeldía.

3.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

determinar que todos los querellados contestaron la

querella, a pesar de que del propio expediente surge que

un querellado nunca contestó la querella.

Considerado el recurso de apelación presentado el 30 de mayo de

1996 como uno de certiorari por ser el apropiado, concedimos a los

recurridos un término para que expresaran las razones por las cuales no

debíamos

revocar

la

beneficio

de

su

sentencia

del

comparecencia,

Tribunal

de

Circuito.

Con

sin

ulteriores

resolvemos

el

procedimientos.

II. SIGNIFICADO DEL TERMINO “DISTRITO JUDICIAL” BAJO LA LEY NUM. 2

En el primer señalamiento, el obrero peticionario sostiene que el

Tribunal

de

Circuito

interpretó

incorrectamente

el

significado

del

término "distrito judicial" y por consiguiente, erró al resolver que en

este caso aplicaba el término de quince (15) días para contestar la

querella instada al amparo de la Ley Núm. 2, supra.

Le asiste la

razón.

Iniciamos nuestro análisis utilizando como punto de partida la

Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra, que dispone, en lo aquí pertinente, lo

siguiente:

El secretario del tribunal notificará a la parte

querellada con copia de la querella, apercibiéndole que

deberá

radicar

su

contestación

por

escrito,

con

constancia de haber servido copia de la misma al abogado

de la parte querellante o a ésta si hubiere comparecido

por derecho propio, dentro de diez (10) días después de

8

la notificación, si ésta se hiciere en el distrito

judicial en que se promueve la acción, y dentro de quince

(15) días en los demás casos, y apercibiéndole, además,

que si así no lo hiciere, se dictará sentencia en su

contra, concediendo el remedio solicitado, sin más

citarle ni oírle.

Solamente a moción de la parte

querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la

parte querellante o a ésta si compareciere por derecho

propio, en que se expongan bajo juramento los motivos que

para ello tuviere la parte querellada, podrá el juez, si

de la faz de la moción encontrara causa justificada,

prorrogar el término para contestar. En ningún otro caso

tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa

prórroga. (Enfasis suplido.)

La sección citada claramente establece que el término de quince

(15) días para contestar la querella sólo aplica a casos en los cuales

la

notificación

de

la

misma

se

diligencia

en un

distrito

judicial

distinto al que se promueve la acción.

En

su

dictamen

el

Tribunal

de

Circuito

concluyó

que,

"[era]

plausible entender que para los efectos de la Ley Núm. 2, supra, el

término distrito signifi[caba] municipio."

Por lo tanto, resolvió que

en vista de que la acción fue presentada en el municipio de Arecibo y

que su notificación se diligenció en los municipios de Hatillo y Camuy,

el plazo que tenían los recurridos para contestar era el de quince (15)

días por haberse hecho la notificación en un municipio distinto de

aquél en el que se promovió la acción.

Los recurridos utilizan este

mismo razonamiento para apoyar su posición.

En términos generales, "distrito judicial" se puede definir como

el

territorio

sobre

el

cual

tiene

competencia

un

tribunal

en

particular.

Este término también ha sido definido como "[o]ne of the

circuits

or

precincts

judicial

purposes;

a

into

which

court

of

a

state

general

is

commonly

original

divided

jurisdiction

for

being

usually provided in each of such districts, and the boundaries of the

district

marking

district

may

the

include

territorial

two

or

limits

more

of

its

counties,

authority;

having

or

the

separate

and

independent county courts, but in that case they are presided over by

9

the same judge.”7 (Enfasis suplido.)

Black's Law Dictionary 761 (5ta

ed. 1979).

Por su parte el término "municipio" se define como “una

demarcación

geográfica

con

todos

sus

barrios,

que

tiene

nombre

particular y está regida por un gobierno local compuesto por un Poder

Legislativo y un Poder Ejecutivo.” Art. 1003(u) de la Ley de Municipios

Autónomos, según enmendada, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991; 21

L.P.R.A. sec. 4001(u).

También ha sido definido como "[p]ueblo con sus

respectivos barrios que forman un distrito político.

Se rige por las

leyes del gobierno central y además por las ordenanzas aprobadas por su

asamblea municipal y su alcalde."

Rivera García, Dicc. de términos

jurídicos, 176, 1976.

Ciertamente,

el

término

"distrito

judicial"

se

refiere

exclusivamente a la demarcación de un área geográfica sobre la cual la

sala particular del Tribunal de Primera Instancia tiene competencia

para resolver la controversia ante su consideración.

Mientras que

"municipio"

delimitación

es

un

conjunto

de

habitantes

de

una

territorial específica que forma parte de un distrito político que,

además de ser gobernado por las leyes del gobierno central, se rige por

las ordenanzas que a su vez promulga en su territorio.

Es claro que

dentro

a

de

estas

definiciones,

"municipio"

no

es

igual

"distrito

judicial".

De otra parte, la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, supra,

tiene su génesis en la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917.

En lo

que respecta a nuestra discusión sobre “distrito judicial”, la Ley Núm.

10, supra, disponía en su Sec. 1 que cuando un trabajador agrícola

reclamara de su patrono cualquier suma por concepto de salarios, debía

comparecer ante el Juez Municipal del Distrito Judicial Municipal donde

estuviera ubicada la finca en que se realizó el trabajo.

En dicho

distrito judicial debía formular una querella, en la cual se expresaran

7

En un sistema judicial unificado de jurisdicción general como el

nuestro,

todos

los

tribunales

de

instancia

tienen

la

misma

jurisdicción, es decir, la misma autoridad y poder. Es la competencia

lo que varía entre ellos.

10

bajo juramento los hechos que motivaban su reclamación.

Se disponía,

además, que si la finca estaba radicada en territorio correspondiente a

dos

o

más

distritos

judiciales

municipales,

podría

presentarse

la

querella en cualquiera de las Cortes en cuyo territorio radicare alguna

porción de la finca.

abril de 1945.8

Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 17 de 11 de

En virtud de dicha ley se enmendó, entre otras, la Sec.

1 de la Ley Núm. 10, supra, para disponer que cualquier reclamación de

un obrero contra su patrono podía dilucidarse “ante la corte municipal

del distrito judicial en que se realizó el trabajo o en que resida el

obrero o empleado en la fecha de la reclamación ...”.

La ley introdujo

el término “distrito judicial” y utilizó dicho término para referirse a

la delimitación del área geográfica que comprendía alguna sala de la

entonces Corte Municipal.

La Ley Núm. 10, supra, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 182

de 12 de mayo de 1948.

Esta ley ratificó la utilización del término

“distrito judicial” e hizo claro en su texto que dicho término se refería

a

aquel

lugar

donde

se

promovía

la

acción.

(Enfasis

nuestro.)

Específicamente se refirió al territorio sobre el cual un tribunal tiene

competencia para dilucidar algún asunto en particular.9

El 15 de mayo de 1950 se aprobó la Ley Orgánica de la Judicatura

de Puerto Rico.

De acuerdo a esta ley, el término “distrito judicial”

se utilizó para delimitar el área geográfica sobre la cual las salas

8

Anterior a la Ley Núm. 17, supra, se aprobó la Ley Núm. 13 de 20 de

abril de 1932 enmendando las Secs. 2 y 10. Sin embargo, para

propósitos de nuestra discusión, tales enmiendas no son pertinentes al

asunto que nos ocupa.

9

En su Sec. 2 dispuso, en lo pertinente, lo siguiente:

El Juez dictará una orden para que se notifique a la parte

querellada con copia de la querella, apercibiéndole que deberá

radicar su contestación por escrito, con constancia de haber

servido copia de la misma al abogaado [sic] de la parte

querellante o a ésta si hubiera comparecido por derecho

propio, dentro de diez (10) días después de la notificación,

si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve

la acción, y dentro de quince (15) días en los demás casos.

(Enfasis nuestro.)

11

del entonces Tribunal de Distrito tenían competencia para resolver una

controversia.

En

cuanto

a

la

organización

del

Tribunal,

específicamente dispuso en su Art. 24 lo siguiente:

El Tribunal de Distrito de Puerto Rico constará de

las Secciones de San Juan, Bayamón, Arecibo,

Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao y Caguas

y cada una de dichas Secciones comprenderá los

pueblos que actualmente forman los distritos

judiciales de San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguadilla,

Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao y Caguas

respectivamente.

La Ley de la Judicatura de 1950 fue enmendada por la Ley de la

Núm. 11 de 24 de julio de 1952.

En virtud de tal ley, las Salas del

Tribunal de Distrito se convirtieron en las Salas del Tribunal

Superior.

Las Cortes Municipales se convirtieron a su vez en Salas

del Tribunal de Distrito.

No obstante, dejó inalterada la fraseología

en cuanto al significado y utilización del término “distrito

judicial”.

Véase, Art. III de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952,

supra.10

En el 1961, la actual Ley Núm. 2, supra, dispuso que el querellado

debía contestar la querella en el plazo de diez (10) días si ésta se

notifica dentro del distrito judicial en el que se promueve la acción.

Ahora bien, cuando la querella se notifica en un distrito judicial

distinto a aquél que fue presentada, el querellado tiene un plazo de

quince (15) días para contestar la misma.

A la luz del análisis hecho en torno a las leyes que precedieron a

la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, supra, y de las leyes de la

judicatura, podemos colegir inequívocamente que al hablar de “distrito

judicial”,

se

territoriales

hace

referencia

correspondientes

exclusivamente

al

tribunal

de

a

las

demarcaciones

instancia

que

tiene

competencia para entender en el asunto.

10

Como sabemos, después de la Ley de la Judicatura de 1952 la

Legislatura reestructuró el sistema judicial, aprobando las siguientes

leyes: la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993; el Plan de Reorganización

Núm. 1 de la Rama Judicial de 28 de julio de 1994, conocido como la Ley

de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y la Ley de la Judicatura de

Puerto Rico de 1994, según enmendada por la Ley Núm. 248 de 25 de

diciembre de 1995.

12

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al interpretar, que para

los efectos de la Ley Núm. 2, supra, los conceptos “distrito judicial”

y “municipio” son equivalentes.

Actualmente,

en

nuestro

ordenamiento

jurídico,

la

delimitación

geográfica de los distritos judiciales está contemplada por el Art.

5.005 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, de 28 de

julio de 1994, según enmendado, conocido como la Ley de la Judicatura

de Puerto Rico de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22q (Supl. 1997).

En dicho

artículo se establece el área territorial que comprenden los distritos

o

regiones

Superior

judiciales.

del

Tribunal

Los

de

mismos

Primera

están

compuestos

Instancia

que

de

una

incluye

Sala

varios

municipios. Dicho artículo dispone, en lo que aquí respecta, que:

El Tribunal de Primera Instancia tendrá sedes y

salas y celebrará sesiones en San Juan, Bayamón,

Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama,

Humacao, Caguas, Aibonito, Utuado, Carolina y

Fajardo. Además, tendrá salas y celebrará sesiones

en aquellas sedes del Tribunal de Primera Instancia

creadas por virtud del proceso de conversión de

sedes del Tribunal de Distrito11 en sedes del

Tribunal de Primera Instancia de conformidad a lo

dispuesto en las secs. 23i a 23k de este título. De

conformidad a la necesidad judicial determinada por

el Juez Presidente del Tribunal Supremo, a tenor con

lo dispuesto en la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, podrá celebrar sesiones en

todos los municipios que hasta la vigencia de esta

Ley estaban incluidos en las anteriores regiones

judiciales de igual nombre.

Las regiones judiciales que comprenden las salas del

Tribunal de Primera Instancia son las siguientes:12

(a)

San Juan - Incluye el municipio de San Juan.

(b)

Bayamón - Incluye los municipios de Cataño, Corozal,

Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja,

Vega Alta y Vega Baja.

11

Según establece el Art. 9.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto

Rico de 1994, supra, 4 L.P.R.A. sec. 23c, las Secciones conocidas como

Tribunal Superior y Tribunal Municipal fueron consolidadas y se

incluyeron dentro de lo que ahora se conoce como Tribunal de Primera

Instancia. Dicho artículo también dispone que el Tribunal de Distrito

quedará abolido en un término de ocho (8) años a partir de la vigencia

de esta ley. Dentro de este plazo permanecerá como una subsección del

Tribunal de Primera Instancia.

12

Cabe señalar que conforme a las definiciones que hemos establecido,

"distrito judicial" sí equivale a "región judicial".

13

(c)

Arecibo - Incluye los municipios de Barceloneta,

Camuy,

Ciales,

Hatillo,

Manatí,

Morovis,

Quebradillas y Florida.

....

Según

las

normas

procesales

actuales,

la

competencia

de

la

distintas salas y subsecciones del Tribunal de Primera Instancia se

determina utilizando criterios de cuantía, territorio y materia.

La

Sala Superior tiene competencia para entender en todo asunto, civil o

criminal, que sea de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia.

De otra parte, la Subsección de Distrito conocerá concurrentemente con

la Sala Superior, entre otras cosas “[d]e todo asunto civil en que la

cuantía en controversia, [...] no exceda de cincuenta mil (50,000)

dólares, sin incluir intereses costas y honorarios de abogado.”

Art.

9.103(a) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, 4

L.P.R.A.

sec.

23k(a)(1).

distintas

salas

particular

dependerá,

o

La

subsecciones

además

de

determinación

le

en

corresponde

la

sobre

a

cuál

de

las

un

caso

en

resolver

cuantía,

en

la

demarcación

territorial a la cual las normas procesales hayan asignado dicho caso.

De

los

documentos

que

obran

en

autos

se

desprende

que

la

reclamación del obrero peticionario excede de los cincuenta mil dólares

($50,000), que la causa de acción surgió en el municipio de Camuy,

sitio donde ubica la Vaquería Espinosa y que los recurridos fueron

notificados de la querella en los municipios de Camuy y Hatillo, que

corresponden a la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia,

región de Arecibo.

A tenor con los Arts. 5.005 y 9.103(a) de la Ley de

la

Puerto

Judicatura

de

Rico

de

1994,

supra,

y

la

Regla

3

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III (Supl. 1997), la competencia

sobre este asunto le corresponde a la Sala Superior de Arecibo.

Los

municipios de Hatillo y Camuy a su vez pertenecen al distrito o región

judicial de la competencia de la Sala Superior de Arecibo del Tribunal

de Primera Instancia, lugar donde se presentó la acción que hoy nos

14

ocupa.

Así

pues,

no

existe

duda

que

la

querella

presentada

fue

notificada en el distrito judicial donde se promueve la acción y que

tenía que ser contestada dentro del término de los diez (10) días.13

Por

tanto,

erró

el

Tribunal

de

Circuito

al

dejar

sin

efecto

la

peticionario

aduce

que

anotación de rebeldía contra los recurridos.

III.

CONSIDERACION DE ERRORES POR UN TRIBUNAL APELATIVO

En

el

segundo

señalamiento,

el

obrero

incidió

el

Tribunal

de

al

considerar

Circuito

los

méritos

de

la

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de que

la orden para mostrar causa exigía únicamente que se expusieran razones

por las cuales no debía dejarse sin efecto la anotación de rebeldía y

si a tenor con las Reglas 45.2 y 67 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap.

III,

se

podía

dictar

una

sentencia

en

rebeldía

distinta

súplica de la demanda o en exceso de la suma reclamada.

a

la

El error

señalado no fue cometido.

En

facultad

aras

de

impartir

inherente

para

justicia

considerar

un

y

tribunal

resolver

apelativo

errores

tiene

la

patentes

que

surjan de un recurso aun cuando los mismos no hayan sido levantados por

las partes.

López v. I.T.T. Intermedia, P.C. de 4 de abril de 1997,

142 D.P.R. _____(1997), 97 JTS 42, pág. 839; Ríos Quiñones v. Adm.

Servs. Agrícolas, Op. de 20 de mayo de 1996, 140 D.P.R.____ (1996), 96

JTS 71, pág. 1133;

Rodríguez Cruz v. Padilla, 125 D.P.R. 486, 511-12

(1990); Ab Intestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433, 439 (1978); Santiago

Cruz v. Hernández Andino, 91 D.P.R. 709, 711 (1965); Piovanetti v.

Vivaldi, 80 D.P.R. 108, 121 (1957).

13

Por lo tanto, el Tribunal de

Nos preocupa la frecuencia con la que a este Tribunal llegan

controversias que se circunscriben al incumplimiento con los plazos que

establece la Ley Núm. 2, supra, para contestar la querella. Esto, en

gran medida, denota una falta de diligencia por parte de los abogados

que suscriben tales contestaciones, y perjudica a las partes que

representan.

15

Circuito sí podía corregir errores patentes manifiestos en el recurso,

aun cuando los mismos no hubiesen sido traídos a su consideración.

Sin embargo, como expresáramos en la nota al calce número 6, si el

Tribunal de Circuito resolvió que no procedía la anotación de rebeldía,

y que, por lo tanto, el caso debía ser devuelto al foro de instancia

para que los recurridos contestaran la querella, no podía entonces

pasar juicio sobre el cómputo de la reclamación por horas extras.

No

obstante

lo

anterior,

evaluaremos

si

dicho

tribunal

actúo

correctamente al modificar la cuantía otorgada en tal reclamación.14

IV. COMPUTO DE LA COMPENSACION POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS BAJO LA LEY

NUM. 379

En la querella el obrero peticionario alegó lo siguiente: (i) que

trabajó como ordeñador en la Vaquería Espinosa desde febrero de 1989

hasta el 15 de octubre de 1994 y que entre sus tareas se encontraba la

de suministrar medicamentos al

ganado;15 (ii) que durante ese tiempo trabajó un horario de nueve (9)

horas

diarias,

que

se

desglosaba

en

turnos

de

seis

(6:00)

a

diez

(10:00) de la mañana, y de cinco (5:00) de la tarde a diez (10:00) de

la noche, ambos turnos los trabajaba dentro del período de veinticuatro

(24) horas y (iii) que devengaba un sueldo de cinco dólares ($5) por

hora.

Conforme a estos hechos que surgen de las alegaciones de la

querella, el foro de instancia, sin el beneficio de la celebración de

una

vista

en

rebeldía,

resolvió

que

el

obrero

peticionario

había

trabajado: “un horario [...] de nueve (9) horas diarias (de las cuales

14

Por la conclusión a la que llegamos, no es necesario discutir si se

equivocó el foro de instancia al dictar sentencia por una cuantía mayor

a la solicitada.

Regla 43.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III.

15

El peticionario no especificó el día exacto en que comenzó a trabajar

en la vaquería.

16

una [1] era extra por exceder las ocho [8] horas diarias [de la jornada

legal]) y cuatro (4) horas diarias, que [también] resultaban extras

porque el trabajo realizado entre las seis [6:00] y las diez [10:00] de

la mañana no le permitía el descanso de [dieciséis] 16 horas entre

jornada de trabajo.”

Dicho foro concluyó, que el obrero peticionario

trabajó cinco (5) horas extras por día, que equivalían a veinticinco

(25) horas semanales, que por doscientos noventa y cuatro punto cuatro

(294.4) semanas alcanzaban un total de siete mil trescientos sesenta

(7,360) horas extras.

Así pues, por concepto de horas extras concedió

al obrero peticionario setenta y tres mil trescientos sesenta dólares

($73,360),16 más una suma igual por concepto de penalidad, para un total

de ciento cuarenta y seis mil setecientos veinte dólares ($146,720).

Con esa misma prueba, el Tribunal de Circuito determinó que el

obrero peticionario sólo había trabajado una (1) hora extra por día

dentro de cinco (5) períodos de veinticuatro (24) horas semanales por

doscientas noventa y cuatro punto cuatro (294.4) semanas (febrero de

1989 a octubre de 1994) para un total de mil cuatrocientas setenta y

dos (1,472) horas extras, que a razón de cinco dólares ($5) totalizaban

siete mil trescientos sesenta dólares ($7,360) o la suma de catorce mil

setecientos veinte dólares ($14,720) en caso de que la novena hora no

se le hubiese pagado a tiempo doble.

Resolvió, además, que a tenor con

los Arts. 4 y 5 de la Ley Núm. 379, supra, 29 L.P.R.A. secs. 273 y 274,

así como el Art. III del Decreto Mandatorio Núm. 27, Cuarta Revisión de

31 de agosto de 1968, aplicable a la Industria de la Leche y de la

Ganadería

“[n]o se justifica[ba] en derecho asignarle cuatro (4) horas

extras adicionales diarias por el hecho del horario fraccionado cuatro

(4) y cinco (5) horas que patrono y empleado acordaron...”.

Debemos analizar lo anterior a la luz de las disposiciones legales

vigentes entonces y aplicables al caso que nos ocupa.

16

Este cómputo lo hizo el foro de instancia a tiempo doble, o sea, a

razón de diez dólares ($10) por hora extra trabajada.

17

El Art. 3 de la Ley Núm. 379, supra, 29 L.P.R.A. sec. 272,17

entonces vigente, dispone que la jornada legal de trabajo en Puerto

Rico equivale a ocho (8) horas de labor y que cuarenta (40) horas de

labor constituyen una semana de trabajo.

regulares

de

veinticuatro

trabajo

(24)

ocho

horas

(8)

horas

consecutivas

Por lo tanto, son horas

durante

y

cualquier

cuarenta

(40)

período

horas

de

durante

cualquier semana.

Por su parte, el Art. 4 de dicha ley, 29 L.P.R.A. sec. 273, en lo

aquí pertinente, define horas extras como:

(a) Las horas que un empleado trabaja para su patrono en

exceso de ocho horas durante cualquier período de

veinticuatro horas consecutivas;

(b) Las horas que un empleado trabaja para su patrono en

exceso de cuarenta durante cualquier semana, a menos que

las horas trabajadas diariamente en exceso de ocho sean

pagadas a tipo doble;

(e) Las horas que el empleado trabaja para su patrono en

exceso del máximo de horas de labor al día que la Junta

de Salario Mínimo haya fijado o fijare para la ocupación,

negocio o industria en cuestión.... 18

17

Esta sección fue enmendada mediante la Ley Núm. 83 de 20 de julio de

1995.

18

Respecto a las disposiciones legales citadas, el licenciado Acevedo

Colom, en su obra titulada Legislación Protectora del Trabajo

Comentada, 1ra rev., San Juan, 1991, pág. 72, expresa que para

determinar si una hora trabajada es regular o extra, se debe evaluar si

en el período de veinticuatro (24) horas inmediatamente anterior al

momento en que termina la hora de trabajo en controversia se había

trabajado ocho (8) horas regulares. Señala que si esto ocurre, la hora

en controversia debe ser considerada como una extra. Además, como hecho

relevante, Acevedo Colom indica que la semana de trabajo comienza

siempre el mismo día y a la misma hora, mientras que la jornada legal

de veinticuatro (24) horas consecutivas se computan de forma rotativa,

o sea, que con cada hora y cada minuto que pasa tenemos un nuevo

período de veinticuatro (24) horas. Acevedo Colom, ob. cit., pág. 73.

Para ilustrarnos sobre la forma de computar el pago de horas extras,

el licenciado Acevedo Colom expone los siguientes ejemplos:

Un empleado trabaja ocho (8) horas regulares de lunes a viernes tiene

un total de cuarenta (40) horas regulares.

Ahora bien, si este

empleado trabaja ocho (8) horas el sábado o en la alternativa el

domingo entonces estas ocho horas (8) son extras por exceder de

cuarenta (40) horas regulares en el transcurso de la semana.

Un empleado trabaja diez (10) horas diarias de lunes a jueves. En

cada día se trabajaron ocho (8) horas regulares y dos (2) que resultan

extras en virtud de la jornada diaria de trabajo. Concluida la jornada

de trabajo del jueves vemos que el empleado ha acumulado en esa semana

cuarenta (40) horas de labor. Del total de horas trabajadas en la

18

En cuanto al pago de las horas extras, el Art. 5 de la Ley Núm.

379, supra, 29 L.P.R.A. sec. 274, dispone, en lo aquí pertinente, que

todas las horas trabajadas en exceso de ocho (8) horas diarias serán

compensadas “al doble del tipo convenido para las horas regulares”.

Finalmente, la Sec. 30 de la Ley Núm. 96, supra, 29 L.P.R.A. sec.

246b, dispone con relación a las reclamaciones por concepto de salarios

(horas extras), vacaciones, licencias por enfermedad o cualquier otro

beneficio,

el

pago

de

una

penalidad

equivalente

al

doble

de

lo

adeudado.

En atención a los principios esbozados y conforme a las alegaciones

de la querella, única prueba que tuvo ante sí el tribunal, es forzoso

concluir que el obrero peticionario solamente trabajó una (1) hora

extra por día dentro de cinco (5) períodos de veinticuatro (24) horas

semanales por doscientas noventa y cuatro punto cuatro (294.4) semanas

(febrero

de

1989

a

octubre

compensada de manera doble.

de

1994).

Esta

hora

extra

nunca

fue

Sin embargo, siendo dicha hora parte de la

jornada regular del obrero peticionario, podemos inferir razonablemente

que la misma fue pagada de forma sencilla como hora regular.

Por lo

tanto, el cómputo suma a mil cuatrocientos setenta y dos (1,472) horas

extras,

que

a

cinco

dólares

sesenta dólares ($7,360).

($5)

equivale

a

siete

mil

trescientos

Por estas horas extras se le pagó siete mil

trescientos sesenta dólares ($7,360).

Se quedó a deber una cantidad

igual ya que el pago de estas horas extras era a tiempo doble.

A esta

cantidad hay que añadirle una suma igual por concepto de penalidad

semana treinta y dos (32) son regulares y ocho (8) son extras. El

viernes el empleado trabaja ocho (8) horas que no resultan extras en

virtud de la jornada diaria de trabajo. Entonces debemos preguntarnos,

son regulares o extras las ocho (8) horas trabajadas el viernes. La

respuesta a la interrogante anterior es que las ocho (8) horas

trabajadas el viernes son regulares. Aquí tenemos que aplicar la regla

antes esbozada en el sentido de que el tiempo extra trabajado durante

la semana en virtud de la jornada diaria de trabajo no se toma en

consideración para el cómputo de las cuarenta horas regulares que

constituyen la semana de trabajo. Por lo tanto, no es hasta que

tenemos el total de cuarenta horas regulares trabajadas en una semana

que en virtud de la disposición relativa a la semana de trabajo

comienza a considerarse tiempo extra todo el que se trabaje en exceso

de dicho total. Acevedo Colom, ob. cit., pág. 72.

19

conforme dispone la Sec. 30 de la Ley Núm. 96, supra, para un total de

catorce mil setecientos veinte dólares ($14,720).

Cabe señalar que bajo ninguna de las disposiciones legales citadas

y aplicables al caso que nos ocupa, se justifica asignarle al obrero

peticionario cuatro (4) horas extras adicionales diarias por el hecho

de que el horario de trabajo fuera uno fraccionado de cuatro (4) y

cinco (5) horas.

Como bien expresó el Tribunal de Circuito en su

sentencia, la Ley disponía que sólo serían horas extras, pagadas a

tiempo doble, las trabajadas en exceso de ocho (8) horas en cualquier

periodo de veinticuatro (24) horas.

Núm.

379

antes

citada.

Véase,

Véase, los Arts. 3 y 4 de la Ley

además:

el

Art.

III

del

Decreto

Mandatorio Núm. 27, supra, también aplicable a los hechos que hoy nos

ocupan.

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, resolvemos que de

los

hechos

bien

alegados

en

la

querella,

surge

que

el

obrero

peticionario tiene derecho a la suma de siete mil trescientos sesenta

dólares ($7,360) más una cantidad igual por concepto de penalidad según

establece la Sec. 30 de la Ley Núm. 96, supra, para un total de catorce

mil setecientos veinte dólares ($14,720) por concepto de horas extras.

No se equivocó el Tribunal de Circuito al determinar la cuantía por

concepto de horas extras adeudadas al obrero peticionario.

embargo, no pone fin al asunto que nos ocupa.

Esto, sin

Procede que evaluemos

las demás alegaciones de la querella.

V.

SUFICIENCIA DE LAS ALEGACIONES Y LA SENTENCIA EN REBELDIA BAJO LA

LEY NUM. 2

El tribunal de instancia resolvió que por un período de treinta y

seis (36) días consecutivos, desde el 15 de septiembre de 1993 al 21 de

octubre de 1993, al obrero peticionario no se le permitió disfrutar de

las dos (2) horas para ingerir alimentos que le correspondían debido a

su horario de trabajo.

Determinó, además, que durante ese período

20

acumuló

horas

extras

porque

tampoco

descanso entre jornada de trabajo.

cantidad

de

dos

mil

quinientos

se

le

permitió

el

período

de

En vista de ello le adjudicó la

veinte

dólares

($2,520)

penalidad, por concepto de horas para tomar alimentos.

incluyendo

También le

concedió, por concepto de horas extras, cinco mil setecientos sesenta

dólares ($5,760), más una suma igual por concepto de penalidad para un

total de once mil quinientos veinte dólares ($11,520).

Erró el foro de

instancia al conceder tales cuantías.19

En Rivera v. Insular Wire Products, Op. de 24 de mayo de 1996, 140

D.P.R.___(1996), 96 JTS pág. 1172, expresamos que “el procedimiento

judicial sumario establecido por la Ley Núm. 2, [supra], tiene como fin

primordial el proveerle al obrero un mecanismo procesal acortado que

facilite

y

aligere

el

trámite

de

sus

reclamaciones

laborales.”

Reiteramos, “que era esencial brindarle al patrono las oportunidades

básicas del debido proceso de ley para defender sus derechos, y luego

de analizar el procedimiento establecido en la Ley Núm. 2, [supra],

concluimos

que

éste

proceso de ley.”

procedimiento

“[a]unque

cumplía

con

los

elementos

básicos

del

debido

Así pues, ratificamos la constitucionalidad de dicho

sumario.20

Id. a la pág. 1170.

Además, señalamos que

este procedimiento limita el uso de las reglas procesales y

sitúa al patrono en una posición procesalmente un poco más onerosa que

la del obrero, el procedimiento sumario, no es, ni puede ser, una carta

en

blanco

para

la

concesión

de

remedios

a

obreros

que

no

han

19

En cuanto a la determinación del foro de instancia sobre este

aspecto, el Tribunal de Circuito se limitó a decir que ninguna de las

partidas se justificaba ya que las mismas no tenían razón de ser y

carecían de fundamentos.

20

En Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689, 691

(1965), expresamos que “[e]l procedimiento para la reclamación de

salarios del 1961 es un procedimiento especial, de naturaleza sumaria,

y por considerar el Estado, que cualquier cuestión relacionada con el

contrato de trabajo, por su posible efecto sobre la economía de nuestro

pueblo, está revestida de interés público, tiene ciertas disposiciones

que son más favorables al obrero que al patrono, por haber sido la

conclusión del estudio legislativo que no existe igualdad de medios

económicos entre las partes para una adecuada defensa de sus

respectivos derechos, al originarse la reclamación judicial.”

21

justificado adecuadamente, mediante alegaciones o prueba, hechos que

avalen, su derecho a lo reclamado.” (Enfasis suplido.)

1172.

Id. a la pág.

Véase, además: Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 324

(1975).

Respecto

a

las

sentencias

dictadas

en

rebeldía

bajo

el

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, y conforme a la norma

establecida en Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809,

815 (1978),21 resolvimos que alegaciones concluyentes y determinaciones

de

derecho,

al

igual

suficientes

para

sostener

patrono.

que

hechos

una

alegados

determinación

incorrectamente,

de

no

son

responsabilidad

del

Los daños generales reclamados, al no constituir una suma

líquida, tienen que probarse; no es suficiente con simplemente alegar

que

los

daños

montan

o

suman

a

la

cantidad

reclamada.

Bajo

cualesquiera circunstancias, la cuantía de los daños debe ser objeto de

prueba.

Véase, además: Rivera v. Insular Wire, a la pág. 1174 y Rivera

v. Goytía, 70 D.P.R. 30, 33 (1949).

En

cuanto

a

la

adjudicación

de

un

pleito

en

rebeldía

hemos

reiterado que:

...los tribunales no son meros autómatas obligados a

conceder indemnizaciones por estar dilucidándose un caso

en rebeldía.

Para el descargo de tan delicado

ministerio, la ley reconoce que el proceso de formar

consciencia judicial exige la comprobación ‘de cualquier

aseveración’ mediante prueba. A tal efecto, el tribunal

‘deberá celebrar las vistas que crea necesarias y

adecuadas.’

Y con referencia a una parte demandada en

rebeldía--- que ha comparecido previamente --- le cobija

el derecho a conocer del señalamiento, asistir a la

vista,

contrainterrogar

los

testigos

de

la

parte

demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia.

No renuncia a las defensas de falta de jurisdicción ni de

que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa

de acción a favor del reclamante. En otras palabras, un

trámite en rebeldía no garantiza per se, una sentencia

favorable al demandante; el demandado no admite hechos

incorrectamente alegados como tampoco conclusiones de

derecho. (Citas omitidas.)

Continental Ins. Co. v.

Isleta Marina, supra, pág. 817.

21

En Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978)

resolvimos que “el trámite de un caso en rebeldía tiene como

consecuencia jurídica que se estimen aceptadas todas y cada una de las

materias bien alegadas en la demanda.”

Además, definimos la frase

“materias bien alegadas” como “los hechos correctamente alegados.”

Véase, 10 Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, pág. 282.

22

A tenor con los principios esbozados evaluamos si procedía la

determinación que hiciera el foro de instancia en cuanto a la concesión

de horas extras y horas para tomar alimentos durante el período del 15

de septiembre al 21 de octubre de 1993.

La alegación que dio base a la determinación del foro de instancia

fue la siguiente:

Como resultado de la enfermedad en el

ganado, el querellante fue forzado a trabajar

[treinta y seis] 36 días corridos, desde el 15 de

septiembre al 21 de octubre de 1993, lo que

conllevó un horario de [dieciséis] 16 horas

diarias durante las cuales no tomó las dos (2)

horas para ingerir alimentos; como tampoco pudo

descansar el término de 16 horas que la ley

dispone entre jornada de trabajo. Ello conllevó

la acumulación de horas extras, así como las

horas de tomar alimentos las cuales, no le fueron

compensadas.

De una lectura desapasionada resulta ineludible la conclusión de

que la alegación del peticionario no consigna hechos suficientes que

razonablemente permitan resolver como lo hizo el foro de instancia.

Esta ni siquiera incluye un desglose del horario trabajado cada día que

nos

permita

responsablemente

determinar,

matemático, el remedio que solicita.

mediante

un

cómputo

Para resolver esta reclamación

resulta necesario la celebración de una vista en rebeldía.

No procede

la concesión de esta reclamación en esta etapa de los procedimientos.

El tribunal de instancia también determinó que conforme a la Ley

Núm.

115,

supra,

el

obrero

especial que ésta ofrece.

peticionario

tenía

derecho

al

remedio

A base de las alegaciones en la querella

resolvió que éste fue despedido por haber brindado información sobre su

patrono

a

un

foro

administrativo,

la

Reglamentación de la Industria Lechera.

cantidad

de

veinte

mil

dólares

Oficina

del

Administrador

de

Por ende le concedió: (i) la

($20,000)

por

concepto

de

salarios

dejados de percibir, computados a razón de cinco dólares ($5) la hora a

partir de la fecha de su despido hasta la presentación de la querella;

23

(ii) la suma de cinco mil dólares ($5,000) por concepto de honorarios

de abogado y (iii) “orden[ó] la reposición [del obrero peticionario en]

su empleo y el pago de salarios a razón de cuarenta dólares ($40) por

cada día transcurrido22 desde la fecha de la radicación de la querella,

cuyo pago continuará por cada día que transcurra hasta que el [obrero

peticionario]

sea

repuesto

en

su

empleo,

más

una

suma

igual

por

concepto de penalidad.”

El inciso c del Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, dispone lo

siguiente:

El empleado deberá probar la violación mediante

evidencia directa o circunstancial.

El empleado podrá,

además, establecer un caso prima facie de violación a la

ley probando que participó en una actividad protegida por

las secs. 194 et seq. de este título y que fue

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su

contra de su empleo. Una vez establecido lo anterior, el

patrono deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no

discriminatoria para el despido. De alegar y fundamentar

el patrono dicha razón, el empleado deberá demostrar que la

razón alegada por el patrono era un mero pretexto para el

despido.

En Marín v. Fastening Service System, Inc., Op. de 7 de febrero de

1997, 142 D.P.R.___(1997), 97 JTS 17, pág. 614, tuvimos la oportunidad

de interpretar esta Ley.

Allí expresamos que:

...para tener derecho al remedio que concede la Ley Núm.

115, supra, el obrero querellante tiene que probar la

violación a las disposiciones de la Ley, mediante

evidencia directa o circunstancial.

Para facilitar el

onus probandi que le impuso al obrero, dispuso que éste

establecería un caso prima facie cuando presentase

evidencia,

directa

o

circunstancial,

que

probase:

primero, que participó en una de las actividades

protegidas por la Ley; y segundo, que subsiguientemente

fue despedido o amenazado o sufrió discrimen en el

empleo.

La Ley crea un presunción juris tantum de

violación a la misma a favor del querellante, al disponer

que éste establece un caso prima facie una vez prueba que

participó

en

una

actividad

protegida

y

que

fue

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en

su contra en el empleo. Una vez el querellante establece

de forma prima facie su caso, el patrono deberá alegar y

fundamentar

que

tuvo

una

razón

legítima

y

no

discriminatoria para el despido. Ante esto, el empleado,

aún puede prevalecer si prueba que la razón alegada por

22

A pesar de que el foro de instancia no lo cualificó, entendemos que

la suma concedida en este renglón fue calculada a base del pago por

días laborales, es decir, cinco (5) días a la semana.

24

En

el patrono es

discriminatorio.

un

armonía

principios

con

los

simple

pretexto

antes

para

esbozados

alegación sobre violación a la Ley Núm. 115, supra.

el

despido

examinamos

la

Esta lee así:

Como

resultado

de

investigaciones

sanitarias

realizadas por la industria lechera en la vaquería de los

querellados,

el

querellante

fue

entrevistado

para

determinar el proceso seguido en la misma en torno a la

producción de la leche.

Este suplió la información que

le

fue

requerida

y

las

pruebas

arrojaron

una

concentración

alta

de

bacterias

que

requerían

la

destrucción del producto.

Se corroboró también que la

parte querellada estaba transportando, de manera ilegal,

leche desde la vaquería que dicha parte posee en San

Sebastián a la vaquería localizada en Quebradillas.

A

raíz de esta situación, la parte querellada presionó,

hostigó y finalmente despidió al querellante por haber

provisto información relacionada a esta investigación.

(Enfasis suplido.)

Como

cuándo

podemos

observar,

se

llevó

a

cabo

actuaciones

del

patrono

hostigamiento y presión.

la

la

anterior

aseveración

investigación,

(recurridos)

que

ni

no

cuáles

constituyeron

especifica

fueron

las

actos

de

El obrero peticionario simplemente se limitó

a expresar que fue entrevistado en torno a una investigación que se

llevó a cabo por la industria lechera y que suplió la información

requerida.

Luego indicó que las pruebas arrojaron una concentración

alta de bacterias que requerían la destrucción del producto.

A renglón

seguido y sin relacionar los hechos con la información suplida por él,

informó que “se corroboró” que el patrono transportaba leche de manera

ilegal.

forma

Por último, de manera conclusoria y sin especificar, aun de

general,

consecuencia

los

hechos

la

información

de

en

que

ofrecida,

hostigó y finalmente lo despidió.”

indicó

cuál

fue

el

lapso

de

se

basa,

el

concluyó

patrono

lo

que,

como

“presionó,

El obrero peticionario tampoco

tiempo

que

transcurrió

entre

la

investigación y estos actos, de forma tal que se pudiera lógicamente

inferir que uno fue la consecuencia lógica del otro, una represalia por

parte del patrono.

Es menester señalar que el lapso de tiempo resulta

un dato importante que podría apoyar la conclusión de que el despido se

25

hizo

como

represalia

por

la

información

suplida

con

relación a

la

investigación.

Acorde con lo resuelto en Marín v. Fastening Service Systems,

Inc., supra, las alegaciones en este caso tampoco contienen hechos

suficientes para apoyar la concesión de una sentencia en rebeldía sin

vista

al

amparo

de

la

Ley

Núm.

115,

supra.

Recordemos,

que

el

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2, supra, “no es, ni

puede ser, una carta en blanco para la concesión de remedios a obreros

que no han justificado adecuadamente, mediante alegaciones o prueba,

hechos que avalen su derecho a lo reclamado.”

Disponer lo contrario

atentaría

impartir

con

los

principios

fundamentales

de

constituiría un patente abuso del derecho.

justicia

y

Así pues, a la luz de lo

discutido, en este caso no procedía la concesión de los remedios de la

Ley Núm. 115, supra, en esta etapa de los procedimientos.

Sin embargo,

de las alegaciones de la querella, interpretadas liberalmente a favor

del obrero peticionario, se puede colegir que éste hizo una reclamación

válida al amparo de la Ley Núm. 115, supra.

Products Corp., supra, págs. 1172-1173.

Rivera v. Insular Wire

Le corresponde pues al foro de

instancia determinar, de forma preliminar, si por la naturaleza de la

reclamación,

ésta

debía

tramitarse

por

la

vía ordinaria

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra.

o

bajo

el

Si concluye que procede

el trámite sumario, debe proceder a celebrar vista en rebeldía ya que

las alegaciones de la querella no son suficientes para conceder lo allí

reclamado.

Por

otra

parte,

podemos

colegir

que

de

las

sí

surgen

hechos

suficientes

que

válidamente

dentro

de

mencionadas

enmarcar

Marín v. Fastening Service Systems, Inc., supra.

una

reclamación

amparo de la Ley Núm. 80, supra.

por

despido

alegaciones

sin

justa

se

antes

pueden

causa

al

Esto significa que en este caso, el

tribunal de instancia sí podía dictar sentencia en rebeldía y conceder

el remedio provisto por esta ley.

conceder la mesada.

Por lo tanto actuó correctamente al

26

Ahora bien, siendo el remedio que se concede al amparo de la Ley

Núm. 80, supra, uno exclusivo, si el obrero demandante logra probar su

reclamación bajo la Ley Núm. 115, supra, y la cantidad otorgada resulta

ser mayor que la concedida bajo la Ley Núm. 80, supra, lo que procede

es que se le rebaje a lo concedido bajo la Ley Núm. 115, supra, lo que

previamente el obrero recibiera bajo la Ley Núm. 80, supra.

De esta

forma se logra armonizar el propósito de la Ley Núm. 80 de proveer al

obrero un remedio económico rápido, que aunque limitado, lo ayuda en su

transición entre un empleo y otro; sin que la necesidad lo fuerce a

perder su derecho a reclamar y probar, que bajo otras leyes laborales

tiene derecho a remedios más amplios y a compensaciones mayores.23

Pasemos ahora a examinar la corrección de la cuantía otorgada por

concepto de despido injustificado bajo la Ley Núm.80.

VI. LA MESADA POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA BAJO LA LEY NUM. 80,

SUPRA.

El Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, 29

L.P.R.A. sec. 185a, entonces vigente y

aplicable al caso de autos, en términos

generales dispone que cualquier empleado de

una industria, comercio o negocio o sitio de

empleo, que fuere despedido de su cargo sin

justa causa, tendrá derecho a recibir de su

patrono además del sueldo devengado, el

salario correspondiente a un mes por concepto

de indemnización y una indemnización

progresiva adicional equivalente a una semana

por año de servicio.24 Véase, Delgado Zayas

23

Esta medida permite el que un tribunal, al confrontarse con una

demanda en la que se han incluido varias reclamaciones al amparo de

distintas leyes laborales, pueda separarlas, y resolver algunas por el

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, como por ejemplo, la

reclamación bajo la Ley Núm. 80, supra, mientras continúa con las

otras, que pueden ser más complicadas, por la vía ordinaria.

Véase,

Rivera v. Insular Wire Products, supra, pág. 1173. También evita el que

los patronos, mediante el pago de la mesada por la Ley Núm. 80, supra,

al momento del despido, desalienten o traten de impedir, el que un

obrero reclame derechos más amplios al amparo de legislación laboral

específica encaminada a evitar y erradicar prácticas que se consideran

nocivas para el ambiente laboral.

Debemos aclarar, sin embargo, que

nada de lo antes expuesto permite el que un obrero pueda fraccionar su

causa de acción por el hecho de que reclame bajo distintas leyes o

teorías legales.

Véase, Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R.

312, 332 (1988).

27

v. Hosp. Int. Med. Avanzada, Op. de 5 de

septiembre de 1994, 137 D.P.R.___(1994), 94

JTS 149, pág. 499.

A tenor con el texto del Art. 1, supra,

la cantidad que corresponde al obrero

peticionario por concepto de mesada equivale a

la suma de mil ochocientos dólares ($1,800).

Este cálculo lo hemos computado a razón de

cuarenta (40) horas regulares semanales, a

cinco dólares ($5) por hora, lo que equivale a

la suma de doscientos dólares ($200)

semanales. Esto multiplicado por cuatro (4)

semanas, asciende a la totalidad de

ochocientos dólares ($800) mensuales. El

obrero peticionario trabajó cinco (5) años

completos contados desde febrero de 1989 hasta

octubre de 1994. Conforme dispone la ley

aplicable, a éste le corresponde una

indemnización equivalente al sueldo de una

semana por año trabajado, que multiplicada por

doscientos dólares ($200) asciende a la suma

de mil dólares ($1,000); más el sueldo de un

mes para un total de mil ochocientos dólares

($1,800) por concepto de mesada. Erró el foro

de instancia al concederle al peticionario la

cuantía de mil ochocientos sesenta dólares

($1,860) por concepto de mesada.

VII.

En

lo

que

respecta

a

PAGO DE BONO DE NAVIDAD Y DE VACACIONES

la

reclamación

por

concepto

de

bono

de

navidad, el peticionario alegó que durante el tiempo que trabajó en la

vaquería nunca se le pagó cantidad alguna por concepto de bono de

navidad.

El foro de instancia determinó que por exclusión expresa del

Art. 5 de la Ley Núm. 148, supra, 29 L.P.R.A. sec. 505, éste no tenía

derecho a tal pago.

El

Art.

5

de

dicha

ley

establece

que

serán

excluidas

de

las

disposiciones referentes al pago de bono “las personas empleadas en

actividades agrícolas, en el servicio doméstico o en residencia de

familia, o en instituciones de fines caritativos y a los funcionarios y

empleados

24

del

Estado

Libre

Asociado,

sus

corporaciones

públicas

y

El inciso (a) de esta ley fue enmendado el 17 de septiembre de 1996.

Ahora establece que si el despido ocurre dentro de los primeros cinco

(5) años de servicio, el obrero tendrá derecho a una indemnización

correspondiente al sueldo de un mes. Tendrá derecho al sueldo de dos

(2) meses, si el despido ocurre luego de los primeros cinco (5) años

pero dentro de los quince (15) años de servicio. Finalmente, el obrero

tendrá derecho al sueldo correspondiente a tres (3) meses si el despido

ocurre luego de los quince años de servicio.

28

municipalidades,

que

ocupen

un

cargo,

puesto

o

empleo

de

carácter

continuo o irregular.” (Enfasis suplido.)

De

la

disposición

citada

no

existe

duda

de

que

el

obrero

peticionario es uno de los empleados que están expresamente excluidos

por la ley.

Por consiguiente, no tiene derecho a la reclamación por

concepto de bono de navidad.

En vista de ello, no erró el tribunal de

instancia en su determinación.

Finalmente, en cuanto a la reclamación por concepto del pago de

vacaciones el peticionario hizo la siguiente alegación:

[L]a parte querellada [recurridos] nunca le permitió

al

querellante

[obrero

peticionario]

disfrutar

de

vacaciones regulares como estipula la ley, aunque se las

pagó en forma sencilla a la vez que trabajaba.

Conforme a lo alegado y las disposiciones de ley aplicables, el

foro de instancia determinó que por el obrero peticionario no haber

disfrutado

de

sus

vacaciones,

compensar

las

mismas

de

forma

los

recurridos

doble.

Añadió

venían

que

este

obligados

a

derecho

es

irrenunciable y el pago de dinero a cambio de su disfrute es ilegal y

nulo. Señaló, además, que el pago de dinero a cambio del disfrute de

las vacaciones, por ser ilegal, no puede ser levantado como defensa por

los recurridos.

En apoyo de lo expresado citó la Sec. 18 de la Ley

Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 245 y

la Opinión del Secretario del Trabajo Núm. 91-4 de 1ro. de noviembre de

1991.

Concedió la suma total de seis mil dólares ($6,000), más una

suma igual por concepto de penalidad para un total de doce mil dólares

($12,000).

El Art. V del Decreto Mandatorio Núm. 27, supra, aplicable a la

Industria de la Leche dispone que:

[t]odo empleado de la fase agrícola o de la fase

industrial tendrá derecho a vacaciones con sueldo

completo que se hará efectivo al empezar a disfrutarlas,

a razón de un día y cuarto (1¼) por cada mes en que haya

tenido por lo menos ciento veinte (120) horas de labor.

Las vacaciones se concederán anualmente en forma que no

interrumpan el normal funcionamiento del negocio, a cuyo

fin el patrono establecerá los turnos correspondientes.

Mediante

acuerdo

entre

patrono

y

empleado

podrá

29

acumularse durante más de un año, y en caso de que el

empleado cese en su trabajo, el patrono le hará efectivo

el total hasta entonces acumulado. Si la compensación no

se

ha

estipulado

por

día

o

período

mayor,

la

correspondiente a cada día de vacaciones se determinará

multiplicando por ocho (8) el promedio del jornal por

hora devengado por el empleado durante el año a que

correspondan vacaciones.

Por su parte, la Opinión del Secretario del Trabajo Núm. 91-4 de 1

de noviembre de 1991, expresa, como norma general, que

“los empleados

tendrán derecho a vacaciones con sueldo completo que se hará efectivo

al comenzar a disfrutarlas.”

Indica, además, que según la Sec. 18 de

la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956,

29 L.P.R.A. sec. 245, tal

derecho es irrenunciable. Señala, que “[p]or excepción, los decretos

mandatorios disponen usualmente que la renuncia al disfrute de hecho de

las vacaciones a cambio de dinero será ilegal y nula.”

Añade que

algunos decretos permiten lo anterior, siempre y cuando el obrero esté

de acuerdo y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos conceda la

autorización

para

ello.

La

reglamentación

específica

sobre

esta

materia dependerá de lo establecido en el decreto aplicable a cada

situación.

En algunos casos la violación a esa norma general hará que

el pago sea ilegal y nulo, por lo que no podría ser levantado como

defensa por el patrono.

Finalmente, el Secretario del Trabajo expone

que la mayor parte de los decretos permiten, por acuerdo escrito entre

patrono y empleado, que las vacaciones se acumulen sin disfrutarlas

durante más de un (1) año, pero nunca por más de dos (2) años.

Aclara,

sin embargo, que para desalentar el que un patrono no conceda las

vacaciones a que tiene derecho cualquiera de sus empleados por más de

esos dos (2) años, algunos decretos establecen que el patrono deberá

concederle al empleado el total acumulado hasta entonces, pagándole dos

(2) veces el sueldo correspondiente por la licencia acumulada en exceso

de dichos dos (2) años.

Cabe señalar que hemos examinado detenidamente la Sec. 18 de la

Ley Núm. 96, supra, y no hemos encontrado una expresión específica de

que el derecho a vacaciones sea uno irrenunciable.

Sin embargo, de una

30

lectura integral de la declaración de principios que contiene esta

sección, se puede razonablemente deducir que la intención legislativa

fue

que

este

derecho

adviniera

en

uno

irrenunciable;

salvo

las

modificaciones dispuestas en los distintos decretos mandatorios.

De todo lo anterior podemos colegir que el derecho a vacaciones

consiste del disfrute y paga de las mismas; que salvo a lo dispuesto en

los distintos decretos éste es un derecho irrenunciable; y que los días

de licencia por vacaciones acumulados en exceso de dos (2) años deberán

ser liquidados a razón del doble que corresponda.

de

derecho

aplicables,

procedemos

a

evaluar

Expuestas las normas

la

corrección

de

las

cuantías otorgadas por vacaciones.

A tenor con el decreto aplicable, Decreto Mandatorio Núm. 27,

supra, el obrero peticionario acumuló un día y cuarto (1¼) por cada mes

que tuviera ciento veinte (120) horas de labor.

Esto equivale a un

total de quince (15) días de vacaciones por año.

Cada día por licencia

de vacaciones equivale a ocho (8) horas de trabajo a razón de cinco

dólares ($5) para un total de cuarenta dólares ($40) por día y cuarenta

dólares ($40) por quince (15) días equivalen a seiscientos dólares

($600) por año.

Así pues, el peticionario acumuló durante un período

de cinco (5) años (desde febrero de 1989 hasta febrero de 1994) la

cantidad

de

tres

mil

dólares

($3,000),

más

la suma

de

trescientos

treinta y nueve dólares con cincuenta centavos ($339.50) comprendida en

el período de marzo a septiembre de 1994 para un total de tres mil

trescientos treinta y nueve dólares con cincuenta centavos ($3,339.50).

A

esta

cantidad

penalidad

según

hay

dispone

L.P.R.A. sec. 246b.

supra.

que

añadirle

la

Sec.

30

una

suma

de

la

igual

Ley

por

Núm.

concepto

96,

supra,

de

29

Véase, además: Opinión del Secretario Núm. 91-4,

Por lo tanto, la cuantía total por concepto de vacaciones

asciende a seis mil seiscientos setenta y nueve dólares ($6,679).

Erró

31

el foro de instancia al concederle al peticionario una cuantía de doce

mil dólares ($12,000) por este concepto.25

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia a los

fines

de

modificar

la

emitida

por

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, Circuito Regional de Arecibo y Utuado de 20 de marzo de

1996.

En específico, se revoca su determinación de dejar sin efecto la

anotación de rebeldía contra los recurridos.

Se confirma la parte de

la sentencia que modifica la cuantía por concepto de horas extras en

cuanto dispone que el obrero peticionario tiene derecho al pago de

catorce mil setecientos veinte dólares ($14,720).

En cuanto a lo resuelto exclusivamente por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Arecibo, se dispondrá lo siguiente:

Se

modifican las cuantías otorgadas por concepto de mesada y de pago por

vacaciones.

Se confirma la determinación de que el obrero peticionario

no tiene derecho al bono de navidad.

Se devuelve el caso a dicho tribunal para que dilucide si procede

la reclamación por horas extras y horas para tomar alimentos durante el

período del 15 de septiembre al 21 de octubre de 1993.

Se ordena,

además, que éste determine sí a tenor con lo resuelto en Marín v.

Fastening

Service

Systems,

Inc.,

supra,

y

Rivera

v.

Insular

Wire

Products, supra, la reclamación al amparo de la Ley Núm. 115, supra,

debe tramitarse por la vía ordinaria o de acuerdo al procedimiento

sumario de la Ley Núm. 2.

Si concluye que procede el trámite sumario,

deberá celebrar una vista en rebeldía, ya que las alegaciones de la

querella no son suficientes para conceder el remedio solicitado.

25

En su tercer y último señalamiento de error el peticionario alega,

que incidió el Tribunal de Circuito al resolver que todos los

recurridos contestaron la querella a pesar de que no existe en autos

contestación alguna de la recurrida Nelva Avila, esposa del señor.

Espinosa y ambos dueños de la Vaquería Espinosa.

En atención a lo ya discutido y a los documentos que obran en autos

basta señalar, que al igual que a los demás recurridos, la señora Avila

fue emplazada y notificada de la querella. Esta no compareció dentro

del término de diez (10) días dispuesto por la Ley Núm. 2, supra. Por

lo que, al igual que a los otros recurridos, se le anotó la rebeldía y

se dictó sentencia en su contra.

32

MIRIAM NAVEIRA DE RODON

Juez Asociada

33

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Hernández Hernández

Peticionario

v.

AC-96-53

Angel Espinosa y otros

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 1998

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia

los fines de modificar la emitida por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones, Circuito Regional de Arecibo y Utuado de 20 d

marzo de 1996.

En específico, se revoca su determinación de

dejar sin efecto la anotación de rebeldía contra lo

recurridos. Se confirma la parte de la sentencia que modifica

la cuantía por concepto de horas extras en cuanto dispone que

el obrero peticionario tiene derecho al pago de catorce mil

setecientos veinte dólares ($14,720)

En cuanto a lo resuelto exclusivamente por el Tribunal d

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, se dispone l

siguiente:

Se modifican las cuantías otorgadas por concept

de mesada y de pago por vacaciones.

Se confirma la

determinación de que el obrero peticionario no tiene derech

al bono de navidad.

Se devuelve el caso a dicho tribunal para que dilucide si

procede la reclamación por horas extras y horas para tomar

alimentos durante el período del 15 de septiembre al 21 de

octubre de 1993.

Se ordena, además, que éste determine sí

tenor con lo resuelto

en Marín

v.

Fastening

Servic

Systems,

34

Inc., supra, y Rivera v. Insular Wire Products, supra, la reclamación

al amparo de la Ley Núm. 115, supra, debe tramitarse por la vía

ordinaria o de acuerdo al procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Si

concluye que procede el trámite sumario, deberá celebrar una vista en

rebeldía, ya que las alegaciones de la querella no son suficientes para

conceder el remedio solicitado

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

EL Juez Asociado señor Fuster Berlingeri está

conforme con los acápites I, II, III, IV y la parte normativa del

acápite VII de la opinión que antecede. Por otra parte, disiente sin

opinión escrita en los acápites V, VI y en la parte dispositiva del

acápite VII. El Juez Asociado señor Negrón García disiente con Opinión

escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

35

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Hernández Hernández

Recurrido-apelante

v.

AC-96-53

Apelación

Angel Espinosa y otros

Peticionarios-apelados

Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 1998

Hace más de tres y media décadas, al debatirse en

la

Cámara

de

Representantes

el

trámite

especial

y

sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, el

Lcdo. Benjamín Ortiz Ortiz -experimentado jurista, exJuez Asociado de este Tribunal Supremo, a la sazón

Presidente

de

la

Comisión

de

lo

Jurídico

de

dicho

cuerpo-, advirtió así el peligro potencial de percibir

e interpretar inflexiblemente esa legislación:

“O sea, que queremos eliminar aquella

situación del patrono Goliat y el obrero

David, pero lo que no queremos es que por ley

el obrero se convierta en Goliat y el

36

patrono en un David indefenso, sin derechos, sin

oportunidades de clase alguna. La actitud nuestra

social no quiere decir que los patronos estén

totalmente indefensos, digo, los patronos pueden

tener razón y puede haber casos de justicia para los

patronos, de modo que no vamos a llevar a otro

extremo, que por defender a los obreros, destruyamos

totalmente y reduzcamos a la insignificancia a los

intereses patronales, o sea, que el obrero no se

convierta en el Goliat.” Vol. 14, Diario de Sesiones

(Sesión Extraordinaria), 29 de agosto de 1961, pág.

182. (Enfasis nuestro).

I

Los fundamentos jurídicos de la Sentencia del reputado Tribunal de

Circuito de Apelaciones (Hons. Arbona Lago, Jiménez Muñoz y Salas Soler),

reflejan

un

legítimo,

interpretación,26

el

pero

carácter

fallido

injusto

y

intento

opresivo

de

de

la

remediar,

vía

Sentencia

del

ilustrado Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (Hon.

Marcos T. Calderón Vázquez).

Este último, en su afán de hacer justicia, originalmente dejó sin

efecto la anotación de rebeldía y procedió a señalar una vista. Después,

ante

el

vehemente

reclamo

del

obrero

querellante

Manuel

Hernández

26

Los querellados, esposos Angel Espinosa y Nelva Avila, en su petición de certiorari ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones cuestionaron la anotación de rebeldía por una tardanza de cuatro (4) días y la validez de la sentencia dictada por el doble

de la cuantía reclamada. Argumentaron que el Tribunal de Instancia había errado al no dejarla sin efecto.

La razón de decidir (ratio decidendi) del Tribunal de Circuito de Apelaciones fue otra: que los esposos Espinosa-Avila tenían

quince (15) días para contestar y, por ende, no procedía la anotación y sentencia en rebeldía. Para ello, equiparó el concepto distrito

judicial de la Ley Núm. 2 con el de demarcación municipal.

Distinto a lo concluido por dicho foro apelativo, los precedentes legislativos corroboran que distrito judicial se refiere a una

demarcación territorial más amplia, que de ordinario cubre varios límites municipales.

Originalmente la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, enmendada por la Núm. 17 de 11 de abril de 1945,

obligaba al querellado a comparecer por escrito en un término corto si residía dentro del distrito municipal donde se radicaba la

querella. Posteriormente, la Ley Núm. 182 de 12 de mayo de 1948, introdujo la nomenclatura de distrito judicial con referencia

a aquel en que se promovía la acción. Esta distinción y referencias a distrito judicial continuó a pesar de las enmiendas de la

Ley Núm. 150 de 1 de mayo de 1950 y los cambios de la Ley de la Judicatura, Núm. 11 de 24 de Julio de 1952.

Después, en el 1961, la actual Ley Núm. 2, estableció que el querellado debería contestar dentro del término de diez

(10) días si era notificado en el distrito judicial en que se promovía la acción, dándole quince (15) días si la notificación era en

otra forma. La Ley Núm. 2 se refiere a las demarcaciones judiciales clásicas que existían a través de la evolución de nuestro

ordenamiento jurídico, el Código Político (1902) y aquellas leyes, resoluciones conjuntas y órdenes administrativas del Tribunal

Supremo subsiguientes, que identificaron y agruparon los municipios que integrarían los distritos judiciales. Bajo la primera Ley

Orgánica de la Judicatura (1950), el término “distrito judicial” correspondió a las salas del entonces Tribunal de Distrito

(después Superior), en contraste con el término “distrito judicial municipal”. En virtud de la Ley de la Judicatura de 1952, las

primeras se convirtieron en las Salas del Tribunal Superior y las Cortes Municipales en Salas del Tribunal de Distrito.

Ineludible concluir que en el 1961, al entrar en vigor la Ley Núm. 2, los distritos judiciales eran las demarcaciones

territoriales correspondientes a las Salas del Tribunal Superior.

Estrictamente hablando, erró pues el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Las citaciones realizadas en Camuy y Hatillo

–municipios que forman parte del distrito judicial- (hoy región judicial) de Arecibo donde se presentó la querella, conllevó que

los querellados Espinosa-Avila tenían diez (10) días para contestarla.

37

Hernández

de

que

carecía

de

jurisdicción

-en

posible

acatamiento

de

algunas decisiones que dan esa impresión-, reinstaló la rebeldía y dictó

sentencia.

Ciertamente existen precedentes susceptibles de interpretarse como

que sostienen la postura de que los tribunales no poseen discreción y

siempre tienen que seguir ese curso de acción adjudicativo. Rivera v.

Insular Wire Products Corp., res. en 24 de mayo de 1996; Mercado Cintrón

v. Zeta Communications Inc., res. en 7 de abril de 1994; Resto Maldonado

v.

Galarza

Rosario,

117

D.P.R.

458,

460

(1986).

Ahora

bien,

nuestra

jurisprudencia también informa casos bajo la Ley Núm. 2 en que hemos

relevado de los efectos de una sentencia en rebeldía, con miras a que la

querella se ventile en sus méritos. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R.

500, 505 (1982); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 1975); Srio.

del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864, 866-867 (1965); Murphy

Lugo v. Atl. So. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964). Durante nuestra

incumbencia en este Tribunal, con vista a las circunstancias particulares

de cada caso, hemos refrendado una u otra decisión. No obstante, en las

circunstancias de autos, preferimos ser criticados por inconsistentes a

ser injustos.27

La susodicha Sentencia, dictada en rebeldía y sumariamente bajo el

trámite

especial

de

la

aludida

Ley

Núm.

2,

condenó

a

los

esposos

Espinosa-Avila a satisfacer al querellante Hernández Hernández la suma de

$200,100.00,

su

reinstalación

al

empleo,

más

$40.00

por

cada

día

transcurrido desde el 4 de octubre de 1995, y una suma igual por concepto

de penalidad, que ya sobrepasa $34,000.00. Este cuantioso dictamen (más

de $234,000.00), se produce a pesar de que en la querella Hernández

Hernández se limitó a solicitar la cantidad de $77,560.00.

El mismo es resultado exclusivo de una tardanza de cuatro (4) días

al presentarse en el Tribunal la contestación a la querella el viernes 17

27

Como dijimos, en Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, “[n]o todos los casos son iguales; un determinado

caso puede requerir un tratamiento distinto al que se le haya dado a otro, por más que éstos parezcan ser

iguales”. (Pág. 505).

38

de noviembre de 1995, cuando vencía el lunes 13.28 Si dividiéramos el

monto total de la sentencia entre estos cuatro (4) días, veremos que cada

día de tardanza representa aproximadamente $58,500.00.

Contrasta paradójicamente esta demora procesal de cuatro (4) días, que tiene visos de festinación legal- con el plazo de más de un (1) año

(trescientos sesenta y cinco (365) días), que tardó Hernández Hernández

en presentar y notificar su querella a los esposos Espinosa-Avila.

Se trata de una actuación que de su faz pone en entredicho el

derecho constitucional de los esposos Espinosa-Avila a un debido proceso

de ley justo, igualitario y razonable.

Aunque la Opinión mayoritaria modifica, lamentablemente convalida

sustancialmente ese trámite en rebeldía y no logra superar esta grave

injusticia.

En el caso de autos la aplicación mecanicista de la Ley Núm. 2

produce un estado de indefensión a la inversa: un desbalance procesal que

ha convertido en GOLIAT al obrero Hernández Hernández y a su patrono, los

esposos Espinosa-Avila, en el DAVID. Enfrentan hoy una ruinosa sentencia

en rebeldía, resultado de la aplicación absoluta y rigurosa de una

matemática que le atribuye a una demora de cuatro (4) días,

características sacramentales.

Exploremos una alternativa jurídica más justa.

II

Sabido es que el preciado interés de la Legislatura de equiparar y

proteger al obrero (históricamente parte más débil) frente al poderoso

patrono, dio génesis a este procedimiento especial y sumario, “cuya

característica principal es su rápida adjudicación”. Díaz v. Hotel

Miramar Corp., supra, 316.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa, al redactar esta legislación

especial conocía muy bien que su implantación podía generar sentencias en

rebeldía injustas. Para superarlas y atemperar el rigor mecanicista del

trámite sumario, facultó discrecionalmente a los tribunales -en virtud de

moción jurada presentada dentro del término fatal de sesenta (60) días de

notificada la sentencia en rebeldía-, a dejarla sin efecto al amparo del

espíritu que inspira la Regla 49.2 de Procedimiento Civil “en casos de

error, inadvertencia, sorpresa, excusable negligencia, fraude”. Sec. 7,

Ley Núm. 2. Díaz v. Hotel Miramar Corp., supra; Srio. del Trabajo v.

Tribunal Superior, supra, 866-867 y Murphy Lugo v. Atl. So. Insurance

Co., supra. Salvo la voluntad judicial de hacerlo, ¿qué nos impide

aplicar este justiciero mecanismo? Veamos.

Primero, según indicamos, la contestación a la querella de los

esposos Espinosa-Avila se presentó en la Secretaría del Tribunal de

Instancia con una tardanza de sólo cuatro (4) días. Segundo, su

presentación coincidió precisamente con la misma fecha en que el Tribunal

de Instancia anotó la rebeldía. Tercero, el abogado de los querellados

Espinosa-Avila, Lcdo. Eric Ronda Del Toro, diligentemente solicitó y

28

Recuérdese que los esposos Espinosa-Avila fueron notificados el 2 de noviembre. Los diez (10) días

vencieron el domingo 12, y el término se extendió hasta el referido lunes 13.

39

justificó a cabalidad su relevo en virtud de la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, según aplica limitadamente a la Ley Núm. 2. Bajo

juramento expuso hechos suficientes, configurativos de “excusable

negligencia”, a saber: 1) recibió tardíamente la querella en sus oficinas

en San Juan el jueves, 9 de noviembre; 2) la misma contenía distintas

causas de acción y varias alegaciones sumamente “ambiguas”; 3) antes de

contestarse responsablemente, tales alegaciones requirieron realizar una

investigación de los hechos y derechos aplicables; y 4) ese mismo día, su

hija tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia en la Clínica

Las Américas.

Repetimos, nadie ha cuestionado la veracidad y méritos de estas

razones

forenses

y

personales.

De

hecho,

la

necesidad

de

una

investigación previa para contestar la querella se pone de manifiesto

en las ambigüedades de algunas de sus alegaciones. Ello ha quedado

demostrado por los propios y complejos pronunciamientos29 que en más de

veinte (20) páginas la mayoría del Tribunal se ha visto forzada a hacer

en extremos tales como la acumulación de horas extras por razón de no

habérsele permitido disfrutar el tiempo libre para ingerir alimentos;

complicados cálculos para computar la indemnización; improcedencia de

29

La situación es tan seria, que la mayoría del Tribunal ha tenido que reiterar la normativa expuesta en Marín Kuilan v. Díaz

Fastening Systems, Inc., res. en 7 de febrero de 1997. En esa decisión, suscribimos una Opinión disidente; el Juez Asociado, Sr.

Fuster Berlingeri emitió Opinión concurrente y disidente; y el Juez Asociado, Sr. Rebollo López no intervino. Se trata de un

procedimiento mixto y bifurcado mediante el cual en una sola querella se fomenta que los tribunales otorguen algunos remedios,

unos exclusivos o excluyentes en virtud del procedimiento sumario y, otros posibles remedios a través de la vía ordinaria.

Suponemos que la mayoría piensa que este híbrido permitirá a los tribunales del país cumplir con el espíritu del

ordenamiento laboral, separándo las distintas causas de acción, resolviendo algunas bajo el procedimiento sumario y las otras,

aún cuando están dentro de la misma querella, por vía ordinaria. El propósito, aunque encomiable, crea múltiples complicaciones

y cuestiones jurídicas no anticipables.

Así, en el caso de autos, de un lado, como los esposos EspinosaAvila no contestaron a tiempo, la mayoría decide que procede la

indemnización otorgada en rebeldía en el procedimiento sumario por

despido injustificado (Ley Núm. 80). Sin embargo, simultáneamente

resuelve que la reclamación bajo la Ley Núm. 115 puede tener que

probarse en procedimiento ordinario. Preguntamos, ¿qué alcance

tienen estos pronunciamientos? Específicamente, ¿a qué

comparecencia tendrán derecho los esposos? Para la reclamación

ordinaria, ¿se admitirá la contestación radicada cuatro (4) días tarde?

¿Subsistirá el pleito como un trámite en rebeldía clásico? En la vista

evidenciaria, ¿se le permitirá a ellos estar presentes y por conducto de

su abogado, contrainterrogar? ¿Podrán producir prueba a su favor?

¿Será “cosa juzgada” la determinación sumaria de que el despido fue

injustificado o podrán controvertirla? Luego de oír la evidencia del

querellante Hernández Hernández, ¿puede dicho Tribunal concluir que

no hubo el despido o está obligado por el dictamen del trámite

sumario? Estas y otras preguntas –y sus contestaciones adecuadas- son

sumamente importantes; no pueden dejarse en el aire. Dependiendo de

las respuestas que se brinden, estaremos o no frente a un trámite hueco,

que complicará el procesamiento civil de casos de esta naturaleza.

40

la sentencia bajo la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, (despido

discriminatorio por brindar información); y reclamación de horas extras

por horarios fraccionados.30 Tampoco se ha cuestionado la legitimidad y

el

peso

de

la

razón

personal

quirúrgica

de

una

hija,

¿a

despreocupe

o

la

abandone

aducida:

qué

para

irse

ante

padre

a

la

emergencia

médica-

puede

pedírsele

que

se

contestar

una

investigar

y

demanda?

En resumen, sólo hacemos cumplida justicia dejando sin efecto la

Sentencia en rebeldía, admitiendo la contestación y ordenando la

celebración de una vista evidenciaria.

Evitemos, vía interpretación judicial rigurosa, conver-tir la Ley

Núm. 2 en un estatuto DRACONIANO.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

30

Preocupa el dictamen mayoritario alterno, esto es, si Hernández Hernández no prueba la reclamación bajo la Ley Núm. 115 o, la

indemnización es menor, sea sólo acreedor a los derechos bajo la Ley 80. Ahora bien, si bajo la Ley Núm. 115 fuese mayor, deberá

rebajarse la compensación ya concedida en virtud de la Ley Núm. 80.

La dificultad de este enfoque alterno es que bajo la Ley Núm. 115, el obrero tiene derecho a la reposición en el

empleo. Si el remedio económico bajo la Ley Núm. 80 fuese mayor, ¿perdería su derecho a la reinstalación? ¿Podría el tribunal

otorgarle “lo mejor de ambas leyes”? Ciertamente, no está claro si el obrero puede escoger el remedio con la indemnización menor o

estamos ante una imposición judicial automática.