LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V. GUALBERTO NEGRON Y OTROS

1998 TSPR 15

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V. GUALBERTO NEGRON Y OTROS

CE-1993-641

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

.V

TSPR-98-15

Gualberto Negrón Martínez, Sonia I.

Torres Torres

Acusados-Peticionarios

Número del Caso: CE-93-641

Abogados Parte Demandante: Lcdo. José A. Andréu Fuentes

Lcdo. Héctor R. Crespo Milian

Abogados Parte Demandada: Hon. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Aida N. Molinary De la

Cruz

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 2/27/1998

Materia: Criminal

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CE-93-641

Gualberto Negrón Martínez

y otros

Acusados

SENTENCIA

(En Reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 1998.

El 24 de marzo de 1993, agentes del orden público

diligenciaron

una

orden

de

confiscación

contra

la

residencia de los peticionarios Gualberto Negrón Martínez y

otros.1

Durante

material

relacionado

ese

trámite,

al

juego

los

agentes

ilegal

de

encontraron

"bolita".

Correspondientemente, el Minis-terio Público le imputó a

los peticionarios haber infringido la sección 10 de la Ley

Núm. 220 de 15 de mayo de 1948,

L.P.R.A.

1

según

enmendada,

33

sec.

Ello como consecuencia de que el 4 de febrero de

1993, al diligenciar una orden de allanamiento en dicha

propiedad, las autoridades ocuparon material relacionado

con

el

juego

de

bolita,

cuya

evidencia

fue

subsiguientemente suprimida casi un año después por el foro

de instancia mediante Resolución de 7 de febrero de 1994.

Dicha resolución fue confirmada por este Tribunal en el

caso de Pueblo v. Negrón Martínez, Op. de 30 de abril de

1997, 97 JTS 53.

1247.2

Luego de la vista preliminar, celebrada el 26 de abril de 1993,

el tribunal de instancia determinó que no existía causa probable para

sostener los cargos, por razón de que el registro efectuado como parte

de

la

confiscación

era

patentemente

ilegal.

El

Ministerio

Público

solicitó una vista preliminar en alzada, la cual se celebró el 16 de

julio de 1993.

En esa vista, el tribunal encontró causa probable contra

los

pero

acusados,

deliberadamente

no

consideró

la

legalidad

del

registro por entender que tal evaluación era improcedente en esa etapa

preliminar.

El Ministerio Público presentó cargos contra los peticionarios de

epígrafe y, el 18 de agosto de 1993, éstos presentaron una moción para

la supresión de evidencia a tenor con lo dispuesto por la Regla 234 de

Procedimiento

Criminal,

34

L.P.R.A.

Ap.

II,

R.

234.

En

la

moción

arguyeron que la evidencia ocupada por el Estado mientras se diligenció

la orden de confiscación era inadmisible pues ésta fue ejecutada en

contravención a la Sección 10 del Artículo II de la Constitución de

Puerto Rico y la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

2

Reza la primera sección de la Ley Núm. 220, supra,:

“Por

la

presente

se

declara

estorbo

público

los

juegos

generalmente

conocidos

como

`bolita´,

`bolipul’,

combinaciones

clandestinas relacionadas con los `pools´ o bancas de los hipódromos de

Puerto Rico y loterías clandestinas en el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y su jurisdicción territorial y marítima.”

Por su parte, dispone la sección 10 de esa Ley:

1256. Dueño, administrador, etc., de juegos prohibidos; juicio por

tribunal de derecho

Todo dueño, apoderado, agente, encargado, director o

administrador de los juegos prohibidos por las secs. 1247 a

1257 de este título será reo de delito grave, y será

arrestado inmediatamente, dándose traslado del caso sin

demora al fiscal con jurisdicción, y convicta que fuere dicha

persona, será castigada con pena de presidio que no será

menor de un (1) año ni mayor de diez (10) años;

Disponiéndose, que todos los juicios por infracción a la

presente sección se celebrarán por tribunal de derecho

exclusivamente; y Disponiéndose, además, que toda persona que

fuere convicta de una infracción a las disposiciones de esta

sección no podrá acogerse a los beneficios de las secs. 1026

a 1029 del Título 34.

El tribunal de instancia celebró vista para dilucidar la solicitada

supresión.

Mediante prueba testifical, el Ministerio Público sostuvo

que la orden de confiscación fue emitida el 24 de marzo de 1993 por el

Fiscal Especial de la División de Confiscaciones del Departamento de

Justicia, a nombre del Secretario de Justicia, y, que, al amparo de lo

dispuesto por el artículo 3(1)(c) de la Ley Núm. 3, supra, se emitió la

orden sin que hubiese mediado autorización judicial.

El fiscal especial

testificó que la orden de confiscación estaba fundamentada en que, el 4

de febrero de 1993, se diligenció una orden de allanamiento en los

predios de la residencia de los peticionarios, donde se ocupó material

involucrado

peticionarios

con

el

fueron

juego

ilegal

denunciados

de

la

bolita.

criminalmente

Expuso

por

que

haber

los

estado

envueltos en la dirección del juego ilegal, en violación a la Ley Núm.

220, supra. Expresó que esa denuncia estaba aún pendiente al momento de

expedir la orden de confiscación.

El Estado también presentó testimonio

de que el mismo día de la emisión de la orden de confiscación, fiscales

y agentes de la policía, luego de identificarse y explicar su propósito

a los peticionarios, armados con la orden, entraron a la residencia para

incautar

la

misma.

Estos

entonces

procedieron

a

desalojar

de

la

residencia a los peticionarios, y a tomar posesión tanto de la propiedad

inmueble como de la mueble situada en los predios.

Entre el material

mueble confiscado se encontró material relacionado al juego ilegal de la

"bolita".

Luego de evaluar la prueba presentada por las partes, el tribunal

de instancia denegó la moción de supresión mediante resolución emitida

el

8

de

octubre

de

1993.

Ese

foro

fue

del

criterio

de

que

la

confiscación estaba amparada en una ley especial que faculta al Estado a

incautar propiedad sin que medie orden judicial, por lo que el registro

e incautación de evidencia encontrada en los predios confiscados no fue

obtenida

de

pertinentes.

manera

repulsiva

a

las

protecciones

constitucionales

Inconformes con esa determinación, los peticionarios acudieron a

este

Tribunal

mediante

octubre de 1993.

petición

de

certiorari

presentada

el

26

de

El recurso planteó dos errores, los cuales exponemos a

continuación:

PRIMER ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCION DE SUPRESION DE EVIDENCIA, Y

POR CONSIGUIENTE, AL DETERMINAR QUE EN EL PRESENTE CASO

EXISTIO ALGUNAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES QUE VALIDAN

UN REGISTRO Y ALLANAMIENTO SIN ORDEN JUDICIAL.

SEGUNDO ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL

DETERMINAR QUE LA CONFISCACION LLEVADA A CABO EN EL PRESENTE

CASO, Y POR ENDE EL REGISTRO Y OCUPACION DE LA EVIDENCIA, NO

FUE UNA ILEGAL EN VIOLACION A LA SECCION 10 DEL ARTICULO

II DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO Y LA CUARTA

ENMIENDA DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Expedimos el recurso solicitado el 27 de octubre de 1993.

El 18 de

febrero de 1994 acogimos una solicitud de las partes peticionarias de

que se considerase su petición de certiorari como su alegato en el caso.3

El

Ministerio

Público

sometió

su

alegato

el

28

de

marzo

de

1994.

Perfeccionado el recurso, el 30 de abril de 1997 emitimos sentencia para

confirmar la Resolución recurrida. En la misma expusimos que, al amparo

de la Regla 5(b) del Reglamento de este Tribunal, y en la ausencia de

una

mayoría

de

los

jueces

interviniendo

para

revocar

la

Sentencia

recurrida, al producirse un empate en la votación, se confirmó la misma.4

Las partes peticionarias radicaron una moción de reconsideración el 15

de mayo de 1997 y el Ministerio Público se opuso a la misma por medio de

un escrito sometido el 23 de mayo de 1997.

En reconsideración, revocamos la resolución emitida por el Tribunal

de instancia el 8 de octubre de 1993 y decretamos que la evidencia

inculpatoria

descubierta

como

3

Véase "Moción Solicitando se Permita Someter Petición de

Certiorari en Sustitución de Alegato" presentada por las partes

peticionarias el 27 de enero de 1994.

El Juez Asociado señor Rebollo López, la Juez Asociada señora

Naveira de Rodón y el Juez Asociado señor Hernández Denton revocarían.

El Juez Asociado señor Negrón García, el Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri y el Juez Asociado señor Corrada del Río confirmarían.

El

Juez Presidente señor Andréu García se inhibió.

Véase sentencia y

4

opiniones del 30 de abril de 1997, 94 JTS 54.

resultado de la confiscación efectuada es inadmisible en evidencia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Subsecretaria del

Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Rebollo López emite Opinión

concurrente a la cual se unen la Juez Asociada señora Naveira de Rodón y

el Juez Asociado señor Hernández Denton.

del Río emite Opinión concurrente.

emite Opinión disidente.

Opinión disidente.

El Juez Asociado señor Corrada

El Juez Asociado señor Negrón García

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emite

El Juez Presidente señor Andréu García inhibido.

Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CE-93-641

Gualberto Negrón Martínez

y otros

Acusado-recurrido

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA, EN ETAPA DE RECONSIDERACION, POR EL JUEZ ASOCIADO

SEÑOR REBOLLO LÓPEZ, A LA CUAL SE UNEN LOS JUECES ASOCIADOS SEÑORA NAVEIRA DE RODÓN Y

SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 1998

En

el

día

sostuviéramos

efectos

de

de

hoy

el

pasado

que

procede

reiteramos

30

de

el

abril

decretar

la

criterio

que

1997

a

los

supresión

de

la

de

evidencia incautada por el Estado en la residencia de

los peticionarios Negrón Martínez el día 24 de marzo de

1993.

Ello,

llana

y

sencillamente,

debido

a

que,

como

expresáramos en nuestra Opinión del 30 de abril de 1997,

"...consideraciones de orden público, básicas a nuestro

sistema

democrático

de

permita

al

Estado

sostener

confiscación

civil

a

gobierno,

base

de

la

impiden

que

legalidad

evidencia

se

de

le

una

previamente

suprimida, en un procedimiento criminal relacionado, por

ser la misma producto de un allanamiento ilegal."

CE-93-641

9

Cualquier fundamento de índole constitucional, utilizado en el día

de hoy por otros miembros del Tribunal con el propósito de sostener la

ilegalidad de dicha incautación, resulta ser totalmente innecesario.

Dicho curso de acción, dados los hechos particulares del presente caso,

viola una de las normas jurisprudenciales más arraigadas y correctas:

aquella

que

predica

la

abstención

y

prudencia

judicial

ante

planteamientos constitucionales cuya consideración no es necesaria para

resolver el caso.

I

El tribunal de instancia determinó que un allanamiento efectuado

por

agentes

del

orden

público

el

residencia del peticionario

Negrón

por

a

la

cual

procedió

día

4

de

Martínez

suprimir

la

febrero

de

era

ilegal;

uno

1993

en

la

razón

evidencia delictiva --

consistente de material relacionado con el juego ilegal de la "bolita"- ocupada ese día en dicha residencia por los agentes policíacos.

Una

mayoría de los integrantes de este Tribunal confirmó dicho dictamen

judicial mediante Sentencia de fecha 30 de abril de 1997.5

En el entretanto, y basándose en la evidencia delictiva que la

Policía había ocupado el 4 de febrero de 1993, el 24 de marzo de 1993

un

fiscal

del

Departamento

de

Justicia

expidió

una

"orden

de

confiscación" contra la residencia de Negrón Martínez, amparándose para

ello en las disposiciones del Artículo 3(1)(c) de la Ley Uniforme de

Confiscaciones6.

Al diligenciar ese mismo día la referida "orden de

confiscación", los agentes del orden público ocuparon, nuevamente, en

dicha residencia material relacionado al juego ilegal de la "bolita".

En esta ocasión, el tribunal de instancia declaró sin lugar la moción de supresión de evidencia que radicara la

distinguida representación legal de Negrón Martínez. Inconforme, el peticionario acudió ante este Tribunal en revisión -vía certiorari-- de la mencionada denegatoria. Habiéndose inhibido el señor Juez Presidente, Hon. José A. Andréu

5

Votaron para confirmar al tribunal de instancia los Jueces Asociados señor Rebollo

López, señora Naveira de Rodón, señor Hernández Denton y señor Corrada del Río. El

Juez Asociado señor Negrón García disintió. El Juez Presidente señor Andréu García se

inhibió y el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

6

Ley Número 93 del 13 de julio de 1988, 34 L.P.R.A. sec. 1723(a).

CE-93-641

10

García, los restantes seis Jueces de este Tribunal se dividieron tres a tres.7 En consecuencia, el 30 de abril de 1997 se

emitió una Sentencia confirmatoria de la resolución recurrida que denegó la supresión en cuanto a la evidencia delictiva

ocupada el día 24 de marzo de 1993.

Negrón Martínez solicitó reconsideración de dicha actuación judicial. En el día de hoy, una mayoría del Tribunal

determina que la actuación del Estado fue ilegal y ordena la supresión de la evidencia incautada. Dicha posición

mayoritaria hoy se obtiene debido al hecho de que uno de los integrantes del Tribunal que el pasado 30 de abril de 1997

fue del criterio que la actuación gubernamental era una legal --el Juez Asociado señor Corrada del Río-- ahora sostiene la

ilegalidad de la misma. Al así hacerlo, el Juez Corrada del Río señala que es inconstitucional el mencionado Artículo

3(1)(c) de la Ley de Confiscaciones "...en tanto en cuanto [el mismo]] permite la confiscación de bienes inmuebles sin

notificación y vista previa; ...".

¿Es ello realmente necesario y correcto?

¿No se supone que este Tribunal evada entrar a dilucidar la

constitucionalidad de un estatuto si el caso puede ser resuelto, de forma correcta, por otros fundamentos?

II

En la Opinión disidente que emitimos el pasado 30 de abril de 1997 --en la cual sostuvimos que procedía la

revocación de la resolución denegatoria de la supresión que solicitó Negrón Martínez en relación con la evidencia

delictiva ocupada el día 24 de marzo de 1993, evidencia ocupada a base de la orden de incautación expedida por un fiscal

del Departamento de Justicia de Puerto Rico-- señalamos que:

"Hemos resuelto, de manera enfática, que consideraciones de orden público, básicas a nuestro

sistema democrático de gobierno, impiden que se le permita al Estado sostener la legalidad de una

confiscación civil a base de evidencia previamente suprimida, en un procedimiento criminal relacionado,

por ser la misma producto de un allanamiento ilegal. Al referirnos a la 'regla de exclusión', contenida en

la Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución, expresamos en Toll v. Adorno Medina, 92 JTS 49,

Opinión y Sentencia del 29 de abril de 1992, en lo pertinente, que:

'[[P]]odemos decir que la regla de exclusión encarna tres

propósitos insitos en el Art. II, Sec. 10.

Primero,

disuadir y desalentar a los funcionarios del orden

público de que violen la protección constitucional

("deterrence"). Se reconoce que este elemento disuasivo

realmente es el más fundamental.

Segundo, integridad

judicial.

Los tribunales no deben ser cómplices de

actos de desobediencia a la Constitución y admitir

evidencia ilegalmente obtenida. Y tercero, impedir que

el gobierno se beneficie de sus propios actos ilícitos;

de otra manera la ciudadanía perdería confianza en el

gobierno.'

Además, y como señala el Profesor Ernesto Chiesa, la 'regla de exclusión' se extiende a

'evidencia derivativa' que ha sido obtenida como 'fruto' de evidencia primaria que ha sido obtenida

ilegalmente, esto es, '...a otra evidencia cuyo origen está vinculado estrechamente a la evidencia obtenida

originalmente en violación de la protección constitucional'. [3]] Como resulta obvio, estamos hablando de

la llamada doctrina 'del fruto del árbol ponzoñoso'."

7

Votaron por confirmar los Jueces Asociados Negrón García, Fuster Berlingeri y

Corrada del Río.

Debe recordarse que este último había votado por confirmar la

resolución suprimiendo la evidencia delictiva ocupada el 4 de febrero de 1993.

Votaron para revocar la resolución denegatoria de la supresión solicitada, los

Jueces Asociados señor Rebollo López, señora Naveira de Rodón y señor Hernández

Denton.

CE-93-641

11

En palabras sencillas, no comprendíamos entonces, ni comprendemos

ahora, cómo es posible que alguien resuelva que es legal la ocupación

de evidencia delictiva cuando la referida ocupación es el resultado de

una orden de incautación que está basada en un allanamiento que ha sido

declarado ilegal por tribunal competente.

es

el

fundamento

correcto,

desde

un

Ese, llana y sencillamente,

punto

de

vista

jurídico,

para

decretar que la orden de incautación expedida por el Departamento de

Justicia en el presente caso, y la subsiguiente ocupación de evidencia

delictiva,

son

nulas

totalmente

innecesario

e

ineficaces.

entrar

a

En

otras

dilucidar,

y

palabras,

resulta

resolver,

si

la

disposición en controversia de la Ley Uniforme de Confiscaciones es, o

no, constitucional.

Como es sabido, desde tiempos inmemoriales existe la llamada norma

de

abstención,

o

autolimitación,

judicial

a

los

efectos

de

que

un

tribunal deberá evitar entrar a juzgar la constitucionalidad de una ley

si está a su alcance resolver el caso ante su consideración por otros

fundamentos jurídicos.

La deferencia que debe tener el Poder Judicial

hacia el Poder Legislativo así lo requiere.

110 D.P.R. 610, 618 (1981).

una

cuestión

de

alto

Millán Rodríguez v. Muñoz,

Ni aun la excusa de que el caso plantea

"interés

público"

ha

sido

aceptada

como

justificación para violar la llamada norma de abstención judicial.

Como expresara este Tribunal en E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552,

599 (1958):

"Es punto menos que aterradora la visión de una

sociedad en la cual jueces nombrados por vida tengan la

facultad de juzgar la constitucionalidad de los actos

oficiales a nombre exclusivamente del 'interés público'."

Por los fundamentos antes expresados concurrimos con el resultado

al que llega hoy la Mayoría en el presente caso.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

CE-93-641

12

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CE-93-641

Gualberto Negrón Martínez

y otros

Acusados

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RIO

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 1998.

Concurrimos con la Sentencia dictada en el día de hoy

por este Tribunal, no porque se aplique a este caso el

principio

del

“fruto

del

árbol

entendemos

inaplicable;

ni

porque

ponzoñoso”,

la

el

cual

confiscación

fuese

ilegal por razón de haber surgido como consecuencia de una

orden

de

impugnada

Concurrimos

allanamiento

ilegal,

la

al

en

que

se

efectuó

entender

que

es

inconstitucional

momento

por

cual

no

había

sido

la

misma.

el

artículo 3(1)(c) de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988,

conocida

como

la

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones

(en

adelante la “Ley Núm. 93”), 34 L.P.R.A. sec. 1723a, en

tanto en cuanto permite la confiscación de bienes inmuebles

sin notificación y vista previa.

La evidencia inculpatoria

descubierta como resultado de una confiscación

por

razón

de

su

inconsti-

ilegal

CE-93-641

13

tucionalidad, es inadmisible en evidencia y debe ser suprimida.

Los hechos del caso están relacionados en la Sentencia.

repetiremos aquí.

No los

Explicamos nuestra posición.

I

Dispone la Quinta Enmienda de la Constitución Federal:

“No person shall be held to answer for a capital, or

otherwise infamous crime, unless on a presentment or

indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the

land or naval forces, or in the Militia, when in actual

service in time of War or public danger; nor shall any person

be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of

life and limb; nor shall be compelled in any ciminal case to

be a witness against himself, nor be deprived of life,

liberty, or property, without due process of law; nor shall

private property be taken for public use, without just

compensation." (Enfasis suplido)

Dispone

la

Sección

Núm.

1

de

la

Decimocuarta

Enmienda

de

la

Constitución de Estados Unidos:

"Section 1.

All persons born or naturalized in the

United States, and subject to the jurisdiction thereof, are

citizens of the United States and of the State wherein they

reside.

No State shall make or enforce any law which shall

abridge the privileges or immunities of citizens of the United

States; nor shall any State deprive any person of life,

liberty, or property, without due process of law; nor deny to

any person within its jurisdiction the equal protection of the

laws." (Enfasis suplido)

El Tribunal Supremo Federal ha expresado, reiteradamente, que el

debido proceso de ley aplica a Puerto Rico, bien sea a través de la

Quinta o la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos. Véase Ex. Bd. of Eng. Arch. and Sur. V. Flores de Otero, 426

U.S. 572, 599—601 (1976); Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co.,

416 U.S. 663, 668, n. 5 (1974); y Fornaris v. Ridge Tool Co., 400 U.S.

41 (1970).

Dispone la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto

Rico:

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el

derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la

propiedad.

No existirá la pena de muerte.

Ninguna persona

será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de

ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual

protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben

las obligaciones contractuales.

Las leyes determinarán un

mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

CE-93-641

14

Constitución

suplido).

de

Puerto

Rico,

Art.

II,

Sec.

7.

(Enfasis

A su vez, reza la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos:

"The right of the people to be secure in their persons,

houses, papers, and effects, against unreasonable searches and

seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue

but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and

particularly describing the place to be searched, and the

persons or things to be seized.”

Las cortes federales han resuelto que la protección provista por la

Cuarta

Enmienda

es

aplicable

a

los

procedimientos

civiles

de

confiscación de propiedad por parte del Estado. Véase Austin v. U.S.,

509 U.S. 609 (1992); U.S. v. Showalter, 858 F.2d 149 (3rd Cir. 1988);

United States v. $128,035.00 in US Currency, 628 F. Supp. 668 (S.D. Ohio

1986); U.S. v. TWP 17 R4, 970 F.2d 984 (1st Cir. 1992); Applicaton of

Kingsley, 614 F.Supp. 219 (D.C. Mass. 1985); U.S. v. Parr, 716 F.2d 796

(11th Cir. 1983); U.S. v. Pappas, 613 F.2d 324 (1st Cir. 1979); One

Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693, 696 (1965); y Boyd v.

U.S., 116 U.S. 616, 634 (1886).8

Por su parte, la Sección 10 del Artículo II de la Constitución de

Puerto Rico establece:

"No se violará el derecho del pueblo a la protección de

sus personas, casas, papeles y efectos contra registros,

incautaciones, y allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros,

allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello

únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o

afirmación,

describiendo

particularmente

el

lugar

a

registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a

ocuparse.

8

A esos efectos, se expresó elocuentemente la Corte Federal para el

Distrito de Ohio en U.S. v. $128,035.00 in US Currency, supra, pág.

672, de la siguiente manera:

"In considering the claim that seizure of real

property [...] violates the Fourth Amendment, the

Court [...] notes that the Fourth Amendment applies

to the forfeiture provisions [...] because of the

statute's punitive, quasijudicial nature. [...]

Thus, the statute must first comply with the

various procedural requirements imposed by the

Fourth Amendment."

CE-93-641

15

Evidencia obtenida en violación de esta sección será

inadmisible en los tribunales." (Enfasis suplido) Const. de

Puerto Rico, Art. II, Sec. 10.

Es claro que las aludidas disposiciones constitucionales persiguen

garantizarle a cada persona la debida protección de las leyes, en su

función sustantiva y procesal, antes de que se le prive de su propiedad.

Nótese, además, que los procedimientos civiles de confiscación potencian

los

derechos

ofrecidos

por

la

Sección

10

del

Artículo

II

de

la

Constitución de Puerto Rico y la Cuarta Enmienda de la Constitución de

Estados Unidos.

junio de

Véase H.M.C.A., Inc., v. Colón Carlo, Op. de 30 de

1993, 93 J.T.S. 112, y E.L.A. v. Coca Cola Bottling Co., 115

D.P.R. 197 (1984).

Hemos resuelto, además, que los requisitos constitucionales del

debido proceso de ley son aplicables a los procedimientos de embargo y

prohibición de enajenar. Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, Op. de 30 de

junio de 1983, 93 J.T.S. 111; Domínguez Talavera v. Tribunal Superior,

102 D.P.R. 423 (1974); y Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972). Las

exigencias

del

independientemente

debido

proceso

de

la

que

aplican

incautación

a

los

embargos,

sea temporera. Fuentes v.

Shevin, supra, ante, pág. 86; North Georgia Finishing v. Di-Chen, 419

U.S. 601 (1975).

Al examinar lo requerido por el debido proceso de ley, encontramos

que

la

Corte

Suprema

de

Estados

Unidos

estableció

en

Mathews

v.

Eldridge, 424 U.S. 319 (1976), los tres criterios que deben sopesarse

al determinar cuál es el proceso debido para privar a un individuo de

algún

derecho

protegido.9

Al

respecto

se

examina:

(1)

el

interés

afectado por la acción oficial; (2) el riesgo de una determinación

errónea

que

prive

a

la

persona

proceso

utilizado

y

el

valor

el

interés

distintas;

y

(3)

del

interés

probable

protegido

mediante

el

o

de

garantías

adicionales

gubernamental

protegido

con

la

acción

sumaria y la posibilidad de usar métodos alternos. Véase: Vélez Ramírez

9

Véase también Mitchell v. W. T. Grant Co., supra , Sniadach v.

Family Finance Corp., supra; y Fuentes v. Shevin, supra.

CE-93-641

16

v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982). A la luz de los criterios de

Mathews, la jurisprudencia ha establecido diversos procedimientos para

satisfacer las exigencias del debido proceso.

debe

cumplir

todo

procedimiento

Entre los requisitos que

adversativo

se

encuentran:

(1)

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial;

(3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a contrainterrogar testigos y

examinar evidencia presentada en su contra; (6) tener asistencia de

abogado; y (7) que la decisión se base en el récord.

Young, Treatises of Constitutional Law:

Rotunda, Nowak &

Sustance and Procedure, Vol.

II West Publishing Co., Minn. 1986, pág. 250.

No obstante, aún cuando

"[...] el debido proceso de ley no es abstracción apocalíptica que de

sólo

invocarlo

infunda

temor

de

Dios

al

tribunal

y

paralice

al

adversario, Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, supra, pág. 428;

Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10, 23 (1976); y Pueblo v. Andréu

González,

105

D.P.R.

315,

320

(1976),

el

mismo

es

resguardo

infranqueable contra privaciones arbitrarias de la propiedad". Cuevas

Segarra,

Práctica

Procesal

Puertorriqueña,

Vol.

II,

San

Juan,

Publicaciones J.T.S., 1980, pág. 337-338.

Como

vertiente

del

concepto

del

debido

proceso

de

ley,

la

jurisprudencia interpretativa ha consagrado el derecho fundamental de

toda

persona

a

ser

oída

antes

de

ser

despojada

de

algún

interés

protegido; esta oportunidad de ser oído debe ser en: "a meaningful time

and a meaningful manner". Mathews v. Eldridge, supra, pág. 333; y Joint

AntiFascist Refugee Committee v. McGrath, 341 U.S. 123 (1951). Véase

también Henry Friendly, Some Kind of Hearing, 123 U. Pa. L. Rev. 1267

(1975). La privación de la libertad o propiedad sin notificación u

oportunidad

de

ser

oído

se

ha

considerado

siempre

ajena

al

debido

proceso y en ocasiones es fuente de responsabilidad civil. Luger v.

Edmonson Oil Co., 457 U.S. 922 (1982), Mullane v. Central Manover Tr.

Co., 339 U.S. 306 (1950). Un estatuto puede prevalecer sólo si contiene

garantías procesales suficientes que permitan que la parte afectada

pueda ser oída antes de que se adjudique definitivamente el derecho

CE-93-641

17

involucrado, Mitchell v. W.T. Grant Co., 416 U.S. 600 (1974), excepción

hecha

en

aquellas

situaciones

en

que

existen

circunstancias

extraordinarias que justifiquen lo contrario. Calero-Toledo v. Pearson

Yacht Leasing Co., supra.

A esos efectos, el Profesor Lawrence Tribe,

nos dice:

"A prior hearing had been required by the traditional

conception of procedural due process under the precept that

one should be able to continue living in quiet enjoyment of

liberty or property unless and until there has been a fair

determination that the state is entitled to intrude upon that

situation of repose". (Énfasis suplido.) Lawrence H. Tribe,

American Constitutional Law, Foundation Pres., Inc., Nueva

York, 2da edición, pág. 673.

A

la

luz

de

estos

preceptos

constitucionales,

examinemos

el

estatuto que rige la confiscación de bienes por parte del Gobierno de

Puerto Rico.

La vigente Ley Núm. 93, supra, establece, de la siguiente

manera,

circunstancias

las

en

las

que

procede

la

confiscación

de

propiedad por parte del Estado:

"Toda propiedad que sea utilizada en relación a la

comisión de delitos graves y de aquellos delitos menos graves

en que por ley se autorice la confiscación, cuando tales

delitos graves y menos graves estén tipificados en el Código

Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, secs. 3001 et

seq. del Titulo 33 de L.P.R.A., en la leyes de sustancias

controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra el

crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas

alcohólicas, leyes fiscales, leyes contra la apropiación

ilegal de vehículos, leyes de vehículos y tránsito y de

embarcaciones, así como en otras leyes y aquella propiedad que

esté sujeta a una sentencia de confiscaciones que así lo

autorice, será confiscada en favor del Estado Libre Asociado."

(Enfasis suplido) 34 L.P.R.A. sec. 1723.

La Ley Núm. 93 califica para sus efectos las propiedades a ser

confiscadas, de la siguiente manera:

"Para fines de este Capítulo el término `propiedad´

incluye bienes muebles o inmuebles, derechos, privilegios,

intereses, reclamaciones y valores, dinero en efectivo,

vehículos

y

cualquier

otro

medio

de

transportación,

utensilios, artefactos, máquinas, equipo, instrumentos, y

cualquier otro objeto o bien análogo." Ibid.

Esta Ley también establece el procedimiento a ser seguido para la

confiscación de la propiedad.

Al respecto dicta la sección 3 (11)(c)

de la Ley Núm. 93:

"La ocupación de la propiedad sujeta a confiscación se

llevará a cabo por la agencia del orden público o el

funcionario a cargo de la implantación del Capítulo, por sí o

por conducto de sus delegados, policías, o agentes del orden

público mediante orden de un magistrado o tribunal competente

o sin previas orden del tribunal en los siguientes casos:

CE-93-641

18

(a)

Cuando la ocupación se efectúa mientras se

lleva a cabo un arresto; o

(b)

cuando la ocupación se efectúa en virtud

de una sentencia judicial; o

(c)

cuando la propiedad a ocuparse haya sido

utilizada en relación a la comisión de

cualquiera de los delitos que se expresan

en la sección 1273 de esta Parte, previa

orden del funcionario a cargo de la

implantación de la ley aplicable o sus

delegados.

El funcionario bajo cuya autoridad se efectúa la

ocupación o la persona en la que él delegue notificará el

hecho de la ocupación y la tasación o valor estimado de la

propiedad ocupada a las personas siguientes:

(a)

Aquellas

que

por

las

circunstancias,

información o creencia, el funcionario

considere como dueños” [...] 34 L.P.R.A.

sec. 1723a. (Enfasis suplido)

Al interpretar esas disposiciones de ley, debemos tener presente el

caso de Pueblo v. González Cortez, 95 D.P.R. 164 (1967), en el cual

expresamos que las "confiscaciones no son favorecidas por las cortes y

los estatutos autorizándoles son interpretados restrictivamente".

En

Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978), determinamos que,

dada

la

naturaleza

punitiva

de

la

confiscación,

los

estatutos

que

autorizan esa medida en cuanto a la propiedad de un acusado deben ser

interpretados restrictivamente de manera favorable a éste.

Esa norma de

interpretación fue aplicada a la vigente Ley Núm. 93, supra, en Del Toro

Lugo v. E.L.A., Op. de 12 de septiembre de 1994, 94 J.T.S. 119.

II

En United States v. Good Real Property, 510 U.S. 43 (1993), el

Tribunal Supremo Federal se expresó sobre la controversia de si la

Cláusula de Debido Proceso de Ley contenida en la Quinta Enmienda de la

Constitución Federal requiere que se celebre vista, antes de efectuar el

embargo

de

una

propiedad

inmueble,

para

que

oportunidad de expresar su posición al respecto.

su

titular

reciba

la

El Tribunal determinó

que la vista previa es un ingrediente indispensable cuando se pretende

confiscar un bien inmueble.

CE-93-641

19

En el citado caso, agentes de la policía del Estado de Hawaii

ejecutaron una orden de registro en el hogar del señor Daniel Good.

En

los predios encontraron varias sustancias controladas, constitutivas de

evidencia inculpante de delito.

Seis meses más tarde, Good presentó una

alegación de culpabilidad y fue sentenciado a un año de encarcelación,

cinco

años

de

probatoria,

una

multa

de

$1,000.00

y

el

$3,187.00 que fueron encontrados en los predios allanados.

embargo

de

Cuatro años

y medio después del registro de la residencia, al amparo de lo dispuesto

en 21 U.S.C. sec. 881(a)(7)10, el Gobierno Federal instó una acción in

rem para la confiscación de esa propiedad inmueble, bajo el fundamento

de que la misma fue utilizada para cometer un crimen federal.

En un

procedimiento ex parte, un magistrado federal encontró que el Gobierno

Federal cumplió con el peso de probar causa probable de que Good había

empleado

su

casa

para

fines

delictivos,

por

lo

que

ordenó

que

se

procediera con la confiscación del inmueble.

El Gobierno Federal confiscó, de esta manera, la propiedad, sin

proveerle a Good notificación previa o vista adversativa.

Good presentó

ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de

Hawaii, una moción para recobrar la propiedad y una contestación a la

10

Provee la parte pertinente de ese estatuto federal 21 U.S.C. sec.

881(a)(7):

"(a) The following shall be subject to forfeiture to

United States and no property right shall exist in them:

(7)

All real property, including any right, title,

and

interest

(including

any

leasehold

interest)

continúa...

3...continuación

in the whole of any lot or tract of land and any

appurtenances or improvements, which is used, in

any manner or part, to commit, or to facilitate the

commission of, a violation of this subchapter

punishable by more than one year's imprisonment,

except that no property shall be forfeited under

this paragraph, to the extent of an interest of an

owner, by reason of any act or omission established

by that owner to have been committed or omitted

without the knowledge or consent of that owner."

the

CE-93-641

20

demanda instada por el Gobierno, arguyendo que el embargo le privó de

sus derechos de Debido Proceso de Ley.

El Tribunal de instancia emitió

sentencia sumaria y autorizó la confiscación.

Inconforme, Good acudió a

la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito Federal, la cual revocó

la

sentencia

recurrida,

por

entender que la confiscación

CE-93-641

21

constituyó una violación de la Cláusula de Debido Proceso de Ley.

El caso fue entonces elevado al Tribunal Supremo Federal.

Ante ese

foro, el Gobierno Federal argumentó que el haber respetado los derechos

de Good, según concedidos por la Cuarta Enmienda Federal, constituyó

debida

y

suficiente

confiscación.

protección

constitucional

en

relación

a

la

En la alternativa, el Gobierno Federal arguyó que una

confiscación

en

cumplimiento

de

las

leyes

federales

contra

la

distribución de drogas en nuestra sociedad configura una excepción a lo

requerido

por

el

Debido

Proceso

de

Ley.

Ambos

argumentos

fueron

desfavorecidos.

El Tribunal Supremo Federal razonó en dicho caso que uno de los

pilares fundamentales del derecho al Debido Proceso de Ley, según es

garantizado por la Constitución, es que una parte en riesgo de ser

privada de un derecho o propiedad sea notificada y se le ofrezca la

oportunidad de expresarse en su defensa. Véase United States v. $8,850,

461 U.S. 555, 562 n.12 (1983); Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67, 82

(1972); y Mullane v. Cenral Hanover Bank & Trust, 339 U.S. 306, 313

(1950).

Se evaluó que, ciertamente, la confiscación de la propiedad

inmueble

de

Good

constituía

una

privación

de

sus

derechos

sobre

propiedad, lo que activó la protección de la Cláusula de Debido Proceso.

En Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, expresamos que la esencia de la

decisión

de

United

States

v.

Good

Real

Property,

supra,

es

que

la

confiscación de un bien inmueble activa la protección del debido proceso

y requiere que se provea notificación y vista previa.

De manera que la

Cláusula

para

de

Debido

Proceso

de

Ley

fue

interpretada

que

se

le

extendiera una protección mayor a la confiscación gubernamental de un

bien

inmueble,

muebles.

Véase

que

la

United

que

se

le

concede

States

v.

Real

normalmente

Property

a

los

bienes

Located

at

Incline

Village, 976 F. Supp 1321 (D. Nev. 1997) y 976 F. Supp 1327 (D. Nev.

1997).

Al respecto de esa distinción, el Tribunal Supremo Federal expresó

en Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., supra, a la pág. 679, que

CE-93-641

22

un bien mueble es el "sort [of property] that could be removed to

another

jurisdiction,

destroyed

confiscation were given".

or

concealed,

if

advance

notice

of

Ese foro estableció que la protección que

requiere vista previa no es activada cuando el bien embargado es de

naturaleza mueble.11 Ese caso versaba sobre el embargo de un yate, por lo

que se podía embargar el mismo antes de celebrar vista, para evitar que

éste fuera escondido o trasladado fuera de la jurisdicción.

Ya que

la propiedad mueble

carga consigo un riesgo de que

la

confiscación pueda ser inejecutable si la parte contra quien se tramita

recibiese notificación previa, la Corte Suprema Federal en Calero-Toledo

v.

Pearson

Yacht

Leasing

Co.,

supra,

justificó

la

misma

sin

la

notificación y vista previa.

En United States v. Good Real Property, supra, el Tribunal Supremo

Federal señaló que el bien inmueble no encaja dentro de la excepción

previamente creada en Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., supra,

pues, al no existir el riesgo inherente al bien mueble, la confiscación

del inmueble requiere una notificación previa, con el propósito de que

se le brinde a la parte afectada la oportunidad de acudir al tribunal

mediante vista.

Decidió la Corte:

"In sum, [b]ased upon the importance of the private

interests at risk and the absence of countervailing Government

needs, we hold that the seizure of real property under

881(a)(7) is not one of those extraordinary instances that

justify the postponement of notice and hearing.

Unless

exigent circumstances are present, the Due Process Clause

requires the Government to afford notice and meaningful

opportunity to be heard before seizing real property subject

to civil forfeiture." United States v. Good Real Property,

supra, pág. 508-509.

El caso de autos, al igual que el de United States v. Good Real

Property, supra, afecta un bien inmueble.

encontró

11

que

los

recursos

que

tendría

El Tribunal Supremo Federal

que

dedicar

el

gobierno

al

Nótese que, al momento del embargo del yate de Calero-Toledo v.

Pearson Yacht Leasing Co., supra, el estatuto de Puerto Rico entonces

vigente, que facultó el embargo, 24 L.P.R.A. sec. 2512, y el estatuto

federal que le sirvió de base, 21 U.S.C. sec. 881, autorizaban el

embargo de bienes muebles solamente. No fue hasta una década más tarde

que el estatuto federal de embargo fue enmendado para permitir el

embargo de propiedad inmueble. Véase 21 U.S.C. sec. 881(a)(7).

CE-93-641

23

efectuar la notificación y celebrar la vista previa a la confiscación no

son significativamente onerosos, por lo que no se justifica obviar estos

importantes mecanismos de protección constitucional.

Lo

establecido

como

derecho

por

la

Quinta

Enmienda

de

la

Constitución Federal, según su contenido y su interpretación por el

Tribunal

Supremo

Federal,

constituye

una

garantía

que

es

ofrecida,

además, por la Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución.

E.L.A. v. Coca Cola Bottling Co., supra. Decretaríamos, por tanto, la

inconstitucionalidad del artículo 3(1)(c) de la Ley Núm. 93, supra, en

lo que concierne a la confiscación de bienes inmuebles sin notificación

y vista previa.

Se violaron los derechos de debido proceso de ley de

los peticionarios, al no haber sido notificados ni haber tenido la

oportunidad de una vista, antes de la confiscación de su propiedad

inmueble.

El caso de autos tampoco presenta circunstancias excepcionales que

justifiquen un procedimiento ex parte para la confiscación de un bien

inmueble.

Nuestro sistema de derechos constitucionales desfavorece los

procedimientos ex parte cuando en juego se encuentran el derecho de

propiedad inmueble de una parte que no tuvo la opción de acudir al

tribunal

para

proteger

sus

intereses.

Inspira

nuestro

criterio

la

indeleble expresión del Juez Félix Frankfurter del Tribunal Supremo de

Estados Unidos en su opinión concurrente en Joint Anti-Fascist Refugee

Committee v. McGrath, supra, a la pág. 171-72 (1951):

"[F]airness can rarely be obtained by secret, one-sided

determination of facts decisive of rights [...]

No better

instrument has been devised for arriving at truth than to give

a person at jeopardy of serious loss notice of the case

against him and oportunity to meet it."

III

Nos resta evaluar la admisibilidad de la evidencia descubierta en

los predios confiscados.

Es nuestro criterio que la evidencia obtenida

durante

ilegal

la

confiscación

de

la

propiedad,

términos probatorios contra los peticionarios.

es

inadmisible

en

CE-93-641

24

Como expusimos anteriormente, la Sección 10 del Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico contiene el mandamiento de que la "evidencia

obtenida

en

tribunales".

violación

de

esta

sección

será

inadmisible

en

los

De esta Sección emerge la "regla de exclusión", la cual

sostiene que toda evidencia obtenida ilegalmente no debe ser admitida

para inculpar a una parte imputada de haber cometido delito.

Sobre esa

regla, expresamos en Toll v. Adorno Medina, Op. de 29 de abril de 1992,

92 J.T.S. 49, a la pág. 9429:

"[P]odemos decir que la regla de exclusión enmarca tres

propósitos ínsitos en el Art. II, Sec. 10. Primero, disuadir

y desalentar a los funcionarios del orden público de que

violen la protección constitucional (`deterrence´).

Se

reconoce que este elemento disuasivo realmente es el más

fundamental. Segundo, integridad judicial. Los tribunales no

deben

ser

cómplices

de

actos

de

desobediencia

a

la

Constitución y admitir evidencia ilegalmente obtenida.

Y

tercero, impedir que el Gobierno se beneficie de sus propios

actos ilícitos; de otra manera la ciudadanía perdería

confianza en el gobierno."

De conformidad al requerimiento constitucional, la evidencia que

fue obtenida mediante la confiscación ilegal de la residencia de los

peticionarios es inadmisible.

Esa conclusión es inevadible, pues otra

ciertamente constituiría una fractura a los pilares de la protección que

ofrece nuestra Constitución.

IV

Por las razones expuestas, hemos reconsiderado la Sentencia emitida

por este Tribunal el 30 de abril de 1997; declararíamos inconstitucional

el artículo 3(1)(c) de la Ley Núm. 93, supra, en tanto en cuanto permite

la confiscación de bienes inmuebles sin notificación y vista previa;

revocaríamos la Resolución emitida por el tribunal de instancia el 8 de

octubre de 1993, en cuanto a su determinación de la legalidad de la

confiscación y la constitucionalidad del artículo 3(1)(c) de la Ley Núm.

93,

supra;

decretaríamos,

además,

que

la

evidencia

inculpatoria

descubierta como resultado de la confiscación ilegal es inadmisible en

evidencia.

Por

estas

consideraciones

concurrimos

dictada en el día de hoy por este Tribunal.

con

la

Sentencia

CE-93-641

25

Baltasar Corrada del Río

Juez Asociado

CE-93-641

26

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CE-93-641

Certiorari

Gualberto Negrón Martínez

y otros

Acusados

Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García

(En reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 1998

Reiteramos

nuestro

criterio

disidente

expuesto

en

Pueblo v. Negrón Martínez (CE-94-174), res. en 30 de

abril

de

1997,

de

que

fue

válido

el

allanamiento

realizado el 4 de febrero de 1993 en la residencia de

los acusados Negrón-Torres, en virtud de orden judicial.

Aclarado este extremo, no tenemos dificultad alguna

en

reconocer

la

aplicación

directa

a

nuestro

ordenamiento de la regla general establecida en U.S. v.

James Daniel Good Real Properties, et al., 510 U.S. 43,

126 L. Ed. 2d. 491, 114 S. Ct. 492 (1993), de que para

confiscar

CE-93-641

un

27

bien

es

inmueble,

menester

una

vista

judicial

previa,

con

que

dicha

decisión,

(pág.

509),

notificación a sus dueños.

Decimos

regla

general,

ya

reconoció posibles excepciones para el Estado prescindir de ese trámite

y,

a

posteriori,

justificar

la

confiscación

si

a

la

luz

de

las

circunstancias envueltas, demuestra no haber tenido disponibles métodos

menos

restrictivos

satisfactoriamente

o

los

que

eran

intereses

insuficientes

gubernamentales.

para

Bajo

proteger

esta

óptica,

entre otras, cabrían las siguientes excepciones: inminente pérdida de

la propiedad mediante una posible venta, de su faz válida, a un tercero

inocente

protegido

destrucción

física

bajo

de

la

los

principios

propiedad;

su

de

derecho

uso

continuo

registral;

para

fines

delictivos e ilícitos (tales como punto de drogas, imprenta de bolita,

etc.),

sin

que

exista

tiempo

para

obtener

registro y allanamiento.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

una

orden

judicial

de

CE-93-641

28

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El PUEBLO DE PUERTO RICO

Peticionario

vs.

CE-93-641

CERTIORARI

GUALBERTO NEGRON MARTINEZ

Y OTROS

Acusados

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 1998.

I

El 30 de abril de 1997 emitimos una sentencia mediante la

cual se confirmó un dictamen de instancia, en virtud del cual

se había denegado antes una moción de supresión de evidencia

presentada por los acusados en el caso de autos.

El material

delictivo en cuestión se ocupó en una residencia cuando el

Ministerio Público ejecutaba una orden de confiscación de esa

residencia dictada por el Secretario de Justicia de Puerto

Rico.

Junto

con

la

aludida

sentencia

emitida

por

este

Tribunal, acompañamos una opinión de conformidad, en la que

expresamos

nuestras

razones

por

las

cuales

no

CE-93-641

29

procedía la supresión solicitada.

Vease ___ D.P.R. ___, 97 JTS 54.

Posteriormente, en reconsideración, los acusados plantearon ante nos un

nuevo

fundamento

para

la

supresión

en

cuestión.

Alegaron

que

era

inconstitucional la disposición legislativa bajo la cual se emitió la

orden de confiscación de la propiedad en la cual se ocupó el material

delictivo.

Este nuevo planteamiento fue acogido por uno de los miembros

de este Tribunal que originalmente había votado a favor de denegar la

supresión solicitada.

En consecuencia de ello, ahora este Foro, por

voto dividido, ordena dicha supresión.

Yo disiento de esta decisión, por las razones que expresé antes en mi

opinión de conformidad del 30 de abril de 1997, y por las que formulo

ahora

relativas

a

inconstitucional.

mi

criterio

de

que

la

disposición

aludida

no

es

atenuar

la

Veamos.

II

En

ocasiones

anteriores,

hemos

reiterado

la

necesidad

de

severidad del instrumento de la confiscación, y hemos reconocido que no

es

favorecido

autorizan

por

deben

los

tribunales,

ser

lo

los

hemos

confiscación

propiedad

de

hecho

que

los

estatutos

que

restrictivamente.12

interpretados

pronunciamientos

de

por

en

terceros

casos

que

inocentes,

Tales

involucraban

en

los

lo

cuales

la

la

incautación de los bienes en cuestión por el Estado no cumplía con “los

propósitos

de

disuasión

que

tuvo

el

legislador

de

hacerle

cara

la

conducta criminal al empresario que se dedica al tráfico de drogas”.13

En el caso de autos, la situación que nos concierne no involucra a

posibles

12

terceros

inocentes.

Por

el

contrario,

tiene

que

ver

Gen. Accident Ins. Co. v. E.L.A., op. de 22 de noviembre de 1994,

139 D.P.R. ____, 94 JTS 140; Alvenre Corp. v. Srio. de Justicia, sent.

y op. de conformidad de 18 de junio de 1992, 131 D.P.R. ___, 92 JTS 79.

13

Alvenre Corp. v. Srio. de Justicia, supra.

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30

precisamente

ilícitas.

con

individuos

alegadamente

dedicados

a

actividades

Aquí el instrumento de la confiscación es un arma importante

en la lucha contra la terrible actividad criminal que conocidamente azota

nuestra

comunidad.

Por

ello,

tenemos

la

obligación

de

ser

particularmente cuidadosos de no privar al Estado innecesariamente de esa

arma importante.

III

Se alega que es inconstitucional una disposición de la Ley Uniforme de

Confiscaciones, que autoriza al Secretario de Justicia de Puerto Rico a

emitir una orden para confiscar una propiedad inmueble que había sido

utilizada para actividad criminal, sin una vista judicial previa a tal

incautación.

Se aduce que la inconstitucionalidad de dicha disposición

surge de lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en U.S. v.

Good Real Property, 510 US 43 (1993).

No cabe duda de que este Foro debe interpretar las disposiciones de

nuestra propia Carta de Derechos “de manera compatible con la protección

que ofrecen a esas libertades básicas y garantías personales iguales o

similares disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos, y no en

menor

grado

de

protección,

según

éstas

son

o

sean

interpretadas

y

aplicadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,” RCA v. Gob. de

la Capital, 91 D.P.R. 416, 427 (1964).

Ciertamente, son vinculantes para

este Tribunal, las decisiones pertinentes del más alto foro judicial

federal.

Lo

anterior

no

significa,

“muñeco de ventrílocuo”14.

14

sin

embargo,

que

estemos

obligados

a

ser

Debemos aplicar las decisiones aludidas en

En el

ámbito judicial, el concepto de “ventriloquist’s dummy”

fue formulado por el Juez Jerome Frank para describir la obligación de

los jueces federales de aplicar el derecho estatal en los casos en que

ello es pertinente.

Richardson v. C.I.R., 126 F 2d 562, 567 (1942).

Se adopta analógicamente aquí, para referirnos a la obligación de

jueces estatales respecto al derecho federal.

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31

nuestra propia jurisdicción, pero podemos hacerlo con discernimiento.

Nuestro compromiso es propiamente con los valores y principios jurídicos

de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, según los

interprete el Supremo federal, pero nada nos requiere corear al dedillo

sus dictámenes particulares.

No tenemos que extender una decisión del

Tribunal Supremo de Estados Unidos a una situación particular en Puerto

Rico, si es claro que el propio foro federal no lo haría.

La situación que nos concierne aquí es circunstancialmente muy distinta

de la que tuvo ante sí el Supremo norteamericano en U.S. v. Good Real

Property, supra.

Se trata de situaciones claramente distinguibles.

En

el caso aludido, la confiscación de la propiedad inmueble por el Estado

ocurrió casi cinco años después de haberse ocupado drogas en ésta.

Mas

aun, al momento de la confiscación, la propiedad estaba en la posesión de

terceros, quienes la usaban para fines enteramente lícitos.

No existía

allí razón alguna para haber ordenado la confiscación sin una vista

judicial previa.

En el caso de autos, en cambio, la confiscación se

ordenó pocos días después de haberse ocupado material ilícito en la

propiedad en cuestión.

Esta continuaba en manos de su dueño, que había

sido acusado por la comisión de delitos; y al confiscarse la propiedad,

ésta continuaba usándose aún para fines criminales.

Se justificaba,

pues, que la vista judicial que requiere el debido proceso de ley, se

celebrase después de la incautación.

En su opinión en U.S. v. Good Real Property, que fue una decisión con

voto de 5-4, la propia mayoría del Supremo federal reconoció que existen

situaciones

en

las

cuales

después de la incautación.

puede

posponerse

la

vista

judicial

hasta

Una de éstas es cuando ello es necesario para

evitar que continúe la actividad criminal en la propiedad incautada.

Tal

es

el

la

situación

en

el

caso

de

autos.

Aquí,

evidentemente,

allanamiento previo de dicha propiedad no había sido suficiente para

evitar su continuado uso para fines delictivos.

La expedita incautación

de ésta era necesaria para conculcar su uso en actividades criminales.

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32

Estaba justificado, pues, posponer la vista judicial.

Más aun, la mayoría en U.S. v. Good Real Property, señaló que la vista

judicial previa a la incautación existe para evitar que dueños inocentes

sean privados de su propiedad por error o arbitrariamente.

Tales fines

evidentemente no son de aplicación al caso de autos.

En éste, la

celebración de una vista judicial previa a la incautación no hubiese

servido ningún propósito público importante.

Finalmente, en vista de que el derecho al debido proceso de ley es de

naturaleza circunstancial, Connecticut v. Doehr, 111 S. Ct. 2105 (1991);

Pueblo v. Andréu González, 105 D.P.R. 309 (1976), deben tenerse en cuenta

otras circunstancias, muy particulares a Puerto Rico, que no estaban

presente en U.S. v. Good Real Property.

Estas otras circunstancias son

relativas

público,

a

la

protección

del

interés

que

es

uno

de

los

elementos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido debe

sopesarse al decidir si procede una confiscación sin vista judicial

previa.15

Nuestro país se encuentra afligido por una horrenda plaga de

actividad criminal de inconmensurable dimensión.

comunidades norteamericanas no

La generalidad de las

encaran ni sufren nada parecido.

En

efecto, según informes federales, y de las Naciones Unidas, pocos lugares

en el mundo tienen problemas de criminalidad de la magnitud de los que

experimenta nuestra isla.

se

catalogó

a

Puerto

Recientemente, en una reunión internacional,

Rico

como

uno

de

los

paraísos

de

los

narcotraficantes.

Mas aun, es claro que nuestro gobierno insular no tiene la capacidad para

encarar la abrumadora realidad del crimen que tiene el gobierno federal.

Este tiene recursos y aptitudes que el nuestro carece.

Estos dos datos de evidente comprobación hacen nuestra situación muy

distinta también de la del caso de U.S. v. Good Real Property.

En éste,

el poderoso gobierno federal no tenía razones válidas para actuar como lo

15

Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976).

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33

hizo, en una instancia en la cual la celebración de la vista judicial

previa no presentaba riesgo o amenaza alguna a la protección del interés

público.

Tal no es el caso de Puerto Rico en situaciones como la de

autos.

La gravedad del problema del crimen en nuestra isla, y las

limitaciones de nuestros recursos policíacos, le dan un carácter urgente

a confiscaciones como la que aquí nos concierne.

Para nuestro país,

privar al Estado de usar expeditamente el instrumento de la confiscación

como arma contra los criminales, sólo significa empeorar la grave crisis

de abuso e indefensión que sufre nuestra gente, algo que ciertamente no

ocurría en la situación concreta del caso de U.S. v. Good Real Property.

Como a conciencia no puedo votar por la aplicación ciega de U.S. v.

Good Real Property a la distinguible situación de autos, y como estimo

que el material delictivo en cuestión fue ocupado lícitamente durante una

confiscación válida del inmueble donde se encontraba, disiento de lo que

ahora, por razones diversas, dispone una mayoría del Tribunal.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO