LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

RIVERA COLON V. DIRECTOR ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES

1998 TSPR 10

Poder Judicial de Puerto Rico

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RIVERA COLON V. DIRECTOR ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES

CE-1994-755

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

NILSA R. RIVERA COLON

Apelante-recurrida

v.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS

TRIBUNALES

Apelado-recurrente

Número del Caso: CE-94-755

Abogados Parte Demandante: Apelado-recurrente:

Lic. Sylvia Y. Morales de Montes

Lic. Aida Juarbe de Meléndez

Abogados Parte Demandada: Apelante-recurrida:

Lic. Jaime Roque Colón

Abogados Parte Interventora: AGENCIA RECURRIDA:

Junta de Personal de la Rama Judicial

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Antonio J. Amadeo Murga ,

Juez de la Unidad Especial de Apelaciones

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 2/9/1998

Materia:

Cesantía

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nilsa S. Rivera Colón

Apelante-recurrida

v.

CE-94-755

CERTIORARI

Director Administrativo de

los Tribunales

Apelado-recurrente

OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 1998

El 1ro. de julio de 1985 la recurrida Nilsa S.

Rivera

Colón

comenzó

a

desempeñarse,

con

carácter

transitorio, como Oficial Jurídico del Centro Judicial

de Carolina.

Para dicha fecha, el referido puesto

estaba comprendido dentro del Servicio Uniforme.

Sin

embargo, el 14 de octubre de 1985, se le notificó que,

efectivo el 16 de octubre de 1985, se cambiaría la

clasificación de su nombramiento transitorio a uno de

Oficial

Jurídico

en

el

advirtió

que

raíz

del

confianza,

por

puesto

quedaría

de

sujeta

nominadora.

se le

a

a

la

Servicio

Se

le

nombramiento

ocuparía

un

lo

permanencia

que

discreción

Posteriormente, el

Central.

26

su

de

la

autoridad

de junio

de 1987

notificó que su puesto había sido reclasificado al de Oficial

Jurídico II.

La recurrida Rivera Colón ocupó dicho puesto hasta que,

efectivo el 15 de noviembre de 1990, el Director Administrativo

de los Tribunales decretó su cesantía, por recomendación del

Juez Administrador del referido Centro Judicial.

Al así actuar,

declaró

II

vacante

el

puesto

de

Oficial

Jurídico

hasta

ese

momento ocupado por la recurrida, por tratarse de un puesto de

confianza perteneciente al Servicio Central de los empleados de

la Rama Judicial.

Acto seguido, el 29 de noviembre de 1990, la recurrida

apeló de la referida determinación ante la Junta de Personal de

la Rama Judicial.

Ambas partes presentaron sendos memorandos de

derecho en apoyo de sus contenciones.

1993,

la

Junta

de

Personal

de

la

El 9 de noviembre de

Rama

Judicial

emitió

una

Resolución, mediante la cual declaró sin lugar

la apelación

presentada

cuanto

por

la

recurrida

Rivera

Colón,

en

a

su

reclamación de que tenía derechos propietarios sobre el cargo

que ocupaba como Oficial Jurídico II.

Dicha determinación tuvo

el efecto de confirmar la actuación de la autoridad nominadora

respecto a la cesantía de la recurrida.

pendiente

de

adjudicarse

la

Ello no obstante, quedó

reclamación

de

discrimen

de

la

recurrida.

En vista de tal situación, el 8 de diciembre de 1993 el

Director Administrativo de los Tribunales solicitó de la Junta

de Personal la

reconsideración

de su determinación de dejar

pendiente la reclamación de discrimen de la recurrida Rivera

Colón.

El 28 de diciembre de 1993 la Junta declaró sin lugar la

solicitud

de

reconsideración

Director

Administrativo

de

y

los

el

27

de

Tribunales

enero

de

solicitó

1994,

el

revisión

judicial en cuanto a la alegación de discrimen hecha por la

recurrida

y

dejada

pendiente

de

adjudicar

por

la

Junta

de

Especial

de

Jueces

de

Personal de la Rama Judicial.

El

caso

Apelaciones

se

del

asignó

a

entonces

la

Unidad

Tribunal

Superior

de

Puerto

Rico,

mediante Orden emitida por el señor Juez Presidente de este

Tribunal.

El 11 de julio de 1994, el Hon. Juez Antonio Amadeo

Murga emitió una orden de mostrar causa dirigida a la parte

recurrida, licenciada Rivera Colón.1

Sin embargo, dicha parte

no compareció.

El 24 de agosto de 1994 la Unidad Especial de Jueces de

Apelaciones del entonces Tribunal Superior (Hon. Amadeo Murga,

Juez) emitió sentencia.

En la misma resolvió que ni la Ley de

Personal para la Rama Judicial, Ley Núm. 11 de 24 de julio de

1952, según enmendada,2 ni el Reglamento de la Administración

del Sistema de Personal de la Rama Judicial, promulgado éste al

amparo de la mencionada Ley, disponían para la revisión judicial

de la resolución recurrida. Además, ante el planteamiento de la

parte recurrente de que

el silencio que guarda la Ley no es óbice para que el tribunal

revise la misma, el tribunal señaló lo siguiente:

"[L]a jurisprudencia con la que apoya tal

argumento se trata del poder de los tribunales para

revisar decisiones de agencias administrativas en

aquellos

casos

en

que

no

existe

prohibición

legislativa.

A pesar de que nuestro ordenamiento

favorece

la

revisión

judicial

de

decisiones

administrativas en ausencia de prohibición legislativa

no estamos ante una situación similar por no ser la

decisión recurrida una emitida por una agencia

administrativa."

[Citas omitidas].

(Énfasis en el

original).3

1

El caso se asignó inicialmente al Hon. Hiram A. Sánchez Martínez, Juez del

entonces Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, éste se inhibió puesto que la

controversia en el caso de marras se originó a causa de una petición que él

formulara cuando se desempeñaba como Juez Administrador del Centro Judicial

de Carolina.

2

4 L.P.R.A. sec. 521, et seq.

3

Véase Sentencia emitida por la Unidad Especial de Jueces de Apelaciones

del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, Civil Núm. KAC94-0111, a las

págs. 2-3.

El

9

de

septiembre

de

1994

la

parte

aquí

recurrente

solicitó la reconsideración de la referida sentencia, siendo

dicha petición declarada sin lugar mediante resolución de 19 de

septiembre de 1994, archivada en autos el 20 de septiembre del

mismo año.

El Director Administrativo de los Tribunales acudió ante

este

Foro,

vía

Certiorari,

planteando

la

comisión

de

los

siguientes errores:

"1.

Si debió el tribunal de instancia entrar a

considerar el Recurso de Revisión en sus méritos, en

lugar de declararse sin jurisdicción a base de que la

Rama Judicial no es una agencia administrativa

conforme a la definición que de ese término contiene

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley

[Núm.] 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec.

2101 [et seq.]).

2. Si el tribunal de instancia tenía autoridad legal

conforme a la jurisprudencia de nuestro más alto foro

y de tribunales federales para acoger la Petición de

Revisión de cualquiera de las partes afectadas por

una determinación de la

Junta de Personal de la Rama Judicial, conforme a los

principios de igualdad de derechos procesales;

así

como con la facultad general del Tribunal para

entender

en

recursos

de

revisión,

de

manera

discrecional, para suplir una laguna procesal creada

por ley."

Acordamos revisar y concedimos término a ambas partes para

que se expresaran en torno a sus respectivas posiciones.

parte

recurrente

compareció,

no

así

la

parte

La

recurrida.

Resolvemos por tanto, sin el beneficio de su comparecencia.

I

Hemos señalado que "[e]n el ejercicio de nuestra facultad

inherente para suplir procedimientos cuando éstos no existen o

cuando hayan sido fijados inadecuadamente por algún estatuto" y

ante

la

existencia

de

lagunas

procesales

en

nuestro

ordenamiento, tenemos el deber de resolver las controversias

ante nos.

Pueblo v. Cortés Rivera, Opinión y Sentencia de 23 de

enero de 1997;

U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116

D.P.R.

348,

353

(1985);

González

v.

Tribunal

Superior,

75

D.P.R. 585, 619 (1953).

En el día de hoy precisamente nos enfrentamos a una laguna

procesal

existente

en

nuestro

ordenamiento

vigente.

En

el

presente caso, notamos que las partes se hallan sin un remedio

en ley para lograr la revisión judicial de determinaciones de la

Junta de Personal de la Rama Judicial, en tanto y en cuanto ni

la Ley ni el Reglamento de la Junta de Personal de la Rama

Judicial disponen de un procedimiento para ello.

Además, el

caso cobra particular singularidad puesto que las disposiciones

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170

de

12

de

agosto

de

aplicación al mismo.

1997

(en

adelante

L.P.A.U.)4

no

son

de

Veamos.

II

Como bien sabemos, la Ley de Personal del Servicio Público de

Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A.

sec. 1301 et seq., establece que el sector de empleo público en

el País se rige por el principio del mérito.

1311.

3 L.P.R.A. sec.

Sin embargo, la referida Ley de Personal del Servicio

Público no es de aplicación, entre otros, a la Rama Judicial.

L.P.R.A. sec. 1338.5

Municipio

de

San

3

Véase además, Autoridad de los Puertos v.

Juan,

123

D.P.R.

496,

502

(1989).

"El

legislador fundamentó la exclusión de las Ramas Legislativa y

Judicial del ámbito de [la] ley, en su interés de salvaguardar

el principio de la separación de poderes, presente en nuestro

ordenamiento constitucional."

Id.

4

3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. La L.P.A.U. regula de manera uniforme, entre

otras cosas, el proceso de revisión judicial de decisiones administrativas.

5

Dicha Sección de ley establece específicamente lo siguiente:

"Las disposiciones de [la Ley de Personal del Servicio Público de

Puerto Rico] no aplicarán a las siguientes ramas, agencias e

instrumentalidades del Gobierno:

(1) ........

(2) Rama Judicial

(3) ........

Como resultado de lo anterior, la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico aprobó la Ley de Personal de la Rama Judicial, Ley

Núm. 64 de 31 de mayo de 1976, 4 L.P.R.A. sec. 521 et seq., la

cual organiza a los empleados de dicha Rama también a base del

principio de mérito.6

Mediante dicha legislación, se facultó a

este Tribunal para adoptar las reglas a regir la Administración

de Personal de la Rama Judicial.

Así,

el

reglamentos

30

de

agosto

aprobados

por

4 L.P.R.A. sec. 521.

de

1974

este

comenzaron

Tribunal,

los

a

regir

cuales

tres

están

sumamente relacionados entre sí y se complementan los unos a los

otros.

Estos son: (1) las Reglas de Administración del Sistema

de Personal de la Rama Judicial del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XII, las cuales regulan todo lo

relacionado

con

el

personal

de

la

Rama

Judicial;

(2)

el

Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la

Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, el cual aplica a todos los

puestos de la Rama Judicial y trata mayormente sobre las normas

relativas

a

los

procesos

de

clasificación,

reclutamiento,

retribución, medidas disciplinarias y licencias de los empleados

de dicha Rama;

la

Rama

y, (3) el Reglamento de la Junta de Personal de

Judicial,

4

L.P.R.A.

Ap.

XIV,

el

cual

regula

la

organización, funciones y facultades de la Junta de Personal de

la Rama Judicial.

Las

Reglas

de

Administración

del

Sistema

de

Personal

establecen que los cargos y puestos en la Rama Judicial están

comprendidos en el Servicio Central y en el Servicio Uniforme.7

Específicamente, el Servicio Central incluye "aquellos cargos y

6

Véase la Exposición de Motivos de la Ley de Personal de la Rama Judicial,

en la cual se indica que "[e]l propósito de esta ley es establecer un sistema

de administración de personal autónomo, basado en el principio del mérito,

excelencia e idoneidad y sin discrimen de clase alguna, para la Rama

Judicial, según las Reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico

dentro de las normas establecidas por esta ley".

7

Véase:

4 L.P.R.A. Ap. XII, R.4.

puestos

que

por

la

naturaleza

de

sus

funciones

tienen

las

siguientes características:

(a)

Los cargos o puestos cuyos incumbentes nombra

el Gobernador, con el consejo y consentimiento del

Senado en la Rama Judicial.

(b)

Puestos

cuyas

funciones

requieren

la

participación

y

colaboración

sustancial

con

ejecutivos y/o funcionarios directivos que entienden

en la formulación de política general y cuyos puestos

requieren confianza personal.

(c)

Puestos

auxiliares

de

los

ejecutivos,

indicados en el párrafo anterior, que por la

naturaleza de sus funciones requieren confianza

personal".

Además de dichos puestos, y previa recomendación del Director

Administrativo de los Tribunales, el Juez Presidente de este

Tribunal puede "incluir en el Servicio Central aquellos puestos

asesorativos, especializados o de confianza.

Todos los demás

puestos [están] incluidos en el Servicio Uniforme".

Reglamento

del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap.

XIII, Sec. 4(4.2).

En particular, la Sección II de la Regla 4

de las de Administración del Sistema de Personal de la Rama

Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XII, R.4, establece que en el Servicio

Central están incluidos, entre otros y en lo pertinente, los

Oficiales Jurídicos I y II del Tribunal de Primera Instancia.8

Por otra parte, la Regla 24 de las de Administración del

Sistema de Personal, 4 L.P.R.A. Ap. XII, R.24,

los funcionarios

y empleados

de

establece que

la Rama Judicial únicamente

pueden ser suspendidos o destituidos por justa causa, previa

formulación

de

cargos

y

defenderse y a ser oídos.9

previa

concesión

de

su

derecho

a

Sin embargo, ello es así excepto en

8

Cabe señalar que este Tribunal ha cambiado, en varias ocasiones, la

clasificación del puesto de Oficial Jurídico del Tribunal de Primera

Instancia del Servicio Central al Servicio Uniforme.

Sin embargo, en lo

pertinente, véase la Orden de 11 de septiembre de 1985 de este Tribunal

mediante la cual se incluyó el puesto de Oficial Jurídico del Tribunal de

Primera Instancia en el Servicio Central y se dejó sin efecto la Orden de 10

de abril de 1981, la cual había incluido dicho puesto al Servicio Uniforme.

9

Véase además y a esos mismos efectos, la Sección 16 del Reglamento del

cuanto

a

los

funcionarios

y

empleados

que

determine mediante dicho cuerpo reglamentario.

este

Tribunal

Conforme a ello,

la Sección 16 del Reglamento del Sistema de Personal de la Rama

Judicial dispone que a los funcionarios y empleados del Servicio

Central, con excepción de los jueces, se les puede suspender o

destituir por la autoridad nominadora a su discreción.10

De igual forma, en los casos en que funcionarios o empleados

de

la

Rama

Judicial

se

consideren

afectados

por

alguna

determinación de la autoridad nominadora, la Junta de Personal

de la Rama Judicial tiene la facultad de investigar y revisar el

asunto,

pudiendo

confirmar,

revocar

o

determinaciones de la autoridad nominadora.

modificar

tales

Véase, Sección VI

del Reglamento de la Junta de Personal, 4 L.P.R.A. Ap. XIV, Sec.

IV.

Esto es, la Junta de Personal de la Rama Judicial es el

organismo llamado a resolver las querellas y apelaciones que los

empleados de la Rama Judicial radiquen contra decisiones tomadas

por la autoridad nominadora que les resulten adversas.

Las

decisiones

las

tomadas

por

la

referida

Junta

tienen

características de una determinación cuasi-judicial.

Ahora bien, aun cuando la Ley de Personal de la Rama Judicial

y los reglamentos aplicables regulan el procedimiento a seguirse

para apelar ante la Junta de Personal de la Rama Judicial las

decisiones

de

la

autoridad

nominadora,

no

se

establece

un

Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, Sec. 16.

10

La Sección 3 del Reglamento del Sistema de Personal de la Rama Judicial,

4 L.P.R.A. Ap. XIII, Sec. 3, define "autoridad nominadora" como "el Juez

Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico o la persona en quien éste

delegue, en todo lo que no sea incompatible con la disposición constitucional

sobre los nombramientos de los jueces y de la facultad nominadora que

ostentan los Jueces Asociados del Tribunal Supremo y de éste en pleno sobre

empleados del Servicio Central".

Por su parte, la Sección II(6) del Reglamento de la Junta de Personal

de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIV, Sec. II, define "autoridad

nominadora" como "[e]l Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico o

la persona en quien éste delegue, en todo lo que no sea incompatible con la

disposición constitucional sobre los nombramientos de los jueces y de la

facultad nominadora que ostentan los Jueces Asociados del Tribunal Supremo y

de éste en pleno sobre empleados del Servicio Central, y el Director

Administrativo de los Tribunales". (Énfasis suplido).

procedimiento de revisión judicial de una determinación como la

que hoy está en controversia.

Así, aun cuando notamos que el segundo párrafo del Artículo

4(b) de la Ley de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. sec.

524(b), establece un procedimiento de revisión judicial de las

determinaciones de la Junta, el mismo no es de aplicación al

presente caso.11 Ello, pues dicho procedimiento únicamente es

pertinente en aquellos casos en que se destituye al empleado,

previa formulación de cargos.

Veamos.

La Sección 3 del Reglamento del Sistema de Personal de la

Rama Judicial define el término "destitución" como "el despido

definitivo

de

justificada".

un

empleado

en

la

Rama

Judicial

4 L.P.R.A. Ap. XIII, Sec. 3.

por

causa

De igual forma,

cuando en dicha Sección de la Ley se hace alusión al término

"destitución", se hace la salvedad de que se realice la misma

previa formulación de cargos.

Véase, Artículo 4(b) de la Ley de

Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. sec. 524(b).

En el caso antes nos la situación es diferente pues la

autoridad nominadora determinó que la recurrida era una empleada

de confianza, ya que ocupaba el puesto de Oficial Jurídico, el

cual

forma

parte

del

Servicio

Central.

Según

señalamos

anteriormente, en la Sección 16 del Reglamento del Sistema de

Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, se dispone

que los empleados del Servicio Central pueden ser destituidos

por la autoridad nominadora a su discreción.

Por tanto, a la luz de lo anterior, notamos que ni la

Ley

11

de

Personal

de

la

Rama

Judicial

ni

los

reglamentos

Dicho artículo establece lo siguiente:

"En los casos de destitución podrá, cualquiera de las partes,

recurrir ante la sala de San Juan del Tribunal Superior, dentro del

término de diez (10) días de haberse notificado la resolución.

La

base para la revisión judicial será el récord de los procedimientos

seguidos ante la Junta.

Dicha revisión solamente podrá concederse

sobre cuestiones de derecho y las conclusiones sobre hechos a las

cuales llegare la Junta serán aceptadas por el Tribunal si están

sostenidas por la prueba.

La sentencia del tribunal será

aplicables establecen un procedimiento de revisión judicial de

las determinaciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial

en los casos en que la autoridad nominadora no formula cargos

previo a realizar un despido, por no ser ello necesario.

III

De otra parte, y como es sabido, la Legislatura de Puerto

Rico aprobó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A.

sec. 2101 et seq., (L.P.A.U.). Dicha pieza legislativa contiene

un cuerpo de normas "para gobernar las determinaciones de una

agencia

en

procesos

adjudicativos

al

emitir

una

orden

o

resolución que define los derechos y deberes legales de personas

específicas".

agosto

de

Exposición

1988.

En

de

la

Motivos,

misma

Ley

se

Núm.

170

establece,

de

12

de

además,

un

procedimiento uniforme de revisión judicial de las decisiones

tomadas por las agencias administrativas.

La

L.P.A.U.

aplica

"a

todos

los

procedimientos

administrativos conducidos ante todas las agencias que no están

expresamente exceptuadas [por ésta]".

3 L.P.R.A. sec. 2103.

medida legislativa dispone, entre otras cosas,

todos

los

procedimientos

en

formalmente una controversia.

L.P.R.A.

sec.

2102(a),

que

una

agencia

que aplica

deba

La

a

adjudicar

La sección 1.3 de la L.P.A.U., 3

define

lo

que

significa

el

término

“agencia” para efectos de dicha ley y expresamente excluye de

esa definición a las siguientes entidades gubernamentales:

"(a)

. . .

(1)

El Senado y la Cámara de Representantes de la

Asamblea Legislativa

(2) La Rama Judicial

(3) La Oficina Propia del Gobernador

(4) La Guardia Nacional de Puerto Rico

(5)

Los gobiernos municipales o sus entidades o

corporaciones

(6) La Comisión Estatal de Elecciones

definitiva."

(Énfasis suplido).

(7)

El Negociado de Conciliación y Arbitraje del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

(8)

La Comisión para la Celebración del Quinto

Centenario del Descubrimiento de América y de Puerto

Rico." (Énfasis suplido).

Como

podemos

notar

de

lo

anterior,

la

L.P.A.U.

específicamente establece que las disposiciones de dicha ley no

aplican

a

la

Rama

Judicial.

Esto

es,

para

efectos

de

la

L.P.A.U., la Rama Judicial no es una agencia administrativa y,

por tanto, las disposiciones relativas a la revisión judicial de

sus decisiones de carácter administrativo no le aplican.

Ahora

bien,

por

el

mero

hecho

de

que

ni

la

Asamblea

Legislativa, al exceptuar expresamente a la Rama Judicial de la

aplicación de la L.P.A.U., ni este Tribunal, al no promulgar un

reglamento a esos efectos, hayan dispuesto un procedimiento de

revisión judicial para casos como el que tenemos ante nuestra

consideración en el día de hoy, no significa, como correctamente

señala la parte peticionaria, que las partes estén desprovistas

de tal remedio.

Ello, pues "[e]n la práctica casi todo es

revisable por los tribunales [y c]omo resultado de esa postura

se

ha

establecido

judicial".

Derecho

una

presunción

[Escolio omitido].

Administrativo

y

Ley

que

favorece

la

revisión

Demetrio Fernández Quiñones,

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme, Ed. Forum (1993), a las págs. 414–415.

De hecho,

"[s]e presume el acceso a los tribunales, siempre que no se haya

prohibido por la Asamblea Legislativa en forma expresa y clara".

Id.

Así lo hemos reconocido tradicionalmente.

Véase, Bonilla

v. Chardón, 118 D.P.R. 599 (1987);

Santos Rodríguez v. Fuentes

Fluviales, 91 D.P.R. 56, 65 (1964);

Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1

(1959);

López Luiggi v. Muñoz Marín, 80 D.P.R. 4 (1957); Rivera

v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377 (1952).

De

prohíba

esta

forma

vemos

expresamente

la

como

es

requerido

que

revisión

judicial

de

el

la

estatuto

acción

administrativa. Ahora bien, aun cuando exista dicha prohibición,

es

necesario

analizar

si

la

misma

afecta

constitucionales o estatutarios de las partes.

el acceso a los tribunales está disponible.

derechos

De de ser así,

Fernández Quiñones,

Op. Cit., a la pág. 415. En el caso ante nuestra consideración,

no hay que realizar el referido análisis ya que ni la Ley de

Personal

de

la

Rama

Judicial

ni

los

reglamentos

aplicables

establecen una prohibición expresa a la revisión judicial de las

determinaciones de su Junta de Personal.

En el pasado, entidades gubernamentales que no cuentan con

un procedimiento de revisión judicial de sus determinaciones y a

las cuales tampoco aplica la L.P.A.U., han acudido ante nos para

que

establezcamos

el

procedimiento

a

seguir.

Tenemos,

por

ejemplo, el caso de U.G.T. v. Challenger Caribbean Corp., 126

D.P.R. 22 (1990), el cual trataba sobre una impugnación de un

laudo

de

arbitraje

laboral.

Conforme

a

la

definición

del

término "agencia" contenida en la L.P.A.U., las disposiciones de

dicha ley no aplican al Negociado de Conciliación y Arbitraje

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Al determinar

cuál iba a ser el procedimiento a seguir para impugnar un laudo

de arbitraje, resolvimos específicamente que éste tendría que

tramitarse conforme al procedimiento de revisión de decisiones

administrativas.

Id.,

a

la

pág.

29.

Esto

es,

"que

el

procedimiento de revisión judicial de un laudo de arbitraje ha

de ser igual al expuesto por ley para cualquier otra revisión

ante un tribunal".

A

esos

mismos

Id.

efectos,

hemos

establecido

que

"[e]l

procedimiento a seguirse ante el foro judicial será uno similar

al utilizado cuando el tribunal, actuando como foro apelativo,

revisa la corrección o incorrección de la sentencia emitida por

un

tribunal

o

la

decisión

de

un

organismo

administrativo".

U.I.L.

de

Ponce

v.

Dest.

Serrallés, Inc., ante, a la pág. 355.

Sin embargo, en Corp. de

Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola v. Unión General de

Trabajadores, Opinión y Sentencia de 10 de mayo

de 1995, aclaramos que "[a]un cuando jurisprudencialmente se

haya establecido para la revisión de un laudo un procedimiento

análogo al de revisión de dictámenes administrativos, ello no

convierte

efectos

al

de

Negociado

que

sus

en

una

decisiones

agencia

deban

administrativa

ser

apeladas

a

los

ante

este

Foro", ello de acuerdo al ordenamiento vigente en ese entonces.12

IV

Conforme a lo anterior, y en vista de que la Ley de Personal

de la Rama Judicial ni los reglamentos aplicables establecen un

procedimiento de revisión judicial de decisiones como la que

tenemos

hoy

ante

nuestra

consideración,

resolvemos,

como

en

situaciones análogas pasadas, que aun cuando la Rama Judicial no

es una agencia administrativa y, en consecuencia, sus decisiones

no se rigen por

la L.P.A.U., la decisión de despedir a la

empleada en el caso de autos es una similar a las decisiones

cuasi-judiciales que, en torno a empleados, se toman a diario en

las agencias administrativas del País.

jurisprudencial

resulta

ser

procedimiento

prevaleciente,

que

casos

similar

lo

Así, conforme a la norma

más

sensato

como

el

de

autos

al

de

la

revisión

determinaciones administrativas.

se

y

procedente

rijan

por

un

judicial

de

Corp. de Crédito y Desarrollo

Comercial y Agrícola v. Unión General de Trabajadores, ante,

12

Recientemente resolvimos el caso de Asociación de Residentes Linda

Gardens, Inc. v. Municipio de Guaynabo, Opinión y Sentencia de 12 de julio de

1995. Este caso era similar al que tenemos hoy ante nuestra consideración en

el sentido de que la L.P.A.U. no era aplicable a la controversia "porque

expresamente excluyó de su cobertura a los gobiernos municipales". Id. Así,

aun cuando la ley que autoriza a los municipios a conceder autorizaciones

para el control de acceso a las calles de urbanizaciones o comunidades

residenciales públicos, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 23 L.P.R.A. sec.

64, et seq., establecía el derecho a revisión judicial de las decisiones o

dictámenes municipales para cualquier parte en desacuerdo con la decisión de

un municipio al respecto, no establecía el procedimiento aplicable para el

ejercicio del derecho de revisión judicial.

Indicamos, como alternativa

procesal para suplir la laguna existente, que era necesario acudir a la Ley

de Municipios Autónomos para seguir el procedimiento de revisión allí

U.G.T. v. Challenger Caribbean Corp., ante, a las págs. 29-30

(1990).

Procederá, por tanto, que en esta clase de situaciones las

partes acudan al Tribunal de Circuito de Apelaciones en recurso

de revisión a ser considerado discrecionalmente.13 En cuanto a la

Región Judicial con competencia para entender en el recurso de

revisión, es preciso aclarar que el mismo ha de presentarse en

el Circuito Regional del lugar donde se planifique, se esté

llevando o se haya llevado a cabo la actividad o incidente que

hubiera dado lugar a la controversia.

Id.;

Regla 60 del

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A.

Ap. XXII-A, R.60.

En el caso de autos, a la recurrida se le

notificó su despido mediante una carta suscrita por el Director

Administrativo de los Tribunales, la cual se le hizo llegar por

conducto del Juez Administrador Regional del entonces Tribunal

Superior

de

Carolina.

Así,

entendemos

que

la

actividad

o

incidente que dio lugar a la controversia, esto es, el despido

de la recurrida, se llevó a cabo en Carolina.

Por

los

fundamentos

que

preceden,

se

dictará

Sentencia

revocatoria de la emitida en el presente caso por la Unidad

Especial de Jueces de Apelaciones del antiguo Tribunal Superior

de Puerto Rico, Sala de San Juan, y se ordena a la Secretaria de

este

Tribunal

remita

el

expediente

del

caso

al

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII, Región Judicial

de Carolina, para que éste determine los méritos del recurso

radicado.

pautado.

13

Al caso de autos no le es de aplicación lo resuelto en Junta Examinadora

de Tecnólogos Médicos v. Elías y otros, Opinión y Sentencia de 26 de novimbre

de 1997 (97 J.T.S. 141). A los hechos del referido caso le eran aplicables

las disposiciones de la antes mencionada Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme; al presente caso, por el contrario y como expresáramos

anteriormente, no le son aplicables las disposiciones de la referida Ley.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

EN

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nilsa S. Rivera Colón

Apelante-recurrida

v.

CE-94-755

CERTIORARI

Director Administrativo de

los Tribunales

Apelado-recurrente

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida en

el presente caso por la Unidad Especial de Jueces de

Apelaciones del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico

y se devuelve el caso al Tribunal de Circuito de

Apelaciones, Circuito Regional VII, Región Judicial de

Carolina, para procedimientos posteriores consistentes

con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Naveira de Rodón concurre en el resultado sin opionión

escrita.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

disiente sin opinión escrita.

El Juez Presidente señor

Andréu García inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo