Tribunal Supremo de Puerto Rico
RIVERA COLON V. DIRECTOR ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES
1998 TSPR 10
Poder Judicial de Puerto Rico
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RIVERA COLON V. DIRECTOR ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES
CE-1994-755
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
NILSA R. RIVERA COLON
Apelante-recurrida
v.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS
TRIBUNALES
Apelado-recurrente
Número del Caso: CE-94-755
Abogados Parte Demandante: Apelado-recurrente:
Lic. Sylvia Y. Morales de Montes
Lic. Aida Juarbe de Meléndez
Abogados Parte Demandada: Apelante-recurrida:
Lic. Jaime Roque Colón
Abogados Parte Interventora: AGENCIA RECURRIDA:
Junta de Personal de la Rama Judicial
Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Antonio J. Amadeo Murga ,
Juez de la Unidad Especial de Apelaciones
Tribunal de circuito de Apelaciones:
Juez Ponente:
Fecha: 2/9/1998
Materia:
Cesantía
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EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nilsa S. Rivera Colón
Apelante-recurrida
v.
CE-94-755
CERTIORARI
Director Administrativo de
los Tribunales
Apelado-recurrente
OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 1998
El 1ro. de julio de 1985 la recurrida Nilsa S.
Rivera
Colón
comenzó
a
desempeñarse,
con
carácter
transitorio, como Oficial Jurídico del Centro Judicial
de Carolina.
Para dicha fecha, el referido puesto
estaba comprendido dentro del Servicio Uniforme.
Sin
embargo, el 14 de octubre de 1985, se le notificó que,
efectivo el 16 de octubre de 1985, se cambiaría la
clasificación de su nombramiento transitorio a uno de
Oficial
Jurídico
en
el
advirtió
que
raíz
del
confianza,
por
puesto
quedaría
de
sujeta
nominadora.
se le
a
a
la
Servicio
Se
le
nombramiento
ocuparía
un
lo
permanencia
que
discreción
Posteriormente, el
Central.
26
su
de
la
autoridad
de junio
de 1987
notificó que su puesto había sido reclasificado al de Oficial
Jurídico II.
La recurrida Rivera Colón ocupó dicho puesto hasta que,
efectivo el 15 de noviembre de 1990, el Director Administrativo
de los Tribunales decretó su cesantía, por recomendación del
Juez Administrador del referido Centro Judicial.
Al así actuar,
declaró
II
vacante
el
puesto
de
Oficial
Jurídico
hasta
ese
momento ocupado por la recurrida, por tratarse de un puesto de
confianza perteneciente al Servicio Central de los empleados de
la Rama Judicial.
Acto seguido, el 29 de noviembre de 1990, la recurrida
apeló de la referida determinación ante la Junta de Personal de
la Rama Judicial.
Ambas partes presentaron sendos memorandos de
derecho en apoyo de sus contenciones.
1993,
la
Junta
de
Personal
de
la
El 9 de noviembre de
Rama
Judicial
emitió
una
Resolución, mediante la cual declaró sin lugar
la apelación
presentada
cuanto
por
la
recurrida
Rivera
Colón,
en
a
su
reclamación de que tenía derechos propietarios sobre el cargo
que ocupaba como Oficial Jurídico II.
Dicha determinación tuvo
el efecto de confirmar la actuación de la autoridad nominadora
respecto a la cesantía de la recurrida.
pendiente
de
adjudicarse
la
Ello no obstante, quedó
reclamación
de
discrimen
de
la
recurrida.
En vista de tal situación, el 8 de diciembre de 1993 el
Director Administrativo de los Tribunales solicitó de la Junta
de Personal la
reconsideración
de su determinación de dejar
pendiente la reclamación de discrimen de la recurrida Rivera
Colón.
El 28 de diciembre de 1993 la Junta declaró sin lugar la
solicitud
de
reconsideración
Director
Administrativo
de
y
los
el
27
de
Tribunales
enero
de
solicitó
1994,
el
revisión
judicial en cuanto a la alegación de discrimen hecha por la
recurrida
y
dejada
pendiente
de
adjudicar
por
la
Junta
de
Especial
de
Jueces
de
Personal de la Rama Judicial.
El
caso
Apelaciones
se
del
asignó
a
entonces
la
Unidad
Tribunal
Superior
de
Puerto
Rico,
mediante Orden emitida por el señor Juez Presidente de este
Tribunal.
El 11 de julio de 1994, el Hon. Juez Antonio Amadeo
Murga emitió una orden de mostrar causa dirigida a la parte
recurrida, licenciada Rivera Colón.1
Sin embargo, dicha parte
no compareció.
El 24 de agosto de 1994 la Unidad Especial de Jueces de
Apelaciones del entonces Tribunal Superior (Hon. Amadeo Murga,
Juez) emitió sentencia.
En la misma resolvió que ni la Ley de
Personal para la Rama Judicial, Ley Núm. 11 de 24 de julio de
1952, según enmendada,2 ni el Reglamento de la Administración
del Sistema de Personal de la Rama Judicial, promulgado éste al
amparo de la mencionada Ley, disponían para la revisión judicial
de la resolución recurrida. Además, ante el planteamiento de la
parte recurrente de que
el silencio que guarda la Ley no es óbice para que el tribunal
revise la misma, el tribunal señaló lo siguiente:
"[L]a jurisprudencia con la que apoya tal
argumento se trata del poder de los tribunales para
revisar decisiones de agencias administrativas en
aquellos
casos
en
que
no
existe
prohibición
legislativa.
A pesar de que nuestro ordenamiento
favorece
la
revisión
judicial
de
decisiones
administrativas en ausencia de prohibición legislativa
no estamos ante una situación similar por no ser la
decisión recurrida una emitida por una agencia
administrativa."
[Citas omitidas].
(Énfasis en el
original).3
1
El caso se asignó inicialmente al Hon. Hiram A. Sánchez Martínez, Juez del
entonces Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, éste se inhibió puesto que la
controversia en el caso de marras se originó a causa de una petición que él
formulara cuando se desempeñaba como Juez Administrador del Centro Judicial
de Carolina.
2
4 L.P.R.A. sec. 521, et seq.
3
Véase Sentencia emitida por la Unidad Especial de Jueces de Apelaciones
del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, Civil Núm. KAC94-0111, a las
págs. 2-3.
El
9
de
septiembre
de
1994
la
parte
aquí
recurrente
solicitó la reconsideración de la referida sentencia, siendo
dicha petición declarada sin lugar mediante resolución de 19 de
septiembre de 1994, archivada en autos el 20 de septiembre del
mismo año.
El Director Administrativo de los Tribunales acudió ante
este
Foro,
vía
Certiorari,
planteando
la
comisión
de
los
siguientes errores:
"1.
Si debió el tribunal de instancia entrar a
considerar el Recurso de Revisión en sus méritos, en
lugar de declararse sin jurisdicción a base de que la
Rama Judicial no es una agencia administrativa
conforme a la definición que de ese término contiene
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley
[Núm.] 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec.
2101 [et seq.]).
2. Si el tribunal de instancia tenía autoridad legal
conforme a la jurisprudencia de nuestro más alto foro
y de tribunales federales para acoger la Petición de
Revisión de cualquiera de las partes afectadas por
una determinación de la
Junta de Personal de la Rama Judicial, conforme a los
principios de igualdad de derechos procesales;
así
como con la facultad general del Tribunal para
entender
en
recursos
de
revisión,
de
manera
discrecional, para suplir una laguna procesal creada
por ley."
Acordamos revisar y concedimos término a ambas partes para
que se expresaran en torno a sus respectivas posiciones.
parte
recurrente
compareció,
no
así
la
parte
La
recurrida.
Resolvemos por tanto, sin el beneficio de su comparecencia.
I
Hemos señalado que "[e]n el ejercicio de nuestra facultad
inherente para suplir procedimientos cuando éstos no existen o
cuando hayan sido fijados inadecuadamente por algún estatuto" y
ante
la
existencia
de
lagunas
procesales
en
nuestro
ordenamiento, tenemos el deber de resolver las controversias
ante nos.
Pueblo v. Cortés Rivera, Opinión y Sentencia de 23 de
enero de 1997;
U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116
D.P.R.
348,
353
(1985);
González
v.
Tribunal
Superior,
75
D.P.R. 585, 619 (1953).
En el día de hoy precisamente nos enfrentamos a una laguna
procesal
existente
en
nuestro
ordenamiento
vigente.
En
el
presente caso, notamos que las partes se hallan sin un remedio
en ley para lograr la revisión judicial de determinaciones de la
Junta de Personal de la Rama Judicial, en tanto y en cuanto ni
la Ley ni el Reglamento de la Junta de Personal de la Rama
Judicial disponen de un procedimiento para ello.
Además, el
caso cobra particular singularidad puesto que las disposiciones
de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170
de
12
de
agosto
de
aplicación al mismo.
1997
(en
adelante
L.P.A.U.)4
no
son
de
Veamos.
II
Como bien sabemos, la Ley de Personal del Servicio Público de
Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A.
sec. 1301 et seq., establece que el sector de empleo público en
el País se rige por el principio del mérito.
1311.
3 L.P.R.A. sec.
Sin embargo, la referida Ley de Personal del Servicio
Público no es de aplicación, entre otros, a la Rama Judicial.
L.P.R.A. sec. 1338.5
Municipio
de
San
3
Véase además, Autoridad de los Puertos v.
Juan,
123
D.P.R.
496,
502
(1989).
"El
legislador fundamentó la exclusión de las Ramas Legislativa y
Judicial del ámbito de [la] ley, en su interés de salvaguardar
el principio de la separación de poderes, presente en nuestro
ordenamiento constitucional."
Id.
4
3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. La L.P.A.U. regula de manera uniforme, entre
otras cosas, el proceso de revisión judicial de decisiones administrativas.
5
Dicha Sección de ley establece específicamente lo siguiente:
"Las disposiciones de [la Ley de Personal del Servicio Público de
Puerto Rico] no aplicarán a las siguientes ramas, agencias e
instrumentalidades del Gobierno:
(1) ........
(2) Rama Judicial
(3) ........
Como resultado de lo anterior, la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico aprobó la Ley de Personal de la Rama Judicial, Ley
Núm. 64 de 31 de mayo de 1976, 4 L.P.R.A. sec. 521 et seq., la
cual organiza a los empleados de dicha Rama también a base del
principio de mérito.6
Mediante dicha legislación, se facultó a
este Tribunal para adoptar las reglas a regir la Administración
de Personal de la Rama Judicial.
Así,
el
reglamentos
30
de
agosto
aprobados
por
4 L.P.R.A. sec. 521.
de
1974
este
comenzaron
Tribunal,
los
a
regir
cuales
tres
están
sumamente relacionados entre sí y se complementan los unos a los
otros.
Estos son: (1) las Reglas de Administración del Sistema
de Personal de la Rama Judicial del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XII, las cuales regulan todo lo
relacionado
con
el
personal
de
la
Rama
Judicial;
(2)
el
Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la
Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, el cual aplica a todos los
puestos de la Rama Judicial y trata mayormente sobre las normas
relativas
a
los
procesos
de
clasificación,
reclutamiento,
retribución, medidas disciplinarias y licencias de los empleados
de dicha Rama;
la
Rama
y, (3) el Reglamento de la Junta de Personal de
Judicial,
4
L.P.R.A.
Ap.
XIV,
el
cual
regula
la
organización, funciones y facultades de la Junta de Personal de
la Rama Judicial.
Las
Reglas
de
Administración
del
Sistema
de
Personal
establecen que los cargos y puestos en la Rama Judicial están
comprendidos en el Servicio Central y en el Servicio Uniforme.7
Específicamente, el Servicio Central incluye "aquellos cargos y
6
Véase la Exposición de Motivos de la Ley de Personal de la Rama Judicial,
en la cual se indica que "[e]l propósito de esta ley es establecer un sistema
de administración de personal autónomo, basado en el principio del mérito,
excelencia e idoneidad y sin discrimen de clase alguna, para la Rama
Judicial, según las Reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico
dentro de las normas establecidas por esta ley".
7
Véase:
4 L.P.R.A. Ap. XII, R.4.
puestos
que
por
la
naturaleza
de
sus
funciones
tienen
las
siguientes características:
(a)
Los cargos o puestos cuyos incumbentes nombra
el Gobernador, con el consejo y consentimiento del
Senado en la Rama Judicial.
(b)
Puestos
cuyas
funciones
requieren
la
participación
y
colaboración
sustancial
con
ejecutivos y/o funcionarios directivos que entienden
en la formulación de política general y cuyos puestos
requieren confianza personal.
(c)
Puestos
auxiliares
de
los
ejecutivos,
indicados en el párrafo anterior, que por la
naturaleza de sus funciones requieren confianza
personal".
Además de dichos puestos, y previa recomendación del Director
Administrativo de los Tribunales, el Juez Presidente de este
Tribunal puede "incluir en el Servicio Central aquellos puestos
asesorativos, especializados o de confianza.
Todos los demás
puestos [están] incluidos en el Servicio Uniforme".
Reglamento
del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap.
XIII, Sec. 4(4.2).
En particular, la Sección II de la Regla 4
de las de Administración del Sistema de Personal de la Rama
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XII, R.4, establece que en el Servicio
Central están incluidos, entre otros y en lo pertinente, los
Oficiales Jurídicos I y II del Tribunal de Primera Instancia.8
Por otra parte, la Regla 24 de las de Administración del
Sistema de Personal, 4 L.P.R.A. Ap. XII, R.24,
los funcionarios
y empleados
de
establece que
la Rama Judicial únicamente
pueden ser suspendidos o destituidos por justa causa, previa
formulación
de
cargos
y
defenderse y a ser oídos.9
previa
concesión
de
su
derecho
a
Sin embargo, ello es así excepto en
8
Cabe señalar que este Tribunal ha cambiado, en varias ocasiones, la
clasificación del puesto de Oficial Jurídico del Tribunal de Primera
Instancia del Servicio Central al Servicio Uniforme.
Sin embargo, en lo
pertinente, véase la Orden de 11 de septiembre de 1985 de este Tribunal
mediante la cual se incluyó el puesto de Oficial Jurídico del Tribunal de
Primera Instancia en el Servicio Central y se dejó sin efecto la Orden de 10
de abril de 1981, la cual había incluido dicho puesto al Servicio Uniforme.
9
Véase además y a esos mismos efectos, la Sección 16 del Reglamento del
cuanto
a
los
funcionarios
y
empleados
que
determine mediante dicho cuerpo reglamentario.
este
Tribunal
Conforme a ello,
la Sección 16 del Reglamento del Sistema de Personal de la Rama
Judicial dispone que a los funcionarios y empleados del Servicio
Central, con excepción de los jueces, se les puede suspender o
destituir por la autoridad nominadora a su discreción.10
De igual forma, en los casos en que funcionarios o empleados
de
la
Rama
Judicial
se
consideren
afectados
por
alguna
determinación de la autoridad nominadora, la Junta de Personal
de la Rama Judicial tiene la facultad de investigar y revisar el
asunto,
pudiendo
confirmar,
revocar
o
determinaciones de la autoridad nominadora.
modificar
tales
Véase, Sección VI
del Reglamento de la Junta de Personal, 4 L.P.R.A. Ap. XIV, Sec.
IV.
Esto es, la Junta de Personal de la Rama Judicial es el
organismo llamado a resolver las querellas y apelaciones que los
empleados de la Rama Judicial radiquen contra decisiones tomadas
por la autoridad nominadora que les resulten adversas.
Las
decisiones
las
tomadas
por
la
referida
Junta
tienen
características de una determinación cuasi-judicial.
Ahora bien, aun cuando la Ley de Personal de la Rama Judicial
y los reglamentos aplicables regulan el procedimiento a seguirse
para apelar ante la Junta de Personal de la Rama Judicial las
decisiones
de
la
autoridad
nominadora,
no
se
establece
un
Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, Sec. 16.
10
La Sección 3 del Reglamento del Sistema de Personal de la Rama Judicial,
4 L.P.R.A. Ap. XIII, Sec. 3, define "autoridad nominadora" como "el Juez
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico o la persona en quien éste
delegue, en todo lo que no sea incompatible con la disposición constitucional
sobre los nombramientos de los jueces y de la facultad nominadora que
ostentan los Jueces Asociados del Tribunal Supremo y de éste en pleno sobre
empleados del Servicio Central".
Por su parte, la Sección II(6) del Reglamento de la Junta de Personal
de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIV, Sec. II, define "autoridad
nominadora" como "[e]l Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico o
la persona en quien éste delegue, en todo lo que no sea incompatible con la
disposición constitucional sobre los nombramientos de los jueces y de la
facultad nominadora que ostentan los Jueces Asociados del Tribunal Supremo y
de éste en pleno sobre empleados del Servicio Central, y el Director
Administrativo de los Tribunales". (Énfasis suplido).
procedimiento de revisión judicial de una determinación como la
que hoy está en controversia.
Así, aun cuando notamos que el segundo párrafo del Artículo
4(b) de la Ley de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. sec.
524(b), establece un procedimiento de revisión judicial de las
determinaciones de la Junta, el mismo no es de aplicación al
presente caso.11 Ello, pues dicho procedimiento únicamente es
pertinente en aquellos casos en que se destituye al empleado,
previa formulación de cargos.
Veamos.
La Sección 3 del Reglamento del Sistema de Personal de la
Rama Judicial define el término "destitución" como "el despido
definitivo
de
justificada".
un
empleado
en
la
Rama
Judicial
4 L.P.R.A. Ap. XIII, Sec. 3.
por
causa
De igual forma,
cuando en dicha Sección de la Ley se hace alusión al término
"destitución", se hace la salvedad de que se realice la misma
previa formulación de cargos.
Véase, Artículo 4(b) de la Ley de
Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. sec. 524(b).
En el caso antes nos la situación es diferente pues la
autoridad nominadora determinó que la recurrida era una empleada
de confianza, ya que ocupaba el puesto de Oficial Jurídico, el
cual
forma
parte
del
Servicio
Central.
Según
señalamos
anteriormente, en la Sección 16 del Reglamento del Sistema de
Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, se dispone
que los empleados del Servicio Central pueden ser destituidos
por la autoridad nominadora a su discreción.
Por tanto, a la luz de lo anterior, notamos que ni la
Ley
11
de
Personal
de
la
Rama
Judicial
ni
los
reglamentos
Dicho artículo establece lo siguiente:
"En los casos de destitución podrá, cualquiera de las partes,
recurrir ante la sala de San Juan del Tribunal Superior, dentro del
término de diez (10) días de haberse notificado la resolución.
La
base para la revisión judicial será el récord de los procedimientos
seguidos ante la Junta.
Dicha revisión solamente podrá concederse
sobre cuestiones de derecho y las conclusiones sobre hechos a las
cuales llegare la Junta serán aceptadas por el Tribunal si están
sostenidas por la prueba.
La sentencia del tribunal será
aplicables establecen un procedimiento de revisión judicial de
las determinaciones de la Junta de Personal de la Rama Judicial
en los casos en que la autoridad nominadora no formula cargos
previo a realizar un despido, por no ser ello necesario.
III
De otra parte, y como es sabido, la Legislatura de Puerto
Rico aprobó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida
como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A.
sec. 2101 et seq., (L.P.A.U.). Dicha pieza legislativa contiene
un cuerpo de normas "para gobernar las determinaciones de una
agencia
en
procesos
adjudicativos
al
emitir
una
orden
o
resolución que define los derechos y deberes legales de personas
específicas".
agosto
de
Exposición
1988.
En
de
la
Motivos,
misma
Ley
se
Núm.
170
establece,
de
12
de
además,
un
procedimiento uniforme de revisión judicial de las decisiones
tomadas por las agencias administrativas.
La
L.P.A.U.
aplica
"a
todos
los
procedimientos
administrativos conducidos ante todas las agencias que no están
expresamente exceptuadas [por ésta]".
3 L.P.R.A. sec. 2103.
medida legislativa dispone, entre otras cosas,
todos
los
procedimientos
en
formalmente una controversia.
L.P.R.A.
sec.
2102(a),
que
una
agencia
que aplica
deba
La
a
adjudicar
La sección 1.3 de la L.P.A.U., 3
define
lo
que
significa
el
término
“agencia” para efectos de dicha ley y expresamente excluye de
esa definición a las siguientes entidades gubernamentales:
"(a)
. . .
(1)
El Senado y la Cámara de Representantes de la
Asamblea Legislativa
(2) La Rama Judicial
(3) La Oficina Propia del Gobernador
(4) La Guardia Nacional de Puerto Rico
(5)
Los gobiernos municipales o sus entidades o
corporaciones
(6) La Comisión Estatal de Elecciones
definitiva."
(Énfasis suplido).
(7)
El Negociado de Conciliación y Arbitraje del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
(8)
La Comisión para la Celebración del Quinto
Centenario del Descubrimiento de América y de Puerto
Rico." (Énfasis suplido).
Como
podemos
notar
de
lo
anterior,
la
L.P.A.U.
específicamente establece que las disposiciones de dicha ley no
aplican
a
la
Rama
Judicial.
Esto
es,
para
efectos
de
la
L.P.A.U., la Rama Judicial no es una agencia administrativa y,
por tanto, las disposiciones relativas a la revisión judicial de
sus decisiones de carácter administrativo no le aplican.
Ahora
bien,
por
el
mero
hecho
de
que
ni
la
Asamblea
Legislativa, al exceptuar expresamente a la Rama Judicial de la
aplicación de la L.P.A.U., ni este Tribunal, al no promulgar un
reglamento a esos efectos, hayan dispuesto un procedimiento de
revisión judicial para casos como el que tenemos ante nuestra
consideración en el día de hoy, no significa, como correctamente
señala la parte peticionaria, que las partes estén desprovistas
de tal remedio.
Ello, pues "[e]n la práctica casi todo es
revisable por los tribunales [y c]omo resultado de esa postura
se
ha
establecido
judicial".
Derecho
una
presunción
[Escolio omitido].
Administrativo
y
Ley
que
favorece
la
revisión
Demetrio Fernández Quiñones,
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme, Ed. Forum (1993), a las págs. 414–415.
De hecho,
"[s]e presume el acceso a los tribunales, siempre que no se haya
prohibido por la Asamblea Legislativa en forma expresa y clara".
Id.
Así lo hemos reconocido tradicionalmente.
Véase, Bonilla
v. Chardón, 118 D.P.R. 599 (1987);
Santos Rodríguez v. Fuentes
Fluviales, 91 D.P.R. 56, 65 (1964);
Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1
(1959);
López Luiggi v. Muñoz Marín, 80 D.P.R. 4 (1957); Rivera
v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377 (1952).
De
prohíba
esta
forma
vemos
expresamente
la
como
es
requerido
que
revisión
judicial
de
el
la
estatuto
acción
administrativa. Ahora bien, aun cuando exista dicha prohibición,
es
necesario
analizar
si
la
misma
afecta
constitucionales o estatutarios de las partes.
el acceso a los tribunales está disponible.
derechos
De de ser así,
Fernández Quiñones,
Op. Cit., a la pág. 415. En el caso ante nuestra consideración,
no hay que realizar el referido análisis ya que ni la Ley de
Personal
de
la
Rama
Judicial
ni
los
reglamentos
aplicables
establecen una prohibición expresa a la revisión judicial de las
determinaciones de su Junta de Personal.
En el pasado, entidades gubernamentales que no cuentan con
un procedimiento de revisión judicial de sus determinaciones y a
las cuales tampoco aplica la L.P.A.U., han acudido ante nos para
que
establezcamos
el
procedimiento
a
seguir.
Tenemos,
por
ejemplo, el caso de U.G.T. v. Challenger Caribbean Corp., 126
D.P.R. 22 (1990), el cual trataba sobre una impugnación de un
laudo
de
arbitraje
laboral.
Conforme
a
la
definición
del
término "agencia" contenida en la L.P.A.U., las disposiciones de
dicha ley no aplican al Negociado de Conciliación y Arbitraje
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Al determinar
cuál iba a ser el procedimiento a seguir para impugnar un laudo
de arbitraje, resolvimos específicamente que éste tendría que
tramitarse conforme al procedimiento de revisión de decisiones
administrativas.
Id.,
a
la
pág.
29.
Esto
es,
"que
el
procedimiento de revisión judicial de un laudo de arbitraje ha
de ser igual al expuesto por ley para cualquier otra revisión
ante un tribunal".
A
esos
mismos
Id.
efectos,
hemos
establecido
que
"[e]l
procedimiento a seguirse ante el foro judicial será uno similar
al utilizado cuando el tribunal, actuando como foro apelativo,
revisa la corrección o incorrección de la sentencia emitida por
un
tribunal
o
la
decisión
de
un
organismo
administrativo".
U.I.L.
de
Ponce
v.
Dest.
Serrallés, Inc., ante, a la pág. 355.
Sin embargo, en Corp. de
Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola v. Unión General de
Trabajadores, Opinión y Sentencia de 10 de mayo
de 1995, aclaramos que "[a]un cuando jurisprudencialmente se
haya establecido para la revisión de un laudo un procedimiento
análogo al de revisión de dictámenes administrativos, ello no
convierte
efectos
al
de
Negociado
que
sus
en
una
decisiones
agencia
deban
administrativa
ser
apeladas
a
los
ante
este
Foro", ello de acuerdo al ordenamiento vigente en ese entonces.12
IV
Conforme a lo anterior, y en vista de que la Ley de Personal
de la Rama Judicial ni los reglamentos aplicables establecen un
procedimiento de revisión judicial de decisiones como la que
tenemos
hoy
ante
nuestra
consideración,
resolvemos,
como
en
situaciones análogas pasadas, que aun cuando la Rama Judicial no
es una agencia administrativa y, en consecuencia, sus decisiones
no se rigen por
la L.P.A.U., la decisión de despedir a la
empleada en el caso de autos es una similar a las decisiones
cuasi-judiciales que, en torno a empleados, se toman a diario en
las agencias administrativas del País.
jurisprudencial
resulta
ser
procedimiento
prevaleciente,
que
casos
similar
lo
Así, conforme a la norma
más
sensato
como
el
de
autos
al
de
la
revisión
determinaciones administrativas.
se
y
procedente
rijan
por
un
judicial
de
Corp. de Crédito y Desarrollo
Comercial y Agrícola v. Unión General de Trabajadores, ante,
12
Recientemente resolvimos el caso de Asociación de Residentes Linda
Gardens, Inc. v. Municipio de Guaynabo, Opinión y Sentencia de 12 de julio de
1995. Este caso era similar al que tenemos hoy ante nuestra consideración en
el sentido de que la L.P.A.U. no era aplicable a la controversia "porque
expresamente excluyó de su cobertura a los gobiernos municipales". Id. Así,
aun cuando la ley que autoriza a los municipios a conceder autorizaciones
para el control de acceso a las calles de urbanizaciones o comunidades
residenciales públicos, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 23 L.P.R.A. sec.
64, et seq., establecía el derecho a revisión judicial de las decisiones o
dictámenes municipales para cualquier parte en desacuerdo con la decisión de
un municipio al respecto, no establecía el procedimiento aplicable para el
ejercicio del derecho de revisión judicial.
Indicamos, como alternativa
procesal para suplir la laguna existente, que era necesario acudir a la Ley
de Municipios Autónomos para seguir el procedimiento de revisión allí
U.G.T. v. Challenger Caribbean Corp., ante, a las págs. 29-30
(1990).
Procederá, por tanto, que en esta clase de situaciones las
partes acudan al Tribunal de Circuito de Apelaciones en recurso
de revisión a ser considerado discrecionalmente.13 En cuanto a la
Región Judicial con competencia para entender en el recurso de
revisión, es preciso aclarar que el mismo ha de presentarse en
el Circuito Regional del lugar donde se planifique, se esté
llevando o se haya llevado a cabo la actividad o incidente que
hubiera dado lugar a la controversia.
Id.;
Regla 60 del
Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A.
Ap. XXII-A, R.60.
En el caso de autos, a la recurrida se le
notificó su despido mediante una carta suscrita por el Director
Administrativo de los Tribunales, la cual se le hizo llegar por
conducto del Juez Administrador Regional del entonces Tribunal
Superior
de
Carolina.
Así,
entendemos
que
la
actividad
o
incidente que dio lugar a la controversia, esto es, el despido
de la recurrida, se llevó a cabo en Carolina.
Por
los
fundamentos
que
preceden,
se
dictará
Sentencia
revocatoria de la emitida en el presente caso por la Unidad
Especial de Jueces de Apelaciones del antiguo Tribunal Superior
de Puerto Rico, Sala de San Juan, y se ordena a la Secretaria de
este
Tribunal
remita
el
expediente
del
caso
al
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII, Región Judicial
de Carolina, para que éste determine los méritos del recurso
radicado.
pautado.
13
Al caso de autos no le es de aplicación lo resuelto en Junta Examinadora
de Tecnólogos Médicos v. Elías y otros, Opinión y Sentencia de 26 de novimbre
de 1997 (97 J.T.S. 141). A los hechos del referido caso le eran aplicables
las disposiciones de la antes mencionada Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme; al presente caso, por el contrario y como expresáramos
anteriormente, no le son aplicables las disposiciones de la referida Ley.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nilsa S. Rivera Colón
Apelante-recurrida
v.
CE-94-755
CERTIORARI
Director Administrativo de
los Tribunales
Apelado-recurrente
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 1998
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida en
el presente caso por la Unidad Especial de Jueces de
Apelaciones del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico
y se devuelve el caso al Tribunal de Circuito de
Apelaciones, Circuito Regional VII, Región Judicial de
Carolina, para procedimientos posteriores consistentes
con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Naveira de Rodón concurre en el resultado sin opionión
escrita.
El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
disiente sin opinión escrita.
El Juez Presidente señor
Andréu García inhibido.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo