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Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

1998 TSPR 6

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

AA-95-92

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Miguel Arocho Hernández

Demandante-Apelante

Apelación

.V

TSPR-98-6

Policía de Puerto Rico

Demadnado-Apelado

Número del Caso: AA-95-92

Abogados Parte Demandante: Lic. Neftalí Fuster González

Abogados Parte Demandada: Hon. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lic. María Adaljisa Dávila

Procuradora General Auxiliar

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Comisión de Investigación, Procesamiento y

Apelación

Juez del Tribunal de Primera Instancia:

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 2/4/1998

Materia: Suspensión de Empleo y Sueldo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

AA-95-92

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Arocho Hernández

Demandante-apelante

v.

AA-95-92

APELACION

Policía de Puerto Rico

Demandado-apelado

OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO

LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 1998

Se nos solicita que revoquemos una resolución dictada

por

la

Comisión

de

Investigación,

Apelación (en adelante C.I.P.A.).

Agencia

Administrativa

confirmó

Procesamiento

y

En la misma, dicha

la

determinación

del

Superintendente de la Policía, a los efectos de que el

apelante,

Miguel

Arocho

Hernández,

había

violado

el

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico y, a

su

vez,

“modificó”

la

determinación

a

los

fines

de

aumentar la sanción que el Superintendente había impuesto

al apelante.

Confirmamos.

I

En

relación

con

unos

hechos

ocurridos

el

27

de

AA-95-92

3

abril de 1992, los cuales motivaron una investigación por parte de la

Policía de Puerto Rico, el Superintendente, Pedro A. Toledo, concluyó

que el Policía Miguel Arocho Hernández había violado el Artículo 14,

Sección 14.5, Faltas Graves Números 1 y 40(f)1, en concordancia con el

Artículo 5, Sección 5.2, Deberes y Responsabilidades, Incisos 5 y 6 del

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico2.

de

Cargos

emitida

el

26

de

enero

de

1993,

En la Resolución

el

Superintendente

originalmente impuso como castigo a Arocho Hernández una suspensión de

empleo y sueldo por el término de cinco (5) meses.

solicitud

del

Policía

Arocho,

el

2

de

Posteriormente, y a

septiembre

de

1993,

el

Superintendente redujo el castigo a quince (15) días de suspensión de

empleo y sueldo.

Inconforme con lo resuelto, Arocho Hernández presentó apelación

ante la C.I.P.A.

y

el

13

de

Habiendo celebrado vistas el 20 de diciembre de 1994

junio

19953,

de

dicho

foro

administrativo

emitió

una

resolución el 23 de junio de 1995 encontrando probados los hechos que a

continuación exponemos:

El 27 de abril de 1992, en horas de la noche, se produjo un

escalamiento en un negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas

localizado en la calle Vallejo en Río Piedras,

del policía Carlos Ríos.

el cual es propiedad

Este, en esa misma fecha y en relación con

dichos hechos, detuvo a Osvaldo Fernández Morales cerca de la Barriada

Venezuela.

Luego de ser esposado, Fernández Morales fue trasladado al

Cuartel de Río Piedras.

Estando

Fernández

Morales

en

el

Cuartel

de

Río

Piedras,

el

apelante, Policía Arocho Hernández, agredió a Fernández Morales en la

cabeza

1

y

lo

obligó

a

realizar

diez

(10)

“push

ups”

en

la

celda,

Falta Grave 1: "Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad,

o negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidades." Falta

Grave 40: "Incurrir en el mal uso o abuso de autoridad, entendiéndose como actos de

mal uso o abuso de autoridad los siguientes: ... (f) Uso de violencia injustificada,

coacción física o psicológica, intimidación o prolongación indebida, sobre o de una

persona arrestada, o detenida para fines de investigación."

2

Inciso 5: "Observar en todo momento una conducta ejemplar." Inciso 6: "Tomar las

providencias necesarias para garantizar la protección de la persona detenida."

3

El apelante --policía Arocho Hernández-- a pesar de haber sido debidamente citado

en ambas ocasiones, no compareció a ninguna de las vistas; sí lo hizo su abogado.

AA-95-92

4

mientras le daba patadas.

Habiendo el detenido terminado, el apelante

lo obligó a hacer diez (10) “push-ups” adicionales, pegándole fuerte

con la mano abierta en la espalda.4

La noche de los hechos el detenido fue llevado a la Cárcel de

Bayamón, donde no lo quisieron aceptar por estar herido.

La policía lo

condujo, entonces, al Hospital de Bayamón donde el médico, luego de

examinarlo, ordenó realizarle unas placas. No se le hicieron.

Luego,

el policía José Toro y el apelante lo llevaron a la Cárcel de Bayamón,

donde finalmente fue ingresado.

La Sra. Carmen Lydia Morales Dumas, madre de Fernández Morales,

testificó ante la Comisión que el día de los hechos se enteró por medio

de la vecina que su hijo estaba detenido en el Cuartel de Río Piedras.

De

acuerdo

a

su

testimonio,

cuando

llegó

al

cuartel

habló

con

el

apelante Arocho Hernández, indicándole éste que su hijo estaba preso

por haber escalado un negocio. La Sra. Morales Dumas expresó, además,

ante la Comisión, haber visto

a su hijo en una celda, que estaba

triste, que llevaba puesto un “sweater” gris y que no tenía golpe

alguno.

Añadió que se marchó, comenzó a realizar las gestiones para

fiar a su hijo y que a los tres (3) días, cuando logró hacerlo, se

percató de que éste tenía un hematoma en el ojo izquierdo y que, al

ella preguntarle lo que había pasado, éste le contestó que los policías

Miguel Arocho, Carlos Ríos y José Toro lo habían agredido.

La C.I.P.A., basándose en las anteriores determinaciones de hechos, confirmó la violación de las faltas

imputadas, pero "modificó" la sanción impuesta por el Superintendente, aumentándola a noventa (90) días de suspensión

de empleo y sueldo. El apelante oportunamente solicitó reconsideración del dictamen. La misma fue declarada no ha

lugar mediante resolución del 21 de julio de 1995 y notificada el 28 de julio de 1995.

Inconforme con la decisión, Arocho Hernández acudió ante nos, alegando como único error que:

"El aumento de la sanción impuesta al apelante es una acción inconstitucional, por resultar en

un doble castigo por los mismos hechos."

4

Fernández Morales manifestó ante la Comisión que el policía Carlos Ríos, luego de

esposarlo le dio un puño en el estómago; que una vez en el cuartel de Río Piedras, el

policía Toro le daba por el lado izquierdo de la cara y el policía Ríos le daba

también en la cara estando él esposado; que el policía Ríos le pidió la cantidad de

$3,000.00 para retirar la denuncia contra él; que una vez en la celda, el apelante lo

obligó a realizar diez (10) “push-ups” en dos ocasiones y que mientras él los hacía,

el apelante lo pateaba y lo agredía.

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5

Arocho Hernández basa su posición en la prohibición contenida en la Enmienda Quinta de la Constitución de

Estados Unidos y en el Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico a los efectos de que nadie será puesto en

riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.

II

La C.I.P.A se creó mediante la Ley Núm. 32 del 22 de mayo de 1972,

1 L.P.R.A. secs. 171 y siguientes, para intervenir en casos en que se

impute mal uso, o abuso, de autoridad a cualquier funcionario del orden

público,

agente

de

rentas

internas

o

cualquier

Ejecutiva autorizado para realizar arrestos.

otro

de

la

Rama

La referida Ley considera

"mal uso o abuso de autoridad", en lo pertinente, el uso de violencia

injustificada, la coacción física o psicológica y la intimidación o

prolongación indebida sobre una persona arrestada o detenida para fines

de investigación.

1 L.P.R.A. 172 (1) (f).

Por otro lado, la aludida Ley establece, en cuanto a las funciones

de la C.I.P.A., lo siguiente:

"(2) Actuará [la C.I.P.A.]] como cuerpo apelativo con

jurisdicción exclusiva para oír y resolver apelaciones

interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por

este Capítulo, cuando el jefe o director del organismo o

dependencia de que se trate les haya impuesto cualquier

medida disciplinaria en relación con actuaciones cubiertas

por este Capítulo, o con faltas leves en que se haya

impuesto una reprimenda o suspensión de empleo y sueldo o

faltas graves en el caso de miembros de la Policía o de

otras agencias que tengan reglamentación similar.

También

podrá entender en apelaciones interpuestas por cualquier

ciudadano perjudicado por la actuación del funcionario,

cuando dicho ciudadano no esté conforme con la determinación

de tal funcionario.

. . . .

La

Comisión,

luego

de

celebrar

la

vista

correspondiente, según lo dispuesto en el inciso (3) de la

sec. 173 de este título, podrá confirmar, revocar o

modificar la determinación o actuación de la cual se hubiere

apelado, o podrá imponer cualquier sanción que la autoridad

facultada para sancionar hubiese podido imponer. 1 L.P.R.A.

sec. 172 (2)." (Énfasis nuestro.)

En el caso que nos ocupa, la C.I.P.A. estaba autorizada a intervenir, en calidad de cuerpo apelativo, dado que las

faltas que se imputan al apelante coinciden con lo que la ley habilitadora de la C.I.P.A. considera como constitutivo de

"mal uso o abuso de autoridad" por parte de un agente del orden público.

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6

Asimismo, la C.I.P.A. estaba facultada para aumentar la sanción que impusiera el Superintendente al apelante.

A pesar de que éste acudió ante dicho organismo administrativo con el propósito de que se revocara o redujera la sanción

impuesta por el Superintendente, la autoridad de dicha Comisión no se entiende limitada a estas dos posibilidades, sino

que incluye la de "modificar la determinación o actuación de la cual se hubiere apelado" y la de "imponer cualquier

sanción que la autoridad facultada para sancionar hubiese podido imponer." (Énfasis nuestro.)

Es preciso señalar que modificar no significa únicamente reducir o disminuir. Modificar, en términos generales,

es enmendar, cambiar, corregir, reformar, variar o rectificar.5 Por otro lado, una de las reglas de hermenéutica de

nuestro ordenamiento, establece que "las palabras de una ley deben ser generalmente entendidas en su más corriente y

usual significación, sin atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces".

Artículo 131 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 15. Atendiendo al uso general que este Tribunal ha

otorgado a la palabra "modificar", en Olazábal v. U.S. Fidelity, 103 D.P.R. 448 (1975), la misma se utilizó para hacer

referencia a un aumento de sentencia; esto es, la cantidad concedida en instancia como indemnización por concepto de

mora fue aumentada.6

De otra parte, la facultad de la C.I.P.A. para aumentar la sanción impuesta al apelante es incuestionable. Dicha

agencia tiene, de acuerdo a la ley, facultad para imponer cualquier sanción que la autoridad facultada para sancionar

hubiese podido imponer. En el presente caso, la autoridad facultada para sancionar era el Superintendente. La C.I.P.A.,

en consecuencia, tenía facultad para imponer cualquier sanción que el Superintendente hubiese podido imponer. El

Superintendente, por su parte, estaba facultado en el presente caso para imponer como castigo la expulsión del cuerpo o

la degradación o suspensión de empleo y sueldo por un período no mayor de cinco (5) meses.7 Así las cosas, la C.I.P.A., al

imponer como sanción una suspensión de empleo y sueldo por noventa (90) días, actuó conforme a sus facultades ya que

su decisión estuvo dentro de los parámetros que la Ley fija al Superintendente.

Por último, con relación a la autoridad de la C.I.P.A. para aumentar la sanción impuesta al apelante por el

Superintendente, es preciso señalar que dicha agencia --dentro de su facultad apelativa-- tiene la obligación de

celebrar una vista8. En esa vista, la Comisión tiene la oportunidad de escuchar nuevamente toda la prueba presentada

ante el Superintendente y otorgarle el valor probatorio que a su juicio merezca la misma. Esta vista es una especie de

juicio de novo, por lo que la C.I.P.A. puede arribar a determinaciones de hecho o conclusiones de derecho diferentes a las

emitidas por el Superintendente. En efecto, en este caso, luego de haber celebrado la vista y considerado la totalidad de

la evidencia, la C.I.P.A. llegó a una decisión distinta a la emitida por el Superintendente: aumentó la sanción impuesta al

apelante.

III

5

A. López García - Molins , Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua

Española, Valencia, España, Editorial Ortells, 1985, 1114 págs.

6

También la palabra modificar la hemos utilizado para referirnos a, o en efecto

llevar a cabo, un aumento en la adjudicación de daños hecha por un tribunal inferior.

Maldonado v. Interamerican University, 104 D.P.R. 420 (1975), Moa v. E.L.A., Gallart

v. P.R. Telephone Co., 100

D.P.R. 128 (1971), Viuda de Silva v. Auxilio Mutuo, 100 D.P.R. 30 (1971) y Levy v.

Caribe Hilton Hotel, 98 D.P.R.721 (1970).

7

A estos efectos, refiérase al Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico,

Sección 14.3 (2) (a) titulada "Acciones Disciplinarias a Miembros de la Policía",

donde se establecen los posibles castigos a imponerse por la comisión de una falta

grave.

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7

El planteamiento de la parte apelante en cuanto a que el aumento de la sanción por parte de la C.I.P.A. es una

acción inconstitucional, por resultar en un doble castigo por los mismos hechos, es a todas luces inmeritorio.

Si bien es cierto que una de las protecciones que provee la cláusula constitucional que prohíbe la doble

exposición9 es contra castigos múltiples por la misma ofensa10, esta protección se activa en casos en que una misma

conducta infringe más de una disposición penal y su propósito es evitar que a un acusado se le imponga una pena

excesiva.11

Esa, definitivamente, no es la situación en el caso ante nos. Aquí no ha habido imposición de penas múltiples por

violación a más de una disposición penal, sino un proceso disciplinario administrativo contra un policía. Dicho proceso

disciplinario consta de seis (6) etapas cuales son: la investigativa, la formulación de cargos, la celebración de vista, la

decisión del Superintendente, la etapa apelativa ante la C.I.P.A. y la revisión judicial. Asociación de Miembros de la

Policía v. Betancourt Lebrón, Opinión y Sentencia de 3 de junio de 1994. El aquí apelante se encontraba en la quinta

etapa del procedimiento disciplinario --la etapa apelativa-- en la cual la C.I.P.A. tomó una acción, aumentar la sanción

que le impusiera el Superintendente, que según ya discutimos se encontraba dentro de sus facultades. No se cometió el

error señalado.

En vista de todo lo anterior, concluimos que la C.I.P.A. estaba

autorizada para aumentar la sanción impuesta por el Superintendente al

apelante

Arocho

Hernández.

Dicha

actuación

no

constituye

un

doble

castigo por los mismos hechos y, por ende, no se encuentra dentro del

alcance de la protección de la cláusula sobre doble exposición.

Por

todos los fundamentos expuestos, se dictará Sentencia confirmatoria de

la resolución apelada.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

8

1 L.P.R.A. sec. 172(2).

"...ni podrá nadie ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda

ocasionarle la pérdida de la vida o la integridad corporal...." Constitución de

Estados Unidos, Enmienda V; "...Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces

por el mismo delito...." Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art.

II, Sec. 11 (Carta de Derechos).

10

Las tres protecciones adicionales son: ulterior exposición tras absolución por la

misma ofensa; ulterior exposición tras convicción por la misma ofensa y ulterior

exposición tras exposición anterior por la misma ofensa. Ernesto L. Chiesa, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Forum, 1992, Vol. II, pág.

354.

11

Olga Elena Resumil de Sanfilippo, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho

Procesal Penal, Orford New Hampshire,Butterworth Legal Publishers, 1993, t. 2, pág.

327 citando en parte a González Zayas v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 140

(1971).

9

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8

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Arocho Hernández

Demandante-apelante

v.

AA-95-92

APELACION

Policía de Puerto Rico

Demandado-apelado

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la

resolución emitida el 23 de junio de 1995 por la

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada

señora Naveira de Rodón concurre en el resultado sin

opinión escrita.

El Juez Presidente señor Andréu

García no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo