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Tribunal Supremo de Puerto Rico

VELEZ MIRANDA V. SERVICIOS LEGALES

1998 TSPR 1

Poder Judicial de Puerto Rico

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VELEZ MIRANDA V. SERVICIOS LEGALES

CE-1994-0747

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Miriam Vélez Miranda

Demandante-recurrida

Certiorari

v.

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.

Demandados-recurrentes

Número del Caso: TSPR-98-1

Abogados Parte Demandante: Lcdo. Antonio Cuevas Delgado

Lcdo. Rafael Cuevas Kuinlam

Cuevas Kuinlam & Bermúdez

Abogados Parte Demandada: Lcdo. Dixon Cancel Mercado

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior de Mayaguez

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Fernando L. Torres Ramírez

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 1/21/1998

Materia: Accion Civil, discrimen y represalias en el empleo.

Procedimientos Sumarios de Reclamaciones

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOError! Reference source not found.

Miriam L. Vélez Miranda

Demandante-recurrida

vs.

CE-94-747

Certiorari

Servicios Legales de

Puerto Rico, Inc.

Demandados-recurrentes

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RIO

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 1998.

El

presente

recurso

plantea

la

cuestión

de

si

una

empleada que se querella de discrimen en el empleo por

razón

de

haber

informado

a

sus

superiores

sobre

un

incidente de hostigamiento sexual en el trabajo en que

alegadamente se vio involucrado otro empleado, tiene que

acogerse al procedimiento de arbitraje establecido en un

convenio

colectivo

para

formular

su

querella

o

puede

recurrir directamente al foro judicial.

I

El 9 de agosto de 1993, la demandante-recurrida, Sra.

Miriam

L.

Vélez

Miranda

(en

adelante

Sra.

Vélez)

presentó

una

querella

ante

el

Tribunal

Superior,

Sala

de

Mayagüez, bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de

octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq., contra Servicios Legales

de Puerto Rico, Inc., (en adelante Servicios Legales o la corporación)

alegando que siendo empleada de dicha corporación en el Centro de Sabana

Grande, presenció un incidente en que un abogado le imputó al Director de

dicho Centro el haberlo hostigado sexualmente, y que en cumplimiento de

su

deber

como

empleada,

notificó

dicho

incidente

a

un

Oficial

Administrativo de la corporación.1

Alega la Sra. Vélez que a partir de esa notificación, la gerencia de

la corporación inició, propició y permitió que se efectuara un patrón de

persecución y represalias contra ella.

A consecuencia de estos actos la

Sra. Vélez tuvo que acogerse a los beneficios del Fondo del Seguro del

Estado.

Como parte de las represalias se le negó también un acomodo

razonable en otra oficina de Servicios Legales para su rehabilitación.

Según las disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, el término para

Servicios Legales contestar la querella vencía el 5 de octubre de 1993.

El

1

de

octubre

de

1993,

la

querellada

presentó

una

solicitud

de

prórroga, aduciendo como razones para solicitar la misma la enfermedad de

la Directora Ejecutiva de la corporación y la necesidad de más tiempo

para realizar un estudio detallado y así poder contestar responsablemente

las alegaciones de la Sra. Vélez.

Por su parte, la Sra. Vélez se opuso a dicha prórroga, y solicitó se

anotara la rebeldía.

La Sra. Vélez sostuvo que las razones aludidas por

Servicios Legales no justificaban la concesión de un término adicional

para contestar la querella, y que dicha solicitud no cumplía con los

requisitos de la Ley Núm. 2, supra, toda vez que la misma fue juramentada

por el abogado de la querellada y no por la parte misma.

Por su parte,

Servicios Legales presentó su oposición a que se anotara la rebeldía.

1

Se alegó en la querella, además, que el empleado afectado por el

alegado hostigamiento sexual presentó una querella administrativa sobre

el incidente el mismo día y presentó posteriormente una demanda judicial.

El 10 de noviembre de 1993, el tribunal de instancia aceptó la

renuncia del abogado de Servicios Legales,2 y a su vez le ordenó a dicha

parte

que

procediera

con

la

contestación

consiguiera nueva representación legal.

a

la

querella

una

vez

A pesar de la orden emitida, la

Sra. Vélez solicitó una aclaración del tribunal para que indicara si

dicha

orden

equivalía

anotación de rebeldía.

a

dictaminar

no

ha

lugar

a

la

solicitud

de

El tribunal no actuó en torno a dicha solicitud.

En cumplimiento de la orden dictada, Servicios Legales presentó su

contestación a la querella el 30 de noviembre de 1993, dentro del término

concedido.

carecía

2

Alegó, entre otras defensas, que el tribunal de instancia

de

En dicha orden el foro de instancia le concedió un término de

quince (15) días a esta parte para conseguir nueva representación legal.

jurisdicción para entender en la reclamación, toda vez que la querellante

era

miembro

de

la

Unión

Independiente

de

Trabajadores

de

Servicios

Legales, la cual tenía con la querellada un convenio colectivo durante el

período

de

la

querella.

Sostuvo

condiciones

de

trabajo

en

y

que

especial,

dicho

un

convenio

establecía

procedimiento

de

las

quejas y

agravios, incluyendo arbitraje, que cubría esta situación y no había sido

utilizado por la querellante.

querellada

presentó

una

Basada en dicha defensa afirmativa, la

"Moción

de

Desestimación

por

Falta

de

Vélez

a

presentar

su

Jurisdicción" el 28 de diciembre de 1993.

Ante

dicha

contestación,

la

Sra.

volvió

solicitud de anotación de rebeldía el 30 de diciembre de 1993.

Servicios

Legales replicó y la Sra. Vélez presentó dúplica a la cual contestó

Servicios Legales.

instancia

emitió

Así las cosas, el 19 de mayo de 1994, el foro de

una

resolución

notificada

el

24

de

mayo

de

1994,

declarando no ha lugar la solicitud de anotación de rebeldía y ordenando

continuar con los procedimientos establecidos en la ley.

En esa misma

fecha, el tribunal de instancia dictó una segunda resolución mediante la

cual le concedió término a la querellante para mostrar causa por la cual

no debiera decretarse la desestimación de la querella a la luz de la

moción de desestimación, y le concedió término a la querellada para que

sometiera copia del convenio colectivo y elaborara sus planteamientos en

dicha moción a la luz del reclamo de la querellante a indemnización

monetaria.

Ante tales resoluciones, la querellada presentó moción en

cumplimiento de orden el 31 de mayo de 1994.

En esa misma fecha, la Sra.

Vélez presentó una moción de reconsideración del dictamen que denegó la

anotación de rebeldía el 3 de junio de 1994, y presentó su moción

mostrando causa.

La querellada presentó su oposición a la moción de

reconsideración el 10 de junio de 1994 y en la misma fecha replicó a la

mostración de causa de la querellante.

No

habiendo

el

tribunal

acogido

ni

resuelto

dicha

moción

de

reconsideración, la parte promovente la dio por rechazada de plano una

vez transcurridos diez (10) días, según la Regla 47 de Procedimiento

Civil,

32

L.P.R.A.

Ap.

III,

R.

47.

Ante

tales

circunstancias,

la

querellante procedió a radicar una petición de certiorari ante nos,

aduciendo que incidió el tribunal de instancia al conceder la prórroga y

solicitando como remedio que se ordenase la anotación de rebeldía contra

la querellada.

Dicha solicitud fue declarada no ha lugar por este

Tribunal mediante Resolución fechada 1ro de septiembre de 1994, en la que

se

confirmó

la

denegatoria

del

tribunal

de

instancia

a

anotar

la

rebeldía.3

Posteriormente, el 19 de septiembre de 1994, el Tribunal Superior,

Sala de Mayagüez, notificó a las partes una Resolución dictada el 5 de

julio de 1994, en la que ordenó anotar la rebeldía de Servicios Legales;

declaró sin lugar la

moción de desestimación instada por ésta y señaló vista en su fondo para

recibir prueba de los daños alegados.4

Inconforme con esta segunda resolución, Servicios Legales acude ante

nos planteando lo siguiente:

A:

INCIDIO EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR, SALA DE

MAYAGÜEZ, AL ANOTAR LA REBELDIA A LA PARTE

QUERELLADA VIOLENTANDO ASI LA POLITICA PUBLICA

ESTABLECIDA POR ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE QUE LOS

CASOS SE VEAN EN SUS MERITOS.

B:

INCIDIO EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR, SALA DE

MAYAGÜEZ, AL NO DARLE EL MAS ALTO GRADO DE

OBLIGATORIEDAD A LAS CLAUSULAS DE UN CONVENIO

COLECTIVO, INTERVINIENDO ASI CON EL BALANCE QUE CREA

LA PAZ LABORAL.

II

En su primer señalamiento de error, Servicios Legales plantea que el

tribunal de instancia abusó de su discreción al no concederle la prórroga

solicitada debido a que dicha solicitud no estaba debidamente juramentada

por la parte. Como indicamos anteriormente, este Foro resolvió esa misma

controversia entre las partes mediante Resolución de 1ro. de septiembre

3

Miriam L. Vélez Miranda v. Servicios Legales de Puerto Rico, CE-94-

454.

4

Dicha resolución fue emitida en respuesta a la moción de

reconsideración radicada el 3 de junio de 1994 por la querellante.

Además, expresa la querellada que debido al atraso en la notificación,

dicha resolución no pudo ser comunicada previo a que este Foro confirmara

la denegatoria de la anotación de rebeldía.

de 1994 en el caso CE-94-454.

En dicha Resolución, expresamos que:

"[...] La querellada presentó su solicitud de prórroga dentro

del término original para contestar la querella. En la misma

adujo una serie de razones que justificaban la prórroga

solicitada. No vemos cómo puede afectarse la querellante por

el

hecho de que la prórroga haya sido juramentada por el abogado y

no por la querellada."

En Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 704 (1987),

expresamos:

“No nos corresponde en esta etapa reexaminar nuevamente

aquellos planteamientos de las partes que con anterioridad

fueron adjudicados por el foro de instancia y este Tribunal.

Esos derechos y responsabilidades gozan de las características

de finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de la Ley del

Caso. No pueden revisarse. Candelaria v. Mun. De Ceiba, 114

D.P.R. 155, 156-157 (1983); Rivera v. Insurance Co. of P.R.,

103 D.P.R. 91, 94 (1974); Don Quixote Hotel v. Tribunal

Superior, 100 D.P.R. 19, 29-30 (1971); Srio. del Trabajo v.

Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967); Martínez v.

Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 552, 555 (1949).”

Resulta improcedente, por tanto, considerar y discutir nuevamente la

cuestión planteada en el primer señalamiento de error.

Ciertamente, erró

el Tribunal de instancia al no conceder la prórroga solicitada y ordenar

la

anotación

de

la

rebeldía

a

la

querella,

en

contravención

a

lo

anteriormente adjudicado por este Tribunal.

III

En su segundo señalamiento de error, Servicios Legales plantea, en

síntesis, que incidió el tribunal de instancia al concluir que el caso de

autos es uno basado en hostigamiento sexual, por lo que entendió que

poseía jurisdicción para entender en el pleito cuando en realidad existía

un

convenio

arbitrable.

colectivo

que

establecía

que

dicha

reclamación

sería

Servicios Legales fundamenta su posición citando el Artículo

7, Sección 1, y el Artículo 10 del Convenio Colectivo a los efectos de

intentar persuadirnos que la Sra. Vélez debió agotar los procedimientos

de arbitraje establecidos en el mismo.

El

Artículo

7,

Sección

1

siguiente en la parte pertinente:

del

Convenio

Colectivo,

dispone

lo

"Todas las controversias, disputas, quejas y querellas

basadas en la aplicación o interpretación de las disposiciones

de este Convenio serán de la competencia de los organismos

creados en este Artículo y de los organismos creados por ley,

una vez agotado el procedimiento establecido en este Artículo."

El Artículo 7, Sección 5 del referido convenio dispone lo siguiente:

De no llegarse a un acuerdo, el querellante podrá someter

el caso ante un Arbitro del Negociado de Conciliación y

Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha

en que la parte querellante reciba copia escrita de la decisión

de la parte querellada.

El Artículo 7, Sección 7 B, a su vez, dispone lo siguiente:

El Arbitro tendrá jurisdicción exclusiva para considerar y

resolver toda controversia o asunto que no haya sido resuelto

por los representantes de las partes, de conformidad con las

secciones precedentes, y tendrá jurisdicción original para

considerar y resolver cualquier controversia o asunto que

cualquiera de las partes considere no es susceptible de

resolución

por

dichos

representantes.

Además,

tendrá

jurisdicción exclusiva para considerar toda controversia,

disputa, queja o querella que surja en la aplicación o

interpretación de las disposiciones de este Convenio u otros

asuntos que surjan del mismo.

El

Artículo

10

del

mencionado

Convenio

Colectivo

en

su

parte

pertinente dispone lo siguiente:

"PROHIBICION DE DISCRIMEN

La Corporación no discriminará por razón de credo,

religión, raza, color, sexo, orientación sexual, origen

nacional, edad, impedimento físico o mental, conforme a lo

dispuesto en las leyes aplicables, estado civil, afiliación

política u orientación sindical contra un solicitante o

trabajador a la Corporación"

Este Tribunal no ha titubeado en determinar que las partes deben

agotar los remedios contractuales antes de acudir a los tribunales, salvo

que exista justa causa.

224, (1983).

Pagán v. Fundación Hospital Dr. Pila, 114 D.P.R.

Ello responde a varias razones, tanto del derecho de

obligaciones y contratos, como de orden público.

Primeramente, el convenio colectivo es un contrato que tiene fuerza

de ley entre las partes.

Junta de Relaciones del Trabajo v. Junta de

Administración del Muelle del Municipio de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988).

El compromiso allí consagrado de someter a ambas partes por igual al

procedimiento de arbitraje debe ser observado siempre antes de presentar

la controversia ante el foro judicial.

Segundo, el arbitraje es parte

integrante del procedimiento de negociación colectiva.

que

las

partes

disputas.

han

escogido

como

idóneo

para

la

Es el mecanismo

resolución

de

sus

Además, constituye un medio más apropiado y deseable que los

tribunales para la resolución de controversias que emanan de la relación

contractual entre las partes, ya que es menos técnico, más flexible, y

menos oneroso.

(1963).

Por

Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118

todo

lo

anterior,

en

Puerto

Rico

existe

una

vigorosa

política pública a favor del arbitraje obrero patronal.

Tomando en cuenta la voluntad de las partes al firmar el convenio

colectivo, resulta ineludible concluir que ambas partes aceptaron someter

sus quejas y agravios ante un árbitro del Negociado de Conciliación y

Arbitraje

del

Dpto.

del

Trabajo

y

Recursos

Humanos.

(en

adelante

Negociado).

Por su parte, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, en

virtud de las facultades que le confirió la Sección 4 de la Ley Núm. 15

de 14 de abril de 1931, según enmendada, 3 L.P.R.A. 304, et seq. promulgó

el Reglamento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del

Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos de Puerto Rico, (en adelante Reglamento) para gobernar

el orden interno del servicio de arbitraje que ofrece el Negociado.

Dicho

Reglamento

tiene

el

propósito

de

promover

el

arbitraje

voluntario de las controversias obreropatronales bajo aquellos convenios

colectivos o acuerdos en que se autorice al Negociado a designar un

árbitro.

Como parte de tal reglamentación, se establecieron ciertas

circunstancias en las cuales aún existiendo un acuerdo entre las partes,

el Negociado no ofrecería sus servicios de arbitraje.

El Artículo 3, inciso (d) del Reglamento dispone lo siguiente:

Los

casos

por

discriminación

cubiertos

por

las

disposiciones de la Ley 100 de 30 de junio de 1959, según

enmendada, y/o por el título VII de la Ley Federal de Derechos

Civiles de 1964, según enmendada, no se ventilarán ante los

árbitros del Negociado. Las partes podrán tramitar estos casos

siguiendo el procedimiento que a esos efectos apruebe el

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o ante los foros

administrativos o judiciales pertinentes. (Subrayado nuestro)

En

Puerto

Rico

el

discrimen

por

expresamente en nuestra Constitución.

razón

de

sexo

Art. II, Sec. 1.5

está

prohibido

La Ley Núm. 100

de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq., recogió dichos

preceptos

constitucionales

en

el

ámbito

obrero-patronal.

Dicha

ley

prohíbe el discrimen en el empleo por razón de edad, raza, color, sexo,

origen

social

o

nacional,

condición

social,

e

ideas

políticas

o

religiosas.

Conscientes

de

que

esta

ley

no

prohibía

expresamente

el

hostigamiento sexual, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 17 del 22 de

abril de 1988, 29 L.P.R.A. sec. 155.

A estos efectos se "[...] declara

como política pública del Estado Libre Asociado que el hostigamiento

sexual en el empleo es una forma de discrimen por razón de sexo y como

tal constituye una práctica ilegal e indeseable que atenta contra el

principio constitucional establecido de que la dignidad del ser humano es

inviolable."6

Resulta evidente que la Ley Núm. 17, supra, persigue el

mismo propósito que la Ley Núm. 100, supra.

virtud

del

mismo

Reglamento

Por lo tanto, vemos que

por

del

Negociado, éste impide que sus árbitros entren a conocer en la presente

controversia.

Además, al analizar la Ley Núm. 17, supra, y su historial

legislativo, resolvemos que la Sra. Vélez no estaba obligada a agotar los

procedimientos

de

arbitraje

establecidos

en

el

convenio

colectivo.

Veamos.

La Ley Núm. 17, supra, en su Artículo 5, responsabiliza al patrono

tanto por sus actos de hostigamiento como por los de sus supervisores o

5

Reza dicho Artículo de nuestra Constitución:

La dignidad del ser humano es inviolable.

Todos los

hombres son iguales ante la Ley.

No podrá establecerse

discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento,

origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.

Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública

encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.

6

29 L.P.R.A. sec. 155.

agentes, independientemente de si la actuación que originó la reclamación

fue autorizada o prohibida por el patrono.7

Además, el Artículo 9 de la

Ley responsabiliza al patrono cuando éste:

"[...] realice cualquier acto que tenga el resultado de

afectar adversamente las oportunidades, términos y condiciones

del empleo de cualquier persona que se haya opuesto a las

prácticas del patrono que sean contrarias a las disposiciones

de esta ley, o que haya radicado una querella o demanda, haya

testificado, colaborado, o de cualquier manera haya participado

en una investigación, procedimiento o vista que se inste al

amparo de esta ley."8 (Subrayado nuestro).

A estos efectos, el Artículo 13 de la citada ley señala que "a los

fines de iniciar los procedimientos judiciales bajo esta ley no será

necesario agotar los remedios administrativos."9

Resulta

ilustrativo

el

Informe

(Subrayado nuestro).

Conjunto

de

la

Cámara

de

Representantes del 23 de marzo de 1988 sobre el P. del S. 1437 al aclarar

el alcance del Artículo 13 de esta ley, el cual expresa a las páginas 8 y

9:

"El remedio provisto por esta ley es sólo exigible a

través del procedimiento judicial y por ello el Artículo 13

establece

que

no

se

requerirá

agotar

los

remedios

administrativos provistos en otras leyes, como tampoco hay que

hacerlo bajo las citadas leyes 100 y 69. Es la intención de

esta medida que el empleado afectado por un acto de

hostigamiento sexual no se vea obligado a acudir a ningún foro

administrativo antes de recurrir al foro judicial civil; ni del

Estado, ni del patrono, ni el que pudiera establecerse en

virtud de convenio. En esto último concuerda con lo resuelto

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de

Alexander v. Gardner-Denver, 415 U.S. 36 (1974)." (Subrayado

nuestro)

En Alexander v. Gardner-Denver Co., supra, el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos determinó que el derecho estatutario de un empleado a

solicitar un juicio de novo bajo el título VII de la Ley de Derechos

Civiles de 1964, no está limitado por una sumisión previa de la causa de

acción de dicho empleado ante un árbitro bajo una cláusula antidiscrimen

en un convenio colectivo.

7

29 L.P.R.A. sec. 155 d.

8

29 L.P.R.A. sec. 155 h.

29 L.P.R.A. sec. 155 l.

9

Posteriormente, en Barrentine v. Arkansas Best Freight Systems, 450

U.S.

728

(1981),

se

expandió

el

principio

sentado

en

Alexander

v.

Gardner-Denver Co., supra, a los efectos de que cuando la causa de acción

de un obrero no se deriva de un convenio colectivo, sino de un estatuto

diseñado para proveerle garantías a los trabajadores individuales, se

puede hacer caso omiso del procedimiento de arbitraje y acudir a los

tribunales para un juicio de novo.

En

Pagán

argumento

de

v.

Fundación

Barrentine,

Hospital

supra,

al

Dr.

Pila,

efecto

de

supra,

rechazamos

que

controversias

las

el

laborales fundadas en la Constitución o las leyes pueden ser ventiladas

directamente

ante

los

tribunales,

pactado en los convenios.

sin

antes

acudir

al

procedimiento

De aceptar el principio de Barrentine, supra,

concluimos que le estaríamos asestando un golpe de muerte al arbitraje

laboral

en

Puerto

Rico,

e

inundaríamos

nuestro

sistema

judicial

de

litigios que pueden resolverse más rápidamente y en modo no menos justo

por procedimientos más flexibles.

Id., a la pág. 234.

El presente caso se distingue de la situación que se nos presentó en

el caso de Pagán, supra, ya que la intención del legislador al promulgar

la Ley Núm. 17, supra, es clara al establecer que el empleado afectado

por un acto de hostigamiento sexual no se vea obligado a acudir a ningún

foro administrativo antes de recurrir al foro judicial civil; ni del

Estado, ni del patrono, ni del que pudiera establecerse en virtud de

convenio.

Reconocemos, como norma general, la política pública a favor de

arbitraje que emana de un convenio entre las partes.

v. J.R.T., 94 D.P.R. 624, 632 (1967).

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No obstante, existen excepciones

al mismo, siendo esta una por expreso mandato legislativo.

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Resolución del

Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, del 5 de julio de 1994 al declarar

sin lugar la moción de desestimación por falta de jurisdicción presentada

por Servicios Legales y se revoca la misma en cuanto a la anotación de

rebeldía,

dejándose

sin

efecto

la

rebeldía

anotada.

Se

ordena

la

continuación de los procedimientos ante el tribunal de instancia de

conformidad con lo aquí resuelto.

BALTASAR CORRADA DEL RIO

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miriam L. Vélez Miranda

Demandante-recurrida

vs.

CE-94-747

Certiorari

Servicios Legales de

Puerto Rico, Inc.

Demandados-recurrentes

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

sentencia, confirmamos la Resolución del Tribunal Superior,

Sala de Mayagüez, de 5 de julio de 1994, declarando sin

lugar la moción de desestimación por falta de jurisdicción

presentada por Servicios Legales y se revoca la misma en

cuanto a la anotación de rebeldía.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri disiente con opinión, a la cual se une la

Juez Asociada señora Naveira de Rodón.

El Juez Asociado

señor Negrón García inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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MIRIAM L. VELEZ MIRANDA

Demandante-Recurrida

vs.

SERVICIOS LEGALES DE PUERTO

RICO, INC.

Demandados-Recurrentes

CE-94-747

CERTIORARI

CE-94-747

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado Señor FUSTER BERLINGERI, a la cual se une la Juez Asociada señora

NAVEIRA DE RODON.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 1998.

No estoy de acuerdo con la decisión de la mayoría de que en este caso no procedía someter a

arbitraje la querella laboral en cuestión. Por ello disiento de la parte correspondiente de su dictamen.

Según la mayoría, en el caso de autos no procedía someter a arbitraje la querella laboral en

cuestión, porque supuestamente la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, así lo establece. Sin

embargo, todo lo que dispone esa ley, respecto a lo que aquí nos concierne, es que a los fines de

iniciar procedimientos judiciales a su amparo, "no será necesario agotar los remedios

administrativos". (Enfasis suplido). Me parece que esa escueta disposición legislativa no es

suficiente para hacer inaplicable en casos como el de autos la imperiosa política pública que

prevalece en Puerto Rico, a favor

CE-94-747

del arbitraje como medio alterno para la solución de disputas, sobre todo las de índole laboral.

Un laudo arbitral, que se origina en lo pactado en un convenio colectivo, no es esencialmente un "remedio administrativo".

En su sentido jurídico propio, el concepto de "agotar remedios administrativos" se refiere a procurar los recursos que por ley proveen

aquellos organismos públicos que se conocen comúnmente como "agencias administrativas". Tales organismos, están definidos en la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2102. El proceso de arbitraje acordado en un

convenio colectivo no es uno de éstos. Por ello, es cuando menos cuestionable, que la disposición referida de la Ley 17 sea aplicable

a este caso.

La mayoría se apoya en un mero informe legislativo para llegar a la conclusión que la Ley 17 precluye aquí el proceso de

arbitraje. Tal interpretación, sin embargo, también es cuestionable. En el informe en cuestión no se explica que uno de los propósitos

de la legislación aludida es hacer una excepción a la bien establecida política pública sobre el arbitraje laboral. El asunto ni se

menciona. Lo que el informe aludido muy escuetamente indica sobre el particular, además, es algo confuso, ya que "en virtud de

convenio" no puede establecerse "ningún foro administrativo". Más aun, lo único que así equívocamente se indica, está también

expresamente condicionado a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Alexander v. Gardner-Denver, 415 U.S. 36

(1974). En ese caso no se resolvió que en situaciones como la de autos no procede el arbitraje. En éste, el empleado querellante tenía

dos remedios diferentes disponibles: uno provisto por el convenio colectivo, y otro de alcance distinto provisto por ley. Lo que el

Supremo federal dictaminó allí fue que el proceso de arbitraje no excluía el proceso judicial; es decir, que el querellante podía acudir a

ambos. Incluso resolvió que en el proceso judicial se podía tomar en cuenta el laudo arbitral, y dársele el peso probatorio que

ameritase. Es evidente que la situación en el caso de autos, no es igual ni similar a la del caso de Alexander v. Gardner-Denver. Por

ello, no se puede, del informe legislativo que adopta lo que se resolvió en dicho caso federal, llegar a la conclusión de que en el de

autos queda excluido el proceso de arbitraje.

En resumen, pues, para resolver que por ley se le ha hecho una excepción a la importantísima política pública de Puerto Rico

a favor del arbitraje laboral, es necesario que tal excepción conste claramente. Tal no es el caso aquí. Ni la Ley 17 ni el informe

legislativo al que alude la mayoría, establecen tal excepción de modo palmario. Cualquier duda o ambigüedad tiene que resolverse a

favor del arbitraje. Como la mayoría decreta de otro modo, disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO