Tribunal Supremo de Puerto Rico
RAMOS V. RAMOS
1998 TSPR 3
Poder Judicial de Puerto Rico
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RAMOS V. RAMOS
CC-1996-0369
RES/OC/OD/VP DE CONF/VP DE CONF/OD
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Gloria E. Ramos López
Demandante-Recurrida
Certiorari
.V
TSPR-98-3
Samuel Ramos López
Demandado-Peticionario
Número del Caso: CC-96-369
Abogados Parte Demandante:
Lic. David Urbina Urbina
Abogados Parte Demandada:
Lic. Víctor M. Bermúdez Pérez
Abogados Parte Interventora:
Tribunal de Instancia:
Superior Subsección de Distrito-Sala de Caguas
Juez del Tribunal de Primera Instancia:
Hon. Carlos F. Colón Santini
Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente:
Hon. Amadeo Murga
Fecha: 1/29/1998
Materia: Cobro de Dinero
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gloria E. Ramos Figueroa
Demandante-recurrida
CC-96-369
v.
Samuel Ramos López
Demandado-peticionario
RESOLUCION
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de l998
Vista y analizada la comparecencia de la parte demandante
recurrida mostrando causa, se deniega el recurso.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton emitió voto
particular de conformidad, al cual se une el Juez Asociado señor
Corrada del Río. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió
voto particular de conformidad. El Juez Asociado señor Rebollo
López emitió opinión concurrente y disidente. La Juez Asociada
señora Naveira de Rodón emitió opinión disidente. El Juez
Presidente señor Andréu García disiente sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gloria E. Ramos Figueroa
Demandante-Recurrida
v.
CC-96-369 Certiorari
Samuel Ramos López
Demandado-Peticionario
Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado
Señor Hernández Denton, al cual se une el Juez Asociado Señor
Corrada del Río
San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1998.
El recurso de apelación instado por el peticionario Samuel Ramos
López ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones es claramente
frívolo. Por ello, estamos conformes con denegar el recurso de
certiorari presentado ante nos, dejando así inalterada la
sanción que el foro apelativo le impuso al peticionario.
-ILas partes, quienes son hermanos, participaron en un pleito
sobre división y adjudicación de los bienes hereditarios de su
padre Ramón Ramos Rodríguez, presentado ante el entonces
Tribunal Superior, Sala de Caguas. Mediante sentencia final y
firme se distribuyeron los bienes de la herencia de conformidad
y haciendo referencia al Informe del Contador Partidor, al
informe suplementario titulado "Cuaderno Particional" y al
"Addendum". Dichos documentos fueron admitidos en evidencia en
el caso de partición de herencia y en los mismos se señalaba que
el peticionario, Samuel Ramos le adeudaba a la Sucesión ciertas
cantidades de dinero incluyendo $13,370.00 a cada uno de los
hermanos, entre los que figuraba la aquí recurrida Gloria Ramos.
Esta deuda no se consignó expresamente en la sentencia.
Así las cosas, Gloria Ramos instó una demanda sobre "Cobro de
Dinero" en el Tribunal de Primera Instancia, Subsección de
Distrito de Caguas, en la que alegó que su hermano, y aquí
peticionario, le adeudaba $13,462.00 por concepto de la
partición de herencia de su padre. Alegó, además, que la deuda
era líquida y exigible, para lo cual se refirió al cuaderno
particional preparado por el contador partidor.
Posteriormente, el Tribunal de Distrito ordenó que se uniera ese
expediente al caso del Tribunal Superior para considerar la
demanda como una solicitud de ejecución de sentencia. Luego de
remitido el expediente, el Tribunal Superior ordenó que se
continuara ventilando el caso en el Tribunal de Distrito. Este
último emitió una orden mediante la cual asumió nuevamente
competencia sobre el caso.
Eventualmente, el Tribunal de Distrito emitió sentencia
declarando con lugar la demanda y condenando a Samuel Ramos a
pagarle a su hermana, Gloria Ramos, $13,370.00, las costas y
$500.00 por concepto de honorarios de abogado. Ante ese cuadro,
el peticionario interpuso recurso de apelación ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones, el cual emitió sentencia
confirmatoria. Determinó que la sentencia del tribunal de
instancia hacía referencia al Informe del Contador Partidor y al
Cuaderno Particional. Concluyó que aunque dicha sentencia no
reprodujo ad verbatim el contenido del cuaderno ni del addendum,
expresaba la intención de que los bienes fueran distribuidos
conforme al cuaderno particional donde se establecía que cada
heredero (incluyendo a Gloria Ramos) tenía una reclamación
contra Samuel Ramos, por $13,370.00. De esta manera, estimó que
la sentencia apelada había adjudicado la existencia de la deuda,
y que el peticionario litigó el pleito sin defensa válida
pretendiendo no cumplir una obligación que había sido declarada
por sentencia. Por ello, concluyó que la apelación era frívola y
a tenor con la Regla 85(B) del Reglamento del Tribunal de
Circuito de Apelaciones, condenó a la parte apelante, aquí
peticionaria, a pagar la suma de $300.00 en concepto de
honorarios de abogado.
Inconforme, Samuel Ramos instó recurso de certiorari ante nos,
planteando una serie de errores sobre la sentencia además de
alegar error en la determinación de frivolidad del Tribunal de
Circuito respecto a la apelación. Examinado el recurso,
decidimos acogerlo con el único objetivo de revisar la
determinación del foro apelativo de condenar al peticionario al
pago de honorarios de abogado. Procede denegar el recurso.
-IISamuel Ramos no tenía argumento legal válido para negarse a
cumplir con su obligación. Además, tenía conocimiento del
contenido del Informe del Contador Partidor y del Addendum. En
este último documento se establecía que tenía una deuda con su
hermana Gloria Ramos. Sin embargo, pretendía utilizar la
doctrina de cosa juzgada para liberarse de su obligación de
pago, aduciendo que en el texto de la sentencia del tribunal de
instancia no se hizo mención de la referida deuda.
Cabe señalar que el Addendum contenía la referencia a dicha
obligación. De hecho, la propia sentencia plasmaba el interés de
que se cumpliera con lo dispuesto en el Informe y en el
Addendum. De una lectura integral de esos tres documentos surge
claramente la obligación del peticionario. Pretender ampararse
en el texto limitado de la sentencia para liberarse de su
obligación nos parece una actitud frívola. La obligación de
Samuel Ramos hacia Gloria Ramos surgía de la sentencia y de los
documentos mencionados.
Por las razones antes esbozadas el propio Tribunal de Distrito
le impuso honorarios de abogado ascendentes a $500.00 al
peticionario por considerar que actuó con temeridad. El Tribunal
de Circuito confirmó esta determinación, y amparándose en el
poder que le confiere la Ley de la Judicatura y el Reglamento
del Tribunal, le impuso honorarios de abogado al concluir que a
su vez, la apelación fue frívola. Nada nos parece más apropiado.
Reproducir en el foro apelativo los argumentos que presentó en
instancia de forma temeraria es igualmente frívolo y temerario,
y merece ser censurado enérgicamente y desalentado por los
tribunales.
No estimamos como persuasivo el argumento de que la teoría del
peticionario tenía cierta lógica ni que era suficiente para
determinar que no procedían las sanciones en apelación. Si así
fuera, amparándose en el derecho a apelar contemplado en la Ley
de la Judicatura, toda parte perdidosa en instancia, podría
conseguir un abogado que esbozara una teoría que justificara su
posición, por frívola que fuera. Este no es el propósito de la
ley. Permitir la radicación de casos frívolos e inmeritorios no
opera a favor de la sana administración de la justicia.
El derecho a que un panel de jueces revise las actuaciones de
los tribunales de instancia no significa que exista carta
abierta para apelar por cualquier razón sin contar con
fundamentos válidos en derecho. Flaco servicio le hacemos a la
administración de la justicia al ampararnos en el derecho a
apelar para restringir la facultad concedida al Tribunal de
Circuito de Apelaciones tanto en la Ley de la Judicatura como en
su Reglamento, para que, en los casos que estime prudente,
imponga sanciones y honorarios de abogado por la presentación de
recursos frívolos.
Hoy este Tribunal actúa correctamente al denegar el presente
recurso, dejando inalterada la sanción que el Tribunal de
Circuito de Apelaciones impuso al peticionario.
Federico Hernández Denton
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
GLORIA E. RAMOS FIGUEROA
Demandante-Recurrida
vs.
CC-96-369 CERTIORARI
SAMUEL RAMOS LOPEZ
Demandado-Peticionario
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado
señor
FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1998.
En el caso de autos, el 1ro de noviembre de 1996 emitimos una
resolución, concediéndole a la parte recurrida un término para
mostrar causa por la cual no debíamos expedir el recurso de
certiorari solicitado, y revocar la decisión del Tribunal de
Circuito de Apelaciones de imponerle una sanción al recurrente
por entender que el recurso presentado por éste ante dicho foro
era frívolo.
Cuando emitimos la resolución aludida, lo hicimos preocupados
por la posibilidad de que el foro apelativo hubiese actuado con
excesiva severidad al imponer la sanción por frivolidad aludida.
En efecto, entonces como ahora nos inquieta el efecto indeseado
que puede tener una aplicación muy rígida del mecanismo de
sanciones por frivolidad de parte del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, en los casos sobre los cuales tiene competencia.
Ese foro fue creado por la Asamblea Legislativa precisamente
para asegurar que toda persona afectada adversamente por una
decisión de un tribunal de instancia, tuviese el derecho a que
dicha decisión fuese revisada a fondo por un foro apelativo. Por
ello, el Tribunal de Circuito de Apelaciones debe ser muy
cuidadoso al aplicar sanciones por frivolidad, para evitar que
la imposición de tales sanciones tenga un efecto adverso sobre
el ejercicio del derecho aludido, al disuadir a las partes de
presentar recursos de apelación ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones, por temor a ser sancionados económicamente. En mi
criterio, de existir duda sobre la frivolidad de un recurso, la
balanza debe inclinarse a favor del apelante o recurrente.
Lo anterior no obstante, luego de considerar más a fondo la
cuestión ante nos en el caso de autos, me veo obligado a
concluir que realmente no estamos en posición de determinar si
la apelación presentada ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones era frívola o no. El peticionario no nos ha puesto
en condición para hacer tal determinación.
No cabe duda de que la apelación que nos concierne aquí hubiese
sido frívola, si el tribunal de instancia hubiese incorporado en
su sentencia original el inciso 22 del Addendum que formaba
parte del cuaderno particional, presentado ante ese tribunal por
el contador-partidor, en el cual expresamente se reconocía la
deuda en cuestión. Nótese que así lo hizo el tribunal, casi ad
verbatim, con todos los demás 23 incisos del referido documento.
Resulta meridianamente claro que, si tal hubiera sido el caso,
contra el peticionario hubiese existido una sentencia firme y
final, mediante la cual se habrían distribuido todos los bienes
de la herencia en cuestión, de conformidad con el informe de un
contador-partidor nombrado en el caso. La partición judicial de
la herencia, adoptada y autorizada por el tribunal de instancia
en la sentencia original, claramente hubiese convertido al
peticionario en deudor de la parte recurrida, y tal deuda en una
que era líquida y exigible. En tales circunstancias, la negativa
del peticionario a pagar lo adeudado, que obligó a la recurrida
a instar una acción de cobro de dinero, hubiese constituido una
actitud contumaz, que merecía la imposición de sanciones por
frivolidad.
Sobre el particular, debe recordarse que el Artículo 1021 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 2901, dispone que:
"La partición legalmente hecha confiere a cada
heredero la propiedad exclusiva de los bienes
que le hayan sido adjudicados."
Como bien ha señalado el profesor Vélez Torres, una vez se
realiza la partición, desaparece del patrimonio del heredero el
derecho sobre una cuota indivisa, y éste adviene titular
exclusivo de bienes individualizados. Vélez Torres, Curso de
Derecho Civil, Tomo IV, Vol. III, Pág. 526. De haberse incluido
el referido inciso en la sentencia original, al advenir ésta en
final y firme como ocurrió, el demandado-apelante en el caso de
autos se habría convertido indudablemente en un deudor de la
demandante, por la cantidad indicada en el cuaderno particional,
y su renuencia a pagar dicha cantidad por espacio de cuatro años
no tendría justificación legal alguna. En esas circunstancias,
tanto el tribunal de instancia en el segundo pleito de cobro de
dinero, como el de Circuito de Apelaciones en el recurso que nos
concierne aquí, hubiesen estado totalmente justificados a
imponer sanciones por frivolidad, como lo hicieron.
Sin embargo, en el recurso ante nos, el peticionario no nos ha
puesto en condiciones de poder esclarecer precisamente qué fue
lo que realmente aconteció en el presente caso sobre el asunto
en cuestión. No sabemos, a ciencia cierta, porqué el tribunal de
instancia en la sentencia de partición original, no incorporó
expresamente el referido inciso 22 del Addendum, que formaba
parte integral del cuaderno particional, aunque sí incorporó los
otros 23 incisos. Probablemente fue un error de mecanografía, ya
que la cantidad total del patrimonio que debía distribuirse,
según la sentencia en cuestión, y el propio cuaderno
particional, incluía lo dispuesto en ese inciso. Es decir, sin
el inciso en cuestión, no se podía hacer cabalmente la
distribución del caudal hereditario, como se hizo en la referida
sentencia. Es probable que en otros documentos judiciales
posteriores considerados por el foro de instancia, esta omisión
haya sido subsanada. De ser ello así, estaría justificada
claramente la determinación de frivolidad que posteriormente
hicieron tanto el foro de instancia, como el apelativo. Pero no
tenemos manera de saber con certeza, si ello fue así. En su
petición de certiorari ante nos, el peticionario omitió incluir
documentos indispensables para poder resolver la cuestión de
frivolidad aludida, como lo serían todas aquellas resoluciones,
minutas, órdenes y mociones presentadas y dictadas originalmente
en instancia sobre la partición de la herencia. Concretamente,
el peticionario no incluyó: 1) el primer informe rendido por el
contador-partidor el 11 de enero de 1989; 2) la resolución del
tribunal de instancia fechada 19 de mayo de 1989, mediante la
cual se aprobó ese informe; 3) el segundo informe presentado por
el contador-partidor el 18 de junio de 1990, y 4) su
correspondiente aprobación judicial mediante resolución de 5 de
julio de 1990; 5) las mociones del peticionario impugnando el
contenido de esos informes; y 6) las minutas o resoluciones
dictadas respecto a dichas impugnaciones.
Evidentemente, el tribunal de instancia, y el de Circuito de
Apelaciones al elevar los autos originales del caso, tuvieron
ante sí un cuadro completo de los hechos pertinentes aquí,
mediante el examen de los documentos identificados antes. Por
ello, es probable que sus respectivas determinaciones de
frivolidad hayan sido correctas. No es esa, sin embargo, nuestra
situación.
En resumen, pues, como el peticionario no nos ha puesto en
posición de resolver el asunto, lo propio es que se deniegue el
recurso ante nos en este caso, por craso incumplimiento con
nuestro Reglamento. Ello es lo que procede, porque no podemos
realmente considerar en sus méritos el asunto de frivolidad, a
base del expediente ante nos.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gloria E. Ramos Figueroa
Demandante-recurrida
CC-96-369 CERTIORARI
vs.
Samuel Ramos López
Demandado-peticionario
OPINIÓN CONCURRENTE Y DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR
REBOLLO LÓPEZ
En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 1998
No obstante estar conforme con la posición de la mayoría de los
integrantes del Tribunal a los efectos de que no le asiste la
razón, en los méritos, a la parte peticionaria, expediríamos el
recurso radicado a los únicos fines de eliminar la sanción
económica que, por alegada frivolidad, le impuso el Tribunal de
Circuito de Apelaciones a dicha parte.
Por años, un alto por ciento de los abogados del País estuvieron
clamando por que se estableciera en nuestra jurisdicción el
derecho a apelar ante este Tribunal de una sentencia final
emitida por los tribunales de instancia en casos civiles, ello
en sustitución del sistema discrecional, de expedir o no el
recurso radicado, que tenía este Foro en relación a dichos
recursos civiles.
La Asamblea Legislativa entendió procedente establecer ese
derecho de apelación en casos civiles. A esos efectos creó un
tribunal apelativo intermedio; hoy, el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Al así actuar, el legislador claramente expresó que
lo hacía con el propósito de asegurar "...el derecho de
apelación a los ciudadanos en casos civiles y criminales..." y
para extender "...a todo puertorriqueño afectado adversamente
por una decisión de un tribunal, el derecho a que un panel
apelativo de un mínimo de tres jueces revise esa decisión".
(Enfasis suplido.)
El legislador, sin embargo, le concedió la facultad a dicho
tribunal apelativo intermedio de imponer sanciones económicas a
los litigantes en casos en que dicho foro judicial determine
"...que el recurso ante su consideración es frívolo o que se
presentó [el mismo] para dilatar los procedimientos...";
disposición estatutaria que choca, o resulta ser un tanto
contraria, al derecho de apelación establecido.
Dicha situación nos obliga a interpretar y/o a establecer un
balance entre la disposición estatutaria antes mencionada y la
evidente intención legislativa de brindarle a nuestros
conciudadanos el derecho a apelar de sentencias emitidas por los
tribunales de instancia; ello con el propósito de "...penetrar
la superficie verbal del problema ante nos, precisar el diseño y
la razón de ser de las disposiciones legales que nos ocupan,
sopesar los intereses en juego, para intentar acercarnos a la
interpretación más justiciera." Pueblo v. Tribunal Superior, 104
D.P.R. 363, 366 (1975).
Somos del criterio que el Tribunal, efectiva y correctamente así
lo haría estableciendo la norma a los efectos de que la
determinación de frivolidad, por parte del Tribunal de Circuito
de Apelaciones, únicamente procederá en situaciones enteramente
irrazonables, claramente inmeritorias, o sin peso ni lógica
alguna.
Permitir lo contrario derrota el propósito principal que tuvo el
legislador al precisamente establecer o crear el Tribunal de
Circuito de Apelaciones y tendrá un efecto demoledor, o
disuasivo, sobre los ciudadanos que resultan perjudicados por
una decisión de un tribunal de instancia; ello por el temor a
ser sancionados económicamente.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gloria E. Ramos Figueroa
Demandante-recurrida
v.
CC-96-369 Certiorari
Samuel Ramos López
Demandado-peticionario
Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora
NAVEIRA DE RODON.
En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 1998
La demandante recurrida, Gloria E. Ramos Figueroa y el demandado peticionario, Samuel
Ramos López, fueron parte demandada en un caso anterior sobre división y adjudicación de los
bienes hereditarios de Ramón Ramos Rodríguez, padre de ambos (Civil Núm. RF-80-2180).
Dicho procedimiento concluyó mediante sentencia dictada el 14 de junio de 1990, por el
entonces Tribunal Superior, Sala de Caguas (Hon. Julio Berríos Jiménez), la cual es final y
firme. Dicha sentencia distribuyó los bienes de la herencia de conformidad con el Informe del
Contador Partidor nombrado en el caso, así como de un informe suplementario titulado
"Cuaderno Particional" y de un "Addendum" que formaba parte de éste. Dichos documentos
fueron admitidos en evidencia en el caso de partición de herencia y en los mismos se señala que
Samuel Ramos López le adeudaba a la Sucesión "la suma de ciento seis mil, setecientos sesenta
y tres dólares ($106,763) de los cuales le corresponden cincuenta y tres mil, cuatrocientos
ochenta y dos dólares ($53,482) a Doña Celia López Estrella y trece mil, trescientos setenta
dólares ($13,370) a cada uno de los hermanos Salustiano Ramos López, Gloria Ramos Figueroa,
Angel Luis Ramos López y Ramón Ramos López" (Ap. pág. 68). Esta deuda no se consignó en
la sentencia.
El 19 de abril de 1994, Gloria E. Ramos Figueroa presentó demanda sobre "Cobro de Dinero" en
el hoy Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito, Sala de Caguas. Alegó que el
demandado Samuel Ramos López le adeudaba la cantidad de trece mil, cuatrocientos sesenta y
dos dólares ($13,462) por concepto de la partición de herencia de su extinto padre. Alegó,
además, que la deuda era líquida y exigible, para lo cual se refirió a un cuaderno particional
preparado por el Contador Partidor nombrado en el caso de partición de herencia, con fecha de
19 de diciembre de 1990.
El 10 de junio de 1994, se celebró una vista sobre el estado de los procedimientos, a raíz de la
cual, el mismo día, el tribunal dictó la siguiente orden:
"El Tribunal ordena que se una este expediente al caso RF80-2180 del Tribunal
Superior de Caguas, con el fin de considerar la demanda como una solicitud de
ejecución de sentencia en cuanto al demandado por lo que solicita en la misma. Se
ordena el traslado al Tribunal Superior." (Ap. pág. 22).
El 16 de septiembre de 1994, la Secretaría del Tribunal de Distrito remitió el expediente a la
Secretaría del Tribunal Superior. (Ap. pág. 23). Sin embargo, el 24 de octubre de 1994, el
Tribunal de Distrito dictó la siguiente orden:
"En vista de la Orden del Tribunal Superior (29 sept. 1994) el Tribunal de Distrito
asume de nuevo competencia y señala C.A.J."
El Tribunal de Distrito señaló el caso para vista en su fondo, la cual se celebró el 2 de mayo de
1995. Posteriormente, el 6 de noviembre de 1995, dictó sentencia declarando con lugar la
demanda. Condenó al demandado peticionario a pagar a la demandante recurrida la suma de
trece mil, trescientos setenta dólares ($13,370), más los intereses devengados desde que se dictó
la sentencia en el caso RF80-2180, las costas y la cantidad de quinientos dólares ($500) por
concepto de honorarios de abogado.
El demandado peticionario interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Este dictó sentencia el 30 de agosto de 1996, mediante la cual confirmó la
sentencia apelada. Concluyó, además, que la apelación era frívola y a tenor con la Regla 85(B)
del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, le impuso a la parte apelante, aquí
peticionaria, la suma de trescientos dólares ($300) de honorarios de abogado.
Inconforme con dicha sentencia el demandado peticionario acudió ante nos mediante recurso de
certiorari. Planteó una serie de errores relacionados a la procedencia de la sentencia del Tribunal
de Circuito de Apelaciones en los méritos. Además, planteó como error la determinación de
frivolidad por parte del Tribunal de Circuito de Apelaciones, respecto a la apelación. El pasado
1ro de noviembre de 1996, emitimos la siguiente resolución:
"Visto el recurso presentado por el demandado peticionario, se le concede a la
demandante recurrida el término de veinte (20) días, contados a partir de la
notificación de esta resolución, para que muestre causa por la cual no debamos
expedir el recurso presentado y dictar sentencia modificando la emitida por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, a los únicos efectos de eliminar de la misma
la imposición de los trescientos dólares ($300.00) impuestos como sanción por
entender que el recurso es frívolo."
La demandante recurrida ha comparecido mediante Moción Informativa en Cumplimiento de
Orden de Mostrar Causa. Señala que procede la imposición de la sanción por frivolidad ya que
"no existía ninguna controversia de derecho legítima sobre la correción de la sentencia recurrida"
que justificara apelar al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por las razones que a continuación
exponemos disentimos de la resolución que hoy adopta la mayoría.
La demandante recurrida en esencia se refiere a la aplicación de la doctrina de la cosa juzgada
con relación a la sentencia dictada el 14 de junio de 1990, en el caso de división de herencia, y el
efecto dispositivo de ésta sobre el caso de autos. En instancia invocó la referida doctrina en su
vertiente ofensiva, mientras que el demandado peticionario hizo lo propio, mas en su vertiente
defensiva. Ambas partes se refirieron a los efectos de la sentencia sobre la alegada deuda del
demandado peticionario para con la demandante recurrida, por la cantidad de trece mil
cuatrocientos sesenta y dos dólares ($13,462).
La demandante recurrida argumentó que la sentencia de 14 de junio de 1990 adjudicó la
existencia de la referida deuda y su cuantía. Se refería a un cuaderno particional presentado por
el Contador Partidor nombrado por el tribunal en el caso de división de herencia, que fue
admitido en evidencia. De una nota al pie del cuaderno particional surge lo siguiente: "Cada
heredero y la Sra. Celia López tienen una reclamación contra Samuel [Ramos-López] por
$107,693- ($53,846 la Sra. Celia López y $13,462 cada heredero)." Esta nota no se incorporó
expresamente en la sentencia del 14 de junio de 1990, hecho en el cual el demandado
peticionario basó la defensa de cosa juzgada.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones acogió la posición de la demandante recurrida. En lo
pertinente se expresó el Tribunal de Circuito de Apelaciones de la siguiente forma:
"La sentencia [de 14 de junio de 1990] hace referencia al informe sometido por el
contador-partidor nombrado en el caso..., así como a un informe suplementario
titulado 'Cuaderno Particional', de fecha de 15 de junio de 1990, el cual consta de
dos páginas y fue ofrecido y admitido en evidencia en el referido procedimiento.
La referida sentencia no vacía ad verbatim el contenido del cuaderno particional
ni el addendum que formaba parte de éste. Sin embargo, expresa la intención de
que los bienes sean distribuidos conforme al cuaderno particional'." Sentencia
recurrida, pág. 2.
De aquí el Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó que el recurso era frívolo e impuso
una sanción de trescientos dólares ($300) al apelante.
Hemos analizado detenidamente los documentos que obran en autos, los mismos que tuvo ante sí
el Tribunal de Circuito de Apelaciones. De un análisis objetivo de su contenido no puede
colegirse inequívocamente que los planteamientos del peticionario ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones fuesen frívolos, carentes de toda lógica y razonabilidad. Un análisis sobre la
frivolidad de un recurso no entraña el que se esté de acuerdo con los planteamientos aducidos.
Basta con que éstos esbocen un punto de vista contrario que pueda ser sostenido mediante un
análisis lógico de los hechos y el derecho para que se descarte la posibilidad de que el recurso se
considere frívolo y se impongan sanciones.
La Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, aprobado el 25 de abril de
1996, dispone en referencia al asunto de la frivolidad lo siguiente:
"Si el Tribunal de Circuito de Apelaciones determina que el recurso ante su
consideración es frívolo o que se presentó para dilatar los procedimientos, lo
denegará o desestimará, según sea el caso, e impondrá a la parte promovente o a
su abogado(a) las costas, los gastos, los honorarios de abogado(a) y la sanción
económica que estime apropiada, la cual deberá reflejar en lo posible, el costo de
la dilación para el Estado y para la parte opositora recurrida causado por la
interposición del recurso, conforme a las guías que establezca el Tribunal de
Circuito de Apelaciones." Regla 85(B) del Reglamento del Tribunal de Circuito
de Apelaciones, vigente.
Igual disposición contiene la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada. Sin
embargo, ninguno de estos dos cuerpos legales define el concepto.
La reseñada omisión en la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y en el Reglamento del
Tribunal de Circuito de Apelaciones se justifica, dado que se trata de un concepto que
históricamente ha evitado ser encasillado dentro de parámetros definitorios estrictos. La
frivolidad equivale a "[a]quello que no tiene razón de ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna."
Rivera García, I. Diccionario de Términos Jurídicos, Equity Publishing Corp., 2da ed., 1985, pág.
108. La determinación de frivolidad en apelación debe atender las cuestiones de hechos y de
derecho del caso ante el tribunal apelativo. Debe darse paso a las inferencias que razonablemente
puedan hacer las partes de los hechos y del derecho aplicables. Sólo lo enteramente irrazonable o
inmeritorio debe permitir una determinación de frivolidad.
Estos criterios analíticos se imponen con mayor rigor con relación a los recursos de apelación
que se presentan ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El hecho que el legislador haya
concedido expresamente al Tribunal de Circuito de Apelaciones la facultad de imponer sanciones
por frivolidad, no desplaza la norma que hemos resaltado en el pasado a los efectos de que al
interpretar su Reglamento y la Ley de la Judictura de Puerto Rico de 1994, el Tribunal de
Circuito de Apelaciones debe promover que se adelante el propósito de asegurar "el derecho de
apelación a los ciudadanos en casos civiles y criminales", y extender "a todo puertorriqueño
afectado adversamente por una decisión de un tribunal el derecho a que un panel apelativo de un
mínimo de tres jueces revise esa decisión." Exposición de Motivos, Ley de la Judicatura de
Puerto Rico de 1994. Plan Núm. 1 de Reorganización de la Rama Judicial, 28 de julio de 1994.
Véase, Sociedad Legal de Gananciales v. García Robles, P.C. de 23 de enero de 1997, 142
D.P.R.____ (1997), 97 J.T.S. 7.
Una aplicación irrestricta del mecanismo de sanciones por frivolidad podría dar al traste con el
interés de promover los propósitos reseñados. Tendría un efecto entorpecedor sobre el ejercicio
de un derecho reconocido por la legislatura, al disuadir a las partes de presentar recursos de
apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, por temor a ser sancionados
económicamente. Ello con más razón cuando la sanción se impone directamente a la parte. La
posibilidad de que las actuaciones del Tribunal de Circuito de Apelaciones tengan este efecto
indeseado debe operar en el ánimo del juzgador impidiendo la imposición de sanciones, excepto
en casos claramente inmeritorios. Así pues, la determinación de frivolidad que puede
legítimamente efectuar el Tribunal de Circuito de Apelaciones, al amparo de la Regla 85(B) de
su Reglamento, depende de que la posición que esgrima la parte ante él no tenga razón de ser, sin
méritos, sin peso ni lógica alguna, a la luz de los hechos del caso y del derecho aplicable. De
existir duda sobre la frivolidad de un recurso, la balanza debe inclinarse a favor del apelante o
recurrente. Ante este marco normativo debemos analizar la procedencia de la sanción por
frivolidad impuesta por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a la parte en el caso de autos.
En su escrito de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el demandado
peticionario le imputó al Tribunal de Primera Instancia haber errado al declarar con lugar la
demanda, no obstante ser de aplicación la doctrina de cosa juzgada con relación a la sentencia
dictada en el caso RF80-2180. Reprodujo así el argumento que había esgrimido ante el Tribunal
de Primera Instancia. Contrario a lo planteado por el demandado peticionario, el Tribunal de
Circuito de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Sostuvo
que la sentencia dictada en el caso RF80-8120 "expresa la intención de que los bienes sean
distribuidos 'conforme al cuaderno particional, a lo que surge del Addendum que fue unido a la
Moción ofrecida en evidencia suscrito por el contador partidor", que detallaba la deuda del
demandado peticionario para con la demandante recurrida. De ahí que el Tribunal de Circuito de
Apelaciones manifestara lo siguiente:
"El demandado litigó el pleito sin defensa válida alguna pretendiendo no cumplir
una obligación que había sido declarada por sentencia. No hay razón por la cual,
luego de más de cuatro años, no pagara la obligación que se había declarado en el
pleito RF80-2180. El demandado en su alegato nos señala que en la sentencia
dictada no se adjudicó ninguna deuda que tuviera el demandado con la
demandante y que la demandante lo que pretende cobrar es una supuesta deuda
que tiene el demandado con ella. A la luz de los hechos del caso su temeridad es
manifiesta... Estimamos, igualmente, que el recurso ante nosotros es frívolo..."
Sentencia recurrida, págs. 5-6. (Enfasis nuestro.)
De los documentos que obran en autos, los cuales hemos analizado detenidamente, no puede
sostenerse que en principio la sentencia del caso RF80-2180 dispusiera automáticamente del caso
de marras, de forma tal que cualquier planteamiento en contrario pueda ser calificado de frívolo.
Es decir, a la luz de estos hechos, sostener una posición contraria podría resultar justificada,
meritoria y lógica. Es simplemente un punto de vista distinto que no prevaleció ni ante el
Tribunal de Primera Instancia ni ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El hecho de no
prevalecer por sí solo no convierte el planteamiento en frívolo. Veamos.
Primeramente, la referencia que hace el Tribunal de Circuito de Apelaciones a la sentencia en el
caso RF80-2180, para sostener su interpretación de que dicha sentencia tenía la intención de que
todos los bienes fueran distribuidos de conformidad con el cuaderno particional, se basa en
hechos que son suceptibles a distintas interpretaciones. Al recurrir a la sentencia del caso RF802180 notamos que esa referencia expresa al cuaderno particional aludía a un asunto en particular
y no a la totalidad de los bienes. En lo pertinente, dispuso el Tribunal de Primera Instancia en el
caso RF80-2180 lo siguiente:
"Asimismo se dispone si es que ya no se ha hecho que unos dineros que
pertenecen a la sucesión que nos ocupa y que tiene bajo su custodia el coheredero
Salustiano Ramos López montante a $2,974.00 deberán ser entregados si es que
no han sido entregados ya, al Contador Partidor... para ser distribuidos conforme
al Cuaderno Particional, a lo que surge del Addendum que fue unido a la Moción
Ofreciendo Evidencia suscrito por dicho Contador Partidor." Sentencia de 14 de
junio de 1990, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso civil RF802180. (Enfasis nuestro.)
Del texto íntegro de la sentencia en el caso original surge que las expresiones citadas podrían
razonablemente merecer un alcance mucho más limitado que el atribuido por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones en la sentencia recurrida.
Además, cabe destacar que la porción transcrita de la sentencia dictada en el caso RF80-2180
recoge la única instancia en que aquel tribunal hizo alusión a deuda alguna que tuvieran los
herederos para con el caudal. Es decir, la deuda del demandado peticionario para con el caudal
no fue incluida en la sentencia dictada, a diferencia de la deuda de otro heredero que, como
hemos visto, fue consignada expresamente. Ambas deudas surgían del Addendum al Informe del
Contador Partidor y solo la del coheredero Salustiano Ramos López fue incluida en la sentencia,
por lo que podría interpretarse que la alegada deuda del demandado peticionario fue
expresamente omitida por el tribunal sentenciador. Es también significativo para el asunto que
nos ocupa que el inciso del Addendum que recogía la deuda del demandado peticionario para
con los otros coherederos fue el único inciso omitido por el tribunal de instancia en su sentencia.
Todos los otros incisos fueron incorporados a la sentencia, en ocasiones ad verbatim, inclusive
en el mismo orden. Estas consideraciones de por sí podrían justificar una interpretación contraria
a la dispuesta por el tribunal de instancia en el caso de marras, en torno a si la sentencia del caso
RF80-2180 establecía la existencia de la deuda del demandado peticionario con la demandante
recurrida.
Abunda a la ausencia de frivolidad en este caso el hecho de que el tribunal sentenciador aplicó la
doctrina de cosa juzgada en su vertiente de impedimento colateral por sentencia al resolver el
caso en instancia. Reconoció también que la aplicación de la referida doctrina requiere la
concurrencia de "la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los
litigantes y la calidad con que la fueron." Art. 1204, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
sec. 3343. Cabe, pues, destacar en este respecto que en el caso RF80-2180 las partes en el
presente caso fueron codemandados y el pleito era de división de herencia. Es decir, en aquel
caso las partes no se enfrentaron en un proceso adversativo en calidad de acreedor y deudor
como en el caso de autos, sino como copartes en calidad de coherederos. Ante esta situación
resultaba al menos cuestionable la aplicación de la doctrina de cosa juzgada al caso de autos.
Otra consideración que podría impedir la aplicación inflexible de la doctrina de cosa juzgada es
que lo alegado en la demanda del caso de autos no se adecua exactamente a la sentencia del caso
RF80-2180. Por ejemplo, del Informe del Contador Partidor al que hizo referencia la demandante
recurrida en instancia, surgía que la deuda del demandado peticionario ascendía a trece mil
trescientos setenta dólares ($13,370). Sin embargo, en la demanda de autos la demandante
recurrida expresa que el principal de la deuda a cobrar ascendía a tres mil cuatrocientos sesenta y
dos dólares ($13,462), una cantidad distinta a la que surgía del Informe del Contador Partidor en
el caso RF80-2180. Además, en la demanda se hace referencia a un cuaderno particional con
fecha de 19 de diciembre de 1990, el cual de forma alguna puede contribuir a los efectos de cosa
juzgada de la sentencia dictada seis (6) meses antes, el 14 de junio de 1990.
Por último, debemos también atender el trámite del caso de autos en el tribunal de instancia.
Recordemos que el caso, inicialmente presentado ante el entonces Tribunal de Distrito, fue
trasladado al Tribunal Superior, para que el expediente fuese unido al del caso RF80-2180 y la
demanda se tratara como una solicitud de ejecución de sentencia. De esta actuación surgía la
impresión del Tribunal de Distrito que la controversia del caso ya había sido resuelta en el RF802180. Por lo tanto, al negarse el Tribunal Superior a aceptar el traslado efectuado por el Tribunal
de Distrito surgió la razonable impresión de que aquél entendió que se trataba de un asunto
nuevo, no resuelto en el pleito original, por lo que el remedio no podía obtenerse mediante la
ejecución de la sentencia dictada en el RF80-2180.
Todos estos elementos, que matizan los hechos del caso de autos, justifican que el demandado
peticionario haya acudido en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones a impugnar la
determinación emitida por el tribunal de instancia. Para fines de la presenta controversia, que se
refiere a la procedencia de la sanción por frivolidad impuesta al apelante por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones, las inconsistencias señaladas hacían meritorio el planteamiento del
demandado peticionario sobre la aplicación de la cosa juzgada en su vertiente defensiva. Por lo
tanto, se justificaba que el mismo fuese reiterado ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, de
forma tal que un tribunal colegiado, de al menos tres (3) jueces, pudiese evaluar la determinación
efectuada por un Juez del Tribunal de Primera Instancia. Esto no significa que el peticionario
tuviese que prevalecer en sus planteamientos, o sea que le asistiese la razón. El propósito que
persigue la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada, es darle la
oportunidad a un litigante a que un foro colegiado pase juicio y determine la posición que debe
prevalecer cuando existan varias posiciones que resultan conflictivas. Entendemos que la
imposición de sanciones a la parte por frivolidad, en casos como el presente, produce un efecto
negativo sobre el ejercicio de un derecho claramente reconocido por legislación. Este efecto
trastoca el esquema creado al aprobarse la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, por lo
que no convalidaremos prácticas que lo produzcan.
Por las razones expuestas, disentimos de la posición que hoy adopta la mayoría de este Tribunal.
Expediríamos el recurso a los únicos efectos de eliminar la sanción de $300.00 impuesta por
dicho Tribunal al demandado peticionario, y así modificada la confirmaríamos.
MIRIAM NAVEIRA DE RODON
Juez Asociada
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