LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

RAMOS V. RAMOS

1998 TSPR 3

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

RAMOS V. RAMOS

CC-1996-0369

RES/OC/OD/VP DE CONF/VP DE CONF/OD

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Gloria E. Ramos López

Demandante-Recurrida

Certiorari

.V

TSPR-98-3

Samuel Ramos López

Demandado-Peticionario

Número del Caso: CC-96-369

Abogados Parte Demandante:

Lic. David Urbina Urbina

Abogados Parte Demandada:

Lic. Víctor M. Bermúdez Pérez

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia:

Superior Subsección de Distrito-Sala de Caguas

Juez del Tribunal de Primera Instancia:

Hon. Carlos F. Colón Santini

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI

Juez Ponente:

Hon. Amadeo Murga

Fecha: 1/29/1998

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento

oficial del Tribunal Supremo que está sujeto

a los cambios y correciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gloria E. Ramos Figueroa

Demandante-recurrida

CC-96-369

v.

Samuel Ramos López

Demandado-peticionario

RESOLUCION

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de l998

Vista y analizada la comparecencia de la parte demandante

recurrida mostrando causa, se deniega el recurso.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton emitió voto

particular de conformidad, al cual se une el Juez Asociado señor

Corrada del Río. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió

voto particular de conformidad. El Juez Asociado señor Rebollo

López emitió opinión concurrente y disidente. La Juez Asociada

señora Naveira de Rodón emitió opinión disidente. El Juez

Presidente señor Andréu García disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gloria E. Ramos Figueroa

Demandante-Recurrida

v.

CC-96-369 Certiorari

Samuel Ramos López

Demandado-Peticionario

Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado

Señor Hernández Denton, al cual se une el Juez Asociado Señor

Corrada del Río

San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1998.

El recurso de apelación instado por el peticionario Samuel Ramos

López ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones es claramente

frívolo. Por ello, estamos conformes con denegar el recurso de

certiorari presentado ante nos, dejando así inalterada la

sanción que el foro apelativo le impuso al peticionario.

-ILas partes, quienes son hermanos, participaron en un pleito

sobre división y adjudicación de los bienes hereditarios de su

padre Ramón Ramos Rodríguez, presentado ante el entonces

Tribunal Superior, Sala de Caguas. Mediante sentencia final y

firme se distribuyeron los bienes de la herencia de conformidad

y haciendo referencia al Informe del Contador Partidor, al

informe suplementario titulado "Cuaderno Particional" y al

"Addendum". Dichos documentos fueron admitidos en evidencia en

el caso de partición de herencia y en los mismos se señalaba que

el peticionario, Samuel Ramos le adeudaba a la Sucesión ciertas

cantidades de dinero incluyendo $13,370.00 a cada uno de los

hermanos, entre los que figuraba la aquí recurrida Gloria Ramos.

Esta deuda no se consignó expresamente en la sentencia.

Así las cosas, Gloria Ramos instó una demanda sobre "Cobro de

Dinero" en el Tribunal de Primera Instancia, Subsección de

Distrito de Caguas, en la que alegó que su hermano, y aquí

peticionario, le adeudaba $13,462.00 por concepto de la

partición de herencia de su padre. Alegó, además, que la deuda

era líquida y exigible, para lo cual se refirió al cuaderno

particional preparado por el contador partidor.

Posteriormente, el Tribunal de Distrito ordenó que se uniera ese

expediente al caso del Tribunal Superior para considerar la

demanda como una solicitud de ejecución de sentencia. Luego de

remitido el expediente, el Tribunal Superior ordenó que se

continuara ventilando el caso en el Tribunal de Distrito. Este

último emitió una orden mediante la cual asumió nuevamente

competencia sobre el caso.

Eventualmente, el Tribunal de Distrito emitió sentencia

declarando con lugar la demanda y condenando a Samuel Ramos a

pagarle a su hermana, Gloria Ramos, $13,370.00, las costas y

$500.00 por concepto de honorarios de abogado. Ante ese cuadro,

el peticionario interpuso recurso de apelación ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones, el cual emitió sentencia

confirmatoria. Determinó que la sentencia del tribunal de

instancia hacía referencia al Informe del Contador Partidor y al

Cuaderno Particional. Concluyó que aunque dicha sentencia no

reprodujo ad verbatim el contenido del cuaderno ni del addendum,

expresaba la intención de que los bienes fueran distribuidos

conforme al cuaderno particional donde se establecía que cada

heredero (incluyendo a Gloria Ramos) tenía una reclamación

contra Samuel Ramos, por $13,370.00. De esta manera, estimó que

la sentencia apelada había adjudicado la existencia de la deuda,

y que el peticionario litigó el pleito sin defensa válida

pretendiendo no cumplir una obligación que había sido declarada

por sentencia. Por ello, concluyó que la apelación era frívola y

a tenor con la Regla 85(B) del Reglamento del Tribunal de

Circuito de Apelaciones, condenó a la parte apelante, aquí

peticionaria, a pagar la suma de $300.00 en concepto de

honorarios de abogado.

Inconforme, Samuel Ramos instó recurso de certiorari ante nos,

planteando una serie de errores sobre la sentencia además de

alegar error en la determinación de frivolidad del Tribunal de

Circuito respecto a la apelación. Examinado el recurso,

decidimos acogerlo con el único objetivo de revisar la

determinación del foro apelativo de condenar al peticionario al

pago de honorarios de abogado. Procede denegar el recurso.

-IISamuel Ramos no tenía argumento legal válido para negarse a

cumplir con su obligación. Además, tenía conocimiento del

contenido del Informe del Contador Partidor y del Addendum. En

este último documento se establecía que tenía una deuda con su

hermana Gloria Ramos. Sin embargo, pretendía utilizar la

doctrina de cosa juzgada para liberarse de su obligación de

pago, aduciendo que en el texto de la sentencia del tribunal de

instancia no se hizo mención de la referida deuda.

Cabe señalar que el Addendum contenía la referencia a dicha

obligación. De hecho, la propia sentencia plasmaba el interés de

que se cumpliera con lo dispuesto en el Informe y en el

Addendum. De una lectura integral de esos tres documentos surge

claramente la obligación del peticionario. Pretender ampararse

en el texto limitado de la sentencia para liberarse de su

obligación nos parece una actitud frívola. La obligación de

Samuel Ramos hacia Gloria Ramos surgía de la sentencia y de los

documentos mencionados.

Por las razones antes esbozadas el propio Tribunal de Distrito

le impuso honorarios de abogado ascendentes a $500.00 al

peticionario por considerar que actuó con temeridad. El Tribunal

de Circuito confirmó esta determinación, y amparándose en el

poder que le confiere la Ley de la Judicatura y el Reglamento

del Tribunal, le impuso honorarios de abogado al concluir que a

su vez, la apelación fue frívola. Nada nos parece más apropiado.

Reproducir en el foro apelativo los argumentos que presentó en

instancia de forma temeraria es igualmente frívolo y temerario,

y merece ser censurado enérgicamente y desalentado por los

tribunales.

No estimamos como persuasivo el argumento de que la teoría del

peticionario tenía cierta lógica ni que era suficiente para

determinar que no procedían las sanciones en apelación. Si así

fuera, amparándose en el derecho a apelar contemplado en la Ley

de la Judicatura, toda parte perdidosa en instancia, podría

conseguir un abogado que esbozara una teoría que justificara su

posición, por frívola que fuera. Este no es el propósito de la

ley. Permitir la radicación de casos frívolos e inmeritorios no

opera a favor de la sana administración de la justicia.

El derecho a que un panel de jueces revise las actuaciones de

los tribunales de instancia no significa que exista carta

abierta para apelar por cualquier razón sin contar con

fundamentos válidos en derecho. Flaco servicio le hacemos a la

administración de la justicia al ampararnos en el derecho a

apelar para restringir la facultad concedida al Tribunal de

Circuito de Apelaciones tanto en la Ley de la Judicatura como en

su Reglamento, para que, en los casos que estime prudente,

imponga sanciones y honorarios de abogado por la presentación de

recursos frívolos.

Hoy este Tribunal actúa correctamente al denegar el presente

recurso, dejando inalterada la sanción que el Tribunal de

Circuito de Apelaciones impuso al peticionario.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

GLORIA E. RAMOS FIGUEROA

Demandante-Recurrida

vs.

CC-96-369 CERTIORARI

SAMUEL RAMOS LOPEZ

Demandado-Peticionario

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado

señor

FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1998.

En el caso de autos, el 1ro de noviembre de 1996 emitimos una

resolución, concediéndole a la parte recurrida un término para

mostrar causa por la cual no debíamos expedir el recurso de

certiorari solicitado, y revocar la decisión del Tribunal de

Circuito de Apelaciones de imponerle una sanción al recurrente

por entender que el recurso presentado por éste ante dicho foro

era frívolo.

Cuando emitimos la resolución aludida, lo hicimos preocupados

por la posibilidad de que el foro apelativo hubiese actuado con

excesiva severidad al imponer la sanción por frivolidad aludida.

En efecto, entonces como ahora nos inquieta el efecto indeseado

que puede tener una aplicación muy rígida del mecanismo de

sanciones por frivolidad de parte del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, en los casos sobre los cuales tiene competencia.

Ese foro fue creado por la Asamblea Legislativa precisamente

para asegurar que toda persona afectada adversamente por una

decisión de un tribunal de instancia, tuviese el derecho a que

dicha decisión fuese revisada a fondo por un foro apelativo. Por

ello, el Tribunal de Circuito de Apelaciones debe ser muy

cuidadoso al aplicar sanciones por frivolidad, para evitar que

la imposición de tales sanciones tenga un efecto adverso sobre

el ejercicio del derecho aludido, al disuadir a las partes de

presentar recursos de apelación ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, por temor a ser sancionados económicamente. En mi

criterio, de existir duda sobre la frivolidad de un recurso, la

balanza debe inclinarse a favor del apelante o recurrente.

Lo anterior no obstante, luego de considerar más a fondo la

cuestión ante nos en el caso de autos, me veo obligado a

concluir que realmente no estamos en posición de determinar si

la apelación presentada ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones era frívola o no. El peticionario no nos ha puesto

en condición para hacer tal determinación.

No cabe duda de que la apelación que nos concierne aquí hubiese

sido frívola, si el tribunal de instancia hubiese incorporado en

su sentencia original el inciso 22 del Addendum que formaba

parte del cuaderno particional, presentado ante ese tribunal por

el contador-partidor, en el cual expresamente se reconocía la

deuda en cuestión. Nótese que así lo hizo el tribunal, casi ad

verbatim, con todos los demás 23 incisos del referido documento.

Resulta meridianamente claro que, si tal hubiera sido el caso,

contra el peticionario hubiese existido una sentencia firme y

final, mediante la cual se habrían distribuido todos los bienes

de la herencia en cuestión, de conformidad con el informe de un

contador-partidor nombrado en el caso. La partición judicial de

la herencia, adoptada y autorizada por el tribunal de instancia

en la sentencia original, claramente hubiese convertido al

peticionario en deudor de la parte recurrida, y tal deuda en una

que era líquida y exigible. En tales circunstancias, la negativa

del peticionario a pagar lo adeudado, que obligó a la recurrida

a instar una acción de cobro de dinero, hubiese constituido una

actitud contumaz, que merecía la imposición de sanciones por

frivolidad.

Sobre el particular, debe recordarse que el Artículo 1021 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 2901, dispone que:

"La partición legalmente hecha confiere a cada

heredero la propiedad exclusiva de los bienes

que le hayan sido adjudicados."

Como bien ha señalado el profesor Vélez Torres, una vez se

realiza la partición, desaparece del patrimonio del heredero el

derecho sobre una cuota indivisa, y éste adviene titular

exclusivo de bienes individualizados. Vélez Torres, Curso de

Derecho Civil, Tomo IV, Vol. III, Pág. 526. De haberse incluido

el referido inciso en la sentencia original, al advenir ésta en

final y firme como ocurrió, el demandado-apelante en el caso de

autos se habría convertido indudablemente en un deudor de la

demandante, por la cantidad indicada en el cuaderno particional,

y su renuencia a pagar dicha cantidad por espacio de cuatro años

no tendría justificación legal alguna. En esas circunstancias,

tanto el tribunal de instancia en el segundo pleito de cobro de

dinero, como el de Circuito de Apelaciones en el recurso que nos

concierne aquí, hubiesen estado totalmente justificados a

imponer sanciones por frivolidad, como lo hicieron.

Sin embargo, en el recurso ante nos, el peticionario no nos ha

puesto en condiciones de poder esclarecer precisamente qué fue

lo que realmente aconteció en el presente caso sobre el asunto

en cuestión. No sabemos, a ciencia cierta, porqué el tribunal de

instancia en la sentencia de partición original, no incorporó

expresamente el referido inciso 22 del Addendum, que formaba

parte integral del cuaderno particional, aunque sí incorporó los

otros 23 incisos. Probablemente fue un error de mecanografía, ya

que la cantidad total del patrimonio que debía distribuirse,

según la sentencia en cuestión, y el propio cuaderno

particional, incluía lo dispuesto en ese inciso. Es decir, sin

el inciso en cuestión, no se podía hacer cabalmente la

distribución del caudal hereditario, como se hizo en la referida

sentencia. Es probable que en otros documentos judiciales

posteriores considerados por el foro de instancia, esta omisión

haya sido subsanada. De ser ello así, estaría justificada

claramente la determinación de frivolidad que posteriormente

hicieron tanto el foro de instancia, como el apelativo. Pero no

tenemos manera de saber con certeza, si ello fue así. En su

petición de certiorari ante nos, el peticionario omitió incluir

documentos indispensables para poder resolver la cuestión de

frivolidad aludida, como lo serían todas aquellas resoluciones,

minutas, órdenes y mociones presentadas y dictadas originalmente

en instancia sobre la partición de la herencia. Concretamente,

el peticionario no incluyó: 1) el primer informe rendido por el

contador-partidor el 11 de enero de 1989; 2) la resolución del

tribunal de instancia fechada 19 de mayo de 1989, mediante la

cual se aprobó ese informe; 3) el segundo informe presentado por

el contador-partidor el 18 de junio de 1990, y 4) su

correspondiente aprobación judicial mediante resolución de 5 de

julio de 1990; 5) las mociones del peticionario impugnando el

contenido de esos informes; y 6) las minutas o resoluciones

dictadas respecto a dichas impugnaciones.

Evidentemente, el tribunal de instancia, y el de Circuito de

Apelaciones al elevar los autos originales del caso, tuvieron

ante sí un cuadro completo de los hechos pertinentes aquí,

mediante el examen de los documentos identificados antes. Por

ello, es probable que sus respectivas determinaciones de

frivolidad hayan sido correctas. No es esa, sin embargo, nuestra

situación.

En resumen, pues, como el peticionario no nos ha puesto en

posición de resolver el asunto, lo propio es que se deniegue el

recurso ante nos en este caso, por craso incumplimiento con

nuestro Reglamento. Ello es lo que procede, porque no podemos

realmente considerar en sus méritos el asunto de frivolidad, a

base del expediente ante nos.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gloria E. Ramos Figueroa

Demandante-recurrida

CC-96-369 CERTIORARI

vs.

Samuel Ramos López

Demandado-peticionario

OPINIÓN CONCURRENTE Y DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR

REBOLLO LÓPEZ

En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 1998

No obstante estar conforme con la posición de la mayoría de los

integrantes del Tribunal a los efectos de que no le asiste la

razón, en los méritos, a la parte peticionaria, expediríamos el

recurso radicado a los únicos fines de eliminar la sanción

económica que, por alegada frivolidad, le impuso el Tribunal de

Circuito de Apelaciones a dicha parte.

Por años, un alto por ciento de los abogados del País estuvieron

clamando por que se estableciera en nuestra jurisdicción el

derecho a apelar ante este Tribunal de una sentencia final

emitida por los tribunales de instancia en casos civiles, ello

en sustitución del sistema discrecional, de expedir o no el

recurso radicado, que tenía este Foro en relación a dichos

recursos civiles.

La Asamblea Legislativa entendió procedente establecer ese

derecho de apelación en casos civiles. A esos efectos creó un

tribunal apelativo intermedio; hoy, el Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Al así actuar, el legislador claramente expresó que

lo hacía con el propósito de asegurar "...el derecho de

apelación a los ciudadanos en casos civiles y criminales..." y

para extender "...a todo puertorriqueño afectado adversamente

por una decisión de un tribunal, el derecho a que un panel

apelativo de un mínimo de tres jueces revise esa decisión".

(Enfasis suplido.)

El legislador, sin embargo, le concedió la facultad a dicho

tribunal apelativo intermedio de imponer sanciones económicas a

los litigantes en casos en que dicho foro judicial determine

"...que el recurso ante su consideración es frívolo o que se

presentó [el mismo] para dilatar los procedimientos...";

disposición estatutaria que choca, o resulta ser un tanto

contraria, al derecho de apelación establecido.

Dicha situación nos obliga a interpretar y/o a establecer un

balance entre la disposición estatutaria antes mencionada y la

evidente intención legislativa de brindarle a nuestros

conciudadanos el derecho a apelar de sentencias emitidas por los

tribunales de instancia; ello con el propósito de "...penetrar

la superficie verbal del problema ante nos, precisar el diseño y

la razón de ser de las disposiciones legales que nos ocupan,

sopesar los intereses en juego, para intentar acercarnos a la

interpretación más justiciera." Pueblo v. Tribunal Superior, 104

D.P.R. 363, 366 (1975).

Somos del criterio que el Tribunal, efectiva y correctamente así

lo haría estableciendo la norma a los efectos de que la

determinación de frivolidad, por parte del Tribunal de Circuito

de Apelaciones, únicamente procederá en situaciones enteramente

irrazonables, claramente inmeritorias, o sin peso ni lógica

alguna.

Permitir lo contrario derrota el propósito principal que tuvo el

legislador al precisamente establecer o crear el Tribunal de

Circuito de Apelaciones y tendrá un efecto demoledor, o

disuasivo, sobre los ciudadanos que resultan perjudicados por

una decisión de un tribunal de instancia; ello por el temor a

ser sancionados económicamente.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gloria E. Ramos Figueroa

Demandante-recurrida

v.

CC-96-369 Certiorari

Samuel Ramos López

Demandado-peticionario

Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora

NAVEIRA DE RODON.

En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 1998

La demandante recurrida, Gloria E. Ramos Figueroa y el demandado peticionario, Samuel

Ramos López, fueron parte demandada en un caso anterior sobre división y adjudicación de los

bienes hereditarios de Ramón Ramos Rodríguez, padre de ambos (Civil Núm. RF-80-2180).

Dicho procedimiento concluyó mediante sentencia dictada el 14 de junio de 1990, por el

entonces Tribunal Superior, Sala de Caguas (Hon. Julio Berríos Jiménez), la cual es final y

firme. Dicha sentencia distribuyó los bienes de la herencia de conformidad con el Informe del

Contador Partidor nombrado en el caso, así como de un informe suplementario titulado

"Cuaderno Particional" y de un "Addendum" que formaba parte de éste. Dichos documentos

fueron admitidos en evidencia en el caso de partición de herencia y en los mismos se señala que

Samuel Ramos López le adeudaba a la Sucesión "la suma de ciento seis mil, setecientos sesenta

y tres dólares ($106,763) de los cuales le corresponden cincuenta y tres mil, cuatrocientos

ochenta y dos dólares ($53,482) a Doña Celia López Estrella y trece mil, trescientos setenta

dólares ($13,370) a cada uno de los hermanos Salustiano Ramos López, Gloria Ramos Figueroa,

Angel Luis Ramos López y Ramón Ramos López" (Ap. pág. 68). Esta deuda no se consignó en

la sentencia.

El 19 de abril de 1994, Gloria E. Ramos Figueroa presentó demanda sobre "Cobro de Dinero" en

el hoy Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito, Sala de Caguas. Alegó que el

demandado Samuel Ramos López le adeudaba la cantidad de trece mil, cuatrocientos sesenta y

dos dólares ($13,462) por concepto de la partición de herencia de su extinto padre. Alegó,

además, que la deuda era líquida y exigible, para lo cual se refirió a un cuaderno particional

preparado por el Contador Partidor nombrado en el caso de partición de herencia, con fecha de

19 de diciembre de 1990.

El 10 de junio de 1994, se celebró una vista sobre el estado de los procedimientos, a raíz de la

cual, el mismo día, el tribunal dictó la siguiente orden:

"El Tribunal ordena que se una este expediente al caso RF80-2180 del Tribunal

Superior de Caguas, con el fin de considerar la demanda como una solicitud de

ejecución de sentencia en cuanto al demandado por lo que solicita en la misma. Se

ordena el traslado al Tribunal Superior." (Ap. pág. 22).

El 16 de septiembre de 1994, la Secretaría del Tribunal de Distrito remitió el expediente a la

Secretaría del Tribunal Superior. (Ap. pág. 23). Sin embargo, el 24 de octubre de 1994, el

Tribunal de Distrito dictó la siguiente orden:

"En vista de la Orden del Tribunal Superior (29 sept. 1994) el Tribunal de Distrito

asume de nuevo competencia y señala C.A.J."

El Tribunal de Distrito señaló el caso para vista en su fondo, la cual se celebró el 2 de mayo de

1995. Posteriormente, el 6 de noviembre de 1995, dictó sentencia declarando con lugar la

demanda. Condenó al demandado peticionario a pagar a la demandante recurrida la suma de

trece mil, trescientos setenta dólares ($13,370), más los intereses devengados desde que se dictó

la sentencia en el caso RF80-2180, las costas y la cantidad de quinientos dólares ($500) por

concepto de honorarios de abogado.

El demandado peticionario interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Este dictó sentencia el 30 de agosto de 1996, mediante la cual confirmó la

sentencia apelada. Concluyó, además, que la apelación era frívola y a tenor con la Regla 85(B)

del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, le impuso a la parte apelante, aquí

peticionaria, la suma de trescientos dólares ($300) de honorarios de abogado.

Inconforme con dicha sentencia el demandado peticionario acudió ante nos mediante recurso de

certiorari. Planteó una serie de errores relacionados a la procedencia de la sentencia del Tribunal

de Circuito de Apelaciones en los méritos. Además, planteó como error la determinación de

frivolidad por parte del Tribunal de Circuito de Apelaciones, respecto a la apelación. El pasado

1ro de noviembre de 1996, emitimos la siguiente resolución:

"Visto el recurso presentado por el demandado peticionario, se le concede a la

demandante recurrida el término de veinte (20) días, contados a partir de la

notificación de esta resolución, para que muestre causa por la cual no debamos

expedir el recurso presentado y dictar sentencia modificando la emitida por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, a los únicos efectos de eliminar de la misma

la imposición de los trescientos dólares ($300.00) impuestos como sanción por

entender que el recurso es frívolo."

La demandante recurrida ha comparecido mediante Moción Informativa en Cumplimiento de

Orden de Mostrar Causa. Señala que procede la imposición de la sanción por frivolidad ya que

"no existía ninguna controversia de derecho legítima sobre la correción de la sentencia recurrida"

que justificara apelar al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por las razones que a continuación

exponemos disentimos de la resolución que hoy adopta la mayoría.

La demandante recurrida en esencia se refiere a la aplicación de la doctrina de la cosa juzgada

con relación a la sentencia dictada el 14 de junio de 1990, en el caso de división de herencia, y el

efecto dispositivo de ésta sobre el caso de autos. En instancia invocó la referida doctrina en su

vertiente ofensiva, mientras que el demandado peticionario hizo lo propio, mas en su vertiente

defensiva. Ambas partes se refirieron a los efectos de la sentencia sobre la alegada deuda del

demandado peticionario para con la demandante recurrida, por la cantidad de trece mil

cuatrocientos sesenta y dos dólares ($13,462).

La demandante recurrida argumentó que la sentencia de 14 de junio de 1990 adjudicó la

existencia de la referida deuda y su cuantía. Se refería a un cuaderno particional presentado por

el Contador Partidor nombrado por el tribunal en el caso de división de herencia, que fue

admitido en evidencia. De una nota al pie del cuaderno particional surge lo siguiente: "Cada

heredero y la Sra. Celia López tienen una reclamación contra Samuel [Ramos-López] por

$107,693- ($53,846 la Sra. Celia López y $13,462 cada heredero)." Esta nota no se incorporó

expresamente en la sentencia del 14 de junio de 1990, hecho en el cual el demandado

peticionario basó la defensa de cosa juzgada.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones acogió la posición de la demandante recurrida. En lo

pertinente se expresó el Tribunal de Circuito de Apelaciones de la siguiente forma:

"La sentencia [de 14 de junio de 1990] hace referencia al informe sometido por el

contador-partidor nombrado en el caso..., así como a un informe suplementario

titulado 'Cuaderno Particional', de fecha de 15 de junio de 1990, el cual consta de

dos páginas y fue ofrecido y admitido en evidencia en el referido procedimiento.

La referida sentencia no vacía ad verbatim el contenido del cuaderno particional

ni el addendum que formaba parte de éste. Sin embargo, expresa la intención de

que los bienes sean distribuidos conforme al cuaderno particional'." Sentencia

recurrida, pág. 2.

De aquí el Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó que el recurso era frívolo e impuso

una sanción de trescientos dólares ($300) al apelante.

Hemos analizado detenidamente los documentos que obran en autos, los mismos que tuvo ante sí

el Tribunal de Circuito de Apelaciones. De un análisis objetivo de su contenido no puede

colegirse inequívocamente que los planteamientos del peticionario ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones fuesen frívolos, carentes de toda lógica y razonabilidad. Un análisis sobre la

frivolidad de un recurso no entraña el que se esté de acuerdo con los planteamientos aducidos.

Basta con que éstos esbocen un punto de vista contrario que pueda ser sostenido mediante un

análisis lógico de los hechos y el derecho para que se descarte la posibilidad de que el recurso se

considere frívolo y se impongan sanciones.

La Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, aprobado el 25 de abril de

1996, dispone en referencia al asunto de la frivolidad lo siguiente:

"Si el Tribunal de Circuito de Apelaciones determina que el recurso ante su

consideración es frívolo o que se presentó para dilatar los procedimientos, lo

denegará o desestimará, según sea el caso, e impondrá a la parte promovente o a

su abogado(a) las costas, los gastos, los honorarios de abogado(a) y la sanción

económica que estime apropiada, la cual deberá reflejar en lo posible, el costo de

la dilación para el Estado y para la parte opositora recurrida causado por la

interposición del recurso, conforme a las guías que establezca el Tribunal de

Circuito de Apelaciones." Regla 85(B) del Reglamento del Tribunal de Circuito

de Apelaciones, vigente.

Igual disposición contiene la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada. Sin

embargo, ninguno de estos dos cuerpos legales define el concepto.

La reseñada omisión en la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y en el Reglamento del

Tribunal de Circuito de Apelaciones se justifica, dado que se trata de un concepto que

históricamente ha evitado ser encasillado dentro de parámetros definitorios estrictos. La

frivolidad equivale a "[a]quello que no tiene razón de ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna."

Rivera García, I. Diccionario de Términos Jurídicos, Equity Publishing Corp., 2da ed., 1985, pág.

108. La determinación de frivolidad en apelación debe atender las cuestiones de hechos y de

derecho del caso ante el tribunal apelativo. Debe darse paso a las inferencias que razonablemente

puedan hacer las partes de los hechos y del derecho aplicables. Sólo lo enteramente irrazonable o

inmeritorio debe permitir una determinación de frivolidad.

Estos criterios analíticos se imponen con mayor rigor con relación a los recursos de apelación

que se presentan ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El hecho que el legislador haya

concedido expresamente al Tribunal de Circuito de Apelaciones la facultad de imponer sanciones

por frivolidad, no desplaza la norma que hemos resaltado en el pasado a los efectos de que al

interpretar su Reglamento y la Ley de la Judictura de Puerto Rico de 1994, el Tribunal de

Circuito de Apelaciones debe promover que se adelante el propósito de asegurar "el derecho de

apelación a los ciudadanos en casos civiles y criminales", y extender "a todo puertorriqueño

afectado adversamente por una decisión de un tribunal el derecho a que un panel apelativo de un

mínimo de tres jueces revise esa decisión." Exposición de Motivos, Ley de la Judicatura de

Puerto Rico de 1994. Plan Núm. 1 de Reorganización de la Rama Judicial, 28 de julio de 1994.

Véase, Sociedad Legal de Gananciales v. García Robles, P.C. de 23 de enero de 1997, 142

D.P.R.____ (1997), 97 J.T.S. 7.

Una aplicación irrestricta del mecanismo de sanciones por frivolidad podría dar al traste con el

interés de promover los propósitos reseñados. Tendría un efecto entorpecedor sobre el ejercicio

de un derecho reconocido por la legislatura, al disuadir a las partes de presentar recursos de

apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, por temor a ser sancionados

económicamente. Ello con más razón cuando la sanción se impone directamente a la parte. La

posibilidad de que las actuaciones del Tribunal de Circuito de Apelaciones tengan este efecto

indeseado debe operar en el ánimo del juzgador impidiendo la imposición de sanciones, excepto

en casos claramente inmeritorios. Así pues, la determinación de frivolidad que puede

legítimamente efectuar el Tribunal de Circuito de Apelaciones, al amparo de la Regla 85(B) de

su Reglamento, depende de que la posición que esgrima la parte ante él no tenga razón de ser, sin

méritos, sin peso ni lógica alguna, a la luz de los hechos del caso y del derecho aplicable. De

existir duda sobre la frivolidad de un recurso, la balanza debe inclinarse a favor del apelante o

recurrente. Ante este marco normativo debemos analizar la procedencia de la sanción por

frivolidad impuesta por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a la parte en el caso de autos.

En su escrito de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el demandado

peticionario le imputó al Tribunal de Primera Instancia haber errado al declarar con lugar la

demanda, no obstante ser de aplicación la doctrina de cosa juzgada con relación a la sentencia

dictada en el caso RF80-2180. Reprodujo así el argumento que había esgrimido ante el Tribunal

de Primera Instancia. Contrario a lo planteado por el demandado peticionario, el Tribunal de

Circuito de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Sostuvo

que la sentencia dictada en el caso RF80-8120 "expresa la intención de que los bienes sean

distribuidos 'conforme al cuaderno particional, a lo que surge del Addendum que fue unido a la

Moción ofrecida en evidencia suscrito por el contador partidor", que detallaba la deuda del

demandado peticionario para con la demandante recurrida. De ahí que el Tribunal de Circuito de

Apelaciones manifestara lo siguiente:

"El demandado litigó el pleito sin defensa válida alguna pretendiendo no cumplir

una obligación que había sido declarada por sentencia. No hay razón por la cual,

luego de más de cuatro años, no pagara la obligación que se había declarado en el

pleito RF80-2180. El demandado en su alegato nos señala que en la sentencia

dictada no se adjudicó ninguna deuda que tuviera el demandado con la

demandante y que la demandante lo que pretende cobrar es una supuesta deuda

que tiene el demandado con ella. A la luz de los hechos del caso su temeridad es

manifiesta... Estimamos, igualmente, que el recurso ante nosotros es frívolo..."

Sentencia recurrida, págs. 5-6. (Enfasis nuestro.)

De los documentos que obran en autos, los cuales hemos analizado detenidamente, no puede

sostenerse que en principio la sentencia del caso RF80-2180 dispusiera automáticamente del caso

de marras, de forma tal que cualquier planteamiento en contrario pueda ser calificado de frívolo.

Es decir, a la luz de estos hechos, sostener una posición contraria podría resultar justificada,

meritoria y lógica. Es simplemente un punto de vista distinto que no prevaleció ni ante el

Tribunal de Primera Instancia ni ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El hecho de no

prevalecer por sí solo no convierte el planteamiento en frívolo. Veamos.

Primeramente, la referencia que hace el Tribunal de Circuito de Apelaciones a la sentencia en el

caso RF80-2180, para sostener su interpretación de que dicha sentencia tenía la intención de que

todos los bienes fueran distribuidos de conformidad con el cuaderno particional, se basa en

hechos que son suceptibles a distintas interpretaciones. Al recurrir a la sentencia del caso RF802180 notamos que esa referencia expresa al cuaderno particional aludía a un asunto en particular

y no a la totalidad de los bienes. En lo pertinente, dispuso el Tribunal de Primera Instancia en el

caso RF80-2180 lo siguiente:

"Asimismo se dispone si es que ya no se ha hecho que unos dineros que

pertenecen a la sucesión que nos ocupa y que tiene bajo su custodia el coheredero

Salustiano Ramos López montante a $2,974.00 deberán ser entregados si es que

no han sido entregados ya, al Contador Partidor... para ser distribuidos conforme

al Cuaderno Particional, a lo que surge del Addendum que fue unido a la Moción

Ofreciendo Evidencia suscrito por dicho Contador Partidor." Sentencia de 14 de

junio de 1990, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso civil RF802180. (Enfasis nuestro.)

Del texto íntegro de la sentencia en el caso original surge que las expresiones citadas podrían

razonablemente merecer un alcance mucho más limitado que el atribuido por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones en la sentencia recurrida.

Además, cabe destacar que la porción transcrita de la sentencia dictada en el caso RF80-2180

recoge la única instancia en que aquel tribunal hizo alusión a deuda alguna que tuvieran los

herederos para con el caudal. Es decir, la deuda del demandado peticionario para con el caudal

no fue incluida en la sentencia dictada, a diferencia de la deuda de otro heredero que, como

hemos visto, fue consignada expresamente. Ambas deudas surgían del Addendum al Informe del

Contador Partidor y solo la del coheredero Salustiano Ramos López fue incluida en la sentencia,

por lo que podría interpretarse que la alegada deuda del demandado peticionario fue

expresamente omitida por el tribunal sentenciador. Es también significativo para el asunto que

nos ocupa que el inciso del Addendum que recogía la deuda del demandado peticionario para

con los otros coherederos fue el único inciso omitido por el tribunal de instancia en su sentencia.

Todos los otros incisos fueron incorporados a la sentencia, en ocasiones ad verbatim, inclusive

en el mismo orden. Estas consideraciones de por sí podrían justificar una interpretación contraria

a la dispuesta por el tribunal de instancia en el caso de marras, en torno a si la sentencia del caso

RF80-2180 establecía la existencia de la deuda del demandado peticionario con la demandante

recurrida.

Abunda a la ausencia de frivolidad en este caso el hecho de que el tribunal sentenciador aplicó la

doctrina de cosa juzgada en su vertiente de impedimento colateral por sentencia al resolver el

caso en instancia. Reconoció también que la aplicación de la referida doctrina requiere la

concurrencia de "la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los

litigantes y la calidad con que la fueron." Art. 1204, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 3343. Cabe, pues, destacar en este respecto que en el caso RF80-2180 las partes en el

presente caso fueron codemandados y el pleito era de división de herencia. Es decir, en aquel

caso las partes no se enfrentaron en un proceso adversativo en calidad de acreedor y deudor

como en el caso de autos, sino como copartes en calidad de coherederos. Ante esta situación

resultaba al menos cuestionable la aplicación de la doctrina de cosa juzgada al caso de autos.

Otra consideración que podría impedir la aplicación inflexible de la doctrina de cosa juzgada es

que lo alegado en la demanda del caso de autos no se adecua exactamente a la sentencia del caso

RF80-2180. Por ejemplo, del Informe del Contador Partidor al que hizo referencia la demandante

recurrida en instancia, surgía que la deuda del demandado peticionario ascendía a trece mil

trescientos setenta dólares ($13,370). Sin embargo, en la demanda de autos la demandante

recurrida expresa que el principal de la deuda a cobrar ascendía a tres mil cuatrocientos sesenta y

dos dólares ($13,462), una cantidad distinta a la que surgía del Informe del Contador Partidor en

el caso RF80-2180. Además, en la demanda se hace referencia a un cuaderno particional con

fecha de 19 de diciembre de 1990, el cual de forma alguna puede contribuir a los efectos de cosa

juzgada de la sentencia dictada seis (6) meses antes, el 14 de junio de 1990.

Por último, debemos también atender el trámite del caso de autos en el tribunal de instancia.

Recordemos que el caso, inicialmente presentado ante el entonces Tribunal de Distrito, fue

trasladado al Tribunal Superior, para que el expediente fuese unido al del caso RF80-2180 y la

demanda se tratara como una solicitud de ejecución de sentencia. De esta actuación surgía la

impresión del Tribunal de Distrito que la controversia del caso ya había sido resuelta en el RF802180. Por lo tanto, al negarse el Tribunal Superior a aceptar el traslado efectuado por el Tribunal

de Distrito surgió la razonable impresión de que aquél entendió que se trataba de un asunto

nuevo, no resuelto en el pleito original, por lo que el remedio no podía obtenerse mediante la

ejecución de la sentencia dictada en el RF80-2180.

Todos estos elementos, que matizan los hechos del caso de autos, justifican que el demandado

peticionario haya acudido en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones a impugnar la

determinación emitida por el tribunal de instancia. Para fines de la presenta controversia, que se

refiere a la procedencia de la sanción por frivolidad impuesta al apelante por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones, las inconsistencias señaladas hacían meritorio el planteamiento del

demandado peticionario sobre la aplicación de la cosa juzgada en su vertiente defensiva. Por lo

tanto, se justificaba que el mismo fuese reiterado ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, de

forma tal que un tribunal colegiado, de al menos tres (3) jueces, pudiese evaluar la determinación

efectuada por un Juez del Tribunal de Primera Instancia. Esto no significa que el peticionario

tuviese que prevalecer en sus planteamientos, o sea que le asistiese la razón. El propósito que

persigue la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada, es darle la

oportunidad a un litigante a que un foro colegiado pase juicio y determine la posición que debe

prevalecer cuando existan varias posiciones que resultan conflictivas. Entendemos que la

imposición de sanciones a la parte por frivolidad, en casos como el presente, produce un efecto

negativo sobre el ejercicio de un derecho claramente reconocido por legislación. Este efecto

trastoca el esquema creado al aprobarse la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, por lo

que no convalidaremos prácticas que lo produzcan.

Por las razones expuestas, disentimos de la posición que hoy adopta la mayoría de este Tribunal.

Expediríamos el recurso a los únicos efectos de eliminar la sanción de $300.00 impuesta por

dicho Tribunal al demandado peticionario, y así modificada la confirmaríamos.

MIRIAM NAVEIRA DE RODON

Juez Asociada

Retornar al índice anterior