Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE JUAN CARLOS GORBEA MARTINEZ
1999 TSPR 190
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE JUAN CARLOS GORBEA MARTINEZ
CP-1998-0012
CP-98-12
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan Carlos Gorbea Martínez
Querella
99 TSPR 190
Número del Caso: CP-1998-12
Fecha: 12/01/1999
De la Oficina del Procurador General: Lcda. Lizette Mejías Avilés
Abogados de la Parte Querellada: Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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CP-98-12
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lcdo. Juan Carlos Gorbea
Martínez
CP-98-12
Conducta
Profesional
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 1999
El
formuló
15
de
octubre
querella
contra
de
el
1998
el
Lcdo.
Procurador
Juan
Carlos
General,
Gorbea
Martínez, imputándole:
CARGO
I:
“El
licenciado
Gorbea
Martínez
violentó lo dispuesto en el Canon 23 del Código de
Ética Profesional, al retener indebidamente la
cantidad de $497,524.00 pertenecientes a su cliente
Sea-Land Services, Inc.”
CARGO II: “El licenciado Gorbea Martínez
violentó los principios establecidos por el Canon 38
del Código de Ética Profesional, el cual, entre
otras cosas, exige que todo abogado, tanto en la
vida privada como en el desempeño de su profesión,
debe conducirse en forma digna y honorable.”
El 1 de noviembre de 1998, el Lcdo. Gorbea
Martínez
contestó
y,
aunque
negó
los cargos
imputádoles, aceptó los hechos.
II
Según
el
Informe
del
Comisionado
Especial,
Ex
Juez
Superior, Hon. Enrique Rivera Santana, en el año 1982 Gorbea
Martínez acordó mediante contrato de servicios profesionales
con la Sea Land Service, Inc., gestionar extrajudicialmente
de clientes morosos el cobro de fletes, cargos por demora en
el uso de equipos, o cargos por cualesquiera otros servicios
ofrecidos. De no rendir frutos, acudiría al Tribunal.
El procedimiento para el trámite de los pagos recibidos
por
Gorbea
Martínez,
requirió
en
sus
cheques cobrados –girados indistintamente
inicios,
que
los
a nombre de Sea
Land, Lcdo. Juan Carlos Gorbea o Quilinchini, Medina, Oliver
& Gorbea1-, fueran remitidos a Sea Land. Al hacerlo, Gorbea
Martínez facturaba sus honorarios a base de determinado por
ciento de la cantidad recibida, que variaba dependiendo de
la gestión realizada.
Así las cosas, el 14 de noviembre de 1985, Sean Land -a
través
de
su
Gerente
de
Crédito,
Sr.
Manuel
L.
Toro-,
informó por escrito a Gorbea Martínez un nuevo procedimiento
para el trámite de los pagos de clientes. Se le instruyó
informar a los deudores de Sea Land a quienes él reclamaba,
Esta última era una asociación de abogados, de la que
el Lcdo. Gorbea Martínez formaba parte, por la que estos
abogados compartían gastos comunes de la oficina.
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que debían hacer el cheque a nombre del abogado. Éste, a su
vez, deduciría sus honorarios y remitiría el balance a Sea
Land. El nuevo procedimiento le requería enviar a Sea Land
copia de los cheques recibidos junto a la factura por los
servicios prestados y cobrados anticipadamente.
Gorbea
autorizaban
Martínez
a
“entendió”
depositar
los
que
esas
dineros
instrucciones
cobrados
en
su
le
cuenta
personal en el Banco Cooperativo de Puerto Rico. Recibía y
endosaba también, para que se depositaran en dicha cuenta,
cheques pagaderos a favor de Sea Land. De esta forma el Banco
Cooperativo acumuló en esa cuenta $161,750.00 en concepto de
cheques girados a favor de Sea Land. Posteriormente, Sea Land
ordenó al Banco cooperativo descontinuar dicha práctica. Sin
embargo,
por
“desconocer”
las
nuevas
instrucciones,
Gorbea
Martínez continuó la misma práctica y no informó a Sea Land
los cheques recibidos a nombre de ésta que él depositó en su
cuenta personal.
En 6 de abril de 1995, un cliente –a quien Sea Land
denegó crédito por razón de una supuesta deuda-, le planteó
que
la
había
saldado
mediante
pagos
directos
remitidos
a
Gorbea Martínez. Ello motivó que representantes de Sea Land se
reunieran con Gorbea Martínez para conocer el estado de las
cuentas. Éste aceptó que durante seis (6) años (1989-1995),
recibió pagos de los clientes y los depositó en su cuenta
personal,
entre
ellos,
$485,095.15
correspondientes
a
unos
cuarenta y cuatro (44) clientes, los cuales no remitió a Sea
Land. Al realizar su propia investigación, Sea Land detectó
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que los pagos retenidos correspondían a cuarenta y siete (47)
clientes y la cantidad ascendía a $514,914.00.2
Gorbea Martínez ofreció reponer el dinero, no obstante,
al no acordarse plan de pago, Sea Land presentó acción en
cobro de dinero ante la Corte de Distrito Federal para el
Distrito
de
Puerto
Rico
(Civil
Núm.
96-1068,
Sea
Land
Service, Inc. v. Juan Carlos Gorbea Martínez y otros)3. Este
caso
finalizó
mediante
estipulación
en
la
cual
Gorbea
Martínez se obligó a pagar $497,524.00. Sin embargo, Sea
Land sólo recuperó $161,750.00 del allí codemandado Banco
Cooperativo, quien aceptó pagarlos porque cubrían cheques
pagaderos a favor de Sea Land, que como entidad bancaria
indebidamente
depositó
en
la
cuenta
personal
de
Gorbea
Martínez.
El 8 de abril de 1998, Gorbea Martínez, sin haber
satisfecho
cantidad
alguna
de
la
suma
estipulada
-$497,524.00-, presentó petición bajo el Capítulo 7 de la
Ley de Quiebras federal.
III
En lo concerniente al manejo de los bienes del cliente,
el Canon 23 dispone que “[l]a naturaleza fiduciaria de las
relaciones entre abogados y cliente exige que éstas estén
fundadas en la honradez absoluta. En particular debe darse
(Alegaciones 14 y 15 de la queja, aceptadas por el
querellado).
2
Como parte del descubrimiento de prueba en dicho
caso, se tomó una deposición a Gorbea Martínez en la que
admitió los hechos que se relacionan en las conclusiones 4 y
5 del Informe del Comisionado Especial.
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pronta cuenta del dinero y otros bienes del cliente que
vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios
bienes ni permitir que se mezclen”. Clara y diáfanamente
prohibe la retención y disposición inapropiada de cualquier
suma
de
dinero
pertenecientes
a
los
clientes.
In
re
Fernández Paoli, res. en 6 de junio de 1996, 141 D.P.R. ___
(1996); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994); In re
Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623 (1988); In re Felix, 111
D.P.R. 71 (1981); In re Ayala, Jr., 109 D.P.R. 440 (1980);
In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978); In re Roldán
Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977); In re Maldonado Soto, 83
D.P.R. 444 (1961).
El Lcdo. Gorbea Martínez no cuestiona la veracidad de
los graves hechos imputádoles, sino que atribuye su falta de
juicio al sistema de cobro implementado por Sea Land y
“estado mental y anímico”. Nos indica que la razón de su
comparecencia es admitir sus errores e informarnos
que está
en proceso de solicitar ayuda médica que atienda su problema
de
alcoholismo
e
inestabilidad
Finalmente
mental.
nos
solicita le apliquemos la Regla 15 de nuestro Reglamento.
No
podemos
acceder.
No
hay
base
en
el
expediente
tendente a sostener que durante el extenso período de años
en que se apropió de los dineros de Sea Land, esos problemas
fueran la causa de sus violaciones éticas; de hecho, no le
impidieron
continuar
lucrativamente.
practicando
la
profesión
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La
flagrante
violación
ética
conlleva
separarlo
inmediata
e
de
Gorbea
indefinidamente
Martínez
de
la
práctica de la profesión. Ello no es óbice para que atienda
su alegado problema con el alcohol y estado mental; factor a
tomar en consideración si en el futuro, de desearlo -previa
clara demostración de que los ha superado y rehabilitado-,
nos solicita reinstalación.
Se dictará la correspondiente sentencia.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lcdo. Juan Carlos Gorbea
Martínez
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Conducta
Profesional
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se dicta Sentencia y separa al Lcdo. Juan Carlos
Gorbea Martínez inmediata e indefinidamente de la práctica
de la profesión.
Se ordena a la Oficina del Alguacil que se incaute de
su obra notarial, incluso sello notarial, para ser
remitida, examinada y oportunamente objeto de un Informe
por parte de la Oficina de Inspección de Notarías.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Corrada del Río se inhibió.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo