LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE JUAN CARLOS GORBEA MARTINEZ

1999 TSPR 190

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE JUAN CARLOS GORBEA MARTINEZ

CP-1998-0012

CP-98-12

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan Carlos Gorbea Martínez

Querella

99 TSPR 190

Número del Caso: CP-1998-12

Fecha: 12/01/1999

De la Oficina del Procurador General: Lcda. Lizette Mejías Avilés

Abogados de la Parte Querellada: Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CP-98-12

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lcdo. Juan Carlos Gorbea

Martínez

CP-98-12

Conducta

Profesional

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 1999

El

formuló

15

de

octubre

querella

contra

de

el

1998

el

Lcdo.

Procurador

Juan

Carlos

General,

Gorbea

Martínez, imputándole:

CARGO

I:

“El

licenciado

Gorbea

Martínez

violentó lo dispuesto en el Canon 23 del Código de

Ética Profesional, al retener indebidamente la

cantidad de $497,524.00 pertenecientes a su cliente

Sea-Land Services, Inc.”

CARGO II: “El licenciado Gorbea Martínez

violentó los principios establecidos por el Canon 38

del Código de Ética Profesional, el cual, entre

otras cosas, exige que todo abogado, tanto en la

vida privada como en el desempeño de su profesión,

debe conducirse en forma digna y honorable.”

El 1 de noviembre de 1998, el Lcdo. Gorbea

Martínez

contestó

y,

aunque

negó

los cargos

imputádoles, aceptó los hechos.

II

Según

el

Informe

del

Comisionado

Especial,

Ex

Juez

Superior, Hon. Enrique Rivera Santana, en el año 1982 Gorbea

Martínez acordó mediante contrato de servicios profesionales

con la Sea Land Service, Inc., gestionar extrajudicialmente

de clientes morosos el cobro de fletes, cargos por demora en

el uso de equipos, o cargos por cualesquiera otros servicios

ofrecidos. De no rendir frutos, acudiría al Tribunal.

El procedimiento para el trámite de los pagos recibidos

por

Gorbea

Martínez,

requirió

en

sus

cheques cobrados –girados indistintamente

inicios,

que

los

a nombre de Sea

Land, Lcdo. Juan Carlos Gorbea o Quilinchini, Medina, Oliver

& Gorbea1-, fueran remitidos a Sea Land. Al hacerlo, Gorbea

Martínez facturaba sus honorarios a base de determinado por

ciento de la cantidad recibida, que variaba dependiendo de

la gestión realizada.

Así las cosas, el 14 de noviembre de 1985, Sean Land -a

través

de

su

Gerente

de

Crédito,

Sr.

Manuel

L.

Toro-,

informó por escrito a Gorbea Martínez un nuevo procedimiento

para el trámite de los pagos de clientes. Se le instruyó

informar a los deudores de Sea Land a quienes él reclamaba,

Esta última era una asociación de abogados, de la que

el Lcdo. Gorbea Martínez formaba parte, por la que estos

abogados compartían gastos comunes de la oficina.

1

CP-98-12

4

que debían hacer el cheque a nombre del abogado. Éste, a su

vez, deduciría sus honorarios y remitiría el balance a Sea

Land. El nuevo procedimiento le requería enviar a Sea Land

copia de los cheques recibidos junto a la factura por los

servicios prestados y cobrados anticipadamente.

Gorbea

autorizaban

Martínez

a

“entendió”

depositar

los

que

esas

dineros

instrucciones

cobrados

en

su

le

cuenta

personal en el Banco Cooperativo de Puerto Rico. Recibía y

endosaba también, para que se depositaran en dicha cuenta,

cheques pagaderos a favor de Sea Land. De esta forma el Banco

Cooperativo acumuló en esa cuenta $161,750.00 en concepto de

cheques girados a favor de Sea Land. Posteriormente, Sea Land

ordenó al Banco cooperativo descontinuar dicha práctica. Sin

embargo,

por

“desconocer”

las

nuevas

instrucciones,

Gorbea

Martínez continuó la misma práctica y no informó a Sea Land

los cheques recibidos a nombre de ésta que él depositó en su

cuenta personal.

En 6 de abril de 1995, un cliente –a quien Sea Land

denegó crédito por razón de una supuesta deuda-, le planteó

que

la

había

saldado

mediante

pagos

directos

remitidos

a

Gorbea Martínez. Ello motivó que representantes de Sea Land se

reunieran con Gorbea Martínez para conocer el estado de las

cuentas. Éste aceptó que durante seis (6) años (1989-1995),

recibió pagos de los clientes y los depositó en su cuenta

personal,

entre

ellos,

$485,095.15

correspondientes

a

unos

cuarenta y cuatro (44) clientes, los cuales no remitió a Sea

Land. Al realizar su propia investigación, Sea Land detectó

CP-98-12

5

que los pagos retenidos correspondían a cuarenta y siete (47)

clientes y la cantidad ascendía a $514,914.00.2

Gorbea Martínez ofreció reponer el dinero, no obstante,

al no acordarse plan de pago, Sea Land presentó acción en

cobro de dinero ante la Corte de Distrito Federal para el

Distrito

de

Puerto

Rico

(Civil

Núm.

96-1068,

Sea

Land

Service, Inc. v. Juan Carlos Gorbea Martínez y otros)3. Este

caso

finalizó

mediante

estipulación

en

la

cual

Gorbea

Martínez se obligó a pagar $497,524.00. Sin embargo, Sea

Land sólo recuperó $161,750.00 del allí codemandado Banco

Cooperativo, quien aceptó pagarlos porque cubrían cheques

pagaderos a favor de Sea Land, que como entidad bancaria

indebidamente

depositó

en

la

cuenta

personal

de

Gorbea

Martínez.

El 8 de abril de 1998, Gorbea Martínez, sin haber

satisfecho

cantidad

alguna

de

la

suma

estipulada

-$497,524.00-, presentó petición bajo el Capítulo 7 de la

Ley de Quiebras federal.

III

En lo concerniente al manejo de los bienes del cliente,

el Canon 23 dispone que “[l]a naturaleza fiduciaria de las

relaciones entre abogados y cliente exige que éstas estén

fundadas en la honradez absoluta. En particular debe darse

(Alegaciones 14 y 15 de la queja, aceptadas por el

querellado).

2

Como parte del descubrimiento de prueba en dicho

caso, se tomó una deposición a Gorbea Martínez en la que

admitió los hechos que se relacionan en las conclusiones 4 y

5 del Informe del Comisionado Especial.

3

CP-98-12

6

pronta cuenta del dinero y otros bienes del cliente que

vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios

bienes ni permitir que se mezclen”. Clara y diáfanamente

prohibe la retención y disposición inapropiada de cualquier

suma

de

dinero

pertenecientes

a

los

clientes.

In

re

Fernández Paoli, res. en 6 de junio de 1996, 141 D.P.R. ___

(1996); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994); In re

Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623 (1988); In re Felix, 111

D.P.R. 71 (1981); In re Ayala, Jr., 109 D.P.R. 440 (1980);

In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978); In re Roldán

Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977); In re Maldonado Soto, 83

D.P.R. 444 (1961).

El Lcdo. Gorbea Martínez no cuestiona la veracidad de

los graves hechos imputádoles, sino que atribuye su falta de

juicio al sistema de cobro implementado por Sea Land y

“estado mental y anímico”. Nos indica que la razón de su

comparecencia es admitir sus errores e informarnos

que está

en proceso de solicitar ayuda médica que atienda su problema

de

alcoholismo

e

inestabilidad

Finalmente

mental.

nos

solicita le apliquemos la Regla 15 de nuestro Reglamento.

No

podemos

acceder.

No

hay

base

en

el

expediente

tendente a sostener que durante el extenso período de años

en que se apropió de los dineros de Sea Land, esos problemas

fueran la causa de sus violaciones éticas; de hecho, no le

impidieron

continuar

lucrativamente.

practicando

la

profesión

CP-98-12

7

La

flagrante

violación

ética

conlleva

separarlo

inmediata

e

de

Gorbea

indefinidamente

Martínez

de

la

práctica de la profesión. Ello no es óbice para que atienda

su alegado problema con el alcohol y estado mental; factor a

tomar en consideración si en el futuro, de desearlo -previa

clara demostración de que los ha superado y rehabilitado-,

nos solicita reinstalación.

Se dictará la correspondiente sentencia.

CP-98-12

8

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lcdo. Juan Carlos Gorbea

Martínez

CP-98-12

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta Sentencia y separa al Lcdo. Juan Carlos

Gorbea Martínez inmediata e indefinidamente de la práctica

de la profesión.

Se ordena a la Oficina del Alguacil que se incaute de

su obra notarial, incluso sello notarial, para ser

remitida, examinada y oportunamente objeto de un Informe

por parte de la Oficina de Inspección de Notarías.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Corrada del Río se inhibió.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo