Tribunal Supremo de Puerto Rico
LUIS GHIGLIOTTI ARZOLA V ADM SERVICIOS AGRICOLAS
1999 TSPR 189
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
LUIS GHIGLIOTTI ARZOLA V ADM SERVICIOS AGRICOLAS
CC-1998-0734
CC-1998-734
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Ghigliotti Arzola
Peticionario
Certiorari
v.
99 TSPR 189
Administración de Servicios Agrícolas
Recurridos
Número del Caso: CC-1998-0734
Fecha: 30/12/1999
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Ramón Negrón Soto
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Javier A. Echevarría Vargas
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Raymond P. Burgos
Lcdo. Rafael A. Vilá Carrión
Materia: Daños Contractuales
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
CC-1998-734
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Ghigliotti Arzola
Demandante y Peticionario
v.
CC-1998-734
Certiorari
Administración de Servicios
Agrícolas
Demandado y Recurridos
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 1999.
En este recurso el Sr. Luis Ghigliotti Arzola,
impugna una sentencia dictada por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones que revocó una decisión del
Tribunal de Primera Instancia.
A tales efectos,
señala que el Tribunal de Circuito erró al concluir
que: tenía jurisdicción para resolver el recurso
presentado,
bajo
Administración
de
el
fundamento
Servicio
y
de
Desarrollo
que
la
Agrícola
era una agencia del gobierno y; tenía sesenta (60)
días para recurrir. Además, aduce que erró dicho
foro al resolver que no debió celebrarse la vista
en
su
fondo
en
el
caso
de
autos
CC-1998-734
3
sin la comparecencia de la recurrida. Examinadas las comparecencias ante
nos, confirmamos.
I
El Sr. Luis Ghigliotti Arzola contrató con la Administración de
Servicio y Desarrollo Agrícola, (en adelante ASDA) para la realización
de ciertos trabajos en su finca. A tenor con dicho contrato, ASDA
realizó el trabajo. Sin embargo, durante la realización de este se
causaron daños a la finca. Por tal razón, Ghigliotti demandó a ASDA
ante el Tribunal de Primera Instancia. En su contestación, ASDA planteó
como defensa que cuando comenzaron los trabajos Ghigliotti aprobó las
obras y la relevó de responsabilidad por los daños reclamados.
Después de ciertos trámites procesales, el Tribunal de Primera
Instancia señaló la vista en su fondo para septiembre de 1997. Sin
embargo, en julio el abogado de ASDA presentó una moción de renuncia de
representación legal, y solicitó que toda notificación futura se le
dirigiera exclusivamente al Administrador de ASDA. El tribunal concedió
a ASDA un término para contratar un nuevo abogado y reafirmó que la
vista en su fondo seguía señalada para septiembre. No obstante, esta
orden sólo se notificó al abogado que había solicitado ser relevado,
pero no a ASDA.
El día del juicio ASDA no compareció. Tras resultar infructuosas
las gestiones del tribunal para comunicarse con ASDA por teléfono, se
procedió a celebrar la vista en ausencia de la demandada, situación
calificada
por
las
partes
y
dicho
tribunal
como
una
“vista
en
rebeldía”. Desfilada la prueba de Ghigliotti, se declaró con lugar la
demanda
al
concluirse
que
ASDA
ejecutó
defectuosamente
sus
responsabilidades contractuales.
Inconforme con dicho dictamen ASDA apeló al Tribunal de Circuito
de
Apelaciones
y
sostuvo
que
el
foro
de
instancia
cometió
los
siguientes errores: i) dictar sentencia en rebeldía sin notificarle
debidamente
de
la
orden
y
sin
apercibirle
de
las
consecuencias
de
CC-1998-734
incumplir
la
4
misma
y;
ii)
no
desestimar
la
demanda
debido
a
la
existencia de un relevo de responsabilidad, hecho admitido en la misma.
Ghigliotti, por su parte, solicitó la desestimación del recurso de
apelación, bajo el fundamento de que el mismo fue radicado fuera del
término provisto en la regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.
Ap. III. Adujo que por ser ASDA una corporación pública, el término
aplicable para presentar la apelación era de treinta (30) días y no el
de sesenta (60) días dispuesto para las agencias gubernamentales. Dicho
foro
apelativo
declaró
no
ha
lugar
a
la
referida
moción
de
desestimación al concluir que ASDA era una agencia del gobierno y no
una corporación pública.
Posteriormente, el Tribunal de Circuito de Apelaciones revocó el
dictamen del foro de instancia. Concluyó que la vista en su fondo
celebrada en ausencia de ASDA, sin estar ésta debidamente notificada,
era una situación análoga a la figura de la rebeldía.
A tales efectos,
dicho foro apelativo determinó que se debió notificar a ASDA de la
vista y apercibirle de las consecuencias de la no comparecencia.
Inconforme con esta decisión Ghigliotti recurre ante nos aduciendo
que erró dicho foro al revocar al tribunal de instancia y al determinar
que el recurso se presentó dentro del término apelativo, por ser ASDA
una corporación pública y no una agencia.
Acogido
aduce
que
el
recurso
Ghigliotti
de
está
certiorari
impedido
presentado,
de
comparece
discutir
ante
ASDA
y
nos
la
determinación del foro apelativo denegando la moción de desestimación.
Sostiene
que
este
Tribunal
no
tiene
jurisdicción
para
revisar
la
resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En la
alternativa, expone que actuó correctamente dicho tribunal al concluir:
i) que ASDA es una agencia gubernamental y no una corporación pública
y;
ii)
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
no
debió
dictar
la
sentencia en rebeldía. Estando en posición de resolver, así lo hacemos.
II
CC-1998-734
5
De entrada resulta pertinente atender el planteamiento esbozado
por ADSA a los efectos de que carecemos de jurisdicción para determinar
si la apelación ante el Tribunal de Circuito se presentó a tiempo. En
síntesis,
ASDA
alega
que
la
resolución
de
dicho
foro
apelativo,
acogiendo el recurso, es final y firme. No le asiste la razón a ASDA.
La determinación de si la apelación ante el Tribunal de Circuito
de
Apelaciones
se
radicó
en
tiempo
va
dirigida
a
cuestionar
la
jurisdicción que tenía dicho foro para atender el caso. Por lo tanto,
si dicho tribunal carecía de jurisdicción, por haberse radicado la
apelación fuera del término, es una cuestión que puede dilucidarse ante
nos. En reiteradas ocasiones hemos señalado que la presentación de un
recurso
fuera
de
un
término
jurisdiccional
priva
al
tribunal
de
facultad para considerar el mismo, por lo que dicho planteamiento puede
hacerse en cualquier etapa. Véase, Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R.
511
(1984).
No
olvidemos
que
los
tribunales
apelativos
tienen
la
obligación de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el
recurso. Véase, Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).
Por lo tanto, no procede el argumento esbozado por ASDA a los
efectos
que
Ghigliotti
está
impedido
de
levantar
ante
nos
el
atender
el
planteamiento de falta de jurisdicción del tribunal apelado.
Examinada
planteamiento
la
de
facultad
Ghigliotti
de
este
sobre
el
Tribunal
término
para
aplicable
para
la
radicación de la apelación en el caso de autos, procede que analicemos
lo dispuesto en nuestro ordenamiento procesal.
III
La regla 53.1(c) de Procedimiento Civil establece el término para
interponer una apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
procedente del Tribunal de Primera Instancia.
El referido término
varia según la clasificación que se le de a la entidad gubernamental de
que se trate. A tales efectos, dispone la mencionada regla:
El recurso de apelación deberá ser presentado en la forma
antes dispuesta, dentro del término jurisdiccional de treinta
(30) días contados desde el archivo en autos de una copia de
CC-1998-734
6
la notificación de la sentencia dictada por el tribunal
apelado.
En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado
de
Puerto
Rico,
sus
funcionarios
o
una
de
sus
instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o
los municipios de Puerto Rico sean parte en un pleito, el
recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte en
el pleito perjudicada por la sentencia, presentando un
escrito de apelación en la forma antes dispuesta y dentro del
término jurisdiccional de sesenta (60) días contados desde el
archivo en autos de una copia de la notificación de la
sentencia dictada por el tribunal apelado. 32 L.P.R.A. Ap.
III, R.53.1(c). (Enfasis nuestro)
Por ende, resulta de vital importancia examinar si ASDA es una
corporación pública o una agencia gubernamental, ya que los términos
para formalizar el escrito de apelación al Tribunal de Circuito varían
según se trate de una u otra. De dicha determinación depende si el
recurso
de
apelación
interpuesto
por
ASDA,
ante
el
referido
foro
apelativo, se presentó dentro del término provisto por la regla.
En Huertas Alicea v. Compañía de Fomento Recreativo, res. el 4 de
noviembre de 1998, 98 TSPR 147, al resolver que dicha compañía era una
instrumentalidad del gobierno que operaba como una corporación pública,
esbozamos
los
gubernamental
criterios
a
examinar
es
una
corporación
o
no
al
determinar
si
una
entidad
pública.
tales
efectos,
A
analizamos la ley habilitadora de dicha compañía y mencionamos, inter
alia,
los
autonomía
siguiente
criterios:
1)poseer
ingresos
fiscal;
contar
una
de
3)
con
Junta
propios;
Directores;
2)
tener
4)si
los
empleados de la agencia están cubiertos por la Ley de Personal; 5) si
los servicios prestados por la agencia, por su naturaleza intrínseca,
nunca
han
sido
prestados
por
la
empresa
privada;
6)
el
grado
de
autonomía administrativa de que goce; 7) si se cobra o no un precio o
tarifas
por
el
servicio
rendido
(precio
que
debe
ser
básicamente
equivalente al valor del servicio); 8) si los poderes y facultades
concedidos
en
la
ley
orgánica
de
la
agencia
la
asemejan
fundamentalmente a una empresa privada y; la estructura en sí de la
entidad. En dicha decisión reafirmamos que ningún criterio es por sí
sólo determinante.
CC-1998-734
7
Anteriormente
en
J.R.T.
v.
Corporación
del
Conservatorio
de
Música, res. el 20 de marzo de 1996, 140 D.P.R.__ (1996), indicamos
que:
“[s]i [la agencia] rinde servicios que nunca han sido prestados
por
empresas
privadas,
entonces
su
naturaleza
tiende
a
ser
gubernamental más bien que de negocio privado. [...] En cambio, si la
instrumentalidad
rinde
servicios
como
los
que
prestan
empresas
privadas, y lo hace con propósitos lucrativos, su naturaleza tiende a
ser la de un negocio privado”.
Señalamos también que las empresas que
operan con fines de lucro obtienen ganancias que provienen de la venta
de sus productos a precios que sobrepasan sus costos.
Aplicados los criterios anteriormente esbozados al caso de autos
concluimos que ASDA es una agencia gubernamental y no una corporación
pública, por lo que el recurso apelativo fue interpuesto en tiempo, al
ser aplicable el término de sesenta (60) días provisto por la regla
53.1 de Procedimiento Civil.
Veamos.
IV
El
Plan
reestructuró
de
el
Reorganización
Departamento
Núm.
de
1
del
Agricultura
4
de
mayo
estableciendo
de
1994
como
sus
componentes programáticos y operacionales a: (i) la Administración de
Servicios
y
Desarrollo
Agropecuario
de
Puerto
Rico
(ASDA);(ii)
la
Autoridad de Tierras; (iii) la Corporación de Seguros Agrícolas y; (iv)
la Corporación para el Desarrollo Rural, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. I et
seq.
El
Artículo
III
de
dicho
Plan
especificó
cuales
entidades
conservarían su autonomía operacional y administrativa. Entre estos no
se incluyó a ASDA.1
Según
el
Artículo
II
Agricultura
es
el
Departamento
de
Agricultura,
del
responsable
3
referido
de
Plan,
ejecutar
L.P.R.A.,
Ap.
el
las
V,
Secretario
de
funciones
del
Art.
II.
A
tales
efectos tiene, inter alia, las siguientes facultades: a) aprobar los
1
Estos organismos serían los siguientes: la Autoridad de Tierras; la
Corporación de Seguros Agrícolas y; la Corporación para el Desarrollo
Rural, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. III.
CC-1998-734
8
reglamentos administrativos y operacionales a ser adoptados por los
componentes del Departamento y; b) evaluar y coordinar las prioridades
programáticas y presupuestarias del Departamento, y de los organismos
que lo componen, para lo cual presentará al Gobernador anualmente una
petición
presupuestaria
para
cada
Artículo
IV
uno
de
los
componentes
del
Reorganización,
el
Departamento.
Según
indica
el
del
Plan
de
Secretario de Agricultura tiene todos los poderes de ASDA, incluyendo
el de nombrar un Administrador. Además, se le facultó delegar en el
Administrador aquellos poderes y deberes que estime necesarios, excepto
el de reglamentar, 3 L.P.R.A., Ap. V., Art. IV.
Por virtud del Artículo VII de dicho Plan, (3 L.P.R.A., Ap. V,
Art. VII) ASDA está exenta de la "Ley de Personal del Servicio Público
de Puerto Rico", 3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq. Sin embargo, se le
garantiza
a
todos
los
empleados
de
carrera
los
privilegios
y
sus
respectivos status relacionados con cualquier sistema de pensiones, de
retiro, o fondo de ahorros y préstamos a los cuales estuvieran acogidos
al entrar en vigor el referido Plan, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. VIII.
ASDA fue creada por virtud de dicho Plan, quedando adscrita al
Departamento de Agricultura, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. III. A su vez,
ASDA
quedó
Agrícolas
y;
constituida
(b)
la
por:
(a)
la
Administración
Administración
de
Fomento
de
Servicios
Agrícola.
Ambos
organismos se fusionaron dentro de ASDA, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. V.
Debido a que el Plan de Reorganización transfirió a ASDA los poderes y
funciones
de
dichos
organismos,
es
necesario
examinar
las
Servicios
Agrícolas
de
Rico
leyes
orgánicas de éstos.
La
adelante
Administración
A.S.A),
al
de
ser
creada,
quedó
adscrita
Puerto
al
Departamento
(en
de
Agricultura por virtud de la Ley Núm. 33 del 7 de junio de 1977, (5
L.P.R.A.
sec.
1851
et
seq.).
Aunque
A.S.A.
funcionaría
como
una
entidad jurídica separada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
sus
agencias,
instrumentalidades,
corporaciones
públicas
o
CC-1998-734
9
subdivisiones políticas, el Secretario de Agricultura tendría todos los
poderes y determinaría su política pública, 5 L.P.R.A. sec. 1853.
Según dispone el artículo 3 de la mencionada ley, el Secretario,
con el consentimiento del Gobernador, nombraría un Administrador, quien
desempeñará su cargo a voluntad del Secretario.
Aunque éste podría
delegar en el Administrador, aquellos poderes y deberes que estimará
necesarios, el poder de reglamentar no sería delegable, 5 L.P.R.A. sec.
1853.
El propósito de A.S.A fue proveer toda clase de servicios, con o
sin subsidios económicos, para promover el desarrollo de las empresas
agropecuarias y de la agricultura en general, 5 L.P.R.A. § 1854. A
tales
efectos,
transacciones
garantizaría
comerciales
y
al
agricultor
seguridad
en
precios
razonables
para
productos
los
las
agrícolas. De igual forma A.S.A podría, inter alia:
1) Proveer toda clase de servicios necesarios en los
procesos de distribución y mercadeo de los productos
agropecuarios con o sin subsidios.
2) Transferir libre de costo o a un precio menor del
costo los productos agrícolas que adquiera, a instituciones
gubernamentales, estatales o municipales y a otras entidades
con fines no pecuniarios, cuando a su juicio, así lo requiera
el interés público.
3)Proveer ayuda económica a los agricultores para el
pago de seguros agrícolas, gubernamentales o privados,
siempre
que,
a
juicio
del
Administrador
o
de
su
representante, el agricultor no pueda pagarlo por sí mismo.
4)Realizar o proveer ayuda económica para que los
agricultores realicen pruebas de adaptación, desarrollo o
compra de maquinaria y equipo necesario o útil para la
producción, elaboración o mercadeo de productos agrícolas y
fomentar el desarrollo de proyectos agroindustriales.
5)Prestar servicios, ayuda técnica y el uso de su
propiedad, mueble o inmueble, mediante compensación o sin
ella. (5 L.P.R.A. sec. 1854, incisos (g), (i), (k), (l) y (u)
respectivamente)
Los fondos necesarios para llevar a cabo los fines de A.S.A. se
asignarían
en
el
Presupuesto
General
de
Gastos
del
Gobierno
en
la
partida correspondiente al Departamento de Agricultura, 5 L.P.R.A. §
1864.
Por otro lado, la Administración de Fomento Agrícola, (en adelante
A.F.A.) se creó como una agencia gubernamental, por virtud de la Ley
CC-1998-734
10
Núm. 28 del 5 de junio de 1985, (5 L.P.R.A. § 1833, et seq.). Al igual
que
en
el
caso
de
A.S.A.,
los
poderes
de
A.F.A.
serían
ejercidos
totalmente por el Secretario de Agricultura, 5 L.P.R.A. § 1833. Esta
agencia se creó para propiciar la estabilidad del agricultor a través
de subsidios e incentivos para realizar prácticas conducentes a una
mejor producción agrícola, 5 L.P.R.A. § 1834.
V
Habiendo
esbozado
los
poderes
y
facultades
de
ASDA
y
de
los
organismos que en ella se fusionaron, nos corresponde ahora examinar, a
la luz de los factores esbozados por la jurisprudencia para determinar
cuando estamos ante una corporación pública, por qué ASDA ha de ser
calificada como una agencia.
En Huertas Alicea v. Compañía de Fomento Recreativo, supra, al
analizar las facultades de la Compañía de Fomento, destacamos algunas
que resultan de particular importancia al momento de determinar si una
entidad gubernamental opera como un negocio o empresa privada.
Así
mencionamos que: “[e]ntre éstas se destacan aquéllas que proveen para
un funcionamiento independiente en el área administrativa y en el área
fiscal”.
Aunque,
determinante,
como
mencionamos,
procedemos
a
ningún
considerar
criterio
estas
es
por
facultades
sí
sólo
teniendo
en
mente la conjunción de los diversos factores existentes.
En lo referente al ámbito fiscal, un análisis de la ley orgánica
de ASDA revela que la misma carece de autonomía fiscal. Los fondos
necesarios para llevar a cabo los fines de ASDA se asignan en el
Presupuesto General de Gastos del Gobierno, 5 de L.P.R.A. 1864. A tales
efectos, la prueba en autos refleja que desde 1993 las asignaciones
legislativas
representan
más
del
70%
del
presupuesto
alcanzando un 88% de éste en el año fiscal 1997-98.
de
ASDA,
No hay duda de que
sin estas asignaciones ASDA no podría cumplir con sus obligaciones.
CC-1998-734
11
Como mencionáramos anteriormente, las empresas que operan con fines de
lucro obtienen ganancias que provienen de la venta de sus productos a
precios que sobrepasan sus costos. Este no es el caso de ASDA, pues la
propia Ley Núm. 33 señala que entre sus facultades está el prestar
servicios, ayuda técnica y el uso de su propiedad, mueble o inmueble,
mediante
compensación
o
sin
ella,
5
L.P.R.A.
sec.
1854.
Esto
es
admitido por el propio Ghigliotti quien advierte en su demanda que:
“[l]os servicios que ofrece la demandada son virtualmente imposibles de
conseguir
a
un
precio
asequible
y
el
demandante
no
tenía
otra
posibilidad práctica de contratar servicio con otra persona”.2
ASDA no cobra un precio equivalente al valor del servicio que
presta ya que, su política pública es el estimular el desarrollo de la
industria
agropecuaria,
función
que
se
logra,
no
vendiendo
sus
servicios a un precio que sobrepase los costos de adquirirlos, sino
transfiriendo los productos agrícolas o servicios mediante compensación
o sin ella, si así se requiere. Es por esto que ASDA necesita del
subsidio de la legislatura para cumplir con sus obligaciones.
De
igual
forma
puede
apreciarse
que
ASDA
carece
de
autonomía
administrativa. Dicha agencia se encuentra bajo el control absoluto del
Secretario de Agricultura quien retiene todos sus poderes, 3 L.P.R.A.,
Ap. V, Art. IV.
ASDA no tiene una Junta de Directores, sino que es
dirigida por un Administrador quien desempeña su cargo a voluntad del
Secretario de Agricultura, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. IV.
La limitación a la autonomía fiscal de ASDA se refleja en la Ley
orgánica de A.S.A., cuyos poderes y facultades fueron transferidos a la
recurrida por virtud del Plan de Reorganización, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art.
V. Aunque en la sección de poderes generales de dicha ley orgánica se
otorgan a A.S.A. una serie de facultades, las mismas están sujetas a lo
2
Esto queda evidenciado por ASDA, quien afirma que “[e]l demandante
solicitó servicio de alquiler de maquinaria por el cual pagó un precio
nominal de sólo $427.50, considerando que tomó dos días (14 horas), con
tres empleados públicos y maquinaria pesada para la remoción del
terreno.”
CC-1998-734
12
que el Secretario de Agricultura disponga. A manera de ejemplo puede
destacarse el inciso (b) de dicha sección, 5 L.P.R.A. § 1855.
El inciso (b) disponía que A.S.A. (ahora ASDA) podría celebrar
acuerdos para cumplir los fines impuesto en la ley. Sin embargo, la
propia ley dispuso que: “cualquier cambio en las normas, acuerdos y
contratos que se establezcan y que conlleven erogaciones futuras de
fondos
deberán
tener
la
aprobación
previa
del
Secretario
o
del
funcionario en que éste delegue”. Esto demuestra el control absoluto
que tiene el Secretario de Agricultura sobre la agencia.
El
hecho
de
que
las
deudas
y
obligaciones
de
A.S.A.
no
constituyeran deudas u obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico
parece
apremiante
de
responder,
sana
como
afirma
administración
la
recurrida:
pública,
donde
“a
ASDA,
un
interés
siendo
un
componente operacional del Departamento de Agricultura, cumpla con sus
encomiendas dentro de los parámetros presupuestarios”.
Por las razones expuestas, concluimos que ASDA es una agencia
gubernamental
adscrita
corporación publica.3
al
Departamento
de
Agricultura
y
no
una
Por ende, el recurso presentado por ASDA ante el
Tribunal de Circuito, para revisar la sentencia dictada por el Tribunal
de Primera Instancia, se presentó dentro del término correspondiente.
VI
Una vez determinado que el Tribunal de Circuito de Apelaciones
tenía
jurisdicción
para
atender
el
recurso
presentado,
nos
resta
determinar si dicho foro erró al revocar la sentencia dictada por el
Tribunal de Primera Instancia.
La vista en el caso de autos se celebró en ausencia de ASDA debido
a que la resolución del Tribunal de Primera Instancia, en la cual se
3
Valga aclarar que no llegamos a esta conclusión por el mero hecho de
que ADSA este adscrita al Departamento de Agricultura, pues una
corporación pública no deja de ser tal por estar adscrita a un
Departamento gubernamental. Véase, Pagan v. E.L.A., 131 D.P.R. 795, 807
(1992)y Huertas Alicea v. Compañía de Fomento Recreativo, supra.
CC-1998-734
13
aceptó la renuncia del abogado de ASDA y se indicó la vigencia del
señalamiento para la vista en su fondo, no fue notificada a la agencia.
Independientemente de si fue o no correcto calificar la referida
vista como una en rebeldía, este Tribunal ha indicado que existe una
política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. Véase,
Mercado v. Panthers Military, 125 D.P.R. 98 (1990); Echevarría Jiménez
v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664 (1989); Maldonado v. Srio. de
Recursos
Naturales,
113
D.P.R.
494
(1982)
y;
Acevedo
v.
Compañía
Telefónica de Puerto Rico, 102 D.P.R. 787 (1974).
De los autos surge que la referida moción de renuncia especificó
que toda notificación futura relacionada a ASDA fuera enviada a su
administrador. Sin embargo, a pesar de autorizarse la renuncia, dicha
resolución no fue notificada a ASDA.
Coincidimos con el Tribunal de Circuito a los efectos que el foro
de instancia debió notificar dicha resolución a ASDA y apercibirle de
las consecuencias de la no comparecencia. Sólo luego de esto podía
celebrarse la referida vista. ASDA desconocía de la resolución y había
levantado
como
defensa
Ghigliotti, además
de
un
un
relevo
informe
de
donde
responsabilidad
éste
aceptaba
firmado
los
por
servicios
realizados por ASDA.
Por
ende, procede
que se confirme
la Sentencia
dictada por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelva el caso al Tribunal de
Primera
Instancia
para
que
continúen
los
consistente con lo aquí resuelto.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
procedimientos
en
forma
CC-1998-734
14
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Ghigliotti Arzola
Demandante y Peticionario
v.
CC-1998-734
Certiorari
Administración de Servicios
Agrícolas
Demandado y Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 1999.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
integral de la presente, se expide el auto de certiorari
y se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal
de
Primera
Instancia
para
que
continúen
los
procedimientos en forma consistente con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo