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Tribunal Supremo de Puerto Rico

LUIS GHIGLIOTTI ARZOLA V ADM SERVICIOS AGRICOLAS

1999 TSPR 189

Poder Judicial de Puerto Rico

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LUIS GHIGLIOTTI ARZOLA V ADM SERVICIOS AGRICOLAS

CC-1998-0734

CC-1998-734

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Ghigliotti Arzola

Peticionario

Certiorari

v.

99 TSPR 189

Administración de Servicios Agrícolas

Recurridos

Número del Caso: CC-1998-0734

Fecha: 30/12/1999

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V

Juez Ponente: Hon. Ramón Negrón Soto

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Javier A. Echevarría Vargas

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Raymond P. Burgos

Lcdo. Rafael A. Vilá Carrión

Materia: Daños Contractuales

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como un servicio público a la comunidad.

CC-1998-734

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Ghigliotti Arzola

Demandante y Peticionario

v.

CC-1998-734

Certiorari

Administración de Servicios

Agrícolas

Demandado y Recurridos

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 1999.

En este recurso el Sr. Luis Ghigliotti Arzola,

impugna una sentencia dictada por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones que revocó una decisión del

Tribunal de Primera Instancia.

A tales efectos,

señala que el Tribunal de Circuito erró al concluir

que: tenía jurisdicción para resolver el recurso

presentado,

bajo

Administración

de

el

fundamento

Servicio

y

de

Desarrollo

que

la

Agrícola

era una agencia del gobierno y; tenía sesenta (60)

días para recurrir. Además, aduce que erró dicho

foro al resolver que no debió celebrarse la vista

en

su

fondo

en

el

caso

de

autos

CC-1998-734

3

sin la comparecencia de la recurrida. Examinadas las comparecencias ante

nos, confirmamos.

I

El Sr. Luis Ghigliotti Arzola contrató con la Administración de

Servicio y Desarrollo Agrícola, (en adelante ASDA) para la realización

de ciertos trabajos en su finca. A tenor con dicho contrato, ASDA

realizó el trabajo. Sin embargo, durante la realización de este se

causaron daños a la finca. Por tal razón, Ghigliotti demandó a ASDA

ante el Tribunal de Primera Instancia. En su contestación, ASDA planteó

como defensa que cuando comenzaron los trabajos Ghigliotti aprobó las

obras y la relevó de responsabilidad por los daños reclamados.

Después de ciertos trámites procesales, el Tribunal de Primera

Instancia señaló la vista en su fondo para septiembre de 1997. Sin

embargo, en julio el abogado de ASDA presentó una moción de renuncia de

representación legal, y solicitó que toda notificación futura se le

dirigiera exclusivamente al Administrador de ASDA. El tribunal concedió

a ASDA un término para contratar un nuevo abogado y reafirmó que la

vista en su fondo seguía señalada para septiembre. No obstante, esta

orden sólo se notificó al abogado que había solicitado ser relevado,

pero no a ASDA.

El día del juicio ASDA no compareció. Tras resultar infructuosas

las gestiones del tribunal para comunicarse con ASDA por teléfono, se

procedió a celebrar la vista en ausencia de la demandada, situación

calificada

por

las

partes

y

dicho

tribunal

como

una

“vista

en

rebeldía”. Desfilada la prueba de Ghigliotti, se declaró con lugar la

demanda

al

concluirse

que

ASDA

ejecutó

defectuosamente

sus

responsabilidades contractuales.

Inconforme con dicho dictamen ASDA apeló al Tribunal de Circuito

de

Apelaciones

y

sostuvo

que

el

foro

de

instancia

cometió

los

siguientes errores: i) dictar sentencia en rebeldía sin notificarle

debidamente

de

la

orden

y

sin

apercibirle

de

las

consecuencias

de

CC-1998-734

incumplir

la

4

misma

y;

ii)

no

desestimar

la

demanda

debido

a

la

existencia de un relevo de responsabilidad, hecho admitido en la misma.

Ghigliotti, por su parte, solicitó la desestimación del recurso de

apelación, bajo el fundamento de que el mismo fue radicado fuera del

término provisto en la regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III. Adujo que por ser ASDA una corporación pública, el término

aplicable para presentar la apelación era de treinta (30) días y no el

de sesenta (60) días dispuesto para las agencias gubernamentales. Dicho

foro

apelativo

declaró

no

ha

lugar

a

la

referida

moción

de

desestimación al concluir que ASDA era una agencia del gobierno y no

una corporación pública.

Posteriormente, el Tribunal de Circuito de Apelaciones revocó el

dictamen del foro de instancia. Concluyó que la vista en su fondo

celebrada en ausencia de ASDA, sin estar ésta debidamente notificada,

era una situación análoga a la figura de la rebeldía.

A tales efectos,

dicho foro apelativo determinó que se debió notificar a ASDA de la

vista y apercibirle de las consecuencias de la no comparecencia.

Inconforme con esta decisión Ghigliotti recurre ante nos aduciendo

que erró dicho foro al revocar al tribunal de instancia y al determinar

que el recurso se presentó dentro del término apelativo, por ser ASDA

una corporación pública y no una agencia.

Acogido

aduce

que

el

recurso

Ghigliotti

de

está

certiorari

impedido

presentado,

de

comparece

discutir

ante

ASDA

y

nos

la

determinación del foro apelativo denegando la moción de desestimación.

Sostiene

que

este

Tribunal

no

tiene

jurisdicción

para

revisar

la

resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En la

alternativa, expone que actuó correctamente dicho tribunal al concluir:

i) que ASDA es una agencia gubernamental y no una corporación pública

y;

ii)

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

no

debió

dictar

la

sentencia en rebeldía. Estando en posición de resolver, así lo hacemos.

II

CC-1998-734

5

De entrada resulta pertinente atender el planteamiento esbozado

por ADSA a los efectos de que carecemos de jurisdicción para determinar

si la apelación ante el Tribunal de Circuito se presentó a tiempo. En

síntesis,

ASDA

alega

que

la

resolución

de

dicho

foro

apelativo,

acogiendo el recurso, es final y firme. No le asiste la razón a ASDA.

La determinación de si la apelación ante el Tribunal de Circuito

de

Apelaciones

se

radicó

en

tiempo

va

dirigida

a

cuestionar

la

jurisdicción que tenía dicho foro para atender el caso. Por lo tanto,

si dicho tribunal carecía de jurisdicción, por haberse radicado la

apelación fuera del término, es una cuestión que puede dilucidarse ante

nos. En reiteradas ocasiones hemos señalado que la presentación de un

recurso

fuera

de

un

término

jurisdiccional

priva

al

tribunal

de

facultad para considerar el mismo, por lo que dicho planteamiento puede

hacerse en cualquier etapa. Véase, Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R.

511

(1984).

No

olvidemos

que

los

tribunales

apelativos

tienen

la

obligación de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el

recurso. Véase, Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).

Por lo tanto, no procede el argumento esbozado por ASDA a los

efectos

que

Ghigliotti

está

impedido

de

levantar

ante

nos

el

atender

el

planteamiento de falta de jurisdicción del tribunal apelado.

Examinada

planteamiento

la

de

facultad

Ghigliotti

de

este

sobre

el

Tribunal

término

para

aplicable

para

la

radicación de la apelación en el caso de autos, procede que analicemos

lo dispuesto en nuestro ordenamiento procesal.

III

La regla 53.1(c) de Procedimiento Civil establece el término para

interponer una apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones

procedente del Tribunal de Primera Instancia.

El referido término

varia según la clasificación que se le de a la entidad gubernamental de

que se trate. A tales efectos, dispone la mencionada regla:

El recurso de apelación deberá ser presentado en la forma

antes dispuesta, dentro del término jurisdiccional de treinta

(30) días contados desde el archivo en autos de una copia de

CC-1998-734

6

la notificación de la sentencia dictada por el tribunal

apelado.

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado

de

Puerto

Rico,

sus

funcionarios

o

una

de

sus

instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o

los municipios de Puerto Rico sean parte en un pleito, el

recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte en

el pleito perjudicada por la sentencia, presentando un

escrito de apelación en la forma antes dispuesta y dentro del

término jurisdiccional de sesenta (60) días contados desde el

archivo en autos de una copia de la notificación de la

sentencia dictada por el tribunal apelado. 32 L.P.R.A. Ap.

III, R.53.1(c). (Enfasis nuestro)

Por ende, resulta de vital importancia examinar si ASDA es una

corporación pública o una agencia gubernamental, ya que los términos

para formalizar el escrito de apelación al Tribunal de Circuito varían

según se trate de una u otra. De dicha determinación depende si el

recurso

de

apelación

interpuesto

por

ASDA,

ante

el

referido

foro

apelativo, se presentó dentro del término provisto por la regla.

En Huertas Alicea v. Compañía de Fomento Recreativo, res. el 4 de

noviembre de 1998, 98 TSPR 147, al resolver que dicha compañía era una

instrumentalidad del gobierno que operaba como una corporación pública,

esbozamos

los

gubernamental

criterios

a

examinar

es

una

corporación

o

no

al

determinar

si

una

entidad

pública.

tales

efectos,

A

analizamos la ley habilitadora de dicha compañía y mencionamos, inter

alia,

los

autonomía

siguiente

criterios:

1)poseer

ingresos

fiscal;

contar

una

de

3)

con

Junta

propios;

Directores;

2)

tener

4)si

los

empleados de la agencia están cubiertos por la Ley de Personal; 5) si

los servicios prestados por la agencia, por su naturaleza intrínseca,

nunca

han

sido

prestados

por

la

empresa

privada;

6)

el

grado

de

autonomía administrativa de que goce; 7) si se cobra o no un precio o

tarifas

por

el

servicio

rendido

(precio

que

debe

ser

básicamente

equivalente al valor del servicio); 8) si los poderes y facultades

concedidos

en

la

ley

orgánica

de

la

agencia

la

asemejan

fundamentalmente a una empresa privada y; la estructura en sí de la

entidad. En dicha decisión reafirmamos que ningún criterio es por sí

sólo determinante.

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7

Anteriormente

en

J.R.T.

v.

Corporación

del

Conservatorio

de

Música, res. el 20 de marzo de 1996, 140 D.P.R.__ (1996), indicamos

que:

“[s]i [la agencia] rinde servicios que nunca han sido prestados

por

empresas

privadas,

entonces

su

naturaleza

tiende

a

ser

gubernamental más bien que de negocio privado. [...] En cambio, si la

instrumentalidad

rinde

servicios

como

los

que

prestan

empresas

privadas, y lo hace con propósitos lucrativos, su naturaleza tiende a

ser la de un negocio privado”.

Señalamos también que las empresas que

operan con fines de lucro obtienen ganancias que provienen de la venta

de sus productos a precios que sobrepasan sus costos.

Aplicados los criterios anteriormente esbozados al caso de autos

concluimos que ASDA es una agencia gubernamental y no una corporación

pública, por lo que el recurso apelativo fue interpuesto en tiempo, al

ser aplicable el término de sesenta (60) días provisto por la regla

53.1 de Procedimiento Civil.

Veamos.

IV

El

Plan

reestructuró

de

el

Reorganización

Departamento

Núm.

de

1

del

Agricultura

4

de

mayo

estableciendo

de

1994

como

sus

componentes programáticos y operacionales a: (i) la Administración de

Servicios

y

Desarrollo

Agropecuario

de

Puerto

Rico

(ASDA);(ii)

la

Autoridad de Tierras; (iii) la Corporación de Seguros Agrícolas y; (iv)

la Corporación para el Desarrollo Rural, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. I et

seq.

El

Artículo

III

de

dicho

Plan

especificó

cuales

entidades

conservarían su autonomía operacional y administrativa. Entre estos no

se incluyó a ASDA.1

Según

el

Artículo

II

Agricultura

es

el

Departamento

de

Agricultura,

del

responsable

3

referido

de

Plan,

ejecutar

L.P.R.A.,

Ap.

el

las

V,

Secretario

de

funciones

del

Art.

II.

A

tales

efectos tiene, inter alia, las siguientes facultades: a) aprobar los

1

Estos organismos serían los siguientes: la Autoridad de Tierras; la

Corporación de Seguros Agrícolas y; la Corporación para el Desarrollo

Rural, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. III.

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8

reglamentos administrativos y operacionales a ser adoptados por los

componentes del Departamento y; b) evaluar y coordinar las prioridades

programáticas y presupuestarias del Departamento, y de los organismos

que lo componen, para lo cual presentará al Gobernador anualmente una

petición

presupuestaria

para

cada

Artículo

IV

uno

de

los

componentes

del

Reorganización,

el

Departamento.

Según

indica

el

del

Plan

de

Secretario de Agricultura tiene todos los poderes de ASDA, incluyendo

el de nombrar un Administrador. Además, se le facultó delegar en el

Administrador aquellos poderes y deberes que estime necesarios, excepto

el de reglamentar, 3 L.P.R.A., Ap. V., Art. IV.

Por virtud del Artículo VII de dicho Plan, (3 L.P.R.A., Ap. V,

Art. VII) ASDA está exenta de la "Ley de Personal del Servicio Público

de Puerto Rico", 3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq. Sin embargo, se le

garantiza

a

todos

los

empleados

de

carrera

los

privilegios

y

sus

respectivos status relacionados con cualquier sistema de pensiones, de

retiro, o fondo de ahorros y préstamos a los cuales estuvieran acogidos

al entrar en vigor el referido Plan, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. VIII.

ASDA fue creada por virtud de dicho Plan, quedando adscrita al

Departamento de Agricultura, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. III. A su vez,

ASDA

quedó

Agrícolas

y;

constituida

(b)

la

por:

(a)

la

Administración

Administración

de

Fomento

de

Servicios

Agrícola.

Ambos

organismos se fusionaron dentro de ASDA, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. V.

Debido a que el Plan de Reorganización transfirió a ASDA los poderes y

funciones

de

dichos

organismos,

es

necesario

examinar

las

Servicios

Agrícolas

de

Rico

leyes

orgánicas de éstos.

La

adelante

Administración

A.S.A),

al

de

ser

creada,

quedó

adscrita

Puerto

al

Departamento

(en

de

Agricultura por virtud de la Ley Núm. 33 del 7 de junio de 1977, (5

L.P.R.A.

sec.

1851

et

seq.).

Aunque

A.S.A.

funcionaría

como

una

entidad jurídica separada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y

sus

agencias,

instrumentalidades,

corporaciones

públicas

o

CC-1998-734

9

subdivisiones políticas, el Secretario de Agricultura tendría todos los

poderes y determinaría su política pública, 5 L.P.R.A. sec. 1853.

Según dispone el artículo 3 de la mencionada ley, el Secretario,

con el consentimiento del Gobernador, nombraría un Administrador, quien

desempeñará su cargo a voluntad del Secretario.

Aunque éste podría

delegar en el Administrador, aquellos poderes y deberes que estimará

necesarios, el poder de reglamentar no sería delegable, 5 L.P.R.A. sec.

1853.

El propósito de A.S.A fue proveer toda clase de servicios, con o

sin subsidios económicos, para promover el desarrollo de las empresas

agropecuarias y de la agricultura en general, 5 L.P.R.A. § 1854. A

tales

efectos,

transacciones

garantizaría

comerciales

y

al

agricultor

seguridad

en

precios

razonables

para

productos

los

las

agrícolas. De igual forma A.S.A podría, inter alia:

1) Proveer toda clase de servicios necesarios en los

procesos de distribución y mercadeo de los productos

agropecuarios con o sin subsidios.

2) Transferir libre de costo o a un precio menor del

costo los productos agrícolas que adquiera, a instituciones

gubernamentales, estatales o municipales y a otras entidades

con fines no pecuniarios, cuando a su juicio, así lo requiera

el interés público.

3)Proveer ayuda económica a los agricultores para el

pago de seguros agrícolas, gubernamentales o privados,

siempre

que,

a

juicio

del

Administrador

o

de

su

representante, el agricultor no pueda pagarlo por sí mismo.

4)Realizar o proveer ayuda económica para que los

agricultores realicen pruebas de adaptación, desarrollo o

compra de maquinaria y equipo necesario o útil para la

producción, elaboración o mercadeo de productos agrícolas y

fomentar el desarrollo de proyectos agroindustriales.

5)Prestar servicios, ayuda técnica y el uso de su

propiedad, mueble o inmueble, mediante compensación o sin

ella. (5 L.P.R.A. sec. 1854, incisos (g), (i), (k), (l) y (u)

respectivamente)

Los fondos necesarios para llevar a cabo los fines de A.S.A. se

asignarían

en

el

Presupuesto

General

de

Gastos

del

Gobierno

en

la

partida correspondiente al Departamento de Agricultura, 5 L.P.R.A. §

1864.

Por otro lado, la Administración de Fomento Agrícola, (en adelante

A.F.A.) se creó como una agencia gubernamental, por virtud de la Ley

CC-1998-734

10

Núm. 28 del 5 de junio de 1985, (5 L.P.R.A. § 1833, et seq.). Al igual

que

en

el

caso

de

A.S.A.,

los

poderes

de

A.F.A.

serían

ejercidos

totalmente por el Secretario de Agricultura, 5 L.P.R.A. § 1833. Esta

agencia se creó para propiciar la estabilidad del agricultor a través

de subsidios e incentivos para realizar prácticas conducentes a una

mejor producción agrícola, 5 L.P.R.A. § 1834.

V

Habiendo

esbozado

los

poderes

y

facultades

de

ASDA

y

de

los

organismos que en ella se fusionaron, nos corresponde ahora examinar, a

la luz de los factores esbozados por la jurisprudencia para determinar

cuando estamos ante una corporación pública, por qué ASDA ha de ser

calificada como una agencia.

En Huertas Alicea v. Compañía de Fomento Recreativo, supra, al

analizar las facultades de la Compañía de Fomento, destacamos algunas

que resultan de particular importancia al momento de determinar si una

entidad gubernamental opera como un negocio o empresa privada.

Así

mencionamos que: “[e]ntre éstas se destacan aquéllas que proveen para

un funcionamiento independiente en el área administrativa y en el área

fiscal”.

Aunque,

determinante,

como

mencionamos,

procedemos

a

ningún

considerar

criterio

estas

es

por

facultades

sí

sólo

teniendo

en

mente la conjunción de los diversos factores existentes.

En lo referente al ámbito fiscal, un análisis de la ley orgánica

de ASDA revela que la misma carece de autonomía fiscal. Los fondos

necesarios para llevar a cabo los fines de ASDA se asignan en el

Presupuesto General de Gastos del Gobierno, 5 de L.P.R.A. 1864. A tales

efectos, la prueba en autos refleja que desde 1993 las asignaciones

legislativas

representan

más

del

70%

del

presupuesto

alcanzando un 88% de éste en el año fiscal 1997-98.

de

ASDA,

No hay duda de que

sin estas asignaciones ASDA no podría cumplir con sus obligaciones.

CC-1998-734

11

Como mencionáramos anteriormente, las empresas que operan con fines de

lucro obtienen ganancias que provienen de la venta de sus productos a

precios que sobrepasan sus costos. Este no es el caso de ASDA, pues la

propia Ley Núm. 33 señala que entre sus facultades está el prestar

servicios, ayuda técnica y el uso de su propiedad, mueble o inmueble,

mediante

compensación

o

sin

ella,

5

L.P.R.A.

sec.

1854.

Esto

es

admitido por el propio Ghigliotti quien advierte en su demanda que:

“[l]os servicios que ofrece la demandada son virtualmente imposibles de

conseguir

a

un

precio

asequible

y

el

demandante

no

tenía

otra

posibilidad práctica de contratar servicio con otra persona”.2

ASDA no cobra un precio equivalente al valor del servicio que

presta ya que, su política pública es el estimular el desarrollo de la

industria

agropecuaria,

función

que

se

logra,

no

vendiendo

sus

servicios a un precio que sobrepase los costos de adquirirlos, sino

transfiriendo los productos agrícolas o servicios mediante compensación

o sin ella, si así se requiere. Es por esto que ASDA necesita del

subsidio de la legislatura para cumplir con sus obligaciones.

De

igual

forma

puede

apreciarse

que

ASDA

carece

de

autonomía

administrativa. Dicha agencia se encuentra bajo el control absoluto del

Secretario de Agricultura quien retiene todos sus poderes, 3 L.P.R.A.,

Ap. V, Art. IV.

ASDA no tiene una Junta de Directores, sino que es

dirigida por un Administrador quien desempeña su cargo a voluntad del

Secretario de Agricultura, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art. IV.

La limitación a la autonomía fiscal de ASDA se refleja en la Ley

orgánica de A.S.A., cuyos poderes y facultades fueron transferidos a la

recurrida por virtud del Plan de Reorganización, 3 L.P.R.A., Ap. V, Art.

V. Aunque en la sección de poderes generales de dicha ley orgánica se

otorgan a A.S.A. una serie de facultades, las mismas están sujetas a lo

2

Esto queda evidenciado por ASDA, quien afirma que “[e]l demandante

solicitó servicio de alquiler de maquinaria por el cual pagó un precio

nominal de sólo $427.50, considerando que tomó dos días (14 horas), con

tres empleados públicos y maquinaria pesada para la remoción del

terreno.”

CC-1998-734

12

que el Secretario de Agricultura disponga. A manera de ejemplo puede

destacarse el inciso (b) de dicha sección, 5 L.P.R.A. § 1855.

El inciso (b) disponía que A.S.A. (ahora ASDA) podría celebrar

acuerdos para cumplir los fines impuesto en la ley. Sin embargo, la

propia ley dispuso que: “cualquier cambio en las normas, acuerdos y

contratos que se establezcan y que conlleven erogaciones futuras de

fondos

deberán

tener

la

aprobación

previa

del

Secretario

o

del

funcionario en que éste delegue”. Esto demuestra el control absoluto

que tiene el Secretario de Agricultura sobre la agencia.

El

hecho

de

que

las

deudas

y

obligaciones

de

A.S.A.

no

constituyeran deudas u obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico

parece

apremiante

de

responder,

sana

como

afirma

administración

la

recurrida:

pública,

donde

“a

ASDA,

un

interés

siendo

un

componente operacional del Departamento de Agricultura, cumpla con sus

encomiendas dentro de los parámetros presupuestarios”.

Por las razones expuestas, concluimos que ASDA es una agencia

gubernamental

adscrita

corporación publica.3

al

Departamento

de

Agricultura

y

no

una

Por ende, el recurso presentado por ASDA ante el

Tribunal de Circuito, para revisar la sentencia dictada por el Tribunal

de Primera Instancia, se presentó dentro del término correspondiente.

VI

Una vez determinado que el Tribunal de Circuito de Apelaciones

tenía

jurisdicción

para

atender

el

recurso

presentado,

nos

resta

determinar si dicho foro erró al revocar la sentencia dictada por el

Tribunal de Primera Instancia.

La vista en el caso de autos se celebró en ausencia de ASDA debido

a que la resolución del Tribunal de Primera Instancia, en la cual se

3

Valga aclarar que no llegamos a esta conclusión por el mero hecho de

que ADSA este adscrita al Departamento de Agricultura, pues una

corporación pública no deja de ser tal por estar adscrita a un

Departamento gubernamental. Véase, Pagan v. E.L.A., 131 D.P.R. 795, 807

(1992)y Huertas Alicea v. Compañía de Fomento Recreativo, supra.

CC-1998-734

13

aceptó la renuncia del abogado de ASDA y se indicó la vigencia del

señalamiento para la vista en su fondo, no fue notificada a la agencia.

Independientemente de si fue o no correcto calificar la referida

vista como una en rebeldía, este Tribunal ha indicado que existe una

política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. Véase,

Mercado v. Panthers Military, 125 D.P.R. 98 (1990); Echevarría Jiménez

v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664 (1989); Maldonado v. Srio. de

Recursos

Naturales,

113

D.P.R.

494

(1982)

y;

Acevedo

v.

Compañía

Telefónica de Puerto Rico, 102 D.P.R. 787 (1974).

De los autos surge que la referida moción de renuncia especificó

que toda notificación futura relacionada a ASDA fuera enviada a su

administrador. Sin embargo, a pesar de autorizarse la renuncia, dicha

resolución no fue notificada a ASDA.

Coincidimos con el Tribunal de Circuito a los efectos que el foro

de instancia debió notificar dicha resolución a ASDA y apercibirle de

las consecuencias de la no comparecencia. Sólo luego de esto podía

celebrarse la referida vista. ASDA desconocía de la resolución y había

levantado

como

defensa

Ghigliotti, además

de

un

un

relevo

informe

de

donde

responsabilidad

éste

aceptaba

firmado

los

por

servicios

realizados por ASDA.

Por

ende, procede

que se confirme

la Sentencia

dictada por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelva el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

que

continúen

los

consistente con lo aquí resuelto.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

procedimientos

en

forma

CC-1998-734

14

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Ghigliotti Arzola

Demandante y Peticionario

v.

CC-1998-734

Certiorari

Administración de Servicios

Agrícolas

Demandado y Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

integral de la presente, se expide el auto de certiorari

y se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal

de

Primera

Instancia

para

que

continúen

los

procedimientos en forma consistente con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo