Tribunal Supremo de Puerto Rico
LPC & D INC. V A DE CARRETERAS
1999 TSPR 185
Poder Judicial de Puerto Rico
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LPC & D INC. V A DE CARRETERAS
*CC-1998-0797 CC-1998-0832
CC-98-797
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
L.P.C. & D., Inc.
Recurrido
v.
Certiorari
Autoridad de Carreteras y
Transportación y otros
Recurridos
99 TSPR 185
ICA Miramar Corp.
Peticionaria
Número del Caso: CC-1998-0797/CC-1998-0832 Consolidados
Fecha: 27/12/1999
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Panel Integrado por: Hon. Liana Fiol Matta
Hon. Gierbolini Rodríguez
Hon. Soler Aquino
Abogado de ICA Miramar Corp.: Lcdo. Víctor Maldonado Gómez
Abogado de L.P.C. & D., Inc.: Lcdo. Angel R. Pagán Ocasio
Abogados de la Autoridad de Carreteras: Lcdo. Melvin E.
Maldonado Colón
Lcdo. Luis A. Rivera
Cabrera
Lcda. Eileen
Quintana Guerrero
Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa
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CC-98-797
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
L.P.C. & D. Inc.
Demandante y Recurrida
v.
CC-98-797
Certiorari
CC-98-832
Autoridad de Carreteras
y Transportación y otros
Demandados Recurridos
ICA Miramar Corp.
Peticionaria
Opinión del Tribunal
Hernández Denton
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 1999.
Hoy nos toca resolver cómo ha de ser la notificación a
las partes perdidosas en un procedimiento de adjudicación
de
subasta.
Por
fundamentada,
ya
adversamente
entender
que
que
esto
afectada
pueda
la
notificación
posibilita
ejercitar
que
debe
la
ser
parte
efectivamente
su
derecho a la revisión judicial, confirmamos.
I
A
principios
Autoridad
Junta)
de
de
1998,
Carreteras
anunció que
habría
y
la
Junta
de
Subastas
Transportación
de
recibir
(en
de
la
adelante
propuestas,
previa
celebración de subasta pública, para la construcción de la
Avenida
Río
Hondo,
CC-98-797
Carretera
3
5,
desde
la
P.R.-174
hasta
la
Avenida
Los
Millones
del
Municipio de Bayamón.
Entre las propuestas recibidas por la Junta se encontraban las
sometidas por ICA Miramar y Las Piedras Construction (en adelante Las
Piedras). La propuesta más baja en precio fue la presentada por ICA
Miramar.
Las Piedras argumentó ante la Junta que la propuesta sometida por
ICA Miramar no especificó en letras, aunque sí en números, el precio
unitario licitado para una de las partidas que componían el proyecto
objeto
de
propuesta
subasta.
de
ICA
Las
Piedras
Miramar
señaló
inaceptable,
que
tal
según
defecto
las
hacía
la
especificaciones
aplicables a la subasta. ICA Miramar adujo, por su parte, que ese
defecto
era
propuesta,
uno
ya
que
insustancial
era
un
que
error
no
conllevaba
fácilmente
el
rechazo
subsanable
de
su
mediante
una
simple operación aritmética.
Posteriormente, la Junta adjudicó la buena pro de la subasta a ICA
Miramar y le notificó la decisión a los licitadores perdidosos. Por la
pertinencia de la notificación de la adjudicación de la subasta a la
controversia en el caso de autos, la reproducimos íntegramente:
L.P.C.& D.
Apartado 2025
Las Piedras, P.R. 00771
Fax: 733-4808
Río Construction
P.O. Box 10462
San Juan, P.R. 00922-0462
Fax: 720-1254
Redondo Construction
P.O. Box 364185
San Juan, P.R. 00936
Fax: 783-3980
Asunto:
Construcción Ave. Río Hondo, Carr. P.R.-5, Desde
P.R.-174 hasta Ave. Los Millones, Mpio. de Bayamón, P.R. AC00526
La Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y
Transportación desea informarles que la subasta de referencia
fue adjudicada a los Miramar el día 29 de mayo de 1998.
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Desde el día indicado comenzó a correr el término de diez (10)
días, para solicitar reconsideración de considerarse afectado
adversamente por la decisión de la Agencia, según dispone la
Sección 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
de Puerto Rico. Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según
enmendada.
Gracias por su participación en nuestras subastas.
Cordialmente,
Manuel Feliciano
Presidente
Junta de Subastas
Tras
haber
solicitado,
sin
éxito,
la
reconsideración
de
la
decisión de la Junta, Las Piedras recurrió ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones.
Circuito
de
Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de
Apelaciones
concluyó
que
el
aviso
de
adjudicación
de
subasta emitido por la Junta imposibilitaba a dicho tribunal ejercer su
función
revisora
ya
que,
no
incluía
determinaciones
de
hecho
y
conclusiones de derecho.
El
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
emitió
una
orden
requiriéndole a la Junta paralizar todo trámite relacionado con la
subasta
impugnada.
Además,
devolvió
el
caso
a
la
Junta
con
instrucciones de que emitiera determinaciones de hecho y conclusiones
de derecho para que una vez fueran emitidas, la parte adversamente
afectada decidiera si recurría al tribunal con un nuevo recurso de
revisión judicial.
Luego de varios incidentes procesales ICA Miramar
recurre ante nos.
II
Con excepción de los Sección 3.20 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec.
2169, en nuestra jurisdicción no existe una ley especial que regule los
procedimientos de subasta.
Queda pues, a la discreción de cada agencia
aprobar un reglamento estableciendo el procedimiento y las guías a
seguir en sus propias subastas.
3 L.P.R.A sec. 2169.
A tenor con el principio antes expuesto, la Ley de la Autoridad de
Carreteras y Transportación, 9 L.P.R.A. 2001, et seq., delegó a la
Autoridad
de
Carreteras
y
Transportación(en
adelante
Autoridad)
la
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facultad de establecer los parámetros a tenor con los cuales deben
regirse las subastas que celebre la Autoridad.
Sobre este particular
la Ley señala en lo pertinente:
El Secretario de Transportación y Obras Públicas y el Director
Ejecutivo establecerán administrativamente los procedimientos y
guías que habrán de regir los procesos de las subastas
negociadas. 9 L.P.R.A. sec. 2001.
A tenor con la delegación de esta facultad, la Autoridad aprobó el
Reglamento de Subastas, el cual establece todas las normas para el
trámite,
celebración
y
adjudicación
de
subastas
que
celebre
la
Autoridad.
Reglamento
de
Subastas
la
Autoridad
de
Carreteras
y
de
Transportación Núm. 02-001, aprobado el 30 de junio de 1995.
III
El
Reglamento
Presidente
de
la
de
Subastas
Junta,
al
de
la
Autoridad
adjudicar
una
establece
subasta,
que
el
tendrá
la
responsabilidad de notificar por escrito la decisión a los licitadores
participantes en la subasta.
Reglamento de Subastas, supra, Artículo
IX, inciso 7.
El Reglamento también establece que cualquier licitador afectado
adversamente
por
una
decisión
de
la
Autoridad
en
relación
con
el
proceso de adjudicación de una subasta podrá solicitar una solicitud de
reconsideración.
Reglamento
de
Subastas,
supra,
Artículo
XI
(A).
Señala, además, que tanto las solicitudes de reconsideración como la
revisión judicial de las determinaciones de la Autoridad han de regirse
por
las
disposiciones
de
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. 2101 et
seq,(en adelante L.P.A.U.).
El Reglamento de Subastas de la Autoridad nada dispone respecto a
cómo ha de ser la notificación de la adjudicación de la subasta de la
cual
las
partes
afectadas
adversamente
reconsideración y revisión judicial.
tienen
derecho
a
solicitar
Será preciso pues, examinar las
disposiciones de la L.P.A.U. y su jurisprudencia interpretativa para
abordar la controversia del caso de autos.
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IV
El subcapítulo III de la L.P.A.U., el cual regula lo relativo a
los
procedimientos
adjudicativos
administrativos,
establece
que
los
procedimientos de adjudicación de subastas son informales y que no han
de regirse por las disposiciones de dicho capítulo.
2151.
3 L.P.R.A. sec.
No obstante, la sección 3.19 de L.P.A.U. reconoce el derecho de
la parte adversamente afectada por la adjudicación de una subasta a
solicitar reconsideración ante la agencia o la entidad apelativa de
subastas,
así
como
el
de
la
determinación administrativa dentro de los términos fijados por ley.
3
L.P.R.A. sec. 2169.
derecho
a
solicitar
revisión
judicial
Véase, además, Cotto Guadalupe v. Departamento de
Educación, res. el 15 de junio de 1995, 138 D.P.R. ___.
Así
pues,
informales,
los
procedimientos
limitándose
los
de
adjudicación
procedimientos
de
formales
subastas
son
proceso
de
al
reconsideración y revisión judicial. Esto se desprende expresamente del
Historial Legislativo de la Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989, el cual
señala en lo pertinente:
Con las enmiendas relativas a las subastas se pretende
simplificar los procedimientos adjudicativos de subastas, de
forma que sólo se consideren procedimientos formales, la
reconsideración
y
la
revisión
judicial,
obviándose
los
requisitos del Capítulo III de la Ley 170 en todo el proceso
anterior a la reconsideración.Informe del Senado de Puerto Rico
de 25 de junio de 1989, pág.6. (Énfasis Nuestro).
De
manera
que,
aunque
procedimientos
informales
características
adjudicativas,
los
sui
procedimientos
generis
que
vez
ha
una
se
de
subastas
tienen
tomado
la
son
ciertas
decisión
administrativa la parte adversamente afectada tiene derecho a solicitar
la revisión judicial a tenor con el ordenamiento dispuesto por la LPAU.
Véase RBR
Construction v. Autoridad de Carreteras, res. el 22 de
diciembre de 1999, 99 TSPR 184.
Para
que
este
Tribunal
pueda
cumplir
con
su
obligación
constitucional y asegurar que el derecho a obtener la revisión judicial
de
una
decisión
de
una
agencia
sea
uno
efectivo
es
imprescindible
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exigir que la misma esté fundamentada, aunque sea de forma sumaria.
RBR Construction, supra.
Si la parte adversamente afectada por la
determinación de una agencia desconoce los motivos de la agencia para
su
proceder,
el
trámite
de
revisión
judicial
de
administrativa se convertiría en un ejercicio fútil.
supra,.
la
determinación
RBR Construction,
No basta con informar la disponibilidad y plazo para solicitar
la reconsideración y la revisión.
Nos parece que ésta es la única forma en la que los tribunales al
revisar la determinación de la agencia administrativa pueden asegurarse
de que la decisión no fue una arbitraria, caprichosa o irrazonable.
Véase Fuertes v. A.R.P.E, 134 D.P.R. 947 (1993).
La revisión judicial
de decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la
discreción de los organismos administrativos y asegurarse de que éstos
desempeñen sus funciones conforme a la ley. Miranda v. C.C.C., res. el
25 de octubre de 1996, 141 D.P.R. ___ (1996).
Ya
habíamos
resuelto
anteriormente
que
en
procedimientos
informales se exige que la agencia exponga una explicación de las bases
sobre las que descansa su decisión, de forma tal que el tribunal tenga
fundamentos para hacer su determinación.
Véase Rivera Santiago v.
Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 272 (1987).
determinaciones
de
hechos
y
de
derecho,
Aun cuando no se exige
en
la
adjudicación
de
procedimientos informales deben mediar razones suficientes que pongan
en conocimiento a las partes y al tribunal de los fundamentos que
propiciaron tal decisión.
Godreau & Co. v. Com. Servicio Público, 71
D.P.R. 649, 655-657 (1950).
Algunos de los objetivos que se logran al requerir que la decisión
de
una
agencia
administrativa
sea
una
fundamentada
son:
(1)
proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente
la decisión administrativa y facilitar esa tarea; (2) fomentar que la
agencia
adopte
una
decisión
cuidadosa
y
razonada
dentro
de
los
parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar a la parte afectada
a entender por qué el organismo administrativo decidió como lo hizo, y
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al estar mejor informada, poder decidir si acude al foro judicial o
acata la determinación; (4) evitar que los tribunales se apropien de
funciones que corresponden propiamente a las agencias administrativas
bajo el concepto de especialización y destreza.
Véase Rivera Santiago,
supra.
Por todo lo antes expuesto, resolvemos que la notificación de la
adjudicación de una subasta debe ser fundamentada, al menos de forma
sumaria y sucinta. Por lo menos debe incluir la siguiente información:
los nombres de los licitadores en la subasta y una síntesis de sus
propuestas; los factores o criterios que se tomaron en cuenta para
adjudicar
la
subasta;los
defectos,
si
alguno,
que
tuvieran
las
propuestas de los licitadores perdidosos y la disponibilidad y el plazo
para solicitar la reconsideración y la revisión judicial.
De
ordinario,
las
agencias
administrativas
deben
cumplir
estrictamente con esta normativa. No obstante, en casos excepcionales
cuando por alguna razón válida la agencia no pueda así resolver, en la
reconsideración la entidad gubernamental deberá exponer los fundamentos
que propiciaron su decisión.
La
norma
que
hoy
promulgamos
hace
efectivo
el
ejercicio
del
derecho a solicitar revisión judicial de las adjudicaciones de subasta
y posibilita a los tribunales ejercer su función revisora. Finalmente,
esto evita decisiones arbitrarias, irrazonables o caprichosas por parte
de
las
agencias
administrativas,
aspecto
que
cobra
fundamental
importancia en el caso de subastas públicas,en virtud de las cuales se
desembolsan fondos públicos. Ya hemos señalado anteriormente que:
“...parte de una buena administración implica
llevar a cabo
sus funciones [las del gobierno] como comprador con eficiencia,
honestidad y correción para proteger los dineros del pueblo al
cual dicho gobierno representa.”
Mar-Mol, Co. v. Adms.
Servicios Gens., 126 D.P.R. 964. (1990).
V
En el caso de autos, la notificación de la adjudicación de la
subasta no fue fundamentada de modo que le permitiera al Tribunal de
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Circuito de Apelaciones ejercer su función revisora. La Junta debió de
haber
fundamentado
su
decisión
aunque
que
fuera
de
manera
breve
o
sumaria. No obstante,en la notificación, la Junta se limitó a informar
la disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y la
revisión judicial. Las Piedras solicitó reconsideración de la decisión
la cual no fue considerada dentro del plazo que dispone la ley, por lo
que se entiende que fue rechazada de plano. De modo que, ante el hecho
de que la Junta en ninguna de las etapas del proceso en las que debió
fundamentar su decisión administrativa lo hizo,nos parece correcta la
determinación del Tribunal de Circuito a los efectos de que lo que
procede es devolver el caso ante la Junta para que ésta fundamente su
decisión.
Por los fundamentos que preceden, confirmamos la sentencia del
Tribunal de Circuito de Apelaciones y devolvemos el asunto a la Junta
para que fundamente su determinación. Una vez ésta sea emitida, la
parte
adversamente
afectada
podrá,
de
así
entenderlo
presentar nuevo recurso de revisión.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
Federico Hernández Denton
Juez Asociado
pertinente,
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
L.P.C. & D. Inc.
Demandante y Recurrida
v.
CC-98-797
CC-98-832
Certiorari
Autoridad de Carreteras
y Transportación y otros
Demandados Recurridos
ICA Miramar Corp.
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 1999.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual
se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la sentencia
del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el asunto a la
Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación para
que fundamente su determinación. Una vez ésta sea emitida, la parte
adversamente afectada podrá, de así entenderlo pertinente, presentar
nuevo recurso de revisión.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo