LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

LPC & D INC. V A DE CARRETERAS

1999 TSPR 185

Poder Judicial de Puerto Rico

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LPC & D INC. V A DE CARRETERAS

*CC-1998-0797 CC-1998-0832

CC-98-797

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

L.P.C. & D., Inc.

Recurrido

v.

Certiorari

Autoridad de Carreteras y

Transportación y otros

Recurridos

99 TSPR 185

ICA Miramar Corp.

Peticionaria

Número del Caso: CC-1998-0797/CC-1998-0832 Consolidados

Fecha: 27/12/1999

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II

Panel Integrado por: Hon. Liana Fiol Matta

Hon. Gierbolini Rodríguez

Hon. Soler Aquino

Abogado de ICA Miramar Corp.: Lcdo. Víctor Maldonado Gómez

Abogado de L.P.C. & D., Inc.: Lcdo. Angel R. Pagán Ocasio

Abogados de la Autoridad de Carreteras: Lcdo. Melvin E.

Maldonado Colón

Lcdo. Luis A. Rivera

Cabrera

Lcda. Eileen

Quintana Guerrero

Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa

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CC-98-797

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

L.P.C. & D. Inc.

Demandante y Recurrida

v.

CC-98-797

Certiorari

CC-98-832

Autoridad de Carreteras

y Transportación y otros

Demandados Recurridos

ICA Miramar Corp.

Peticionaria

Opinión del Tribunal

Hernández Denton

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 1999.

Hoy nos toca resolver cómo ha de ser la notificación a

las partes perdidosas en un procedimiento de adjudicación

de

subasta.

Por

fundamentada,

ya

adversamente

entender

que

que

esto

afectada

pueda

la

notificación

posibilita

ejercitar

que

debe

la

ser

parte

efectivamente

su

derecho a la revisión judicial, confirmamos.

I

A

principios

Autoridad

Junta)

de

de

1998,

Carreteras

anunció que

habría

y

la

Junta

de

Subastas

Transportación

de

recibir

(en

de

la

adelante

propuestas,

previa

celebración de subasta pública, para la construcción de la

Avenida

Río

Hondo,

CC-98-797

Carretera

3

5,

desde

la

P.R.-174

hasta

la

Avenida

Los

Millones

del

Municipio de Bayamón.

Entre las propuestas recibidas por la Junta se encontraban las

sometidas por ICA Miramar y Las Piedras Construction (en adelante Las

Piedras). La propuesta más baja en precio fue la presentada por ICA

Miramar.

Las Piedras argumentó ante la Junta que la propuesta sometida por

ICA Miramar no especificó en letras, aunque sí en números, el precio

unitario licitado para una de las partidas que componían el proyecto

objeto

de

propuesta

subasta.

de

ICA

Las

Piedras

Miramar

señaló

inaceptable,

que

tal

según

defecto

las

hacía

la

especificaciones

aplicables a la subasta. ICA Miramar adujo, por su parte, que ese

defecto

era

propuesta,

uno

ya

que

insustancial

era

un

que

error

no

conllevaba

fácilmente

el

rechazo

subsanable

de

su

mediante

una

simple operación aritmética.

Posteriormente, la Junta adjudicó la buena pro de la subasta a ICA

Miramar y le notificó la decisión a los licitadores perdidosos. Por la

pertinencia de la notificación de la adjudicación de la subasta a la

controversia en el caso de autos, la reproducimos íntegramente:

L.P.C.& D.

Apartado 2025

Las Piedras, P.R. 00771

Fax: 733-4808

Río Construction

P.O. Box 10462

San Juan, P.R. 00922-0462

Fax: 720-1254

Redondo Construction

P.O. Box 364185

San Juan, P.R. 00936

Fax: 783-3980

Asunto:

Construcción Ave. Río Hondo, Carr. P.R.-5, Desde

P.R.-174 hasta Ave. Los Millones, Mpio. de Bayamón, P.R. AC00526

La Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y

Transportación desea informarles que la subasta de referencia

fue adjudicada a los Miramar el día 29 de mayo de 1998.

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Desde el día indicado comenzó a correr el término de diez (10)

días, para solicitar reconsideración de considerarse afectado

adversamente por la decisión de la Agencia, según dispone la

Sección 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

de Puerto Rico. Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según

enmendada.

Gracias por su participación en nuestras subastas.

Cordialmente,

Manuel Feliciano

Presidente

Junta de Subastas

Tras

haber

solicitado,

sin

éxito,

la

reconsideración

de

la

decisión de la Junta, Las Piedras recurrió ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones.

Circuito

de

Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de

Apelaciones

concluyó

que

el

aviso

de

adjudicación

de

subasta emitido por la Junta imposibilitaba a dicho tribunal ejercer su

función

revisora

ya

que,

no

incluía

determinaciones

de

hecho

y

conclusiones de derecho.

El

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

emitió

una

orden

requiriéndole a la Junta paralizar todo trámite relacionado con la

subasta

impugnada.

Además,

devolvió

el

caso

a

la

Junta

con

instrucciones de que emitiera determinaciones de hecho y conclusiones

de derecho para que una vez fueran emitidas, la parte adversamente

afectada decidiera si recurría al tribunal con un nuevo recurso de

revisión judicial.

Luego de varios incidentes procesales ICA Miramar

recurre ante nos.

II

Con excepción de los Sección 3.20 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec.

2169, en nuestra jurisdicción no existe una ley especial que regule los

procedimientos de subasta.

Queda pues, a la discreción de cada agencia

aprobar un reglamento estableciendo el procedimiento y las guías a

seguir en sus propias subastas.

3 L.P.R.A sec. 2169.

A tenor con el principio antes expuesto, la Ley de la Autoridad de

Carreteras y Transportación, 9 L.P.R.A. 2001, et seq., delegó a la

Autoridad

de

Carreteras

y

Transportación(en

adelante

Autoridad)

la

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5

facultad de establecer los parámetros a tenor con los cuales deben

regirse las subastas que celebre la Autoridad.

Sobre este particular

la Ley señala en lo pertinente:

El Secretario de Transportación y Obras Públicas y el Director

Ejecutivo establecerán administrativamente los procedimientos y

guías que habrán de regir los procesos de las subastas

negociadas. 9 L.P.R.A. sec. 2001.

A tenor con la delegación de esta facultad, la Autoridad aprobó el

Reglamento de Subastas, el cual establece todas las normas para el

trámite,

celebración

y

adjudicación

de

subastas

que

celebre

la

Autoridad.

Reglamento

de

Subastas

la

Autoridad

de

Carreteras

y

de

Transportación Núm. 02-001, aprobado el 30 de junio de 1995.

III

El

Reglamento

Presidente

de

la

de

Subastas

Junta,

al

de

la

Autoridad

adjudicar

una

establece

subasta,

que

el

tendrá

la

responsabilidad de notificar por escrito la decisión a los licitadores

participantes en la subasta.

Reglamento de Subastas, supra, Artículo

IX, inciso 7.

El Reglamento también establece que cualquier licitador afectado

adversamente

por

una

decisión

de

la

Autoridad

en

relación

con

el

proceso de adjudicación de una subasta podrá solicitar una solicitud de

reconsideración.

Reglamento

de

Subastas,

supra,

Artículo

XI

(A).

Señala, además, que tanto las solicitudes de reconsideración como la

revisión judicial de las determinaciones de la Autoridad han de regirse

por

las

disposiciones

de

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. 2101 et

seq,(en adelante L.P.A.U.).

El Reglamento de Subastas de la Autoridad nada dispone respecto a

cómo ha de ser la notificación de la adjudicación de la subasta de la

cual

las

partes

afectadas

adversamente

reconsideración y revisión judicial.

tienen

derecho

a

solicitar

Será preciso pues, examinar las

disposiciones de la L.P.A.U. y su jurisprudencia interpretativa para

abordar la controversia del caso de autos.

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IV

El subcapítulo III de la L.P.A.U., el cual regula lo relativo a

los

procedimientos

adjudicativos

administrativos,

establece

que

los

procedimientos de adjudicación de subastas son informales y que no han

de regirse por las disposiciones de dicho capítulo.

2151.

3 L.P.R.A. sec.

No obstante, la sección 3.19 de L.P.A.U. reconoce el derecho de

la parte adversamente afectada por la adjudicación de una subasta a

solicitar reconsideración ante la agencia o la entidad apelativa de

subastas,

así

como

el

de

la

determinación administrativa dentro de los términos fijados por ley.

3

L.P.R.A. sec. 2169.

derecho

a

solicitar

revisión

judicial

Véase, además, Cotto Guadalupe v. Departamento de

Educación, res. el 15 de junio de 1995, 138 D.P.R. ___.

Así

pues,

informales,

los

procedimientos

limitándose

los

de

adjudicación

procedimientos

de

formales

subastas

son

proceso

de

al

reconsideración y revisión judicial. Esto se desprende expresamente del

Historial Legislativo de la Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989, el cual

señala en lo pertinente:

Con las enmiendas relativas a las subastas se pretende

simplificar los procedimientos adjudicativos de subastas, de

forma que sólo se consideren procedimientos formales, la

reconsideración

y

la

revisión

judicial,

obviándose

los

requisitos del Capítulo III de la Ley 170 en todo el proceso

anterior a la reconsideración.Informe del Senado de Puerto Rico

de 25 de junio de 1989, pág.6. (Énfasis Nuestro).

De

manera

que,

aunque

procedimientos

informales

características

adjudicativas,

los

sui

procedimientos

generis

que

vez

ha

una

se

de

subastas

tienen

tomado

la

son

ciertas

decisión

administrativa la parte adversamente afectada tiene derecho a solicitar

la revisión judicial a tenor con el ordenamiento dispuesto por la LPAU.

Véase RBR

Construction v. Autoridad de Carreteras, res. el 22 de

diciembre de 1999, 99 TSPR 184.

Para

que

este

Tribunal

pueda

cumplir

con

su

obligación

constitucional y asegurar que el derecho a obtener la revisión judicial

de

una

decisión

de

una

agencia

sea

uno

efectivo

es

imprescindible

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exigir que la misma esté fundamentada, aunque sea de forma sumaria.

RBR Construction, supra.

Si la parte adversamente afectada por la

determinación de una agencia desconoce los motivos de la agencia para

su

proceder,

el

trámite

de

revisión

judicial

de

administrativa se convertiría en un ejercicio fútil.

supra,.

la

determinación

RBR Construction,

No basta con informar la disponibilidad y plazo para solicitar

la reconsideración y la revisión.

Nos parece que ésta es la única forma en la que los tribunales al

revisar la determinación de la agencia administrativa pueden asegurarse

de que la decisión no fue una arbitraria, caprichosa o irrazonable.

Véase Fuertes v. A.R.P.E, 134 D.P.R. 947 (1993).

La revisión judicial

de decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la

discreción de los organismos administrativos y asegurarse de que éstos

desempeñen sus funciones conforme a la ley. Miranda v. C.C.C., res. el

25 de octubre de 1996, 141 D.P.R. ___ (1996).

Ya

habíamos

resuelto

anteriormente

que

en

procedimientos

informales se exige que la agencia exponga una explicación de las bases

sobre las que descansa su decisión, de forma tal que el tribunal tenga

fundamentos para hacer su determinación.

Véase Rivera Santiago v.

Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 272 (1987).

determinaciones

de

hechos

y

de

derecho,

Aun cuando no se exige

en

la

adjudicación

de

procedimientos informales deben mediar razones suficientes que pongan

en conocimiento a las partes y al tribunal de los fundamentos que

propiciaron tal decisión.

Godreau & Co. v. Com. Servicio Público, 71

D.P.R. 649, 655-657 (1950).

Algunos de los objetivos que se logran al requerir que la decisión

de

una

agencia

administrativa

sea

una

fundamentada

son:

(1)

proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente

la decisión administrativa y facilitar esa tarea; (2) fomentar que la

agencia

adopte

una

decisión

cuidadosa

y

razonada

dentro

de

los

parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar a la parte afectada

a entender por qué el organismo administrativo decidió como lo hizo, y

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al estar mejor informada, poder decidir si acude al foro judicial o

acata la determinación; (4) evitar que los tribunales se apropien de

funciones que corresponden propiamente a las agencias administrativas

bajo el concepto de especialización y destreza.

Véase Rivera Santiago,

supra.

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que la notificación de la

adjudicación de una subasta debe ser fundamentada, al menos de forma

sumaria y sucinta. Por lo menos debe incluir la siguiente información:

los nombres de los licitadores en la subasta y una síntesis de sus

propuestas; los factores o criterios que se tomaron en cuenta para

adjudicar

la

subasta;los

defectos,

si

alguno,

que

tuvieran

las

propuestas de los licitadores perdidosos y la disponibilidad y el plazo

para solicitar la reconsideración y la revisión judicial.

De

ordinario,

las

agencias

administrativas

deben

cumplir

estrictamente con esta normativa. No obstante, en casos excepcionales

cuando por alguna razón válida la agencia no pueda así resolver, en la

reconsideración la entidad gubernamental deberá exponer los fundamentos

que propiciaron su decisión.

La

norma

que

hoy

promulgamos

hace

efectivo

el

ejercicio

del

derecho a solicitar revisión judicial de las adjudicaciones de subasta

y posibilita a los tribunales ejercer su función revisora. Finalmente,

esto evita decisiones arbitrarias, irrazonables o caprichosas por parte

de

las

agencias

administrativas,

aspecto

que

cobra

fundamental

importancia en el caso de subastas públicas,en virtud de las cuales se

desembolsan fondos públicos. Ya hemos señalado anteriormente que:

“...parte de una buena administración implica

llevar a cabo

sus funciones [las del gobierno] como comprador con eficiencia,

honestidad y correción para proteger los dineros del pueblo al

cual dicho gobierno representa.”

Mar-Mol, Co. v. Adms.

Servicios Gens., 126 D.P.R. 964. (1990).

V

En el caso de autos, la notificación de la adjudicación de la

subasta no fue fundamentada de modo que le permitiera al Tribunal de

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Circuito de Apelaciones ejercer su función revisora. La Junta debió de

haber

fundamentado

su

decisión

aunque

que

fuera

de

manera

breve

o

sumaria. No obstante,en la notificación, la Junta se limitó a informar

la disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y la

revisión judicial. Las Piedras solicitó reconsideración de la decisión

la cual no fue considerada dentro del plazo que dispone la ley, por lo

que se entiende que fue rechazada de plano. De modo que, ante el hecho

de que la Junta en ninguna de las etapas del proceso en las que debió

fundamentar su decisión administrativa lo hizo,nos parece correcta la

determinación del Tribunal de Circuito a los efectos de que lo que

procede es devolver el caso ante la Junta para que ésta fundamente su

decisión.

Por los fundamentos que preceden, confirmamos la sentencia del

Tribunal de Circuito de Apelaciones y devolvemos el asunto a la Junta

para que fundamente su determinación. Una vez ésta sea emitida, la

parte

adversamente

afectada

podrá,

de

así

entenderlo

presentar nuevo recurso de revisión.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

pertinente,

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

L.P.C. & D. Inc.

Demandante y Recurrida

v.

CC-98-797

CC-98-832

Certiorari

Autoridad de Carreteras

y Transportación y otros

Demandados Recurridos

ICA Miramar Corp.

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual

se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la sentencia

del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el asunto a la

Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación para

que fundamente su determinación. Una vez ésta sea emitida, la parte

adversamente afectada podrá, de así entenderlo pertinente, presentar

nuevo recurso de revisión.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo