LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

RBR CONSTRUCTION V A DE CARRETERAS

1999 TSPR 184

Poder Judicial de Puerto Rico

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RBR CONSTRUCTION V A DE CARRETERAS

CC-1996-0351

1

CC-1996-351

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RBR Construction, S.E.

Peticionario

Certiorari

v.

99 TSPR 184

Autoridad de Carreteras y

Transportación de P.R. y su Junta de

Subasta

Recurrida

Número del Caso: CC-1996-0351

Fecha: 22/12/1999

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Angel González Román

Abogado de RBR Construction, S.E.: Lcdo. Gerardo A. Quirós López

Abogados de la Autoridad de Carreteras: Lcdo. Luis A. Rivera Cabrera

Lcdo. Raúl Castellanos Malavé

Abogados de Jusor Corporation: Lcdo. José M. Biaggi Junquera

Abogado de Las Piedras Const. Corp.: Lcdo. Roberto Corretjer Piquer

Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

2

CC-1996-351

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RBR Construction, S.E.

Peticionario

v.

CC-1996-351

Autoridad de Carreteras y

Transportación de P.R. y su

Junta de Subasta

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE

RODÓN.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 1999

El

30

de

noviembre

de

1994,

RBR

Construction

(en

adelante RBR) compareció junto a otros cuatro licitadores a

una

subasta

convocada

por

la

Junta

de

la

Autoridad

de

Carreteras y Transportación de Puerto Rico (en adelante la

Junta) para la realización de un proyecto en el Expreso

Román Baldorioty de Castro.

En dicha subasta, la Junta

leyó en voz alta el precio total de las proposiciones de

cada

uno

de

los

cinco

postores.

Sin

embargo,

no

se

procedió a leer los precios unitarios de cada partida de

las tres licitaciones más bajas, como era la costumbre.

Tras

eliminarse

insubsanables,

la

licitación

menor

por

deficiencias

3

CC-1996-351

RBR resultó ser el postor responsable más bajo en esta primera subasta.1

El

1

de

diciembre

de

1994,

la

Junta

notificó

a

RBR

que

su

licitación había sido rechazada debido a que su seguro de fianza (“bid

bond”)2 “no fue cumplimentado en su totalidad de acuerdo a los Arts.

102.07

y

102.11

de

los

General

Provisions.”

En

concreto,

el

incumplimiento se reducía a que el seguro de fianza no contenía la

fecha

de

subasta.

validamente

emitido

El

seguro

por

la

de

fianza,

cantidad

sin

embargo,

requerida

había

sido

e

identificaba

claramente la obra para la cual había sido prestado.

RBR protestó

mediante carta el rechazo de su licitación.

Posteriormente, el 17 de enero de 1995, la Junta notificó a todos

los licitadores que la subasta había sido anulada.

Dicha comunicación

no expresaba las razones que motivaron la decisión de anular.

La

notificación de la Junta lee como sigue:

La Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras desea

informarles que la subasta de referencia fue ANULADA, el 17

de enero de 1995.

Desde el día indicado comenzó a correr el término de diez

(10) días, para solicitar reconsideración de consideración

[sic] afectado adversamente por la decisión de la Agencia,

según dispone la Sección 3.19 de la Ley de Procedimientos

[sic] Administrativos [sic] Uniforme de Puerto Rico, Ley Núm.

170 del 12 de agosto de 1988, según enmendado [sic]

Gracias por su participación en nuestras subastas.

A pesar de la solicitud de RBR al efecto, la Junta se negó a

proveerle los fundamentos para la decisión de anular.

Sin embargo, la

Administración Federal de Autopistas (FHA por sus siglas en inglés),

agencia de la cual la Junta tenía que solicitar el aval para poder

anular la subasta, proveyó a RBR copia de una carta de la cual se

1

La propia Autoridad de Carreteras y Transportación (en adelante ACT)

admite en su comparecencia ante nos que, una vez la licitación más baja

fue eliminada por deficiencias insubsanables, RBR se convirtió en el

postor más bajo.

Sin embargo, alega que “por tener omisiones

contrarias a la sección 102.14 del Blue Book es altamente dudoso que se

le hubiese adjudicado la subasta, de ésta no haber sido anulada”.

2

Cabe señalar, que esta fianza se limita a garantizar que el licitador

que obtenga la buena pro comparecerá a la posterior firma del contrato

de la obra subastada. De no comparecer, la ACT recibe el 5% del costo

aproximado de la obra en concepto de daños.

4

CC-1996-351

desprende el motivo.

En ésta, la Junta cita el no haber leído en voz

alta los precios unitarios por partida de las tres licitaciones más

bajas como el fundamento para anular la subasta.

El

26

de

enero

de

1995,

RBR

decisión de anular ante la Junta.

solicitó

reconsideración

de

la

Ésta fue rechazada de plano y RBR

solicitó revisión al Tribunal de Primera Instancia3.

Impugnó tanto la

decisión de anular como el fundamento por el cual la Junta rechazó su

licitación.

Además, pidió que se le declarará postor razonable más

bajo.

Inicialmente, el foro de instancia desestimó el recurso por falta

de jurisdicción.

Fundamentó su decisión en que la reconsideración

ante la Junta se había presentado tardíamente.

acudió

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Oportunamente, RBR

Apelaciones

(en

adelante

Tribunal de Circuito) quien revocó y devolvió al foro de instancia

para la continuación de los procedimientos.

Tras reevaluar el recurso

de revisión, el tribunal de instancia lo denegó en sus méritos.

La escueta sentencia no expresó el ratio decidendi del mencionado

foro.

Sin embargo, en una nota al calce, el tribunal adujo como

fundamento adicional para desestimar que el recurso se había tornado

académico por que la Junta ya había celebrado una nueva subasta en la

cual se había adjudicado el proyecto a otro licitador.4 Cabe señalar

que RBR intentó detener la celebración de la referida segunda subasta

mediante dos mociones en auxilio de jurisdicción, las cuales no fueron

atendidas.

3

Simultáneamente se presentó idéntico recurso ante este Foro. Ello, en

atención a que la Ley de la Judicatura de 1994 ya había entrado en

vigor y RBR no sabía con certeza cuál era el foro competente.

Al

recurso se le asignó el número de AA-95-5 y posteriormente se remitió

al tribunal de instancia. Se consolidó con el recurso allí presentado

mediante resolución el 11 de agosto de 1995.

4

La nota al calce lee:

Además, el recurso se tornó académico al celebrarse una nueva

subasta y adjudicársele la misma y otorgarle el contrato a

otro licitador desde hace más de un año atrás.(Énfasis

suplido.)

5

CC-1996-351

Inconforme con dicho resultado, RBR acudió nuevamente al Tribunal

de Circuito.

En esencia, cuestionó la determinación de academicidad

del tribunal de instancia.

Además, reprodujo los planteamientos de

que su propuesta fue indebidamente rechazada y de que la Junta anuló

ilegalmente

fundamentos.

la

subasta

por

no

expresar

a

los

licitadores

los

Argumentó que, de determinarse que la Junta actuó de

forma ilegal al anular la primera subasta y al rechazar su licitación,

la ACT debía compensarle la pérdida económica sufrida.

El Tribunal de Circuito denegó el recurso ante si por académico.

Fundamentó su conclusión en que la segunda subasta se había celebrado

y los trabajos del proyecto estaban avanzados.

La terminación del

proyecto estaba pautada para el 7 de noviembre de 1996.

Además, el

foro apelativo adujo que RBR no tenía razón en plantear que la subasta

fue indebidamente anulada ya que el Reglamento de Subasta le confería

a la Junta la facultad de cancelar la adjudicación del contrato en

cualquier momento antes de éste ser formalizado.

Al no estar de acuerdo con el dictamen del foro apelativo, RBR

acudió ante nos.

En apretada síntesis, RBR sostiene que el Tribunal

de Circuito erró al determinar que el recurso ante sí era académico y

al convalidar la actuación de la Junta de anular la subasta.

Además,

cuestiona la legalidad de la notificación cursada a los licitadores y

la

razonabilidad

licitación.

En

del

fundamento

Le asiste la razón.

primer

lugar,

nos

por

el

cual

fue

descalificada

su

Por ello, revocamos.

corresponde

examinar

el

señalamiento

referente a la academicidad y la procedencia de la reclamación en

daños.

En segundo lugar, discutiremos la legalidad de la anulación de

la subasta y la adecuacidad de la notificación a los licitadores.

Finalmente, veremos la razonabilidad del fundamento por el cual la

Junta rechazó la licitación de RBR.

II

6

CC-1996-351

Un caso académico es uno en que se trata de obtener un fallo

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una

determinación de un derecho antes de que éste haya sido reclamado, o

una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no

podrá tener efectos prácticos.

Pueblo v. Ramos Santos, res. 30 de

junio de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995), 95 JTS 94, pág. 1054;

Pueblo en

interés del Menor M.A.G.O., res. el 22 de febrero de 1995, 138 D.P.R.

___ (1995), 95 JTS 25, pág. 681.

“Esta doctrina requiere que durante

todas las etapas de un procedimiento adversativo, incluyendo la etapa

de apelación o revisión, exista una controversia genuina entre las

partes.”

Los

Pueblo v. Santos Ramos, supra, pág. 1054.

tribunales

pueden

perder

su

jurisdicción

en

un

caso

por

academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial, ya

sean

fácticos

o

en

el

derecho

aplicable,

que

hacen

que

una

controversia pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda

dictar el tribunal no pueda tener efecto real alguno en cuanto a esa

controversia.

Fulana de Tal y Sutana de Cual v. Demandado A, res. 13

de junio de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995), 95 JTS 76, pág. 954. (Énfasis

suplido.)

Sin embargo, hemos reconocido varias excepciones a la doctrina de

academicidad, a saber: (1) cuando se plantea una cuestión recurrente

que, por su naturaleza, se hace muy difícil dilucidarla nuevamente en

los tribunales; (2) cuando la situación de hechos ha sido cambiada por

el

demandado

pero

no

tiene

visos

de

permanencia;

(3)

cuando

las

controversias aparentemente son académicas, pero que en realidad no lo

son por sus consecuencias colaterales; y (4) cuando el tribunal ha

certificado un pleito de clase y la controversia se tornó académica

para un miembro de la clase, mas no para el representante de la misma.

Véanse, Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 1054 y Partido Popular v.

Pedro Roselló González, res. 22 de diciembre de 1995, 138 D.P.R. ___

(1995), 95 JTS 165, págs. 441-442.

7

CC-1996-351

El hecho de que la Junta haya celebrado una nueva subasta y

adjudicado el proyecto a otro licitador, no convierte en académica la

controversia de autos.

Ni siquiera la torna académica el que se haya

terminado la construcción del proyecto en cuestión.

de

una

controversia

susceptible

de

repetición,

No solo se trata

se

trata

de

una

controversia que tiene importantes consecuencias colaterales para el

interés público en proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico.

No

nos encontramos frente a una controversia ficticia en la cual no se

puede proveer remedio real alguno.

La adjudicación del proyecto no es

el único remedio al cual RBR podría tener derecho.

Resolver

en

los

méritos

la

presente

controversia

ciertamente

afectará a las partes interesadas. De determinarse que la subasta fue

ilegalmente anulada y que el fundamento para rechazar la licitación de

RBR fue insuficiente, procedería que la Junta compensara a RBR por los

daños que sufrió como consecuencia de estos actos.

quedaría huérfano de remedio.

Como vemos, RBR no

A pesar de que no puede adjudicársele

un proyecto que ya fue subastado y construido, RBR podría recibir

compensación en daños si la agencia abusó de su discreción.

Ciertamente, el licitador perdidoso en una subasta ilegalmente

anulada o adjudicada está impedido de recuperar ganancias dejadas de

percibir en ausencia de fraude u otras circunstancias extraordinarias.

Las ganancias dejadas de percibir son obtenibles, generalmente, sólo

como

remedio

al

incumplimiento

de

un

contrato

perfeccionado.

No

obstante, hemos reconocido que tanto el rompimiento injustificado de

negociaciones precontractuales, como el abuso de derecho, son hechos

ilícitos

que

pueden

resultar

responsabilidad

extracontractual.

Véase, Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517 (1982).

Entre los daños

extracontractuales

autos,

sufridos

en

en

casos

como

el

de

podrían

encontrarse, por ejemplo, los costos incurridos en prepararse para la

licitación

arbitrariamente

anulada

y

otros

gastos

incluyendo los intereses desde que éstos se incurren.

relacionados,

8

CC-1996-351

Avalar la postura de que la celebración de una segunda subasta

torna las reclamaciones de autos en académicas sentaría un peligroso

precedente, abriendo las puertas a la arbitrariedad, la corrupción y

el despilfarro de fondos públicos.

En la práctica, toda subasta de la

Autoridad

ilegalmente

de

Carreteras

anulada

quedaría

inmune

a

la

revisión judicial con la mera celebración de una segunda subasta.

Esto podría equivaler a darle un cheque en blanco al funcionario de

gobierno para que continúe celebrando subastas hasta que el postor de

su predilección obtenga la buena pro.

En vista de que la controversia ante nos no es académica, nos

corresponde considerar la legalidad de las actuaciones de la Junta al

anular la subasta y rechazar la licitación de RBR.

III

¿Puede una agencia administrativa anular una subasta fundándose

en que no se leyeron en voz alta los precios unitarios por partida

aunque ello no sea un requisito reglamentario? ¿Puede una agencia

administrativa ejercer su discreción irrestrictamente sin incurrir en

responsabilidad? Veamos.

La sana administración de un gobierno es,

“una

virtud

de

democracia,

y

parte

de

una

buena

administración implica llevar a cabo sus funciones como

comprador con eficiencia, honestidad y corrección para

proteger los intereses y dineros del pueblo al cual dicho

gobierno representa.”

Mar-Mol, Co. v. Adm. Servicios Gens,

126 D.P.R. 964, 871. (Énfasis suplido.)

El objetivo fundamental de las subastas es precisamente proteger

el erario público consiguiendo la construcción de obras públicas y la

adquisición de servicios de calidad para el gobierno al mejor precio

posible.

Para ello, es necesario fomentar la competencia libre y

transparente entre el mayor número de licitadores posible.

En Mar-Mol, Co. v. Adm. Servicios Gens, supra, reiteramos la

doctrina expuesta por este Tribunal desde Justiniano v. E.L.A., 100

D.P.R. 334 (1971), a los efectos de que:

9

CC-1996-351

Los propósitos de la legislación que regula la realización de

obras y la contratación de servicios para el Gobierno y los

sistemas de subastas gubernamentales son precisamente ésos:

proteger los intereses y dineros del pueblo al promover la

competencia para lograr los precios más bajos posibles;

evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la

prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse

los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento.

(Énfasis suplido.)

El elemento de la secretividad en la etapa anterior a la apertura

de la licitación resulta indispensable para que el trámite de subasta

sea uno de competencia efectiva y honesta.

La anulación arbitraria de

una subasta válidamente celebrada claramente derrota este objetivo.

Una vez se han abierto las licitaciones, todos los postores conocen

las

cotizaciones

poderosos

de

sus

económicamente

competidores.

tengan

la

Esto

permite

oportunidad

de

que

los

más

reducir

sus

propuestas en la segunda subasta, eliminando así a sus contendientes.

La anulación indebida de una subasta puede crear competencia desleal

en el proceso de licitación, lo que a su vez, podría tener como

consecuencia el desalentar a un número de participantes en subastas

gubernamentales posteriores.5

encarecer

el

costo

de

los

La merma en los licitadores tiende a

bienes

o

servicios

objeto

de

dichas

subastas.

En Puerto Rico el legislador no ha creído necesario aprobar una

ley especial que regule los procedimientos de subasta aplicable a

todas las compras gubernamentales.

Queda pues, a la discreción de

cada agencia aprobar un reglamento estableciendo el procedimiento y

guías a seguir en sus propias subastas.

Ello, siempre y cuando el

estatuto habilitador le delegue la facultad.

La Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación, 9 LPRA

2001, et seq., incorpora la política pública anteriormente delineada

5

En el presente caso, por ejemplo, a la primera subasta comparecieron

cinco (5) postores, mientras que a la segunda sólo dos (2).

Cabe

destacar además, que en la segunda subasta se adjudicó el proyecto por

$13,912,828.44.

Ello costó al Pueblo de Puerto Rico por lo menos la

suma adicional de $468,111.56, pues la licitación de RBR fue de

$13,444,717.00.

10

CC-1996-351

al disponer los parámetros a tenor con los cuales deben reglamentarse

las subastas de la ACT:

El Secretario de Transportación y Obras Públicas y el

Director

Ejecutivo

establecerán

administrativamente

los

procedimientos y guías que habrán de regir los procesos de

las subastas negociadas, a los fines de obtener el mayor

número de licitadores, promover la competencia entre éstos y

mantener la confidencialidad del proceso de negociación

anterior a la adjudicación. (Énfasis suplido.)

Los reglamentos que rigen el procedimiento de subasta para la ACT

fueron adoptados en virtud del mandato de ley antes citado.

Por lo

tanto, deben ser interpretados de forma cónsona con los objetivos de

política pública delineados por la legislatura en el estatuto orgánico

que delegó a la ACT el poder de reglamentar sus subastas.

La

ACT,

aprobó

dos

reglamentos

resolver la controversia ante nos.

que

resultan

pertinentes

para

De un lado están las Disposiciones

Generales de las Especificaciones Estándar para la Construcción de

Carreteras

y

Generales)6.

Puentes

de

1989

(en

adelante

las

Disposiciones

Éstas regulan el proceso de apertura de la subasta,

enumeran fundamentos que obligan a la Junta a rechazar licitaciones y

establecen

que

la

Junta

podrá

rechazar

licitaciones

de

forma

discrecional cuando ello beneficie “los mejores intereses” de la ACT.

De otro lado, el Reglamento de Subasta Formal de la Autoridad de

Carreteras

(en

adelante

el

Reglamento)

establece

las

facultades

y

responsabilidades en torno a la adjudicación y anulación de subastas.

Examinemos primero las disposiciones pertinentes a la anulación de

subastas.

A. La Anulación

El Reglamento, establece la responsabilidad de la Junta de hacer

una recomendación de anulación de subasta fundamentada7 al Director.

6

Éstas se encuentran en el idioma inglés y se conocen como: General

Provisions of the Highway Authority Standard Specifications for Road

and Bridge Construction of 1989.

11

CC-1996-351

Sin embargo, será este último quien tomará la determinación final de

anular o adjudicar.8

Al Director, además, se le reserva el derecho de

cancelar la adjudicación de una subasta en cualquier momento antes de

formalizar

el

contrato

sin

que

ello

responsabilidad alguna para la Autoridad.

conlleve

penalidad

o

Véase, Art. VIII (A)(5) del

Reglamento.

Esta reserva de derecho del Director justifica, según la ACT y el

foro apelativo, la anulación de la subasta en controversia.

Además,

el Tribunal de Circuito interpreta que las disposiciones antes citadas

relevan a la ACT de cualquier responsabilidad por los daños que puedan

sufrir los licitadores en casos de anulación.

No les asiste la razón.

Si bien es cierto, que estas disposiciones confieren al Director

de la ACT discreción para anular una subasta en cualquier momento

antes

de

la

formalización

del

contrato,

ejercicio

de

este

esté

exento

derecho

ello

de

no

implica

que

responsabilidad.

el

Los

derechos no pueden ejercerse de forma irrazonable, ni en el vacío.

Toda anulación de subasta tendrá que fundamentarse y expresar cómo

dicha actuación beneficia a los mejores intereses de la ACT.

Tanto el abuso de derecho, como su ejercicio arbitrario podrán

ser fuente de responsabilidad.

En Velilla v. Pueblo Supermarkets, 111

D.P.R. 585 (1981), señalamos al respecto,

Es ilegítimo el ejercicio de un derecho cuando el titular

excede manifiestamente los límites impuestos por la buena fe

o por el fin social de ese derecho.

El fin social perseguido por la reserva del derecho a rechazar las

licitaciones o a cancelar la subasta una vez adjudicada es permitir a

la autoridad un grado de discreción y flexibilidad que le permita

7

El Art. VIII(B)(1) reza:

B. Anulación de subasta

1.

De la junta recomendar que se anule una subasta bajo

consideración, deberá indicar la razón o razones para tal acción y,

además, recomendará al Director una de las siguientes alternativas…

El Art. VIII (A)(5) dispone:

La adjudicación o anulación de toda

subasta será hecha por el Director.

8

12

CC-1996-351

proteger sus intereses adecuadamente.

Esto es, la discreción debe

utilizarse

objetivos

para

la

consecución

de

los

expresados

en

el

estatuto orgánico de la ACT, a saber: (1) obtener el mayor número de

licitadores; (2) promover la competencia; y (3)mantener confidencial el

proceso de licitación.

Sólo en relación a estos fines, o en protección

de algún otro interés apremiante del Pueblo de Puerto Rico, puede

ejercerse la discreción administrativa delegada para anular una subasta

válidamente adjudicada.

Lo contrario sería permitir el abuso y la

arbitrariedad.

Como fundamento para la anulación de la subasta la Junta cita la

omisión de la lectura en voz alta de los precios unitarios de las tres

proposiciones más bajas.

Alega ante nos la ACT, que dicha lectura es

un “requisito reglamentario”, no obstante, omite citar la disposición

legal que apoya esta contención.

Aunque nos percatamos de que las

Disposiciones Generales exigen que la Junta abra y lea en voz alta las

propuestas9, no encontramos regla alguna que obligue a la Junta a leer

específicamente

los

precios

unitarios

por

partida

de

los

tres

licitadores más bajos.

Tampoco encontramos que la omisión de esta lectura deba conllevar

la anulación de la subasta.

En ausencia de una explicación de cómo

dicha omisión afecta los intereses de la ACT, el trato justo a los

licitadores o la adecuada adjudicación de la subasta, encontramos que

el fundamento citado por la Junta para anular resulta irrazonable y

arbitrario.

B.

Abusó de su discreción la Junta al anular la subasta.

Notificación

Ahora bien, en

brinda

apoyo

a

la

el presente caso hay un segundo elemento que

determinación

de

arbitrariedad.

La

Junta,

al

comunicar la anulación a los licitadores, ni siquiera les explicó los

motivos

para

esta

decisión.

Peor

aún,

posteriormente cuando RBR los solicitó.

se

rehusó

a

proveerlos

¿Es válida legalmente esta

13

CC-1996-351

notificación?

Entendemos que no.

explicaciones a los licitadores?

¿Está la agencia obligada a proveer

Resolvemos que sí.

Según el Reglamento, una vez el Director ha tomado la decisión de

anular una subasta, corresponde al Presidente de la Junta notificar a

los

licitadores.

Dicho

deber

se

encuentra

plasmado

en

el

Art.

VIII(A)(7) de la siguiente forma:

El Presidente de la Junta tendrá la responsabilidad de

notificar por escrito a los licitadores participantes en la

subasta la decisión tomada por el Director.

(Énfasis

suplido.)

Ciertamente

la

disposición

antes

citada

no

exige

a

la

Junta

notificar a los licitadores los fundamentos que tuvo para recomendar

la

anulación.

Interpretada

literalmente,

pareciera

que

bastaría

notificarles la determinación de anular.

Tampoco le son de aplicación

a

procedimientos

las

subastas

los

requisitos

para

adjudicativos

formales establecidos en el Capítulo III de la L.P.A.U.

No

géneris

obstante,

las

subastas

que

de

ciertas

gozan

son

procedimientos

características

informales

adjudicativas.

sui

Por

tanto, le son de aplicación los principios generales establecidos en

la

Sec.

3.16

de

la

L.P.A.U.

En

particular,

la

referida

sección

dispone:

Si la agencia concluye o decide no iniciar un procedimiento

adjudicativo

en

un

caso

particular,

terminará

el

procedimiento y notificará por escrito por correo certificado

con acuse de recibo a las partes su determinación, los

fundamentos para la misma y el recurso de revisión

disponible. 3 L.P.R.A. sec. 2166. (Énfasis suplido.)

Para que el derecho a obtener la revisión judicial de la decisión

sea uno efectivo, es imprescindible exigir que la notificación de la

decisión, además de informar la disponibilidad y plazo para solicitar

reconsideración o revisión, esté fundamentada, aunque sea de forma

sumaria.

establecidos

Por

en

tanto,

la

resolvemos

sección

antes

que

los

citada

principios

son

generales

aplicables

a

los

procedimientos de subasta, aunque éstos sean de naturaleza informal.

9

Véase sección 102.13.

14

CC-1996-351

¿De qué otra forma podremos los tribunales revisar si la decisión de

anular

respondía

“a

los

mejores

intereses”

de

la

ACT?

¿Cómo

asegurarnos de que no fue irrazonable, arbitraria o caprichosa la

decisión?

No solo nos parece irrazonable y sospechoso el fundamento de la

Junta para anular, sino que la notificación a los licitadores fue

totalmente inadecuada.

Avalar la legalidad de una notificación como

la de autos es convertir el trámite de revisión administrativa en una

gestión fútil; en un recurso sin significado sustantivo.

Si la parte

afectada desconoce las razones que tuvo la Junta para anular, no

tendrá fundamentos para cuestionar su proceder.

Los fundamentos para

anular, además de ser necesarios para preparar un adecuado recurso de

reconsideración

o

revisión,

son

información

pública

que

debió

ser

provista a RBR sino en la notificación de anulación, cuando menos una

vez se le solicitó a la Junta formalmente.

C.

Rechazo de la licitación de RBR

Por último, examinamos el rechazo de la propuesta de RBR.

Se

adujo como fundamento en que en la fianza de subasta se omitió la

fecha de la subasta.

Las disposiciones reglamentarias de la ACT contemplan tanto el

rechazo mandatorio de propuestas, como el discrecional.

La Sec. 102.4

de las disposiciones generales, enumera las instancias en que la Junta

está

obligada

establecidas,

aceptable.10

10

a

rechazar

una

licitación.

se

encuentra

el

no

incluir

Entre

un

seguro

las

razones

de

fianza

No encontramos en el reglamento que el omitir la fecha de

En la carta dirigida a RBR, la Junta citó el incumplimiento con las

Secs. 102.07 y 102.11 de las disposiciones generales como fundamento

para el rechazo de su oferta. Sin embargo, la carta de la Junta a la

Administración Federal de Autopistas explica que el rechazo de la

propuesta de RBR se debió a que se presentó un seguro de fianza

incompleto en violación a la Sec. 102.14 inciso a(5).

15

CC-1996-351

subasta en el seguro de fianza constituya una deficiencia insubsanable

o

que

dicha

deficiencia

invalide

un

seguro

de

fianza

o

lo

haga

inaceptable.

La omisión de la fecha de subasta en el documento de fianza en

este caso particular, a nuestro juicio, constituye una deficiencia

totalmente inocua e insustancial que difícilmente podría justificar el

rechazo de una licitación que cumpla con el resto de los requisitos.

Especialmente, en vista de que (1) la fianza había sido válidamente

emitida por una compañía aseguradora aprobada por el Comisionado de

Seguros de Puerto Rico; (2) se describía con precisión la obra a

afianzada; (3) se emitió por la cantidad requerida; (4) la ACT había

obviado esta omisión en ocasiones anteriores; y (5) la propia ACT

admite en su carta a FHA que se trata de una deficiencia subsanable.

Nuevamente, la ausencia de una explicación razonable sobre cómo

el rechazo de la licitación de RBR por omitir la fecha de subasta en

el seguro de fianza responde a los mejores intereses de la autoridad,

nos vemos forzados a concluir que el rechazo fue arbitrario.

Sobre

todo, cuando el seguro cumplía con todos los requisitos sustantivos.

Cabe enfatizar que la propia Junta admitió en su carta a FHA que dicha

omisión fue una mínima y de carácter subsanable.

Los tribunales tenemos el deber de asegurar que al efectuar sus

gestiones de compra y contratación, las instrumentalidades públicas

cumplen con la ley, con sus propios procedimientos y que tratan de

forma justa a los licitadores.

gastan

en

beneficio

del

En fin, que los dineros del pueblo se

interés

público.

No

debemos

perder

de

Hemos estudiado cuidadosamente las tres secciones, y sólo esta

última resulta pertinente al rechazo de la licitación ante nos. Sobre

el rechazo mandatorio de licitaciones, la sección dispone:

102.14

a.

Rejection of Proposals and Disqualification of Bidders

The Board of Awards will reject a proposal for any of

the following irregularities:

(1)…

(2)…

(3)…

(4)…

16

CC-1996-351

perspectiva que el gobierno es el comprador y contratante más grande

del país.

La adecuada fiscalización de la utilización de los dineros

del

público

erario

resulta

de

vital

importancia

para

mantener

la

confianza del ciudadano en el gobierno y una democracia saludable.

Si

bien

es

cierto

que

debemos

gran

deferencia

a

las

determinaciones de las agencias administrativas, cuando éstas no se

encuentran sustentadas por evidencia sustancial en el récord o cuando

son irrazonables, nada nos impide intervenir.

Nos encontramos ante

una determinación arbitraria cuando es infundada o irrazonable.

La

ausencia total de fundamentos razonables, tanto para anular la subasta

como para rechazar la propuesta de RBR, nos fuerza a concluir que nos

encontramos

ante

unas

decisiones

arbitrarias,

producto

de

un

auto

de

procedimiento plagado de irregularidades.

Por

los

fundamentos

que

preceden,

se

expide

el

certiorari, revocando tanto la sentencia emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones, como la dictada por el Tribunal de Primera

Instancia

y

se

devuelve

el

caso

al

foro

de

instancia

para

que

continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN

Juez Asociada

(5)

If the proposal does

proposal guaranty.

not

include

an

acceptable

17

CC-1996-351

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RBR Construction, S.E.

Peticionario

v.

CC-1996-351

Autoridad de Carreteras y

Transportación de P.R. y su

Junta de Subasta

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 1999

Por los fundamentos que preceden en la anterior

Opinión, revocamos tanto la sentencia emitida por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, como la dictada por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Los Jueces Asociados

señores Rebollo López y Fuster Berlingeri concurren con el

resultado sin opinión escrita.

El Juez Asociado señor

Corrada del Río hace constar que disiente por entender que

el dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones es

sustancialmente correcto.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo