Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA OPINION
1999 TSPR 178
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA OPINION
AB-98-46
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En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re:
Fred H. Martínez
Lawrence Odell y
Antonio J. Colorado
Queja
99 TSPR 178
Número del Caso: AB-98-46
Oficina del Procurador General:
Carlos Lugo Fiol
Procurador General
Abogados de la Parte Qda:Lcdo. Rubén T. Nigaglioni
Lcdo. Mario L. Paniagua
Lcdo. Luis Mariano Negrón Portillo
Abogados de Antonio J. Colorado: Por Derecho Propio
Fecha: 01/12/1999
Materia: Conducta Profesional
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del Tribunal Supremo que está sujeto a los
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Fred H. Martínez,
Lawrence Odell y
Antonio J. Colorado
AB-98-46
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 1999
I
Mediante Per Curiam del 12 de abril de
1999,
censuramos
a
los
abogados
Fred
H.
Martínez y Lawrence Odell por suscribir bajo
juramento
en
escritura
falsedad
conocían.
expusieron,
entre
quejoso
Lcdo.
antiéticamente
pública,
En
otros
Sierra,
excluyó
de
hechos
cuya
reconsideración
argumentos,
Jr.,
su
que
el
selectiva
y
queja
al
Lcdo.
Antonio J. Colorado, aún cuando éste incurrió
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en
la
misma
conducta.
Calificaron
como
sorprendente que no lo censuráramos también.
El
Lcdo.
Colorado
intervino
como
amicus
curiae en el trámite de esa reconsideración.
Negó que al suscribir
en
1981
mediara
la
escritura
pública
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intención
de
mentir
o
engañar.1
Insistió
que
la
inconsistencia con la verdad fue una inadvertencia o error,
y calificó de injusta nuestra decisión.
El
25
de
junio,
al
denegar
la
Reconsideración,
sostuvimos la censura y aclaramos que la consideración de la
queja disciplinaria, base de nuestra decisión Per Curiam, no
había
finalizado
y
el
Lcdo.
Colorado
respondería
en
su
momento. Ese mismo día, mediante Resolución le concedimos al
Lcdo. Colorado treinta (30) días para que compareciera y
expusiera razones por las cuales no debía imponérsele igual
sanción disciplinaria.
El
9
de
agosto
compareció
y
alegó
no
procedía
disciplinarlo. En síntesis expuso, que el Procurador General
no recomendó se le sancionara y nuestro requerimiento para
que se expresara le privó totalmente de las salvaguardas
procesales y sustantivas que provee la Regla 14 de nuestro
Reglamento.
Finalmente,
adujo
que
aunque
el
lenguaje
utilizado en la escritura pudo ser más preciso, ello no
implicó
deliberada
estratagema
ni
intención
de
afectar
intereses propietarios del Lcdo. Sierra, Jr.
En unión a los Lcdos. Martínez y Odell, suscribió la
referida escritura con el objetivo de crear el fideicomiso
del plan de pensiones para beneficio de los miembros y
asociados del entonces bufete de abogados “Martínez, Odell,
Calabria & Sierra”. La escritura hizo referencia a una
resolución de la sociedad de abogados, (“Certificate of
Partnership Action”), fechada 9 de marzo de 1981, en la cual
se afirmó que los Lcdos. Martínez y Odell, junto al Lcdo.
Colorado eran los únicos socios del bufete, cuando en
realidad habían otros. Esa certificación, usada por el
notario como fundamento de la autoridad de los otorgantes de
la escritura pública, se incorporó a la misma.
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II
De
entrada
estamos
carece
impedidos
disciplinaria
de
de
porque
el
mérito
su
ejercitar
Procurador
contención
de
nuestra
facultad
General
no
que
recomendó
imposición de sanción alguna en su contra.
Primero, nuestro cuerpo jurisprudencial y reglamentario
reconoce esa facultad, incluso sua sponte. La omisión del
Procurador General pudo responder a diversas razones, entre
ellas que el Lcdo. Sierra, Jr., por razones desconocidas, lo
excluyó de su queja original. Segundo, la recomendación que
hace
el
Procurador
General
no
limita
nuestra
facultad
disciplinaria si encontramos, contrario a su criterio, que
el abogado incurrió en conducta antiética.
Aclarado este extremo, tampoco convence su argumento de
que le privamos de salvaguardas procesales y resulta tarde
concedérselas en esta etapa. La propia Regla 14 invocada
dispone que cuando de la propia contestación surjan hechos
que
lo
justifique,
podemos
imponer
las
sanciones
correspondientes sin necesidad de trámite ulterior.
El
asunto
no
es
extraño
para
el
Lcdo.
Colorado.
Participó antes en el trámite de reconsideración como amicus
curiae
y
expuso
sus
argumentos
en
contra
de
que
se
disciplináramos a los Lcdos. Martínez y Odell. Además, le
concedimos términos y así lo hizo. No cabe argumentar que
fue privado de salvaguarda procesal o sustantiva alguna.
Al
respecto,
esencialmente
los
el
mismos
Lcdo.
Colorado
argumentos
que
nos
reproduce
expuso
en
su
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intervención como amicus curiae,2 a los efectos de que su
actuación y, la de los Lcdos. Martínez y Odell, no fue
intencional; simplemente una inofensiva omisión o falta de
precisión. No niega los hechos ni su participación.
Evaluada una vez más toda la prueba, reiteramos que la
aseveración de que eran los únicos socios del bufete, por su
importancia
(fue
pasar
desapercibida
por
incorporada
en
en
la
la
escritura),
no
debió
otorgación
de
dicho
instrumento. Reafirmamos además, que la falta de intención o
daño a tercero no es excusa válida debido a la trascendencia
y fe pública que genera el otorgamiento de instrumentos
públicos.
Los
diferentes
escritos
y
argumentos
reflejan
diáfanamente que el Lcdo. Colorado incurrió en la misma
conducta que catalogamos contraria al Canon 35 del Código de
Ética de la Profesión.
Por
esa
conducta,
el
Lcdo.
Colorado
merece
igual
sanción disciplinaria: nuestra más enérgica censura.
Se dictará la correspondiente sentencia.
Su intervención, junto a otras comparecencias en el
trámite de reconsideración, no nos convenció de dejar sin
efecto la sanción impuesta a los Lcdos. Martínez y Odell.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Fred H. Martínez,
Lawrence Odell y
Antonio J. Colorado
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SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 1999
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión Per Curiam que antecede, la cual se
hace formar parte integrante de la presente, se
dicta Sentencia censurando enérgicamente la
conducta del Lcdo. Antonio J. Colorado.
Lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Rebollo López disiente;
al igual que en el citado caso de In re
Martínez y Odell, Opinión Per Curiam del 12 de
abril de 1999, entiende que los hechos que
sirvieron de base a la queja radicada no
ameritan la imposición de sanción disciplinaria
alguna contra los abogados. El Juez Asociado
señor Corrada del Río archivaría la queja con
una amonestación. El Juez Asociado, Sr. Fuster
Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno
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Secretaria del Tribunal Supremo