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Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

1999 TSPR 178

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

AB-98-46

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re:

Fred H. Martínez

Lawrence Odell y

Antonio J. Colorado

Queja

99 TSPR 178

Número del Caso: AB-98-46

Oficina del Procurador General:

Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Abogados de la Parte Qda:Lcdo. Rubén T. Nigaglioni

Lcdo. Mario L. Paniagua

Lcdo. Luis Mariano Negrón Portillo

Abogados de Antonio J. Colorado: Por Derecho Propio

Fecha: 01/12/1999

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial

del Tribunal Supremo que está sujeto a los

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y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fred H. Martínez,

Lawrence Odell y

Antonio J. Colorado

AB-98-46

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 1999

I

Mediante Per Curiam del 12 de abril de

1999,

censuramos

a

los

abogados

Fred

H.

Martínez y Lawrence Odell por suscribir bajo

juramento

en

escritura

falsedad

conocían.

expusieron,

entre

quejoso

Lcdo.

antiéticamente

pública,

En

otros

Sierra,

excluyó

de

hechos

cuya

reconsideración

argumentos,

Jr.,

su

que

el

selectiva

y

queja

al

Lcdo.

Antonio J. Colorado, aún cuando éste incurrió

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en

la

misma

conducta.

Calificaron

como

sorprendente que no lo censuráramos también.

El

Lcdo.

Colorado

intervino

como

amicus

curiae en el trámite de esa reconsideración.

Negó que al suscribir

en

1981

mediara

la

escritura

pública

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intención

de

mentir

o

engañar.1

Insistió

que

la

inconsistencia con la verdad fue una inadvertencia o error,

y calificó de injusta nuestra decisión.

El

25

de

junio,

al

denegar

la

Reconsideración,

sostuvimos la censura y aclaramos que la consideración de la

queja disciplinaria, base de nuestra decisión Per Curiam, no

había

finalizado

y

el

Lcdo.

Colorado

respondería

en

su

momento. Ese mismo día, mediante Resolución le concedimos al

Lcdo. Colorado treinta (30) días para que compareciera y

expusiera razones por las cuales no debía imponérsele igual

sanción disciplinaria.

El

9

de

agosto

compareció

y

alegó

no

procedía

disciplinarlo. En síntesis expuso, que el Procurador General

no recomendó se le sancionara y nuestro requerimiento para

que se expresara le privó totalmente de las salvaguardas

procesales y sustantivas que provee la Regla 14 de nuestro

Reglamento.

Finalmente,

adujo

que

aunque

el

lenguaje

utilizado en la escritura pudo ser más preciso, ello no

implicó

deliberada

estratagema

ni

intención

de

afectar

intereses propietarios del Lcdo. Sierra, Jr.

En unión a los Lcdos. Martínez y Odell, suscribió la

referida escritura con el objetivo de crear el fideicomiso

del plan de pensiones para beneficio de los miembros y

asociados del entonces bufete de abogados “Martínez, Odell,

Calabria & Sierra”. La escritura hizo referencia a una

resolución de la sociedad de abogados, (“Certificate of

Partnership Action”), fechada 9 de marzo de 1981, en la cual

se afirmó que los Lcdos. Martínez y Odell, junto al Lcdo.

Colorado eran los únicos socios del bufete, cuando en

realidad habían otros. Esa certificación, usada por el

notario como fundamento de la autoridad de los otorgantes de

la escritura pública, se incorporó a la misma.

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II

De

entrada

estamos

carece

impedidos

disciplinaria

de

de

porque

el

mérito

su

ejercitar

Procurador

contención

de

nuestra

facultad

General

no

que

recomendó

imposición de sanción alguna en su contra.

Primero, nuestro cuerpo jurisprudencial y reglamentario

reconoce esa facultad, incluso sua sponte. La omisión del

Procurador General pudo responder a diversas razones, entre

ellas que el Lcdo. Sierra, Jr., por razones desconocidas, lo

excluyó de su queja original. Segundo, la recomendación que

hace

el

Procurador

General

no

limita

nuestra

facultad

disciplinaria si encontramos, contrario a su criterio, que

el abogado incurrió en conducta antiética.

Aclarado este extremo, tampoco convence su argumento de

que le privamos de salvaguardas procesales y resulta tarde

concedérselas en esta etapa. La propia Regla 14 invocada

dispone que cuando de la propia contestación surjan hechos

que

lo

justifique,

podemos

imponer

las

sanciones

correspondientes sin necesidad de trámite ulterior.

El

asunto

no

es

extraño

para

el

Lcdo.

Colorado.

Participó antes en el trámite de reconsideración como amicus

curiae

y

expuso

sus

argumentos

en

contra

de

que

se

disciplináramos a los Lcdos. Martínez y Odell. Además, le

concedimos términos y así lo hizo. No cabe argumentar que

fue privado de salvaguarda procesal o sustantiva alguna.

Al

respecto,

esencialmente

los

el

mismos

Lcdo.

Colorado

argumentos

que

nos

reproduce

expuso

en

su

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6

intervención como amicus curiae,2 a los efectos de que su

actuación y, la de los Lcdos. Martínez y Odell, no fue

intencional; simplemente una inofensiva omisión o falta de

precisión. No niega los hechos ni su participación.

Evaluada una vez más toda la prueba, reiteramos que la

aseveración de que eran los únicos socios del bufete, por su

importancia

(fue

pasar

desapercibida

por

incorporada

en

en

la

la

escritura),

no

debió

otorgación

de

dicho

instrumento. Reafirmamos además, que la falta de intención o

daño a tercero no es excusa válida debido a la trascendencia

y fe pública que genera el otorgamiento de instrumentos

públicos.

Los

diferentes

escritos

y

argumentos

reflejan

diáfanamente que el Lcdo. Colorado incurrió en la misma

conducta que catalogamos contraria al Canon 35 del Código de

Ética de la Profesión.

Por

esa

conducta,

el

Lcdo.

Colorado

merece

igual

sanción disciplinaria: nuestra más enérgica censura.

Se dictará la correspondiente sentencia.

Su intervención, junto a otras comparecencias en el

trámite de reconsideración, no nos convenció de dejar sin

efecto la sanción impuesta a los Lcdos. Martínez y Odell.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fred H. Martínez,

Lawrence Odell y

Antonio J. Colorado

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SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 1999

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión Per Curiam que antecede, la cual se

hace formar parte integrante de la presente, se

dicta Sentencia censurando enérgicamente la

conducta del Lcdo. Antonio J. Colorado.

Lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Rebollo López disiente;

al igual que en el citado caso de In re

Martínez y Odell, Opinión Per Curiam del 12 de

abril de 1999, entiende que los hechos que

sirvieron de base a la queja radicada no

ameritan la imposición de sanción disciplinaria

alguna contra los abogados. El Juez Asociado

señor Corrada del Río archivaría la queja con

una amonestación. El Juez Asociado, Sr. Fuster

Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

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Secretaria del Tribunal Supremo