Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE NICOLAS DIAZ RUIZ
1999 TSPR 176
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE NICOLAS DIAZ RUIZ
CP-1998-11
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Nicolás Díaz Ruiz
Querella
99 TSPR 176
Número del Caso: CP-1998-11
Fecha: 22/11/1999
De la Oficina del Procurador General: Lcda. Ivonne Casanova Pelosi
Abogados de la Parte Querellada: Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Profesional
CP-98-11
Nicolás Díaz Ruiz
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 1999
I
El
5
de
octubre
de
1998,
el
Procurador
General
presentó querella contra el Lcdo. Nicolás Díaz Ruiz. Le
imputó violar, 1) las obligaciones impuestas al notario por
el Art. 2 de la Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987; 2) el
Canon 18 de Ética Profesional que obliga a todo abogado
desempeñarse
prudente
capaz
saber
y
y
diligentemente,
habilidad;
y
3)
el
desplegando
Canon
19
su
de
más
Ética
Profesional que exige mantener al cliente siempre informado
de todo asunto que surja
en
el desarrollo del caso que le
ha sido encomendado.
Designamos Comisionado Especial al Hon. Arnaldo
CP-98-11
López
3
Rodríguez
para
que
en
presencia
de
las
partes,
escuchara, recibiera la prueba y nos rindiera un Informe.
Con vista al mismo, resolvemos.
II
El
27
de
septiembre
de
1989,
el
Lcdo.
Díaz
Ruiz
autorizó las Escrituras Públicas de Compraventa Núms. 36 y
37, mediante las cuales Don Fernando García Arroyo vendió a
Don
Tiburcio
Figueroa
Fonseca,
Don
Máximo
Carbo
Orta
y
esposa, Doña Inés Román Díaz (escritura núm. 36), así como a
Don Gabriel Casas Terrazas, Doña Beatriz Alicea Rivera, Don
Héctor Luis Martínez López y su esposa Doña María Class
López
(escritura
colindantes
núm.
37),
sí,
fincas
entre
dos
predios
Núms.
4,555
de
terreno
y
4,476,
respectivamente, sitas en el Barrio Espino, San Lorenzo.1
En su gestión notarial, el Lcdo. Díaz Ruiz no realizó
estudio
de
título
antes
del
otorgamiento
de
dichas
Escrituras y, en su lugar, dependió de uno entregado por el
vendedor García Arroyo. En ambas Escrituras se aseveró que
“[l]os
compradores,
[Figueroa
Fonseca,
et
al.]
tienen
conocimiento de que existe un gravamen de SEIS MIL DÓLARES
($6,000.00) que afecta dicha propiedad”. Sin embargo, García
Arroyo ocultó un gravamen de primera hipoteca a favor de la
El Lcdo. Díaz Ruiz autorizó también la escritura Núm.
40 el día 19 de octubre de 1989, mediante la cual Don
Tiburcio Figueroa Fonseca le vendió su participación en la
finca Núm. 4,555 a Don Manuel González Rosario y María
Teresa Carbo Román.
1
CP-98-11
4
Farmer’s Homes Administration por $15,913.00, constituida
por él.
No hay constancia que el Lcdo. Díaz Ruiz advirtiera a
los otorgantes, en particular a los compradores Figueroa
Fonseca, et al., la necesidad de una investigación registral
independiente a la que le entregó García Arroyo. Tampoco
presentó
las
Escrituras
al
Registro
de
la
Propiedad
ni
advirtió a Figueroa Fonseca, et al., sobre la necesidad de
presentarlas.
Una vez advertido de ese gravamen ocultado, Figueroa
Fonseca, et al., con el propósito de recobrar el importe de
esa
deuda
hipotecaria
a
favor
de
la
Farmer’s
Homes
Administration, demandaron a García Arroyo y al Lcdo. Díaz
Ruiz. Al transigir la demanda, acordaron que García Arroyo
cancelaría la hipoteca a favor de la Farmer’s Homes y el
Lcdo.
Díaz
Ruiz
pagaría
a
Figueroa
Fonseca,
et
al.,
$6,000.00 por los gastos incurridos en el litigio.
En su contestación a la querella, el Lcdo. Díaz Ruiz
reiteró que Figueroa Fonseca, et al., consintieron otorgar
las Escrituras con el estudio de título que le entregó
García Arroyo. Respecto a su inscripción, adujo que Figueroa
Fonseca,
et
al.,
le
solicitaron
no
las
presentara
al
Registro debido a que estaba pendiente en los tribunales un
pleito
de
Acueductos
daños
y
y
perjuicios
Alcantarillados
contra
la
Autoridad
de
en
que
ellos
eran
el
demandantes y no deseaban que dicha agencia conociera sus
otras propiedades.
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III
En Puerto Rico, el notario representa la fe pública y
no a ningún cliente en particular. In re Raya, 117 D.P.R.
797
(1986);
función
In
re
trasciende
“Presupone
la
comunicación
Lavastida,
el
acto
creación
entre
el
de
109
D.P.R.
externo
de
un
fedante
45
(1979).
legalizar
nivel
de
y
otorgantes
los
Su
firmas.
entendimiento
que
y
le
permite a éstos formar una racional conciencia del acto en
que concurren. La fe pública notarial tiene como base la
voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto
de la ignorancia y la obscuridad. El notario, principal
instrumento
obligación
de
de
conciencia
la
fe
propiciar
informada
pública,
y
tiene
cerciorarse
supliendo
la
de
las
indeclinable
ese
estado
de
explicaciones,
aclaraciones y advertencias en todo caso en que hagan falta
para lograr el consentimiento enterado de los otorgantes al
acto notarial. Ha de dar fe y autenticidad conforme a las
leyes... La sociedad debe tener en todo notario una garantía
de certeza y de limpieza en los actos y contratos cuya
autenticidad
le
encomienda,
condiciones
que
sólo
pueden
lograrse a la luz del entendimiento.” In re Pereira Esteves,
res. en 30 de noviembre de 1998, 98 TSPR 160; In re Mundo
Rodríguez, res. en 10 de septiembre de 1998, 98 TSPR 120; In
re Angel L. Delgado, 120 D.P.R. 518 (1988); In re Josué
Flores Torres, 119 D.P.R. 578 (1987); In re Raya, supra;
Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984); In re Meléndez
Pérez, 104 D.P.R. 774 (1976).
CP-98-11
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El Lcdo. Díaz Ruiz incumplió su deber de advertir a los
otorgantes la necesidad de investigar las circunstancias
registrales de las propiedades objeto de las Escrituras. De
advertirlo, debió hacerlo constar.
Respecto a la falta de inscripción de las Escrituras en
el Registro, aunque la Ley Notarial no impone al notario
dicha
obligación,
entre
las
funciones
inherentes
al
ejercicio del notariado, se destaca el deber de informar al
comprador la necesidad de presentarlas inmediatamente. Rosas
González v. Acosta Pagán, 134 D.P.R. 720 (1993). El Lcdo.
Díaz Ruiz no hizo tales advertencias.
Más aún, según concluyó el Comisionado Especial, Hon.
López Rodríguez, la excusa del Lcdo. Díaz Ruiz para no
presentar
las
Escrituras
al
Registro,
fue
el
deseo
de
Figueroa Fonseca, et al., de ocultarle al Tribunal en el que
se dilucidaba un caso de daños y perjuicios, que poseían
otras propiedades. Dicha conducta configura complicidad del
Lcdo. Díaz Ruiz en la ocultación de información importante
para la tramitación del pleito incoado, conducta en extremo
reprobable.
El
Canon
8
de
Ética
Profesional
dispone
que
“[e]l
abogado no debe permitir que sus clientes, en el trámite de
los asuntos que crean la relación de abogado y cliente,
incurran en conducta que sería impropia del abogado si él la
llevase a cabo personalmente. Esta norma tendrá particular
aplicación
en
lo
referente
a
las
relaciones
con
los
tribunales, los funcionarios judiciales, los jurados, los
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7
testigos y las otras partes litigantes. Cuando un cliente
persista en incurrir en tal conducta impropia, el abogado
debe terminar con él sus relaciones profesionales.” In re
Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500 (1992).
Si bien las omisiones del Lcdo. Díaz Ruiz no acarrearon
mayores
consecuencias
camente
a
los
responsabilidad
y
oportunamente
perjudicados,
profesional.
Sus
ello
resarció
no
lo
acciones
económiexime
de
representan
un
pobre juicio profesional y serias faltas, no sólo en la
tramitación de su labor notarial, sino en su deber como
abogado ante los tribunales y sus clientes. Tal conducta
merece nuestro más enérgico rechazo.
Sin embargo, la ausencia de ulteriores daños al cliente
y la indemnización que satisfizo el Lcdo. Díaz Ruiz por los
gastos del litigio, son elementos que atenúan la sanción
disciplinaria. In re Cardona Ubiñas, res. en 29 de julio de
1998, 98 TSPR 114. Procede su suspensión del ejercicio de la
notaría por el término de seis (6) meses y nuestra más
enérgica
censura
como
abogado.
Requerímosle
mayor
observancia de los cánones éticos, advirtiéndole de mayores
sanciones
disciplinarias
en
el
futuro,
de
conducta.
Se dictará la correspondiente Sentencia.
repetirse
su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Profesional
CP-98-11
Nicolás Díaz Ruiz
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se suspende al Lcdo. Nicolás Díaz Ruiz del
ejercicio de la notaría por el término de seis (6) meses y
se le censura enérgicamente como abogado. Se le requiere
mayor observancia de los cánones éticos y se le advierte de
mayores sanciones disciplinarias en el futuro, de repetirse
su conducta.
Se ordena a la Oficina del Alguacil que se incaute de
su obra notarial, incluso sello notarial, para ser
remitida, examinada y oportunamente objeto de un Informe
por parte de la Oficina de Inspección de Notarías.
Lo pronunció y manda el
Secretaria del Tribunal Supremo.
Tribunal
y
certifica
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
la