LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE NICOLAS DIAZ RUIZ

1999 TSPR 176

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE NICOLAS DIAZ RUIZ

CP-1998-11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Nicolás Díaz Ruiz

Querella

99 TSPR 176

Número del Caso: CP-1998-11

Fecha: 22/11/1999

De la Oficina del Procurador General: Lcda. Ivonne Casanova Pelosi

Abogados de la Parte Querellada: Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

CP-98-11

Nicolás Díaz Ruiz

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 1999

I

El

5

de

octubre

de

1998,

el

Procurador

General

presentó querella contra el Lcdo. Nicolás Díaz Ruiz. Le

imputó violar, 1) las obligaciones impuestas al notario por

el Art. 2 de la Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987; 2) el

Canon 18 de Ética Profesional que obliga a todo abogado

desempeñarse

prudente

capaz

saber

y

y

diligentemente,

habilidad;

y

3)

el

desplegando

Canon

19

su

de

más

Ética

Profesional que exige mantener al cliente siempre informado

de todo asunto que surja

en

el desarrollo del caso que le

ha sido encomendado.

Designamos Comisionado Especial al Hon. Arnaldo

CP-98-11

López

3

Rodríguez

para

que

en

presencia

de

las

partes,

escuchara, recibiera la prueba y nos rindiera un Informe.

Con vista al mismo, resolvemos.

II

El

27

de

septiembre

de

1989,

el

Lcdo.

Díaz

Ruiz

autorizó las Escrituras Públicas de Compraventa Núms. 36 y

37, mediante las cuales Don Fernando García Arroyo vendió a

Don

Tiburcio

Figueroa

Fonseca,

Don

Máximo

Carbo

Orta

y

esposa, Doña Inés Román Díaz (escritura núm. 36), así como a

Don Gabriel Casas Terrazas, Doña Beatriz Alicea Rivera, Don

Héctor Luis Martínez López y su esposa Doña María Class

López

(escritura

colindantes

núm.

37),

sí,

fincas

entre

dos

predios

Núms.

4,555

de

terreno

y

4,476,

respectivamente, sitas en el Barrio Espino, San Lorenzo.1

En su gestión notarial, el Lcdo. Díaz Ruiz no realizó

estudio

de

título

antes

del

otorgamiento

de

dichas

Escrituras y, en su lugar, dependió de uno entregado por el

vendedor García Arroyo. En ambas Escrituras se aseveró que

“[l]os

compradores,

[Figueroa

Fonseca,

et

al.]

tienen

conocimiento de que existe un gravamen de SEIS MIL DÓLARES

($6,000.00) que afecta dicha propiedad”. Sin embargo, García

Arroyo ocultó un gravamen de primera hipoteca a favor de la

El Lcdo. Díaz Ruiz autorizó también la escritura Núm.

40 el día 19 de octubre de 1989, mediante la cual Don

Tiburcio Figueroa Fonseca le vendió su participación en la

finca Núm. 4,555 a Don Manuel González Rosario y María

Teresa Carbo Román.

1

CP-98-11

4

Farmer’s Homes Administration por $15,913.00, constituida

por él.

No hay constancia que el Lcdo. Díaz Ruiz advirtiera a

los otorgantes, en particular a los compradores Figueroa

Fonseca, et al., la necesidad de una investigación registral

independiente a la que le entregó García Arroyo. Tampoco

presentó

las

Escrituras

al

Registro

de

la

Propiedad

ni

advirtió a Figueroa Fonseca, et al., sobre la necesidad de

presentarlas.

Una vez advertido de ese gravamen ocultado, Figueroa

Fonseca, et al., con el propósito de recobrar el importe de

esa

deuda

hipotecaria

a

favor

de

la

Farmer’s

Homes

Administration, demandaron a García Arroyo y al Lcdo. Díaz

Ruiz. Al transigir la demanda, acordaron que García Arroyo

cancelaría la hipoteca a favor de la Farmer’s Homes y el

Lcdo.

Díaz

Ruiz

pagaría

a

Figueroa

Fonseca,

et

al.,

$6,000.00 por los gastos incurridos en el litigio.

En su contestación a la querella, el Lcdo. Díaz Ruiz

reiteró que Figueroa Fonseca, et al., consintieron otorgar

las Escrituras con el estudio de título que le entregó

García Arroyo. Respecto a su inscripción, adujo que Figueroa

Fonseca,

et

al.,

le

solicitaron

no

las

presentara

al

Registro debido a que estaba pendiente en los tribunales un

pleito

de

Acueductos

daños

y

y

perjuicios

Alcantarillados

contra

la

Autoridad

de

en

que

ellos

eran

el

demandantes y no deseaban que dicha agencia conociera sus

otras propiedades.

CP-98-11

5

III

En Puerto Rico, el notario representa la fe pública y

no a ningún cliente en particular. In re Raya, 117 D.P.R.

797

(1986);

función

In

re

trasciende

“Presupone

la

comunicación

Lavastida,

el

acto

creación

entre

el

de

109

D.P.R.

externo

de

un

fedante

45

(1979).

legalizar

nivel

de

y

otorgantes

los

Su

firmas.

entendimiento

que

y

le

permite a éstos formar una racional conciencia del acto en

que concurren. La fe pública notarial tiene como base la

voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto

de la ignorancia y la obscuridad. El notario, principal

instrumento

obligación

de

de

conciencia

la

fe

propiciar

informada

pública,

y

tiene

cerciorarse

supliendo

la

de

las

indeclinable

ese

estado

de

explicaciones,

aclaraciones y advertencias en todo caso en que hagan falta

para lograr el consentimiento enterado de los otorgantes al

acto notarial. Ha de dar fe y autenticidad conforme a las

leyes... La sociedad debe tener en todo notario una garantía

de certeza y de limpieza en los actos y contratos cuya

autenticidad

le

encomienda,

condiciones

que

sólo

pueden

lograrse a la luz del entendimiento.” In re Pereira Esteves,

res. en 30 de noviembre de 1998, 98 TSPR 160; In re Mundo

Rodríguez, res. en 10 de septiembre de 1998, 98 TSPR 120; In

re Angel L. Delgado, 120 D.P.R. 518 (1988); In re Josué

Flores Torres, 119 D.P.R. 578 (1987); In re Raya, supra;

Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984); In re Meléndez

Pérez, 104 D.P.R. 774 (1976).

CP-98-11

6

El Lcdo. Díaz Ruiz incumplió su deber de advertir a los

otorgantes la necesidad de investigar las circunstancias

registrales de las propiedades objeto de las Escrituras. De

advertirlo, debió hacerlo constar.

Respecto a la falta de inscripción de las Escrituras en

el Registro, aunque la Ley Notarial no impone al notario

dicha

obligación,

entre

las

funciones

inherentes

al

ejercicio del notariado, se destaca el deber de informar al

comprador la necesidad de presentarlas inmediatamente. Rosas

González v. Acosta Pagán, 134 D.P.R. 720 (1993). El Lcdo.

Díaz Ruiz no hizo tales advertencias.

Más aún, según concluyó el Comisionado Especial, Hon.

López Rodríguez, la excusa del Lcdo. Díaz Ruiz para no

presentar

las

Escrituras

al

Registro,

fue

el

deseo

de

Figueroa Fonseca, et al., de ocultarle al Tribunal en el que

se dilucidaba un caso de daños y perjuicios, que poseían

otras propiedades. Dicha conducta configura complicidad del

Lcdo. Díaz Ruiz en la ocultación de información importante

para la tramitación del pleito incoado, conducta en extremo

reprobable.

El

Canon

8

de

Ética

Profesional

dispone

que

“[e]l

abogado no debe permitir que sus clientes, en el trámite de

los asuntos que crean la relación de abogado y cliente,

incurran en conducta que sería impropia del abogado si él la

llevase a cabo personalmente. Esta norma tendrá particular

aplicación

en

lo

referente

a

las

relaciones

con

los

tribunales, los funcionarios judiciales, los jurados, los

CP-98-11

7

testigos y las otras partes litigantes. Cuando un cliente

persista en incurrir en tal conducta impropia, el abogado

debe terminar con él sus relaciones profesionales.” In re

Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500 (1992).

Si bien las omisiones del Lcdo. Díaz Ruiz no acarrearon

mayores

consecuencias

camente

a

los

responsabilidad

y

oportunamente

perjudicados,

profesional.

Sus

ello

resarció

no

lo

acciones

económiexime

de

representan

un

pobre juicio profesional y serias faltas, no sólo en la

tramitación de su labor notarial, sino en su deber como

abogado ante los tribunales y sus clientes. Tal conducta

merece nuestro más enérgico rechazo.

Sin embargo, la ausencia de ulteriores daños al cliente

y la indemnización que satisfizo el Lcdo. Díaz Ruiz por los

gastos del litigio, son elementos que atenúan la sanción

disciplinaria. In re Cardona Ubiñas, res. en 29 de julio de

1998, 98 TSPR 114. Procede su suspensión del ejercicio de la

notaría por el término de seis (6) meses y nuestra más

enérgica

censura

como

abogado.

Requerímosle

mayor

observancia de los cánones éticos, advirtiéndole de mayores

sanciones

disciplinarias

en

el

futuro,

de

conducta.

Se dictará la correspondiente Sentencia.

repetirse

su

CP-98-11

8

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

CP-98-11

Nicolás Díaz Ruiz

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se suspende al Lcdo. Nicolás Díaz Ruiz del

ejercicio de la notaría por el término de seis (6) meses y

se le censura enérgicamente como abogado. Se le requiere

mayor observancia de los cánones éticos y se le advierte de

mayores sanciones disciplinarias en el futuro, de repetirse

su conducta.

Se ordena a la Oficina del Alguacil que se incaute de

su obra notarial, incluso sello notarial, para ser

remitida, examinada y oportunamente objeto de un Informe

por parte de la Oficina de Inspección de Notarías.

Lo pronunció y manda el

Secretaria del Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

la