LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V OSVALDO RIOS ALONSO

1999 TSPR 177

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V OSVALDO RIOS ALONSO

CC-1997-591

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

99 TSPR 177

Osvaldo Ríos Alonso

Recurrido

Número del Caso: CC-1997-0591

Fecha: 23/11/1999

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. Antonio J. Negroni Cintrón

Abogados de la Parte Peticionaria: Oficina del Procurador General

Lcda. Rose Mary Corchado Lorent

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Edgardo L. Rivera Rivera

Materia: Art. 3.1 Ley 54

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-97-591

Certiorari

Osvaldo Ríos Alonso

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García

San Juan, Puerto Rico, a

23 de noviembre de 1999

I

El 30 de noviembre de 1996, el Ministerio Público

presentó

ante

un

magistrado

una

denuncia

contra

el

recurrido, Osvaldo Ríos Alonso, por infracción a los

Artículos 3.2 y 3.4 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de

1989,

Ley

Violencia

para

la

Prevención

Doméstica,

respectivamente.

8

Dicho

e

L.P.R.A.

Intervención

§

magistrado

§

632

encontró

con

y

la

634,

causa

probable para arrestar al imputado por los mencionados

cargos.

El 10 de enero de 1997, se celebró la vista

preliminar y se determinó causa probable para presentar

acusación por el delito menor incluido

de infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54, mas no por los artículos 3.2

y 3.4.

Inconforme, el Ministerio Público compareció en alzada ante otro

magistrado, con el propósito de que se determinara causa probable por

violación a los artículos 3.2 y 3.4 de la Ley 54 originalmente imputados

en

la

denuncia

que

sirvió

de

base

para

el

arresto

del

acusado.

Celebrada la vista preliminar en alzada, el Magistrado determinó que no

existía causa probable para presentar acusación contra el imputado por

tales delitos.

Nada más hizo constar en su resolución.

Así

las

cosas, el Ministerio Público presentó acusación contra el recurrido por

infracción al artículo 3.1 de la Ley 54, según le había sido autorizado

en la vista preliminar original.

En respuesta, estando pendiente la

lectura de la acusación por este delito, la defensa presentó una moción

de

desestimación

al

amparo

de

la

Regla

64

incisos

(b)

e

(i)

de

Procedimiento Criminal, basada en la determinación de no causa emitida en

la

vista

preliminar

en

alzada.

Adujo

que

en

virtud

de

dicha

determinación el Ministerio Público carecía de autoridad para presentar

la

acusación

en

contra

del

recurrido

y

que

el

tribunal

carecía

de

autoridad para entender en el proceso.

Llegado el día señalado para la lectura de la acusación, el acusado

no compareció, alegadamente por haber perdido un vuelo procedente de

Bogotá, Colombia, donde se encontraba grabando una novela televisiva.

Por ello, el magistrado ordenó su arresto y le impuso una fianza de

$5,000.00 para permanecer en libertad provisional.

El tribunal procedió,

además, a señalar el 13 de marzo de 1997 como nueva fecha para la lectura

de la acusación.

representación

Esta vez el recurrido sí compareció, acompañado de su

legal.

Se

argumentó

por

las

partes

la

moción

de

desestimación presentada por la defensa y, luego de oídos los argumentos

de las partes, se declaró sin lugar la moción de desestimación.

Insatisfecho con dicho dictamen, así como con la imputación de

desacato criminal de que fue objeto por la incomparecencia a la lectura

de la acusación señalada para el 27 de febrero de 1997, el acusado

recurrió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante Petición de

Certiorari.

Dicho Tribunal, en sentencia emitida el 16 de septiembre de

1997, revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y, en su

lugar, ordenó el archivo y sobreseimiento del pliego acusatorio por

infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54.

criminal.

También desestimó el desacato

En síntesis, resolvió que al solicitar la celebración de una

vista preliminar en alzada el Ministerio Público había impugnado la

determinación de causa probable obtenida en la vista preliminar original.

No podía ahora, luego de una determinación adversa en la vista preliminar

en alzada, aprovechar la autorización que se le concedió en la vista

preliminar

original

Artículo 3.1.

para

presentar

la

acusación

por

infracción

al

Tampoco podía el tribunal imponerle un desacato criminal

al peticionario por su incomparecencia a la lectura de acusación, pues

carecía de jurisdicción para citarle a dicha vista.

De esta determinación es que recurre ante nos el Ministerio Público.

Plantea que la determinación de causa probable obtenida en la primera

vista preliminar subsiste no empece a la determinación de inexistencia de

causa de la segunda vista, por lo que la presentación de la acusación fue

válida, así como también la imposición del desacato criminal por la

incomparecencia del recurrido a la vista de lectura de acusación.

Habiendo cumplido el recurrido con la orden para mostrar causa

contenida en nuestra resolución del 19 de diciembre de 1997, expedimos

ahora el auto solicitado y procedemos a resolver.

II

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 23,

estableció el mecanismo de la vista preliminar, el cual está diseñado

para

evitar

que

se

someta

a

un

ciudadano

en

forma

arbitraria

e

injustificada a los rigores de un procedimiento criminal por un delito

grave.

Conforme a esta regla y a la jurisprudencia que la interpreta,

ninguna persona podrá ser acusada por la comisión de un delito grave sin

una previa determinación de causa probable para acusar, salvo que el

imputado renuncie a ese derecho.

Esto significa que antes de presentar

una acusación por delito grave, además de obtener una determinación de

causa probable para arrestar, el Ministerio Público tendrá la obligación

de presentar al magistrado que preside la vista preliminar aquella prueba

que

establezca

cada

uno

de

los

elementos

del

delito

imputado

y

la

conexión del denunciado con dicho delito, de modo que se justifique la

presentación de una acusación en su contra.

De cumplirse con esta carga

probatoria, el magistrado que preside la vista deberá determinar causa

probable por el delito imputado.

contrario,

si

el

Ministerio

Por el

Público

probatoria, el magistrado deberá

para

presentar

una

acusación

no

cumpliera

con

dicha

carga

determinar que no existe causa probable

por

el

delito

imputado.

Existe,

sin

embargo, una tercera situación intermedia que surge cuando la evidencia

presentada por el Ministerio Público establece los elementos necesarios

para determinar la existencia de causa probable por un delito inferior al

imputado en la denuncia.

En tal caso, el magistrado deberá determinar

causa probable por dicho delito menor.

Pueblo v. Rivera Rodríguez, op.

del 31 de marzo de 1995, 95 JTS 36; El Vocero v. E.L.A., 131 D.P.R. 356

(1992);

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663-664 (1985);

Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 171 (1975); Pueblo v. Tribunal

Superior,

104

D.P.R.

454,

459

(1975);

Vázquez

Rosado

v.

Tribunal

Superior, 100 D.P.R. 592, 594 (1972).

Para aquellos casos en que el Ministerio Público no obtiene una

determinación de causa probable por el delito contenido en la denuncia,

la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal1, 34 L.P.R.A. Ap. II R 24(c),

contempla la vista preliminar en alzada.

A tenor con esta otra regla, el

fiscal que no esté satisfecho con la determinación a la que llega el

magistrado

1

que

presidió

la

vista

preliminar

original,

sea

porque

El inciso (c) de esta regla dispone: “Efectos de la determinación de

no haber causa probable. Si luego de la vista preliminar, en los casos

en que corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciere una

determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá

presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la determinación fuere

la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal

podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un

magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.”

determinó ausencia total de causa probable para acusar al imputado o

porque determinó causa probable por un delito menor al contenido en la

denuncia, podrá someter el asunto nuevamente ante otro magistrado de

jerarquía superior dentro del Tribunal de Primera Instancia, presentando

la misma prueba que ofreció en la vista preliminar o presentado prueba

distinta.

En esta segunda vista, el magistrado podrá también determinar

que existe causa probable por el delito imputado en la denuncia, causa

probable por algún delito menor incluido en el imputado o inexistencia de

causa probable. El Vocero

v. E.L.A., supra, Pueblo v. Cruz Justiniano,

116 D.P.R. 28 (1984).

Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué efecto tiene la

determinación de la vista preliminar en alzada sobre la determinación a

la que se había llegado previamente en la vista preliminar original?

Para responder a esta pregunta debemos examinar los siguientes supuestos:

En los casos en que se celebra la vista preliminar en alzada porque

en la vista preliminar original se determinó la inexistencia absoluta de

causa probable, el resultado obtenido en la vista preliminar en alzada

siempre prevalecerá.

Así, si el nuevo magistrado determina que no existe

causa probable, el procedimiento contra el imputado finalizará.

Del

mismo modo, si el nuevo magistrado decide que existe causa probable por

el delito imputado o por un delito menor incluido, el fiscal estará

autorizado a presentar una acusación en contra del imputado por aquel

delito para el cual se determinó que existía causa probable en alzada.

Ahora bien, la situación es distinta cuando, como en el presente caso,

en la primera vista preliminar, celebrada al amparo de la Regla 23, se ha

determinado que existe causa probable, pero por un delito menor al contenido

en la denuncia.

En este supuesto, el magistrado que preside la vista

preliminar en alzada sólo tiene autoridad para determinar si existe o no

causa probable por el delito originalmente imputado en la denuncia o por

algún otro delito menor incluido, pero mayor, a aquel por el cual se

determinó causa originalmente.

La norma expuesta se justifica por la naturaleza y finalidad de la vista

preliminar en alzada.

un

trámite

apelativo

Es importante recordar que esta segunda vista no es

de

la

primera

vista,

sino

un

procedimiento

independiente, separado y distinto donde puede presentarse la misma u otra

prueba con el propósito de que el Pueblo pueda conseguir una determinación

favorable de causa probable por el delito por el cual ha pretendido acusar

al acusado desde el inicio del proceso criminal instituido en contra de

éste. Pueblo v. Martínez Rivera, op. del 23 de diciembre de 1997, 97 JTS

150; Pueblo v. Rivera Rivera, op. del 24 de junio de 1996, 96 JTS 92; Pueblo

v. Méndez Pérez, 120 D.P.R. 137 (1987); Pueblo v. Cruz Justiniano, supra;

Alvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236 (1974); Vázquez Rosado v.

Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1971); Pueblo v. Tribunal Superior, 96

D.P.R. 237 (1968).

Según hemos resuelto en ocasiones anteriores, esta vista

es un instrumento que existe precisamente para darle una segunda oportunidad

al Pueblo para que pueda obtener una determinación de causa probable por el

delito que entiende ha sido cometido por el imputado.

A no ser por este

instrumento, el Ministerio Público carecería de recursos para impugnar una

determinación adversa en la vista preliminar o una determinación que a pesar

de no resultarle adversa, no le satisface.

Pueblo v. Rivera Rivera, supra;

Pueblo v. Rodríguez Ríos, op. del 1 de agosto de 1994, 94 JTS 106;

Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975); Pueblo v. Tribunal Superior, 95

D.P.R. 412 (1976).

Según nos señala el Profesor Ernesto L. Chiesa Aponte,

“el recurso de VPA [Vista Preliminar en Alzada] es uno diseñado a favor del

Ministerio Fiscal, como un mecanismo procesal para mejorar su posición en

cuanto al resultado de la vista preliminar original.”

Supra, a la pág. 103.

Por tanto, un trámite que ha sido diseñado para proporcionar al fiscal una

segunda oportunidad para mejorar su posición tras la celebración de la vista

preliminar original, no puede producir un resultado que coloque al fiscal en

una peor posición que aquella en la que se encontraba cuando acudió al

proceso en alzada.

Por otro lado, de prevalecer la interpretación del Tribunal de Circuito de

Apelaciones en este caso, la misma tendría el efecto de desalentar el uso de

la vista preliminar en alzada por parte del Ministerio Público.

Siendo esta

segunda vista un recurso que sólo entra en juego a petición del fiscal, sus

normas tienen que estar diseñadas de manera que la misma no se convierta,

como apunta el Hon. Hiram Sánchez Martínez, “[en] una emboscada estatutaria

donde El Pueblo vaya por lana y salga trasquilado.”

Sumario de Vista

Preliminar, Instituto de Estudios Judiciales, 1994, a la pág. 39.

Dicho de

otro modo, la mencionada interpretación tendría el efecto de limitar el

derecho del Ministerio Público a solicitar una vista preliminar en alzada en

aquellos casos en que razonablemente así se justifica, por el riesgo de

perder el terreno que ha ganado.

Después de todo, una vez presentada la

acusación en su contra, el imputado tendrá derecho a impugnar esta nueva

determinación de causa probable si entiende que la misma no

es conforme a derecho.

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II R. 64(p); Pueblo v. Jiménez Cruz, res. el 17 de junio de 1998, 98

TSPR 76.

III

En

conclusión,

resolvemos

hoy

que

cuando

el

Ministerio

Público

haya

logrado obtener una determinación de causa probable en la primera vista

preliminar

celebrada

a

tenor

con

lo

dispuesto

por

la

Regla

23

de

Procedimiento Criminal, supra, el magistrado que preside la nueva vista

preliminar

en

alzada

no

tiene

facultad

para

dejar

determinación

previa

de

causa

probable

a

ser

no

sin

efecto

mediante

una

dicha

nueva

determinación de causa probable por el delito imputado en la denuncia, por

un

delito

mayor

a

aquel

por

el

cual

se

determinó

originalmente o por un grado mayor de dicho delito.

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

al

causa

probable

Consecuentemente, erró

ordenar

el

archivo

y

sobreseimiento del pliego acusatorio presentado contra el recurrido por

infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54.

El Ministerio Público estaba

autorizado a presentar esta acusación en virtud de la determinación de

causa probable a la que llegó el magistrado que presidió la primera vista

preliminar al amparo de la Regla 23.

Asimismo,

erró

el

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones al desestimar el cargo de desacato criminal en

vista de que el Tribunal de Primera Instancia sí tenía jurisdicción para

citar al recurrido a la lectura de la acusación por violación al artículo

3.1 de la Ley 54.

Procede, pues, dictar sentencia revocando la dictada por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia

para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí

expuesto.

José. A. Andréu García

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-97-591

Certiorari

Osvaldo Ríos Alonso

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 1999

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte integra de la

presente, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de

los procedimientos de conformidad con lo aquí expuesto.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rebollo López disiente con opinión escrita.

El Juez

Asociado señor Hernández Denton disiente sin opinión

escrita.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

concurre en el resultado sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-97-591

CERTIORARI

Osvaldo Ríos Alonso

Acusado-recurrido

OPINION DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 1999

La

decisión

que

hoy

emite

una

mayoría

de

los

integrantes de este Tribunal realmente es difícil de

creer; de hecho, la misma resulta ser inconcebible.

Mediante la errónea y peligrosa Opinión que emite, el

Tribunal establece y valida en nuestra jurisdicción la

“opinión consultiva” en el campo del derecho penal;

ello en un craso acto de legislación judicial.

Conforme la norma que establece hoy la Mayoría, si

a nivel de la vista preliminar original se hace una

determinación

de

delito

incluido

menor

causa

determinación de causa

probable

al

para

delito

acusar

por

un

imputado

en

la

probable para arresto, esa determinación inicial prevalecerá a menos

que, en la vista preliminar en alzada, el segundo magistrado determine

causa por un delito mayor; pudiendo el fiscal descartar o desechar

cualquier determinación que se haga en la vista preliminar en alzada

que

sea

de

menor

grado

--incluso,

de

inexistencia

de causa--

que la realizada en la vista original.

Dicho de otra manera, el Tribunal faculta al ministerio público

para escoger, o determinar, cuál de las dos determinaciones de causa le

conviene

más,

esto

es,

a

ignorar

la

determinación

que

no

le

sea

favorable. En otras palabras, y conforme sentencia la Mayoría, el juez

que interviene en la vista preliminar en alzada no pasa de ser una

marioneta glorificada, cuyas decisiones pueden o no ser obedecidas por

la Rama Ejecutiva de nuestro Gobierno ya que las mismas no pasan de ser

opiniones consultivas.

I

Contra el acusado recurrido, Osvaldo Ríos Alonso, se determinó

causa probable para arresto por alegadas infracciones a los Artículos

3.2 y 3.4 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica2. Constituyendo delitos graves dichas infracciones de ley, el

acusado fue sometido al procedimiento de vista preliminar contemplado

por la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Criminal.

El magistrado que presidió dicha vista determinó causa probable

para acusar por infracción al Artículo 3.1 de la antes mencionada Ley,

esto es, se determinó causa probable para acusar por un “delito menor

incluido”. Inconforme, el Estado se acogió al mecanismo procesal de la

“vista preliminar en alzada”, provisto el mismo por la Regla 24(c) de

las

2

3

de

Procedimiento

Criminal3.

Celebrada

la

“vista

en

alzada”,

Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. secs. 632 y 634.

Dicha disposición reglamentaria establece, en lo pertinente que:

“...Si luego de la vista preliminar, en los casos en que

corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciera una

determinación de que no existe causa probable, el fiscal no

podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la

el

magistrado

que

presidió

la

misma

determinó

inexistencia

de

causa

radicó,

la

Sala

probable para acusar.

Ello

no

obstante,

el

ministerio

Superior

de

Carolina

del

Tribunal

fiscal

de

ante

Primera Instancia, un pliego

acusatorio contra Ríos Alonso por el delito de infracción al Artículo

3.1 de la antes mencionada Ley, esto es, por el delito menor incluido

por el cual se había determinado causa probable en la vista preliminar

originalmente celebrada. La defensa de Ríos Alonso radicó prontamente

una moción en la cual solicitó la desestimación de la acusación así

radicada; ello al amparo de las disposiciones de los Incisos (b) e (i)

de la Regla 64 de Procedimiento Criminal.

El

tribunal

desestimación

de

instancia,

solicitada.

previa

vista

Inconforme,

Ríos

al

efecto,

Alonso

denegó

la

ante

el

acudió

Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual revocó la determinación

recurrida. Sostuvo el foro apelativo intermedio, a nuestro juicio de

forma

enteramente

correcta,

que

el

ministerio

público

carecía

de

autoridad para radicar la acusación puesto que, en la vista preliminar

en alzada, se había determinado inexistencia de causa probable para

acusar.

Acudió

Tribunal.

el

Se

Estado,

emitió

en

una

revisión

de

orden

mostrar

de

dicha

sentencia,

causa;

ante

este

compareció,

en

cumplimiento de la misma, el acusado recurrido. Hoy, una mayoría de los

integrantes

de

este

Tribunal

revoca

la

sentencia

emitida

por

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones; resuelve, en síntesis, que el

ministerio público tenía autoridad para radicar el pliego acusatorio en

controversia a la luz de la determinación original de causa probable

para acusar que se hiciera, pudiendo el Estado hacer caso omiso de la

determinación desfavorable --de inexistencia de causa-- que se hiciera

en la vista preliminar en alzada.

determinación fuere la de que existe causa por un delito

inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de

nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de

categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.”

No estamos, ni podemos estar, de acuerdo. Veamos por qué.

Como

señaláramos

II

anteriormente,

conforme

las

disposiciones

de

nuestro ordenamiento jurídico, en casos de delito grave, el Estado no

puede someter a un ciudadano

a los rigores de un juicio criminal sin

haber obtenido una determinación de causa probable para arresto y una

determinación de causa probable para acusar. En otras palabras, en

casos de delitos graves, determinada causa probable para arresto contra

una persona, resulta mandatoria la celebración de una vista preliminar

--a menos que el imputado renuncie a la misma-- y la obtención de una

determinación de causa probable para acusar a éste por determinado

delito.

En

relación

con

la

vista

preliminar,

hemos

expresado --en

Pueblo v. Vallone, Jr., 133 D.P.R. 427, 433 (1993)-- que el objetivo

central de la misma “...no es hacer una adjudicación en los méritos en

cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino evitar que se

someta a una persona de forma arbitraria e injustificada a los rigores

de

un

proceso

judicial

criminal.

mediante

el

La

cual

vista

se

preliminar

exige

que

el

opera

como

tribunal

un

cedazo

autorice

la

radicación de la acusación, sólo después de ponderar debidamente la

prueba y determinar que existen suficientes fundamentos para justificar

un proceso criminal.”

En la situación de una determinación adversa contra el Estado a

nivel de la vista preliminar original --la cual puede consistir en la

de inexistencia de causa probable o en la determinación de causa por un

delito menor incluido-- el ministerio público tiene varias opciones, a

saber: la primera de ellas es acatar la determinación, esto es, en el

caso de la determinación de inexistencia, no hacer nada más, y en el

caso

de

la

determinación

de

causa

probable

por

un

delito

menor

incluido, radicar acusación o denuncia por dicho delito menor. Por otro

lado, de no estar en disposición de acatar la determinación realizada,

el fiscal puede hacer uso del mecanismo procesal que provee la citada

Regla 24(c), esto es, acogerse al procedimiento de “vista preliminar en

alzada”. Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332 (1993).

Sabido es que en la vista en alzada el fiscal puede intentar

lograr su propósito de obtener una determinación de causa probable para

acusar por el delito que él entiende es apropiado, presentando la misma

prueba que sometiera en la vista original como también puede presentar

prueba adicional o totalmente distinta a la que originalmente presentó.

Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968).

Un examen desapasionado de las disposiciones de las Reglas 23 y 24

de

Procedimiento

Criminal

es

todo

lo

que

se

necesita

para

poder

concluir que la oportunidad que las Reglas de Procedimiento Criminal le

concede

al

preliminar

fiscal,

en

de

poder

alzada,

es

solicitar

producto

la

del

celebración

de

deseo

legislador

del

una

vista

de

establecer un “...balance racional entre los intereses del individuo y

el

Estado,

que

procura

que

no

se

relegue

a

un

solo

funcionario

[judicial] la decisión única, final e irreversible de archivar una

denuncia [o acusación] por falta de causa probable.”

Esto es, el legislador entendió que resultaba indeseable que la

determinación de acusar o no a una persona dependiera exclusivamente de

la opinión o criterio de un solo juez que, como ser humano al fin,

puede equivocarse. Nótese, por otro lado, que la vista preliminar en

alzada se debe celebrar ante un magistrado de “categoría superior”, el

cual se supone tenga más experiencia y conocimiento jurídico que el

juez que originalmente interviene en la vista original.4

Resulta

importante,

por

último,

mantener

siempre

presente

lo

expresado por este Tribunal --referente a la interacción entre la vista

original y la vista preliminar en alzada-- a los efectos de que aun

cuando “...la vista preliminar original y la vista preliminar en alzada

4

Conforme establece el Artículo 5.004 de la Ley Número 1 del 28 de

julio de 1994, conocida como la Ley de la Judicatura, según enmendada,

los Jueces Municipales están facultados para presidir las vistas

son dos vistas independientes, [las mismas] son partes de un mismo y

continuo proceso judicial.” (Enfasis suplido.) Pueblo v. Vallone, ante.

Debido a lo anteriormente expresado es que, precisamente, no se

puede descartar o hacer caso omiso de la determinación que realiza el

magistrado

en

la

vista

preliminar

en

alzada.

Dicho

juez

es

parte

integral de dicho procedimiento y con él culmina el mismo.

III

Un análisis de la Opinión mayoritaria revela que, su determinación

--a los efectos de que el ministerio fiscal puede hacer caso omiso de

una determinación desfavorable realizada a nivel de la vista preliminar

en alzada-- descansa de manera principal en tres (3) fundamentos, a

saber:

1. La vista preliminar en alzada es separada, distinta e

independiente de la original;

2. la naturaleza de la vista preliminar en alzada es un

mecanismo diseñado para “mejorar la posición” del Ministerio

Público; y

3.

el

efecto

disuasivo

que

tendría

en

el

Ministerio

Público un curso decisional distinto.

En cuanto al primero de los fundamentos, es correcto que este

Tribunal, reiteradamente, ha expresado que la vista preliminar en alzada

no es una apelación; esto es, que dicha vista es una independiente,

separada y distinta de la vista original que se celebró. No tenemos

problema alguno con dicha norma. No puede ser de otra manera.

La Mayoría ignora, o no se da cuenta de, la razón o fundamento

jurídico detrás de dicha norma. El mismo es sorprendentemente sencillo.

De la vista en alzada constituir una apelación, el ministerio fiscal

estaría impedido de presentar prueba adicional o distinta en la vista

preliminar en alzada; ello así ya que, conforme los principios que rigen

preliminares que establece la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento

la práctica apelativa, el tribunal revisor no podría considerar otra

prueba que no fuera la que desfiló ante el tribunal inferior. Esa,

repetimos, fue la razón que llevó a este Tribunal a decidir que se

trataban de dos vistas separadas y distintas.

En segundo lugar, la Mayoría aduce que la vista preliminar en

alzada es un mecanismo diseñado para beneficio del ministerio fiscal.

Coincidimos, en principio, con la Mayoría en cuanto a este aspecto. Esto

es,

somos

del

criterio

preliminar

en

alzada

que

este

mecanismo

efectivamente

fue

procesal

creado

para

de

la

beneficio

vista

del

ministerio fiscal, el cual le permite, por decirlo así, una “segunda

oportunidad al bate”.

La razón para ello es obvia. Todas las personas que intervenimos en

esta clase de procedimientos somos falibles; todas podemos equivocarnos

de la mejor buena fe. Comenzamos por el representante del Estado en la

vista preliminar. El fiscal, no obstante contar con suficiente prueba,

puede equivocarse y presentar en la vista preliminar original prueba que

resulta insuficiente en derecho. Si ello así sucede, el juez que preside

dicho

procedimiento

no

tendrá

otra

alternativa

que

determinar

inexistencia de causa o determinar causa por un delito menor incluido.

Puede suceder, por otro lado, que no obstante presentar el fiscal

en dicha vista prueba suficiente para lograr una determinación de causa

por el delito imputado, el juez se equivoque y emita una determinación

errónea.

En

relación

con

ambas

situaciones,

el

legislador

entendió

procedente conceder una nueva oportunidad al Estado.5

Ello no significa, sin embargo, que ese hecho, esa acción del

legislador, tenga el alcance y la consecuencia errónea que atribuye la

Mayoría. Una cosa no lleva a la otra. No alcanzamos a comprender cómo

puede resolverse la controversia planteada solo ponderando el hecho de

que

la

vista

Criminal.

preliminar

en

alzada

es

un

mecanismo

diseñado

para

beneficio

del

Ministerio

Público.

Esto,

haciendo

caso

omiso

a

la

realidad de que la vista preliminar en alzada existe en función de la

vista original cuyo propósito primordial es no someter a un ciudadano a

los rigores de un proceso penal sin la existencia de causa probable.

La

vista

preliminar

en

alzada,

repetimos,

se

celebra

ante

un

magistrado de “categoría superior”; ese segundo juez se supone sea un

jurista de mayor experiencia y conocimiento que el primero6. ¿Cómo es

posible

que

el

ministerio

fiscal

pueda

hacer

caso

omiso

de

la

determinación del magistrado que preside la vista preliminar en alzada

si la misma no le conviene? ¿Es dicho magistrado un simple muñeco, cuyas

decisiones

y

determinaciones

se

respetan

únicamente

cuando

son

favorables para el Estado? ¿Qué clase de sistema judicial es éste? ¿No

resulta ser éste un clásico ejemplo de la “opinión consultiva” que está

prohibida por nuestra Constitución?

Por último y en cuanto al tercero de los fundamentos aducidos por

la Mayoría --a los efectos de que establecer la norma contraria tendría

un

“efecto

disuasivo”

en

el

ministerio

público,

por

cuanto

éstos

tendrían temor de recurrir en alzada-- únicamente tenemos que decir que

esta Institución, que se supone que sea la primera que tenga fe en la

justicia que se dispensa en nuestro País, no debe tener temor alguno

respecto a las decisiones que puedan emitir las personas que tienen en

sus manos la difícil y delicada tarea de impartir la misma. ¿Cómo es

posible que los integrantes de este Tribunal establezcan una norma,

basada la misma en dudas sobre la capacidad de los magistrados y sobre

la calidad y corrección de las decisiones que éstos puedan emitir?

¿No se supone que tanto la vista preliminar original, como la vista

en alzada, sean “...partes de un mismo y continuo proceso judicial?7

¿Cómo es posible que la determinación hecha en la vista en alzada pueda

5

La defensa, por su parte, puede cuestionar la determinación de causa

probable mediante el mecanismo procesal provisto por las Reglas de

Procedimiento Criminal en el Inciso (p) de la Regla 64.

6

Como expresáramos en el Escolio 3, ante, de ordinario la vista

preliminar original será presidida por un Juez Municipal y la vista

preliminar en alzada será presidida por un Juez Superior.

ser descartada por el ministerio fiscal? Estamos, repetimos, ante la

creación de un mecanismo procesal que permite la opinión consultiva, el

cual resulta humillante y degradante para nuestros jueces de instancia.

Es por ello que disentimos.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

7

Pueblo v. Vallone, ante.