Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V OSVALDO RIOS ALONSO
1999 TSPR 177
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V OSVALDO RIOS ALONSO
CC-1997-591
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
99 TSPR 177
Osvaldo Ríos Alonso
Recurrido
Número del Caso: CC-1997-0591
Fecha: 23/11/1999
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII
Juez Ponente: Hon. Antonio J. Negroni Cintrón
Abogados de la Parte Peticionaria: Oficina del Procurador General
Lcda. Rose Mary Corchado Lorent
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Edgardo L. Rivera Rivera
Materia: Art. 3.1 Ley 54
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-97-591
Certiorari
Osvaldo Ríos Alonso
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico, a
23 de noviembre de 1999
I
El 30 de noviembre de 1996, el Ministerio Público
presentó
ante
un
magistrado
una
denuncia
contra
el
recurrido, Osvaldo Ríos Alonso, por infracción a los
Artículos 3.2 y 3.4 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de
1989,
Ley
Violencia
para
la
Prevención
Doméstica,
respectivamente.
8
Dicho
e
L.P.R.A.
Intervención
§
magistrado
§
632
encontró
con
y
la
634,
causa
probable para arrestar al imputado por los mencionados
cargos.
El 10 de enero de 1997, se celebró la vista
preliminar y se determinó causa probable para presentar
acusación por el delito menor incluido
de infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54, mas no por los artículos 3.2
y 3.4.
Inconforme, el Ministerio Público compareció en alzada ante otro
magistrado, con el propósito de que se determinara causa probable por
violación a los artículos 3.2 y 3.4 de la Ley 54 originalmente imputados
en
la
denuncia
que
sirvió
de
base
para
el
arresto
del
acusado.
Celebrada la vista preliminar en alzada, el Magistrado determinó que no
existía causa probable para presentar acusación contra el imputado por
tales delitos.
Nada más hizo constar en su resolución.
Así
las
cosas, el Ministerio Público presentó acusación contra el recurrido por
infracción al artículo 3.1 de la Ley 54, según le había sido autorizado
en la vista preliminar original.
En respuesta, estando pendiente la
lectura de la acusación por este delito, la defensa presentó una moción
de
desestimación
al
amparo
de
la
Regla
64
incisos
(b)
e
(i)
de
Procedimiento Criminal, basada en la determinación de no causa emitida en
la
vista
preliminar
en
alzada.
Adujo
que
en
virtud
de
dicha
determinación el Ministerio Público carecía de autoridad para presentar
la
acusación
en
contra
del
recurrido
y
que
el
tribunal
carecía
de
autoridad para entender en el proceso.
Llegado el día señalado para la lectura de la acusación, el acusado
no compareció, alegadamente por haber perdido un vuelo procedente de
Bogotá, Colombia, donde se encontraba grabando una novela televisiva.
Por ello, el magistrado ordenó su arresto y le impuso una fianza de
$5,000.00 para permanecer en libertad provisional.
El tribunal procedió,
además, a señalar el 13 de marzo de 1997 como nueva fecha para la lectura
de la acusación.
representación
Esta vez el recurrido sí compareció, acompañado de su
legal.
Se
argumentó
por
las
partes
la
moción
de
desestimación presentada por la defensa y, luego de oídos los argumentos
de las partes, se declaró sin lugar la moción de desestimación.
Insatisfecho con dicho dictamen, así como con la imputación de
desacato criminal de que fue objeto por la incomparecencia a la lectura
de la acusación señalada para el 27 de febrero de 1997, el acusado
recurrió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante Petición de
Certiorari.
Dicho Tribunal, en sentencia emitida el 16 de septiembre de
1997, revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y, en su
lugar, ordenó el archivo y sobreseimiento del pliego acusatorio por
infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54.
criminal.
También desestimó el desacato
En síntesis, resolvió que al solicitar la celebración de una
vista preliminar en alzada el Ministerio Público había impugnado la
determinación de causa probable obtenida en la vista preliminar original.
No podía ahora, luego de una determinación adversa en la vista preliminar
en alzada, aprovechar la autorización que se le concedió en la vista
preliminar
original
Artículo 3.1.
para
presentar
la
acusación
por
infracción
al
Tampoco podía el tribunal imponerle un desacato criminal
al peticionario por su incomparecencia a la lectura de acusación, pues
carecía de jurisdicción para citarle a dicha vista.
De esta determinación es que recurre ante nos el Ministerio Público.
Plantea que la determinación de causa probable obtenida en la primera
vista preliminar subsiste no empece a la determinación de inexistencia de
causa de la segunda vista, por lo que la presentación de la acusación fue
válida, así como también la imposición del desacato criminal por la
incomparecencia del recurrido a la vista de lectura de acusación.
Habiendo cumplido el recurrido con la orden para mostrar causa
contenida en nuestra resolución del 19 de diciembre de 1997, expedimos
ahora el auto solicitado y procedemos a resolver.
II
La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 23,
estableció el mecanismo de la vista preliminar, el cual está diseñado
para
evitar
que
se
someta
a
un
ciudadano
en
forma
arbitraria
e
injustificada a los rigores de un procedimiento criminal por un delito
grave.
Conforme a esta regla y a la jurisprudencia que la interpreta,
ninguna persona podrá ser acusada por la comisión de un delito grave sin
una previa determinación de causa probable para acusar, salvo que el
imputado renuncie a ese derecho.
Esto significa que antes de presentar
una acusación por delito grave, además de obtener una determinación de
causa probable para arrestar, el Ministerio Público tendrá la obligación
de presentar al magistrado que preside la vista preliminar aquella prueba
que
establezca
cada
uno
de
los
elementos
del
delito
imputado
y
la
conexión del denunciado con dicho delito, de modo que se justifique la
presentación de una acusación en su contra.
De cumplirse con esta carga
probatoria, el magistrado que preside la vista deberá determinar causa
probable por el delito imputado.
contrario,
si
el
Ministerio
Por el
Público
probatoria, el magistrado deberá
para
presentar
una
acusación
no
cumpliera
con
dicha
carga
determinar que no existe causa probable
por
el
delito
imputado.
Existe,
sin
embargo, una tercera situación intermedia que surge cuando la evidencia
presentada por el Ministerio Público establece los elementos necesarios
para determinar la existencia de causa probable por un delito inferior al
imputado en la denuncia.
En tal caso, el magistrado deberá determinar
causa probable por dicho delito menor.
Pueblo v. Rivera Rodríguez, op.
del 31 de marzo de 1995, 95 JTS 36; El Vocero v. E.L.A., 131 D.P.R. 356
(1992);
Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663-664 (1985);
Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 171 (1975); Pueblo v. Tribunal
Superior,
104
D.P.R.
454,
459
(1975);
Vázquez
Rosado
v.
Tribunal
Superior, 100 D.P.R. 592, 594 (1972).
Para aquellos casos en que el Ministerio Público no obtiene una
determinación de causa probable por el delito contenido en la denuncia,
la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal1, 34 L.P.R.A. Ap. II R 24(c),
contempla la vista preliminar en alzada.
A tenor con esta otra regla, el
fiscal que no esté satisfecho con la determinación a la que llega el
magistrado
1
que
presidió
la
vista
preliminar
original,
sea
porque
El inciso (c) de esta regla dispone: “Efectos de la determinación de
no haber causa probable. Si luego de la vista preliminar, en los casos
en que corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciere una
determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá
presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la determinación fuere
la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal
podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un
magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.”
determinó ausencia total de causa probable para acusar al imputado o
porque determinó causa probable por un delito menor al contenido en la
denuncia, podrá someter el asunto nuevamente ante otro magistrado de
jerarquía superior dentro del Tribunal de Primera Instancia, presentando
la misma prueba que ofreció en la vista preliminar o presentado prueba
distinta.
En esta segunda vista, el magistrado podrá también determinar
que existe causa probable por el delito imputado en la denuncia, causa
probable por algún delito menor incluido en el imputado o inexistencia de
causa probable. El Vocero
v. E.L.A., supra, Pueblo v. Cruz Justiniano,
116 D.P.R. 28 (1984).
Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué efecto tiene la
determinación de la vista preliminar en alzada sobre la determinación a
la que se había llegado previamente en la vista preliminar original?
Para responder a esta pregunta debemos examinar los siguientes supuestos:
En los casos en que se celebra la vista preliminar en alzada porque
en la vista preliminar original se determinó la inexistencia absoluta de
causa probable, el resultado obtenido en la vista preliminar en alzada
siempre prevalecerá.
Así, si el nuevo magistrado determina que no existe
causa probable, el procedimiento contra el imputado finalizará.
Del
mismo modo, si el nuevo magistrado decide que existe causa probable por
el delito imputado o por un delito menor incluido, el fiscal estará
autorizado a presentar una acusación en contra del imputado por aquel
delito para el cual se determinó que existía causa probable en alzada.
Ahora bien, la situación es distinta cuando, como en el presente caso,
en la primera vista preliminar, celebrada al amparo de la Regla 23, se ha
determinado que existe causa probable, pero por un delito menor al contenido
en la denuncia.
En este supuesto, el magistrado que preside la vista
preliminar en alzada sólo tiene autoridad para determinar si existe o no
causa probable por el delito originalmente imputado en la denuncia o por
algún otro delito menor incluido, pero mayor, a aquel por el cual se
determinó causa originalmente.
La norma expuesta se justifica por la naturaleza y finalidad de la vista
preliminar en alzada.
un
trámite
apelativo
Es importante recordar que esta segunda vista no es
de
la
primera
vista,
sino
un
procedimiento
independiente, separado y distinto donde puede presentarse la misma u otra
prueba con el propósito de que el Pueblo pueda conseguir una determinación
favorable de causa probable por el delito por el cual ha pretendido acusar
al acusado desde el inicio del proceso criminal instituido en contra de
éste. Pueblo v. Martínez Rivera, op. del 23 de diciembre de 1997, 97 JTS
150; Pueblo v. Rivera Rivera, op. del 24 de junio de 1996, 96 JTS 92; Pueblo
v. Méndez Pérez, 120 D.P.R. 137 (1987); Pueblo v. Cruz Justiniano, supra;
Alvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236 (1974); Vázquez Rosado v.
Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1971); Pueblo v. Tribunal Superior, 96
D.P.R. 237 (1968).
Según hemos resuelto en ocasiones anteriores, esta vista
es un instrumento que existe precisamente para darle una segunda oportunidad
al Pueblo para que pueda obtener una determinación de causa probable por el
delito que entiende ha sido cometido por el imputado.
A no ser por este
instrumento, el Ministerio Público carecería de recursos para impugnar una
determinación adversa en la vista preliminar o una determinación que a pesar
de no resultarle adversa, no le satisface.
Pueblo v. Rivera Rivera, supra;
Pueblo v. Rodríguez Ríos, op. del 1 de agosto de 1994, 94 JTS 106;
Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975); Pueblo v. Tribunal Superior, 95
D.P.R. 412 (1976).
Según nos señala el Profesor Ernesto L. Chiesa Aponte,
“el recurso de VPA [Vista Preliminar en Alzada] es uno diseñado a favor del
Ministerio Fiscal, como un mecanismo procesal para mejorar su posición en
cuanto al resultado de la vista preliminar original.”
Supra, a la pág. 103.
Por tanto, un trámite que ha sido diseñado para proporcionar al fiscal una
segunda oportunidad para mejorar su posición tras la celebración de la vista
preliminar original, no puede producir un resultado que coloque al fiscal en
una peor posición que aquella en la que se encontraba cuando acudió al
proceso en alzada.
Por otro lado, de prevalecer la interpretación del Tribunal de Circuito de
Apelaciones en este caso, la misma tendría el efecto de desalentar el uso de
la vista preliminar en alzada por parte del Ministerio Público.
Siendo esta
segunda vista un recurso que sólo entra en juego a petición del fiscal, sus
normas tienen que estar diseñadas de manera que la misma no se convierta,
como apunta el Hon. Hiram Sánchez Martínez, “[en] una emboscada estatutaria
donde El Pueblo vaya por lana y salga trasquilado.”
Sumario de Vista
Preliminar, Instituto de Estudios Judiciales, 1994, a la pág. 39.
Dicho de
otro modo, la mencionada interpretación tendría el efecto de limitar el
derecho del Ministerio Público a solicitar una vista preliminar en alzada en
aquellos casos en que razonablemente así se justifica, por el riesgo de
perder el terreno que ha ganado.
Después de todo, una vez presentada la
acusación en su contra, el imputado tendrá derecho a impugnar esta nueva
determinación de causa probable si entiende que la misma no
es conforme a derecho.
Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap. II R. 64(p); Pueblo v. Jiménez Cruz, res. el 17 de junio de 1998, 98
TSPR 76.
III
En
conclusión,
resolvemos
hoy
que
cuando
el
Ministerio
Público
haya
logrado obtener una determinación de causa probable en la primera vista
preliminar
celebrada
a
tenor
con
lo
dispuesto
por
la
Regla
23
de
Procedimiento Criminal, supra, el magistrado que preside la nueva vista
preliminar
en
alzada
no
tiene
facultad
para
dejar
determinación
previa
de
causa
probable
a
ser
no
sin
efecto
mediante
una
dicha
nueva
determinación de causa probable por el delito imputado en la denuncia, por
un
delito
mayor
a
aquel
por
el
cual
se
determinó
originalmente o por un grado mayor de dicho delito.
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
al
causa
probable
Consecuentemente, erró
ordenar
el
archivo
y
sobreseimiento del pliego acusatorio presentado contra el recurrido por
infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54.
El Ministerio Público estaba
autorizado a presentar esta acusación en virtud de la determinación de
causa probable a la que llegó el magistrado que presidió la primera vista
preliminar al amparo de la Regla 23.
Asimismo,
erró
el
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones al desestimar el cargo de desacato criminal en
vista de que el Tribunal de Primera Instancia sí tenía jurisdicción para
citar al recurrido a la lectura de la acusación por violación al artículo
3.1 de la Ley 54.
Procede, pues, dictar sentencia revocando la dictada por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia
para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí
expuesto.
José. A. Andréu García
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-97-591
Certiorari
Osvaldo Ríos Alonso
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 1999
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte integra de la
presente, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación de
los procedimientos de conformidad con lo aquí expuesto.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López disiente con opinión escrita.
El Juez
Asociado señor Hernández Denton disiente sin opinión
escrita.
El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
concurre en el resultado sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CC-97-591
CERTIORARI
Osvaldo Ríos Alonso
Acusado-recurrido
OPINION DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 1999
La
decisión
que
hoy
emite
una
mayoría
de
los
integrantes de este Tribunal realmente es difícil de
creer; de hecho, la misma resulta ser inconcebible.
Mediante la errónea y peligrosa Opinión que emite, el
Tribunal establece y valida en nuestra jurisdicción la
“opinión consultiva” en el campo del derecho penal;
ello en un craso acto de legislación judicial.
Conforme la norma que establece hoy la Mayoría, si
a nivel de la vista preliminar original se hace una
determinación
de
delito
incluido
menor
causa
determinación de causa
probable
al
para
delito
acusar
por
un
imputado
en
la
probable para arresto, esa determinación inicial prevalecerá a menos
que, en la vista preliminar en alzada, el segundo magistrado determine
causa por un delito mayor; pudiendo el fiscal descartar o desechar
cualquier determinación que se haga en la vista preliminar en alzada
que
sea
de
menor
grado
--incluso,
de
inexistencia
de causa--
que la realizada en la vista original.
Dicho de otra manera, el Tribunal faculta al ministerio público
para escoger, o determinar, cuál de las dos determinaciones de causa le
conviene
más,
esto
es,
a
ignorar
la
determinación
que
no
le
sea
favorable. En otras palabras, y conforme sentencia la Mayoría, el juez
que interviene en la vista preliminar en alzada no pasa de ser una
marioneta glorificada, cuyas decisiones pueden o no ser obedecidas por
la Rama Ejecutiva de nuestro Gobierno ya que las mismas no pasan de ser
opiniones consultivas.
I
Contra el acusado recurrido, Osvaldo Ríos Alonso, se determinó
causa probable para arresto por alegadas infracciones a los Artículos
3.2 y 3.4 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia
Doméstica2. Constituyendo delitos graves dichas infracciones de ley, el
acusado fue sometido al procedimiento de vista preliminar contemplado
por la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Criminal.
El magistrado que presidió dicha vista determinó causa probable
para acusar por infracción al Artículo 3.1 de la antes mencionada Ley,
esto es, se determinó causa probable para acusar por un “delito menor
incluido”. Inconforme, el Estado se acogió al mecanismo procesal de la
“vista preliminar en alzada”, provisto el mismo por la Regla 24(c) de
las
2
3
de
Procedimiento
Criminal3.
Celebrada
la
“vista
en
alzada”,
Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. secs. 632 y 634.
Dicha disposición reglamentaria establece, en lo pertinente que:
“...Si luego de la vista preliminar, en los casos en que
corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciera una
determinación de que no existe causa probable, el fiscal no
podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la
el
magistrado
que
presidió
la
misma
determinó
inexistencia
de
causa
radicó,
la
Sala
probable para acusar.
Ello
no
obstante,
el
ministerio
Superior
de
Carolina
del
Tribunal
fiscal
de
ante
Primera Instancia, un pliego
acusatorio contra Ríos Alonso por el delito de infracción al Artículo
3.1 de la antes mencionada Ley, esto es, por el delito menor incluido
por el cual se había determinado causa probable en la vista preliminar
originalmente celebrada. La defensa de Ríos Alonso radicó prontamente
una moción en la cual solicitó la desestimación de la acusación así
radicada; ello al amparo de las disposiciones de los Incisos (b) e (i)
de la Regla 64 de Procedimiento Criminal.
El
tribunal
desestimación
de
instancia,
solicitada.
previa
vista
Inconforme,
Ríos
al
efecto,
Alonso
denegó
la
ante
el
acudió
Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual revocó la determinación
recurrida. Sostuvo el foro apelativo intermedio, a nuestro juicio de
forma
enteramente
correcta,
que
el
ministerio
público
carecía
de
autoridad para radicar la acusación puesto que, en la vista preliminar
en alzada, se había determinado inexistencia de causa probable para
acusar.
Acudió
Tribunal.
el
Se
Estado,
emitió
en
una
revisión
de
orden
mostrar
de
dicha
sentencia,
causa;
ante
este
compareció,
en
cumplimiento de la misma, el acusado recurrido. Hoy, una mayoría de los
integrantes
de
este
Tribunal
revoca
la
sentencia
emitida
por
el
Tribunal de Circuito de Apelaciones; resuelve, en síntesis, que el
ministerio público tenía autoridad para radicar el pliego acusatorio en
controversia a la luz de la determinación original de causa probable
para acusar que se hiciera, pudiendo el Estado hacer caso omiso de la
determinación desfavorable --de inexistencia de causa-- que se hiciera
en la vista preliminar en alzada.
determinación fuere la de que existe causa por un delito
inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de
nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de
categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.”
No estamos, ni podemos estar, de acuerdo. Veamos por qué.
Como
señaláramos
II
anteriormente,
conforme
las
disposiciones
de
nuestro ordenamiento jurídico, en casos de delito grave, el Estado no
puede someter a un ciudadano
a los rigores de un juicio criminal sin
haber obtenido una determinación de causa probable para arresto y una
determinación de causa probable para acusar. En otras palabras, en
casos de delitos graves, determinada causa probable para arresto contra
una persona, resulta mandatoria la celebración de una vista preliminar
--a menos que el imputado renuncie a la misma-- y la obtención de una
determinación de causa probable para acusar a éste por determinado
delito.
En
relación
con
la
vista
preliminar,
hemos
expresado --en
Pueblo v. Vallone, Jr., 133 D.P.R. 427, 433 (1993)-- que el objetivo
central de la misma “...no es hacer una adjudicación en los méritos en
cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino evitar que se
someta a una persona de forma arbitraria e injustificada a los rigores
de
un
proceso
judicial
criminal.
mediante
el
La
cual
vista
se
preliminar
exige
que
el
opera
como
tribunal
un
cedazo
autorice
la
radicación de la acusación, sólo después de ponderar debidamente la
prueba y determinar que existen suficientes fundamentos para justificar
un proceso criminal.”
En la situación de una determinación adversa contra el Estado a
nivel de la vista preliminar original --la cual puede consistir en la
de inexistencia de causa probable o en la determinación de causa por un
delito menor incluido-- el ministerio público tiene varias opciones, a
saber: la primera de ellas es acatar la determinación, esto es, en el
caso de la determinación de inexistencia, no hacer nada más, y en el
caso
de
la
determinación
de
causa
probable
por
un
delito
menor
incluido, radicar acusación o denuncia por dicho delito menor. Por otro
lado, de no estar en disposición de acatar la determinación realizada,
el fiscal puede hacer uso del mecanismo procesal que provee la citada
Regla 24(c), esto es, acogerse al procedimiento de “vista preliminar en
alzada”. Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332 (1993).
Sabido es que en la vista en alzada el fiscal puede intentar
lograr su propósito de obtener una determinación de causa probable para
acusar por el delito que él entiende es apropiado, presentando la misma
prueba que sometiera en la vista original como también puede presentar
prueba adicional o totalmente distinta a la que originalmente presentó.
Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968).
Un examen desapasionado de las disposiciones de las Reglas 23 y 24
de
Procedimiento
Criminal
es
todo
lo
que
se
necesita
para
poder
concluir que la oportunidad que las Reglas de Procedimiento Criminal le
concede
al
preliminar
fiscal,
en
de
poder
alzada,
es
solicitar
producto
la
del
celebración
de
deseo
legislador
del
una
vista
de
establecer un “...balance racional entre los intereses del individuo y
el
Estado,
que
procura
que
no
se
relegue
a
un
solo
funcionario
[judicial] la decisión única, final e irreversible de archivar una
denuncia [o acusación] por falta de causa probable.”
Esto es, el legislador entendió que resultaba indeseable que la
determinación de acusar o no a una persona dependiera exclusivamente de
la opinión o criterio de un solo juez que, como ser humano al fin,
puede equivocarse. Nótese, por otro lado, que la vista preliminar en
alzada se debe celebrar ante un magistrado de “categoría superior”, el
cual se supone tenga más experiencia y conocimiento jurídico que el
juez que originalmente interviene en la vista original.4
Resulta
importante,
por
último,
mantener
siempre
presente
lo
expresado por este Tribunal --referente a la interacción entre la vista
original y la vista preliminar en alzada-- a los efectos de que aun
cuando “...la vista preliminar original y la vista preliminar en alzada
4
Conforme establece el Artículo 5.004 de la Ley Número 1 del 28 de
julio de 1994, conocida como la Ley de la Judicatura, según enmendada,
los Jueces Municipales están facultados para presidir las vistas
son dos vistas independientes, [las mismas] son partes de un mismo y
continuo proceso judicial.” (Enfasis suplido.) Pueblo v. Vallone, ante.
Debido a lo anteriormente expresado es que, precisamente, no se
puede descartar o hacer caso omiso de la determinación que realiza el
magistrado
en
la
vista
preliminar
en
alzada.
Dicho
juez
es
parte
integral de dicho procedimiento y con él culmina el mismo.
III
Un análisis de la Opinión mayoritaria revela que, su determinación
--a los efectos de que el ministerio fiscal puede hacer caso omiso de
una determinación desfavorable realizada a nivel de la vista preliminar
en alzada-- descansa de manera principal en tres (3) fundamentos, a
saber:
1. La vista preliminar en alzada es separada, distinta e
independiente de la original;
2. la naturaleza de la vista preliminar en alzada es un
mecanismo diseñado para “mejorar la posición” del Ministerio
Público; y
3.
el
efecto
disuasivo
que
tendría
en
el
Ministerio
Público un curso decisional distinto.
En cuanto al primero de los fundamentos, es correcto que este
Tribunal, reiteradamente, ha expresado que la vista preliminar en alzada
no es una apelación; esto es, que dicha vista es una independiente,
separada y distinta de la vista original que se celebró. No tenemos
problema alguno con dicha norma. No puede ser de otra manera.
La Mayoría ignora, o no se da cuenta de, la razón o fundamento
jurídico detrás de dicha norma. El mismo es sorprendentemente sencillo.
De la vista en alzada constituir una apelación, el ministerio fiscal
estaría impedido de presentar prueba adicional o distinta en la vista
preliminar en alzada; ello así ya que, conforme los principios que rigen
preliminares que establece la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento
la práctica apelativa, el tribunal revisor no podría considerar otra
prueba que no fuera la que desfiló ante el tribunal inferior. Esa,
repetimos, fue la razón que llevó a este Tribunal a decidir que se
trataban de dos vistas separadas y distintas.
En segundo lugar, la Mayoría aduce que la vista preliminar en
alzada es un mecanismo diseñado para beneficio del ministerio fiscal.
Coincidimos, en principio, con la Mayoría en cuanto a este aspecto. Esto
es,
somos
del
criterio
preliminar
en
alzada
que
este
mecanismo
efectivamente
fue
procesal
creado
para
de
la
beneficio
vista
del
ministerio fiscal, el cual le permite, por decirlo así, una “segunda
oportunidad al bate”.
La razón para ello es obvia. Todas las personas que intervenimos en
esta clase de procedimientos somos falibles; todas podemos equivocarnos
de la mejor buena fe. Comenzamos por el representante del Estado en la
vista preliminar. El fiscal, no obstante contar con suficiente prueba,
puede equivocarse y presentar en la vista preliminar original prueba que
resulta insuficiente en derecho. Si ello así sucede, el juez que preside
dicho
procedimiento
no
tendrá
otra
alternativa
que
determinar
inexistencia de causa o determinar causa por un delito menor incluido.
Puede suceder, por otro lado, que no obstante presentar el fiscal
en dicha vista prueba suficiente para lograr una determinación de causa
por el delito imputado, el juez se equivoque y emita una determinación
errónea.
En
relación
con
ambas
situaciones,
el
legislador
entendió
procedente conceder una nueva oportunidad al Estado.5
Ello no significa, sin embargo, que ese hecho, esa acción del
legislador, tenga el alcance y la consecuencia errónea que atribuye la
Mayoría. Una cosa no lleva a la otra. No alcanzamos a comprender cómo
puede resolverse la controversia planteada solo ponderando el hecho de
que
la
vista
Criminal.
preliminar
en
alzada
es
un
mecanismo
diseñado
para
beneficio
del
Ministerio
Público.
Esto,
haciendo
caso
omiso
a
la
realidad de que la vista preliminar en alzada existe en función de la
vista original cuyo propósito primordial es no someter a un ciudadano a
los rigores de un proceso penal sin la existencia de causa probable.
La
vista
preliminar
en
alzada,
repetimos,
se
celebra
ante
un
magistrado de “categoría superior”; ese segundo juez se supone sea un
jurista de mayor experiencia y conocimiento que el primero6. ¿Cómo es
posible
que
el
ministerio
fiscal
pueda
hacer
caso
omiso
de
la
determinación del magistrado que preside la vista preliminar en alzada
si la misma no le conviene? ¿Es dicho magistrado un simple muñeco, cuyas
decisiones
y
determinaciones
se
respetan
únicamente
cuando
son
favorables para el Estado? ¿Qué clase de sistema judicial es éste? ¿No
resulta ser éste un clásico ejemplo de la “opinión consultiva” que está
prohibida por nuestra Constitución?
Por último y en cuanto al tercero de los fundamentos aducidos por
la Mayoría --a los efectos de que establecer la norma contraria tendría
un
“efecto
disuasivo”
en
el
ministerio
público,
por
cuanto
éstos
tendrían temor de recurrir en alzada-- únicamente tenemos que decir que
esta Institución, que se supone que sea la primera que tenga fe en la
justicia que se dispensa en nuestro País, no debe tener temor alguno
respecto a las decisiones que puedan emitir las personas que tienen en
sus manos la difícil y delicada tarea de impartir la misma. ¿Cómo es
posible que los integrantes de este Tribunal establezcan una norma,
basada la misma en dudas sobre la capacidad de los magistrados y sobre
la calidad y corrección de las decisiones que éstos puedan emitir?
¿No se supone que tanto la vista preliminar original, como la vista
en alzada, sean “...partes de un mismo y continuo proceso judicial?7
¿Cómo es posible que la determinación hecha en la vista en alzada pueda
5
La defensa, por su parte, puede cuestionar la determinación de causa
probable mediante el mecanismo procesal provisto por las Reglas de
Procedimiento Criminal en el Inciso (p) de la Regla 64.
6
Como expresáramos en el Escolio 3, ante, de ordinario la vista
preliminar original será presidida por un Juez Municipal y la vista
preliminar en alzada será presidida por un Juez Superior.
ser descartada por el ministerio fiscal? Estamos, repetimos, ante la
creación de un mecanismo procesal que permite la opinión consultiva, el
cual resulta humillante y degradante para nuestros jueces de instancia.
Es por ello que disentimos.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado
7
Pueblo v. Vallone, ante.