LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V JESUS BARRETO ROHENA

1999 TSPR 169

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V JESUS BARRETO ROHENA

CC-1996-188

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

V.

99 TSPR 169

Jesús Barreto Rohena

Recurrido

Número del Caso: CC-1996-0188

Abogado de la Parte Peticionaria:

Oficina del Procurador General

Lcdo. Miguel A. Santana Bagur

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Luis A. Pérez Bonilla

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. Frank Rodríguez García

Fecha: 11/4/1999

Materia:

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como un servicio público a la comunidad.

En el Tribunal supremo de puerto rico

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-96-188

Jesús Barreto Rohena

Acusado-recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO

LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, 4 de noviembre de 1999

El Tribunal de Primera Instancia halló incurso en

desacato civil a Jesús Barreto Rohena por no satisfacer

su obligación de pagar una pensión alimentaria que le

había

Barreto

sido

impuesta;

Rohena,

para

ordenó

su

poder

salir

ingreso

en

en

prisión.

libertad,

debía

satisfacer la suma de $5,000.

Eventualmente, después de pasar algún tiempo en la

cárcel,

Barreto

Rohena

fue

trasladado

a

un

Hogar

de

Adaptación Social. De allí, salió de pase temporal y no

regresó.1 Fue acusado del delito de

1

El recurrido Barreto Rohena salió de pase el día 10 de

agosto de 1995 a las 5:00 a.m., debiendo regresar a la

institución en que se encontraba recluido ese mismo día a

las 6:00 p.m., lo que no hizo.

CC-1996-188

3

fuga, arrestado e ingresado en prisión. Así las cosas, se

celebró una vista en la Sala de Relaciones de Familia en la

que

la

señora

madre

de

Barreto

Rohena

abonó

la

suma

de

$1,000 a la deuda existente. Se acordó un plan de pago para

reducir la deuda remanente. En vista a ello, la referida

Sala de Relaciones de Familia ordenó la excarcelación de

Barreto

Rohena;

esto

no

pudo

llevarse

a

cabo

ya

que

el

recurrido se encontraba ingresado en prisión por el delito

de fuga.

Barreto Rohena solicitó la desestimación del proceso

criminal.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

rechazó

el

pedido, por lo que el recurrido reprodujo su planteamiento

ante

el

Tribunal

de

apelativo

intermedio

acusación.

Sostuvo

Circuito

acogió

el

de

argumento

foro

desestimó

la

foro

intermedio

apelativo

proceso

por

fuga

Barreto

Rohena

vigente

Código

con

el

violentaba

el

principio

de

pues

juicio,

esto,

y

El

el

continuar

Penal;

Apelaciones.

a

su

contra

legalidad

el

del

legislador

no

que

había

contemplado la situación del desacato civil al tipificar el

delito de fuga.

Inconforme,

Tribunal

el

Procurador

cuestionando

la

General

determinación

acudió

del

ante

este

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones. Arguye el Estado que el desacato

civil se ajusta cabalmente a lo proscrito por el delito de

fuga ya que cuando se está recluido por desacato civil, la

persona está “sometida legalmente a reclusión” por lo que,

al

evadirse,

se

comete

el

delito.

Una

Sala

Especial

de

CC-1996-188

Verano

de

4

este

Tribunal

expidió

el

auto

solicitado.

Posteriormente, la División de Apelaciones de la Sociedad

para

la

Asistencia

solicitó,

como

Legal

era

de

presentó

su

escrito

en

el

que

esperarse,

la

confirmación

de

la

decisión del foro apelativo. Estudiados los argumentos de

las partes y el derecho aplicable, resolvemos.

I

Es

apropiado,

aquí,

hacer

un

breve

paréntesis

para

recordar algunas normas de hermenéutica. Recientemente, este

Tribunal reiteró que todas las leyes, incluyendo las más

claras, requieren de algún grado de interpretación. Pueblo

v.

Sierra

Rodríguez,

res.

el

8

de

febrero

de

1995.

Por

supuesto, hay que recordar que “al lenguaje de una ley debe

dársele

la

legislador,

interpretación

conscientes

que

valide

siempre

de

el

sus

propósito

del

consecuencias.”

Pueblo v. Ríos Dávila, res. 30 de junio de 1997, 143 D.P.R.

(1997);

Pacheco

v.

Vargas,

Alcaide,

120

D.P.R.

404,

409

(1988). Por ello, nuestra obligación es viabilizar que el

derecho

sirva

un

fin

útil

y

tratar

de

evitar

aquella

interpretación tan literal que lleve a resultados absurdos.

La claridad y precisión son requisitos ineludibles en

el ámbito de la legislación penal. Esto, por imperativo del

debido proceso de ley. Pueblo v. Ríos Dávila, ante,; Pueblo

v. Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1959). En virtud del principio de

legalidad,

la

ley

penal

debe

ser

interpretada

de

forma

restrictiva en cuanto a lo que desfavorece al acusado y,

CC-1996-188

5

liberalmente

en

lo

que

le

favorece.

Artículo

8,

Código

Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031; Pueblo v. Rodríguez Jiménez,

128

D.P.R.

reiterado

114

que,

tribunales

(1991).

salvo

estamos

que

Desde

tiempo

un

estatuto

impedidos

aquella

conducta

que

el

ilegal.

Esto

no

podemos

es,

de

inmemorial,

lo

autorice,

tipificar

legislador

crear

no

hemos

ha

delitos

como

delito

definido

por

los

como

analogía.

Pueblo v. Bonilla Vázquez, res. el 3 de junio de 1999, 99

TSPR 86.

El estatuto penal debe ser lo suficientemente explícito

para notificar de antemano cuál conducta será susceptible de

ser castigada. Esto es, la ley no puede estar redactada de

tal

forma

que

un

individuo

de

inteligencia

común

esté

obligado a adivinar su significado; ello violaría el debido

proceso de ley. Artículo II, Sec. 7 de la Constitución del

E.L.A.; Pueblo v. Hernández Colón, 115 D.P.R. 891 (1987). En

otras palabras, la ley debe prevenir a los ciudadanos de la

conducta prohibida.

Por otro lado, en torno a la controversia que hoy nos

ocupa,

debemos

reseñar

que

particulares

del

desacato

eminentemente

reparador.”

In

una

de

civil

re:

Hon.

las

características

es

su

“propósito

Charlie

Rodríguez,

res. el 30 de junio de 1999, 99 TSPR 104. Así, el desacato

civil

impone

reclusión

reclusión

estará

condición

resolutoria:

por

vigente

el

un

hasta

periodo

tanto

cumplimiento

se

indefinido.

La

cumpla

con

una

orden

del

con

la

tribunal. Hace varias décadas, se acuñó por este Tribunal

CC-1996-188

6

una frase que se ha vuelto “famosa”, a saber: que a quien se

le impone un desacato civil “tiene la llave de las puertas

de la prisión en virtud del cumplimiento de su obligación

principal

y

personal,

y

en

esa

forma

se

le

da

una

oportunidad a la parte querellante para obtener el remedio o

el

resarcimiento

que

ella

realmente

interesa.”

Pérez

v.

Espinosa, 75 D.P.R. 777, 782 (1954), citado con aprobación

en In re: Hon. Charlie Rodríguez, ante; Srio. D.A.C.O. v.

Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782 (1992); Vélez Toro

v. Látimer, 125 D.P.R. 109 (1990).

En

términos

similares,

la

profesora

Nevares-Muñiz

afirma que “[l]a orden de desacato civil tiene el propósito

básico

de

tribunal,

que

en

se

cumpla

beneficio

con

del

una

otro

2

plantean

los

desacatos

emitida

litigante

civil, la cual ha sido desacatada.”

que

orden

de

por

la

el

acción

La situación específica

civiles,

producto

del

incumplimiento de pago de pensión alimentaria, constituye

una medida extrema pero justificada; ello debido al gran

interés público que tiene el Estado de que las sentencias de

alimentos

Rivas

a

menores

Sariego,

principios

105

básicos

sean

satisfechas.

Sosa

D.P.R.

518

Considerando

y

naturaleza

la

(1976).

pasamos a escudriñar el delito de fuga.

II

del

Rodríguez

desacato

v.

estos

civil,

CC-1996-188

7

De entrada, debemos establecer que, a la luz de la

jurisprudencia de este Tribunal, no hay duda que si una

persona se evade de un hogar de adaptación social, a priori,

comete el delito de fuga. Pueblo v. Ríos Dávila, ante. En el

caso ante nos, poco importa si Barreto Rohena escapó del

presidio estatal en Río Piedras o del hogar de adaptación

social en Carolina. Tampoco resulta aplicable lo resuelto

recientemente por este Tribunal en Pueblo v. Báez Ramos,

res. el 11 de octubre de 1999, 99 T.S.P.R. 153, ya que aquí

se trata de un pase temporal --de aproximadamente trece (13)

horas-- y no de un “pase extendido como en el caso de Báez

Ramos, ante.

La interrogante que plantea el presente caso es si el

hecho de que su reclusión obedeciera a un desacato civil

impide que se procese a Barreto Rohena por infringir el

delito de fuga. Esto es, si existe alguna distinción en

torno al motivo o razón del confinamiento de la persona de

forma tal que sólo cometen el delito de fuga quienes se

evaden estando recluidos por violentar una ley penal.

El delito de fuga, según delineado por nuestra Asamblea

Legislativa, establece que

“[t]oda persona sometida legalmente a detención

preventiva,

sometida

a

tratamiento

y

rehabilitación en un programa del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y

licenciado por una agencia del mismo ...,

sometida legalmente a reclusión o a medida de

2

D.

Nevares-Muñiz,

Sumario

de

Derecho

Procesal

Puertorriqueño, 1995 4ta. ed., Instituto para el desarrollo

del Derecho Inc., San Juan, P.R., pág. 239.

CC-1996-188

8

seguridad de internación, que se fugare,

sancionada conforme a las siguientes penas:

será

(a)

Si estuviere en detención preventiva será

sancionada con pena de reclusión que no

excediere de seis (6) meses.

(b)

Si

estuviere

sometida

a

tratamiento

y

rehabilitación en un programa del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, o privado,

supervisado y licenciado por una agencia del

mismo...,

será

sancionada

con

pena

de

reclusión por un término fijo de seis (6)

años. [...]

(c)

Si

estuviere

sometida

a

tratamiento

y

rehabilitación en un programa del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, o privado,

supervisado y licenciado por una agencia del

mismo..., y el delito imputado fuere menos

grave, será sancionada con pena de reclusión

que no excederá de seis (6) meses.

(d)

Si estuviere cumpliendo sentencia firme o en

trámite de apelación por un delito menos

grave, será sancionado con pena de reclusión

que no excederá de seis (6) meses.

(e)

Si estuviere cumpliendo sentencia firme o en

trámite de apelación por un delito grave,

será sancionada con pena de reclusión por un

término fijo de seis (6) años. [...].

Esta pena será en adición a la sentencia que se

le impusiere por el otro delito o a la que

estuviere

cumpliendo,

según

fuere

el

caso;

disponiéndose,

que

no

será

concurrente

con

ninguna otra.”

Barreto

Rohena

plantea

que

el

estatuto

no

cubre

la

conducta que se le imputa. Es decir, que quien se evade

siendo recluso en virtud de un desacato civil, no comete el

delito de fuga. Basa su argumento en que los elementos del

delito de fuga requieren una interacción con respecto a cada

uno de los incisos [penas] allí contemplados. A su juicio,

toda vez que en los incisos (a) al (e) no se contempla el

CC-1996-188

9

tipo de conducta que se le imputa, no puede ser procesado

por

infringir

tal

estatuto.

Por

último,

y

en

resumen,

considera Barreto Rohena que sólo cometerían fuga quienes se

evadan estando recluidos en virtud de un proceso de índole

penal, y que, no habiendo pena delineada para el acto que se

le imputa, no se le puede imponer ahora una. Se apoya, por

supuesto,

en

el

transcrito

principio

de

legalidad.

No

estamos de acuerdo.

De

una

configura

el

lectura

del

delito

de

estatuto,

fuga

se

cuando

desprende

una

persona

que

se

se

fuga

estando sometida legalmente a:

(1)

detención preventiva;

(2)

sometida

a

programa

del

tratamiento

E.L.A.

y

o

rehabilitación

privado,

en

un

supervisado

y

licenciado por una agencia del mismo;

(3)

sometida

legalmente

a

reclusión

o

a

medida

de

seguridad de internación.

Dicha

párrafo

conjuguen

determinación

del

estatuto.

estos

tres

emana

de

una

lectura

del

primer

Pretende

Barreto

Rohena

que

elementos

junto

a

incisos

los

se

correspondientes a las penas. Diferimos. El listado de penas

que

contiene

el

estatuto

no

tiene

ninguna

tangencia

en

cuanto a los elementos del delito. Simplemente, constituyen

las distintas penas para los que cometan el acto imputado.

Nada más, nada menos. No hay duda que la conducta que se

imputa a Barreto Rohena puede ser constitutiva del delito de

CC-1996-188

10

fuga. Esto, pues, al momento de evadirse, estaba sometido

legalmente a reclusión.

La

frase

“sometida

legalmente

a

reclusión”

tiene

su

génesis en la enmienda que sufrió el estatuto en el 1979.3

Previamente, el texto del delito de fuga --antes Artículo

152-- expresaba que cometía el delito de fuga la “persona

bajo custodia legal que se fugare...”4. En el año 1979, la

terminología cambió, sustituyéndose “persona bajo custodia

legal”

por

“persona

sometida

legalmente

a

reclusión”.

Asimismo, se sustituyó el término “prisión” por “reclusión”.

Así,

subsiguientemente

el

estatuto

de

fuga

ha

sufrido

cambios para atemperarlo a las nuevas tendencias.5 De éstas,

la

que

más

relacionada

ha

ocupado

con

los

la

atención

tratamientos

legislativa

y/o

es

la

programas

de

rehabilitación.6

En toda esa acción legislativa, respecto al delito de

fuga,

no

hemos

hallado

acción

específica

de

la

Asamblea

Legislativa respecto a la evasión de un confinado ingresado

en la prisión por desacato civil. ¿Significa esto que el

estatuto de fuga no abarca la acción cometida por Barreto

Rohena? Somos del criterio que no. El estatuto, en lo que

aquí nos ocupa, está tipificado de forma abarcadora pero sin

3

Ley Núm. 3 de 11 de septiembre de 1979.

Véase Ley Núm. 9 de 29 de diciembre de 1950; Ley Núm. 447

de 14 de mayo de 1952, enmendando lo que en aquel entonces

constituía el delito de fuga.

5

Por ejemplo, la Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980,

estableció una corta gama de penas que serían conjugadas de

acuerdo a la situación en que se encontraba el imputado al

momento de evadirse.

4

CC-1996-188

11

rayar en la vaguedad. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico

ha ejercido su facultad exclusiva de tipificar como delito e

imponer

una

pena

para

aquéllos

que,

estando

legalmente

recluidos en virtud de un desacato civil, se evaden. Ésa es

su función constitucional. Pueblo v. Carballosa y Balzac,

130 D.P.R. 842 (1992); Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R.

793, 796 (1986); Pérez Vega v. Tribunal Superior, 93 D.P.R.

749, 759 (1966). No nos compete a nosotros desdibujar la

actuación

legislativa.

Consideramos

que

la

intención

legislativa era crear un estatuto abarcador que aplicara a

cualquier reclusión voluntaria o forzada. En otras palabras,

la Asamblea Legislativa no está obligada a considerar, y

plasmar en el Código, todas las situaciones en que se puede

cometer el delito de fuga.

Somos del criterio que se mancilla, en igual forma, el

respeto

que

los

ciudadanos

deben

al

Estado

cuando

una

persona, que se encuentra recluida en virtud de un desacato

civil o recluido en relación con la comisión de un delito

criminal, se escapa. En otras palabras, en ambas situaciones

la persona se “burla” del Estado.

Un examen del historial legislativo del estatuto revela

otro fundamento a la posición que hoy asumimos. Además de

que el primer párrafo del estatuto indica que quien se evade

estando sometido legalmente a reclusión comete el delito de

fuga,

al

final

del

artículo,

el

legislador

expresó

que

“[e]sta pena[la del delito de fuga] será en adición a la

6

Ley Núm. 7 de 17 de enero de 1995.

CC-1996-188

12

sentencia que se le impusiere por el otro delito o a la que

estuviere

cumpliendo,

según

fuere

el

caso”.

(Subrayado

nuestro.) Esta referencia en el texto de la ley no sólo nos

remite a la comisión del acto delictivo sino que abarca otra

razón de confinamiento.

Al

discutirse

el

alcance

del

P.

del

S.

7

1119 ,

el

Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Frank

Rodríguez García, expuso que el mismo pretendía “disponer

que

la

pena

a

imponerse

por

el

delito

de

fuga

será

en

adición a la sentencia que se impusiere por el otro delito,

y que dicha sentencia no será concurrente con ninguna otra.”

Nótese que ese lenguaje sólo contemplaba que la pena sería

además de la del “otro delito”. Sin embargo, abordando el

mismo proyecto, el Presidente de la Comisión de lo Jurídico

de la Cámara, Héctor M. Martínez Colón, no limitó el ámbito

del estatuto de fuga a sólo actividad delictiva al afirmar

que “la pena a imponerse por el delito de fuga será en

adición a la sentencia que se impusiere por el otro delito o

a la que estuviere cumpliendo.”

Es de notar que este fue el lenguaje que prevaleció en

el estatuto vigente. Al añadir la frase antes subrayada, la

Asamblea Legislativa anticipó que la reclusión de la cual la

persona se evade, puede obedecer a actividad delictiva o “a

la [sentencia] que estuviere cumpliendo”. ¿Por qué añadir la

frase “a la [sentencia] que estuviere cumpliendo” si no era

7

Proyecto que dio paso a la Ley Núm. 3 de 11 de septiembre

de 1979.

CC-1996-188

porque

se

13

pretendía

abarcar

conducta

que

trascendiera

la

comisión de delitos?

Al así expresarse el legislador, obviamente, contempló

otra

actuación

que

va

más

allá

de

los

linderos

de

la

actividad delictiva. Al evadirse, Barreto Rohena, si bien no

estaba cumpliendo una sentencia en relación a la comisión de

un

delito

criminal,

ciertamente

estaba

cumpliendo

una

sentencia, de reclusión indefinida, por la comisión de un

desacato civil.

En torno a la pena, reconocemos que, para actuaciones

como las que se le imputan a Barreto Rohena, la Asamblea

Legislativa no contempló la misma. Sin embargo, nada impide

que acudamos a las disposiciones generales de nuestro Código

Penal para hallar la misma.

El hecho de que el legislador no contemplara la pena

para aquellos individuos que se evaden estando recluidos en

virtud de un desacato civil no es óbice para que se les

imponga la pena general que establece el Artículo 13 del

Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3045. Es decir, que toda vez

que

no

se

corresponde

estableció

pena

imponer

correspondiente

la

para

este

tipo

de

a

delito

un

situación,

menos

grave --de seis meses-- contemplada en el citado Artículo 13

del Código Penal.

CC-1996-188

14

IV

Por

Sentencia

los

fundamentos

revocatoria

de

que

la

anteceden,

dictada

por

procede

el

dictar

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones, archivando la acusación presentada

por el delito de fuga, devolviéndose el caso al foro de

instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo

aquí resuelto.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

CC-1996-188

15

En el Tribunal supremo de puerto rico

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-96-188

Jesús Barreto Rohena

Acusado-recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, 4 de noviembre de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la dictada

por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, archivando la

acusación presentada por el delito de fuga, devolviéndose

el caso al foro de instancia para procedimientos

ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. “El Juez Asociado señor

Negrón García concurre en el resultado. Ratifica los

fundamentos expuestos en su disenso en Pueblo v. Báez

Ramos, res. en 11 de octubre de 1999, de que evadirse de

un Hogar de Adaptación Social mientras se disfruta un

pase temporal o extendido, constituye el Delito de Fuga

Especial tipificado en los Arts. 10 y 33 de la Ley Núm.

116 de 22 de julio de 1974. Siendo así, no era necesario

entrar a discutir si el delito de fuga clásico

establecido en el Art. 237 del Código Penal cubre la

evasión de un recluso por desacato civil.” La Juez

Asociada señora Naveira de Rodón disiente sin opinión

escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no

intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo