Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V JESUS BARRETO ROHENA
1999 TSPR 169
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V JESUS BARRETO ROHENA
CC-1996-188
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
V.
99 TSPR 169
Jesús Barreto Rohena
Recurrido
Número del Caso: CC-1996-0188
Abogado de la Parte Peticionaria:
Oficina del Procurador General
Lcdo. Miguel A. Santana Bagur
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Luis A. Pérez Bonilla
Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII
Juez Ponente: Hon. Frank Rodríguez García
Fecha: 11/4/1999
Materia:
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En el Tribunal supremo de puerto rico
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-96-188
Jesús Barreto Rohena
Acusado-recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO
LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, 4 de noviembre de 1999
El Tribunal de Primera Instancia halló incurso en
desacato civil a Jesús Barreto Rohena por no satisfacer
su obligación de pagar una pensión alimentaria que le
había
Barreto
sido
impuesta;
Rohena,
para
ordenó
su
poder
salir
ingreso
en
en
prisión.
libertad,
debía
satisfacer la suma de $5,000.
Eventualmente, después de pasar algún tiempo en la
cárcel,
Barreto
Rohena
fue
trasladado
a
un
Hogar
de
Adaptación Social. De allí, salió de pase temporal y no
regresó.1 Fue acusado del delito de
1
El recurrido Barreto Rohena salió de pase el día 10 de
agosto de 1995 a las 5:00 a.m., debiendo regresar a la
institución en que se encontraba recluido ese mismo día a
las 6:00 p.m., lo que no hizo.
CC-1996-188
3
fuga, arrestado e ingresado en prisión. Así las cosas, se
celebró una vista en la Sala de Relaciones de Familia en la
que
la
señora
madre
de
Barreto
Rohena
abonó
la
suma
de
$1,000 a la deuda existente. Se acordó un plan de pago para
reducir la deuda remanente. En vista a ello, la referida
Sala de Relaciones de Familia ordenó la excarcelación de
Barreto
Rohena;
esto
no
pudo
llevarse
a
cabo
ya
que
el
recurrido se encontraba ingresado en prisión por el delito
de fuga.
Barreto Rohena solicitó la desestimación del proceso
criminal.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
rechazó
el
pedido, por lo que el recurrido reprodujo su planteamiento
ante
el
Tribunal
de
apelativo
intermedio
acusación.
Sostuvo
Circuito
acogió
el
de
argumento
foro
desestimó
la
foro
intermedio
apelativo
proceso
por
fuga
Barreto
Rohena
vigente
Código
con
el
violentaba
el
principio
de
pues
juicio,
esto,
y
El
el
continuar
Penal;
Apelaciones.
a
su
contra
legalidad
el
del
legislador
no
que
había
contemplado la situación del desacato civil al tipificar el
delito de fuga.
Inconforme,
Tribunal
el
Procurador
cuestionando
la
General
determinación
acudió
del
ante
este
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones. Arguye el Estado que el desacato
civil se ajusta cabalmente a lo proscrito por el delito de
fuga ya que cuando se está recluido por desacato civil, la
persona está “sometida legalmente a reclusión” por lo que,
al
evadirse,
se
comete
el
delito.
Una
Sala
Especial
de
CC-1996-188
Verano
de
4
este
Tribunal
expidió
el
auto
solicitado.
Posteriormente, la División de Apelaciones de la Sociedad
para
la
Asistencia
solicitó,
como
Legal
era
de
presentó
su
escrito
en
el
que
esperarse,
la
confirmación
de
la
decisión del foro apelativo. Estudiados los argumentos de
las partes y el derecho aplicable, resolvemos.
I
Es
apropiado,
aquí,
hacer
un
breve
paréntesis
para
recordar algunas normas de hermenéutica. Recientemente, este
Tribunal reiteró que todas las leyes, incluyendo las más
claras, requieren de algún grado de interpretación. Pueblo
v.
Sierra
Rodríguez,
res.
el
8
de
febrero
de
1995.
Por
supuesto, hay que recordar que “al lenguaje de una ley debe
dársele
la
legislador,
interpretación
conscientes
que
valide
siempre
de
el
sus
propósito
del
consecuencias.”
Pueblo v. Ríos Dávila, res. 30 de junio de 1997, 143 D.P.R.
(1997);
Pacheco
v.
Vargas,
Alcaide,
120
D.P.R.
404,
409
(1988). Por ello, nuestra obligación es viabilizar que el
derecho
sirva
un
fin
útil
y
tratar
de
evitar
aquella
interpretación tan literal que lleve a resultados absurdos.
La claridad y precisión son requisitos ineludibles en
el ámbito de la legislación penal. Esto, por imperativo del
debido proceso de ley. Pueblo v. Ríos Dávila, ante,; Pueblo
v. Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1959). En virtud del principio de
legalidad,
la
ley
penal
debe
ser
interpretada
de
forma
restrictiva en cuanto a lo que desfavorece al acusado y,
CC-1996-188
5
liberalmente
en
lo
que
le
favorece.
Artículo
8,
Código
Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031; Pueblo v. Rodríguez Jiménez,
128
D.P.R.
reiterado
114
que,
tribunales
(1991).
salvo
estamos
que
Desde
tiempo
un
estatuto
impedidos
aquella
conducta
que
el
ilegal.
Esto
no
podemos
es,
de
inmemorial,
lo
autorice,
tipificar
legislador
crear
no
hemos
ha
delitos
como
delito
definido
por
los
como
analogía.
Pueblo v. Bonilla Vázquez, res. el 3 de junio de 1999, 99
TSPR 86.
El estatuto penal debe ser lo suficientemente explícito
para notificar de antemano cuál conducta será susceptible de
ser castigada. Esto es, la ley no puede estar redactada de
tal
forma
que
un
individuo
de
inteligencia
común
esté
obligado a adivinar su significado; ello violaría el debido
proceso de ley. Artículo II, Sec. 7 de la Constitución del
E.L.A.; Pueblo v. Hernández Colón, 115 D.P.R. 891 (1987). En
otras palabras, la ley debe prevenir a los ciudadanos de la
conducta prohibida.
Por otro lado, en torno a la controversia que hoy nos
ocupa,
debemos
reseñar
que
particulares
del
desacato
eminentemente
reparador.”
In
una
de
civil
re:
Hon.
las
características
es
su
“propósito
Charlie
Rodríguez,
res. el 30 de junio de 1999, 99 TSPR 104. Así, el desacato
civil
impone
reclusión
reclusión
estará
condición
resolutoria:
por
vigente
el
un
hasta
periodo
tanto
cumplimiento
se
indefinido.
La
cumpla
con
una
orden
del
con
la
tribunal. Hace varias décadas, se acuñó por este Tribunal
CC-1996-188
6
una frase que se ha vuelto “famosa”, a saber: que a quien se
le impone un desacato civil “tiene la llave de las puertas
de la prisión en virtud del cumplimiento de su obligación
principal
y
personal,
y
en
esa
forma
se
le
da
una
oportunidad a la parte querellante para obtener el remedio o
el
resarcimiento
que
ella
realmente
interesa.”
Pérez
v.
Espinosa, 75 D.P.R. 777, 782 (1954), citado con aprobación
en In re: Hon. Charlie Rodríguez, ante; Srio. D.A.C.O. v.
Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782 (1992); Vélez Toro
v. Látimer, 125 D.P.R. 109 (1990).
En
términos
similares,
la
profesora
Nevares-Muñiz
afirma que “[l]a orden de desacato civil tiene el propósito
básico
de
tribunal,
que
en
se
cumpla
beneficio
con
del
una
otro
2
plantean
los
desacatos
emitida
litigante
civil, la cual ha sido desacatada.”
que
orden
de
por
la
el
acción
La situación específica
civiles,
producto
del
incumplimiento de pago de pensión alimentaria, constituye
una medida extrema pero justificada; ello debido al gran
interés público que tiene el Estado de que las sentencias de
alimentos
Rivas
a
menores
Sariego,
principios
105
básicos
sean
satisfechas.
Sosa
D.P.R.
518
Considerando
y
naturaleza
la
(1976).
pasamos a escudriñar el delito de fuga.
II
del
Rodríguez
desacato
v.
estos
civil,
CC-1996-188
7
De entrada, debemos establecer que, a la luz de la
jurisprudencia de este Tribunal, no hay duda que si una
persona se evade de un hogar de adaptación social, a priori,
comete el delito de fuga. Pueblo v. Ríos Dávila, ante. En el
caso ante nos, poco importa si Barreto Rohena escapó del
presidio estatal en Río Piedras o del hogar de adaptación
social en Carolina. Tampoco resulta aplicable lo resuelto
recientemente por este Tribunal en Pueblo v. Báez Ramos,
res. el 11 de octubre de 1999, 99 T.S.P.R. 153, ya que aquí
se trata de un pase temporal --de aproximadamente trece (13)
horas-- y no de un “pase extendido como en el caso de Báez
Ramos, ante.
La interrogante que plantea el presente caso es si el
hecho de que su reclusión obedeciera a un desacato civil
impide que se procese a Barreto Rohena por infringir el
delito de fuga. Esto es, si existe alguna distinción en
torno al motivo o razón del confinamiento de la persona de
forma tal que sólo cometen el delito de fuga quienes se
evaden estando recluidos por violentar una ley penal.
El delito de fuga, según delineado por nuestra Asamblea
Legislativa, establece que
“[t]oda persona sometida legalmente a detención
preventiva,
sometida
a
tratamiento
y
rehabilitación en un programa del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y
licenciado por una agencia del mismo ...,
sometida legalmente a reclusión o a medida de
2
D.
Nevares-Muñiz,
Sumario
de
Derecho
Procesal
Puertorriqueño, 1995 4ta. ed., Instituto para el desarrollo
del Derecho Inc., San Juan, P.R., pág. 239.
CC-1996-188
8
seguridad de internación, que se fugare,
sancionada conforme a las siguientes penas:
será
(a)
Si estuviere en detención preventiva será
sancionada con pena de reclusión que no
excediere de seis (6) meses.
(b)
Si
estuviere
sometida
a
tratamiento
y
rehabilitación en un programa del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, o privado,
supervisado y licenciado por una agencia del
mismo...,
será
sancionada
con
pena
de
reclusión por un término fijo de seis (6)
años. [...]
(c)
Si
estuviere
sometida
a
tratamiento
y
rehabilitación en un programa del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, o privado,
supervisado y licenciado por una agencia del
mismo..., y el delito imputado fuere menos
grave, será sancionada con pena de reclusión
que no excederá de seis (6) meses.
(d)
Si estuviere cumpliendo sentencia firme o en
trámite de apelación por un delito menos
grave, será sancionado con pena de reclusión
que no excederá de seis (6) meses.
(e)
Si estuviere cumpliendo sentencia firme o en
trámite de apelación por un delito grave,
será sancionada con pena de reclusión por un
término fijo de seis (6) años. [...].
Esta pena será en adición a la sentencia que se
le impusiere por el otro delito o a la que
estuviere
cumpliendo,
según
fuere
el
caso;
disponiéndose,
que
no
será
concurrente
con
ninguna otra.”
Barreto
Rohena
plantea
que
el
estatuto
no
cubre
la
conducta que se le imputa. Es decir, que quien se evade
siendo recluso en virtud de un desacato civil, no comete el
delito de fuga. Basa su argumento en que los elementos del
delito de fuga requieren una interacción con respecto a cada
uno de los incisos [penas] allí contemplados. A su juicio,
toda vez que en los incisos (a) al (e) no se contempla el
CC-1996-188
9
tipo de conducta que se le imputa, no puede ser procesado
por
infringir
tal
estatuto.
Por
último,
y
en
resumen,
considera Barreto Rohena que sólo cometerían fuga quienes se
evadan estando recluidos en virtud de un proceso de índole
penal, y que, no habiendo pena delineada para el acto que se
le imputa, no se le puede imponer ahora una. Se apoya, por
supuesto,
en
el
transcrito
principio
de
legalidad.
No
estamos de acuerdo.
De
una
configura
el
lectura
del
delito
de
estatuto,
fuga
se
cuando
desprende
una
persona
que
se
se
fuga
estando sometida legalmente a:
(1)
detención preventiva;
(2)
sometida
a
programa
del
tratamiento
E.L.A.
y
o
rehabilitación
privado,
en
un
supervisado
y
licenciado por una agencia del mismo;
(3)
sometida
legalmente
a
reclusión
o
a
medida
de
seguridad de internación.
Dicha
párrafo
conjuguen
determinación
del
estatuto.
estos
tres
emana
de
una
lectura
del
primer
Pretende
Barreto
Rohena
que
elementos
junto
a
incisos
los
se
correspondientes a las penas. Diferimos. El listado de penas
que
contiene
el
estatuto
no
tiene
ninguna
tangencia
en
cuanto a los elementos del delito. Simplemente, constituyen
las distintas penas para los que cometan el acto imputado.
Nada más, nada menos. No hay duda que la conducta que se
imputa a Barreto Rohena puede ser constitutiva del delito de
CC-1996-188
10
fuga. Esto, pues, al momento de evadirse, estaba sometido
legalmente a reclusión.
La
frase
“sometida
legalmente
a
reclusión”
tiene
su
génesis en la enmienda que sufrió el estatuto en el 1979.3
Previamente, el texto del delito de fuga --antes Artículo
152-- expresaba que cometía el delito de fuga la “persona
bajo custodia legal que se fugare...”4. En el año 1979, la
terminología cambió, sustituyéndose “persona bajo custodia
legal”
por
“persona
sometida
legalmente
a
reclusión”.
Asimismo, se sustituyó el término “prisión” por “reclusión”.
Así,
subsiguientemente
el
estatuto
de
fuga
ha
sufrido
cambios para atemperarlo a las nuevas tendencias.5 De éstas,
la
que
más
relacionada
ha
ocupado
con
los
la
atención
tratamientos
legislativa
y/o
es
la
programas
de
rehabilitación.6
En toda esa acción legislativa, respecto al delito de
fuga,
no
hemos
hallado
acción
específica
de
la
Asamblea
Legislativa respecto a la evasión de un confinado ingresado
en la prisión por desacato civil. ¿Significa esto que el
estatuto de fuga no abarca la acción cometida por Barreto
Rohena? Somos del criterio que no. El estatuto, en lo que
aquí nos ocupa, está tipificado de forma abarcadora pero sin
3
Ley Núm. 3 de 11 de septiembre de 1979.
Véase Ley Núm. 9 de 29 de diciembre de 1950; Ley Núm. 447
de 14 de mayo de 1952, enmendando lo que en aquel entonces
constituía el delito de fuga.
5
Por ejemplo, la Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980,
estableció una corta gama de penas que serían conjugadas de
acuerdo a la situación en que se encontraba el imputado al
momento de evadirse.
4
CC-1996-188
11
rayar en la vaguedad. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico
ha ejercido su facultad exclusiva de tipificar como delito e
imponer
una
pena
para
aquéllos
que,
estando
legalmente
recluidos en virtud de un desacato civil, se evaden. Ésa es
su función constitucional. Pueblo v. Carballosa y Balzac,
130 D.P.R. 842 (1992); Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R.
793, 796 (1986); Pérez Vega v. Tribunal Superior, 93 D.P.R.
749, 759 (1966). No nos compete a nosotros desdibujar la
actuación
legislativa.
Consideramos
que
la
intención
legislativa era crear un estatuto abarcador que aplicara a
cualquier reclusión voluntaria o forzada. En otras palabras,
la Asamblea Legislativa no está obligada a considerar, y
plasmar en el Código, todas las situaciones en que se puede
cometer el delito de fuga.
Somos del criterio que se mancilla, en igual forma, el
respeto
que
los
ciudadanos
deben
al
Estado
cuando
una
persona, que se encuentra recluida en virtud de un desacato
civil o recluido en relación con la comisión de un delito
criminal, se escapa. En otras palabras, en ambas situaciones
la persona se “burla” del Estado.
Un examen del historial legislativo del estatuto revela
otro fundamento a la posición que hoy asumimos. Además de
que el primer párrafo del estatuto indica que quien se evade
estando sometido legalmente a reclusión comete el delito de
fuga,
al
final
del
artículo,
el
legislador
expresó
que
“[e]sta pena[la del delito de fuga] será en adición a la
6
Ley Núm. 7 de 17 de enero de 1995.
CC-1996-188
12
sentencia que se le impusiere por el otro delito o a la que
estuviere
cumpliendo,
según
fuere
el
caso”.
(Subrayado
nuestro.) Esta referencia en el texto de la ley no sólo nos
remite a la comisión del acto delictivo sino que abarca otra
razón de confinamiento.
Al
discutirse
el
alcance
del
P.
del
S.
7
1119 ,
el
Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Frank
Rodríguez García, expuso que el mismo pretendía “disponer
que
la
pena
a
imponerse
por
el
delito
de
fuga
será
en
adición a la sentencia que se impusiere por el otro delito,
y que dicha sentencia no será concurrente con ninguna otra.”
Nótese que ese lenguaje sólo contemplaba que la pena sería
además de la del “otro delito”. Sin embargo, abordando el
mismo proyecto, el Presidente de la Comisión de lo Jurídico
de la Cámara, Héctor M. Martínez Colón, no limitó el ámbito
del estatuto de fuga a sólo actividad delictiva al afirmar
que “la pena a imponerse por el delito de fuga será en
adición a la sentencia que se impusiere por el otro delito o
a la que estuviere cumpliendo.”
Es de notar que este fue el lenguaje que prevaleció en
el estatuto vigente. Al añadir la frase antes subrayada, la
Asamblea Legislativa anticipó que la reclusión de la cual la
persona se evade, puede obedecer a actividad delictiva o “a
la [sentencia] que estuviere cumpliendo”. ¿Por qué añadir la
frase “a la [sentencia] que estuviere cumpliendo” si no era
7
Proyecto que dio paso a la Ley Núm. 3 de 11 de septiembre
de 1979.
CC-1996-188
porque
se
13
pretendía
abarcar
conducta
que
trascendiera
la
comisión de delitos?
Al así expresarse el legislador, obviamente, contempló
otra
actuación
que
va
más
allá
de
los
linderos
de
la
actividad delictiva. Al evadirse, Barreto Rohena, si bien no
estaba cumpliendo una sentencia en relación a la comisión de
un
delito
criminal,
ciertamente
estaba
cumpliendo
una
sentencia, de reclusión indefinida, por la comisión de un
desacato civil.
En torno a la pena, reconocemos que, para actuaciones
como las que se le imputan a Barreto Rohena, la Asamblea
Legislativa no contempló la misma. Sin embargo, nada impide
que acudamos a las disposiciones generales de nuestro Código
Penal para hallar la misma.
El hecho de que el legislador no contemplara la pena
para aquellos individuos que se evaden estando recluidos en
virtud de un desacato civil no es óbice para que se les
imponga la pena general que establece el Artículo 13 del
Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3045. Es decir, que toda vez
que
no
se
corresponde
estableció
pena
imponer
correspondiente
la
para
este
tipo
de
a
delito
un
situación,
menos
grave --de seis meses-- contemplada en el citado Artículo 13
del Código Penal.
CC-1996-188
14
IV
Por
Sentencia
los
fundamentos
revocatoria
de
que
la
anteceden,
dictada
por
procede
el
dictar
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones, archivando la acusación presentada
por el delito de fuga, devolviéndose el caso al foro de
instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo
aquí resuelto.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado
CC-1996-188
15
En el Tribunal supremo de puerto rico
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-96-188
Jesús Barreto Rohena
Acusado-recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, 4 de noviembre de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia revocatoria de la dictada
por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, archivando la
acusación presentada por el delito de fuga, devolviéndose
el caso al foro de instancia para procedimientos
ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. “El Juez Asociado señor
Negrón García concurre en el resultado. Ratifica los
fundamentos expuestos en su disenso en Pueblo v. Báez
Ramos, res. en 11 de octubre de 1999, de que evadirse de
un Hogar de Adaptación Social mientras se disfruta un
pase temporal o extendido, constituye el Delito de Fuga
Especial tipificado en los Arts. 10 y 33 de la Ley Núm.
116 de 22 de julio de 1974. Siendo así, no era necesario
entrar a discutir si el delito de fuga clásico
establecido en el Art. 237 del Código Penal cubre la
evasión de un recluso por desacato civil.” La Juez
Asociada señora Naveira de Rodón disiente sin opinión
escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no
intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo