LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

1999 TSPR 166

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

RE-95-58

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Socorro Alberty Marrero

Recurrente

Solicitud de

Revisión

V.

Lcdo. Marcos Rodríguez Emma, en su

capacidad personal y como Presidente

del Banco Gubernamental de Fomento para

Puerto Rico y otros

Recurridos

99 TSPR 166

Número del Caso: RE-1995-58

Abogado de la Parte Recurrente:

Lcdo. Guillermo Mojica Maldonado

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Rafael J. Vázquez González

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Gilberto Gierbolini

Fecha: 11/1/1999

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

RE-95-58

2

En el Tribunal supremo de puerto rico

Socorro Alberty Marrero

Demandante-recurrente

v.

RE-95-58

Lcdo. Marcos Rodríguez Emma,

en su capacidad personal

y como Presidente del Banco

Gubernamental de Fomento

para Puerto Rico y otros

Demandados-recurridos

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 1ro. de noviembre de 1999

El presente recurso fue resuelto a nivel de instancia

a través de una solicitud de “desestimación y/o sentencia

sumaria”. Acorde con nuestro acervo jurídico, en casos

dilucidados

por

la

ciertas

las

alegaciones

hacemos

todas

las

vía

desestimatoria,

de

la

inferencias

demandante

tomamos

y,

permisibles

como

asimismo,

que

sean

favorables a ésta. C.f. Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357,

369 (1985); Unisys v. Ramallo, 128 D.P.R. 842 (1991);

Romero v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991). Obviamente, al

así proceder no prejuzgamos los hechos ante nos.

RE-95-58

3

I

Socorro Alberty Marrero se desempeñaba como Secretaria III,

en un puesto de carrera, en el Departamento de la Vivienda

(“Vivienda”). El 16 de febrero de 1985, pasó mediante “traslado”

al

Banco

Gubernamental

(“Fomento”).

Según

para

alega

el

Fomento

de

Puerto

Rico

Alberty

Marrero,

su

traslado

fue

solicitado por quien en ese entonces fungía como presidente de

Fomento, el Dr. José R. Oyola, y autorizado por el Sr. Irving

Jiménez

Narváez,

Director

de

Personal

de

Vivienda.

Al

“trasladarse” a Fomento, Alberty Marrero aceptó un puesto de

confianza.

Casi ocho años más tarde, durante el mes de enero de 19931,

se requirió la renuncia a Alberty Marrero. Ésta, por ocupar un

puesto

de

presidente

confianza,

de

puso

Fomento,

el

mismo

Lcdo.

a

disposición

Marcos

del

Rodríguez

nuevo

Emma.

Posteriormente, Alberty Marrero recibió una carta de despido

firmada por el Lcdo. Rodríguez Emma, en la que, alegadamente, no

se le reconoció derecho a reinstalación en su antiguo puesto de

carrera.

El día posterior a su despido, Alberty Marrero alegadamente

recibió

varias

llamadas

de

la

co-demandada,

Sra.

Zayda

De

Chouden’s y del Sr. Chaves, empleados de la oficina de recursos

humanos de Fomento, indicándole que pasara por esa oficina el

próximo

lunes

pues

su

despido,

alegadamente,

había

sido

un

error. Así lo hizo Alberty Marrero. Mientras esperaba en Fomento

por la Directora de Personal, Sra. Mercedes Gauthier, el Lcdo.

Rodríguez Emma supuestamente le indicó “que perdonara lo de su

carta de despido, que había sido un error”.

1

Siendo éste un caso en que se alega discrimen político, es

propio reseñar que el 3 de noviembre de 1992, se celebraron en

Puerto Rico las elecciones generales. En éstas, hubo un cambio

de administración y, eventualmente, hubo un cambio de mando en

Fomento.

RE-95-58

4

Luego de que

Alberty Marrero estuviera acudiendo a sus

labores en Fomento por dos semanas, la Sra. Gauthier le informó

que la iban a reponer en su empleo, con la condición de que se

sometiera

a

un

examen

de

ingreso.

Posteriormente,

Alberty

Marrero fue “reinstalada” en la Corporación para el Cómputo de

Arbitraje

ocupando

el

puesto

de

Secretaria

del

Director

Ejecutivo. Esto, sin que se le hubiese requerido tomar examen de

ingreso.

Durante los meses de junio y julio de 1993, Fomento otorgó

aumento de sueldo a sus empleados gerenciales, pero no lo hizo

para con Alberty Marrero. En agosto de 1993, Alberty Marrero fue

trasladada a prestar servicios en la Oficina del Fondo para el

Desarrollo, laborando para los señores Dominick Torres, Juan

Robles y Luis Cora.

Durante septiembre de 1993, Alberty Marrero recibió una

llamada

de

la

Sra.

De

Chouden’s,

quien

le

solicitó

que

se

sometiera a un examen para el puesto de Oficinista Dactilógrafo

y que, de aprobarlo, se le crearía un puesto en Fomento. Alberty

Marrero tomó el examen y lo aprobó2. Aproximadamente siete meses

más tarde, en abril de 1994, Alberty Marrero recibió una llamada

de la Sra. Esther Martínez, empleada de la oficina de Recursos

Humanos de Fomento. Ésta indicó a Alberty Marrero que debía

aceptar un puesto

de

recepcionista

en

la

“Puerto

Rico

Housing” -–subsidiria de Fomento—- y renunciar al puesto que

ocupaba. En ese mismo mes, Alberty Marrero cursó una misiva al

Presidente de Fomento, Lcdo. Rodríguez Emma, describiendo los

problemas que confrontaba con su puesto.

A fines del mes de junio de 1994, De Chouden’s alegadamente

le expresó a Alberty Marrero que “para arreglar su problema”

tenía que aceptar un puesto de Oficinista Dactilógrafo en el

2

Alegación número 19 de la demanda.

RE-95-58

5

Archivo Inactivo de Fomento3, lo cual conllevaría una reducción

en

su

salario.

Alberty

Marrero

solicitó

a

De

Chouden’s

que

hiciera una notificación por escrito del ofrecimiento. Esto,

alegadamente, nunca ocurrió.

El 30 de junio de 1994, en horas de la tarde, De Chouden’s,

junto

al

Sr.

Chaves

—-empleado

Humanos-— entregaron a Alberty

de

la

oficina

de

Recursos

Marrero una carta de despido

firmada por el Lcdo. Rodríguez Emma. La carta de despido aduce

como

fundamento

Vivienda

a

que

el

Fomento,

“traslado”

había

sido

de

“nulo”

Alberty

y

que

Marrero,

ésta

se

de

había

desvinculado de forma permanente de su puesto de carrera el día

en que se “trasladó”.4

Así las cosas, el 29 de septiembre de 1994, Alberty Marrero

presentó demanda contra el Lcdo. Rodríguez Emma, De Chouden’s, y

Fomento. Planteó que su remoción fue ilegal, pues los demandados

habían conspirado entre sí para despedir a la demandante por el

solo hecho de su afiliación política; que aquéllos se habían

negado

a

reconocer

el

derecho

de

Alberty

Marrero

a

ser

reinstalada en un puesto igual o similar al último que ocupó

antes de ingresar al puesto

violaciones

al

debido

de

proceso

confianza. Asimismo, levantó

de

ley

y

sus

derechos

constitucionales.

Luego

de

“desestimación

la

y/o

radicación

sentencia

de

una

denominada

sumaria”,

el

solicitud

extinto

de

Tribunal

Superior, Sala de San Juan, dictó sentencia desestimatoria, el

30 de diciembre de 1994.5

3

Localizado en el antiguo edificio de la Cervecería Corona en

Santurce.

4

Según indica Alberty Marrero, varios días antes de su

“segundo” despido, participó, fuera de horas laborables, en una

reunión de empleados públicos efectuada en el Comité Central del

Partido Popular Democrático.

5

La sentencia fue notificada a las partes el 10 de enero de

1995. Ese mismo día fue archivada en autos copia de la

notificación de la sentencia.

RE-95-58

6

Inconforme, Alberty Marrero presentó recurso de revisión

ante este Tribunal. La recurrente imputa la comisión de dos

errores:

primero,

cuestiona

impedimento

que

traslado

empleados

de

corporaciones

establece

la

de

públicas;

la

Ley

de

agencias

segundo,

constitucionalidad

del

Personal6

torno

al

la

a

cubiertas

si

en

por

procedía

Ley

decretar

la

desestimación de su demanda, sin la celebración de una vista en

su

fondo,

no

obstante

las

alegaciones

sobre

discrimen

por

afiliación política contenidas en la misma.

Este Tribunal le concedió un término de treinta días a los

demandados recurridos para que mostrasen causa por la cual no

debía revocarse la sentencia dictada y ordenar la continuación

de los procedimientos ante el tribunal de primera instancia;

esto, en virtud de los fundamentos en que se apoya el segundo

señalamiento de error de la recurrente.

En

cumplimiento

de

dicha

demandados-recurridos.

En

su

Resolución,

comparecencia,

comparecieron

los

indican

debe

que

confirmarse la sentencia debido a que este Tribunal sólo emitió

una orden de mostrar causa en cuanto al segundo señalamiento de

error, y no así con respecto al primero. Argumentan que nuestro

rechazo

al

primer

señalamiento

equivale

a

que

acatamos

la

nulidez del traslado de la peticionaria. Añaden que al ser nulo

el traslado no cabe hablar de un acto intencional constitutivo

de discrimen político. En fin, según Fomento, ante la falta de

discrimen político y la existencia de justa causa –-traslado

nulo--, este Tribunal debería denegar el recurso y confirmar la

sentencia recurrida. Veamos.

II

“Separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, tratar

con

6

inferioridad

a

personas

o

colectividades

por

motivos

Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A. sec. 1334 (4).

RE-95-58

7

raciales, religiosos, políticos, etc.”7: este es el significado

que la sociedad le atribuye a la acción de discriminar. Por

ello,

es

la

parámetros

sociedad

aceptados

quien,

para

de

ordinario,

discriminar.

Las

establece

normas

los

sociales

establecen cuándo y sobre cuáles asuntos los juicios valorativos

de los individuos son inaceptables, impartiéndole así atributos

negativos a la discriminación. No empece a ello, no todo lo que

socialmente

se

considera

como

discrimen

tiene

un

resultado

análogo en el campo del Derecho.

Nuestra Asamblea Legislativa, a través de la legislación

protectora del trabajo, ha proscrito gran parte del discrimen en

Puerto Rico en el área de empleo. Así, ha ordenado un remedio

particular para el discrimen allí contemplado. Ciertamente, en

Puerto

Rico

existe

un

cuidadoso

andamiaje

de

legislación

protectora del trabajo.8 El discrimen en el empleo, por ideas o

afiliación política, es uno de los que se ha intentado erradicar

en Puerto Rico.

De

entrada,

debemos

reconocer

que

el

discrimen

por

afiliación política, en nuestra jurisdicción, es una plaga que,

principalmente,

hace

su

agosto

en

el

empleo

público.

Esto,

debido al hecho indiscutible de que, no empece la tendencia

privatizadora,

el

patrono

con

mayor

número

de

empleados

en

Puerto Rico es el propio Estado Libre Asociado. Por supuesto, en

tal cómputo se encuentran las corporaciones públicas.

De forma consistente, este Tribunal ha expresado que los

empleados públicos gozan de protección en sus cargos contra el

discrimen por ideas políticas. Así, hace más de viente años, en

7

Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe S.A., Madrid,

1992, pág. 536; Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico

de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Edición 23, Tomo III, pág.

271.

8

Véase R. Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la

Legislación Protectora del Trabajo en el Derecho Laboral

Puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico, 1989; A. Acevedo Colom,

RE-95-58

8

Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982, 987

(1972), indicamos que:

"La Sec. 1 del Art. II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico prescribe en

forma clara que 'no podrá establecerse discrimen

alguno por motivo de raza, color, ... ideas políticas

o religiosas'. La proscripción del discrimen es clara

y terminante. Su texto no permite distinción alguna.

Quiere decir lo que dice. Que el Estado en ninguna de

sus múltiples funciones o servicios puede discriminar

contra un ciudadano por el mero hecho de ser éste

negro, ateo o por sus ideas políticas. Cualquier otra

interpretación enervaría su eficacia. Fortalecerla y

no enervarla es nuestro deber, como los principales

custodios de la Constitución." (Enfasis suplido.)

Con

ese

mandato

constitucional

como

norte,

hemos

establecido como principio que no cabe el discrimen político ni

siquiera contra empleados de confianza, que por la naturaleza de

sus puestos, no poseen una expectativa de permanencia en ellos,

pues están sujetos a la libre selección y remoción por sus

superiores. McCrillis v. Autoridad Navieras de P.R., 123 D.P.R.

113 (1989); Franco v. Mun. de Cidra, 113 D.P.R. 260 (1982);

Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982).

Conocido es que una de las leyes que proscribe el discrimen

en Puerto Rico lo es la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 19599, 29

L.P.R.A. sec. 146 et seq..10 Precisamente, ésta fue la ley que

Legislación Protectora del Trabajo Comentada, 5ta Ed., Ramallo

Printing Bros., San Juan, Puerto Rico, 1997.

9

Ésta dispone que incurrirá en responsabilidad civil

“[t]odo patrono que despida, suspenda o discrimine

contra un empleado suyo en relación a su sueldo,

salario, jornal o compensación, términos, categorías,

condiciones o privilegios de su trabajo, o que deje de

emplear o rehuse emplear o reemplear a una persona, o

limite o clasifique sus empleados en cualquier forma

que tienda a privar a una persona de oportunidades de

empleo o que afecten su status como empleado, por

razón de edad, según ésta se define más adelante,

raza, color, sexo, origen social o nacional, condición

social, afiliación política, o ideas políticas o

religiosas del empleado o solicitante de empleo”.

(Subrayado nuestro).

10

Sobre el particular, véase Huertas Alicea v. Compañía de

Fomento Recreativo, Opinión y Sentencia de 4 de noviembre de

1998.

RE-95-58

9

invocó Alberty Marrero al instar su pleito por alegado discrimen

por afiliación o ideas políticas.

El Artículo 3 de la Ley Núm. 100 establece una presunción

rebatible de que el despido es discriminatorio salvo que se

demuestre que hubo justa causa.11 La presunción se activa al

demostrarse que el patrono no tenía justa causa para tomar la

acción en controversia.12

Asimismo, a través de nuestras decisiones, hemos expresado

que, como la Ley Núm. 100 no define “justa causa”, se debe de

utilizar

la

definición

provista

en

la

Ley

de

Despido

Injustificado13. Sin embargo, por no ser absolutamente pertinente

a la controversia ante nos, no discutiremos este asunto.

De ordinario, los casos de discrimen político comienzan con

la radicación de una acción en la que el demandante alega: que

fue despedido de su empleo, que no hubo justa causa para el

despido

y

que

el

mismo

se

debió

a

discrimen

por

razones

políticas. Llegado el momento en que se activa la presunción de

discrimen

que

establece

la

ley,

el

demandado

tiene

varias

opciones o alternativas. Como es sabido, desde el ámbito de

derecho probatorio, el demandado puede atacar

o destruir la

presunción en tres formas distintas, a saber: derrotar el hecho

básico,

esto

es,

la

alegación

de

que

no

hubo

justa

causa;

destruir el hecho presumido, esto es, la alegación de que el

despido se debió a discrimen político; y, la última opción,

atacar o destruir ambos hechos, el básico y el presumido. Lo

ideal,

11

naturalmente,

es

que

intente

destruir

ambos.

Así,

29 L.P.R.A. sec. 148.

Ciertamente, en la demanda hay que alegar que había una

relación obrero-patronal (o de aspirante a empleo), y que se

tomó una acción adversa en contra del empleado o del aspirante

y, por último, que el demandante cae dentro del grupo que

protege la legislación en cuestión.

13

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185(a) y

ss.

12

RE-95-58

10

incluso, evitará que el tribunal, en su día, pueda determinar

que violó las disposiciones de la Ley 8014.

En ese sentido, no debe olvidarse lo resuelto en

Ibañez

Benítez v. Molinos de P.R. Inc., 114 D.P.R. 42, 51-52 (1983).

Específicamente, expresamos allí que

“[e]n nuestra jurisdicción no es necesario que el

patrono afirmativamente "articule" una explicación

razonable para el despido, aunque en la práctica ésta

sería la forma más certera y conveniente de destruir

la presunción. Basta con que pruebe, aun mediante

evidencia circunstancial, que la razón para el despido

no fue discriminatoria para que la presunción quede

destruida.” Ibáñez Benítez v. Molinos de P.R. Inc.,

ante, pág. 53; Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo Inc.,

126 D.P.R. 117 (1990).

Ahora bien, ¿qué sucede cuando, como en el presente caso,

existe

una

razón,

o

justa

causa,

jurídica

para

el

despido

decretado? Como recordaremos, la parte demandada en el presente

caso sostiene que en virtud de las disposiciones de la antes

citada Ley de Personal15 --esto es, por imperativo o mandato de

ley-- el traslado de que fue objeto la demandante, de Vivienda a

Fomento, es uno nulo; razón por la cual Fomento venía en la

obligación de cesantear a la demandante, lo que implica que hubo

justa causa en el despido decretado y, por ende, ha quedado

destruida la presunción de discrimen que establece la antes

citada Ley 100.

Asumiendo, a los fines de la argumentación, que la posición

a los efectos de que el traslado de la demandante de Vivienda a

14

Debe mantenerse presente que, en casos de despidos por alegado

discrimen en el servicio público, el demandado tiene una cuarta

opción o defensa: aceptar que discriminó políticamente pero que

fue porque, para el puesto en cuestión, es esencial la identidad

en afiliación política entre el empleado y la autoridad

nominadora para el cabal desempeño de las funciones del cargo.

Rodríguez v. Padilla, ante, pág. 500; Segarra Feliciano v.

Municipio de Peñuelas, Opinión y Sentencia de 16 de junio de

1998.

15

Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975.

RE-95-58

11

Fomento fuera uno nulo16, ¿significa ello que la demandante, a la

luz de sus alegaciones, no tiene causa de acción alguna y que,

en

consecuencia,

procede

desestimar

la

demanda

por

ella

radicada? Contestamos la referida interrogante en la negativa.

Somos del criterio que, aun cuando prima facie exista una

razón legítima para el despido, al demandante se le debe brindar

la oportunidad de poder demostrar, en juicio plenario, que la

verdadera y real razón detrás del despido decretado lo fue el

discrimen por razones políticas; esto es, que la razón alegada

por el patrono, prima facie válida, para decretar el despido

realmente fue un pretexto utilizado por éste.17

Conforme las alegaciones de la demanda, la demandante, no

obstante ser originalmente informada que sería despedida del

puesto de confianza que ocupaba, permaneció como empleada de

Fomento

--bajo

la

nueva

administración--

por

un

período

aproximado de año y medio, período lleno de inestabilidades.

Acorde,

además,

despedida

de

con

dichas

alegaciones,

Fomento

luego

de

ella

participar

días

finalmente

fue

antes

una

en

reunión de empleados públicos en el Comité Central del Partido

Popular.

Ello

levanta,

cuando

menos,

dudas

respecto

a

la

legitimidad de la razón alegada para el despido; esto es, la

nulidad del traslado de Vivienda a Fomento.

Por otro lado, e independientemente de la nulidad de dicho

traslado, la demandante Alberty Marrero ocupaba un puesto de

confianza en Fomento. Conforme nuestra jurisprudencia, a dichos

empleados también les cobija la protección constitucional de la

Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre

16

Hace unos años --en Autoridad de los Puertos v. Municipio de

San Juan, 123 D.P.R. 508 (1989)-- este Tribunal resolvió, vía

dicta, que un traslado como el efectuado en el caso de autos es

nulo.

17

Véase: Alvarez Fonseca v. Pepsi Cola of P.R. Bottling Co., 152

F.3d 17, 28 (1st. Cir. 1998).

RE-95-58

12

Asociado de Puerto Rico. McCrillis v. Autoridad de Navieras de

Puerto Rico, ante; Ramos v. Secretario de Comercio, ante.

En

fin,

somos

del

criterio

que

la

demandante

Alberty

Marrero debe tener su “día en corte”; ello con el propósito de

poder demostrar, si es que así puede y por preponderancia de la

prueba, que la razón aducida por Fomento para despedirla de su

empleo --la nulidad del traslado de Vivienda a Fomento-- no es

otra cosa que un pretexto y que la verdadera razón detrás del

mismo lo es el crudo discrimen político.18

II

Por los fundamentos que anteceden, procede expedir el auto

de revisión y dictar Sentencia revocatoria de la emitida por el

antiguo Tribunal Superior, Sala de San Juan, desestimando la

demanda radicada por Socorro Alberty Marrero; devolviéndose el

caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan, para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí

resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

18

En Price Waterhouse, 490 U.S. 228 (1989), el Supremo Federal,

en una decisión pluralista, resolvió que un patrono podía salvar

su responsabilidad si demostraba que, independiente de la

existencia de un motivo ilícito en el despido, el mismo siempre

se hubiera llevado a cabo debido a la existencia de otros

motivos lícitos. Esta doctrina se conoció como la doctrina de

"dualidad de motivos".

En el 1991, reaccionando a la decisión emitida en Price

Waterhouse, ante, el Congreso expresamente dispuso, al enmendar

la Ley Federal de Derechos Civiles, que:

“...an unlawful employment practice is established

when the complaining party demonstrates that race,

color, religion, sex or national origin was a

motivating factor for any employment practice, even

though other factors also motivated the practice.”

(Énfasis suplido). 42 U.S.C. 2000e-2(m);

Falco v.

Office Electronics, Inc., 1999 WL 156350 (N.D. Ill).

RE-95-58

13

En el Tribunal supremo de puerto rico

Socorro Alberty Marrero

Demandante-recurrente

v.

RE-95-58

Lcdo. Marcos Rodríguez Emma,

en su capacidad personal

y como Presidente del Banco

Gubernamental de Fomento

para Puerto Rico y otros

Demandados-recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 1ro. de noviembre de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se expide el auto y se dicta Sentencia

revocatoria de la emitida por el antiguo Tribunal

Superior, Sala de San Juan; devolviéndose el caso al

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan, para procedimientos ulteriores consistentes con

lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Subsecretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Negrón García emitió Opinión Concurrente. La Juez

Asociada señora Naveira de Rodón concurre en el

resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor

Corrada del Río inhibido.

Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria del Tribunal Supremo

RE-95-58

14

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Socorro Alberty Marrero

Demandante-recurrente

v.

RE-95-58

Revisión

Lcdo. Marcos Rodríguez Emma,

en su capacidad personal y

como Presidente del Banco

Gubernamental de Fomento

para Puerto Rico y otros

Demandados-recurridos

Opinión Concurrente del Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 1 de noviembre de 1999

Por imperativo constitucional del debido proceso de

ley, para activar una presunción no bastan alegaciones. Su

validez depende inexorablemente de la existencia de unos

hechos básicos debidamente probados y su relación racional

con el hecho presumido.

Nuevamente,

tal

y

como

advertimos

en

Sandoval

v.

Caribe Hilton, res. en 25 de octubre de 1999, 99 TSPR 161,

la mayoría le atribuye a la jurisprudencia que interpreta

la presunción de discrimen de la Ley 100 de 30 de junio de

1959, 29 L.P.R.A. secs. 131 et seq., un alcance, no sólo

inexistente sino inconstitucional, cuyo efecto es eximir

al

reclamante

de

probar

unos

hechos

básicos,

previo

a

RE-95-58

15

tener a su favor la presunción.

Esto, en detrimento del debido proceso de ley de los demandados,

quienes ante una presunción fuerte, se les impone la carga, no sólo de

producir, sino de persuadir al juzgador de la inexistencia del

discrimen.

I

Las presunciones no constituyen evidencia propiamente. Son “reglas

de inferencia relativas a las inferencias que el juzgador puede o debe

hacer

de

la

evidencia

admitida”.

Chiesa,

Práctica

Procesal

Puertorriqueña, Evidencia, pág. 39. La Regla 13(A) de Evidencia las

define como “una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o

requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente

establecidos en la acción. A ese hecho o grupo de hechos previamente

establecidos, se le denomina hecho básico; al hecho derivado mediante

la presunción se le denomina hecho presumido”.

El peso de la prueba en cuanto a los hechos básicos, corresponde a

quien advendría favorecido por la presunción, y su estándar, aquella

certeza o convicción moral del juzgador en un ánimo no prevenido. Regla

10(c). Emmanueli, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 1ra.

ed., 1994, pág. 127. Si el juzgador no tiene la certeza o convicción

moral de que el reclamante estableció los hechos básicos, no puede

asumir la existencia del hecho presumido. Por el contrario, si en

conciencia cree que lo logró, tiene que asumirla. Una vez activada la

presunción, el peso de producir la evidencia y persuadir se transfiere

al demandado, teniendo que demostrar que la existencia del hecho

presumido –discrimen-, es menos probable que su inexistencia. De ser

presunción de efecto fuerte, ante la duda, el juzgador tiene que dar

por probado el hecho presumido. 34 L.P.R.A. IV R. 14; Belk Arce v.

Martínez, res. en 30 de junio de 1998, 98 TSPR 109; López Vicil v. ITT

Intermedia, Inc., res. en 4 de abril de 1997, 142 D.P.R. ___ (1997);

Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42 (1983). Si bien este

efecto fuerte de la presunción no plantea en nuestra jurisdicción

mayores problemas constitucionales –por aplicar a casos civiles ante

tribunal de derecho-, “siempre queda la probabilidad de que una

presunción, aún en casos civiles, viole el debido proceso de ley por

ausencia de conexión racional entre el hecho básico y el hecho

presumido.”

Chiesa, ob. cit., págs. 44-45. La violación sería aún

mayor, si en lugar de no existir tal conexión, se pretende basar en

alegaciones y no se establecen los hechos básicos que dan vida a la

presunción.

II

Es

insostenible,

hermenéutica

y

constitucionalmente,

la

interpretación y alcance que da la mayoría a la jurisprudencia que ha

examinado esta presunción. Primero, al examinar el debate legislativo

encontramos que al explicar la presunción contenida en la Ley Núm. 100,

el Legislador, lejos de eximir al reclamante de probar los hechos

básicos, indicó que dicha presunción operaba para eximir a un patrono

de responder por actos discriminatorios, aún cuando el empleado

estableciera los hechos básicos, si hubo justa causa para el despido.

Es decir, puede el empleado caer bajo el grupo protegido por la ley y

haber sido despedido, y no activarse la presunción de discrimen,

siempre que haya justa causa para el despido. Diario de Sesiones, 30 de

marzo de 1959, pág. 686. Segundo, los casos aludidos fueron adjudicados

en sus méritos. Nunca se planteó, menos eximió, a los reclamantes del

peso de prueba, es decir, de cumplir con la obligación de establecer

unos hechos básicos que dieran vida a la presunción. Sólo atendimos el

efecto que tiene la presunción una vez activada debidamente. Belk Arce

v. Martínez, supra; López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra;

Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 92 (1990); Rivera

Aguila v. K-Mart de P.R., 123 D.P.R. 589 (1989); Odriozola v. Superior

RE-95-58

16

Cosmetics Distributors, etc., 116 D.P.R. 482 (1985); Ibáñez v. Molinos

de P.R., Inc., supra.19

Por el contrario, al adjudicar controversias de discrimen

político, siempre expresamos que el reclamante tiene que probar los

hechos básicos, pues “[d]e otra forma no es posible ni razonable

exigirle al Estado que derrote una presunción sostenida solamente por

una alegación.” McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 141

(1989); Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972);

Navedo v. Municipio de Barceloneta, 113 D.P.R. 421 (1982).

En el caso ante nos, incorrectamente la mayoría señala que la

presunción de discrimen –en la modalidad política-, se activa con sólo

demostrarse que el patrono no tenía justa causa para el despido. Sin

embargo acepta, al exponer la norma jurisprudencial, que además, tiene

que establecerse: 1) ausencia de motivo racional para el despido; 2)

estar en el grupo protegido -de afiliación política distinta a la del

patrono-; 3) haber sido sustituido por otro empleado de diferente

afiliación política, que resulta a fin con la de la Autoridad

nominadora. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra; Rodríguez Cruz

v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990). No obstante, equipara los

hechos básicos requeridos en cada modalidad de discrimen a simples

alegaciones. Señala que “en la demanda hay que alegar que había una

relación obrero-patronal (o de aspirante a empleo), y que se tomó una

acción adversa en contra del empleado o del aspirante y, por último,

que el demandante cae dentro del grupo que protege la legislación en

cuestión”. (Nota al calce 12, pág. 10).

Argumenta también, que una vez activada la presunción, el

demandado tiene tres formas de atacarla: 1) derrotar el hecho básico para la mayoría, la alegación de que no hubo justa causa-; 2) destruir

el hecho presumido, -también equiparado a la alegación de discrimen- y

3) atacar ambas.

Meras alegaciones no hacen prueba. Mucho menos, prueba de hechos

básicos para activar una presunción fuerte, la cual sólo se rebate con

prueba que persuada al juzgador, y que ante la duda, se tiene que

asumir el hecho presumido. Así lo reconocimos en McCrillis v. Aut. de

19

Éste es el verdadero alcance de nuestras expresiones al efecto

de que la circunstancia esencial para activar la presunción es el

despido sin justa causa, expuestos en Belk Arce v. Martínez, supra e

Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., supra.

Claramente las mismas fueron vertidas en el contexto del análisis

del efecto de la presunción.

En Ibáñez, caso de discrimen por edad, señalamos que aunque la

reclamante cumplió su carga de probar hechos básicos y fue despedida

sin justa causa, el patrono rebatió la presunción de discrimen con

prueba suficiente. Al expresarnos sobre la diferencia entre la

legislación de discrimen federal y la local, aludimos a la definición

de despido injustificado provista por el Art. 2 de la Ley Núm. 80, para

subrayar que Ibáñez cumplió con el requisito adicional de nuestra

legislación –establecer que el despido fue injustificado-, por lo que

tenía a su disposición la presunción.

El Art. 2 de la Ley Núm. 80 se limita a dar algunos ejemplos, no

exhaustivos, de lo que sería justa causa y que constituiría ausencia de

justa causa para el despido. No establece que la falta de justa causa

es suficiente para activar la presunción de la Ley Núm. 100. Por su

parte la Ley Núm. 100, tampoco alude a la definición justa causa de la

Ley Núm. 80 ni le atribuye ser el único elemento básico a probarse para

activar la presunción de discrimen. En Belk Arce por su parte, al

hablar de alegaciones, nos referimos a lo que los reclamantes aducían

en la demanda.

RE-95-58

17

Navieras de P.R., supra, pág. 141, al resolver que la mera alegación de

un hecho básico, o de discrimen político no activa la fuerte presunción

o inferencia de discrimen. El reclamante tiene que establecer “la

ausencia de motivo racional para el despido y la sustitución por otro

empleado de diferente afiliación política que resulta afín con la de la

autoridad nominadora.”

Recapitulando, para activar la presunción de la Ley Núm. 100, es

necesario probar los hechos básicos exigidos en cada modalidad, además

de la ausencia de justa causa.

Concurrimos sin embargo, que el caso de autos no podía resolverse

sumariamente. Ante la alegación de discrimen de Socorro Alberty Marrero

es menester darle la oportunidad para que pueda desfilar prueba sobre

los hechos básicos que activen la presunción, o en la alternativa,

prueba directa del discrimen, de tenerla disponible.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado