LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PR FUELS V EMPIRE GAS

1999 TSPR 168

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

PR FUELS V EMPIRE GAS

CC-1996-173 CC-1996-184

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

P.R. Fuels, Inc., et als.

*

*

*

*

Recurridos

v.

*

*

Empire Gas Co., Inc., et

als

CC-1996-173

*

*

*

Peticionarios

*

***********************************

P.R. Fuels, Inc., et als.

*

*

Recurridos

*

v.

*

Empire Gas Co. Inc., et als.

*

*

Peticionarios

*

***********************************

*

CC-1996-184

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se

hace formar parte de la presente, revocamos la sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones de 24 de abril de 1996 en cuanto resolvió que no

existe en Puerto Rico un derecho de nivelación entre conspiradores o

actores en una causa antimonopolística. Confirmamos dicha sentencia en

cuanto determinó que no operó la confusión de derechos. Se devuelve el

caso al tribunal de instancia para procedimientos compatibles con lo aquí

resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Subsecretaria del Tribunal

Supremo. Los Jueces Asociados señores Negrón García, Rebollo López y

Fuster Berlingeri no intervinieron.

Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

P.R. Fuels, Inc., et als.

*

*

*

*

Recurridos

v.

*

*

Empire Gas Co., Inc., et

als

CC-1996-173

*

*

*

Peticionarios

*

***********************************

P.R. Fuels, Inc., et als.

*

*

Recurridos

*

v.

*

Empire Gas Co. Inc., et als.

*

*

Peticionarios

*

***********************************

*

CC-1996-184

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se

hace formar parte de la presente, revocamos la sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones de 24 de abril de 1996 en cuanto resolvió que no

existe en Puerto Rico un derecho de nivelación entre conspiradores o

actores en una causa antimonopolística. Confirmamos dicha sentencia en

cuanto determinó que no operó la confusión de derechos. Se devuelve el

caso al tribunal de instancia para procedimientos compatibles con lo aquí

resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Subsecretaria del Tribunal

Supremo. Los Jueces Asociados señores Negrón García, Rebollo López y

Fuster Berlingeri no intervinieron.

Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria del Tribunal Supremo

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

P.R. Fuels, Inc. et als.

Recurridos

Certiorari

V.

99 TSPR 168

Empire Gas Co., Inc. et als.

Peticionarios

Número del Caso: CC-1996-173 y cc-1996-184 Consolidados

Abogados de Empire Gas:

Lcdo. Manuel Fernández Mejías

Lcdo. Fernando Pérez Colón

Martínez, Odell & Calabria

Abogados de P.R. Fuels:

Lcdo. Javier Cuevas Silva

Cancio, Nadal, Rivera & Díaz

Abogados de Progasco, Inc.:

Lcdo. Ramón E. Dapena

Goldman, Antonetti & Córdova

Abogado de Asoc. Productores, Importadores, Mayoristas y Distribuidores

de Gas Propano, Inc.:

Lcdo. Francisco Martin Vélez

Abogados de Tropigas:

Lcdo. Héctor Reichard

Lcda. Rebeca F. Rojas

Reichard & Escalera

Abogada de Sta. Juanita Gas:

Lcda. Carmen J. Rivera

Abogado de Liquilux:

Lcdo. Charles Cuprill

Abogado de Asoc. De Distribuidores de Gas Liquado de Petróleo de P.R.,

Inc., Carlos Declet y Santurce Gas, Inc.:

Lcdo. Luis E. Gervitz

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Héctor Urgell Cuevas

Fecha: 11/2/1999

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

P.R. Fuels, Inc., et als.

*

*

*

*

Recurridos

v.

*

*

Empire Gas Co., Inc., et

als

CC-1996-173

*

*

*

Peticionarios

*

***********************************

P.R. Fuels, Inc., et als.

*

*

Recurridos

*

v.

*

Empire Gas Co. Inc., et als.

*

*

Peticionarios

*

***********************************

*

CC-1996-184

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 1999.

La

parte

recurrida

en

este

caso,

P.R.

Fuels

Inc.

y

otras

(en

adelante “P.R. Fuels”), presentó demanda contra las peticionarias, Empire

Gas Company, Inc. (en adelante “Empire”), Tropigas de Puerto Rico, Inc.

(en

adelante

“Tropigas”),

y

Progasco

y

Liquilux,

Inc.

(en

adelante

“Liquilux”). La demanda se presentó al amparo de la Ley Núm. 77 del 25 de

julio de 1964, 10 L.P.R.A. secs. 257 et seq., (en adelante “Ley 77”), la

cual prohíbe las prácticas monopolísticas.

A raíz de que P.R. Fuels desistiera de su reclamación en contra de

Liquilux y adquiriera las acciones de esta empresa, las codemandadas

presentaron una moción de desestimación basada en confusión de derechos,

y en la alternativa, solicitaron que se decretara la existencia del

derecho de nivelación entre las partes co-conspiradoras.

El extinto Tribunal Superior, Sala de San Juan, emitió Resolución el

3 de enero de 1995, notificada el 10 de enero de 1995, declarando sin

lugar

ambas

solicitudes.

Oportunamente

las

codemandadas

Empire

y

Tropigas,

presentaron,

separadamente,

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

Circuito

Regional

recursos

Apelaciones.

de

San

El

de

Tribunal

Juan,

ante

el

Circuito

de

certiorari

Panel

de

integrado

por

su

Presidente, Juez Negrón Soto y por los Jueces González Román y Urgell

Cuebas, luego de consolidar los recursos, confirmó la resolución luego de

celebrar una vista oral, mediante sentencia de 24 de abril de 1996,

notificada el 8 de mayo de 1996.

Inconformes

con

el

dictamen,

las

peticionarias

recurren

separadamente ante nos aduciendo que el foro apelativo erró al determinar

que

no

había

operado

la

confusión

de

derechos

y

que

el

derecho

de

nivelación no existía en casos bajo la Ley 77.

Luego de consolidar y examinar los presentes recursos,

confirmamos

la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones a los efectos de que

no procede la confusión de derechos. Revocamos el dictamen del foro

apelativo en cuanto determinó que no aplica el derecho de nivelación

entre conspiradores o actores bajo la Ley 77; resolvemos que en nuestra

jurisdicción se puede invocar el derecho de nivelación en una reclamación

bajo las leyes antimonopolísticas.

I

En junio de 1986, la co-demandante P.R. Fuels, adquirió el negocio

operado por Martin Gas Sales, Inc. (en adelante “Martin”), que consistía

principalmente, en un terminal marítimo en la Playa de Ponce dedicado a

la importación y venta al por mayor de gas licuado. Alegadamente, luego

de dicha adquisición, P.R. Fuels advino en conocimiento de un contrato

que Martin había otorgado el 3 de diciembre de 1982, obligándose a pagar

una regalía a Empire.1 Además, sostuvo que Martin había otorgado otro

contrato, el 27 de febrero de 1986, obligándose a venderle gas licuado a

Empire y a Liquilux a un precio menor que a otras empresas y a limitar

sus ventas en Puerto Rico a cuatro empresas, a saber: Empire, Liquilux,

Progasco y Tropigas.

Debido al desconocimiento de estos contratos, P.R. Fuels se negó a

continuar con los acuerdos establecidos entre Martin y las demás empresas

aludidas,

reclamando

antimonopolísticas

que

de

los

Puerto

mismos

Rico.

eran

Como

contrarios

resultado

de

a

las

ello,

leyes

las

co-

demandadas descontinuaron la compra de gas licuado a P.R. Fuels, por lo

que ésta, alegadamente,

se

quedó

sin clientes.

Ante

tal

situación P.R. Fuels creó la empresa, Gas del Pueblo, Inc. (en adelante

“Gas del Pueblo”), para vender y distribuir a nivel de los consumidores

el gas licuado que importaba.

El 19 de enero de 1987, P.R. Fuels, Gas del Pueblo y Norvest, Ltd.2

instaron demanda contra Empire, Liquilux, Progasco y Tropigas, reclamando

tres veces el importe de los daños sufridos por éstas. La demanda, según

enmendada el 4 de noviembre de 1987, se presentó bajo la Ley 77, supra;

bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141; y bajo el

Reglamento Sobre Competencia Justa Núm. VII de la Oficina de Asuntos

Monopolísticos de Puerto Rico.

Las

empresas

demandantes-recurridas

alegaron

que,

además

de

boicotear la compra del gas licuado de P.R. Fuels, las demandadas, en los

primeros meses de 1987, desataron una campaña concertada para sacar del

negocio de gas licuado a P.R. Fuels. Esta consistió en la instigación de

inspecciones

por

los

bomberos,

la

Comisión

Servicio

Público,

además

de

Junta

de

de

Calidad

Ambiental

la

presentación

de

y

la

cuatro

querellas, alegadamente frívolas, ante la Comisión de Servicio Público.

Estas

querellas

resultaron

en

la

imposición

de

sanciones,

que

posteriormente fueron revocadas a nivel judicial.

Las

recurridas

alegaron

además,

que

para

finales

de

1986,

las

demandadas controlaban cerca del noventa y cinco porciento (95%) del

mercado de gas licuado a nivel de distribuidor en la isla, y que existía

1

La regalía consistía en pagar al Sr. Ramón González, Presidente

de Empire, uno y medio centavos ($0.015) por cada galón de gas licuado

que Martin transfiriera de un barco a cualquier localidad en Puerto Rico.

2

Norvest, Ltd. es una empresa dedicada al transporte marítimo de gas

licuado, y transportaba el producto al terminal de P.R. Fuels desde varios

puntos en el exterior.

una confabulación entre éstas para mantener a un nivel artificialmente

alto el precio del gas licuado en Puerto Rico.

Las demandantes solicitaron triples daños y perjuicios ascendentes a

once millones setecientos mil dólares ($11,700,000.00), más un incremento

de un millón setecientos mil dólares ($1,700,000.00) por cada mes que las

demandadas continuaran las acciones en violación de ley, a partir de la

presentación de la demanda.

Los procedimientos de la demanda civil fueron paralizados el 5 de

junio de 1990 en lo que se ventilaban unas acusaciones criminales contra

varias de las co-demandadas, bajo la misma Ley 77. Además, del 25 de

enero

de

1991

hasta

el

21

de

mayo

de

1993,

los

procedimientos

en

instancia estuvieron paralizados en lo que este Tribunal consideraba un

recurso de certiorari presentado por las demandantes. 3

Estando

paralizados

los

procedimientos

ante

el

tribunal

de

instancia, el 15 de febrero de 1991, las demandantes y la co-demandada

Liquilux, suscribieron una “Estipulación de Desistimiento Parcial con

Perjuicio”, la cual dispuso en parte:4

3

1.

Que en base a un acuerdo mutuo y

voluntario llegado entre las partes,

éstas desisten entre sí de cualquier

reclamación que tuviesen pasado (sic) o

presente, y en particular del presente

pleito.

2.

Aclaran las partes, en particular la

parte

Demandante,

que

el

presente

desistimiento con perjuicio en cuanto a

la Co-Demandada Liquilux Gas Corporation

no

debe

entenderse

que

libere

de

responsabilidad

a

los

restantes

Demandados

en

este

caso,

ni

que

Petición de certiorari Núm. CE-90-796.

4

La estipulación fue presentada ante este Tribunal y ante el

tribunal de instancia. Este Tribunal, quien tenía jurisdicción sobre el

caso en esos momentos, emitió resolución el 1ro. de marzo de 1991 dándose

por enterado de la estipulación. El 21 de mayo de 1993 devolvimos el

caso al

continúa...

4...continuación

tribunal de instancia mediante resolución declinando intervenir en esa

etapa de los procedimientos. Véase: Resolución de 21 de mayo de 1993 en el

caso Núm. CE-90-796.

constituya un desistimiento en cuanto a

éstos,

aun

en

el

caso

de

que

se

considerase la obligación o cualquiera de

las

obligaciones

de

éstos

bajo

la

reclamación incoada como una solidaria.

Se aclara que el presente caso continúa

con toda su fuerza y vigor en cuanto a

los restantes Co-Demandados.

Luego

de

suscribir

este

acuerdo

las

demandantes

adquirieron

las

acciones corporativas de Liquilux. A estos efectos, el 20 de marzo de

1991, el periódico El Nuevo Día publicó un anuncio suscrito por P.R.

Fuels, Gas del Pueblo y Liquilux, con el título de “Gas del Pueblo, Inc. y

Liquilux Gas Corporation Consolidan sus Operaciones de Gas Licuado en

Puerto Rico”. El 1ro. de diciembre de 1991, las

juntas de directores de

Gas del Pueblo y de Liquilux aprobaron un acuerdo de fusión, efectivo ese

mismo día, bajo el cual sobrevivía Gas del Pueblo.5

Este acuerdo fue

certificado por el Secretario de la Junta el 28 de abril de 1992, y

presentado al Departamento de Estado el 12 de mayo de 1992. El 26 de mayo

de 1992 el Departamento de Estado notificó el recibo del Certificado de

Fusión y la cancelación en sus récords de Liquilux.

Al conocer del desistimiento de la parte demandante contra Liquilux y

de la compra de las acciones corporativas de Liquilux por las empresas

demandantes,

Empire

presentó

moción

de

desestimación

a

la

cual

eventualmente se unieron Progasco y Tropigas. Esta moción se basó en el

argumento de que la consolidación de operaciones de Gas del Pueblo y

Liquilux ocurrió con anterioridad o simultáneamente a la fecha del relevo

entre estas partes.

Alegaron que la verdadera intención de las partes al

realizar el acuerdo de desistimiento no era un acuerdo entre dos entidades

distintas, sino que ya se habían consolidado de facto. Amparados en esta

teoría alegan que se activó la figura jurídica de confusión de derechos y

que, dado que los co-causantes de un daño son solidariamente responsables,

se extinguió la causa de acción contra todas las partes demandadas. En la

5

Por un error tipográfico, la fecha indicada en la certificación del

secretario de la junta de directores está incorrecta.

Este error fue

traído a la consideración del Tribunal de Circuito de Apelaciones en la

vista oral que celebró, y como tal fue corregido.

alternativa alegaron que procedía como cuestión de derecho, que éstas

ejercieran el derecho de nivelación en contra de Liquilux.

Por

su

parte

desistimiento,

las

Liquilux

recurridas

era

una

argumentaron

persona

jurídica

que

al

darse

independiente

y

el

en

consecuencia, no existía relación de acreedor y deudor al momento de la

fusión. Las demandantes sostienen además, que aún bajo la teoría de las

demandadas, la fusión sólo afectaría la causa de acción de Gas del Pueblo,

y quedarían activas las reclamaciones de P.R. Fuels y Norvest.

El 3 de enero de 1995, el tribunal de instancia emitió una resolución

declarando no ha lugar las solicitudes de desestimación presentadas por

Empire, Progasco y Tropigas.

Determinó además, que no existía derecho a

nivelación entre co-conspiradores bajo la Ley 77 y que por tanto no podían

traer

como

tercera

reconsideración,

demandada

a

cual

declarada

la

fue

Liquilux.

Las

no

demandadas

ha

lugar.

solicitaron

Oportunamente

presentaron sendas peticiones de certiorari ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones.

El

22

de

mayo

de

1995

el

tribunal

apelativo

emitió

resolución

consolidando las peticiones de certiorari y expidió el auto. El 10 de

enero

de

1996,

ese

pudieran

poner

en

foro

celebró

relieve

una

sus

vista

oral

argumentos

interrogantes. El tribunal apelativo emitió

para

y

que

las

contestar

partes

ciertas

sentencia el 24 de abril de

1996, notificada el 8 de mayo de 1996, confirmando la resolución del

tribunal de instancia.

Inconformes, Empire y Tropigas presentaron oportunamente peticiones

de certiorari por separado ante este Tribunal, junto con una “Moción en

Auxilio

de

Jurisdicción”.

Las

peticionarias

alegan

que

el

tribunal

apelativo incidió al determinar que:

1.

No operó la figura jurídica de extinción de la

posible responsabilidad civil de los co-demandados

frente a los co-demandantes por confusión de

derechos, y

2.

que en esta jurisdicción no existe un derecho de

nivelación entre co-demandados en un caso bajo la

Ley 77 y el artículo 1802 del Código Civil.

Presentados los recursos emitimos resolución el 19 de junio de 1996,

expidiendo el auto de certiorari y ordenando la consolidación de ambas

peticiones. Así también se ordenó la paralización de los procedimientos

en el tribunal de instancia.

Teniendo el favor de la comparecencia de todas las partes procedemos

a resolver.

II

La confusión de derechos existe, según el artículo 1146 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3211, desde que se reúnen en una

misma persona los conceptos de acreedor y deudor. Es requisito, por

tanto, que exista una relación de deudor y acreedor entre las personas

que se unen.

En el caso de las corporaciones, éstas son personas jurídicas, las

cuales se crean, existen y se extinguen según lo dispone la Ley General

de Corporaciones, 14 L.P.R.A. secs. 1101 et seq.6

En

cuanto

a la

consolidación o fusión de dos

corporaciones, el artículo 901 de la Ley de Corporaciones, 14 L.P.R.A.

sec. 1901, dispone que las juntas de directores de ambas corporaciones

definirán y aprobarán los términos y condiciones de la fusión, los cuáles

incorporarán en un convenio. Este será sometido para su aprobación a la

junta de accionistas de cada corporación, y una vez aprobado, éste se

certifica y autentica. Dicho convenio, una vez certificado y autenticado,

se radica y registra en el Departamento de Estado.

El acto de radicar y registrar el convenio en el Departamento de

Estado

tiene

el

efecto

de

extinguir

la

personalidad

jurídica

de

la

corporación absorbida. Así, el artículo 903 de la Ley de Corporaciones,

14 L.P.R.A. sec. 1903, dispone en parte:

Cuando el convenio de consolidación o fusión

se

hubiere

firmado,

autenticado,

radicado

y

registrado con arreglo a los requisitos de este

subtítulo, para todos los efectos de las leyes del

Estado Libre Asociado se extinguirá la personalidad

jurídica

aislada

de

todas

las

corporaciones

6

La Ley General de Corporaciones se enmendó en agosto de 1995, por

lo cual resolvemos la presente controversia a la luz de las

disposiciones vigentes al momento de ocurrir los hechos en este caso.

constituyentes que fueren partes en el convenio,

salvo la de la que hubiere absorbido por fusión a

la otra u otras, según el caso; y las corporaciones

constituyentes pasarán a ser una nueva corporación,

o serán absorbidas en la fusión por una de tales

corporaciones, según el caso, con arreglo a las

disposiciones de tal convenio;.(Enfasis nuestro).

Queda

claro

entonces,

que

la

existencia

separada

de

las

dos

corporaciones cesa, de jure, cuando se radica y registra el convenio de

fusión en el Departamento de Estado. En el caso ante nos, el convenio de

fusión fue presentado y registrado en el Departamento de Estado el 12 de

mayo de 1992. Es en esta fecha que la personalidad jurídica de Liquilux

cesó.

Las peticionarias reclaman que es al momento en que Gas del Pueblo

adquiere las acciones corporativas de Liquilux que cesa la existencia

independiente de ésta. O sea, reclaman que en ese momento ocurre una

fusión de facto, a la cual debemos darle todos los efectos que conlleva

la fusión de jure, incluyendo la confusión de derechos entre Gas del

Pueblo y Liquilux. No nos persuaden.

La doctrina jurídica no acepta que la mera posesión de todas las

acciones

de

una

corporación

por

otra

corporación,

o

el

que

ambas

corporaciones tengan los mismos accionistas, sea suficiente para destruir

la personalidad jurídica separada de las corporaciones envueltas. El

Secretario de Justicia en su Opinión Núm. 43 de 1963, ha señalado que el

hecho escueto de que una corporación posea todas las acciones de otra

corporación, de por sí, no implica una fusión de dos corporaciones, ni

significa que una corporación sea el alter ego de la otra.7

Véase: 15 Fletcher Cyc Corp, §7046, 38 (Perm Ed) (1990), donde se

indica:

7

“But a purchase by a corporation of part or all the

shares of stock of another company does not

ordinarily constitute a merger or consolidation in

the strict sense of those terms, so there is no

merger

or

consolidation

merely

because

the

stockholders of two corporations are largely or

wholly the same, nor because one corporation

exercises a controlling

continúa...

7...continuación

La doctrina de fusión de facto carece de arraigo entre diversas

jurisdicciones estatales, en algunas es inaplicable y en otras ha sido

severamente restringida y limitada.8 Esta doctrina se formuló con el

propósito fundamental de proteger los intereses de los accionistas que

estaban en desacuerdo con la transacción.9 Dicha doctrina, no tiene pues

el objetivo de aplicarse a casos como éste, tal cual como solicitan las

peticionarias.

Como indicáramos anteriormente, la Ley de Corporaciones, en su Art.

903, supra, dispone que la fusión de una corporación con otra sólo

entrará en vigor cuando se registre en el Departamento de Estado el

convenio; es en este momento que cesa la personalidad jurídica de la

corporación absorbida.

Ante la letra clara de la ley, debemos seguir el principio jurídico

plasmado en el Art. 14 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, de

que “cuando la ley es clara [y] libre de toda

ambigüedad, la letra de

ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.”

Particularmente cuando la disposición en cuestión, no sólo está libre de

toda ambigüedad, sino que además, tiene un claro sentido jurídico como

sucede con el artículo antes citado.

En

el

caso

de

Merle

v.

West

Bend

Co.,

97

D.P.R.

403

(1969),

resolvimos que un relevo o descargo otorgado por un demandante a favor de

un codemandado y codeudor solidario no releva de responsabilidad a los

demás causantes comunes de un daño, cuando la intención de las partes en

el acuerdo de desistimiento así lo dispone.

En

Merle,

supra,

los

demandados

alegaron,

al

igual

que

los

codemandados en el presente caso, que siendo la responsabilidad entre

ellos solidaria, y que, habiéndose relevado de responsabilidad a uno de

influence over the other through the ownership of

its

stock

or

through

the

identity

of

its

stockholders”. (Citas Omitidas).

8

15 Fletcher Cyc Corp, §7045.10, 35 (Perm Ed) (1990).

9

Id.

los demandados, tal relevo beneficiaba a los codemandados; por lo que

procedía la desestimación de la demanda contra ellos.

En aquella ocasión hicimos énfasis en tomar como determinante la

intención de las partes en el relevo del causante común de un daño,

guiándonos por las disposiciones del artículo 1233 de nuestro Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471, el cual dispone:

Si los términos de un contrato son claros y no

dejan duda sobre la intención de los contratantes,

se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la

intención evidente de los contratantes, prevalecerá

ésta sobre aquéllas.

En

el

caso

ante

nos,

Gas

del

Pueblo

y

Liquilux

acordaron

una

estipulación en la cual desistían entre sí de cualquier reclamación que

tuviesen pasada, presente y en particular del presente pleito y aclararon

que

este

desistimiento

no

debía

entenderse

que

liberaba

de

responsabilidad a los restantes demandados en este caso; y que tampoco

constituía un desistimiento en cuanto a éstos, aun en el caso de que se

considerase la obligación o cualquiera de las obligaciones de éstos bajo

la reclamación incoada como una solidaria.

Se aclaró también que el

presente caso continuaba con toda su fuerza y vigor en cuanto a los

restantes codemandados.

Resulta obvio que Gas del Pueblo acordó desistir el pleito, pero

sólo a favor de Liquilux.

existía

la

intención

de

Además, se desprende con claridad que no

relevar

a

los

demás

codemandados

de

su

responsabilidad para con las demandantes.

Ante la letra clara de este acuerdo de desistimiento a favor de la

codemandada Liquilux, y a la luz de lo que resolvimos en Merle v. West

Bend Co., supra, concluimos que no operó la figura de confusión de

derechos

entre Gas del Pueblo y Liquilux.

Por lo tanto confirmamos la

determinación del Tribunal de Circuito de Apelaciones al sostener el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia declarando no ha lugar las

mociones de desestimación fundamentadas en este reclamo.

III

El segundo error señalado plantea si en esta jurisdicción existe un

derecho de nivelación entre conspiradores o actores en un caso bajo la

Ley 77, y bajo el artículo 1802 de nuestro Código Civil, supra.

La Ley 77, supra, no contiene disposición alguna a los efectos de

prohibir o autorizar la acción nivelatoria en un caso como el presente.

Por otro lado, nos encontramos ante un asunto novel ya que este Tribunal

no se ha expresado sobre este asunto anteriormente.

Ante esta situación, tenemos que tomar en consideración que nuestra

legislación antimonopolística se adoptó en 1964 a la luz de la Ley

Sherman10 y de la Ley Clayton.11 Estos estatutos federales regulan y

prohiben las prácticas monopolísticas desde su aprobación en 1890 y 1914

respectivamente.

Por

lo

tanto,

nos

toca

determinar

si

aplicamos

directamente

lo

resuelto por el Tribunal Supremo federal a los efectos de que no existe

el derecho de nivelación entre conspiradores o actores en un litigio

antimonopolístico; o si

por el contrario aplicamos supletoriamente nuestras disposiciones sobre

el derecho de nivelación entre co-coausantes de un daño a la presente

controversia.

Para poder determinar si el derecho de nivelación existe en una

reclamación bajo la Ley 77, es necesario examinar dicha ley, así como su

historial legislativo y los principios ilustrativos que se puedan hallar

en la jurisprudencia federal interpretativa de los estatutos federales

análogos.

Para llevar a cabo esta tarea es menester tener presente las reglas

para la interpretación de legislación adoptada de otras jurisdicciones,

según se infieren de interpretaciones hechas por este Tribunal. Veamos.

1.

Cuando un estatuto es copiado o adoptado de una

ley extranjera o de otra jurisdicción, se presume

que se adopta con la interpretación que se le ha

dado hasta ese momento en la jurisdicción de donde

procede; pero esta doctrina no es tan inflexible

10

15 U.S.C.A. §§1-7.

11

15 U.S.C.A. §§12-27.

como para obligar a seguir ciegamente lo resuelto

por esos tribunales.

2.

Es permisible acudir al Common Law cuando ello

es necesario para las interpretaciones de normas de

origen anglo-estadounidense,...en cuyo caso el

tribunal puede escoger otra norma, extranjera o de

confección propia, que considere más equitativa.

3.

Las

decisiones

de

los

tribunales

de

la

jurisdicción de donde se adopta una ley, emitidas

con posterioridad a su adopción en Puerto Rico, o

por tribunales de otras jurisdicciones, aunque no

obligan al Tribunal Supremo de Puerto Rico tienen

fuerza persuasiva para el mismo.12

Según

estas

normas

tribunales

de

jurisdicción

interpretar

son

la

de

de

carácter

interpretación,

en

que

se

persuasivo,

las

decisiones

origina

pero

la

nunca

de

los

legislación

obligatorio.

a

Es

decir, se puede tomar como referencia, pero no se debe seguir ciegamente

lo

resuelto

considera

por

esos

tribunales,

propio,

debe

escoger

sino

las

que

el

tribunal,

si

así

lo

normas

de

confección

propia

que

considere más equitativa, pudiendo expandir los derechos garantizados en

la jurisdicción de origen.

Utilizando estos criterios como guía para resolver la controversia

ante nos, consideraremos inicialmente el historial legislativo de la Ley

77, según lo discutiéramos en Pressure Vessels v. Empire Gas, op. de 23

de noviembre de 1994, 137 D.P.R. __ (1994), 94 J.T.S. 144.

Allí expresamos que fue intención de la Asamblea Legislativa que la

Ley

77,

supra,

se

económica y social.

interprete

conforme

a

nuestra

particular

realidad

Como uno de los objetivos fundamentales de la ley se

cita el siguiente:

Proveer una base flexible para la propia

ejecución de la ley, basada en una norma de

razonabilidad que permita a nuestros tribunales

tomar en cuenta las características propias y las

necesidades de nuestra economía, así como los

planes gubernamentales y la acción privada para

fomentarla; es decir, queda abierta la función

creadora en la aplicación de la ley, tanto en la

rama ejecutiva como en la judicial en sentido

favorable a nuestro desarrollo económico, aún en el

caso de disposiciones con precedentes en la

12

R. Elfren Bernier

Interpretación de las Leyes

J.T.S., págs. 451-454 (1987).

y

en

J.A. Cuevas

Puerto Rico,

Segarra, Aprobación e

2da. Ed., Publicaciones

legislación de los Estados Unidos.

Vessels, supra.13 (Enfasis nuestro).

Pressure

Con esto en mente tenemos que considerar -a pesar de las decisiones

federales que descartan el derecho de nivelación en reclamaciones bajo

las

leyes

particulares

a

aplicación

de

nuestro derecho de nivelación a reclamaciones bajo la Ley 77. Esto a

la

nuestra

antimonopolísticas

realidad

económica

y

federales-

los

social

ameriten

que

factores

la

luz de

la intención de la legislatura de que quede abierta la función creadora

en la aplicación de la ley en sentido favorable a nuestro desarrollo

económico,

aún

en

el

caso

de

disposiciones

con

precedentes

en

la

legislación de Estados Unidos.

Aun

así,

resulta

importante

estudiar

la

jurisprudencia

federal

existente a estos efectos para evaluar los fundamentos legales utilizados

para resolver de la forma en que se ha hecho, y determinar si existe

algún propósito en las leyes antimonopolísticas que sea óbice para la

aplicación del derecho de nivelación entre co-conspiradores en casos bajo

la Ley 77.

El

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

resolvió

que

bajo

la

legislación antimonopolística federal no existe el derecho de nivelación

entre co-conspiradores.

Texas Industries Inc. v. Ratclif Materials,

Inc., 451 U.S. 630 (1981).

En este caso se adoptó esta norma luego del

Tribunal Supremo federal haber realizado un extenso análisis, a saber:

(1)

si la intención legislativa del Congreso al aprobar las leyes

antimonopolísticas contempló el que se permitiera la acción nivelatoria

entre los co-causantes de un daño por violación a dicha legislación; (2)

si el denominado “derecho común federal” constituye una fuente de la cual

pueda

el

Tribunal

inferir

la

existencia

de

una

causa

de

acción

nivelatoria a favor de los co-causantes de un daño.

13

Véase:

Informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico, de

Hacienda y de Comercio e Industria, Diario de Sesiones, Asamblea

Legislativa (Cámara), 11 de mayo de 1964, págs. 1425-26.

Utilizando este análisis el Tribunal Supremo federal concluyó que en

el historial legislativo de la legislación federal no hay indicio que

permita la inferencia de que el Congreso tuvo en mente permitir la

procedencia

de

la

acción

nivelatoria

entre

los

co-conspiradores.

En

cuanto a la segunda parte del análisis, el Tribunal determinó que el mero

hecho

de

que

exista

una

base

jurisdiccional

que

le

permita

a

los

tribunales federales implementar y hacer valer las leyes del Congreso,

ello no significa que se haya extendido a estos tribunales la potestad de

forjar su propio derecho común en la tradición del derecho anglosajón.

Es patente que el análisis realizado por el Tribunal Supremo federal

en Texas Industries, supra, estuvo basado en la falta de poder de dicho

tribunal para decidir la cuestión a falta de un mandato legislativo

claro.

Esto resulta importante al estudiar la expresión del Tribunal al

respecto de que al denegar el derecho a nivelación en causas bajo las

leyes antimonopolísticas federales no estaba rechazando la validez del

ejercicio de tal derecho en dicha acción.

Reconoció que, a pesar de los

méritos de este reclamo, este es un asunto que le compete resolver al

Congreso y no a los tribunales federales.

Texas Industries, supra, a la

pág. 646.

A pesar de que resuelve de esta forma, el Tribunal Supremo federal

admite que del historial legislativo de las leyes antimonopolísticas

federales no surge que el Congreso tuviera la intención de conceder el

derecho de nivelación

ya que para la fecha en que se aprobó la Ley

Sherman, el derecho común no concedía este derecho entre los co-causantes

de un daño.

Son otros los factores que han tomado en consideración las cortes

federales para decidir que no existe un derecho de contribución en casos

bajo

las

leyes

antimonopolísticas.

Así,

se

consideraciones de política pública, a saber:

han

tomado

en

cuenta

se afectaría el control

del demandante del caso; se complicaría aún más el trámite del caso; el

efecto disuasivo de las leyes antimonopolísticas resalta al no existir el

derecho de nivelación.

47 A.L.R. Fed. 712, 714 (1980).

A

pesar

de

esta

decisión,

debemos

aclarar

que

existen

otros

tribunales federales y estatales que han estado dispuestos a formular

reglas para ejercer el derecho a nivelación en otras áreas del derecho

sin un mandato congresional expreso.14

IV

Habiendo realizado un análisis de la legislación antimonopolística

federal

y de

al derecho

la interpretación

de

nivelación

que se ha hecho de la misma en cuanto

no

encontramos propósito alguno en dicha legislación que impida conceder el

derecho de nivelación a la luz de nuestro derecho.

Más aún, de nuestro

estudio no surge que exista algún fin en las acciones antimonopolísticas

que se vea afectado de alguna manera al conceder el derecho de nivelación

entre

actores

o

conspiradores.

Por

lo tanto,

procede que evaluemos si debemos aplicar el derecho de nivelación que

existe en nuestra jurisdicción a los litigios que se presenten al amparo

de la Ley 77.

Veamos.

Según expresáramos anteriormente, la Ley 77 es silente en cuanto a

la responsabilidad que puedan tener los demandados con respecto a la

participación respectiva de cada uno.

Específicamente, no surge de dicha

legislación si existirá o no el derecho de nivelación entre éstos, en la

eventualidad de que uno tenga que responder por una cantidad mayor a la

que le corresponde.

Ante esta laguna nos corresponde seguir el principio establecido por

el

Artículo

12

del

Código

Civil,

31

L.P.R.A.

sec.

12,

de

que

las

deficiencias o insuficiencias de las leyes especiales serán suplidas por

las disposiciones del Código Civil, o por otras leyes in pari materia.

14

Véase: U.S. v. Valentine, 856 F. Supp. 627 (1994), permitió el

derecho de nivelación bajo RCRA (Resource Conservation and Recovery Act);

Chemung Canal Trust Co. v. Sovran Bank of Maryland, 939 F. 2d 12 (1991),

permitió el derecho de nivelación bajo ERISA (Employee Retirement Income

Security Act); Kohr v. Allegheny Airlines, Inc., 504 F2d. 400 (7th Cir.

1974), permitió el derecho de nivelación en casos de accidentes aéreos;

Grogg v. General Motors, 72 F.R.D. 523 (S.D.N.Y. 1976), permitió la

nivelación en casos de discrimen en el empleo; Globus, Inc. v. Law

Research Serv., Inc., 318 F.Supp. 955 (S.D.N.Y. 1970), permitió la

nivelación en casos de fraude de valores.

Así lo hemos establecido reiteradamente. Véase: Paine Webber, Inc. v.

op. de 30 de junio de 1994, 136 D.P.R. __ (1994),

First Boston, Inc.,

94 J.T.S. 98.

Lo

que

significa

que

en

nuestra jurisdicción existe

un cuerpo de derecho armónico que no puede obviarse al encontrarnos ante

deficiencias que surjan de las leyes especiales. Además, la norma en

cuanto al derecho de nivelación en general, es que éste es un derecho

sustantivo y por lo tanto está gobernado por las leyes del lugar en que

ocurre el daño.15

En Puerto Rico el derecho de nivelación entre co-causantes de un

daño existe desde que resolvimos García v. Gobierno de la Capital, 72

D.P.R. 138 (1951).

La norma en este sentido es que cuando un daño es

causado por dos o más personas, todos los co-causantes responderán al

demandante

por

los

daños

causados

y

que

su

responsabilidad

solidaria.

Entre estos co-causantes existe un derecho de contribución o

nivelación que procede del artículo 1098 del Código Civil,

será

31 L.P.R.A.

sec. 3109, el cual permite que el deudor solidario que pagó más de lo que

correspondía

reclame

las

porciones

correspondientes

a

los

demás

co-

deudores solidarios. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R.

191 (1973).

Esto es lo que se conoce como nivelación o contribución. 16

El propósito

fundamental

del

derecho

de nivelación en Puerto

Rico ha sido el de evitar el enriquecimiento injusto, según lo expresamos

en Ramos v. Caparra Dairy, 116 D.P.R. 60, 64 (1985):

[...]Se trata en realidad de evitar situaciones de

enriquecimiento

injusto,

reconduciendo

subjetivamente la carga prestacional hacia quienes,

en último término, corresponda.

15

18 Am. Jur. 2d §57, 2d ed., pág. 62 (1985). Véase: Caterpillar

Tractor Co., v. Teledyne Industries, Inc., 126 Cal. Rptr. 455 (1976).

16

La solidaridad entre co-conspiradores en una causa bajo la

legislación antimonopolística no está en controversia en el presente

caso.

Además, el principio de responsabilidad solidaria entre coconspiradores en casos bajo las leyes antimonopolíticas fue creado por

fiat judicial, y el mismo ha permanecido prácticamente incontrovertido

desde su creación hace más de noventa años. Véase: Edward D. Cavanagh,

Contribution,

Claim

Reduction,

and

Individual

Treble

Damage

Responsibility:

Which Path to Reform of Antitrust Remedies?, 40 Van.

Law. Rev. 1277, 1279 (1987); City of Atlanta v. Chattanooga Foundry, 203

U.S. 390 (1906).

El derecho a la nivelación se basa principalmente en la equidad,

toda vez que resulta completamente injusto que siendo dos o más personas

las causantes de un daño, se permita que el demandante por razón de

parentesco, amistad, por colusión, o por cualquier motivo, releve a éstas

de

responsabilidad

y

dirija

la

acción

exclusivamente

contra

otros.

García v. Gobierno de la Capital, supra.

Para que entre en vigor el derecho de nivelación en materia de

responsabilidad

extra-contractual

no

hace

falta

estatuto

al

efecto.

Monserrate Arroyo v. Hospital la Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992). Así

lo hemos adoptado a pesar de que la norma de la ley común inglesa

prevaleciente en Estados Unidos y la jurisprudencia federal ha sido la de

no reconocer en ausencia de legislación el derecho de que un cocausante

contribuya

al

pago

de

la

indemnización.

Cortijo

Walker

v.

Fuentes

Fluviales, 91 D.P.R. 574 (1964).

V

En el caso ante nos, tenemos que la Ley 77 fue adoptada a la luz de

la legislación federal sobre esta materia y que en ambas legislaciones

existe una laguna en cuanto a la aplicación del derecho de nivelación

entre co-conspiradores en una causa de acción antimonopolística.

En

vista de esta laguna se ha hecho necesario interpretar dicha legislación,

junto a su historial legislativo y a las interpretaciones hechas por los

tribunales federales para concluir que en reclamaciones bajo la Ley 77

existe el derecho de nivelación entre los co-conspiradores.

Resolvemos

hoy

de

esta

forma

ya

que,

como

expusiéramos

anteriormente, uno de los objetivos fundamentales de dicha ley fue que se

interpretara

flexiblemente

de

manera

que

los

tribunales

pudiéramos

ejercer nuestra función creadora en su aplicación, aún en el caso de

disposiciones

con

precedentes

en

la

legislación

de

Estados

Unidos.

Pressure Vessels, supra.

En la presente controversia, tanto el tribunal de instancia como el

tribunal apelativo aplicaron mecánicamente las determinaciones hechas por

los tribunales federales a los efectos de no conceder el derecho de

nivelación en los casos bajo la legislación antimonopolística. Se basaron

principalmente en la doctrina de interpretación de que cuando un estatuto

es copiado o adoptado de una ley de otra jurisdicción, se presume que se

adopta con la interpretación que se le ha dado en los tribunales de la

jurisdicción de donde procede.

norma

es

de

carácter

Sin embargo, y aunque reconocen que esta

persuasivo

y

no

obligatorio,

adoptaron

la

interpretación federal obviando el hecho de que los tribunales están

facultados para escoger normas de confección propia e incluso expandir

los derechos garantizados en la esfera federal.

El tribunal apelativo analizó el caso de Pressure Vessels, supra, y

concluyó que al allí haber recurrido a las interpretaciones federales de

la Ley de Monopolios, supra, este Tribunal aprobó implícitamente dichas

interpretaciones sin indicar excepciones particulares a la ley de Puerto

Rico.

De

esta

manera

justifica

la

aplicación

directa

de

Texas

Industries, supra, al caso de marras.

No obstante, esta interpretación que hace el tribunal apelativo es

incorrecta,

ya

que

en

Pressure

Vessels,

supra,

aunque

citamos

jurisprudencia federal a manera ilustrativa en relación a la Ley 77,

también acudimos a nuestra doctrina civilista y resolvimos al amparo de

nuestro ordenamiento procesal civil y del artículo 1802.

Resulta importante recalcar, que ante una legislación local adoptada

de otra jurisdicción, que no cuente con jurisprudencia interpretativa de

este Tribunal, los tribunales pueden acudir a la esfera federal para

ilustrarse sobre el derecho allí vigente. No obstante, no deben aplicar

ciegamente la doctrina interpretativa de estos tribunales.

Además, deben tener presente los fundamentos por los cuales los

tribunales federales han interpretado una legislación de cierta manera.

En

lo

que

concierne

al

presente

caso,

el

Tribunal

Supremo

federal

reconoció en Texas Industries, supra, que no rechazaba la validez del

ejercicio del derecho a nivelación en casos antimonopolísticos.

Además

admite

hubiera

que

una

posible

explicación

para

que

el

Congreso

no

otorgado este derecho es que para la fecha de aprobación de la Ley

Sherman y de la Ley Clayton, infra, el derecho común no proveía el

derecho a nivelación.

Texas Industries, supra, a la pág. 510, nota 17.

En el caso de Puerto Rico la situación es diametralmente diferente.

Nuestro sistema está sustentado por el derecho civil, y hemos garantizado

el

derecho

de

nivelación

en

casos

extra-contractuales

desde

que

resolvimos García v. Gobierno de la Capital, supra, en el año 1951. A

diferencia

del

Congreso

federal,

nuestra

legislatura

conocía

la

existencia de este derecho al momento de aprobar la Ley 77 en el año

1964, y nada dispuso para que dicho derecho no pudiera ejercerse.

A esto

se añade que para que tome vigencia el derecho de nivelación en materia

de

daños,

no

hace

falta

estatuto

al

efecto.

Monserrate

v.

Arroyo

Hospital la Concepción, supra.

Más

importante

resulta

el

hecho

de

que

la

decisión

en

Texas

Industries, supra, no representa un obstáculo para que los estados de la

Unión en los Estados Unidos apliquen el derecho de nivelación entre

conspiradores o actores en casos antimonopolísticos. Así, los tratadistas

han expresado:

State antitrust laws generally do not address

the subject of contribution, but state common law

or general statutory provisions, providing for

contribution among joint tortfeasors, may entitle a

defendant

to

contribution

under

certain

17

circumstances.

En

vista

jurisdicción,

de

los

reconocemos

asuntos

discutidos

particulares

hoy

derecho

los

el

de

a

nuestra

co-conspiradores

o

actores en una causa bajo la legislación antimonopolística, de manera que

éstos

puedan

ejercer

el

derecho

de

nivelación

en

los

casos

que

se

presenten bajo la Ley 77. Esto así, ya que este foro, como árbitro final

de

las

controversias

locales,

debe

adoptar

las

normas

que

sean

más

justas, razonables y equitativas, conforme a nuestra idiosincracia, y

rechazar una regla de otra jurisdicción, por ilustrativa y persuasiva que

sea, que conflija con nuestra tradición jurídica o que choque con nuestro

17

ABA Antitrust Section, Antitrust Law Developments, 3rd. Ed., a la

pág. 639 (1992).

sentido de justicia.

Ojeda v. El Vocero, op. del 26 de octubre de 1994,

137 D.P.R. __ (1994), 94 J.T.S. 131.

Por lo tanto, determinamos que las peticionarias Empire y Tropigas

tienen derecho a nivelar contra Liquilux, siempre y cuando se determine

en

un

juicio

plenario

si

dichas

empresas,

incurrieron o no en violaciones a la Ley 77.

incluyendo

Esto

así, a

a

Liquilux,

pesar de

que

P.R. Fuels desistió de su reclamación en contra de Liquilux, ya que es

claro

que

Liquilux

dicho

convenio

no

puede

pudiese

tener

para

con

perjudicar

los

demás

la

responsabilidad

demandados,

en

caso

que

de

determinarse que incurrieron en prácticas ilícitas de la competencia.

Merle v. West Bend, Co., supra.18

Al así resolver, se enfatiza el efecto disuasivo de la Ley

77, al

reducir la posibilidad de que un violador de esta

legislación pueda escapar el castigo que merece la conducta proscrita.

Así también se evita el dirigir toda la responsabilidad económica hacia

un co-demandado, lo cual podría sacarle del mercado por lo oneroso de los

daños triples que concede nuestra legislación antimonopolística. Avalar

esta situación y concluir que un demandado está impedido de ejercer el

derecho

de

nivelación

contra

otros

conspiradores

o

actores,

sería

claramente contrario al motivo fundamental de la Ley 77 que es proteger

la

libre

competencia

y

proscribir

males

que

amenazan

la

economía

general.19

18

En ese caso estuvimos ante una reclamación bajo la Ley de Contratos

de Distribución, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. §§278 et

seq., y bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §5141. En una

situación muy similar

continúa...

18...continuación

a la presente, el demandante celebró un contrato de transacción con uno de

los demandados, desistiendo de la reclamación en contra de éste. En ese

contexto fue que expresamos que el convenio no tenía el efecto de

perjudicar la responsabilidad que este último pudiera tener para con los

demás codemandados de determinarse que dicha responsabilidad resultara ser

solidaria.

19

Exposición de Motivos, Ley de Monopolios, supra.

Por último, se evita el enriquecimiento injusto de una parte que

contribuyó al daño causado al demandante mediante conducta violatoria de

nuestra legislación antimonopolística.

injusticia

de

que

un

actor

o

Resolver en contrario avalaría la

conspirador

cargue

con

un

peso

desproporcionado en relación al

daño que ocasionó junto a otros; estos últimos quedando liberados de su

responsabilidad por el hecho de no existir el derecho de nivelación.

Por todos los fundamentos expuestos con anterioridad

revocamos la

sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones en cuanto resolvió que

no existe en Puerto Rico un derecho de nivelación entre conspiradores o

actores en una causa instada bajo la Ley 77, y confirmamos en cuanto

determinó que no operó la confusión de derechos. Se devuelve el caso al

tribunal

de

instancia

para

procedimientos

compatibles

con

lo

aquí

resuelto.

Se dictará la sentencia correspondiente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

P.R. Fuels, Inc., et als.

*

*

*

*

Recurridos

v.

Empire Gas Co., Inc., et

als

*

*

CC-1996-173

*

*

*

Peticionarios

*

***********************************

P.R. Fuels, Inc., et als.

*

*

Recurridos

*

v.

*

Empire Gas Co. Inc., et als.

*

*

Peticionarios

*

***********************************

*

CC-1996-184

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se

hace formar parte de la presente, revocamos la sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones de 24 de abril de 1996 en cuanto resolvió que no

existe en Puerto Rico un derecho de nivelación entre conspiradores o

actores en una causa antimonopolística. Confirmamos dicha sentencia en

cuanto determinó que no operó la confusión de derechos. Se devuelve el

caso al tribunal de instancia para procedimientos compatibles con lo aquí

resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Subsecretaria del Tribunal

Supremo. Los Jueces Asociados señores Negrón García, Rebollo López y

Fuster Berlingeri no intervinieron.

Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria del Tribunal Supremo

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

JUEZ ASOCIADO