Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V HECTOR L COLON MENDOZA
1999 TSPR 165
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V HECTOR L COLON MENDOZA
CC-1998-1022
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
V.
99 TSPR 165
Héctor L. Colón Mendoza
Peticionario
Número del Caso: CC-1998-1022
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Benigno Alicea Alicea
Lcdo. Alfredo Ortiz Rivera
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. César López Cintrón
Lcda. Ivette Aponte Nogueras
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Ismael Colón Birriel
Fecha: 10/29/1999
Materia: Delito Contra Fondos Públicos
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1
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-98-1022
Certiorari
Héctor Colón Mendoza
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico a 29 de octubre de 1999
Debemos determinar si el Tribunal de Circuito de
Apelaciones carece de jurisdicción para revisar, mediante
recurso
de
Municipal,
certiorari,
una
que
vista
en
una
determinación
para
de
un
determinar
Juez
causa
probable para arrestar bajo la Regla 6 de Procedimiento
Criminal, luego de haber determinado causa probable en
cuatro
denuncias,
reconsideró
y
el
mismo
determinó
día
causa
y
en
corte
abierta
probable
por
un
solo
delito, acogiendo así el planteamiento del imputado de
que se trataba de un delito continuado.
Entendemos
controversia
de
que
estamos
derecho
frente
sustantivo
revisable por un tribunal apelativo.
a
una
que
es
Veamos
presente
los
hechos
que
dan
lugar
a
la
CC-98-1022
controversia.
I
El 17 de marzo de 1997, la ex contralor Ileana Colón Carlo juramentó
una querella donde hacía constar que, luego de una auditoría llevada a
cabo en el Municipio de Guayama, existía causa suficiente para creer que
el alcalde de ese municipio, Hon. Héctor L. Colón Mendoza, había violado
los artículos 202(a) y 215 del Código Penal, 33 L.P.R.A secs. 4353 y 4366
respectivamente
y
el
artículo
Gubernamental,
3
L.P.R.A.
3.2
sec.
(c)
1822
y
(c)
(e)
y
de
la
Ley
de
Ética
(e).
El
Secretario
del
Departamento de Justicia, luego de la investigación de rigor, determinó
también causa suficiente para creer que dichos estatutos fueron violados
por el alcalde y refirió el caso a un fiscal especial independiente, para
ser investigado conforme al artículo 11 de la Ley Núm. 2 del 23 de
febrero de 1988, según enmendada, Ley del Fiscal Especial Independiente,
3 L.P.R.A. sec. 99h et seq.
El fiscal especial, una vez hubo conducido su investigación, sometió
seis
denuncias
Investigaciones
ante
de
el
la
Tribunal
Sala
de
de
Primera
San
Juan,
Instancia,
para
la
Unidad
de
correspondiente
determinación de causa probable para arresto o denuncia de la Regla 6 de
las de Procedimiento Criminal,
34 L.P.R.A. Ap. II, Regla 6.
la comisión de cuatro (4) infracciones
Se imputaba
al Art. 202 (a) del Código
Penal1, supra y dos (2) infracciones al Art. 3.2 (c) y (e) de la Ley de
Ética Gubernamental, supra.
Todas ellas relacionadas a hechos cometidos
durante los años fiscales de 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996
en que, alegadamente, el alcalde contrató por más de diez mil dólares
1.
Negociación incompatible con el ejercicio del cargo público
Todo funcionario o empleado público que, directamente o por
persona intermedia, promoviere, autorizare, o realizare por
razón de su cargo, un contrato, subasta o cualquier operación
en la cual tenga un interés patrimonial, será sancionado con
pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
De
mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá
ser aumentada hasta un máximo fijo de cinco (5) años; de mediar
circunstancias atenuante, podrá ser reducida hasta un mínimo de
dos (2) años.
CC-98-1022
($10,000.00)
anuales
cada
vez,
los
servicios
de
comestibles
de
un
"comerciante, amigo y correligionario”, sin haber celebrado la subasta
requerida por ley para poder otorgar dichos contratos.
Luego de evaluada la prueba, la magistrada determinó causa probable
en
todas
y
cada
Inmediatamente
una
el
de
las
abogado
del
seis
denuncias
imputado
presentadas
solicitó
ante
sí.
verbalmente
la
reconsideración del dictamen de causa probable para las cuatro denuncias
relacionadas con la violación al Art. 202 del Código Penal, alegando que
se "trataba de un solo impulso o curso de acción por un período de tiempo
con una sola intención o propósito por lo cual el delito era uno continuo
que debía determinarse causa probable por una sola denuncia".
A pesar de
las objeciones del fiscal especial, la magistrada del foro de primera
instancia acogió el planteamiento del recurrido y agrupó en una sola
denuncia todos los hechos alegados por el Estado para cada año fiscal.
Los agrupó todos en el año fiscal de 1992-1993, fecha en que "comenzó" la
acción delictiva.
El Fiscal Especial recurrió al Tribunal de Circuito de Apelaciones
con un recurso de certiorari alegando que erró la magistrado del foro
inferior al haber convertido el delito en uno continuo, cuando lo que
procedía en derecho era determinar causa probable en cada denuncia por
separado para cada año fiscal en que alegadamente se cometieron los
delitos imputados al alcalde, por ser delitos separados, distintos e
independientes en cada uno de los años fiscales.
El foro apelativo,
luego de analizar ciertos aspectos procesales en cuanto a la presentación
y
notificación
del
recurso
planteados
ante
su
consideración
por
la
defensa del alcalde recurrido, determinó que el error había sido cometido
y revocó la resolución impugnada.
Recurre ahora ante nos el alcalde, alegando insuficiencia de la
notificación
del
recurso
presentado
en
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones, error que presentó oportunamente en aquel foro. Alega el
recurrente que fue notificado de dicho recurso con una copia no sellada
CC-98-1022
con la fecha y la hora de presentación, y que carecía del número del caso
asignado por la secretaría del tribunal según exigen las Reglas 33(b) y
43(b) del Reglamento del Circuito de Apelaciones.
El recurrido,
por su
parte, acepta que, aunque la copia no estaba debidamente sellada, la
misma fue notificada dentro del término de estricto cumplimiento que
establece la mencionada Regla 33.
Alega el peticionario, además, que el fiscal debió haber recurrido
en alzada a un juez del Tribunal de Primera Instancia de mayor jerarquía,
a cuestionar la determinación de inexistencia de causa probable, y por
tanto, el Tribunal de Circuito de Apelaciones carecía de jurisdicción
para entender en la controversia.
II
La Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R.
6, autoriza en su inciso (a) el que un magistrado del Tribunal de Primera
Instancia
expida
una
orden
de
arresto
cuando
por
denuncia
jurada,
declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia, o examen
bajo juramento del denunciante o testigos, si alguno, constare "causa
probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o
personas contra quienes
se imputa”.
La misma Regla 6, supra, en su inciso (c), establece que:
Si de la denuncia jurada o de la declaración o
declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen bajo
juramento del denunciante y sus testigos, si algunos, el
magistrado determinare la inexistencia de causa probable, no
podrá presentarse denuncia o acusación de clase alguna. En tal
caso o cuando la determinación de causa probable fuere por un
delito inferior o distinto a aquel que el fiscal entendiere
procedente, éste podrá someter el asunto nuevamente con la
misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior
del Tribunal de Primera Instancia.[...] (Énfasis nuestro.)
Como
vemos,
la
Regla
6
faculta
al
fiscal
a
someter
a
la
consideración de un magistrado de categoría superior, una determinación
de inexistencia de causa probable o una determinación de causa probable
por un delito inferior o distinto a aquel que el fiscal entendiere
procedente, con la misma o distinta prueba a la ya presentada.
En vista
de ello hemos resuelto que las resoluciones del tribunal de primera
CC-98-1022
instancia sobre determinación de inexistencia de causa probable para el
arresto o para acusar no son revisables mediante certiorari.
Véase,
Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412, 413 (1967); Pueblo v. Cruz
Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984).
No obstante haber reiterado la norma
de la no revisibilidad mediante certiorari de una determinación negativa
de causa probable, en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, a la página 30,
dijimos: "La determinación en los méritos del Juez Superior sobre la
existencia
de
causa
probable
no
es
revisable.
[...]
No
obstante,
cualquier otra determinación de derecho si puede ser revisada mediante el
recurso de certiorari."2 (Citas omitidas, énfasis nuestro).
El auto de certiorari, 32 L.P.R.A. sec. 3491 et seq.3,
es el
vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor
jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal
inferior.
Hace mucho tiempo establecimos que el mismo procede para
revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo. Pérez v.
Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4,7 (1948); Mercado v. Corte, 70 D.P.R.
789,800 (1950); Véase además, Ley de la Judicatura de 1994, 4 L.P.R.A.
sec. 22K (f)(i).
Ahora bien, ¿es la controversia ante nos una de derecho que puede
ser revisada mediante el recurso de certiorari en esta etapa de los
procedimientos?
Debemos dejar claro que no estamos ante un caso de inexistencia de
causa probable, ya que la magistrada del tribunal de primera instancia
2
Véase además, Chiesa E., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, Ed. Forum, 1993, t. III, págs. 46-47.
3
3491. Auto de certiorari, definición
El auto de certiorari es un auto expedido por un tribunal
superior a otro inferior, por el cual se exige del último la
remisión al primero de una copia certificada de las diligencias
pendientes en el tribunal inferior o los autos de alguna causa
ya terminada, en aquellos casos en que el procedimiento
adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, y
con objeto de terminar los procedimientos cuando el tribunal
inferior rehusare hacerlo fundado en bases erróneas.
CC-98-1022
determinó causa para todos y cada uno de los delitos para cada año en
cuestión.
Esto es, la jueza determinó que la prueba establecía la
probabilidad
de
que,
para
cada
año,
estuvieran
presentes
todos
los
elementos del delito y la probabilidad de que el imputado los hubiese
cometido, por lo que se justificaba que el Estado sometiera al imputado a
juicio.
Tampoco estamos ante un caso de determinación de causa para
delito inferior o distinto, ya que la causa probable se determinó por
infracciones al Art. 202(a), supra, el mismo delito por el cual el fiscal
sometió las denuncias originalmente. Es solamente en estos dos supuestos
que autoriza el inciso (c) de la Regla 6 a acudir en alzada a un juez de
categoría superior del mismo tribunal, y cuya determinación negativa no
será revisable mediante certiorari.
En cuanto al aspecto sustantivo, en
esta ocasión se trata de determinar si estuvo correcta la decisión de
agrupar en una sola denuncia todos los hechos delictivos de los restantes
cuatro
años
fiscales
por
ser
un
delito
continuo.
Esta
fue
la
controversia que el fiscal llevó al tribunal apelativo para que fuera
objeto de examen. Y ésta es precisamente una controversia de estricto
derecho, aislada de la norma de la no revisabilidad mediante certiorari
de una determinación negativa de causa probable.
III
Nuestro
llamado
Código Penal no
delito
continuo
o
provee una
continuado,
definición de
ni
disposición
lo que hemos
alguna
que
lo
regule.
Pueblo v. Cortés Rivera, Res. el 28 de enero de 1999, 99
T.S.P.R.
8.
El
delito
continuo
es
una
figura
del
derecho
penal
sustantivo que ha sido estudiada tanto por la doctrina civilista como por
la doctrina anglosajona.4
Lo hemos definido como "una pluralidad de
actos que aisladamente pudieran concebirse como delitos independientes,
4
Para un análisis más profundo sobre la doctrina del delito continuo o
continuado, véase, Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte General 656
(4ta. ed. 1996); Carlos Creus, Derecho Penal, Parte General, págs. 1189,
193 (2da. ed., 1990) Alfonso Arroyo de las Hieras, Manual de Derecho
Penal 267 (1985); María T. Castiñeira, El Delito Continuado 15 (1977); 11
Federico Puig Peña, Derecho Penal 301 (111959); 1 Wharton´s Criminal Law,
sec. 59 pág. 311 (1978).
CC-98-1022
pero que en conjunto se conciben como un delito único”. Id. También hemos
reiterado que se trata de una "transacción o una serie de actos continuos
puestos en movimiento por un solo impulso y operados por una sola fuerza
no intermitente no importa cuán largo sea el tiempo que
Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551, 568 (1953).
Sin
pueda ocupar”.
duda, siempre hemos
reconocido "las dificultades que entraña establecer un regla fija que
permita precisar cuándo un delito es continuo”.
Rivera, supra.
Id; Pueblo v. Cortés
En Puerto Rico hemos acogido mayormente las teorías
subjetivas que proponen que es preciso examinar la intención del agente
actor para determinar si en la serie de actos subsistió un único designio
5
común. A estos efectos nos dice la Profesora Nevárez :
El requisito del propósito o finalidad común es el de
mayor dificultad ya que la doctrina civilista exige que esta
intención esté presente y activa mientras dura la continuación.
Si se llegase a probar la desaparición de esa intención global
en cualquier momento, la persona pierde todo beneficio
dimanante de este concurso. La idea es que en la comisión de
la cadena delictiva ha mediado una intención común que aglutina
a todos los actos.
Ciertamente ni en la etapa de vista preliminar de las Reglas 6 ó 23,
ni
de
sus
respectivas
vistas
en
alzada,
son
momentos
procesales
adecuados para hacer determinaciones de intencionalidad. Equivaldría a
hacer de estas vistas mini-juicios. En esos momentos procesales, como ya
Y en este caso se
dijimos, se trata de establecer causa probable.
estableció.
Por tanto, no procedía acudir en alzada en busca de una
determinación positiva de causa probable ante un magistrado de mayor
jerarquía en el tribunal de primera instancia.
Por otro lado, no debemos claudicar nuestra prerrogativa apelativa de
hacer importantes determinaciones del derecho sustantivo utilizando el
vehículo
de
certiorari,
en
casos
en
que
como
éste,
las
reglas
permiten.
IV
Nevárez Muñiz, Dora, Derecho Penal Puertorriqueño,
pág. 330 (3ra. ed. 1995).
5
Parte General,
lo
CC-98-1022
La
parte
aquí
peticionaria
señala
que
el
Fiscal
Especial
6
Independiente incumplió con las Reglas 33(b) y 43(b) del Reglamento del
Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A R. 33 y 43,
ya que, a pesar de haber recibido la copia del recurso de certiorari
presentado
ante
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
dentro
del
término de cumplimiento estricto que disponen dichas reglas, la copia no
estaba debidamente sellada con el número, la fecha y la hora de la
presentación.
La
Regla
33(b),
supra,
establece
que
el
peticionario
ha
de
notificar, dentro del término de cumplimiento estricto establecido, una
copia del recurso presentado debidamente sellado con fecha y hora de
presentación a la parte recurrida. No hay duda de la importancia de
dicha disposición.
Es imprescindible que la parte recurrida conozca la
fecha en que se presentó el recurso para que pueda constatar si el mismo
fue presentado dentro del plazo legal correspondiente y si, por ende, el
tribunal apelativo adquirió la jurisdicción que le permita revisar el
planteamiento en sus méritos.
Surge de los autos que el término de estricto cumplimiento para
presentar el recurso ante aquel tribunal expiraba el sábado 25 de julio
de 1998, que por ser día de fiesta legal se extendió hasta el martes 28,
ya que el lunes 27 era a su vez, día de fiesta. No existe controversia
alguna en cuanto al hecho de que la petición de certiorari no sellada,
con todos sus anejos, se notificó al abogado del recurrente el miércoles
El recurrente invoca erradamente el requisito de la Regla 43(b),
supra, en cuanto a que el recurso contenga el número de presentación
cuando haya sido presentado en la Secretaría del Tribunal de Circuito de
Apelaciones. No obstante, esta regla se refiere a aquellos certiorari de
casos originados en la Comisión Estatal de Elecciones, por lo que no
aplica al presente caso.
6
La Regla 33(b) en su parte pertinente dispone:
(B)
Notificación del recurso a las partes
La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari,
debidamente sellada con la fecha y hora de presentación, a
los(as) abogados(as)de récord, o en su defecto, a las
partes...dentro del término jurisdiccional o de cumplimiento
estricto establecido por ley, según sea el caso, para presentar
el recurso. [...]
CC-98-1022
22 de julio de 1999, mediante correo certificado con acuse de recibo.
Tampoco existe controversia respecto a que el viernes 24, todavía dentro
del término de estricto cumplimiento de la mencionada regla, se notificó
por
correo
certificado
con
acuse
de
recibo,
una
moción
sobre
notificación de recurso, debidamente sellada y con hora de presentación,
donde se informaba al abogado del alcalde recurrente que el día 22 de
julio
se
había
certiorari.
presentado
ante
el
foro
apelativo
la
petición
de
A pesar de que insistimos en que las normas reglamentarias
han de ser observadas de manera rigurosa, Arriaga v. F.S.E., Res. el 18
de marzo de 1998, 98 TSPR 27, estimamos que el presente fue un defecto
de
forma
que
quedó
subsanado
cuando,
dentro
del
término
legal,
el
recurrido notificó su moción sobre notificación de recurso. La razón de
ser de la regla quedó satisfecha permitiendo que el recurrido conociera
que el recurso fue presentado dentro del plazo legal autorizado, por lo
que entendemos que el defecto de forma incurrido no debe conllevar la
desestimación del recurso.
Por
los
fundamentos
expresados se
devuelve
el caso
al
Tribunal
de
Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma
consistente con lo aquí expresado.
JOSE A. ANDREU GARCIA
Juez Presidente
CC-98-1022
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-98-1022
Certiorari
Héctor Colón Mendoza
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 29 de octubre de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual forma parte integra de de la presente,
se expide el auto solicitado y se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito,
Sala de San Juan, para la continuación de los
procedimientos de forma consistente con lo expresado en
la opinión del Tribunal.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Subsecretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado
señor Negrón García disiente sin opinión escrita.
El
Juez Asociado señor Rebollo López disiente con opinión
escrita.
Carmen E. Cruz Rivera
Subsecretaria del Trbunal Supremo
CC-98-1022
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-98-1022
CERTIORARI
Héctor L. Colón Mendoza
Acusado-peticionario
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 1999
No podemos suscribir la tesis mayoritaria por cuatro
razones principales: primero, cuando un juez, enfrentado
con cuatro pliegos de denuncias, determina causa probable
con respecto a
los mismos y,
reconsidera
y
determina
delito,
efecto
el
de forma contemporánea,
causa
práctico
probable
de
esa
por
actuación
un
solo
es
que
determina inexistencia de causa probable en los restantes
cargos,
ello
independientemente
de
las
razones
o
fundamentos que aduzca en apoyo de su actuación; segundo,
la
determinación
criminal
de
un
de
si
imputado
la
intención
o
negligencia
fue
continua
o
no,
no
es
revisable vía certiorari debido a que, por definición, es
una cuestión eminentemente de
CC-98-1022
hecho; tercero, elementos básicos dimanantes del debido proceso de
ley exigen que la intención o negligencia criminal se establezca
durante las etapas preliminares al juicio; y, por último, la decisión
hoy emitida causará que el Tribunal de Circuito de Apelaciones se vea
“inundado” con recursos de certiorari en revisión de determinaciones
de inexistencia de causa probable para arresto, y/o por un delito
menor incluido, en los cuales esté envuelta una cuestión de derecho.
I
El 17 de marzo de 1997, el Contralor de Puerto Rico
--
conforme las disposiciones del Artículo 4 de la Ley Núm. 2 del 23 de
febrero
de
19987,
conocida
como
la
Ley
del
Fiscal
Especial
Independiente-- juramentó una querella en la cual hizo constar que
consideraba, luego de haber realizado una auditoría en el Municipio
de Guayama, que existía "causa suficiente" para creer que el aquí
peticionario, Alcalde de dicho Municipio, había violado los Artículos
202(a) y 215 del Código Penal de Puerto Rico8 y las Secciones (c) y
(e) del Artículo 3.2 de la Ley de Etica Gubernamental. Ley Núm. 12 de
24 de julio de 1985, 3 L.P.R.A. sec. 1801, et seq..
Luego de practicada, por el Secretario de Justicia de Puerto
Rico,
la
correspondiente
investigación
preliminar
que
ordena
la
referida Ley Núm. 2 del 1998, el Secretario determinó la existencia
de "causa suficiente" para creer que el mencionado Alcalde pudo haber
incurrido en las violaciones de ley antes citada; procediendo el
Secretario a rendir un informe detallado al Panel sobre el Fiscal
Especial Independiente. Evaluado dicho informe, el Panel designó al
Lcdo. César López Cintrón como Fiscal Especial Independiente.
Concluida
someter
ante
su
la
investigación,
consideración
del
el
Fiscal
Tribunal
Especial
de
Primera
procedió
a
Instancia,
Unidad de Investigaciones de la Sala de San Juan, seis (6) proyectos
7
8
3 L.P.R.A. sec. 99k.
33 L.P.R.A. secs. 4353 y 4366, respectivamente.
CC-98-1022
de denuncias para la correspondiente determinación de causa probable
para arresto al amparo de las disposiciones de la Regla 6(a) de las
Reglas de Procedimiento Criminal9. Los seis (6) proyectos de denuncias
se
desglosaban
de
la
manera
siguiente:
cuatro
(4)
denuncias
por
supuestas infracciones al Artículo 202(a) del Código Penal10 y dos (2)
denuncias por supuestas violaciones al Artículo 3.2(c) y (e) de la
Ley de Etica Gubernamental.
Luego de recibida la prueba correspondiente, la juez municipal
que presidió los mencionados procedimientos citó a las partes para el
25 de junio de 1998, fecha en la que emitiría su dictamen. En dicho
día, la referida magistrado, originalmente, determinó causa probable
para arresto en todas y cada una de las seis (6) denuncias que fueron
sometidas ante su consideración.
La
defensa
del
Alcalde,
ese
mismo
día
y
en
corte
abierta,
solicitó la reconsideración de las determinaciones de causa probable
para arresto en relación con las cuatro (4) denuncias por supuestas
infracciones
al
defensa
imputado,
del
Artículo
en
202(a)
del
dicho
día,
Código
Penal.
que
"trataba
se
Argumentó
de
un
la
solo
impulso o curso de acción por un período de tiempo [sic] con una sola
intención o propósito por lo cual el delito era uno continuo [y] que
debía determinarse causa probable por una sola denuncia".
La
magistrado,
planteamiento
de
ese
mismo
día
la
defensa,
y
en
corte
procediendo
abierta,
a
acogió
el
reconsiderar
su
determinación original de causa probable para arresto por cuatro (4)
infracciones al mencionado Artículo 202(a) del Código Penal; esto es,
determinó causa probable para arresto contra el aquí peticionario por
una (1) sola infracción al aludido artículo de ley.
El Fiscal Especial Independiente procedió, entonces, a radicar
un recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones,
9
34 L.P.R.A. Ap. II, R.6.
Cada denuncia se refería a actos alegadamente cometidos durante
años diferentes, a saber: año 1992-93, año 1993-94, año 1994-95, y
año 1995-96.
10
CC-98-1022
imputando al foro de instancia haber errado "... al determinar que en
relación al Art. 202(A) del Código Penal, lo que procedía era una
sola
denuncia
por
todo
el
período
de
tiempo
imputado
[sic],
convirtiendo el delito en uno continuo, cuando lo que procedía en
derecho era una denuncia en cargo por separado para cada año fiscal
que se alega se cometió delito."
La representación legal del imputado solicitó la desestimación
del recurso de certiorari radicado por dos (2) fundamentos, a saber:
1) el fiscal especial independiente no cumplió con lo
dispuesto en la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de
Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 33, es
decir, no le notificó la solicitud de certiorari, a la
parte recurrida, debidamente sellada con la fecha y la hora
de
la
presentación
dentro
del
término
de
estricto
cumplimiento establecido en dicho reglamento; y
2) que el Tribunal de Circuito carece de facultad en ley
para revisar mediante auto de certiorari una determinación
de inexistencia de causa probable para arrestar o acusar.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante Sentencia de
fecha 30 de octubre de 199811, revocó la actuación del tribunal de
instancia determinando que el Fiscal Especial Independiente tenía el
derecho a "...presentar cuatro (4) denuncias por separado para cada
omisión o acto en que el recurrido [Alcalde]] no celebró subasta con el
único fin de beneficiar al funcionario mencionado".
Solicitada
la
reconsideración
de
la
sentencia
emitida,
y
denegada la misma por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, acudió
Héctor L. Colón Mendoza ante este Tribunal en solicitud de revisión
de
la
mencionada
sentencia.
En
el
recurso
que
a
esos
efectos
radicara, imputó al foro de instancia haber errado "...al determinar
que el peticionario [Fiscal Especial Independiente] cumplió con las
disposiciones
de
la
Regla
33(B)
del
Reglamento
del
Tribunal
[de
Circuito]]".
Mediante Resolución, de fecha 26 de febrero de 1999, concedimos
término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual este
CC-98-1022
Tribunal
no
debía
expedir
el
auto
solicitado
y
dictar
Sentencia
revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
En cumplimiento de la referida Resolución ha comparecido el Fiscal
Especial Independiente, Lcdo. César López Cintrón.
II
En
nuestra
opinión,
procede
decretar
la
revocación
de
la
sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Veamos por qué.
El Inciso (c) de la Regla 6, de las Reglas de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6, establece que:
"(c) Si de la denuncia jurada o de la declaración o
declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen
bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos,
el
magistrado
determinare
la
inexistencia
de
causa
probable, no podrá presentarse denuncia o acusación de
clase alguna. En tal caso o cuando la determinación de
causa probable fuere por un delito inferior o distinto a
aquél que el fiscal entendiere procedente, éste podrá
someter el asunto nuevamente con la misma o con otra prueba
a un magistrado de categoría superior del Tribunal de
Primera Instancia. El magistrado, una vez tenga ante sí
dicha solicitud, podrá prontamente expedir u ordenar al
secretario del tribunal que expida citación tanto al
imputado como a los testigos de cargo anunciados, las
cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal
o sus delegados". (Enfasis suplido.)
Como podemos notar, y ante los hechos particulares del presente
caso, el curso correcto y específico a seguir por el Fiscal Especial
Independiente
adicional,
era
el
nuevamente
someter,
el
asunto
de
Primera
superior
del
Tribunal
actuación
en
reconsideración
todos
efectos
los
con
prácticos
la
ante
misma
un
la
juez
y
jurídicos,
o
magistrado
Instancia.
de
prueba
Ello
así
municipal
a
una
de
con
prueba
categoría
ya
que
equivale,
la
para
determinación
de
inexistencia de causa probable para arresto en cuanto a tres (3) de
las cuatro (4) proyectos de denuncia que le fueron sometidos.
Dicho de otra manera: no hay duda del hecho de que el fiscal
especial entendía que las actuaciones del aquí peticionario, en cada
11
Notificada la misma el día 5 de noviembre de 1998.
CC-98-1022
uno de los años fiscales a que hacían referencia los proyectos de
denuncia,
constituían
separados.
La
un
juez
delito
municipal
distinto,
o
así
entendió
lo
sea,
cuatro
delitos
originalmente,
determinando causa probable por cuatro (4) infracciones al Artículo
202(a)
del
vigente
Código
Penal.
Ello
no
obstante,
y
ante
la
solicitud de reconsideración de la defensa, resolvió que era un solo
delito. Dicha actuación, repetimos, cae bajo las disposiciones de la
antes transcrita Regla 6(c) de Procedimiento Criminal.
Aquí poco importa el fundamento esgrimido por la defensa, y
acogido por la Juez para reconsiderar, ya que es norma reiterada que
la revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos.
Pueblo v. González Vega, res. el 16 de marzo de 1999, 99 TSPR 21;
Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 695 (1983). En
otras palabras, lo importante no son los fundamentos del tribunal
sino su actuación.
Con relación a los delitos que nos ocupan, el F.E.I. presentó
ante el tribunal cuatro proyectos de denuncia, el tribunal encontró
causa en los cuatro; al reconsiderar ¿qué hizo?: entendió que hubo
sólo una intención criminosa por lo que determinó causa con respecto
a
un
solo
delito.
Si
los
agrupó,
o
no,
eso
es
otro
problema.12
Cualquier abogado de experiencia en el ámbito penal sabe que, en la
práctica, el magistrado no prepara denuncia alguna; mucho menos hace
el ejercicio de “agrupar” todos los delitos en una sola denuncia.
Ante
él
se
presentan
los
pliegos
con
la
información
vertida
de
antemano y su rol, luego de escuchar la prueba, se limita a marcar un
encasillado
que
inexistencia
de
revela
causa.
su
Señalar
determinación:
que
la
causa
magistrado
probable
en
este
o
caso
“agrupó” los delitos deja una impresión imprecisa de lo acontecido,
esto es, de que el tribunal descartó todos los cuatro pliegos de
12
No discutiremos los problemas que podría enfrentar la posible
acumulación indebida de delitos contemplada en la Regla 37(a) de
Procedimiento Criminal.
CC-98-1022
denuncia e hizo uno “nuevo” donde agrupó las cuatro denuncias. Al
reconsiderar, el tribunal, luego de haber hallado causa en los cuatro
pliegos
presentados,
dejó
sin
efecto
su
determinación
original
y
determinó causa sólo en uno. Por ello, lo importante no es si los
agrupó o no, sino la realidad de que, al reconsiderar, determinó
causa sólo en cuanto a un delito, no los cuatro.
En otras palabras, a nuestra manera de ver las cosas, ante una
situación de hechos como la que plantea el presente caso, no es de
aplicación las disposiciones de los incisos (f) e (i) del Artículo
4.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22K(f) e
(i), las cuales proveen para la revisión, vía certiorari, ante el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
de
órdenes
o
resoluciones
interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Aquí
no hay ninguna orden o resolución interlocutoria; de lo que se trata
es
de
una
determinación
de
inexistencia
de
causa
probable
para
arresto.
Resumiendo, somos del criterio de que el Tribunal de Circuito de
Apelaciones carecía de jurisdicción para entender en el recurso de
certiorari
que
radicara
ante
dicho
foro
el
Fiscal
Especial
Independiente. Al así resolver, estamos conscientes de que la falta
de jurisdicción no fue uno de los errores planteados ante nos. Sin
embargo, como es sabido, este Tribunal, no tiene que limitarse a los
errores
señalados,
ausencia
de
máxime
jurisdicción.
en
casos
Como
como
el
reiteramos
en
de
autos
Rodríguez
donde
hay
Cruz
v.
Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 511-512 (1990),
"...aun cuando la parte recurrente no lo señale o levante
como error, este Tribunal entenderá en todas aquellas
cuestiones que a su juicio ameritan ser consideradas y
resueltas en un recurso. Ello nos obliga a entender, motu
proprio, en dicho punto". (Citas omitidas.)
IV
Ahora bien, considerando que a nuestro parecer la actuación del
Tribunal de Primera Instancia fue, para todos los efectos prácticos,
CC-98-1022
un determinación de inexistencia de causa probable en los restantes
pliegos, resta dilucidar si ello es una cuestión de derecho revisable
vía
certiorari
como,
erróneamente,
pregona
la
Mayoría
de
este
Tribunal.
Amparados en un escueto análisis de nuestra decisión en Pueblo
v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984), la Mayoría expresa que nos
encontramos ante una cuestión de derecho. Se equivoca. Examinemos en
detalle dicha decisión.
Cierto
es
que
en
Cruz
determinaciones
de
derecho
Justiniano,
ante,
pueden
revisadas
ser
expresamos
ante
que
las
un
foro
apelativo. Sin embargo, nuestra escueta expresión en ese caso sólo se
circunscribe a eso: determinaciones de derecho. Nada más nada menos.
Así, tomando como ejemplo el propio caso de Cruz Justiniano, podíamos
revisar el término que tiene disponible el Estado para acudir en
alzada.
Esa
determinación
no
conlleva,
obviamente,
determinación
alguna de hecho. Allí, nos expresamos en cuanto al término que tiene
el Ministerio Público para acudir en alzada. Dicha determinación no
era de hecho ni tenía, de forma alguna, relación con la culpabilidad
o inocencia del acusado; la misma era, simplemente, una controversia
pura de derecho sujeta a nuestra función revisora.
¿Es la determinación de delito continuo una de derecho de forma
tal que pueda revisarse vía certiorari?
La
determinación
de
la
continuidad
de
unos
actos
delictivos
constituye, sin duda alguna, una determinación, principalmente, de
hecho. Aunque, ciertamente, la doctrina es una de derecho, muy poco
concierne a éste de forma tal que pueda afirmarse que es una cuestión
de derecho que puede revisarse vía certiorari ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones.
Examinemos algunos casos de “delito continuo” a los fines de
explicar en qué contexto se adjudicó la controversia en los mismos.
Esto, porque en el caso de autos --una determinación de Regla 6-- no
era posible que el Tribunal de Circuito de Apelaciones examinase los
CC-98-1022
hechos que motivaron al tribunal a descifrar el tipo de intención
(continua o no) criminal que tenía Colón Mendoza al delinquir.
En Pueblo v. Cortés Rivera, res. el 28 de enero de 1999, 99 TSPR
8, consideramos si tres cargos constitutivos del delito de actos
lascivos en realidad constituían un delito continuo. Nótese que este
análisis se hace luego de que Cortés Rivera fuera encontrado culpable
de los tres cargos. De un examen detenido de nuestra adjudicación, se
desprende con firmeza que resolvimos, correctamente, a la luz de la
exposición narrativa de la prueba, la cual había sido estipulada por
las partes. Esto es, al evaluar el hecho en controversia --si hubo
unidad
de
resolución
o
intención
del
acusado
al
delinquir--
lo
hicimos a la luz de la prueba que desfiló ante el juzgador de los
hechos. En dicho caso, toda la discusión sobre la continuidad del
delito giro en torno a los hechos, es decir, la controversia sobre si
una conducta delictiva se cometió con cierta intención --continua,
especifica, o general-- es una de hecho.
Véase, además, Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551 (1953), donde
definimos el delito continuo como “una transacción o una serie de
actos continuos puestos en movimiento por un solo impulso y operados
por una sola fuerza no intermitente, no importa cuan largo sea el
tiempo que pueda ocupar.” (Subrayado nuestro). Cf. Pueblo
v. Serrano
Pagán,
85
desfilada
D.P.R.
684
ante
juzgador,
el
(1962),
en
el
cual,
expresamos
que
al
evaluar
la
prueba
“el
hecho
de
que
la
infracción de una ley pueda extenderse por un período más o menos
largo, no convierte el delito en uno continuo.”
En Pueblo v. Pound, 101 D.P.R. 41 (1973), hicimos una evaluación
de la prueba desfilada en el juicio para concluir que no hubo la
unidad de acto que requiere el delito continuo. Por último, y a esos
mismos
efectos,
véase
Pueblo
(1954).
Debe
mantenerse
presente
evalúa
para
determinar
si
un
v.
Negrón
que,
delito
Quiñones,
por
es
77
definición,
continuo
es
D.P.R.
782
lo
que
se
un
aspecto
subjetivo de hecho --la intención subjetiva del actor-- asunto que no
CC-98-1022
puede
ser
revisado
a
través
de
un
recurso
interlocutorio
de
certiorari.
¿A base de qué examinamos si la intención subjetiva de Colón
Mendoza
era
prácticas,
una
en
continua?
esta
etapa
Por
de
supuesto,
los
y
por
procedimientos
consideraciones
resulta
imposible
evaluarlo.
A luz de lo anterior, es que entendemos que no estamos ante una
cuestión
de
derecho
revisable
bajo
el
palio
de
Pueblo
v.
Cruz
Justiniano, ante. Por el contrario, dilucidar si el agente actor
actuó a base de la “pluralidad de actos que se conciben como un
delito
único”,
constituye
un
ejercicio
judicial
encaminado
a
determinar el estado mental de éste. No puede entonces revisarse
dicha cuestión a nivel apelativo, a base del propio caso de Cruz
Justiniano.
Por otra parte, la Mayoría, de forma realmente incomprensible,
señala que “ni en la etapa de vista preliminar de las Reglas 6 o 23,
ni [en] sus respectivas vistas en alzada, son momentos procesales
adecuados
para
hacer
determinaciones
de
intencionalidad”.
Por
más
esfuerzo que hacemos para comprender dicha aseveración, no podemos
lograrlo.
Sabido
es
que
sin
intención
o
negligencia
criminal
es
imposible delinquir. Por ello, sin ánimo de convertir las vistas de
causa
probable
en
minijuicios,
para
determinar
causa
probable
conforme a derecho es imprescindible que el juez entienda que, acorde
con el quantum de prueba requerido para cada una de las vistas, el
imputado tenía la intención o negligencia criminal que requiere el
delito imputado. Es doctrina reiterada en nuestra jurisdicción que en
las
vistas
elementos
de
causa
probable
del
delito
y
su
hay
que
conexión
demostrar
con
el
cada
imputado.
uno
de
los
Pueblo
v.
Meléndez Clay y otros, res. el 16 de junio de 1999, 99 TSPR 94;
Pueblo v. Andaluz Méndez, res. el 30 de junio de 1997, 143 D.P.R. __
(1997); Pueblo v Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985); Vázquez
Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972).
CC-98-1022
Los
principios
más
elementales
del
debido
proceso
de
ley
sustantivo, exigen que, al aprobar legislación penal, el Estado no
afecte de manera irracional, arbitraria o caprichosa, los intereses
de
libertad
y
propiedad
de
todo
ser
humano
en
una
sociedad
democrática. Por ello, en esta bendita tierra, cada uno los delitos
estatuidos
por
nuestra
Asamblea
Legislativa
tiene,
como
elemento
vital, la intención o negligencia criminal contemplada en nuestro
Código
Penal.
Pueblo
v.
Robles
González,
132
D.P.R.
554
(1993);
Artículo 14 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3061. A
nuestra manera de ver las cosas, sencillamente, es un error craso de
la Mayoría afirmar que la intención o negligencia criminal no juega
ningún papel hasta tanto llegue la etapa del juicio. ¿Acaso en Puerto
Rico se priva de la libertad a los ciudadanos sin que haya mediado
intención
delictiva
en
la
conducta
imputada?
Simplemente,
sería
inconstitucional.
Por último, deseamos dejar constancia del hecho que la decisión
que hoy emite una mayoría de los integrantes de este Tribunal es una
no solo errónea sino que muy poco práctica, la cual tendrá el efecto
noscivo de “inundar”, con recursos innecesarios de certiorari, al
Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ello así ya que prácticamente
toda determinación de causa probable para arresto que se haga a nivel
de
instancia
por
un
delito
menor
al
imputado
y/o,
incluso,
de
inexistencia de causa probable necesariamente envuelve, o conlleva,
una determinación de derecho. Meramente, a manera de ejemplo, en toda
determinación sobre si la muerte ilegal causada constituye un delito
de asesinato en primer grado o en segundo grado o, por el contrario,
un delito de homicidio voluntario, está envuelta una cuestión de
hecho y de derecho, igual que en el caso presente.
V
En vista de lo anteriormente expuesto, es innecesario discutir
el señalamiento de la parte aquí peticionaria a los efectos de que el
CC-98-1022
fiscal
especial
independiente
incumplió
con
el
Reglamento
del
Tribunal de Circuito de Apelaciones al notificarle una copia del
recurso
de
certiorari
radicado
que
no
contenía
ni
el
"sello
de
radicación" del mencionado foro apelativo intermedio, demostrativo el
mismo de la hora y fecha exacta en que el recurso fue efectivamente
radicado,
como
tampoco
contenía
dicha
copia
el
"número
de
presentación" del caso ante dicho foro apelativo; requisitos que,
conforme sostiene la parte peticionaria, son de cumplimiento estricto
y cuyo incumplimiento hace mandatoria la desestimación del recurso
radicado13.
13
La Regla 33(b) del Reglamento del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 33, dispone, en lo pertinente,
que:
"La parte peticionaria notificará la solicitud de
certiorari debidamente sellada con la fecha y la hora de
presentación a los (as) abogados (as) de récord, o en su
defecto, a las partes... dentro del término jurisdiccional
o de cumplimiento estricto establecido por ley, según fuere
el caso, para presentación el recurso...
La fecha de depósito en el correo se considerará como
la fecha de notificación a las partes..." (Enfasis
suplido.)
Tenemos, además, que la Regla 43(B) del antes
reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, 43(B), establece que:
mencionado
"La parte peticionaria notificará la solicitud de
certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora de
presentación, a los(as) abogados(as) de récord o, en su
defecto,
a
las
partes,
de
forma
simultánea
a
su
presentación. Cuando la solicitud haya sido presentada en
la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, ésta
contendrá el número de presentación. La notificación se
efectuará de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 48 de este
Reglamento." (Enfasis suplido.)
La razón de ser de ambas disposiciones, y los requisitos que
establecen, es obvia. La parte recurrida tiene derecho a saber, en
primer lugar, la fecha exacta en que la parte peticionaria presentó
el recurso de certiorari ante el tribunal apelativo con el propósito
de poder determinar si el mismo fue radicado en tiempo. En segundo
término, la parte recurrida tiene el derecho a conocer cuál es el
número de identificación o presentación del caso con el propósito de,
al comparecer ante el foro apelativo, poder garantizarse que sus
escritos sean "unidos" al expediente correcto. Estos requisitos, no
hay duda, son importantes.
CC-98-1022
El Tribunal de Circuito de Apelaciones, a pesar de entender que
dichos
resolvió
requisitos
que
dicho
efectivamente
son
incumplimiento
no
de
cumplimiento
ameritaba
la
estricto,
desestimación
solicitada por cuanto la notificación de la copia del recurso al
recurrido se hizo dentro del término de estricto cumplimiento que
dispone
dicha
importante.
No
regla,
hecho
que
pasamos
juicio,
entiende
repetimos,
es
sobre
el
la
verdaderamente
corrección
o
incorrección de dicha posición.
Por las razones expresadas, disentimos.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
Hemos resuelto que cuando se trata de términos o requisitos de
cumplimiento
estricto,
el
foro
judicial
queda
liberado
del
automatismo que conllevan los requisitos o términos de índole
jurisdiccional y que éste puede proveer la justicia que ameriten las
circunstancias. En otras palabras, una parte puede ser eximida del
cumplimiento de un requisito de cumplimiento estricto siempre que, en
efecto, exista justa causa para dicho incumplimiento y que la parte,
efectivamente, le demuestre al tribunal, en forma específica y
detallada, las razones o excusas que tuvo para incurrir en dicho
incumplimiento. Véase: Pueblo v. Pérez Suárez, Opinión Per Curiam y
Sentencia de 16 de septiembre de 1998; Arriaga Rivera v. F.S.E.,
Opinión y Sentencia de 18 de marzo de 1998. De otra parte, debe
mantenerse igualmente presente que hemos resuelto que constituye
norma reiterada que las disposiciones reglamentarias, relativas a los
recursos presentados ante este Tribunal deben ser observadas de
manera rigurosa, norma que es extensiva al Reglamento del Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Arriaga Rivera v. F.S.E., ante.
En cuanto al incumplimiento en el cual incurrió en el presente
caso, el fiscal especial independiente realmente no aduce justa causa
que excuse su actuación o incumplimiento. El fiscal especial
meramente se limita a admitir que no cumplió, luego de lo cual
sostiene, equivocadamente, que se trata de requisitos de forma y que
lo verdaderamente importante es que él notificó a la parte recurrida
con copia del recurso dentro del término provisto por ley para la
presentación del recurso. Ello no es suficiente.