LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V HECTOR L COLON MENDOZA

1999 TSPR 165

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V HECTOR L COLON MENDOZA

CC-1998-1022

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

V.

99 TSPR 165

Héctor L. Colón Mendoza

Peticionario

Número del Caso: CC-1998-1022

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Benigno Alicea Alicea

Lcdo. Alfredo Ortiz Rivera

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. César López Cintrón

Lcda. Ivette Aponte Nogueras

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VI

Juez Ponente: Hon. Ismael Colón Birriel

Fecha: 10/29/1999

Materia: Delito Contra Fondos Públicos

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

1

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-98-1022

Certiorari

Héctor Colón Mendoza

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García

San Juan, Puerto Rico a 29 de octubre de 1999

Debemos determinar si el Tribunal de Circuito de

Apelaciones carece de jurisdicción para revisar, mediante

recurso

de

Municipal,

certiorari,

una

que

vista

en

una

determinación

para

de

un

determinar

Juez

causa

probable para arrestar bajo la Regla 6 de Procedimiento

Criminal, luego de haber determinado causa probable en

cuatro

denuncias,

reconsideró

y

el

mismo

determinó

día

causa

y

en

corte

abierta

probable

por

un

solo

delito, acogiendo así el planteamiento del imputado de

que se trataba de un delito continuado.

Entendemos

controversia

de

que

estamos

derecho

frente

sustantivo

revisable por un tribunal apelativo.

a

una

que

es

Veamos

presente

los

hechos

que

dan

lugar

a

la

CC-98-1022

controversia.

I

El 17 de marzo de 1997, la ex contralor Ileana Colón Carlo juramentó

una querella donde hacía constar que, luego de una auditoría llevada a

cabo en el Municipio de Guayama, existía causa suficiente para creer que

el alcalde de ese municipio, Hon. Héctor L. Colón Mendoza, había violado

los artículos 202(a) y 215 del Código Penal, 33 L.P.R.A secs. 4353 y 4366

respectivamente

y

el

artículo

Gubernamental,

3

L.P.R.A.

3.2

sec.

(c)

1822

y

(c)

(e)

y

de

la

Ley

de

Ética

(e).

El

Secretario

del

Departamento de Justicia, luego de la investigación de rigor, determinó

también causa suficiente para creer que dichos estatutos fueron violados

por el alcalde y refirió el caso a un fiscal especial independiente, para

ser investigado conforme al artículo 11 de la Ley Núm. 2 del 23 de

febrero de 1988, según enmendada, Ley del Fiscal Especial Independiente,

3 L.P.R.A. sec. 99h et seq.

El fiscal especial, una vez hubo conducido su investigación, sometió

seis

denuncias

Investigaciones

ante

de

el

la

Tribunal

Sala

de

de

Primera

San

Juan,

Instancia,

para

la

Unidad

de

correspondiente

determinación de causa probable para arresto o denuncia de la Regla 6 de

las de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, Regla 6.

la comisión de cuatro (4) infracciones

Se imputaba

al Art. 202 (a) del Código

Penal1, supra y dos (2) infracciones al Art. 3.2 (c) y (e) de la Ley de

Ética Gubernamental, supra.

Todas ellas relacionadas a hechos cometidos

durante los años fiscales de 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996

en que, alegadamente, el alcalde contrató por más de diez mil dólares

1.

Negociación incompatible con el ejercicio del cargo público

Todo funcionario o empleado público que, directamente o por

persona intermedia, promoviere, autorizare, o realizare por

razón de su cargo, un contrato, subasta o cualquier operación

en la cual tenga un interés patrimonial, será sancionado con

pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

De

mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá

ser aumentada hasta un máximo fijo de cinco (5) años; de mediar

circunstancias atenuante, podrá ser reducida hasta un mínimo de

dos (2) años.

CC-98-1022

($10,000.00)

anuales

cada

vez,

los

servicios

de

comestibles

de

un

"comerciante, amigo y correligionario”, sin haber celebrado la subasta

requerida por ley para poder otorgar dichos contratos.

Luego de evaluada la prueba, la magistrada determinó causa probable

en

todas

y

cada

Inmediatamente

una

el

de

las

abogado

del

seis

denuncias

imputado

presentadas

solicitó

ante

sí.

verbalmente

la

reconsideración del dictamen de causa probable para las cuatro denuncias

relacionadas con la violación al Art. 202 del Código Penal, alegando que

se "trataba de un solo impulso o curso de acción por un período de tiempo

con una sola intención o propósito por lo cual el delito era uno continuo

que debía determinarse causa probable por una sola denuncia".

A pesar de

las objeciones del fiscal especial, la magistrada del foro de primera

instancia acogió el planteamiento del recurrido y agrupó en una sola

denuncia todos los hechos alegados por el Estado para cada año fiscal.

Los agrupó todos en el año fiscal de 1992-1993, fecha en que "comenzó" la

acción delictiva.

El Fiscal Especial recurrió al Tribunal de Circuito de Apelaciones

con un recurso de certiorari alegando que erró la magistrado del foro

inferior al haber convertido el delito en uno continuo, cuando lo que

procedía en derecho era determinar causa probable en cada denuncia por

separado para cada año fiscal en que alegadamente se cometieron los

delitos imputados al alcalde, por ser delitos separados, distintos e

independientes en cada uno de los años fiscales.

El foro apelativo,

luego de analizar ciertos aspectos procesales en cuanto a la presentación

y

notificación

del

recurso

planteados

ante

su

consideración

por

la

defensa del alcalde recurrido, determinó que el error había sido cometido

y revocó la resolución impugnada.

Recurre ahora ante nos el alcalde, alegando insuficiencia de la

notificación

del

recurso

presentado

en

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, error que presentó oportunamente en aquel foro. Alega el

recurrente que fue notificado de dicho recurso con una copia no sellada

CC-98-1022

con la fecha y la hora de presentación, y que carecía del número del caso

asignado por la secretaría del tribunal según exigen las Reglas 33(b) y

43(b) del Reglamento del Circuito de Apelaciones.

El recurrido,

por su

parte, acepta que, aunque la copia no estaba debidamente sellada, la

misma fue notificada dentro del término de estricto cumplimiento que

establece la mencionada Regla 33.

Alega el peticionario, además, que el fiscal debió haber recurrido

en alzada a un juez del Tribunal de Primera Instancia de mayor jerarquía,

a cuestionar la determinación de inexistencia de causa probable, y por

tanto, el Tribunal de Circuito de Apelaciones carecía de jurisdicción

para entender en la controversia.

II

La Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R.

6, autoriza en su inciso (a) el que un magistrado del Tribunal de Primera

Instancia

expida

una

orden

de

arresto

cuando

por

denuncia

jurada,

declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia, o examen

bajo juramento del denunciante o testigos, si alguno, constare "causa

probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o

personas contra quienes

se imputa”.

La misma Regla 6, supra, en su inciso (c), establece que:

Si de la denuncia jurada o de la declaración o

declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen bajo

juramento del denunciante y sus testigos, si algunos, el

magistrado determinare la inexistencia de causa probable, no

podrá presentarse denuncia o acusación de clase alguna. En tal

caso o cuando la determinación de causa probable fuere por un

delito inferior o distinto a aquel que el fiscal entendiere

procedente, éste podrá someter el asunto nuevamente con la

misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior

del Tribunal de Primera Instancia.[...] (Énfasis nuestro.)

Como

vemos,

la

Regla

6

faculta

al

fiscal

a

someter

a

la

consideración de un magistrado de categoría superior, una determinación

de inexistencia de causa probable o una determinación de causa probable

por un delito inferior o distinto a aquel que el fiscal entendiere

procedente, con la misma o distinta prueba a la ya presentada.

En vista

de ello hemos resuelto que las resoluciones del tribunal de primera

CC-98-1022

instancia sobre determinación de inexistencia de causa probable para el

arresto o para acusar no son revisables mediante certiorari.

Véase,

Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412, 413 (1967); Pueblo v. Cruz

Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984).

No obstante haber reiterado la norma

de la no revisibilidad mediante certiorari de una determinación negativa

de causa probable, en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, a la página 30,

dijimos: "La determinación en los méritos del Juez Superior sobre la

existencia

de

causa

probable

no

es

revisable.

[...]

No

obstante,

cualquier otra determinación de derecho si puede ser revisada mediante el

recurso de certiorari."2 (Citas omitidas, énfasis nuestro).

El auto de certiorari, 32 L.P.R.A. sec. 3491 et seq.3,

es el

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal

inferior.

Hace mucho tiempo establecimos que el mismo procede para

revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo. Pérez v.

Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4,7 (1948); Mercado v. Corte, 70 D.P.R.

789,800 (1950); Véase además, Ley de la Judicatura de 1994, 4 L.P.R.A.

sec. 22K (f)(i).

Ahora bien, ¿es la controversia ante nos una de derecho que puede

ser revisada mediante el recurso de certiorari en esta etapa de los

procedimientos?

Debemos dejar claro que no estamos ante un caso de inexistencia de

causa probable, ya que la magistrada del tribunal de primera instancia

2

Véase además, Chiesa E., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Ed. Forum, 1993, t. III, págs. 46-47.

3

3491. Auto de certiorari, definición

El auto de certiorari es un auto expedido por un tribunal

superior a otro inferior, por el cual se exige del último la

remisión al primero de una copia certificada de las diligencias

pendientes en el tribunal inferior o los autos de alguna causa

ya terminada, en aquellos casos en que el procedimiento

adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, y

con objeto de terminar los procedimientos cuando el tribunal

inferior rehusare hacerlo fundado en bases erróneas.

CC-98-1022

determinó causa para todos y cada uno de los delitos para cada año en

cuestión.

Esto es, la jueza determinó que la prueba establecía la

probabilidad

de

que,

para

cada

año,

estuvieran

presentes

todos

los

elementos del delito y la probabilidad de que el imputado los hubiese

cometido, por lo que se justificaba que el Estado sometiera al imputado a

juicio.

Tampoco estamos ante un caso de determinación de causa para

delito inferior o distinto, ya que la causa probable se determinó por

infracciones al Art. 202(a), supra, el mismo delito por el cual el fiscal

sometió las denuncias originalmente. Es solamente en estos dos supuestos

que autoriza el inciso (c) de la Regla 6 a acudir en alzada a un juez de

categoría superior del mismo tribunal, y cuya determinación negativa no

será revisable mediante certiorari.

En cuanto al aspecto sustantivo, en

esta ocasión se trata de determinar si estuvo correcta la decisión de

agrupar en una sola denuncia todos los hechos delictivos de los restantes

cuatro

años

fiscales

por

ser

un

delito

continuo.

Esta

fue

la

controversia que el fiscal llevó al tribunal apelativo para que fuera

objeto de examen. Y ésta es precisamente una controversia de estricto

derecho, aislada de la norma de la no revisabilidad mediante certiorari

de una determinación negativa de causa probable.

III

Nuestro

llamado

Código Penal no

delito

continuo

o

provee una

continuado,

definición de

ni

disposición

lo que hemos

alguna

que

lo

regule.

Pueblo v. Cortés Rivera, Res. el 28 de enero de 1999, 99

T.S.P.R.

8.

El

delito

continuo

es

una

figura

del

derecho

penal

sustantivo que ha sido estudiada tanto por la doctrina civilista como por

la doctrina anglosajona.4

Lo hemos definido como "una pluralidad de

actos que aisladamente pudieran concebirse como delitos independientes,

4

Para un análisis más profundo sobre la doctrina del delito continuo o

continuado, véase, Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte General 656

(4ta. ed. 1996); Carlos Creus, Derecho Penal, Parte General, págs. 1189,

193 (2da. ed., 1990) Alfonso Arroyo de las Hieras, Manual de Derecho

Penal 267 (1985); María T. Castiñeira, El Delito Continuado 15 (1977); 11

Federico Puig Peña, Derecho Penal 301 (111959); 1 Wharton´s Criminal Law,

sec. 59 pág. 311 (1978).

CC-98-1022

pero que en conjunto se conciben como un delito único”. Id. También hemos

reiterado que se trata de una "transacción o una serie de actos continuos

puestos en movimiento por un solo impulso y operados por una sola fuerza

no intermitente no importa cuán largo sea el tiempo que

Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551, 568 (1953).

Sin

pueda ocupar”.

duda, siempre hemos

reconocido "las dificultades que entraña establecer un regla fija que

permita precisar cuándo un delito es continuo”.

Rivera, supra.

Id; Pueblo v. Cortés

En Puerto Rico hemos acogido mayormente las teorías

subjetivas que proponen que es preciso examinar la intención del agente

actor para determinar si en la serie de actos subsistió un único designio

5

común. A estos efectos nos dice la Profesora Nevárez :

El requisito del propósito o finalidad común es el de

mayor dificultad ya que la doctrina civilista exige que esta

intención esté presente y activa mientras dura la continuación.

Si se llegase a probar la desaparición de esa intención global

en cualquier momento, la persona pierde todo beneficio

dimanante de este concurso. La idea es que en la comisión de

la cadena delictiva ha mediado una intención común que aglutina

a todos los actos.

Ciertamente ni en la etapa de vista preliminar de las Reglas 6 ó 23,

ni

de

sus

respectivas

vistas

en

alzada,

son

momentos

procesales

adecuados para hacer determinaciones de intencionalidad. Equivaldría a

hacer de estas vistas mini-juicios. En esos momentos procesales, como ya

Y en este caso se

dijimos, se trata de establecer causa probable.

estableció.

Por tanto, no procedía acudir en alzada en busca de una

determinación positiva de causa probable ante un magistrado de mayor

jerarquía en el tribunal de primera instancia.

Por otro lado, no debemos claudicar nuestra prerrogativa apelativa de

hacer importantes determinaciones del derecho sustantivo utilizando el

vehículo

de

certiorari,

en

casos

en

que

como

éste,

las

reglas

permiten.

IV

Nevárez Muñiz, Dora, Derecho Penal Puertorriqueño,

pág. 330 (3ra. ed. 1995).

5

Parte General,

lo

CC-98-1022

La

parte

aquí

peticionaria

señala

que

el

Fiscal

Especial

6

Independiente incumplió con las Reglas 33(b) y 43(b) del Reglamento del

Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A R. 33 y 43,

ya que, a pesar de haber recibido la copia del recurso de certiorari

presentado

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

dentro

del

término de cumplimiento estricto que disponen dichas reglas, la copia no

estaba debidamente sellada con el número, la fecha y la hora de la

presentación.

La

Regla

33(b),

supra,

establece

que

el

peticionario

ha

de

notificar, dentro del término de cumplimiento estricto establecido, una

copia del recurso presentado debidamente sellado con fecha y hora de

presentación a la parte recurrida. No hay duda de la importancia de

dicha disposición.

Es imprescindible que la parte recurrida conozca la

fecha en que se presentó el recurso para que pueda constatar si el mismo

fue presentado dentro del plazo legal correspondiente y si, por ende, el

tribunal apelativo adquirió la jurisdicción que le permita revisar el

planteamiento en sus méritos.

Surge de los autos que el término de estricto cumplimiento para

presentar el recurso ante aquel tribunal expiraba el sábado 25 de julio

de 1998, que por ser día de fiesta legal se extendió hasta el martes 28,

ya que el lunes 27 era a su vez, día de fiesta. No existe controversia

alguna en cuanto al hecho de que la petición de certiorari no sellada,

con todos sus anejos, se notificó al abogado del recurrente el miércoles

El recurrente invoca erradamente el requisito de la Regla 43(b),

supra, en cuanto a que el recurso contenga el número de presentación

cuando haya sido presentado en la Secretaría del Tribunal de Circuito de

Apelaciones. No obstante, esta regla se refiere a aquellos certiorari de

casos originados en la Comisión Estatal de Elecciones, por lo que no

aplica al presente caso.

6

La Regla 33(b) en su parte pertinente dispone:

(B)

Notificación del recurso a las partes

La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari,

debidamente sellada con la fecha y hora de presentación, a

los(as) abogados(as)de récord, o en su defecto, a las

partes...dentro del término jurisdiccional o de cumplimiento

estricto establecido por ley, según sea el caso, para presentar

el recurso. [...]

CC-98-1022

22 de julio de 1999, mediante correo certificado con acuse de recibo.

Tampoco existe controversia respecto a que el viernes 24, todavía dentro

del término de estricto cumplimiento de la mencionada regla, se notificó

por

correo

certificado

con

acuse

de

recibo,

una

moción

sobre

notificación de recurso, debidamente sellada y con hora de presentación,

donde se informaba al abogado del alcalde recurrente que el día 22 de

julio

se

había

certiorari.

presentado

ante

el

foro

apelativo

la

petición

de

A pesar de que insistimos en que las normas reglamentarias

han de ser observadas de manera rigurosa, Arriaga v. F.S.E., Res. el 18

de marzo de 1998, 98 TSPR 27, estimamos que el presente fue un defecto

de

forma

que

quedó

subsanado

cuando,

dentro

del

término

legal,

el

recurrido notificó su moción sobre notificación de recurso. La razón de

ser de la regla quedó satisfecha permitiendo que el recurrido conociera

que el recurso fue presentado dentro del plazo legal autorizado, por lo

que entendemos que el defecto de forma incurrido no debe conllevar la

desestimación del recurso.

Por

los

fundamentos

expresados se

devuelve

el caso

al

Tribunal

de

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma

consistente con lo aquí expresado.

JOSE A. ANDREU GARCIA

Juez Presidente

CC-98-1022

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-98-1022

Certiorari

Héctor Colón Mendoza

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 29 de octubre de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual forma parte integra de de la presente,

se expide el auto solicitado y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito,

Sala de San Juan, para la continuación de los

procedimientos de forma consistente con lo expresado en

la opinión del Tribunal.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Subsecretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado

señor Negrón García disiente sin opinión escrita.

El

Juez Asociado señor Rebollo López disiente con opinión

escrita.

Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria del Trbunal Supremo

CC-98-1022

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-98-1022

CERTIORARI

Héctor L. Colón Mendoza

Acusado-peticionario

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 1999

No podemos suscribir la tesis mayoritaria por cuatro

razones principales: primero, cuando un juez, enfrentado

con cuatro pliegos de denuncias, determina causa probable

con respecto a

los mismos y,

reconsidera

y

determina

delito,

efecto

el

de forma contemporánea,

causa

práctico

probable

de

esa

por

actuación

un

solo

es

que

determina inexistencia de causa probable en los restantes

cargos,

ello

independientemente

de

las

razones

o

fundamentos que aduzca en apoyo de su actuación; segundo,

la

determinación

criminal

de

un

de

si

imputado

la

intención

o

negligencia

fue

continua

o

no,

no

es

revisable vía certiorari debido a que, por definición, es

una cuestión eminentemente de

CC-98-1022

hecho; tercero, elementos básicos dimanantes del debido proceso de

ley exigen que la intención o negligencia criminal se establezca

durante las etapas preliminares al juicio; y, por último, la decisión

hoy emitida causará que el Tribunal de Circuito de Apelaciones se vea

“inundado” con recursos de certiorari en revisión de determinaciones

de inexistencia de causa probable para arresto, y/o por un delito

menor incluido, en los cuales esté envuelta una cuestión de derecho.

I

El 17 de marzo de 1997, el Contralor de Puerto Rico

--

conforme las disposiciones del Artículo 4 de la Ley Núm. 2 del 23 de

febrero

de

19987,

conocida

como

la

Ley

del

Fiscal

Especial

Independiente-- juramentó una querella en la cual hizo constar que

consideraba, luego de haber realizado una auditoría en el Municipio

de Guayama, que existía "causa suficiente" para creer que el aquí

peticionario, Alcalde de dicho Municipio, había violado los Artículos

202(a) y 215 del Código Penal de Puerto Rico8 y las Secciones (c) y

(e) del Artículo 3.2 de la Ley de Etica Gubernamental. Ley Núm. 12 de

24 de julio de 1985, 3 L.P.R.A. sec. 1801, et seq..

Luego de practicada, por el Secretario de Justicia de Puerto

Rico,

la

correspondiente

investigación

preliminar

que

ordena

la

referida Ley Núm. 2 del 1998, el Secretario determinó la existencia

de "causa suficiente" para creer que el mencionado Alcalde pudo haber

incurrido en las violaciones de ley antes citada; procediendo el

Secretario a rendir un informe detallado al Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente. Evaluado dicho informe, el Panel designó al

Lcdo. César López Cintrón como Fiscal Especial Independiente.

Concluida

someter

ante

su

la

investigación,

consideración

del

el

Fiscal

Tribunal

Especial

de

Primera

procedió

a

Instancia,

Unidad de Investigaciones de la Sala de San Juan, seis (6) proyectos

7

8

3 L.P.R.A. sec. 99k.

33 L.P.R.A. secs. 4353 y 4366, respectivamente.

CC-98-1022

de denuncias para la correspondiente determinación de causa probable

para arresto al amparo de las disposiciones de la Regla 6(a) de las

Reglas de Procedimiento Criminal9. Los seis (6) proyectos de denuncias

se

desglosaban

de

la

manera

siguiente:

cuatro

(4)

denuncias

por

supuestas infracciones al Artículo 202(a) del Código Penal10 y dos (2)

denuncias por supuestas violaciones al Artículo 3.2(c) y (e) de la

Ley de Etica Gubernamental.

Luego de recibida la prueba correspondiente, la juez municipal

que presidió los mencionados procedimientos citó a las partes para el

25 de junio de 1998, fecha en la que emitiría su dictamen. En dicho

día, la referida magistrado, originalmente, determinó causa probable

para arresto en todas y cada una de las seis (6) denuncias que fueron

sometidas ante su consideración.

La

defensa

del

Alcalde,

ese

mismo

día

y

en

corte

abierta,

solicitó la reconsideración de las determinaciones de causa probable

para arresto en relación con las cuatro (4) denuncias por supuestas

infracciones

al

defensa

imputado,

del

Artículo

en

202(a)

del

dicho

día,

Código

Penal.

que

"trataba

se

Argumentó

de

un

la

solo

impulso o curso de acción por un período de tiempo [sic] con una sola

intención o propósito por lo cual el delito era uno continuo [y] que

debía determinarse causa probable por una sola denuncia".

La

magistrado,

planteamiento

de

ese

mismo

día

la

defensa,

y

en

corte

procediendo

abierta,

a

acogió

el

reconsiderar

su

determinación original de causa probable para arresto por cuatro (4)

infracciones al mencionado Artículo 202(a) del Código Penal; esto es,

determinó causa probable para arresto contra el aquí peticionario por

una (1) sola infracción al aludido artículo de ley.

El Fiscal Especial Independiente procedió, entonces, a radicar

un recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones,

9

34 L.P.R.A. Ap. II, R.6.

Cada denuncia se refería a actos alegadamente cometidos durante

años diferentes, a saber: año 1992-93, año 1993-94, año 1994-95, y

año 1995-96.

10

CC-98-1022

imputando al foro de instancia haber errado "... al determinar que en

relación al Art. 202(A) del Código Penal, lo que procedía era una

sola

denuncia

por

todo

el

período

de

tiempo

imputado

[sic],

convirtiendo el delito en uno continuo, cuando lo que procedía en

derecho era una denuncia en cargo por separado para cada año fiscal

que se alega se cometió delito."

La representación legal del imputado solicitó la desestimación

del recurso de certiorari radicado por dos (2) fundamentos, a saber:

1) el fiscal especial independiente no cumplió con lo

dispuesto en la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de

Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 33, es

decir, no le notificó la solicitud de certiorari, a la

parte recurrida, debidamente sellada con la fecha y la hora

de

la

presentación

dentro

del

término

de

estricto

cumplimiento establecido en dicho reglamento; y

2) que el Tribunal de Circuito carece de facultad en ley

para revisar mediante auto de certiorari una determinación

de inexistencia de causa probable para arrestar o acusar.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante Sentencia de

fecha 30 de octubre de 199811, revocó la actuación del tribunal de

instancia determinando que el Fiscal Especial Independiente tenía el

derecho a "...presentar cuatro (4) denuncias por separado para cada

omisión o acto en que el recurrido [Alcalde]] no celebró subasta con el

único fin de beneficiar al funcionario mencionado".

Solicitada

la

reconsideración

de

la

sentencia

emitida,

y

denegada la misma por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, acudió

Héctor L. Colón Mendoza ante este Tribunal en solicitud de revisión

de

la

mencionada

sentencia.

En

el

recurso

que

a

esos

efectos

radicara, imputó al foro de instancia haber errado "...al determinar

que el peticionario [Fiscal Especial Independiente] cumplió con las

disposiciones

de

la

Regla

33(B)

del

Reglamento

del

Tribunal

[de

Circuito]]".

Mediante Resolución, de fecha 26 de febrero de 1999, concedimos

término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual este

CC-98-1022

Tribunal

no

debía

expedir

el

auto

solicitado

y

dictar

Sentencia

revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

En cumplimiento de la referida Resolución ha comparecido el Fiscal

Especial Independiente, Lcdo. César López Cintrón.

II

En

nuestra

opinión,

procede

decretar

la

revocación

de

la

sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Veamos por qué.

El Inciso (c) de la Regla 6, de las Reglas de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6, establece que:

"(c) Si de la denuncia jurada o de la declaración o

declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen

bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos,

el

magistrado

determinare

la

inexistencia

de

causa

probable, no podrá presentarse denuncia o acusación de

clase alguna. En tal caso o cuando la determinación de

causa probable fuere por un delito inferior o distinto a

aquél que el fiscal entendiere procedente, éste podrá

someter el asunto nuevamente con la misma o con otra prueba

a un magistrado de categoría superior del Tribunal de

Primera Instancia. El magistrado, una vez tenga ante sí

dicha solicitud, podrá prontamente expedir u ordenar al

secretario del tribunal que expida citación tanto al

imputado como a los testigos de cargo anunciados, las

cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal

o sus delegados". (Enfasis suplido.)

Como podemos notar, y ante los hechos particulares del presente

caso, el curso correcto y específico a seguir por el Fiscal Especial

Independiente

adicional,

era

el

nuevamente

someter,

el

asunto

de

Primera

superior

del

Tribunal

actuación

en

reconsideración

todos

efectos

los

con

prácticos

la

ante

misma

un

la

juez

y

jurídicos,

o

magistrado

Instancia.

de

prueba

Ello

así

municipal

a

una

de

con

prueba

categoría

ya

que

equivale,

la

para

determinación

de

inexistencia de causa probable para arresto en cuanto a tres (3) de

las cuatro (4) proyectos de denuncia que le fueron sometidos.

Dicho de otra manera: no hay duda del hecho de que el fiscal

especial entendía que las actuaciones del aquí peticionario, en cada

11

Notificada la misma el día 5 de noviembre de 1998.

CC-98-1022

uno de los años fiscales a que hacían referencia los proyectos de

denuncia,

constituían

separados.

La

un

juez

delito

municipal

distinto,

o

así

entendió

lo

sea,

cuatro

delitos

originalmente,

determinando causa probable por cuatro (4) infracciones al Artículo

202(a)

del

vigente

Código

Penal.

Ello

no

obstante,

y

ante

la

solicitud de reconsideración de la defensa, resolvió que era un solo

delito. Dicha actuación, repetimos, cae bajo las disposiciones de la

antes transcrita Regla 6(c) de Procedimiento Criminal.

Aquí poco importa el fundamento esgrimido por la defensa, y

acogido por la Juez para reconsiderar, ya que es norma reiterada que

la revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos.

Pueblo v. González Vega, res. el 16 de marzo de 1999, 99 TSPR 21;

Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 695 (1983). En

otras palabras, lo importante no son los fundamentos del tribunal

sino su actuación.

Con relación a los delitos que nos ocupan, el F.E.I. presentó

ante el tribunal cuatro proyectos de denuncia, el tribunal encontró

causa en los cuatro; al reconsiderar ¿qué hizo?: entendió que hubo

sólo una intención criminosa por lo que determinó causa con respecto

a

un

solo

delito.

Si

los

agrupó,

o

no,

eso

es

otro

problema.12

Cualquier abogado de experiencia en el ámbito penal sabe que, en la

práctica, el magistrado no prepara denuncia alguna; mucho menos hace

el ejercicio de “agrupar” todos los delitos en una sola denuncia.

Ante

él

se

presentan

los

pliegos

con

la

información

vertida

de

antemano y su rol, luego de escuchar la prueba, se limita a marcar un

encasillado

que

inexistencia

de

revela

causa.

su

Señalar

determinación:

que

la

causa

magistrado

probable

en

este

o

caso

“agrupó” los delitos deja una impresión imprecisa de lo acontecido,

esto es, de que el tribunal descartó todos los cuatro pliegos de

12

No discutiremos los problemas que podría enfrentar la posible

acumulación indebida de delitos contemplada en la Regla 37(a) de

Procedimiento Criminal.

CC-98-1022

denuncia e hizo uno “nuevo” donde agrupó las cuatro denuncias. Al

reconsiderar, el tribunal, luego de haber hallado causa en los cuatro

pliegos

presentados,

dejó

sin

efecto

su

determinación

original

y

determinó causa sólo en uno. Por ello, lo importante no es si los

agrupó o no, sino la realidad de que, al reconsiderar, determinó

causa sólo en cuanto a un delito, no los cuatro.

En otras palabras, a nuestra manera de ver las cosas, ante una

situación de hechos como la que plantea el presente caso, no es de

aplicación las disposiciones de los incisos (f) e (i) del Artículo

4.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22K(f) e

(i), las cuales proveen para la revisión, vía certiorari, ante el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

de

órdenes

o

resoluciones

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Aquí

no hay ninguna orden o resolución interlocutoria; de lo que se trata

es

de

una

determinación

de

inexistencia

de

causa

probable

para

arresto.

Resumiendo, somos del criterio de que el Tribunal de Circuito de

Apelaciones carecía de jurisdicción para entender en el recurso de

certiorari

que

radicara

ante

dicho

foro

el

Fiscal

Especial

Independiente. Al así resolver, estamos conscientes de que la falta

de jurisdicción no fue uno de los errores planteados ante nos. Sin

embargo, como es sabido, este Tribunal, no tiene que limitarse a los

errores

señalados,

ausencia

de

máxime

jurisdicción.

en

casos

Como

como

el

reiteramos

en

de

autos

Rodríguez

donde

hay

Cruz

v.

Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 511-512 (1990),

"...aun cuando la parte recurrente no lo señale o levante

como error, este Tribunal entenderá en todas aquellas

cuestiones que a su juicio ameritan ser consideradas y

resueltas en un recurso. Ello nos obliga a entender, motu

proprio, en dicho punto". (Citas omitidas.)

IV

Ahora bien, considerando que a nuestro parecer la actuación del

Tribunal de Primera Instancia fue, para todos los efectos prácticos,

CC-98-1022

un determinación de inexistencia de causa probable en los restantes

pliegos, resta dilucidar si ello es una cuestión de derecho revisable

vía

certiorari

como,

erróneamente,

pregona

la

Mayoría

de

este

Tribunal.

Amparados en un escueto análisis de nuestra decisión en Pueblo

v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984), la Mayoría expresa que nos

encontramos ante una cuestión de derecho. Se equivoca. Examinemos en

detalle dicha decisión.

Cierto

es

que

en

Cruz

determinaciones

de

derecho

Justiniano,

ante,

pueden

revisadas

ser

expresamos

ante

que

las

un

foro

apelativo. Sin embargo, nuestra escueta expresión en ese caso sólo se

circunscribe a eso: determinaciones de derecho. Nada más nada menos.

Así, tomando como ejemplo el propio caso de Cruz Justiniano, podíamos

revisar el término que tiene disponible el Estado para acudir en

alzada.

Esa

determinación

no

conlleva,

obviamente,

determinación

alguna de hecho. Allí, nos expresamos en cuanto al término que tiene

el Ministerio Público para acudir en alzada. Dicha determinación no

era de hecho ni tenía, de forma alguna, relación con la culpabilidad

o inocencia del acusado; la misma era, simplemente, una controversia

pura de derecho sujeta a nuestra función revisora.

¿Es la determinación de delito continuo una de derecho de forma

tal que pueda revisarse vía certiorari?

La

determinación

de

la

continuidad

de

unos

actos

delictivos

constituye, sin duda alguna, una determinación, principalmente, de

hecho. Aunque, ciertamente, la doctrina es una de derecho, muy poco

concierne a éste de forma tal que pueda afirmarse que es una cuestión

de derecho que puede revisarse vía certiorari ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones.

Examinemos algunos casos de “delito continuo” a los fines de

explicar en qué contexto se adjudicó la controversia en los mismos.

Esto, porque en el caso de autos --una determinación de Regla 6-- no

era posible que el Tribunal de Circuito de Apelaciones examinase los

CC-98-1022

hechos que motivaron al tribunal a descifrar el tipo de intención

(continua o no) criminal que tenía Colón Mendoza al delinquir.

En Pueblo v. Cortés Rivera, res. el 28 de enero de 1999, 99 TSPR

8, consideramos si tres cargos constitutivos del delito de actos

lascivos en realidad constituían un delito continuo. Nótese que este

análisis se hace luego de que Cortés Rivera fuera encontrado culpable

de los tres cargos. De un examen detenido de nuestra adjudicación, se

desprende con firmeza que resolvimos, correctamente, a la luz de la

exposición narrativa de la prueba, la cual había sido estipulada por

las partes. Esto es, al evaluar el hecho en controversia --si hubo

unidad

de

resolución

o

intención

del

acusado

al

delinquir--

lo

hicimos a la luz de la prueba que desfiló ante el juzgador de los

hechos. En dicho caso, toda la discusión sobre la continuidad del

delito giro en torno a los hechos, es decir, la controversia sobre si

una conducta delictiva se cometió con cierta intención --continua,

especifica, o general-- es una de hecho.

Véase, además, Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551 (1953), donde

definimos el delito continuo como “una transacción o una serie de

actos continuos puestos en movimiento por un solo impulso y operados

por una sola fuerza no intermitente, no importa cuan largo sea el

tiempo que pueda ocupar.” (Subrayado nuestro). Cf. Pueblo

v. Serrano

Pagán,

85

desfilada

D.P.R.

684

ante

juzgador,

el

(1962),

en

el

cual,

expresamos

que

al

evaluar

la

prueba

“el

hecho

de

que

la

infracción de una ley pueda extenderse por un período más o menos

largo, no convierte el delito en uno continuo.”

En Pueblo v. Pound, 101 D.P.R. 41 (1973), hicimos una evaluación

de la prueba desfilada en el juicio para concluir que no hubo la

unidad de acto que requiere el delito continuo. Por último, y a esos

mismos

efectos,

véase

Pueblo

(1954).

Debe

mantenerse

presente

evalúa

para

determinar

si

un

v.

Negrón

que,

delito

Quiñones,

por

es

77

definición,

continuo

es

D.P.R.

782

lo

que

se

un

aspecto

subjetivo de hecho --la intención subjetiva del actor-- asunto que no

CC-98-1022

puede

ser

revisado

a

través

de

un

recurso

interlocutorio

de

certiorari.

¿A base de qué examinamos si la intención subjetiva de Colón

Mendoza

era

prácticas,

una

en

continua?

esta

etapa

Por

de

supuesto,

los

y

por

procedimientos

consideraciones

resulta

imposible

evaluarlo.

A luz de lo anterior, es que entendemos que no estamos ante una

cuestión

de

derecho

revisable

bajo

el

palio

de

Pueblo

v.

Cruz

Justiniano, ante. Por el contrario, dilucidar si el agente actor

actuó a base de la “pluralidad de actos que se conciben como un

delito

único”,

constituye

un

ejercicio

judicial

encaminado

a

determinar el estado mental de éste. No puede entonces revisarse

dicha cuestión a nivel apelativo, a base del propio caso de Cruz

Justiniano.

Por otra parte, la Mayoría, de forma realmente incomprensible,

señala que “ni en la etapa de vista preliminar de las Reglas 6 o 23,

ni [en] sus respectivas vistas en alzada, son momentos procesales

adecuados

para

hacer

determinaciones

de

intencionalidad”.

Por

más

esfuerzo que hacemos para comprender dicha aseveración, no podemos

lograrlo.

Sabido

es

que

sin

intención

o

negligencia

criminal

es

imposible delinquir. Por ello, sin ánimo de convertir las vistas de

causa

probable

en

minijuicios,

para

determinar

causa

probable

conforme a derecho es imprescindible que el juez entienda que, acorde

con el quantum de prueba requerido para cada una de las vistas, el

imputado tenía la intención o negligencia criminal que requiere el

delito imputado. Es doctrina reiterada en nuestra jurisdicción que en

las

vistas

elementos

de

causa

probable

del

delito

y

su

hay

que

conexión

demostrar

con

el

cada

imputado.

uno

de

los

Pueblo

v.

Meléndez Clay y otros, res. el 16 de junio de 1999, 99 TSPR 94;

Pueblo v. Andaluz Méndez, res. el 30 de junio de 1997, 143 D.P.R. __

(1997); Pueblo v Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985); Vázquez

Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972).

CC-98-1022

Los

principios

más

elementales

del

debido

proceso

de

ley

sustantivo, exigen que, al aprobar legislación penal, el Estado no

afecte de manera irracional, arbitraria o caprichosa, los intereses

de

libertad

y

propiedad

de

todo

ser

humano

en

una

sociedad

democrática. Por ello, en esta bendita tierra, cada uno los delitos

estatuidos

por

nuestra

Asamblea

Legislativa

tiene,

como

elemento

vital, la intención o negligencia criminal contemplada en nuestro

Código

Penal.

Pueblo

v.

Robles

González,

132

D.P.R.

554

(1993);

Artículo 14 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3061. A

nuestra manera de ver las cosas, sencillamente, es un error craso de

la Mayoría afirmar que la intención o negligencia criminal no juega

ningún papel hasta tanto llegue la etapa del juicio. ¿Acaso en Puerto

Rico se priva de la libertad a los ciudadanos sin que haya mediado

intención

delictiva

en

la

conducta

imputada?

Simplemente,

sería

inconstitucional.

Por último, deseamos dejar constancia del hecho que la decisión

que hoy emite una mayoría de los integrantes de este Tribunal es una

no solo errónea sino que muy poco práctica, la cual tendrá el efecto

noscivo de “inundar”, con recursos innecesarios de certiorari, al

Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ello así ya que prácticamente

toda determinación de causa probable para arresto que se haga a nivel

de

instancia

por

un

delito

menor

al

imputado

y/o,

incluso,

de

inexistencia de causa probable necesariamente envuelve, o conlleva,

una determinación de derecho. Meramente, a manera de ejemplo, en toda

determinación sobre si la muerte ilegal causada constituye un delito

de asesinato en primer grado o en segundo grado o, por el contrario,

un delito de homicidio voluntario, está envuelta una cuestión de

hecho y de derecho, igual que en el caso presente.

V

En vista de lo anteriormente expuesto, es innecesario discutir

el señalamiento de la parte aquí peticionaria a los efectos de que el

CC-98-1022

fiscal

especial

independiente

incumplió

con

el

Reglamento

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones al notificarle una copia del

recurso

de

certiorari

radicado

que

no

contenía

ni

el

"sello

de

radicación" del mencionado foro apelativo intermedio, demostrativo el

mismo de la hora y fecha exacta en que el recurso fue efectivamente

radicado,

como

tampoco

contenía

dicha

copia

el

"número

de

presentación" del caso ante dicho foro apelativo; requisitos que,

conforme sostiene la parte peticionaria, son de cumplimiento estricto

y cuyo incumplimiento hace mandatoria la desestimación del recurso

radicado13.

13

La Regla 33(b) del Reglamento del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 33, dispone, en lo pertinente,

que:

"La parte peticionaria notificará la solicitud de

certiorari debidamente sellada con la fecha y la hora de

presentación a los (as) abogados (as) de récord, o en su

defecto, a las partes... dentro del término jurisdiccional

o de cumplimiento estricto establecido por ley, según fuere

el caso, para presentación el recurso...

La fecha de depósito en el correo se considerará como

la fecha de notificación a las partes..." (Enfasis

suplido.)

Tenemos, además, que la Regla 43(B) del antes

reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, 43(B), establece que:

mencionado

"La parte peticionaria notificará la solicitud de

certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora de

presentación, a los(as) abogados(as) de récord o, en su

defecto,

a

las

partes,

de

forma

simultánea

a

su

presentación. Cuando la solicitud haya sido presentada en

la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, ésta

contendrá el número de presentación. La notificación se

efectuará de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 48 de este

Reglamento." (Enfasis suplido.)

La razón de ser de ambas disposiciones, y los requisitos que

establecen, es obvia. La parte recurrida tiene derecho a saber, en

primer lugar, la fecha exacta en que la parte peticionaria presentó

el recurso de certiorari ante el tribunal apelativo con el propósito

de poder determinar si el mismo fue radicado en tiempo. En segundo

término, la parte recurrida tiene el derecho a conocer cuál es el

número de identificación o presentación del caso con el propósito de,

al comparecer ante el foro apelativo, poder garantizarse que sus

escritos sean "unidos" al expediente correcto. Estos requisitos, no

hay duda, son importantes.

CC-98-1022

El Tribunal de Circuito de Apelaciones, a pesar de entender que

dichos

resolvió

requisitos

que

dicho

efectivamente

son

incumplimiento

no

de

cumplimiento

ameritaba

la

estricto,

desestimación

solicitada por cuanto la notificación de la copia del recurso al

recurrido se hizo dentro del término de estricto cumplimiento que

dispone

dicha

importante.

No

regla,

hecho

que

pasamos

juicio,

entiende

repetimos,

es

sobre

el

la

verdaderamente

corrección

o

incorrección de dicha posición.

Por las razones expresadas, disentimos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

Hemos resuelto que cuando se trata de términos o requisitos de

cumplimiento

estricto,

el

foro

judicial

queda

liberado

del

automatismo que conllevan los requisitos o términos de índole

jurisdiccional y que éste puede proveer la justicia que ameriten las

circunstancias. En otras palabras, una parte puede ser eximida del

cumplimiento de un requisito de cumplimiento estricto siempre que, en

efecto, exista justa causa para dicho incumplimiento y que la parte,

efectivamente, le demuestre al tribunal, en forma específica y

detallada, las razones o excusas que tuvo para incurrir en dicho

incumplimiento. Véase: Pueblo v. Pérez Suárez, Opinión Per Curiam y

Sentencia de 16 de septiembre de 1998; Arriaga Rivera v. F.S.E.,

Opinión y Sentencia de 18 de marzo de 1998. De otra parte, debe

mantenerse igualmente presente que hemos resuelto que constituye

norma reiterada que las disposiciones reglamentarias, relativas a los

recursos presentados ante este Tribunal deben ser observadas de

manera rigurosa, norma que es extensiva al Reglamento del Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Arriaga Rivera v. F.S.E., ante.

En cuanto al incumplimiento en el cual incurrió en el presente

caso, el fiscal especial independiente realmente no aduce justa causa

que excuse su actuación o incumplimiento. El fiscal especial

meramente se limita a admitir que no cumplió, luego de lo cual

sostiene, equivocadamente, que se trata de requisitos de forma y que

lo verdaderamente importante es que él notificó a la parte recurrida

con copia del recurso dentro del término provisto por ley para la

presentación del recurso. Ello no es suficiente.