LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PARTIDO ACCION CIVIL V ELA

1999 TSPR 163

Poder Judicial de Puerto Rico

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PARTIDO ACCION CIVIL V ELA

AC-1999-0020

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Partido Acción Civil

Peticionario

Apelación

V,

99 TSPR 163

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recurridos

Número del Caso: AC-1999-20

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez

Abogado del ELA: Oficina del Procurador General

Lcdo. Roberto Cruz

Abogado de la Comisión Estatal Elecciones: Lcdo. Ramón L. Walker Merino

Abogado del Comisionado Electora del PNP: Lcdo. José A. Carlo Rodríguez

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I, Panel III

Juez Ponente: Hon. Guillermo Arbona Lago

Fecha: 27/10/1999

Materia: Sentencia Declaratoria

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Acción Civil

Peticionario

v.

AC-1999-20

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

Recurridos

RESOLUCION

San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 1999.

A la segunda solicitud de auxilio de jurisdicción de

los peticionarios, no ha lugar.

Notifíquese por la vía telefónica y ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Subsecretaria

del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Negrón

García emitió un Voto Disidente, al que se unió el Juez

Asociado señor Fuster Berlingeri.

La Juez Asociada

señora Naveira de Rodón , en auxilio de la jurisdicción

de este Tribunal, proveería el remedio solicitado por

los peticionarios para que no se tornare académico el

trámite de inscripción del Partido Acción Civil.

Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido de Acción Civil

Demandante-Peticionario

v.

AC-1999-20

Estado Libre Asociado de P.R.;

Comisión Estatal de Elecciones

y otros

Demandados-Recurridos

Voto Disidente del Juez Asociado señor Negrón García al cual se

une el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 1999

Tristemente

prevalece

la

Partidocracia

frente

a

la

Democracia. Ninguno de los partidos políticos principales

que

hoy

existen

Partido

-en

Popular

Independentista

orden

cronológico

Democrático

Puertorriqueño

de

inscripción,

(P.P.D.),

(P.I.P.),

y

Partido

Partido

Nuevo

Progresista (P.N.P.)-, obtuvieron su franquicia y entraron

al

escenario

electoral

con

el

requisito

legislativo

de

“exclusividad de juramento ante notario”.

“Nadie

sostendría

que

se

deben

poner

obstáculos

indebidos en el camino de un movimiento político nuevo y

responsable

papeleta

que

desee

electoral

para

incluir

sus

candidatos

que el público los

en

la

evalúe. Por otro lado, ningún observador político serio defendería el

derecho

de

los

‘partidos’

frívolos

y

oportunistas

a

confundir

la

papeleta y el electorado. El problema es determinar si el miedo de los

que

se

oponen

agradable

Pabón,

[a

los

partidos

‘estabilidad’

Los

Derechos

del

y

nuevos],

actual

los

porque

sistema,

Partidos

esto

está

Políticos

amenazaría

la

justificado.”

M.

en

la

Sociedad

Puertorriqueña, Ed. Edil, San Juan, 1968, pág. 110.

Para evitarlo, debimos con carácter urgente, vía reconsideración y

en auxilio de jurisdicción, autorizar la suscripción de peticiones de

inscripción -además de ante notarios públicos-, por funcionarios de la

Comisión Estatal de Elecciones adscritos a las Juntas de Inscripción

Permanente.

I

Desde el año pasado la agrupación ciudadana Partido de Acción Civil

(P.A.C.), intenta inscribirse como “partido por petición” y participar

en las elecciones generales del 2000. El 6 de octubre de 1998, solicitó

del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, decreto de

inconstitucionalidad

de

los

Arts.

3.001

(3)

y

3.002

de

la

Ley

Electoral,1 e injunction preliminar y permanente contra los demandados,

Comisión Estatal de Elecciones, et al. ordenándoles cesaran de exigirle

cumplir con ciertos requisitos establecidos en dichas disposiciones.

También pidió medidas remediales judiciales conducentes a que se le

aplicase

el

proceso

de

en

las

primarias

demandados,

Comisión

candidaturas

inscripción

fijado

para

la

presentación

internas

de

los

partidos

Estatal,

et

al.,

levantaron

de

políticos

inscritos.

Los

varias

defensas y solicitaron la desestimación de la demanda. Argumentaron,

que

el

P.A.C.

carecía

de

legitimación

activa

por

no

ser

partido

político; que ella tenía jurisdicción exclusiva sobre el asunto; que el

escrutinio judicial era el nexo racional, no el estricto; que inscribir

Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada. (16 L.P.R.A. secs.

3101(3) y 3102).

1

un partido político no era un derecho fundamental y; que no se había

configurado una violación a la cláusula constitucional sobre la igual

protección

de

las

leyes

por

ideología

política,

pues

todas

las

agrupaciones similarmente situadas que desean inscribirse tenían que

satisfacer idénticos requisitos.

Luego de varios trámites procesales, el 21 de enero de 1999, el

Tribunal

de

Instancia

(Hon.

Carmen

Rita

Vélez

Borrás)

desestimó

sumariamente la demanda. Sostuvo la constitucionalidad de los preceptos

impugnados en virtud de un análisis sobre el nexo racional de los

distintos requisitos, concluyendo que responden a intereses válidos y

legítimos del Estado. Determinó que el P.A.C. no podía exigir un trato

igual al de los partidos inscritos para sus primarias internas.

En apelación, el Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Arbona

Lago,

Brau

reproduce

Ramírez

sus

y

Urgell

Cuevas)

planteamientos.

confirmó.

Ante

Específicamente

nos,

el

discute

P.A.C.

que

las

exigencias sobre la juramentación de los endosos exclusivamente ante

notarios públicos, y su presentación a la Comisión a más tardar siete

(7) días después, son imposibles de cumplir y entrañan un discrimen

irrazonable. Aduce que es imposible conseguir notarios dispuestos a

juramentar endosos a tiempo completo por el período de tiempo necesario

que implica conseguir más de 97,000 endosos.

Argumenta

el

trato

diferencial

otorgado

al

grupo

PRO-ELA,

en

virtud de la Ley Núm. 249, del 17 de agosto de 1998 –habilitadora del

proceso plebiscitario del 13 de diciembre de 1998-, al cual se le

brindó

acceso

a

la

papeleta

y

al

Fondo

Electoral

con

la

sola

recolección de 2,300 endosos, sin la exigencia de juramentación sólo

ante notario. La Ley Núm. 249 en su Art. 10(3) disponía para la firma

de

peti-ciones

“ante

los

funcionarios

autorizados

por

ley

a

tomar

juramentos y, por aquellos a los que la Comisión autorice para ello.”

También,

nos

llama

la

atención

al

Reglamento

para

los

Procesos

de

Radicación de Candidaturas y Primarias de los Partidos Políticos, el

cual establece que las peticiones de primarias se pueden juramentar,

además de los funcionarios autorizados en ley para ello, ante cualquier

elector que estampe su firma y provea su número electoral.

II

Nuestra

democracia

se

enraíza

en

que

“el

orden

político

está

subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre

participación del ciudadano en las decisiones colectivas”. Preámbulo,

Constitución

electoral,

E.L.A.

es

El

derecho

consustancial

a

participar

la

libre

a

y

votar

en

expresión

y

el

proceso

libertad

de

asociación. Ortiz v. Barreto, 110 D.P.R. 84 (1980). La visión amplia de

nuestra

democracia

significa

que

el

ejercicio

al

sufragio

no

sólo

implica acceso individual a las urnas sino que –con sujeción a ciertas

limitaciones

razonables

opciones

reflejen

que

necesarias-,

las

ideas

y

se

incluyan

concepciones

sociedad pluralista. A su vez, la libertad de

en

las

del

papeletas

elector

de

una

asociación conlleva el

derecho a formar agrupaciones y proponer candidatos de su predilección

para participar en el proceso electoral. P.S.P. v. C.E.E., 110 D.P.R.

400 (1980); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49

(1976).

No

obstante,

absolutos.

Hoy

estos

día

valores

nadie

no

cuestiona

se

implementan

seriamente

la

en

términos

facultad

de

la

Asamblea Legislativa para reglamentar estos derechos. Sin embargo, el

igual trato es requisito sine qua non para validar el proceso mismo.

Giménez v. J.E.E., 96 D.P.R. 943 (1968). No puede legislarse contra el

axioma

de

prohibe

el

igualdad

que

en

electoral

inmerso

determinada

en

época

nuestra

un

Constitución,

partido,

que

que

controla

mayoritariamente los poderes ejecutivo o legislativo, o lo comparta con

otro

–mediante

anuencia

o

consenso-

limite

la

génesis

de

otros

partidos. P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 638 (1984). Por ende, toda

legislación

que

irrazonablemente

de

su

onerosa

faz

e

o

en

inhibir

la

práctica,

sustancialmente

tienda

el

a

hacer

nacimiento

de

partidos nuevos, o a crear situaciones de inferioridad, está sujeta a

un análisis bajo el escrutinio judicial estricto. Si lesiona el derecho

al

voto,

asociación

irrazonablemente

inmola

cualquier

proceso

distintas

y

más

e

igualdad

electoral,

e

el

principio

igualitario

que

electoral

onerosas

manteniendo

-disminuyendo

o

así

injustificada

debe

regir

potencial

en

reglas

introduciendo

el

e

real

del

ciudadano a organizarse para colectivamente participar en el proceso

político

(sin

que

el

Estado

pueda

oponer

y

demostrar

interés

apremiante)- nuestra responsabilidad judicial es descartarla en abono

de los preciosos derechos constitucionales envueltos.

Enmarcada en esta brevísima exposición, no tenemos duda que la

meta

del

de

P.A.C.

figurar

en

la

papeleta

electoral

como

opción

político partidista en las próximas elecciones está amparada por el

derecho

constitucional

que

tienen

los

ciudadanos

a

organizarse

colectivamente en grupos de opinión, amén del derecho a presentar sus

propios

candidatos.

legitimación

septiembre

activa

de

Como

tal,

–P.A.C.

1999-,

no

V.

como

cuestionar

Comisión

tampoco

planteamientos

de

derecho

puro,

contención

la

Comisión

Estatal

de

cabe

Estatal,

que

sobre

no

los

reclamando

seriamente

res.

estemos

cuales

en

27

su

de

ante

unos

prevalezca

la

jurisdicción

original

exclusiva. La naturaleza fundamental de los derechos envueltos y el

factor apremiante del tiempo, conlleva que evaluemos expeditamente los

méritos del recurso a través del escrutinio judicial estricto.

III

El Art. 3.001 (3) de la Ley Electoral establece:

“Se considerará como ‘Partido por Petición’ a cualquier

agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en

la papeleta electoral de unas elecciones generales, en o antes

del primero de junio del año de elecciones se inscriba como

partido político, mediante la radicación ante la Comisión de

peticiones juradas al efecto, ante notarios públicos admitidos

al ejercicio de la notaria,..., quienes percibirán de la

Comisión Electoral un (1) dólar por cada petición notarizada

válida como honorarios, suscritas por un número de electores

no menor del cinco (5) por ciento del total de votos

depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador

en la elección precedente....”

El requisito de exclusiva juramentación de peticiones de endoso

ante notario público es de época reciente, impuesto por la Ley Núm. 4

de 15 de noviembre de 1978. Según su historial legislativo respondió al

interés de salvar la omisión involuntaria de que en el trámite de

aprobación

de

la

Ley

Electoral

de

1977

no

se

proveyó

para

la

juramentación de peticiones de inscripción de partidos políticos. La

intervención única del notario se justificó a base de la percepción de

la

Asamblea

Legislativa

de

“cumplir

con

una

tradición

en

nuestro

proceso de inscripción de partidos por petición”. (Informe Cámara de

Representantes, 24 de octubre de 1978).

Varios problemas graves surgen en la implementación del requisito

de “exclusividad de juramento ante notario”. Primero, un estudio de la

trayectoria

de

Ley

Electoral

original

del

1919

hasta

el

Código

Electoral de 1974 y la Ley Electoral de 1977, no avala la conclusión

legislativa y existencia de esa “tradición”.

Bajo

la

Ley

Núm.

79

de

25

de

junio

de

1919

los

endosantes

declaraban bajo juramento “ante algún funcionario autorizado por ley

para tomar juramentos”, que habían firmado la petición y eran electores

debidamente

inscritos

y

capacitados

para

votar.2

En

el

1924

fue

enmendada para que el juramento fuera “ante un funcionario judicial de

Puerto Rico autorizado para tomar juramentos”.

La propia ley contenía una disposición para agilizar el trámite

consignado que “no ser[í]a necesario presentar una declaración jurada

por separado para cada firmante, pero la certificación del funcionario

deberá comprender a todos y cada uno de los firmantes que suscriban la

petición”. (Este texto se mantuvo inalterado en las leyes Núms. 15 y 74

de 12 de mayo de 1920 y 30 de julio de 1923, respectivamente).

2

La Ley Núm. 2 de 18 de junio de 1924 disponía ante funcionario

judicial autorizado para tomar juramentos; haría constar en su

certificado el hecho que el juramento y la firma o la impresión

judicial fueron en su presencia y observación y deberá haber un

certificado por separado para cada juramento y firma. (Estas

disposiciones permanecieron igual en las leyes Núms. 74, 114, 10, 87, y

1 de 6 de julio de 1932, 29 de junio de 1936, 18 de agosto de 1952, 20

de junio de 1955 y 2 de septiembre de 1955, respectivamente).

La Ley Núm. 140 de 30 de junio de 1961, estableció

que sería

jurada ante el Presidente de Junta Local de Elecciones del Precinto del

elector, Juez Superior, de Distrito o de Paz. La Ley Núm. 3 de 5 de

octubre de 1965 añadió a estos funcionarios el “notario público

nombrado por la Junta Estatal de Elecciones”.

Luego, en 1961 la petición era jurada ante el Presidente de la

Junta

Local

de

Elecciones

del

Precinto

del

cual

sea

elector

el

peticionario, o ante un juez superior, de distrito o de paz.

Finalmente en 1965 la petición podía ser jurada ante el Presidente

de la Junta Local de Elecciones del Precinto del cual sea elector el

peticionario,

primera

vez

ante

ante

un

juez

notario

superior,

público

de

distrito

nombrado

por

o

la

de

paz,

y

por

Estatal

de

tradición

de

Junta

Elecciones.

Distinto

a

la

visión

legislativa,

no

existe

la

“exclusividad notarial” hasta el 1978. De hecho, la realidad legal

había

sido

otra,

más

amplia,

jurar

ante

cualquier

funcionario

autorizado por ley y jueces, visión que se cambió en la década de 1960

para añadir a Presidentes de la Junta Local de Elecciones.

Segundo, ciertamente la imposición legislativa de que sólo ante

notarios puedan juramentarse las inscripciones, representa una clara

limitación

frente

a

la

verdadera

norma

tradicional

de

funcionarios

autorizados por ley a tomar juramentos, incluso las alternativas de

jueces y Presidentes de Juntas Locales. Adviértase el amplio potencial

de disponibilidad de estos funcionarios a través de la isla que ejercen

tarea completa por sus distintos cargos en oficinas públicas de fácil

acceso.

Tercero, no se necesita mucho esfuerzo mental para entender las

dificultades

que

entraña

reclutar

únicamente

abogados

notarios

para

que, por la módica suma de $1.00 por petición, echen a un lado la

práctica

de

la

abogacía

y

concentren

sus

labores

en

este

tipo

de

actividad inscripcionaria. Recuérdese también la responsabilidad que

esos notarios tienen de radicar en la Secretaría de la Comisión Estatal

unos

informes

notariales

cada

quince

(15)

días

-conteniendo

una

relación de las peticiones de inscripción que han notarizado (Sec. 3.3

del Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición)-, y labor

extra que conlleva a preparar sus Registros de Testimonios e Índices

Mensuales y Anules requeridos por la Ley Notarial.

la

Cuarto,

norma

de

“exclusividad

se

notarial”

torna

inevitablemente más onerosa cada cuatrienio en virtud de la fórmula

legal que requiere que el número total de peticiones de endosos para

inscribir un nuevo partido sea una cantidad no menor del “cinco (5) por

ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al

cargo de Gobernador en la elección general precedente”. Nos explicamos.

Los

Informes

Oficiales

Generales

durante

el

revelan

un

aumento

emitidos

para

dicho

Sobre

período

los

Resultados

comprendido

entre

promedio

de

114,902

por

cargo.

El

resultado

de

de

las

Elecciones

los

años

1972-1996,

elección

esta

en

los

tendencia

votos

es

un

incremento en el número de peticiones necesarias en virtud de ese cinco

(5%) por ciento. De su faz no detectamos defecto constitucional alguno.

Ciertamente la Asamblea Legislativa puede exigir una demostración de

apoyo y endoso ciudadano –razonable y proporcional- para alcanzar y

entrar como partido político al escenario electoral.

Ahora bien, esa entrada resulta más gravosa al compararla con el

trato que la Ley Electoral brinda para permanecer inscrito como partido

principal

y

no

perder

la

franquicia.

Nos

referimos

a

la

enmienda

introducida a la Sec. 3101 (1) –Ley Núm. 3 de 10 de enero de 1983-, que

como una de las alternativa,3 redujo a un tres por ciento (3%) del total

de

“papeletas

íntegras”

depositadas

para

todos

lo

partidos

para

continuar partido principal. Nótese, no sólo que ese por ciento varía,

sino

que

incluso

la

fórmula

de

“entrada”

es

más

onerosa,

pues

se

La Ley Electoral establece que se considerará "Partido Principal"

todo aquél que obtuviera en el encasillado correspondiente a su

insignia en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente, en la

elección general precedente una cantidad no menor de siete (7) por

ciento (133,766) del total de votos depositados para todas las

insignias de partidos, o que obtuviera en la papeleta para Gobernador y

Comisionado Residente en la elección precedente una cantidad no menor

de tres (3) por ciento (56,326) del total de papeletas íntegras

depositadas para todos los partidos;

o cuyo candidato a Gobernador

obtuviere en la elección general precedente una cantidad no menor de

cinco (5) por ciento (97,914) del total de votos depositados para todos

los candidatos a dicho cargo.

3

El valor numérico de los porcentajes exigidos por la ley,

representan las cantidades necesarias para las elecciones del 2000.

computa a base de total de votos depositados para todos los candidatos

al cargo de gobernador, mientras que la “estadía” se cualifica a base

de papeletas íntegras, lo cual excluye las mixtas con votos para el

cargo de gobernador.4 Estas diferencias significativas nos mueven a

concluir

que

para

quedar

inscrito

como

partido

por

petición,

al

utilizar la Asamblea Legislativa diferentes fórmulas –en virtud del

“apoyo” ciudadano por excelencia, esto es, del voto depositado en las

urnas-, se conceden a los partidos políticos principales unas ventajas

que, aunque justificables, ostensiblemente les permiten perpetuarse.

El Estado aduce que el propósito del requisito de exclusividad

notarial obedece a su interés de evitar candidaturas fraudulentas y

frívolas, que las firmas en las peticiones sean confiables y que las

agrupaciones políticas tengan apoyo del electorado. “El requisito de

juramentación de las peticiones [ante notario] de los partidos por

petición

establece

una

elector

expresada

en

garantía

la

de

petición

veracidad

y

se

de

la

intención

del

protege

la

pureza

el

en

procedimiento de inscripción de partidos. Esto permite, además, que

pueda sancionarse cualquier acto ilegal por parte de la persona que

toma el juramento”.

Informe Comisión de Gobierno de la Cámara sobre el

P. de la C. 896.

No

albergamos

duda

respecto

de

que

tales

intereses

son

legítimamente tutelables. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110

D.P.R. 248 (1980). Es regla conocida que en abono de una deferencia

hacia

el

Poder

Legislativo

debemos

esforzarnos

por

lograr

interpretaciones congruentes y compatibles con el mantenimiento de la

4

Elecciones

Generales

Votos emitidos para

Gobernador

Votos íntegros

1996

1992

1988

1984

1980

1,958,296

1,881,872

1,792,153

1,722,787

1,609,311

1,877,542

1,544,209

1,599,476

1,498,365

1,432,416

constitucionalidad de una ley. En el caso de autos, existen medios

menos onerosos para salvaguardar los intereses del Estado sin necesidad

de declarar inconstitucional el requisito de “exclusividad notarial”.

Veamos.

Primero, como disuasivo de fraude, el Art. 208 del Código Penal

sanciona como delito la presentación de documentos falsificados para su

archivo, registro o anotación en cualquier oficina pública de Puerto

Rico, con pena de reclusión por término fijo de tres (3) años. En este

extremo,

además

tenemos

la

técnica

legislativa

de

exponer

a

las

penalidades del perjurio a quien suscribe falsamente un documento. Art.

225, Código Penal. El contenido de múltiples documentos de importancia,

tales

como

planillas

de

contribución

sobre

ingresos,

del

caudal

relicto, declaración de patentes, pólizas ante el Fondo del Seguro del

Estado, etc. son de este modo garantizados, sin tener que ser suscritos

ante notario solamente.

Segundo, la Sec. 6.1 del propio Reglamento para la Inscripción de

Partidos

por

Petición

establece

un

proceso

de

convalidación

de

peticiones en la Sección de Validaciones de la Comisión Estatal. Allí,

sus

funcionarios

pasan

juicio

sobre

“la

corrección,

legalidad

y

validez” de cada petición y las revisan contra los récords y archivos

de la Comisión. Entre los fundamentos para rechazar una petición de

inscripción está que “la firma del peticionario [sea] incompatible con

la que aparece en su petición de inscripción como elector”. Sec. 4.7

(f).

Observamos

pues,

que

para

la

Comisión

Estatal,

un

endoso

debidamente notarizado no goza totalmente de presunción de corrección y

legitimidad.

Ante

estas

realidades,

¿qué

impide

que

las

firmas

de

las

peticiones de endosos sean también ante los funcionarios de las Juntas

de Inscripciones Permanentes de cada municipio? Estas Juntas llevan a

cabo

un

proceso

reubicaciones

de

continuo

electores,

de

inscripciones,

asuntos

en

que

transferencias

igualmente

tiene

y

que

prevalecer la pureza electoral. Su capacidad y disponibilidad a tiempo

completo y la autenticación de la firma -avalada por certificaciones

emitidas

por

legislativos.

adscritos

a

sus

funcionarios-

¡Quiénes

la

mejores

Comisión

logran

que

Estatal

los

los

los

mismos

funcionarios

que

depuren

el

de

propósitos

las

Juntas

proceso

contra

posibles fraudes!

Este mecanismo supletorio es adicional al uso de los notarios y en

términos históricos más afín con lo que ha sido la “tradición” respecto

a

las

inscripciones

de

nuevos

partidos.

Alivia

la

onerosidad

del

reclutamiento de abogados notarios como única vía legal disponible en

la autenticación de firmas.

Finalmente, -una vez superada la característica de exclusividad

notarial-

concluimos

que

el

requisito

de

que

las

peticiones

sean

presentadas a la Comisión Estatal dentro de los siete (7) días de haber

el notario tomado el juramento, es una medida razonable y justificada.

Ello en virtud de dos vertientes, primero, la necesidad de evitar la

acumulación de peticiones de inscripción cerca de la fecha límite para

inscribir partidos. Y la segunda, notificar a la agrupación ciudadana

interesada el número de inscripciones válidas realmente aprobadas, de

forma que puedan subsanar oportunamente cualesquiera deficiencias antes

de la fecha límite. No nos persuaden los argumentos del P.A.C. a los

efectos de que duplicar –copiar- cada endoso y preparar informes de las

peticiones a presentar sea tarea imposible de realizar en un término de

siete (7) días.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado