Tribunal Supremo de Puerto Rico
PARTIDO ACCION CIVIL V ELA
1999 TSPR 163
Poder Judicial de Puerto Rico
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PARTIDO ACCION CIVIL V ELA
AC-1999-0020
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Partido Acción Civil
Peticionario
Apelación
V,
99 TSPR 163
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recurridos
Número del Caso: AC-1999-20
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez
Abogado del ELA: Oficina del Procurador General
Lcdo. Roberto Cruz
Abogado de la Comisión Estatal Elecciones: Lcdo. Ramón L. Walker Merino
Abogado del Comisionado Electora del PNP: Lcdo. José A. Carlo Rodríguez
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I, Panel III
Juez Ponente: Hon. Guillermo Arbona Lago
Fecha: 27/10/1999
Materia: Sentencia Declaratoria
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido Acción Civil
Peticionario
v.
AC-1999-20
Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
Recurridos
RESOLUCION
San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 1999.
A la segunda solicitud de auxilio de jurisdicción de
los peticionarios, no ha lugar.
Notifíquese por la vía telefónica y ordinaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Subsecretaria
del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Negrón
García emitió un Voto Disidente, al que se unió el Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri.
La Juez Asociada
señora Naveira de Rodón , en auxilio de la jurisdicción
de este Tribunal, proveería el remedio solicitado por
los peticionarios para que no se tornare académico el
trámite de inscripción del Partido Acción Civil.
Carmen E. Cruz Rivera
Subsecretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido de Acción Civil
Demandante-Peticionario
v.
AC-1999-20
Estado Libre Asociado de P.R.;
Comisión Estatal de Elecciones
y otros
Demandados-Recurridos
Voto Disidente del Juez Asociado señor Negrón García al cual se
une el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 1999
Tristemente
prevalece
la
Partidocracia
frente
a
la
Democracia. Ninguno de los partidos políticos principales
que
hoy
existen
Partido
-en
Popular
Independentista
orden
cronológico
Democrático
Puertorriqueño
de
inscripción,
(P.P.D.),
(P.I.P.),
y
Partido
Partido
Nuevo
Progresista (P.N.P.)-, obtuvieron su franquicia y entraron
al
escenario
electoral
con
el
requisito
legislativo
de
“exclusividad de juramento ante notario”.
“Nadie
sostendría
que
se
deben
poner
obstáculos
indebidos en el camino de un movimiento político nuevo y
responsable
papeleta
que
desee
electoral
para
incluir
sus
candidatos
que el público los
en
la
evalúe. Por otro lado, ningún observador político serio defendería el
derecho
de
los
‘partidos’
frívolos
y
oportunistas
a
confundir
la
papeleta y el electorado. El problema es determinar si el miedo de los
que
se
oponen
agradable
Pabón,
[a
los
partidos
‘estabilidad’
Los
Derechos
del
y
nuevos],
actual
los
porque
sistema,
Partidos
esto
está
Políticos
amenazaría
la
justificado.”
M.
en
la
Sociedad
Puertorriqueña, Ed. Edil, San Juan, 1968, pág. 110.
Para evitarlo, debimos con carácter urgente, vía reconsideración y
en auxilio de jurisdicción, autorizar la suscripción de peticiones de
inscripción -además de ante notarios públicos-, por funcionarios de la
Comisión Estatal de Elecciones adscritos a las Juntas de Inscripción
Permanente.
I
Desde el año pasado la agrupación ciudadana Partido de Acción Civil
(P.A.C.), intenta inscribirse como “partido por petición” y participar
en las elecciones generales del 2000. El 6 de octubre de 1998, solicitó
del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, decreto de
inconstitucionalidad
de
los
Arts.
3.001
(3)
y
3.002
de
la
Ley
Electoral,1 e injunction preliminar y permanente contra los demandados,
Comisión Estatal de Elecciones, et al. ordenándoles cesaran de exigirle
cumplir con ciertos requisitos establecidos en dichas disposiciones.
También pidió medidas remediales judiciales conducentes a que se le
aplicase
el
proceso
de
en
las
primarias
demandados,
Comisión
candidaturas
inscripción
fijado
para
la
presentación
internas
de
los
partidos
Estatal,
et
al.,
levantaron
de
políticos
inscritos.
Los
varias
defensas y solicitaron la desestimación de la demanda. Argumentaron,
que
el
P.A.C.
carecía
de
legitimación
activa
por
no
ser
partido
político; que ella tenía jurisdicción exclusiva sobre el asunto; que el
escrutinio judicial era el nexo racional, no el estricto; que inscribir
Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada. (16 L.P.R.A. secs.
3101(3) y 3102).
1
un partido político no era un derecho fundamental y; que no se había
configurado una violación a la cláusula constitucional sobre la igual
protección
de
las
leyes
por
ideología
política,
pues
todas
las
agrupaciones similarmente situadas que desean inscribirse tenían que
satisfacer idénticos requisitos.
Luego de varios trámites procesales, el 21 de enero de 1999, el
Tribunal
de
Instancia
(Hon.
Carmen
Rita
Vélez
Borrás)
desestimó
sumariamente la demanda. Sostuvo la constitucionalidad de los preceptos
impugnados en virtud de un análisis sobre el nexo racional de los
distintos requisitos, concluyendo que responden a intereses válidos y
legítimos del Estado. Determinó que el P.A.C. no podía exigir un trato
igual al de los partidos inscritos para sus primarias internas.
En apelación, el Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Arbona
Lago,
Brau
reproduce
Ramírez
sus
y
Urgell
Cuevas)
planteamientos.
confirmó.
Ante
Específicamente
nos,
el
discute
P.A.C.
que
las
exigencias sobre la juramentación de los endosos exclusivamente ante
notarios públicos, y su presentación a la Comisión a más tardar siete
(7) días después, son imposibles de cumplir y entrañan un discrimen
irrazonable. Aduce que es imposible conseguir notarios dispuestos a
juramentar endosos a tiempo completo por el período de tiempo necesario
que implica conseguir más de 97,000 endosos.
Argumenta
el
trato
diferencial
otorgado
al
grupo
PRO-ELA,
en
virtud de la Ley Núm. 249, del 17 de agosto de 1998 –habilitadora del
proceso plebiscitario del 13 de diciembre de 1998-, al cual se le
brindó
acceso
a
la
papeleta
y
al
Fondo
Electoral
con
la
sola
recolección de 2,300 endosos, sin la exigencia de juramentación sólo
ante notario. La Ley Núm. 249 en su Art. 10(3) disponía para la firma
de
peti-ciones
“ante
los
funcionarios
autorizados
por
ley
a
tomar
juramentos y, por aquellos a los que la Comisión autorice para ello.”
También,
nos
llama
la
atención
al
Reglamento
para
los
Procesos
de
Radicación de Candidaturas y Primarias de los Partidos Políticos, el
cual establece que las peticiones de primarias se pueden juramentar,
además de los funcionarios autorizados en ley para ello, ante cualquier
elector que estampe su firma y provea su número electoral.
II
Nuestra
democracia
se
enraíza
en
que
“el
orden
político
está
subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre
participación del ciudadano en las decisiones colectivas”. Preámbulo,
Constitución
electoral,
E.L.A.
es
El
derecho
consustancial
a
participar
la
libre
a
y
votar
en
expresión
y
el
proceso
libertad
de
asociación. Ortiz v. Barreto, 110 D.P.R. 84 (1980). La visión amplia de
nuestra
democracia
significa
que
el
ejercicio
al
sufragio
no
sólo
implica acceso individual a las urnas sino que –con sujeción a ciertas
limitaciones
razonables
opciones
reflejen
que
necesarias-,
las
ideas
y
se
incluyan
concepciones
sociedad pluralista. A su vez, la libertad de
en
las
del
papeletas
elector
de
una
asociación conlleva el
derecho a formar agrupaciones y proponer candidatos de su predilección
para participar en el proceso electoral. P.S.P. v. C.E.E., 110 D.P.R.
400 (1980); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49
(1976).
No
obstante,
absolutos.
Hoy
estos
día
valores
nadie
no
cuestiona
se
implementan
seriamente
la
en
términos
facultad
de
la
Asamblea Legislativa para reglamentar estos derechos. Sin embargo, el
igual trato es requisito sine qua non para validar el proceso mismo.
Giménez v. J.E.E., 96 D.P.R. 943 (1968). No puede legislarse contra el
axioma
de
prohibe
el
igualdad
que
en
electoral
inmerso
determinada
en
época
nuestra
un
Constitución,
partido,
que
que
controla
mayoritariamente los poderes ejecutivo o legislativo, o lo comparta con
otro
–mediante
anuencia
o
consenso-
limite
la
génesis
de
otros
partidos. P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 638 (1984). Por ende, toda
legislación
que
irrazonablemente
de
su
onerosa
faz
e
o
en
inhibir
la
práctica,
sustancialmente
tienda
el
a
hacer
nacimiento
de
partidos nuevos, o a crear situaciones de inferioridad, está sujeta a
un análisis bajo el escrutinio judicial estricto. Si lesiona el derecho
al
voto,
asociación
irrazonablemente
inmola
cualquier
proceso
distintas
y
más
e
igualdad
electoral,
e
el
principio
igualitario
que
electoral
onerosas
manteniendo
-disminuyendo
o
así
injustificada
debe
regir
potencial
en
reglas
introduciendo
el
e
real
del
ciudadano a organizarse para colectivamente participar en el proceso
político
(sin
que
el
Estado
pueda
oponer
y
demostrar
interés
apremiante)- nuestra responsabilidad judicial es descartarla en abono
de los preciosos derechos constitucionales envueltos.
Enmarcada en esta brevísima exposición, no tenemos duda que la
meta
del
de
P.A.C.
figurar
en
la
papeleta
electoral
como
opción
político partidista en las próximas elecciones está amparada por el
derecho
constitucional
que
tienen
los
ciudadanos
a
organizarse
colectivamente en grupos de opinión, amén del derecho a presentar sus
propios
candidatos.
legitimación
septiembre
activa
de
Como
tal,
–P.A.C.
1999-,
no
V.
como
cuestionar
Comisión
tampoco
planteamientos
de
derecho
puro,
contención
la
Comisión
Estatal
de
cabe
Estatal,
que
sobre
no
los
reclamando
seriamente
res.
estemos
cuales
en
27
su
de
ante
unos
prevalezca
la
jurisdicción
original
exclusiva. La naturaleza fundamental de los derechos envueltos y el
factor apremiante del tiempo, conlleva que evaluemos expeditamente los
méritos del recurso a través del escrutinio judicial estricto.
III
El Art. 3.001 (3) de la Ley Electoral establece:
“Se considerará como ‘Partido por Petición’ a cualquier
agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en
la papeleta electoral de unas elecciones generales, en o antes
del primero de junio del año de elecciones se inscriba como
partido político, mediante la radicación ante la Comisión de
peticiones juradas al efecto, ante notarios públicos admitidos
al ejercicio de la notaria,..., quienes percibirán de la
Comisión Electoral un (1) dólar por cada petición notarizada
válida como honorarios, suscritas por un número de electores
no menor del cinco (5) por ciento del total de votos
depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador
en la elección precedente....”
El requisito de exclusiva juramentación de peticiones de endoso
ante notario público es de época reciente, impuesto por la Ley Núm. 4
de 15 de noviembre de 1978. Según su historial legislativo respondió al
interés de salvar la omisión involuntaria de que en el trámite de
aprobación
de
la
Ley
Electoral
de
1977
no
se
proveyó
para
la
juramentación de peticiones de inscripción de partidos políticos. La
intervención única del notario se justificó a base de la percepción de
la
Asamblea
Legislativa
de
“cumplir
con
una
tradición
en
nuestro
proceso de inscripción de partidos por petición”. (Informe Cámara de
Representantes, 24 de octubre de 1978).
Varios problemas graves surgen en la implementación del requisito
de “exclusividad de juramento ante notario”. Primero, un estudio de la
trayectoria
de
Ley
Electoral
original
del
1919
hasta
el
Código
Electoral de 1974 y la Ley Electoral de 1977, no avala la conclusión
legislativa y existencia de esa “tradición”.
Bajo
la
Ley
Núm.
79
de
25
de
junio
de
1919
los
endosantes
declaraban bajo juramento “ante algún funcionario autorizado por ley
para tomar juramentos”, que habían firmado la petición y eran electores
debidamente
inscritos
y
capacitados
para
votar.2
En
el
1924
fue
enmendada para que el juramento fuera “ante un funcionario judicial de
Puerto Rico autorizado para tomar juramentos”.
La propia ley contenía una disposición para agilizar el trámite
consignado que “no ser[í]a necesario presentar una declaración jurada
por separado para cada firmante, pero la certificación del funcionario
deberá comprender a todos y cada uno de los firmantes que suscriban la
petición”. (Este texto se mantuvo inalterado en las leyes Núms. 15 y 74
de 12 de mayo de 1920 y 30 de julio de 1923, respectivamente).
2
La Ley Núm. 2 de 18 de junio de 1924 disponía ante funcionario
judicial autorizado para tomar juramentos; haría constar en su
certificado el hecho que el juramento y la firma o la impresión
judicial fueron en su presencia y observación y deberá haber un
certificado por separado para cada juramento y firma. (Estas
disposiciones permanecieron igual en las leyes Núms. 74, 114, 10, 87, y
1 de 6 de julio de 1932, 29 de junio de 1936, 18 de agosto de 1952, 20
de junio de 1955 y 2 de septiembre de 1955, respectivamente).
La Ley Núm. 140 de 30 de junio de 1961, estableció
que sería
jurada ante el Presidente de Junta Local de Elecciones del Precinto del
elector, Juez Superior, de Distrito o de Paz. La Ley Núm. 3 de 5 de
octubre de 1965 añadió a estos funcionarios el “notario público
nombrado por la Junta Estatal de Elecciones”.
Luego, en 1961 la petición era jurada ante el Presidente de la
Junta
Local
de
Elecciones
del
Precinto
del
cual
sea
elector
el
peticionario, o ante un juez superior, de distrito o de paz.
Finalmente en 1965 la petición podía ser jurada ante el Presidente
de la Junta Local de Elecciones del Precinto del cual sea elector el
peticionario,
primera
vez
ante
ante
un
juez
notario
superior,
público
de
distrito
nombrado
por
o
la
de
paz,
y
por
Estatal
de
tradición
de
Junta
Elecciones.
Distinto
a
la
visión
legislativa,
no
existe
la
“exclusividad notarial” hasta el 1978. De hecho, la realidad legal
había
sido
otra,
más
amplia,
jurar
ante
cualquier
funcionario
autorizado por ley y jueces, visión que se cambió en la década de 1960
para añadir a Presidentes de la Junta Local de Elecciones.
Segundo, ciertamente la imposición legislativa de que sólo ante
notarios puedan juramentarse las inscripciones, representa una clara
limitación
frente
a
la
verdadera
norma
tradicional
de
funcionarios
autorizados por ley a tomar juramentos, incluso las alternativas de
jueces y Presidentes de Juntas Locales. Adviértase el amplio potencial
de disponibilidad de estos funcionarios a través de la isla que ejercen
tarea completa por sus distintos cargos en oficinas públicas de fácil
acceso.
Tercero, no se necesita mucho esfuerzo mental para entender las
dificultades
que
entraña
reclutar
únicamente
abogados
notarios
para
que, por la módica suma de $1.00 por petición, echen a un lado la
práctica
de
la
abogacía
y
concentren
sus
labores
en
este
tipo
de
actividad inscripcionaria. Recuérdese también la responsabilidad que
esos notarios tienen de radicar en la Secretaría de la Comisión Estatal
unos
informes
notariales
cada
quince
(15)
días
-conteniendo
una
relación de las peticiones de inscripción que han notarizado (Sec. 3.3
del Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición)-, y labor
extra que conlleva a preparar sus Registros de Testimonios e Índices
Mensuales y Anules requeridos por la Ley Notarial.
la
Cuarto,
norma
de
“exclusividad
se
notarial”
torna
inevitablemente más onerosa cada cuatrienio en virtud de la fórmula
legal que requiere que el número total de peticiones de endosos para
inscribir un nuevo partido sea una cantidad no menor del “cinco (5) por
ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al
cargo de Gobernador en la elección general precedente”. Nos explicamos.
Los
Informes
Oficiales
Generales
durante
el
revelan
un
aumento
emitidos
para
dicho
Sobre
período
los
Resultados
comprendido
entre
promedio
de
114,902
por
cargo.
El
resultado
de
de
las
Elecciones
los
años
1972-1996,
elección
esta
en
los
tendencia
votos
es
un
incremento en el número de peticiones necesarias en virtud de ese cinco
(5%) por ciento. De su faz no detectamos defecto constitucional alguno.
Ciertamente la Asamblea Legislativa puede exigir una demostración de
apoyo y endoso ciudadano –razonable y proporcional- para alcanzar y
entrar como partido político al escenario electoral.
Ahora bien, esa entrada resulta más gravosa al compararla con el
trato que la Ley Electoral brinda para permanecer inscrito como partido
principal
y
no
perder
la
franquicia.
Nos
referimos
a
la
enmienda
introducida a la Sec. 3101 (1) –Ley Núm. 3 de 10 de enero de 1983-, que
como una de las alternativa,3 redujo a un tres por ciento (3%) del total
de
“papeletas
íntegras”
depositadas
para
todos
lo
partidos
para
continuar partido principal. Nótese, no sólo que ese por ciento varía,
sino
que
incluso
la
fórmula
de
“entrada”
es
más
onerosa,
pues
se
La Ley Electoral establece que se considerará "Partido Principal"
todo aquél que obtuviera en el encasillado correspondiente a su
insignia en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente, en la
elección general precedente una cantidad no menor de siete (7) por
ciento (133,766) del total de votos depositados para todas las
insignias de partidos, o que obtuviera en la papeleta para Gobernador y
Comisionado Residente en la elección precedente una cantidad no menor
de tres (3) por ciento (56,326) del total de papeletas íntegras
depositadas para todos los partidos;
o cuyo candidato a Gobernador
obtuviere en la elección general precedente una cantidad no menor de
cinco (5) por ciento (97,914) del total de votos depositados para todos
los candidatos a dicho cargo.
3
El valor numérico de los porcentajes exigidos por la ley,
representan las cantidades necesarias para las elecciones del 2000.
computa a base de total de votos depositados para todos los candidatos
al cargo de gobernador, mientras que la “estadía” se cualifica a base
de papeletas íntegras, lo cual excluye las mixtas con votos para el
cargo de gobernador.4 Estas diferencias significativas nos mueven a
concluir
que
para
quedar
inscrito
como
partido
por
petición,
al
utilizar la Asamblea Legislativa diferentes fórmulas –en virtud del
“apoyo” ciudadano por excelencia, esto es, del voto depositado en las
urnas-, se conceden a los partidos políticos principales unas ventajas
que, aunque justificables, ostensiblemente les permiten perpetuarse.
El Estado aduce que el propósito del requisito de exclusividad
notarial obedece a su interés de evitar candidaturas fraudulentas y
frívolas, que las firmas en las peticiones sean confiables y que las
agrupaciones políticas tengan apoyo del electorado. “El requisito de
juramentación de las peticiones [ante notario] de los partidos por
petición
establece
una
elector
expresada
en
garantía
la
de
petición
veracidad
y
se
de
la
intención
del
protege
la
pureza
el
en
procedimiento de inscripción de partidos. Esto permite, además, que
pueda sancionarse cualquier acto ilegal por parte de la persona que
toma el juramento”.
Informe Comisión de Gobierno de la Cámara sobre el
P. de la C. 896.
No
albergamos
duda
respecto
de
que
tales
intereses
son
legítimamente tutelables. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110
D.P.R. 248 (1980). Es regla conocida que en abono de una deferencia
hacia
el
Poder
Legislativo
debemos
esforzarnos
por
lograr
interpretaciones congruentes y compatibles con el mantenimiento de la
4
Elecciones
Generales
Votos emitidos para
Gobernador
Votos íntegros
1996
1992
1988
1984
1980
1,958,296
1,881,872
1,792,153
1,722,787
1,609,311
1,877,542
1,544,209
1,599,476
1,498,365
1,432,416
constitucionalidad de una ley. En el caso de autos, existen medios
menos onerosos para salvaguardar los intereses del Estado sin necesidad
de declarar inconstitucional el requisito de “exclusividad notarial”.
Veamos.
Primero, como disuasivo de fraude, el Art. 208 del Código Penal
sanciona como delito la presentación de documentos falsificados para su
archivo, registro o anotación en cualquier oficina pública de Puerto
Rico, con pena de reclusión por término fijo de tres (3) años. En este
extremo,
además
tenemos
la
técnica
legislativa
de
exponer
a
las
penalidades del perjurio a quien suscribe falsamente un documento. Art.
225, Código Penal. El contenido de múltiples documentos de importancia,
tales
como
planillas
de
contribución
sobre
ingresos,
del
caudal
relicto, declaración de patentes, pólizas ante el Fondo del Seguro del
Estado, etc. son de este modo garantizados, sin tener que ser suscritos
ante notario solamente.
Segundo, la Sec. 6.1 del propio Reglamento para la Inscripción de
Partidos
por
Petición
establece
un
proceso
de
convalidación
de
peticiones en la Sección de Validaciones de la Comisión Estatal. Allí,
sus
funcionarios
pasan
juicio
sobre
“la
corrección,
legalidad
y
validez” de cada petición y las revisan contra los récords y archivos
de la Comisión. Entre los fundamentos para rechazar una petición de
inscripción está que “la firma del peticionario [sea] incompatible con
la que aparece en su petición de inscripción como elector”. Sec. 4.7
(f).
Observamos
pues,
que
para
la
Comisión
Estatal,
un
endoso
debidamente notarizado no goza totalmente de presunción de corrección y
legitimidad.
Ante
estas
realidades,
¿qué
impide
que
las
firmas
de
las
peticiones de endosos sean también ante los funcionarios de las Juntas
de Inscripciones Permanentes de cada municipio? Estas Juntas llevan a
cabo
un
proceso
reubicaciones
de
continuo
electores,
de
inscripciones,
asuntos
en
que
transferencias
igualmente
tiene
y
que
prevalecer la pureza electoral. Su capacidad y disponibilidad a tiempo
completo y la autenticación de la firma -avalada por certificaciones
emitidas
por
legislativos.
adscritos
a
sus
funcionarios-
¡Quiénes
la
mejores
Comisión
logran
que
Estatal
los
los
los
mismos
funcionarios
que
depuren
el
de
propósitos
las
Juntas
proceso
contra
posibles fraudes!
Este mecanismo supletorio es adicional al uso de los notarios y en
términos históricos más afín con lo que ha sido la “tradición” respecto
a
las
inscripciones
de
nuevos
partidos.
Alivia
la
onerosidad
del
reclutamiento de abogados notarios como única vía legal disponible en
la autenticación de firmas.
Finalmente, -una vez superada la característica de exclusividad
notarial-
concluimos
que
el
requisito
de
que
las
peticiones
sean
presentadas a la Comisión Estatal dentro de los siete (7) días de haber
el notario tomado el juramento, es una medida razonable y justificada.
Ello en virtud de dos vertientes, primero, la necesidad de evitar la
acumulación de peticiones de inscripción cerca de la fecha límite para
inscribir partidos. Y la segunda, notificar a la agrupación ciudadana
interesada el número de inscripciones válidas realmente aprobadas, de
forma que puedan subsanar oportunamente cualesquiera deficiencias antes
de la fecha límite. No nos persuaden los argumentos del P.A.C. a los
efectos de que duplicar –copiar- cada endoso y preparar informes de las
peticiones a presentar sea tarea imposible de realizar en un término de
siete (7) días.
ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA
Juez Asociado