LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ISRAEL FIGUEROA ROBLEDO V PETRA RIVERA ROSA

1999 TSPR 159

Poder Judicial de Puerto Rico

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ISRAEL FIGUEROA ROBLEDO V PETRA RIVERA ROSA

CC-1998-0056

CC-1998-56

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Figueroa Robledo y otros

Recurridos

Certiorari

v.

99 TSPR 159

Petra Rivera Rosa y otros

Peticionarios

Número del Caso: CC-1998-56

Abogado de la Parte Peticionaria:

Figueroa

Lcdo. Wilfredo Rivera

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Hiram Betances Fradera

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI

Panel Integrado por: Hon. Arbona Lago

Hon. Negroni Cintrón

Hon. Salas Soler

Fecha: 22/10/1999

Materia: División de Comunidad

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y

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distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

CC-1998-56

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Figueroa Robledo,

su esposa Victoria Figueroa

Torres, etc.

Demandante y Recurridos

CC-1998-56

Certiorari

v.

Petra Rivera Rosa, su esposo

Julio Morales y la Sociedad

Legal de Bienes Gananciales

Demandado y Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 1999.

Nos

corresponde

obligación

que

surge

determinar

entre

cuál

es

excónyuges,

la

naturaleza

cuando

uno

de

de

la

ellos

incumple la obligación, impuesta por sentencia, de alimentar a

sus hijos menores de edad, y el otro excónyuge se ve obligado a

sufragar la totalidad de los gastos de dichos menores.

Por considerar que en casos como el de autos, surge una

acción personal de reembolso a favor del excónyuge que sufragó

los gastos de alimentos que correspondían al otro excónyuge, y

que

es

L.P.R.A.

de

aplicación

sec.

el

5294,

Artículo

el

1864

cual

del

Código

dispone

Civil,

31

que

las

CC-1998-56

acciones

3

personales

que

no

tengan

un

término

señalado

de

prescripción especial, prescriben a los quince años, revocamos

la

sentencia

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

y

ordenamos la continuación de los trámites en el Tribunal de

Primera Instancia, de acuerdo a los parámetros esbozados en esta

Opinión.

I

El Sr. Israel Figueroa Robledo y la Sra. Petra Rivera Rosa

contrajeron

matrimonio

el

26

de

septiembre

de

1959.

Tras

veinticuatro años de matrimonio, se divorciaron por la causal de

mutuo consentimiento, el 19 de julio de 1983.1 Para dicha fecha,

cuatro

de

los

seis

hijos

procreados

en

el

matrimonio,

eran

menores de edad.

El

tribunal

titularidad

de

adjudicó

ciertos

en

bienes

la

sentencia

gananciales,

de

y

divorcio

dispuso

que

la

la

vivienda conyugal continuaría como hogar de la señora Rivera

Rosa y sus hijos menores, hasta que el más pequeño adviniese la

mayoría de edad, lo cual sería el 2 de febrero de 1992. El

tribunal dictaminó que los pagos de la hipoteca que grava la

vivienda

ganancial

serían

satisfechos

por

el

señor

Figueroa

Robledo y le impuso además, el pago de las deudas contraídas

durante el matrimonio.

El tribunal ordenó al señor Figueroa Robledo el pago de

$300.00 en calidad de pensión alimentaria para sus hijos menores

de edad, los cuales permanecieron bajo la custodia de su madre.

Dispuso que dichos pagos se hiciesen directamente a la señora

Rivera Rosa y le advirtió expresamente al señor Figueroa Robledo

que debería conservar los recibos de los pagos efectuados.

1

Caso Civil RF-82-1575, Tribunal Superior, Sala de Humacao.

CC-1998-56

4

En septiembre de 1985 el señor Figueroa Robledo solicitó,

mediante moción de relevo de sentencia, que se le relevara del

pago de la pensión alimentaria por haber sido cesanteado de su

trabajo.

Robledo

Celebrada

compareció

la

con

vista,

su

en

la

cual

el

señor

abogado

y

la

señora

Figueroa

Rivera

Rosa

compareció por derecho propio, el tribunal aceptó reducir la

pensión

alimentaria

a

$100.00

mensuales,

y

advirtió

específicamente al señor Figueroa Robledo que debía notificar

tan pronto obtuviese un nuevo empleo, para celebrar una nueva

vista y llegar a una determinación de si correspondía aumentar

nuevamente la pensión alimentaria.2

Según surge del expediente

del caso de divorcio, el señor Figueroa Robledo nunca cumplió

con el requerimiento de notificación, ni compareció nuevamente

ante el tribunal.

A pesar de que la hija menor del matrimionio advino la

mayoría de edad el 2 de febrero de 1992, no fue hasta el 11 de

octubre de 1996, que el señor Figueroa Robledo instó ante el

Tribunal de Primera Instancia una demanda de división de bienes

gananciales contra la señora Rivera Rosa.

En la misma alegó que

la demandada se había mantenido en la posesión y el disfrute de

la

vivienda

ganancial

desde

la

disolución

del

matrimonio

y

solicitó un crédito por renta disfrutada por la demandada, así

como un crédito por la mitad del pago de la hipoteca que grava

la propiedad, a partir de la fecha en que la hija más pequeña

advino la mayoría de edad.

La señora Rivera Rosa presentó una reconvención en la cual

alegó que el señor Figueroa Robledo incumplió, desde 1983, con

el pago de la pensión alimentaria de los menores, y reclamó un

crédito por los gastos incurridos por ella en su manutención,

así como en la conservación y mejoras realizadas en la vivienda.

2

Minuta del 14 de octubre de 1985. Caso Civil RF-82-1575,

Tribunal Superior, Sala de Humacao.

CC-1998-56

5

El señor Figueroa Robledo se opuso a la reconvención y alegó que

la misma era improcedente por tratarse de una demanda para la

liquidación

de

alternativa,

que

gananciales

cualquier

y

no

de

alimentos,

reclamación

de

y

alimentos

en

la

estaba

prescrita, por haber transcurrido más de cinco años desde que la

menor de sus hijos se había emancipado por matrimonio.3

Tras varios trámites procesales, el tribunal ordenó enmendar

la demanda para traer al pleito a la nueva esposa del señor

Figueroa

Robledo

y

a

la

sociedad

de

gananciales

por

ellos

constituida, así como al nuevo esposo de la señora Rivera Rosa,

y a la sociedad de bienes gananciales por ellos constituida,

como partes indispensables.

Posteriormente,

el

tribunal

de instancia

dictó

sentencia

parcial en la cual concluyó que la señora Rivera Rosa no tenía

derecho al crédito por los gastos incurridos en la manutención

de sus hijos menores.

Determinó el tribunal sentenciador que la

señora Rivera Rosa carecía de legitimación activa para reclamar

un crédito por las pensiones dejadas de pagar, ya que por haber

advenido los hijos a la mayoría de edad, son éstos los que

tienen la capacidad para representarse ante el tribunal.

Oportunamente, la señora Rivera Rosa acudió al Tribunal de

Circuito de Apelaciones para revisar dicha sentencia. Dicho foro

revocó la sentencia del tribunal de instancia y permitió la

acumulación dentro del trámite de liquidación de la sociedad

legal de gananciales, de la acción en cobro de dinero por las

alegadas pensiones alimentarias no pagadas.

3

Memorando de Derecho ante el Tribunal de Primera

Instancia, 26 de octubre de 1996; Réplica a Moción Objetando

Contestación a Interrogatorio ante el Tribunal de Primera

Intancia, 5 de abril de 1997; Escrito en Oposición a Certiorari

y Para Mostrar Causa ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, 19 de diciembre de 1997; Escrito en Oposición a

Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 18 de

febrero de 1998.

CC-1998-56

6

En cuanto al término prescriptivo aplicable, el tribunal

apelativo determinó que la acción para tal reclamo estaba sujeta

a un término de cinco años, el cual comenzó a decursar con el

vencimiento y retraso de cada aportación mensual.

a

la

fecha

en

contestación

a

que

la

se

interrumpió

demanda

la

reclamando

Concluyó que

prescripción

lo

adeudado,

con

no

la

había

transcurrido el término prescriptivo en cuanto a la totalidad de

lo reclamado.

Inconforme, la señora Rivera Rosa acudió ante nos para que

revisemos la determinación del tribunal apelativo que aplicó a

su reclamación el término prescriptivo de cinco años establecido

por el Art. 1866 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5296, para

los reclamos de alimentos.

la

petición

de

El señor Figueroa Robledo se opuso a

certiorari.

Expedido

el

auto,

ambas

partes

solicitaron que a tenor con lo dispuesto en la Regla 33(k) del

Reglamento de este Tribunal se permitiese someter el caso sin

presentar alegatos.

elevar

los

Tribunal

de

autos

Ordenamos a la Secretaria de este Tribunal

del

Circuito

Tribunal

de

de

Primera

Apelaciones.

Instancia

Examinados

los

y

del

autos,

resolvemos.

II

Nuestra

jurisprudencia

ha

reconocido

que

el

derecho

a

reclamar alimentos, como parte del derecho a la vida, es uno de

profundas raíces constitucionales.

Este derecho fundamental se

acentúa cuando están envueltos alimentos de menores y forma

parte del poder de parens patriae del Estado.

González v.

Suárez Milán, 131 D.P.R. 296 (1992).

Reiteradamente hemos señalado que, en nuestra jurisdicción,

los menores tienen un derecho fundamental a reclamar alimentos,

que

los

casos

relacionados

con

alimentos

de

menores

están

revestidos del más alto interés público, y que en éstos, el

interés no puede ser otro que el bienestar del menor.

Negrón

CC-1998-56

Rivera

7

y

Bonilla

Ex

parte

120

D.P.R.

61

(1987);

Rodríguez

Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).

La obligación del sustento de los hijos menores recae en

ambos

padres.

Sin

embargo,

una

vez

roto

el

vínculo

matrimonial, se reparte entre los padres el pago de la pensión

alimentaria en cantidad proporcionada a su caudal respectivo.

Código

Civil,

Martínez

v.

reconocido

artículo

Yordán,

que

la

145,

104

labor

31

D.P.R.

L.P.R.A.

594

personal

sec.

(1976).

de

un

564;

López

También

hemos

cónyuge

que

al

administrar la pensión la convierte y destina a todo lo que es

indispensable

para

el

sustento,

habitación,

vestido

y

asistencia médica de sus hijos debe estimarse como descargo de

su

propia

obligación

de

alimentar.

Mundo

v.

Cervoni,

uno

de

los

115

D.P.R. 422 (1984).

En

aquellas

ocasiones

en

que

padres

alimentantes ha pagado en exceso de lo que le corresponde,

hemos determinado que procede reconocerle, al momento de llevar

a cabo la liquidación de los bienes gananciales, un crédito por

la parte que le correspondía pagar al otro excónyuge también

alimentante.

López Martínez v. Yordan, supra. De igual modo,

en Calvo Mangas v. Aragonés, 115 D.P.R. 219 (1984), reconocimos

expresamente que cuando un padre alimentante paga en exceso de

lo que le corresponde, tiene un crédito a su favor por ese

excedente.

Es

a

la

luz

de

estos

principios

rectores

en

nuestro

ordenamiento que debemos examinar, en primer lugar, si dados

los hechos ante nos, surgió entre el señor Figueroa Robledo y

la señora Rivera Rosa algún tipo de obligación. De responder en

la afirmativa debemos determinar cuál es la naturaleza de dicha

obligación y su término prescriptivo.

III

CC-1998-56

8

Un examen de los autos del caso de divorcio refleja que al

dictarse la sentencia de alimentos, el señor Figueroa Robledo

trabajaba como administrador de una cafetería y devengaba un

sueldo neto de $403.00 semanales.

La señora Rivera Rosa se

desempeñaba como supervisora de factoría y devengaba un sueldo

neto de $104.00 semanales.

tribunal

sentenciador,

Tomando esto en consideración, el

impuso

al

señor

Figueroa

Robledo

una

pensión alimentaria de $300.00 mensuales para el sustento de sus

hijos menores.

Por existir relaciones cordiales entre ambos, el

tribunal no reguló las relaciones paterno filiales y ordenó al

señor Figueroa Robledo entregar a la peticionaria el monto de la

pensión alimentaria.

No se impuso al señor Figueroa Robledo una

pensión alimentaria a favor de su excónyuge.

Tampoco se impuso

a la señora Rivera Rosa, con quien permanecieron viviendo los

menores, pago de pensión alimentaria para sus hijos.

La señora Rivera Rosa alega que el señor Figueroa Robledo

incumplió con el pago de la pensión alimentaria impuesta por

sentencia, y reclama que se le otorgue a ella un crédito por los

gastos en que incurrió en la manutención de sus hijos.

El

tribunal

una

de

reclamación

instancia

alimentaria

consideró

por

lo

que

cual

se

trataba

consideró

que

de

la

señora

Rivera Rosa carecía de legitimación para instarla, pues ya los

hijos

del

matrimonio

habían

advenido

la

mayoría

de

edad.

Incidió.

Examinada cuidadosamente la situación ante nos, concluimos

que la reclamación de la señora Rivera Rosa no configura una

reclamación

de

alimentos.

Como

correctamente

determinó

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones,4 la señora Rivera Rosa lo

que reclama es que se le reembolse por los gastos en que ella

4

Sin embargo, aunque el Tribunal de Circuito de Apelaciones

caracterizó de modo correcto la naturaleza de la obligación,

erró al concluir que le aplicaba el término prescriptivo de

cinco años de las acciones de alimentos.

CC-1998-56

9

tuvo que incurrir para alimentar a sus hijos, debido a que el

verdadero deudor en la obligación alimentaria, el señor Figueroa

Robledo alegadamente no pagaba.

Se trata, pues, de una acción

personal de reembolso, ya que, de demostrarse en su día que el

señor

Figueroa

Robledo

incumplió

con

su

obligación

como

alimentante de sus hijos, es forzoso concluir que la madre se

vio

obligada

a

cubrir

con

sus

ingresos,

los

gastos

de

los

la

de

menores que correspondía satisfacer al padre.

Nuestro

ordenamiento

provee

para

situaciones

como

autos mediante la figura del pago por tercero regulada en el

artículo 1112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3162:

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no

interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo

conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar

del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho

contra su expresa voluntad.

En este caso sólo podrá repetir del

aquello en que le hubiera sido útil el pago.5

deudor

La doctrina expresamente reconoce que el articulado del

pago por tercero, artículo 1112 et seq del Código Civil6 es de

aplicación a muchos supuestos:

El Código civil da a la palabra pago un sentido

amplio

de

solutio,

de

cumplimiento

de

las

obligaciones que permite aplicar directamente el

artículo 1158 [artículo 1112 nuestro] a muchos

supuestos de utiliter coeptum, en especial a todos

aquellos en que el gestor obra por necesidad legal.

La analogía entre los supuestos de necesidad legal a

otros de necesidad física, otros ex circumstantiis,

etc., no será, en la mayor parte de los casos,

forzada. Scaevola 30-I Código Civil Comentado y

Concordado, 513 (1957).

En particular se ha reconocido que dicho articulado es de

aplicación a reclamaciones pecuniarias, aun en aquellos casos en

5

Véase además Eastern Sands, Inc. v. Roig Commercial

Bank, res. 9 de mayo de 1996, 140 D.P.R. ___ (1996).

6

31 L.P.R.A. sec. 3162 et seq. Idéntica disposición se

encuentra en el artículo 1158 del Código Civil Español.

CC-1998-56

10

que la obligación o deuda satisfecha por el tercero es una

obligación alimentaria que el verdadero deudor ha incumplido.

José Luis Lacruz Berdejo, La gestión de negocios sin mandato, 51

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 245,270 (1975).

Al analizar la razón de ser del término prescriptivo de las

reclamaciones de alimentos la doctrina reconoce que tal término

sufre una excepción en ciertos casos:

[C]uando las necesidades del alimentista hayan sido

atendidas por un tercero, pues sin duda éste podría

dirigirse

contra

el

obligado

para

exigirle

el

reembolso.

Puig Peña, II-2 Tratado de Derecho Civil

Español, 249 citado con aprobación en IV Puig Brutau,

Fundamento de Derecho Civil, 285 (1985).

De un examen de la sentencia en el caso de divorcio surge

claramente que las partes en la obligación alimentaria lo eran

los hijos menores de edad como acreedores alimentistas, y el

padre, el señor Figueroa Robledo, como deudor alimentante.

La

señora Rivera Rosa era una tercera7 en cuanto a la obligación

alimentaria, y el hecho de que el tribunal dictaminara que, por

existir relaciones cordiales entre los excónyuges el pago de la

pensión se hiciera directamente a ella, no cambia la naturaleza

o las partes en la obligación.

Debemos

recordar

que

el

pago

por

tercero

origina

unas

consecuencias jurídicas según los distintos supuestos recogidos

en

nuestro

Código

Civil.

Cuando

un

tercero

paga

con

conocimiento y aprobación del deudor, ya sea expresa o tácita,

o

paga

porque

tiene

interés

en

el

cumplimiento

de

la

obligación, el tercero tiene una acción de reembolso contra el

deudor, o a su elección, podrá compeler al acreedor a que le

7

La doctrina, al analizar los articulados que regulan el

pago por tercero, aclara que el tercero es aquél que no está

ligado al deudor por una relación contractual o por algún

vínculo convencional que establezca la obligación cumplida. R.

Bercovitz y Rodríguez Cano en Albadalejo, XVI-1 Comentarios al

Código Civil y Compilaciones Forales, 2 Ed. 1991, pág. 23.

CC-1998-56

11

subrogue en sus derechos.

Art. 1113, 31 L.P.R.A. sec. 3163;

Art. 1164(2), 31 L.P.R.A. sec. 3248.8

En

Eastern

Sands

v.

Roig

Commercial

Bank,

supra,

expresamente reconocimos, adoptando la posición mayoritaria de

la

doctrina

española,

que

el

derecho

a

escoger

entre

la

subrogación o la acción de reembolso quedaba a discreción de

aquél,

que

facultado

por

el

ordenamiento

para

escoger

la

subrogación, optaba por renunciar a la misma y ejercitar una

acción de reembolso.

Bercovitz y Rodríguez Cano, supra, a la

pág. 48.9

Por

su

parte,

cuando

un

tercero

paga

ignorándolo

el

deudor, la única acción de que dispone es una de reembolso

contra el acreedor.

En aquellos casos en que un tercero paga

contra la expresa voluntad del deudor, carece de la acción de

reembolso

y

sólo

tiene

contra

el

deudor

una

acción

de

repetición en cuanto a aquello en que le hubiera sido útil el

pago, es decir en la medida que dicho pago haya enriquecido al

deudor.

Diez

Picazo,

II

Sistema

de

Derecho

Civil,

6

Ed.

que,

de

(1983), a las págs. 250 y sig.

De

lo

anteriormente

expuesto,

podemos

concluir

quedar demostrado ante el tribunal de instancia que el señor

Figueroa

Robledo

incumplió

con

la

pensión

ordenada

por

el

tribunal, la señora Rivera Rosa tiene disponible una acción de

8

El artículo 1113 dispone:

"El que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá

compeler al acreedor a subrogarle en sus derechos."

Por su parte el artículo 1164 dispone:

"Se presumirá que hay subrogación:

(1) Cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente.

(2) Cuando un tercero, no interesado en la obligación,

pague con aprobación expresa o tácita del deudor.

(3) Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de

la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la

porción que le corresponda."

9

En lo pertinente expone: [E]n el momento del pago el

tercero, beneficiario de la subrogación, puede renunciar a ella,

optando por ejercer frente al deudor la acción de reembolso o la

acción de repetición....

CC-1998-56

12

reembolso contra el señor Figueroa Robledo por los gastos en

que incurrió, a costa de su propio peculio, para cubrir los

gastos de manutención de sus hijos menores que correspondían al

señor

Figueroa

Robledo.

Esta

acción

de

reembolso

está

disponible, independientemente de si el señor Figueroa Robledo

conocía o desconocía que el pago se estaba efectuando.10

Anteriormente, en Ríos Rosario v. Vidal Ramos, supra, al

determinar que una madre no tiene legitimación para reclamar

las pensiones alimentarias de sus hijos, una vez éstos han

alcanzado la mayoridad, intimamos la norma que hoy expresamente

reconocemos.

En aquella ocasión expresamos:

Lo anterior, no obstante, no impide que la

recurrida, al amparo de las disposiciones del artículo

1112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3162, logre

probar mediante prueba preponderante la existencia de

una deuda del recurrente para con su persona.

Nuestra

decisión

es

además,

cónsona

con

nuestros

pronunciamientos anteriores en los cuales reconocimos que el

excónyuge

alimentante

que

paga

en

exceso

de

lo

corresponde, tiene un crédito por lo que pagó de más.

que

le

López

Martínez v. Yordán, supra; Calvo Mangas v. Aragonés, supra.

Analizada la normativa vigente, así como los hechos ante

nuestra

consideración,

resolvemos

que,

de

quedar

probado

en

instancia el incumplimiento del señor Figueroa Robledo de su

obligación alimentaria para con sus hijos, la señora Rivera

Rosa tiene derecho a que su excónyuge le reembolse por los

gastos en que incurrió, en ocasión de dicho incumplimento, para

satisfacer las necesidades de sus hijos.

Procede que, al momento de decretar la liquidación de la

sociedad legal de gananciales, el tribunal de instancia tome en

10

Nada hay en los autos que nos permita inferir que el

señor Figueroa Robledo se opuso expresamente a que la señora

Rivera Rosa cubriera los gastos de los menores. Por tal razón,

no

es

necesario

discutir

el

derecho

a

repetición

por

enriquecimiento producido por el pago.

CC-1998-56

13

consideración

la

procedencia

de

la

acción

de

reembolso.

El

crédito, si alguno, que corresponde a la señora Rivera Rosa ha

de ser satisfecho de los bienes personales del señor Figueroa

Robledo.

No procede imputar dicho crédito a la masa ganancial a

liquidarse, pues a diferencia de los alimentos debidos a los

hijos menores vigente el matrimonio, o pendiente la acción de

divorcio, no se trata de una obligación ganancial.

Una vez

decretado el divorcio, la obligación de alimentar a los hijos

menores es una obligación personal de cada uno de los excónyuges

que deberá ser satisfecha de su propio peculio, a excepción de

aquellos

casos

en

que

el

padre

o

madre

alimentante

haya

contraído nuevas nupcias, en que la obligación será imputable a

la

nueva

sociedad

de

gananciales

Artículo 1308 del Código Civil.

que

se

haya

constituido.

31 L.P.R.A. sec. 3661; López v.

Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988); Mundo v. Cervoni,

115 D.P.R.

422, 424 (1984); Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675 (1962).

IV

Para determinar cuál es el plazo prescriptivo que debemos

aplicar a la reclamación de la señora Rivera Rosa, es necesario

que examinemos qué ocurre cuando un tercero paga por otro, ya

sea porque el deudor ignora del pago, porque el que paga no

tiene interés en la obligación, o porque aun teniendo a su

disposición el derecho a subrogación decide no ejercerlo, y

surge a su favor una acción de reembolso.

A diferencia de la subrogación, en la cual lo que ocurre

es una modificación subjetiva en la titularidad del crédito

pagado mediante la cual el deudor queda obligado por el mismo

crédito, con todos los derechos y garantías a él anexos, pero a

favor

de

distinto

acreedor,

Eastern

Sands,

Inc.

v.

Roig

Commercial Bank, supra, en el caso de la acción de reembolso

surge

un

crédito

nuevo

e

independiente,

ya

que

el

primer

CC-1998-56

crédito

14

quedó

extinguido

por

el

pago.

Este

crédito

independiente surge del mismo hecho del pago, y está destinado

a que el tercero pueda recobrar del deudor lo que efectivamente

pagó:

En efecto, en el momento del pago se produce la

extinción de la obligación y es cuando surge a favor

del tercero la acción de reembolso o la de repetición

del enriquecimiento producido.

R. Bercovitz y

Rodríguez Cano, supra, a la pág. 56.

Véase además,

Puig Brutau, I-2 Fundamentos de Derecho Civil 3 Ed.

(1985) pág. 255.

A

diferencia

de

la

acción

subrogatoria

que

deberá

ejercitarse dentro del tiempo señalado por ley para la acción

particular

que

se

ejecute,

la

acción

de

reembolso

puede

ejercitarse dentro de los quince años señalados por el artículo

1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294, para las acciones

personales

que

prescripción.

no

tienen

señalado

un

El

término

prescriptivo

término

especial

comenzará

a

desde el momento en que el tercero hizo el pago.

de

decursar

Victorino

Prieto Cobos, III-2 Ejercicio de las Acciones Civiles, 5 Ed.

Aranzadi, 1226 (1985).11

Por los fundamentos anteriormente esbozados, se revoca la

sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determine si

el

señor

Figueroa

Robledo

incumplió

impuesta

por

tribunal

alimentaria

sentencia de divorcio.

efectivamente

11

incumplió

el

con

de

la

obligación

instancia

en

la

De llegar a la determinación de que

con

dicha

obligación,

deberá

La jurisprudencia española, al interpretar el Art. 1894

del Código Civil Español que corresponde al Art. 1794 nuestro,

31 L.P.R.A. sec. 5107, ha reconocido que cuando un tercero

presta alimentos, puede reclamar al deudor alimentante por los

alimentos que prestó al acreedor alimentista, siempre y cuando

no los hubiese prestado con ánimo de liberalidad. Tal

reclamación tiene un término prescriptivo de quince años.

Sentencia de 7 de marzo de 1932.

CC-1998-56

determinarse el

15

monto de

dicha

deuda, y

ordenar que se

reembolse dicha cantidad a la señora Rivera Rosa.

Se dictará la sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

le

CC-1998-56

16

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Figueroa Robledo,

su esposa Victoria Figueroa

Torres, etc.

Demandante y Recurridos

v.

CC-1998-56

Certiorari

Petra Rivera Rosa, su esposo

Julio Morales y la Sociedad

Legal de Bienes Gananciales

Demandada y Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 1999.

Por los fundamentos expresados en la Opinión

que antecede, los cuales se hacen formar parte

integral de este Sentencia, se revoca la sentencia

del Tribunal de Circuito de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que continúen los procedimientos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El

Juez Asociado señor Rebollo López no interviene.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre

sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo