Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE RAFAEL LUGO RODRIGUEZ
1999 TSPR 157
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE RAFAEL LUGO RODRIGUEZ
PAD-1993-007
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re
Asunto
Disciplinario
Rafael Lugo Rodríguez
99 TSPR 157
Número del Caso: PAD-1993-7
Oficina del Procurador General:
Lcda. Cynthia Iglesias Quiñones
Abogado de Rafael Lugo Rodríguez:
Lcdo. Pedro Malavet Vega
Fecha: 10/15/1999
Materia: Conducta Profesional
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Rafael Lugo Rodríguez
PAD 93-07
Ex-Juez Municipal
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 15 de octubre de 1999
El licenciado Rafael Lugo Rodríguez fue nominado
por el Gobernador de Puerto Rico, y confirmado por el
Senado de Puerto Rico, como Juez Municipal en el año
1980. Este se desempeñaba, al momento de los hechos que
nos
conciernen,
como
juez
regular
del
Municipio
de
Guánica.
El 26 de diciembre de 1989 se sometió ante otro
magistrado, el Hon. Juez César D. Nazario Almodóvar, un
caso contra el Sr. Luis Mercado Negrón, por alegada
distribución
de
la
droga
narcótica
conocida
como
cocaína. Este juez determinó causa probable y expidió
orden de arresto contra el referido acusado.
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La Policía de Puerto Rico solicitó tanto del Juez
Rafael
Lugo
como
del
Juez
César
D.
Nazario
que
comparecieran a la División de Drogas y Narcóticos en San
Germán en relación con el diligenciamiento de las órdenes
de arresto que se efectuarían el día 28 de diciembre de
1989.
El
Juez
Lugo
Rodríguez
llegó,
en
dicho
día,
en
primer lugar y comenzó a atender varios casos. El Juez
Nazario dejó la redada en manos del Juez Lugo Rodríguez,
quien redujo la fianza a varios de los acusados, entre
ellos la de Luis Mercado Negrón. El Juez Lugo Rodríguez
era vecino de éste y le conocía desde hacía ocho (8) años
aproximadamente.
El 25 de abril de 1990, alegadamente se vio llegar
al
Juez
Lugo
Rodríguez
al
negocio
“La
lechonera”,
en
compañía del acusado Luis Mercado Negrón. El caso contra
esta persona se señaló para juicio el 10 de mayo de 1990,
y fue suspendido para el 31 de mayo de ese mismo año.
Después de haberse suspendido el caso, el Teniente Ismael
González González, Director de la División de Drogas y
Narcóticos
de
la
Policía
de
San
Germán,
alegadamente
observó que de la Sala del Juez Fernández, que estaba
atendiendo el caso, salieron el acusado, su abogado y una
serie de testigos, entre los que se encontraban la esposa
e
hijo
del
Juez
Rafael
Lugo
Rodríguez.
Cuando
estas
personas salieron al pasillo del Tribunal, el Teniente
González
González
pudo
observar
que
estas
personas
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comenzaron
a
dialogar
con
Edgar
Nieves
Galindo,
confidente que presenció la alegada transacción de drogas
entre
el
acusado
Luis
Mercado
Negrón
y
el
agente
encubierto, Luis A. Guilloty Ramos.
El
referido
oficial
policiaco
alegadamente
pudo
observar, además, que el Juez Rafael Lugo Rodríguez se
acercó a estas personas y comenzó a hablar con el abogado
del acusado y con el confidente, Edgar Nieves Galindo. Al
cabo de unos minutos el Juez Lugo se fue a su oficina; en
seguida bajaron y entraron a la misma el abogado y Nieves
Galindo.
Mientras
esto
ocurría,
el
acusado
Mercado
Negrón, se mantenía cerca de la entrada de dicha oficina.
Ese
mismo
día,
el
Fiscal
Velázquez
Flores,
alegadamente recibió una llamada del Juez Lugo Rodríguez,
quien le pidió que pasara por su oficina, ya que era
urgente
que
le
tomara
una
declaración
jurada
a
un
testigo. El fiscal Velázquez Flores acudió a la oficina
del Juez Lugo Rodríguez, y allí alegadamente se encontró
con éste, con el abogado del acusado Luis Mercado Negrón
y con el confidente Nieves Galindo y su abogado.
El
Juez
Lugo
Rodríguez
alegadamente
solicitó
del
fiscal que le tomara declaración jurada al señor Nieves
Galindo. Luego de expresar el Juez Lugo Rodríguez que él
no tenía nada que ver con eso, se marchó de su oficina
dejando al Fiscal Velázquez Flores con el confidente y
los abogados. Nieves Galindo declaró ante el Fiscal que
el caso contra Luis Mercado Negrón había sido fabricado,
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cambiando así la declaración jurada que había prestado
previamente.
El
entonces
Superior,
Sala
Juez
de
Administrador
Mayaguez,
Lcdo.
del
Tribunal
Rubén
Fernández
Vázquez, remitió el asunto a la Oficina de Administración
de los Tribunales. Se refirió el caso a la atención de la
Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por
razón de Salud de Jueces.
Habiéndose
Comisionada
determinado
Asociada,
Lcda.
causa
probable
por
la
Enid
Martínez
Moya,
el
Procurador General de Puerto Rico radicó ante la referida
Comisión
la
correspondiente
“querella”
contra
el
Juez
Rafael Lugo Rodríguez. A éste se le formularon cargos por
violación de los Cánones I, II, XI, XII, XVI, XXI, XXIII,
XXIV
Y
XXVI
de
Ética
Judicial,
solicitándose
como
sanción disciplinaria la destitución del cargo de Juez
Municipal que ostentaba, o cualquier otra sanción que la
Comisión de Disciplina estimara conveniente.
Durante la realización de ciertos trámites, previos
a la contestación de la querella, venció el término de
nombramiento del Juez Rafael Lugo Rodríguez y éste no fue
renominado,
por
lo
que
dejó
de
formar
parte
de
la
Judicatura.
En la contestación a la querella, el ex-Juez Lugo
Rodríguez negó todos los cargos y, además, solicitó la
desestimación y archivo de la misma. Alegó que, conforme
a
la
Regla
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de
las
de
Procedimiento
para
Acciones
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Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de
Salud de Jueces, la renuncia o terminación de la función
judicial convierte el proceso en académico, pues ninguno
de los cargos imputan la comisión de delito ni pueden
considerarse
causa
para
desaforo
o
suspensión
de
la
abogacía.
Mediante resolución, de fecha 31 de octubre de 1994,
la
mencionada
Comisión
de
Disciplina
acogió
el
planteamiento desestimatorio del ex-Juez Lugo Rodríguez
y,
en
su
consecuencia,
acordó
“...recomendar
al
Juez
Presidente, y al Tribunal [Supremo de Puerto Rico], la
desestimación
y
archivo
de
la
querella...”
radicada
contra dicha persona. Mediante escrito, de fecha 22 de
noviembre de 1994, el Procurador General de Puerto Rico
reaccionó
a
Comisión
de
la
resolución
Disciplina.
En
emitida
la
por
misma
la
sostuvo
referida
que
la
recomendación de la Comisión es una correcta, razón por
la
cual
solicitó
de
este
Tribunal
que
“...archive
la
queja a tenor con lo dispuesto por la Comisión, sujeto a
que
el
Lcdo.
Rafael
Lugo
Rodríguez
sea
nombrado
nuevamente a ocupar un cargo judicial. De verificarse su
nombramiento judicial se volverían a activar los cargos.”
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II
La citada Regla 37, ante, establece, en su primer
párrafo, que:
“Si
la
querella
alega
conducta
constitutiva de delito, negligencia en el
desempeño de sus funciones o violación a los
Cánones de Ética Judicial o del Código de Ética
Profesional, la presentación por el juez de la
renuncia al cargo no impedirá que continúe el
procedimiento disciplinario en su contra si la
naturaleza de la conducta imputada puede dar
lugar a su desaforo o suspensión de la
abogacía.” (Enfasis suplido.)1
Como
podemos
notar,
disposiciones
de
la
reglamentaria,
el
hecho
conforme
antes
de
las
transcrita
que
un
expresas
disposición
miembro
de
la
judicatura puertorriqueña, contra quien se ha radicado
una
querella
por
violación
a
los
Cánones
de
Etica
Judicial, cese en su cargo --por razón de renuncia-- no
impide que continúe el procedimiento disciplinario en su
contra si la naturaleza de la conducta imputada puede dar
lugar a su desaforo o suspensión de la abogacía.
En el presente caso, no obstante el querellado haber
cesado en su cargo de juez, el cese ocurrido no fue por
razón de renuncia al cargo sino por haber vencido el
término para el cual había sido designado y no haber sido
renominado como juez por el Gobernador de Puerto Rico.
Debemos, en consecuencia, determinar si esta situación
debe ser equiparada al cese debido a renuncia.
1
Esta disposición reglamentaria fue enmendada el 14 de
julio de 1995.
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No encontramos razón alguna jurídica válida por la
cual
las
dos
situaciones
mencionadas
no
deban
ser
tratadas de forma similar. Esto es, en ninguna de estas
dos situaciones, el caso se convierte en académico; ello
siempre
que,
repetimos,
la
naturaleza
de
la
conducta
imputada pueda dar lugar a su desaforo o suspensión de la
abogacía.
A
esos
efectos,
conviene
recordar
que
hemos
resuelto que se puede separar, o suspender, del ejercicio
de la profesión de abogado a un ex-juez que incurrió, en
momentos en que actuaba como tal, en conducta impropia o
inmoral. In re: Liceaga, 82 D.P.R. 252, 257 (1961).
La conducta que se le imputa al hoy Lcdo. Rafael Lugo
Rodríguez, mientras se desempeñaba como juez municipal,
es una que a nuestro juicio, de ser probada la misma,
podría considerarse violatoria de las disposiciones del
Canon 38 de los de Etica Profesional, el cual establece,
en lo pertinente, que el abogado “...deberá esforzarse,
al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y
dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia
de conducta profesional impropia...” (Enfasis suplido.)
Somos del criterio que un juez que, alegadamente le
rebaja
la
fianza
posteriormente
a
asiste
un
con
acusado
éste
que
a
un
era
su
vecino;
establecimiento
público; recibe en su oficina al confidente que participó
en el caso de dicho acusado; y, posteriormente, requiere
del fiscal del caso que comparezca a su oficina con el
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propósito de que este funcionario le tome una declaración
a dicho confidente en que este ahora sostiene que el caso
contra el acusado era fabricado, ciertamente no le hace
honor a la profesión de abogado e incurre, cuando menos,
en la apariencia de conducta profesional impropia.
En vista a esa situación, somos del criterio que el
caso
no
se
procedente
ha
convertido
que
se
procedimientos
Rafael
Lugo
en
académico
continúe
disciplinarios
Rodríguez.
A
adelante
contra
esos
y
el
efectos,
que
resulta
con
hoy
los
abogado
tenemos
dos
opciones: podríamos referir el asunto, nuevamente, a la
Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por
Razón
de
Salud
de
Jueces
o
podríamos
designar
un
Comisionado Especial para que presida los procedimientos
disciplinarios, funcionario ante el cual el Procurador
General de Puerto Rico sostendrá la querella, luego de
radicar la correspondiente querella enmendada contra el
abogado
Lugo
Rodríguez
por
conducta
violatoria
de
las
disposiciones del antes mencionado Canon 38 de los de
Etica Profesional. Favorecemos esta segunda alternativa.
Así lo decretamos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Rafael Lugo Rodríguez
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Ex-Juez Municipal
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 15 de octubre de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se dicta Sentencia nombrando al
Hon. Arnaldo López Rodríguez, para que en calidad de
Comisionado
Especial
presida
los
procedimientos
disciplinarios, funcionario ante el cual el Procurador
General de Puerto Rico sostendrá la querella, luego de
radicar la correspondiente querella enmendada contra el
abogado Lugo Rodríguez por conducta violatoria de las
disposiciones del antes mencionado Canon 38 de los de
Etica Profesional.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo