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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE RAFAEL LUGO RODRIGUEZ

1999 TSPR 157

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE RAFAEL LUGO RODRIGUEZ

PAD-1993-007

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re

Asunto

Disciplinario

Rafael Lugo Rodríguez

99 TSPR 157

Número del Caso: PAD-1993-7

Oficina del Procurador General:

Lcda. Cynthia Iglesias Quiñones

Abogado de Rafael Lugo Rodríguez:

Lcdo. Pedro Malavet Vega

Fecha: 10/15/1999

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Rafael Lugo Rodríguez

PAD 93-07

Ex-Juez Municipal

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 15 de octubre de 1999

El licenciado Rafael Lugo Rodríguez fue nominado

por el Gobernador de Puerto Rico, y confirmado por el

Senado de Puerto Rico, como Juez Municipal en el año

1980. Este se desempeñaba, al momento de los hechos que

nos

conciernen,

como

juez

regular

del

Municipio

de

Guánica.

El 26 de diciembre de 1989 se sometió ante otro

magistrado, el Hon. Juez César D. Nazario Almodóvar, un

caso contra el Sr. Luis Mercado Negrón, por alegada

distribución

de

la

droga

narcótica

conocida

como

cocaína. Este juez determinó causa probable y expidió

orden de arresto contra el referido acusado.

PAD-93-07

3

La Policía de Puerto Rico solicitó tanto del Juez

Rafael

Lugo

como

del

Juez

César

D.

Nazario

que

comparecieran a la División de Drogas y Narcóticos en San

Germán en relación con el diligenciamiento de las órdenes

de arresto que se efectuarían el día 28 de diciembre de

1989.

El

Juez

Lugo

Rodríguez

llegó,

en

dicho

día,

en

primer lugar y comenzó a atender varios casos. El Juez

Nazario dejó la redada en manos del Juez Lugo Rodríguez,

quien redujo la fianza a varios de los acusados, entre

ellos la de Luis Mercado Negrón. El Juez Lugo Rodríguez

era vecino de éste y le conocía desde hacía ocho (8) años

aproximadamente.

El 25 de abril de 1990, alegadamente se vio llegar

al

Juez

Lugo

Rodríguez

al

negocio

“La

lechonera”,

en

compañía del acusado Luis Mercado Negrón. El caso contra

esta persona se señaló para juicio el 10 de mayo de 1990,

y fue suspendido para el 31 de mayo de ese mismo año.

Después de haberse suspendido el caso, el Teniente Ismael

González González, Director de la División de Drogas y

Narcóticos

de

la

Policía

de

San

Germán,

alegadamente

observó que de la Sala del Juez Fernández, que estaba

atendiendo el caso, salieron el acusado, su abogado y una

serie de testigos, entre los que se encontraban la esposa

e

hijo

del

Juez

Rafael

Lugo

Rodríguez.

Cuando

estas

personas salieron al pasillo del Tribunal, el Teniente

González

González

pudo

observar

que

estas

personas

PAD-93-07

4

comenzaron

a

dialogar

con

Edgar

Nieves

Galindo,

confidente que presenció la alegada transacción de drogas

entre

el

acusado

Luis

Mercado

Negrón

y

el

agente

encubierto, Luis A. Guilloty Ramos.

El

referido

oficial

policiaco

alegadamente

pudo

observar, además, que el Juez Rafael Lugo Rodríguez se

acercó a estas personas y comenzó a hablar con el abogado

del acusado y con el confidente, Edgar Nieves Galindo. Al

cabo de unos minutos el Juez Lugo se fue a su oficina; en

seguida bajaron y entraron a la misma el abogado y Nieves

Galindo.

Mientras

esto

ocurría,

el

acusado

Mercado

Negrón, se mantenía cerca de la entrada de dicha oficina.

Ese

mismo

día,

el

Fiscal

Velázquez

Flores,

alegadamente recibió una llamada del Juez Lugo Rodríguez,

quien le pidió que pasara por su oficina, ya que era

urgente

que

le

tomara

una

declaración

jurada

a

un

testigo. El fiscal Velázquez Flores acudió a la oficina

del Juez Lugo Rodríguez, y allí alegadamente se encontró

con éste, con el abogado del acusado Luis Mercado Negrón

y con el confidente Nieves Galindo y su abogado.

El

Juez

Lugo

Rodríguez

alegadamente

solicitó

del

fiscal que le tomara declaración jurada al señor Nieves

Galindo. Luego de expresar el Juez Lugo Rodríguez que él

no tenía nada que ver con eso, se marchó de su oficina

dejando al Fiscal Velázquez Flores con el confidente y

los abogados. Nieves Galindo declaró ante el Fiscal que

el caso contra Luis Mercado Negrón había sido fabricado,

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5

cambiando así la declaración jurada que había prestado

previamente.

El

entonces

Superior,

Sala

Juez

de

Administrador

Mayaguez,

Lcdo.

del

Tribunal

Rubén

Fernández

Vázquez, remitió el asunto a la Oficina de Administración

de los Tribunales. Se refirió el caso a la atención de la

Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por

razón de Salud de Jueces.

Habiéndose

Comisionada

determinado

Asociada,

Lcda.

causa

probable

por

la

Enid

Martínez

Moya,

el

Procurador General de Puerto Rico radicó ante la referida

Comisión

la

correspondiente

“querella”

contra

el

Juez

Rafael Lugo Rodríguez. A éste se le formularon cargos por

violación de los Cánones I, II, XI, XII, XVI, XXI, XXIII,

XXIV

Y

XXVI

de

Ética

Judicial,

solicitándose

como

sanción disciplinaria la destitución del cargo de Juez

Municipal que ostentaba, o cualquier otra sanción que la

Comisión de Disciplina estimara conveniente.

Durante la realización de ciertos trámites, previos

a la contestación de la querella, venció el término de

nombramiento del Juez Rafael Lugo Rodríguez y éste no fue

renominado,

por

lo

que

dejó

de

formar

parte

de

la

Judicatura.

En la contestación a la querella, el ex-Juez Lugo

Rodríguez negó todos los cargos y, además, solicitó la

desestimación y archivo de la misma. Alegó que, conforme

a

la

Regla

37

de

las

de

Procedimiento

para

Acciones

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Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de

Salud de Jueces, la renuncia o terminación de la función

judicial convierte el proceso en académico, pues ninguno

de los cargos imputan la comisión de delito ni pueden

considerarse

causa

para

desaforo

o

suspensión

de

la

abogacía.

Mediante resolución, de fecha 31 de octubre de 1994,

la

mencionada

Comisión

de

Disciplina

acogió

el

planteamiento desestimatorio del ex-Juez Lugo Rodríguez

y,

en

su

consecuencia,

acordó

“...recomendar

al

Juez

Presidente, y al Tribunal [Supremo de Puerto Rico], la

desestimación

y

archivo

de

la

querella...”

radicada

contra dicha persona. Mediante escrito, de fecha 22 de

noviembre de 1994, el Procurador General de Puerto Rico

reaccionó

a

Comisión

de

la

resolución

Disciplina.

En

emitida

la

por

misma

la

sostuvo

referida

que

la

recomendación de la Comisión es una correcta, razón por

la

cual

solicitó

de

este

Tribunal

que

“...archive

la

queja a tenor con lo dispuesto por la Comisión, sujeto a

que

el

Lcdo.

Rafael

Lugo

Rodríguez

sea

nombrado

nuevamente a ocupar un cargo judicial. De verificarse su

nombramiento judicial se volverían a activar los cargos.”

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II

La citada Regla 37, ante, establece, en su primer

párrafo, que:

“Si

la

querella

alega

conducta

constitutiva de delito, negligencia en el

desempeño de sus funciones o violación a los

Cánones de Ética Judicial o del Código de Ética

Profesional, la presentación por el juez de la

renuncia al cargo no impedirá que continúe el

procedimiento disciplinario en su contra si la

naturaleza de la conducta imputada puede dar

lugar a su desaforo o suspensión de la

abogacía.” (Enfasis suplido.)1

Como

podemos

notar,

disposiciones

de

la

reglamentaria,

el

hecho

conforme

antes

de

las

transcrita

que

un

expresas

disposición

miembro

de

la

judicatura puertorriqueña, contra quien se ha radicado

una

querella

por

violación

a

los

Cánones

de

Etica

Judicial, cese en su cargo --por razón de renuncia-- no

impide que continúe el procedimiento disciplinario en su

contra si la naturaleza de la conducta imputada puede dar

lugar a su desaforo o suspensión de la abogacía.

En el presente caso, no obstante el querellado haber

cesado en su cargo de juez, el cese ocurrido no fue por

razón de renuncia al cargo sino por haber vencido el

término para el cual había sido designado y no haber sido

renominado como juez por el Gobernador de Puerto Rico.

Debemos, en consecuencia, determinar si esta situación

debe ser equiparada al cese debido a renuncia.

1

Esta disposición reglamentaria fue enmendada el 14 de

julio de 1995.

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No encontramos razón alguna jurídica válida por la

cual

las

dos

situaciones

mencionadas

no

deban

ser

tratadas de forma similar. Esto es, en ninguna de estas

dos situaciones, el caso se convierte en académico; ello

siempre

que,

repetimos,

la

naturaleza

de

la

conducta

imputada pueda dar lugar a su desaforo o suspensión de la

abogacía.

A

esos

efectos,

conviene

recordar

que

hemos

resuelto que se puede separar, o suspender, del ejercicio

de la profesión de abogado a un ex-juez que incurrió, en

momentos en que actuaba como tal, en conducta impropia o

inmoral. In re: Liceaga, 82 D.P.R. 252, 257 (1961).

La conducta que se le imputa al hoy Lcdo. Rafael Lugo

Rodríguez, mientras se desempeñaba como juez municipal,

es una que a nuestro juicio, de ser probada la misma,

podría considerarse violatoria de las disposiciones del

Canon 38 de los de Etica Profesional, el cual establece,

en lo pertinente, que el abogado “...deberá esforzarse,

al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y

dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia

de conducta profesional impropia...” (Enfasis suplido.)

Somos del criterio que un juez que, alegadamente le

rebaja

la

fianza

posteriormente

a

asiste

un

con

acusado

éste

que

a

un

era

su

vecino;

establecimiento

público; recibe en su oficina al confidente que participó

en el caso de dicho acusado; y, posteriormente, requiere

del fiscal del caso que comparezca a su oficina con el

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propósito de que este funcionario le tome una declaración

a dicho confidente en que este ahora sostiene que el caso

contra el acusado era fabricado, ciertamente no le hace

honor a la profesión de abogado e incurre, cuando menos,

en la apariencia de conducta profesional impropia.

En vista a esa situación, somos del criterio que el

caso

no

se

procedente

ha

convertido

que

se

procedimientos

Rafael

Lugo

en

académico

continúe

disciplinarios

Rodríguez.

A

adelante

contra

esos

y

el

efectos,

que

resulta

con

hoy

los

abogado

tenemos

dos

opciones: podríamos referir el asunto, nuevamente, a la

Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por

Razón

de

Salud

de

Jueces

o

podríamos

designar

un

Comisionado Especial para que presida los procedimientos

disciplinarios, funcionario ante el cual el Procurador

General de Puerto Rico sostendrá la querella, luego de

radicar la correspondiente querella enmendada contra el

abogado

Lugo

Rodríguez

por

conducta

violatoria

de

las

disposiciones del antes mencionado Canon 38 de los de

Etica Profesional. Favorecemos esta segunda alternativa.

Así lo decretamos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Rafael Lugo Rodríguez

PAD-93-07

Ex-Juez Municipal

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 15 de octubre de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se dicta Sentencia nombrando al

Hon. Arnaldo López Rodríguez, para que en calidad de

Comisionado

Especial

presida

los

procedimientos

disciplinarios, funcionario ante el cual el Procurador

General de Puerto Rico sostendrá la querella, luego de

radicar la correspondiente querella enmendada contra el

abogado Lugo Rodríguez por conducta violatoria de las

disposiciones del antes mencionado Canon 38 de los de

Etica Profesional.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo