LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

UNION DE TRABAJADORES IND. ELECTRICA V AEE

1999 TSPR 155

Poder Judicial de Puerto Rico

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UNION DE TRABAJADORES IND. ELECTRICA V AEE

CC-1998-0324

CC-1998-324

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Unión de Trabajadores de la Industria

Eléctrica y Riego, etc.

Recurridos

V.

Certiorari

99 TSPR 155

Autoridad de Energía Eléctrica, etc.

Peticionarios

Número del Caso: CC-1998-0324

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Roberto Corretjer Piquer

Lcdo. Juan Villafañe López

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José Velaz Ortiz

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carmen Rita Vélez Borrás

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Panel Integrado por:

Hon. Fiol Matta

Hon. Rodríguez de Oronoz

Hon. López Vilanova

Fecha: 10/13/1999

Materia: Derecho Constitucional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-1998-324

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Unión de Trabajadores de la

Industria Eléctrica y Riego,

Etc.

Recurridos

vs.

CC-1998-324

Certiorari

Autoridad de Energía Eléctrica;

Cordero, Etc.

Peticionarios

Opinión del

BERLINGERI.

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 1999.

Al amparo de la disposición constitucional que prohíbe

la interceptación de las comunicaciones telefónicas, nos toca

dilucidar la validez de un sistema de auditoría de llamadas

por teléfono.

I

Los hechos pertinentes a la controversia del caso de

autos fueron estipulados por sus partes, y dicha estipulación

fue acogida por el foro de instancia como sus determinaciones

de hechos. Conforme a tales determinaciones, los recurridos,

que comparecieron por sí mismos algunos y otros representados

por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y

Riego (UTIER), al iniciarse el pleito eran o habían sido

empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (A.E.E.).

Como empleados se desempeñaban en el Centro de Servicios al Cliente

(Centro) de la A.E.E.

Se dedicaban a atender las llamadas telefónicas

de aquellos clientes de la A.E.E. que se comunicaban con dicha entidad

para conversar sobre determinados asuntos, tales como quejas sobre los

servicios recibidos de la A.E.E., problemas de facturación excesiva o

pagos

no

acreditados,

desganche

de

árboles

que

interferían

con

el

tendido eléctrico, apagones, emergencias, contadores defectuosos, hurto

de servicios y otros.

Los empleados referidos, quienes rendían sus

labores en calidad de “representantes de servicio al cliente”, tenían

asignados

al

azar

determinadas

unidades

de

teléfono

del

cuadro

telefónico de la A.E.E., destinadas al tipo de llamadas en cuestión.

Al comenzar a laborar en el Centro en enero de 1993, la A.E.E. les

comunicó a los empleados recurridos que, como parte de sus funciones,

estarían

integrados

a

un

sistema

de

auditoría

de

las

llamadas

telefónicas que ellos atendiesen.

Se les indicó a estos empleados que

mediante

supervisores

el

sistema

aludido

unos

podrían

escuchar

las

conversaciones de dichos empleados con los clientes que llamasen a la

A.E.E.

El

sistema

referido

se

utilizaría

a

discreción

supervisores y sin el consentimiento del empleado.

de

los

Los supervisores

escucharían las llamadas en cuestión con el fin de evaluar la calidad de

los servicios prestados por los empleados y para determinar si requerían

adiestramiento; para mejorar tales servicios; y para la reclasificación

de plazas de empleo.

En julio de ese mismo año, la A.E.E. le informó a los empleados

referidos que las llamadas personales a través del cuadro telefónico del

Centro estaban prohibidas; y que para hacer llamadas personales, los

empleados debían utilizar otros teléfonos designados para ello, que los

supervisores no podían escuchar.

Debe destacarse que inicialmente los clientes que llamaban a la

A.E.E.,

pero

que

tenían

que

esperar

en

línea

recibían el siguiente aviso o mensaje grabado:

para

ser

atendidos,

Para mejorar la calidad del servicio, su llamada será

escuchada por un supervisor.

Cualquier duda, si necesita,

solicite la atención de un supervisor.

Por

otro

lado,

los

clientes

que

eran

atendidos

inmediatamente,

no

recibían un mensaje previo que les informase sobre la posibilidad de que

su llamada fuese escuchada por un supervisor, en cuyo caso dicha llamada

podía ser escuchada por éste sin que el cliente supiera de ello.

Sin

embargo, a partir del 21 de agosto de 1995 todos los clientes que

llamaban a la A.E.E. siempre recibían el siguiente aviso o mensaje:

Para poder brindar un mejor servicio, un supervisor podría

estar escuchando su llamada.

Por razón de su inconformidad con el sistema de auditoría aludido,

el 17 de noviembre de 1993 varios empleados y antiguos empleados de la

A.E.E.

incoaron

corporación

una

pública.

causa

de

acción1

Alegaron,

en

inter

contra

alia,

de

la

antedicha

que

sus

derechos

constitucionales y los de los clientes de la A.E.E., al amparo de la

Sección 10, Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, estaban siendo violados por el sistema de auditoría de

llamadas de la A.E.E. Luego de los procedimientos de rigor, el 7 de

noviembre de 1996 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia

parcial y en lo pertinente determinó que el sistema de auditoría en

cuestión era contrario al derecho de los clientes y de los empleados de

la A.E.E. a que no se interceptarán sus comunicaciones telefónicas sin

su consentimiento.

Resolvió de modo expreso “que la instalación de un

mecanismo de auditoría de llamadas telefónicas por los funcionarios de

la [A.E.E.]... constituyó una actuación inconstitucional.”

Inconforme

con tal dictamen, el 12 de diciembre de 1996 los peticionarios-–la

A.E.E., los supervisores demandados y otros-–presentaron una solicitud

de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El 30 de

marzo de 1998 dicho foro confirmó la sentencia apelada y adoptó por

referencia los fundamentos expuestos en ésta.

1

Por estar en desacuerdo

“Petición

de

Injunction

Preliminar

y

Permanente,

Sentencia

Declaratoria, Daños y Perjuicios, Derechos Constitucionales, Derechos

Civiles”.

también con este otro dictamen, los peticionarios acudieron ante nos y

señalaron la comisión de los siguientes errores:

1.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al adoptar

por referencia los fundamentos del Tribunal de Primera

Instancia y no resolver en sus méritos la novel cuestión

constitucional que envuelve el caso de marras, pasando

por alto el historial constitucional de la cláusula sobre

interceptación de llamadas telefónicas.

2.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a

revisar

la

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia que declaró que la instalación de un mecanismo

de auditoría de llamadas telefónicas por los funcionarios

de la A.E.E. en el Centro de Servicios al Cliente de

dicha corporación pública constituye una actuación

inconstitucional violadora de lo dispuesto en las

secciones 1, 8 y 10 del Artículo II de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Erró además el

Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a entender

en la cuestión constitucional sustancial que envuelve la

acción de epígrafe.

3.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a

revisar

la

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia que resuelve que los recurridos son “parte” en

la comunicación telefónica con derecho a albergar una

expectativa razonable de intimidad en las llamadas que

se reciben en el Centro de Servicios al Cliente, cuando

las llamadas están dirigidas a la A.E.E. y se relacionan

con los servicios esenciales que dicha corporación

pública tiene que prestar, por mandato expreso de ley.

4.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a

revisar

la

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia que determinó que la A.E.E. es un tercero que

intercepta las llamadas telefónicas que se dirigen a

dicha

corporación

pública

bajo

la

protección

constitucionalmente reconocida, obviando el hecho de que

la A.E.E. es parte en la comunicación y es a ésta que va

dirigida la llamada telefónica, que se recibe en un

número telefónico asignado a la A.E.E., el cual está

conectado a un cuadro telefónico propiedad de dicha

corporación pública y el que es atendido por los

empleados de la A.E.E. Constituye un error del Tribunal

negarse a revisar la determinación del Tribunal de

Primera Instancia que determinó que la A.E.E. la práctica

era ilegal, cuando el número telefónico en cuestión está

dedicado único y exclusivamente a recibir llamadas a la

A.E.E. en solicitud de servicios y/o para reportar

querellas.

Dicho número telefónico se contesta por

empleados allí asignados al azar y la Autoridad les

provee a dichos empleados otros teléfonos no sujetos al

sistema de monitoreo para que éstos puedan hacer y

recibir llamadas personales o de aquél tipo donde puedan

tener una expectativa de privacidad.”

El 30 de junio de 1998, expedimos el recurso solicitado a los fines

de resolver las cuestiones planteadas por los peticionarios y pautar las

normas aplicables a la importante y novel cuestión constitucional ante

nos.

El 14 de septiembre de 1998 la parte peticionaria sometió su

alegato, y el 2 de noviembre de ese año la parte recurrida sometió el

suyo.

Con el beneficio de ambas comparecencias, pasamos a resolver.

II

Según hemos indicado antes, “la sección 8 de la Carta de Derechos

(Art. II) de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

dispone

que

toda

persona

tiene

derecho

a

protección

de

ley

contra

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o

familiar.

Esta sección junto con el principio de inviolabilidad de la

dignidad del ser humano contenida en la primera sección del referido

Artículo es la fuente en nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la

intimidad, derecho fundamental que goza de la más alta jerarquía en

nuestro

entramado

de

derechos

constitucionales.”

Pueblo

v.

Santiago

Feliciano, opinión del Tribunal de 14 de noviembre de 1995, 139 D.P.R.

___, 95 J.T.S. 154. Este derecho opera ex proprio vigore y puede hacerse

valer aun entre personas privadas. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc.,

117 D.P.R. 355, 64 (1986); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 576

(1982); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 259 (1978); E.L.A. v.

Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 440 (1975); Alberio Quiñonez v.

E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964); González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R.

125, 133 (1963).

También hemos resuelto que como parte integral del referido derecho

a la intimidad, la Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución

dispone que “no se interceptará la comunicación telefónica.” El derecho

de una persona a que no se le intercepten sus comunicaciones telefónicas

es parte esencial del derecho a la intimidad; Pueblo v. Colón Rafucci,

Op. del Tribunal del 25 de enero de 1996, 139 D.P.R. ____, 96 JTS 10;

P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

Es una manifestación

específica de éste. P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, a la pág. 341. La

Sección 10 aludida “responde a la intención específica de vedar, sin

lugar

a

dudas,

telefónicas.”

la

intromisión

no

Id, a la pág. 340.

consentida

en

las

comunicaciones

El mandato constitucional respecto a

la protección de la intimidad en las llamadas telefónicas es tajante.

Id, a la pág. 341.

Está formulado en el lenguaje más limitativo, y se

trata de una prescripción que exige celoso cumplimiento.

336.

Id, a la pág.

Se trata de un mandato constitucional que es aún más riguroso que

el que se refiere al derecho fundamental a la protección de la intimidad

de las personas contra requisitos y allanamientos irrazonables porque,

como

señaláramos

interceptación

de

en

la

Pueblo

v.

Santiago,

supra,

comunicación

telefónica

no

mediante orden judicial.

se

la

prescrita

permite

ni

aun

“La comunicación telefónica ocupa un lugar

particularísimo dentro del esquema establecido en la Sección 10, que no

se extiende a comunicaciones de otra índole”, Pueblo v. Santiago, supra.

La garantía constitucional en contra de la interceptación telefónica,

pues, no puede obviarse, “a menos que medie el consentimiento de sus

titulares.”

Id.

El propósito central de la prohibición de la Sec. 10 referida es

proteger la secretividad de la conversación telefónica.

la

Convención

Constituyente

de

Puerto

3 Diario de

Sesiones

de

Rico,

pág.

1586

(1961).

Se busca asegurar que lo conversado entre la persona que

origina una llamada telefónica y la persona destinataria de esa llamada

quedará entre ellos.

La interceptación prohibida ocurre de ordinario

cuando un tercero, extraño a la comunicación voluntaria entre las dos

partes aludidas, escucha, se inmiscuye o divulga tales conversaciones

por cualesquier medios.

Pueblo v. Colón Rafucci, supra, a la pág. 619;

P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, a las págs. 342-343, y 347.

Para que la interceptación telefónica pueda permitirse lícitamente,

se requiere que las dos partes protegidas renuncien a su derecho.

resuelto antes que se trata de un derecho renunciable.

Martínez, supra, a la pág. 343.

P.R. Tel. Co. v.

Pero tal renuncia, para ser válida y

eficaz, tiene que ser “patente, específica e inequívoca”.

ocurre

con

todas

las

Hemos

renuncias

a

los

derechos

Id.

Cómo

constitucionales

fundamentales, la renuncia debe ser clara, voluntaria, y efectuada con

pleno conocimiento de causa.

Pueblo v. Morales, 100 D.P.R. 436 (1972).

Además, “no es suficiente la renuncia de una sola parte para convalidar,

ipso jure, una interceptación telefónica.

Es menester que se configure

una renuncia bilateral. . .”, P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, a la

pág. 342.

Si no están presentes las renuncias aludidas, el Estado y

cualquier persona o entidad particular están impedidos, sin excepción,

de interceptar o permitir que se escuche una comunicación telefónica.

Id, a la pág. 343.

A la luz de esta bien establecida normativa constitucional, pasemos

a considerar la situación particular ante nos en el caso de autos.

III

Es menester comenzar nuestro análisis resaltando que tenemos ante

nos una situación que es distinta de la instancia común a la que aplica

el derecho garantizado por la Sec. 10 referida.

La prohibición de la

interceptación telefónica se refiere de ordinario a la conversación

entre dos personas humanas.

Como se ha señalado antes, la Sec. 10

referida pertenece a la esfera del derecho que persigue proteger la

intimidad de la vida privada o familiar.

supra, a la pág. 338 y 340.

En lo más fundamental, lo que se busca

del ser humano.

proteger es la inviolabilidad y dignidad

344.

P.R. Tel. Co. v. Martínez,

Id, a la pág.

Por eso, hemos resuelto expresamente que el derecho en cuestión

“presupone y se extienda únicamente a conversaciones ...[realizadas]...

en el curso ordinario de las relaciones bilaterales humanas...”

Id, a

la pág. 344.

En el caso de autos, las llamadas en cuestión siempre tenían como

destinatario a una entidad corporativa.

La parte que originaba la

comunicación telefónica llamaba a la A.E.E. para discutir algún asunto

referente al servicio que presta la A.E.E., que es una persona jurídica.

No se trataba, pues, de la situación ordinaria referente al derecho en

cuestión,

que

usualmente

involucra

llamadas

entre

dos

personas

naturales.

En

este

dictamenes

impugnados

recurridos

no

eran

contexto,

los

peticionarios

por

son

erróneos

los

ellos

destinatarios

del

alegan

porque

derecho

los

que

los

empleados

constitucional

de

intimidad que invocaron. Aducen que las llamadas telefónicas en cuestión

iban dirigidas a la propia A.E.E. como parte receptora y no a los

empleados recurridos como tal.

eran

sólo

un

instrumento

o

Enfatizan que los empleados en cuestión

canal

de

la

A.E.E.

para

contestar

las

llamadas telefónicas que los clientes de dicha entidad le hacían a ésta.

Señalan que como las llamadas referidas no se le hacían a los empleados

de la A.E.E. en su carácter personal, la parte con interés real en tales

llamadas era la propia A.E.E., a quien dichas llamadas iban dirigidas.

Concluyen que la A.E.E. no puede haber incurrido en una interceptación

de

comunicaciones

telefónicas,

debido

a

que

las

comunicaciones

en

cuestión eran llamadas a la propia A.E.E.

Es evidente que los peticionarios tienen razón en cuanto a que la

A.E.E. era una de las dos partes en las llamadas telefónicas que nos

conciernen aquí.

Los clientes que llamaban a la A.E.E. para alguno de

los

reseñados

fines

antes

ciertamente

no

tenían

interés

conversar con uno u otro empleado particular de la A.E.E.

alguno

en

Si acaso, su

interés era el de hablar con un funcionario de la A.E.E. que tuviese la

autoridad necesaria para resolver el asunto que motivó su llamada, por

lo que debe suponerse que preferirían hablar con un supervisor, más que

con sólo un “representante de servicio”.

Es claro que las llamadas en

cuestión las hacían los clientes aludidos para tratar algún asunto con

la A.E.E. en sí y el empleado que las atendía era sólo el conducto para

el cliente traer a la atención de la A.E.E. el asunto concernido.

Como

la llamada del cliente que el empleado de la A.E.E. recibía no iba

dirigida a éste en su carácter personal sino sólo como empleado de la

A.E.E., no cabe duda alguna de que la otra parte en dicha llamada no era

el empleado en sí sino la propia A.E.E.

Es obvio que una entidad

corporativa como la A.E.E., que es una persona jurídica, sólo puede

actuar

a

través

de

sus

empleados,

sean

estos

“representantes

de

servicio” o “supervisores”.

Unos y otros recibían las llamadas de los

clientes a nombre y en representación de la A.E.E.

A.E.E.

Actuaban por la

En términos operacionales, los empleados aludidos eran la A.E.E.

En este sentido, daba igual hablar con un “representante de servicio”

que hablar con un supervisor, como podía ocurrir a veces, porque en uno

u otro caso con quien se hablaba era con la A.E.E.

No tendría ningún

sentido suponer que la conversación del cliente con un supervisor que

interviniece en la llamada era esencialmente distinta a la conversación

habida con el representante de servicio, debido a que en ambos casos la

comunicación era realmente con la A.E.E.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que recientemente, en Pueblo

v. Colón Rafucci, supra, resolvimos que cuando un agente de la Policía

atiende una llamada hecha a un teléfono perteneciente al Estado, el

Estado

es

la

parte

representante.

en

la

llamada

y

el

agente

actúa

en

la

como

su

Por analogía, a igual conclusión debemos llegar en el

caso de autos respecto a la A.E.E. y sus empleados.

que

sólo

situación

de

autos,

la

parte

Resolvemos, pues,

receptora

en

las

llamadas

telefónicas en cuestión, la que jurídicamente recibía tales llamadas,

era la A.E.E. y no los empleados por conducto de los cuales dicha

entidad actuaba.

Lo anterior significa que en la situación concreta que aquí nos

concierne los recurridos, como empleados de la A.E.E., no eran titulares

del derecho que establece la Sección 10 del Artículo II de nuestra

Constitución.

Al atender las llamadas cursadas a la A.E.E., no estaba

en riesgo alguno su propia intimidad como personas.

Como no se trataba

de llamadas personales de los empleados, no puede decirse que éstos

tenían un derecho de intimidad del Art. II, Sección 10 de nuestra

Constitución

que

les

fuera

violado.

El

trabajo

que

tenían

estos

empleados era precisamente el de recibir las llamadas que los clientes

les hacían a la A.E.E., para resolver el asunto que el cliente planteaba

si el empleado podía hacerlo por su cuenta, o para referirlo a otros

funcionarios

de

la

A.E.E.

cuando

ello

fuera

necesario.

El

asunto

conversado por el empleado, pues, no sólo nada tenía que ver con la vida

privada o familiar de éste sino que, por su propia naturaleza, era uno

que

dicho

empresa.

empleado

probablemente

tenía

que

divulgar

a

otros

en

la

No aplica a esta situación el mandato constitucional de que no

se interceptará las llamadas telefónicas de las personas humanas.2

Debe

notarse,

además,

que

en

lo

único

que

podía

afectar

personalmente a los empleados recurridos el sistema de auditoría que

aquí nos concierne, era en la evaluación de su trabajo.

La A.E.E.

obtenía de dicho sistema información sobre el desempeño laboral de sus

empleados.

Pero ello no presenta un problema jurídico relativo a lo que

está ante nuestra consideración en este caso, que es la protección a la

intimidad

de

la

persona

en

llamadas

telefónicas.

Los

empleados

recurridos podrían tener cuestiones jurídicas válidas sobre si dicho

tipo de supervisión estaba previsto en los términos de empleo acordados

por

ellos

con

la

A.E.E.,

o

en

cuanto

a

si

estaba

o

debió

estar

autorizado en el convenio colectivo de la A.E.E. con la UTIER, u otras.

Podrían incluso haber problemas de intimidad si el patrono, en este caso

la A.E.E., divulga la información obtenida sobre el desempeño laboral de

los empleados a terceras personas, o más allá de lo necesario para

propósitos legítimos del patrono.

Véase, L. Brunn, Privacy and The

Employment Relationship, 25 Houston Law Rev. 389 (1988).

planteado en el caso de autos.

Ello no se ha

Nada de lo anterior está ante nuestra

consideración ahora, en vista de que lo que se ha impugnado aquí no es

una cuestión de relaciones obrero-patronales, ni del uso indebido por el

patrono de la información obtenida por los supervisores, sino sólo sobre

la validez constitucional en sí del sistema de auditoría referido, al

amparo de la prohibición de la interceptación telefónica dispuesta en la

Sección 10, Artículo II de nuestra Constitución.

2

No hay nada en el

Más aún, los empleados referidos sabían al asignársele sus labores que

las llamadas podían ser escuchadas por sus supervisores.

Conocía del

sistema de auditoría de antemano, por lo que tampoco no podían tener una

expectativa de intimidad respecto a ello.

Véase, Simmons v.

historial de esa disposición, o en nuestros pronunciamientos sobre el

particular, que permitan suponer que la prohibición de la interceptación

telefónica

ordenada

por

la

referida

Sección

10,

Artículo

II

de

la

Constitución, persigue proscribir la supervisión patronal del desempeño

laboral

de

concierne.

los

empleados

en

la

situación

particular

que

aquí

nos

No se estableció la prohibición constitucional en cuestión

con el propósito de evitar que un patrono verifique si sus empleados

atienden bien las llamadas telefónicas que por su conducto los clientes

le hacen al patrono.

En este aspecto no hay propiamente involucrado un

derecho a la intimidad.

Reiteramos, por tanto, que a los empleados

recurrentes como tal no se les ha violado su derecho a no sufrir la

interceptación indeseada de sus comunicaciones telefónicas, debido a que

en la situación del caso de autos no están involucradas comunicaciones

telefónicas que sean propiamente suyas.

IV

Lo anterior, claro está, no concluye nuestro examen del asunto ante

nos.

Como

señaláramos

antes,

los

recurridos

impugnaron

la

validez

constitucional del referido sistema de auditoría de llamadas telefónicas

no sólo al amparo del alegado derecho propio como empleados de la A.E.E.

a

no

sufrir

la

interceptación

indeseada

de

sus

comunicaciones

telefónicas, sino además al amparo de su alegado derecho como clientes

de la A.E.E. a no sufrir tal interceptación. La parte recurrida estaba

integrada no sólo por empleados de la A.E.E. sino también por antiguos

empleados de ésta. Los recurridos que estaban empleados aún por la

A.E.E. eran además clientes de la empresa, por lo que demandaron en su

carácter dual de empleados y clientes.

Los recurridos que ya no eran

empleados de la A.E.E. comparecieron sólo como abonados o clientes de

ésta. Unos y otros alegaron específicamente haberse visto afectados en

su carácter de abonados por las prácticas de la A.E.E. impugnadas en el

Southwestern Bell Tel. Co., 452 F. Supp. 392(1978), Aff’d 611 F2d 342

(1979).

caso

de

autos.

telefónica

en

Adujeron

llamadas

haber

propias

sufrido

que

la

supuesta

originaron

desde

intercepción

sus

hogares

en

calidad de abonados.

En vista del referido planteamiento de los recurridos, el foro de

instancia resolvió expresamente que el sistema de auditoría de llamadas

telefónicas

en

cuestión

violaba

el

derecho

a

la

intimidad

de

los

clientes de la empresa. En el dictamen aludido, que fue confirmado por

el foro apelativo en su totalidad, se decretó que la interceptación en

cuestión violaba tanto los derechos de los empleados recurridos como los

de los clientes de la A.E.E.

Debemos, pues, examinar ahora esta otra

parte del dictamen aludido, que se refiere a la supuesta violación del

derecho

de

los

clientes

o

abonados

de

la

A.E.E.

a

no

sufrir

la

interceptación telefónica que prohibe nuestra Constitución.3

V

Nos toca examinar ahora si el sistema de auditoría impugnado en el

caso

de

autos

constituía

una

interceptación

no

llamadas telefónicas de los clientes de la A.E.E.

consentida

de

las

Estos clientes eran

los que hacían u originaban las llamadas a la A.E.E. Eran la otra parte

en la comunicación telefónica bilateral referida.

Estos clientes de la

A.E.E. sí son titulares del particularísimo derecho consagrado en la

Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución que de manera tajante

prohíbe que se pueda interceptar sus llamadas telefónicas sin su previo

consentimiento.

Como se ha señalado ya, para que exista una “interceptación” de la

comunicación

telefónica

entre

las

dos

partes

de

tal

comunicación,

usualmente es necesario que exista un tercero que es quien intercepta la

comunicación.

La interceptación ocurre de ordinario cuando tal tercero,

extraño a la comunicación voluntaria entre las dos partes de la llamada

telefónica, escucha o capta por su cuenta lo con- versado por esas dos

partes, sin el consentimiento de éstas.

En el caso de autos, como el asunto concreto que nos concierne es

la intervención de un supervisor de la A.E.E. en una conversación entre

un cliente y otro empleado de la A.E.E., no puede decirse propiamente

que existía aquí el “tercero” que es necesario de ordinario para que se

configurase una interceptación telefónica ilícita.

Como hemos visto

antes, el supervisor en cuestión no era de modo alguno un tercero,

extraño

a

la

comunicación

entre

el

cliente

y

el

representante

Era más bien un doble del representante de servicio;

servicio.

especie de alter ego de éste;

de

una

otro instrumento de la A.E.E., semejante

al que atendió la llamada telefónica en cuanto a su capacidad para

actuar a nombre y por la A.E.E., y que servía para el mismo fin. Para

los propósitos de la llamada, eran la misma persona.

Más importante aun, cuando un cliente de la A.E.E. llamaba a dicha

entidad por conducto de un empleado de ésta, su intención evidente era

que intervinieran respecto al asunto planteado por dicho cliente todos

aquellos empleados de la A.E.E. que debían intervenir para que dicho

asunto se atendiera adecuadamente.

El cliente obviamente sabía, porque

había sido avisado de ello, que su planteamiento podía ser referido a

otros funcionarios de la empresa con autoridad para intervenir.

Su

llamada no tenía el propósito meramente de relacionarle al asunto en

cuestión al particular representante de servicio que la atendió.

una llamada personal a éste.

No era

Al hacer el cliente las llamadas en

cuestión a la A.E.E. evidentemente estaba consintiendo de modo tácito a

que lo comunicado fuese divulgado a todos aquellos en la A.E.E. que

tenían injerencia respecto al asunto planteado por el cliente que llamó

a la A.E.E. Por ello el cliente no tenía ninguna intención o expectativa

de que lo conversado con tal representante habría de quedar sólo entre

ellos

dos.

Todo

lo

contrario,

como

consecuencia

inevitable

de

la

naturaleza de la A.E.E. como entidad corporativa, y del aviso que le

daba

la

propia

conversación

3

A.E.E.,

telefónica

el

se

cliente

estaba

transmitiese

y

de

acuerdo

divulgase

a

en

que

su

otros

en

la

Véase, además, E.L.A. v. P.R. Telephone Co., 114 D.P.R. 394 (1983).

empresa a quienes les correspondía atender el asunto que dicho cliente

había planteado mediante su llamada telefónica. En este sentido, pues,

no podía configurarse aquí una interceptación ilícita de la llamada del

No sólo

cliente por el mero hecho de que un supervisor la escuchase.

dicho supervisor no era un “tercero” que interceptase la llamada sino

que,

además,

el

cliente

había

consentido

a

que

interviniese

en

la

llamada.

Ahora bien, lo señalado antes respecto a que no se configuraba aquí

una violación al derecho consagrado en la Sección 10 del Art. II de la

Constitución con respecto a las conversaciones telefónicas referidas de

un cliente con empleados de la A.E.E., parte del supuesto esencial de

que lo escuchado por dichos empleados habrá de utilizarse únicamente

para darle la consideración debida al asunto concreto que el cliente

trajo a la atención de la A.E.E.

representante

de

servicio

está

Lo comunicado por el cliente al

sujeto

a

ser

revelado

a

otros

funcionarios de la A.E.E., y aun a determinados terceros, sólo en la

medida en que ello sea necesario para tramitar y atender propiamente el

asunto

planteado

por

dicho

Hasta

cliente.

ahí

llega

la

identidad

funcional entre el representante de servicios y los otros funcionarios

de la A.E.E.; hasta ahí llega el consentimiento prestado por el cliente

en tales llamadas.

por

la

A.E.E.

Cualquier otro uso de la comunicación del cliente

requeriría

el

consentimiento

inequívoco” del cliente sobre dicho otro uso.

“patente,

específico

e

Ello, porque cualquier

otro uso de la comunicación del cliente rebasaría la identidad de los

funcionarios de la A.E.E., y el consentimiento del cliente a que lo

conversado fuese divulgado a otros en la A.E.E. sólo a los fines de

atender

adecuadamente

el

propósito

de

la

llamada

telefónica.

En

situaciones como las del caso de autos, la identidad referida y el

consentimiento del cliente que origina una llamada telefónica están

limitados por la naturaleza misma de tal llamada.

No se extienden más

allá de la razón o propósito por el cual el cliente hizo la llamada en

cuestión.

Siempre queda el derecho residual de intimidad del cliente de

que

lo

conversado

no

se

divulgará

más

finalidad de la llamada en cuestión.

allá

de lo

que

requiere

la

En situaciones como las del caso

de autos, pues, por analogía podría decirse que el cliente conserva una

expectativa

razonable

de

intimidad

de

que

la

otra

parte

en

la

comunicación, aquí la A.E.E., no ha de revelar o utilizar lo conversado

más

allá

de

lo

necesario

para

tramitar

y

atender

propiamente

el

propósito de dicha comunicación.

De lo señalado antes se desprende concretamente que la A.E.E. podía

utilizar supervisores que escucharan la conversación del cliente con el

representante

de

servicio,

como

medio

para

resolver

o

darle

respuesta expedita al asunto concreto planteado por el cliente.

una

También

podía hacerlo como medio para mejorar los servicios de la A.E.E. al

abonado, o para perfeccionar el desempeño del representante de servicio

en su función de atender las llamadas de los clientes. Cualquier otro

uso

requeriría

otro

acto

de

consentimiento

claro

y

consciente

del

cliente o abonado.

En el caso de autos no se ha alegado que la A.E.E. haya utilizado

su

sistema

de

auditoría

de

llamadas

telefónicas

más

allá

de

los

propósitos legítimos del cliente al hacer las llamadas en cuestión. Por

ello, resolvemos que en el caso de autos no se ha violado el derecho a

la intimidad que asiste a los clientes de la A.E.E. en situaciones como

las que aquí nos concierne.

VI

Para concluir la consideración del asunto ante nos, debe atenderse

otro aspecto particular de éste.

En casos como el de autos podría

configurarse otro tipo de interceptación telefónica ilícita, diferente a

la que es normativamente lo más común.

Como se sabe, poco después de

adoptarse por el pueblo la Constitución del Estado Libre Asociado, el 10

de junio de 1953 se aprobó en Puerto Rico la Ley Núm. 66, vigente aún,

con el propósito de darle apoyo penal al mandato de la Sec. 10 del Art.

II de nuestra Constitución que prohíbe la interceptación no consentida

de las comunicaciones telefónicas. Dicha legislación se aprobó para

imponer sanciones penales a la violación del mandato constitucional. La

Ley Núm. 66 referida reflejaba el entendido contemporáneo que existía en

el país sobre el

De

León

alcance de dicho mandato constitucional.

Martínez, 132 D.P.R. 746, 751-752 (1993).4

Pueblo

v.

En el Art. 3 de la

Ley Núm. 66, 33 L.P.R.A., Sec. 2160, se dispuso:

Ninguna persona que participe en una comunicación

telefónica ni ninguna otra persona extraña a la misma,

grabará ninguna comunicación telefónica, mediante ningún

procedimiento mecánico, ni permitirá que dicha comunicación

sea oída por ninguna persona, por medio de una extensión del

teléfono, o por cualquier otro medio, a no ser con el

consentimiento expreso de todas las partes que intervienen

en dicha comunicación telefónica. (Enfasis suplido).

Es evidente que conforme a dicho Art. 3, puede configurarse una

interceptación telefónica ilícita no sólo en la situación común, cuando

un tercero se inmiscuye en la llamada, sino además cuando alguna de las

dos

partes

de

la

propia

comunicación

telefónica

la

graba

sin

el

consentimiento

de la otra, o permite que dicha comunicación sea oida por terceros

mediante una extensión o cualquier otro medio sin el consentimiento de

la otra parte.

Este Art. 3 de la Ley Núm. 66 alude, pues, a otras

instancias de la interceptación telefónica prohibidas por la Sec. 10 del

Artículo II de nuestra Constitución.

En consecuencia, cada una de las

partes en una llamada telefónica tiene derecho a que su conversación con

la otra parte no ha de ser grabada por ésta,

ni transmitida por ésta a terceros extraños a la conversación, mediante

extensiones

del

consentimiento.

teléfono

Puede

o

otros

configurarse

medios

una

similares,

interceptación

sin

su

telefónica

ilícita, pues, no sólo en la situación ordinaria en que un tercero,

extraño a la conversación, la escucha o capta por su cuenta sino también

cuando alguna de las mismas partes de la conversación la graba, o

permite que terceros la escuchen, sin el consentimiento de la otra.

4

Véase, además, la opinión concurrente del Juez Presidente Trías Monge

en P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, a la pág. 357.

En el caso de autos, el foro de instancia discutió en su dictamen

la posible grabación por la A.E.E. de una llamada de un cliente suyo sin

el consentimiento de éste. Dicho foro, sin embargo, no concluyó en sus

determinaciones de hecho que hubo tal grabación, ni ello se menciona en

la estipulación de los hechos de las partes.

No tenemos ante nos, pues,

una alegación de que la A.E.E. en efecto haya grabado las llamadas en

cuestión.

No obstante, debe quedar claro de lo señalado antes en este

acápite de la opinión que el aviso que la A.E.E. le daba a sus clientes

en las situaciones impugnadas en el caso de autos no era suficiente para

inferir que el cliente, al continuar con la llamada, había consentido

también a que ésta se grabase. La información que se le proveía al

cliente por la A.E.E. no permite concluir que el cliente tenía pleno

conocimiento de que su inferida renuncia al derecho de intimidad incluía

este extremo también. No puede decirse que consintió a que se grabase la

llamada. La actuación del cliente, de seguir adelante con la llamada

luego de escuchar el aviso referido, no configura una renuncia “patente,

específica e inequívoca” de todo el derecho a la intimidad del cliente.

No es claro que éste entendiese que estaba en efecto renunciando a todos

los

aspectos

de

su

derecho

a

la

Ciertamente

intimidad.

no

puede

inferirse que el cliente haya consentido tácitamente a que se grabase su

llamada. Para grabar las llamadas aludidas, o para usarlas de algún modo

que exceda los propósitos que tuvo el cliente al hacer tal llamada, la

A.E.E. tiene que dar aviso previo de ello a sus abonados, más precisos

que los que ha utilizado hasta ahora, a fin de permitir que haya una

renuncia esclarecida por el cliente de su derecho a la intimidad con

respecto a tales extremos.

VII

Al formular las pautas sobre el alcance del derecho de una persona

a

no

sufrir

una

interceptación

indeseada

de

sus

conversaciones

telefónicas que hemos anunciado antes en esta opinión, hemos tenido muy

en cuenta las consideraciones de orden público sobre la protección del

derecho a la intimidad en el mundo contemporáneo tan henchido de avances

tecnológicos, que mencionáramos en Arroyo v. Rattan Specialties, supra,

a

las

págs.

54-58.

Vivimos

en

una

época

en

la

que

los

rápidos

desarrollos tecnológicos presentan crecientes y continuos riesgos a la

intimidad

de

las

personas.

Aspectos

del

quehacer

cotidiano

quedan

irremediablemente registrados en los modernos mecanismos de comunicación

que utilizan los propios individuos, las empresas y el Estado para

atenderlos.

Tales registros, por muchos que sean, son susceptibles de

ser acopiados a través de los eficientes sistemas de compilación de

información que la cibernética ha hecho posible.

Los múltiples actos y

transacciones que una persona realiza a diario van dejando así una

estela de numerosos rastros que pueden recopilarse electrónicamente para

configurar un perfil de la vida privada de

la persona, que terceros

extraños pueden tratar de usar entonces para toda clase de fines.

Y

así,

la

junto

con

las

muchas

y

variadas

formas

de

vigilancia

que

tecnología ha hecho posible, la intimidad del ser humano se encuentra

cada

día

en

mayor

peligro

de

perderse

o

quedar

intolerablemente

menoscabada.

Los

cambios

importantes

e

tecnológicos,

innegables.

claro

Ofrecen

está,

medios

tienen

más

valores

eficaces

de

positivos

realizar

labores legítimas de los individuos, las empresas y el Estado.

Por

ello, encaramos la necesidad de armonizar el fundamental derecho a la

intimidad, cuya protección nos es ineludible, en todas sus vertientes,

con los beneficios valiosos de la tecnología moderna.

Como dijimos en

Arroyo v. Rattan Specialties, supra, “tenemos el deber de canalizar los

desarrollos tecnológicos y científicos de forma tal que derivemos sus

beneficios sin que se le aseste un golpe mortal a lo más preciado en la

vida

de

todo

ser

humano

en

una

sociedad

democrática:

su

dignidad,

integridad e intimidad”.

En el caso de autos, hemos intentado establecer el balance propio

entre los intereses legítimos contrapuestos, pautando los límites del

uso válido del sistema de auditoría impugnado ante nos.

VIII

En resumen, con arreglo a los hechos estipulados por las partes, no

podemos resolver que carece de validez constitucional el sistema de

auditoría de llamadas telefónicas que se ha impugnado en el caso de

autos.

No

surge

de

llamadas en cuestión.

dicha

estipulación

que

la

A.E.E.

grababa

las

Tampoco surge que la A.E.E. usaba dicho sistema

para fines que fuesen más allá de los propósitos legítimos consentidos

por los clientes que llamaban. Un sistema como el de autos podría ser

contrario al mandato de la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución,

no

por

las

razones

señaladas

por

el

foro

de

instancia

que

fueron

expresamente acogidas por referencia por el foro apelativo, sino por las

que hemos pautado en esta opinión.

Pero no están presentes aquí ninguna

de las situaciones de invalidez referidas, por lo que debemos concluir

que no tenían razón los recurridos en ninguno de sus planteamientos.

Por todo lo anterior, se dictará sentencia para dejar sin efecto

las del foro de instancia y del foro apelativo.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Unión de Trabajadores de la

Industria Eléctrica y Riego,

Janice L. Morales Figueroa,

Roberto Guevara Santiago,

et al

CC-1998-324

Certiorari

Recurridos

v.

Autoridad de Energía

Eléctrica, etc.

Peticionarios

Opinión Concurrente del Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 1999

I

Dos

factores

distantes

se

unen

para

servir

de

trasfondo circunstancial a esta controversia. Primero, el

constante reclamo del ciudadano por una mejor eficiencia en

los servicios esenciales que presta el gobierno central,

municipios,

agencias,

corporaciones,

etc.,

frente

a

una

burocracia gerencial, administrativa y laboral, que muchas

veces, se percibe ineficiente por ser impersonal, esto es,

innominada e inaccesible.

Segundo, los avances en el campo de las comunicaciones

telefónicas

con

el

desarrollo

de

sofisticados. Al teléfono tradicional de

unos

medios

más

22

CC-1998-324

líneas conectadas por una “primitiva” red de alambres, se añadió el

sistema multiplicador de fibra óptica. Siguieron los teléfonos

inalámbricos,

los

celulares,

la

industria

de

llamadas-mensajes

(“beepers”), los cuadros múltiples, la identificación de llamadas

(“I.D. Caller”), el telefax, las llamadas conferencias

(“conference

call”) que viabiliza conversaciones simultáneas entre más de dos

personas, las grabadoras que automáticamente reciben y dan mensajes,

etcétera. Hoy día existe el potencial de establecer un diálogo

telefónico oral y escrito desde prácticamente cualquier lugar. Puerto

Rico no ha estado ajeno a ese progreso; miles de personas dentro y

fuera de la industria, banca y negocios privados y, el gobierno,

agencias, corporaciones públicas y municipios –para una mejor calidad

de vida y desempeño de sus operaciones- disfrutan diariamente de la

magia de esas telecomunicaciones instantáneas.

La aplicación de esta nueva tecnología, frente a los mecanismos

clásicos de comunicación, genera natural y ocasionalmente conflictos e

interrogantes

jurídicas

de

lo

que

es

permisible

bajo

las

normas

constitucionales y legales vigentes. Es legítima pues, la preocupación

de que su utilización irrestricta pueda representar el peligro de una

sociedad “Orweliana”, en particular una amenaza sobre el fundamental

derecho

a

la

intimidad,5

cuya

esencia

se

inspira

en

el

principio

humanitario de que la dignidad personal es inviolable y, por ende, todo

individuo es acreedor a ser protegido “contra ataques abusivos a su

honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.” Art. II, Secs. 1

y 8, Constitución del E.L.A. Su importancia es tal, que reinvindicarlo

judicialmente

no

precisa

legislación habilitadora; opera ex propio

vigore.6

Se trata de un derecho intrínsecamente personalísimo, no absoluto,

pues

sólo

es

susceptible

de

ser

invocado

por

quien

en

determinado

escenario circunstancial tiene una expectativa real de que su reclamo de

intimidad se respete y, a la par, la sociedad la reconozca como legítima

y razonable.7

Se acepta que aunque las mencionadas Secs. 1 y 8 de nuestra Carta

de Derechos limitan lo que puede el Estado hacer para salvaguardar e

E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 107 D.P.R. 250 (1978); P.R.

Telephone Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983); Arroyo v. Rattan

Specialties, 117 D.P.R. 35 (1986).

6

Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).

5

Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315 (1982); E.L.A. v. P.R. Telephone

Co., 114 D.P.R. 394 (1983).

7

23

CC-1998-324

imponer el orden público sin violar el derecho ciudadano a la intimidad,

no prohiben tajantemente la intromisión en la vida privada si es un

imperativo resultante de una investigación o procedimiento criminal. De

sus

textos

se

desprende

que,

constitucional es contra la

como

regla

general,

la

protección

intromisión abusiva o irrazonable.8

En lo pertinente al caso de autos, la Sec. 10 del Art. II contiene

una veda específica a los efectos de que “[n]o se interceptará la

comunicación telefónica”. Como regla general, hay interceptación cuando

un

tercero

subrepticiamente,

utiliza

aparatos

o

dispositivos

electrónicos, mecánicos, o de otra índole para inmiscuirse o escuchar

una conversación que sostienen dos personas a través de las líneas

telefónicas. Pueblo v. Colón Rafucci, res. 25 de enero de 1996, 139

D.P.R. ___ (1996).

En P.R. Telephone Co. v. Martínez, supra, describimos sus contornos

y

ubicación

dentro

de

nuestro

esquema

constitucional.

Primero,

la

cláusula de interceptación telefónica, por propia naturaleza, pertenece

a la esfera del derecho a la intimidad consagrado en la Sec. 8 y forma

parte integral de la misma. Segundo, la Sec. 10, aunque aislada, no

representa un derecho distinto al derecho a la intimidad en sí, sino que

es una de sus manifestaciones. Tercero, su prohibición expresa refleja

que los constituyentes tuvieron la intención específica de vedar la

intromisión no consentida en las comunicaciones telefónicas. Pero, al

igual que otros derechos es renunciable.

Con

el

objetivo

de

contrarrestar

II

el impersonalismo

burocrático

antes aludido y mejorar sus servicios utilizando esta nueva tecnología,

los ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica establecieron el

Centro de Servicios al Consumidor, que funciona como importante enlace

Pueblo v. Santiago Feliciano, res. en 9 de noviembre de 1995, 139

D.P.R. ___ (1992).

8

24

CC-1998-324

telefónico con los abonados sobre asuntos relacionados con el servicio

esencial que dicha entidad presta.9

El

Centro

se

subdivide

en

tres

áreas:

pagos

por

Correo;

Correspondencia y Teléfonos. En el área de Teléfonos se reciben llamadas

de los clientes sobre los más variados asuntos rutinarios y urgentes, a

saber:

problemas

con

las

cuentas,

facturación,

quejas,

emergencias

situacionales de peligro, apagones, desenganches de árboles, informes de

robo de servicio, etc. Sus empleados están asignados individualmente a

unidades de teléfonos en los cuales reciben las llamadas y entablan

comunicación con los abonados que usan dicho cuadro telefónico.

En el caso de autos, dentro de sus prerrogativas gerenciales, la

Autoridad concluyó que era necesario escuchar las llamadas oficiales (no

personales) que se recibían en el Centro como método de supervisión para

mejorar

la

calidad

readiestramiento

de

de

sus

los

servicios

empleados

y,

allí

a

la

vez,

asignados

evaluar

el

o

posibles

detectamos

violación

reclasificaciones de sus plazas.

De

ordinario,

en

el

ámbito

laboral,

no

constitucional per se, como condición de empleo en la tarea funcional de

operar un sistema de auditorías de llamadas no personales o alguno otro

La respetable tesis mayoritaria visualiza que la parte receptora de

las llamadas es la Autoridad de Energía Eléctrica como ente corporativo.

Bajo esta premisa, sus empleados, como representantes de dicha entidad

corporativa, no son titulares del derecho a que no se intercepten llamadas

telefónicas. De esta forma se elimina de la ecuación a la Autoridad como

tercero, fundiendo a sus empleados, supervisores y a la Autoridad en una

misma y sola persona jurídica. Aunque se concluye que no existe propiamente

un tercero –de modo que no puede configurarse una interceptación-, como

alternativa a ese análisis, se utiliza el examen de expectativa razonable

de intimidad.

9

En P.R. Telephone Co. v. Martínez, supra, decidimos que “[b]ajo la

política pública constitucional vigente, a

menos que haya una renuncia

patente, especifica e inequívoca, el Estado no puede inmiscuirse el la

comunicación. Salvo esto, el derecho a la intimidad en inviolable y el

Estado, una entidad particular, o cualquier ciudadano están impedidos, sin

otras excepciones, de interceptar o permitir que se intercepte o escuche

una comunicación telefónica.” Pág. 343. Ese mismo método analítico se sigue

con relación a los abonados: no existe tercero y no hay expectativa

razonable de intimidad en cuanto a la comunicación por ellos originada.

Por vía distinta llegamos al mismo resultado mayoritario. Bajo P.R.

Telephone Co. v. Martínez, supra, la auditoria de llamadas telefónicas no

conflige con las referidas disposiciones constitucionales.

25

CC-1998-324

parecido al de autos. No es condición patronal arbitraria ni irrazonable

tal asignación entre los deberes y funciones de un empleo, aún cuando

ello

incidentalmente

constitucional.

requieren

conlleve

Múltiples

exámenes

la

renuncia

solicitudes

médicos,

de

evaluaciones

a

empleo

determinado

derecho

público

privado,

psicológicas,

y

y

divulgar,

investigar y confirmar información estrictamente privada. En la rama

judicial, ciertos funcionarios que actúan directamente bajo un Juez,

están obligados por los Cánones de Ética Judicial y otras normas de

conducta, limitativos del ejercicio de los

derechos constitucionales de

asociación y expresión. (Canon 11 de Ética Judicial).10

Bajo este prisma evaluamos el caso de autos. De los documentos

admitidos en evidencia11 surge incontrovertidamente que desde julio de

198812 los empleados que se desempeñaban como representantes de servicio

del Centro fueron informados que sus funciones estarían integradas al

mecanismo de auditoría de llamadas telefónicas.

Los términos de las comunicaciones gerenciales aludidas

fueron claros. No se instaló el sistema subrepticiamente.

Desde sus inicios los empleados conocieron su propósito

legítimo en la prestación de los servicios normales de la

Autoridad. Ante esta realidad, ciertamente aquellos

empleados que tenían reparo u objeción a desempeñar esa

nueva tarea –bajo la pretendida hipótesis de que ello

incidía en su derecho constitucional a la intimidad-, muy

bien pudieron plantearlo y la gerencia, por tratarse de

una nueva metodología en las funciones, adoptar

discrecionalmente la alternativa de relevarlos de esa

encomienda y trasladarlos a otras tareas. No surge de los

autos que empleado alguno manifestara su oposición al

implantarse por primera vez el sistema de auditorías y

viabilizar el curso de acción alterno aludido. Concluimos

que inequívocamente aceptaron prestar esa tarea receptora

Finkin, Matthew

Affairs, Inc., (1995).

10

W.,

Privacy

in

Employment

Law,

Bureau

of

Nat.

Memorando de Consulta jurídica de la A.E.E. sobre “Monitoreo de

Llamadas

Telefónicas”,

20

octubre

de

1987;

Comunicación

a

Representantes de Servicio, 15 julio de 1988; Comunicación a

Supervisores de Servicios por Teléfono, 30 agosto de 1990; Comunicación

a todo el Personal Unidad de Servicios por Teléfono, 15 enero de 1991;

y Memorando a Representantes de Servicio, 18 de mayo de 1993.

11

En contestación a una carta cursada por los Representantes de

Servicio del Centro de Servicios al Consumidor, la A.E.E. explica que

el error que se cometió al grabarse el mensaje para los abonados sobre

la posibilidad de que la llamada podía ser escuchada por un supervisor,

había sido corregido.

12

26

CC-1998-324

en llamadas oficiales y la gerencia de la Autoridad no

infringió disposición constitucional alguna.

III

Lo expuesto no dispone nuestro análisis, pues, para convalidar una

interceptación

telefónica

es

decir,

una

aceptación

tanto

peticionarios

son

o

empleados

bilateral,

es

necesario

se

configure

del

una

originador

renuncia

como

del

Autoridad

que

receptor.

Los

fueron

de

la

ocuparon puestos como representantes de servicios en el Centro. El 18 de

noviembre de 1993 comparecieron e invocaron en su demanda la calidad

dual

de

empleados-abonados,

para

cuestionar

la

“práctica

[que]

se

realiza desde hace tiempo”. Oportunamente las partes estipularon que

hasta el 20 de agosto de 1995, las personas y clientes que originaron

llamadas a la Autoridad -y tenían que esperar que se desocupara un

Representante de Servicio-, escuchaban un anuncio grabado que decía

“Para mejorar la calidad del servicio, su llamada será escuchada por un

supervisor. Cualquier duda, si necesita, solicite la atención de un

supervisor.”

Sin

embargo,

cuando

habían

empleados

disponibles

para

atenderla inmediatamente, el cliente no escuchaba mensaje alguno antes

de que fuera atendido. Como resultado, en esas situaciones particulares

la llamada era escuchada sin advertencia alguna al abonado.

Puede apreciarse, que durante ese tiempo el sistema mensaje grabado

tenía

la

deficiencia

constitucional

de

que

algunas

llamadas

fueron

escuchadas sin la advertencia previa de que ante cualquiera duda se

solicitara la atención (intervención) de un supervisor.

Aún así, la causa de acción de los peticionarios en su condición de

abonados es improcedente. Conocían del sistema de auditorías, y aunque

ocasionalmente llamaran desde sus hogares al Centro y no escucharan el

mensaje antes mencionado, no pueden pretender que para la concesión de

un remedio obviemos ese conocimiento, y por ende, la configuración de

una renuncia implícita al originar sus llamadas.

Valga aclarar que a partir del 20 de agosto de 1995, con el nuevo

sistema de cuadro telefónico, los clientes siempre han escuchado el

27

CC-1998-324

siguiente mensaje: “Para poder brindar un mejor servicio un supervisor

podría

estar

escuchando

su

llamada.

Cualquier

duda,

si

necesita,

solicite la atención de un supervisor.” Se eliminó así la posibilidad de

que

una

conversación

fuera

escuchada

sin

advertencia

previa

y

el

consentimiento necesario.

Ante estas realidades no cabe el reclamo de daños y perjuicios,

como

tampoco

el

injunction

solicitado;

éste

convertido la reclamación en académica.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

último

por

haberse

28

CC-1998-324

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Unión de Trabajadores Industria

Eléctrica y Riego (UTIER)

Demandante

Vs.

CC-1998-324

Certiorari

Autoridad de Energía Eléctrica

(AEE)

Demandado

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 1999.

Este recurso nos presenta la oportunidad de

contestar la siguiente interrogante, ¿es constitucional

un sistema de auditoría de llamadas mediante el cual la

gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica escucha

las llamadas entre sus empleados y clientes sin el

consentimiento de dichos empleados?

Por considerar que dicho sistema constituye una

interceptación de una comunicación telefónica, y que

los titulares de la protección constitucional no

renunciaron a dicha protección, disentimos.

Distinto a

la Opinión de este Tribunal, confirmaríamos la

Sentencia del Tribunal de

29

CC-1998-324

Circuito de Apelaciones, y declararíamos que el sistema de auditoría de

llamadas impugnado en este recurso viola nuestra Constitución.

I.

Con el propósito de evaluar la calidad de los servicios al

cliente, la Autoridad de Energía Eléctrica (“la Autoridad”) estableció

un sistema de auditoría de llamadas en el Centro de Servicios al

Cliente (“Centro de Servicios”). En virtud de dicho sistema, ciertos

oficiales y supervisores de la empresa pueden escuchar las llamadas

entre los clientes y los empleados respecto a problemas con cuentas,

informes de robo de servicio, facturación excesiva, quejas de servicio,

etc. Los oficiales y supervisores deciden discrecionalmente cuáles

llamadas escuchar, y al así hacerlo no informan a, o solicitan el

consentimiento de los empleados que atienden al público.

Los consumidores que llaman al Centro de Servicios son advertidos

del uso del sistema de auditoría de llamadas a través del siguiente

mensaje: “Para poder brindar un mejor servicio un supervisor podría

estar escuchando su llamada”.

Este mensaje lo escuchan los abonados de

la Autoridad antes de ser atendidos por un representante de servicio.13

Los empleados fueron informados del sistema de auditoría de

llamadas cuando comenzaron a laborar en el Centro de Servicios en enero

de 1993.

Además, en julio de ese mismo año se les prohibió que

utilizaran las líneas telefónicas del Centro de Servicios para llamadas

personales.14

13

El mensaje que escuchan los clientes que llaman a la Autoridad no es

el mensaje original que utilizó dicha entidad al implantar el sistema

de auditoría. El mensaje original, vigente desde enero de 1993 hasta

agosto de 1995, era: “Para mejorar la calidad del servicio su llamada

será escuchada por un supervisor.

Cualquier duda, si necesita,

solicite la atención de un supervisor”. Además, dicho mensaje original

no era escuchado por todos los clientes que llamaban a la corporación

pública.

Durante la vigencia del mismo, los únicos clientes que lo

escuchaban eran los que no eran atendidos inmediatamente, y que tenían

que esperar que un representante de servicio se desocupara.

14

Entre enero y julio de 1993, los empleados recibían llamadas

personales por el teléfono del Centro de Servicios, y también por otro

teléfono separado que no está incluido en el sistema de auditoría.

Desde julio, las llamadas personales se pueden atender sólo en el

teléfono referido que no forma parte del sistema de auditoría.

30

CC-1998-324

Oportunamente los empleados presentaron una demanda contra la

Autoridad en la que alegaron que el sistema de auditoría de la

Autoridad viola la prohibición de interceptar comunicaciones

telefónicas de nuestra Constitución, y solicitaron una sentencia

declaratoria, un entredicho preliminar y otro permanente, y

compensación por los daños alegadamente sufridos.

El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Hon.

Carmen R. Vélez Borrás), mediante una sentencia bien fundamentada

declaró que el mecanismo de auditoría de llamadas de la Autoridad

constituye una interceptación telefónica, al amparo del Art. II, Sec.

10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 1

L.P.R.A. (1982). Dicho foro concluyó que para escuchar las llamadas

entre los abonados y los empleados de la Autoridad se requería el

consentimiento tanto de los empleados como de los clientes de la

Autoridad. Entendió el tribunal de instancia que los clientes y los

empleados de la entidad demandada no dieron su consentimiento a la

interceptación, por lo que se violó la Constitución.

Inconforme, la Autoridad acudió al Tribunal de Circuito de

Apelaciones, Circuito Regional de San Juan, panel integrado por su

Presidenta la Juez Fiol Matta, y las Juezas Rodríguez de Oronoz y López

Vilanova.

Dicho tribunal confirmó la sentencia del tribunal de

instancia.

Insatisfecha con tal determinación, la Autoridad acudió ante nos

mediante certiorari, y nos solicita la revocación de la sentencia del

Tribunal de Circuito de Apelaciones.

La Opinión mayoritaria revoca la

sentencia recurrida y resuelve que, ante los hechos de este caso, los

empleados no tenían una expectativa de intimidad sobre sus

comunicaciones telefónicas en el trabajo y, por lo tanto, no hubo una

interceptación inconstitucional de sus llamadas.

II.

El derecho a la intimidad está consagrado en Puerto Rico en las

Secs. 1, 8 y 10 del Art. II de nuestra Constitución. 1 L.P.R.A.

La

31

CC-1998-324

trascendencia de dicho derecho es tal que opera por su propia fuerza y

vigor, y se puede hacer valer entre partes privadas. Colón v. Romero

Barceló, 112 D.P.R. 573, 576 (1982); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107

D.P.R. 250, 259 (1978).

La Sección 10 del Art. II de la Constitución

provee, en lo pertinente a este recurso, que ”[n]o se interceptará la

comunicación telefónica”.

Hemos dicho anteriormente que el derecho de

una persona a que no se le intercepte la comunicación telefónica no es

uno distinto al derecho a la intimidad, sino que es una de sus

manifestaciones. P.R.T.C. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 340-41 (1983).

La prohibición constitucional bajo discusión “es parte esencial del

derecho mayor a la protección de la ley contra ataques abusivos a [la]

honra, reputación y vida privada o familiar” dispuesto en la Sec. 8 del

Art. II. P.R.T.C. v. Martínez, supra, pág. 341; 3 Diario de Sesiones de

la Convención Constituyente de Puerto Rico 1586.

La Convención Constituyente redactó la cláusula de interceptación

de comunicaciones telefónicas “mediante una prohibición terminante

concebida en términos definitivos no cualificados”. P.R.T.C. v.

Martínez, supra, pág. 341.

La intención de dicho ilustre cuerpo fue

plasmar el ideal constitucional de mantener el derecho a la intimidad

de todo ciudadano cuando utiliza las vías de comunicación telefónica,

id., pág. 342, y hacer claro que el texto constitucional se

interpretase de la manera más amplia posible en protección de la

ciudadanía. José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico,

T. III, 1982, pág. 192. En armonía con esa realidad jurídica e

histórica es que este Tribunal ha expresado que, bajo nuestro esquema

constitucional, tanto el Estado, como una entidad particular, o

cualquier ciudadano, están impedidos de inmiscuirse en las

comunicaciones telefónicas de otras personas ya sea escuchando,

interceptando o permitiendo que cualquiera escuche o intercepte una

comunicación telefónica.

Esta prohibición no admite excepciones.

P.R.T.C. v. Martínez, supra, págs. 342-43.

32

CC-1998-324

El lenguaje utilizado por la Convención Constituyente en la

redacción de este artículo, exige que para convalidar una

interceptación telefónica exista una renuncia al derecho constitucional

por parte de todas las personas que utilizan dicha vía de comunicación.

P.R.T.C. v. Martínez, supra, pág. 342; Pueblo v. Santiago Feliciano,

res. el 9 de noviembre de 1995, 139 D.P.R.

(1995), escolio 16.

De

esta manera la Convención Constituyente rechazó que se pudiese escuchar

o interceptar una comunicación telefónica mediante la renuncia de una

sola parte, tal y como era bajo el estatuto federal vigente en aquel

entonces. P.R.T.C. v. Martínez, supra, pág. 341.15

La renuncia del

derecho a la no interceptación telefónica, aparte de ser voluntaria,

tiene que ser “patente, específica e inequívoca”, aunque puede

expresarse de manera explícita o implícita. P.R.T.C. v. Martínez,

supra, pág. 342-43.

Reseñados los principios cardinales del derecho a la intimidad, en

su manifestación de no interceptar comunicaciones telefónicas,

examinemos la controversia del caso de autos.

III.

La Opinión mayoritaria concluye que no estamos ante una

interceptación de una comunicación telefónica. Fundamenta su

determinación en dos premisas.

La primera es que el supervisor que

escucha las referidas llamadas no es un “tercero” para propósitos de la

prohibición constitucional sobre interceptaciones telefónicas, pues “la

parte receptora en las llamadas telefónicas en cuestión, la que

15

Bajo la ley federal todavía vigente, puede efectuarse una

interceptación de una comunicación telefónica con el consentimiento de

una sola persona que participe en dicha comunicación, si se cumplen

ciertos requisitos. Véase el Título III del Omnibus Crime Control and

Safe Streets Act of 1968, según enmendado, 18 U.S.C.A. § 2510 et seq.,

§ 2511(2)(d)(Sup. 1998).

No obstante, los estados y Puerto Rico pueden promulgar leyes que

ofrezcan más protección a la intimidad que la que ofrece el estatuto

federal citado. Matthew W. Finkin, Privacy in Employment Law,

Washington, 1995, pág. 118. En Puerto Rico, por nuestra Constitución de

factura más ancha, E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436,

440 (1975), disfrutamos de protección adicional, ya que se requiere el

33

CC-1998-324

jurídicamente recibía tales llamadas, era la A.E.E. y no los empleados

por conducto de los cuales dicha entidad actuaba”.

La segunda premisa

es que no existía “expectativa de intimidad” sobre estas llamadas

porque “[c]omo no se trataba de llamadas personales de los empleados,

no puede decirse que éstos tenían una expectativa de intimidad que les

fuera violada”.

Consideramos incorrectas ambas premisas, y contrario a la mayoría,

entendemos que los empleados afectados no perdieron sus derechos

constitucionales al aceptar un trabajo en el Centro de Servicios al

Cliente.

Concluimos que el sistema establecido por la Autoridad

constituye una interceptación inconstitucional de las comunicaciones

telefónicas.

-AEn primer lugar, la Opinión mayoritaria descansa en la premisa

equivocada de que para determinar si hay una interceptación, se tiene

que examinar si existe una expectativa de intimidad.

A diferencia de la cláusula contra registros, arrestos y

allanamientos, que sólo prohibe los que sean irrazonables, Art. II,

sec. 10, la cláusula sobre interceptación de comunicación telefónica se

redactó de manera categórica.

La diferencia en la redacción de cada

cláusula demuestra que la Convención Constituyente consideró que la

prohibición a la interceptación de una comunicación telefónica debía de

ser absoluta, distinto a los registros, arrestos y allanamientos, los

cuales sí pueden efectuarse mediante orden judicial.

A tenor con lo dispuesto por la Convención Constituyente, este

Tribunal afirmó en Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, que la

protección ofrecida por la cláusula constitucional prohibiendo la

interceptación telefónica es de tal envergadura que no cede ni aún ante

una orden judicial, a menos que medie el consentimiento de sus

titulares.

consentimiento de todas la personas que intervienen en la comunicación

telefónica para que la misma pueda ser interceptada.

34

CC-1998-324

Una enmienda que proveía específicamente que las interceptaciones

telefónicas podrían efectuarse mediante orden judicial fue expresamente

rechazada por la Convención Constituyente. 3 Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente de Puerto Rico 1581-1585; P.R.T.C. v.

Martínez, supra, escolio número 1; Trías Monge, supra, pág. 192,

escolio 148; y Pueblo v. Santiago Feliciano, supra.

La enmienda fue

sugerida por el Sr. Fernández Méndez, el cual era del criterio de que:

“...si en el recinto del hogar con la declaración jurada y la

orden del tribunal se puede allanar el hogar, el Estado debe

tener el derecho también de allanar los cables del teléfono y los

cables telegráficos cuando cumple los mismos requisitos que

cumple para allanar un hogar.” 3 Diario de Sesiones, supra, págs.

1583-84.

En respuesta a la enmienda sugerida, el Sr. Reyes Delgado expresó,

entre otras cosas:

“...[d]esde luego, la enmienda va dirigida a destruir el alcance

de la garantía en cuanto respecta a la comunicación telefónica.

Ahora, o se concede la garantía de manera que sea eficaz o no se

concede...¡[s]i precisamente lo que hemos tenido en mente al

disponer esto aquí, es que no estemos dando oportunidad a que en

las cortes de justicia se sostengan casos con informaciones sobre

intercepciones, lo que se llama wire tapping...de conversaciones

telefónicas, donde hay que estar dependiendo del crédito que se

le dé a una parte interesada [que testifica ante el (la) juez que

expediría la orden]...” 3 Diario de Sesiones, supra, págs. 158485.

Por su parte, el Sr. Trías Monge expresó:

“En contra de la enmienda. Para indicar solamente que [e]n la

proposición recomendada por la [Comisión de] Carta de Derechos,

de adoptarse la enmienda sugerida por el compañero Fernández

Méndez, quedaría destruido definitivamente el propósito de la

misma.” 3 Diario de Sesiones, supra, pág. 1585.

Al rechazar la enmienda, la Convención Constituyente dejó plasmada

su clara intención de que cada cláusula constitucional tenga un alcance

diferente y se analice de manera distinta.

Por lo tanto, antes de

decidir el criterio de análisis a utilizar, se tiene que identificar

cuál es la cláusula constitucional aplicable.

Por un lado, la cláusula sobre arrestos, registros y allanamientos

autoriza un análisis de “razonabilidad” al decidir si se violó dicha

cláusula, y permite que se pueda efectuar dicha intervención mediando

una orden judicial. El análisis de “razonabilidad” mencionado,

35

CC-1998-324

comprende un examen de la expectativa de intimidad de la persona objeto

de la intervención impugnada, considerando los hechos particulares del

caso. Véase, Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, Vol. 1, § 6.9, 1991, págs. 344-49; Pueblo v.

Santiago Feliciano, supra; y Pueblo v. Camilo Meléndez, res. el 16 de

junio de 1999, 99 TSPR 94.

En cambio, la cláusula prohibiendo la interceptación de la

comunicación telefónica, redactada de manera categórica, no autoriza

ningún tipo de interceptación, por “razonable” que sea; ni siquiera

autoriza una interceptación mediante orden judicial, excepto si media

el consentimiento de todas las partes en la comunicación. Pueblo v.

Santiago Feliciano, supra; y P.R.T.C. v. Martínez, supra.

Bajo esta

cláusula no cabe hablar de “razonabilidad” al contestar si ha ocurrido

una interceptación.

Por consiguiente, al contestar dicha interrogante,

no se entra en el examen de la “expectativa de intimidad” que tienen

las personas que se comunican telefónicamente.

La Opinión mayoritaria, al recurrir al análisis de “expectativa de

intimidad” cuando contesta la interrogante de si estamos ante una

interceptación de una comunicación telefónica, ignora tanto la

redacción clara que utilizó la Convención Constituyente, como el

contexto histórico, socioeconómico y político que inspiró dicha

cláusula.

-BPor otro lado, la mayoría también concluye que no estamos ante una

interceptación porque los supervisores de la Autoridad que escuchan las

llamadas no son “terceros” a la comunicación.

Según la Opinión

mayoritaria, dichos supervisores no son “terceros” porque las únicas

“partes” en la comunicación telefónica son, por un lado el abonado y

por el otro la Autoridad.

Señala además, que el hecho de que del lado

de la Autoridad haya dos (2) personas, una comunicándose con el cliente

(el empleado), y otra escuchando (el supervisor), no altera el

36

CC-1998-324

resultado porque de cualquier manera la Autoridad es la “parte

receptora” de la llamada.

Esta conclusión está basada en una ficción jurídica del derecho

corporativo, la cual dispone como regla general que una corporación se

considera legalmente una “persona” que actúa sólo a través de sus

oficiales, empleados o representantes autorizados.

A ese tipo de

persona se le conoce como “persona jurídica”. William M. Fletcher,

Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corporations, Vol. 1, 1999 §§

5 y 7, pág. 411 y 414, respectivamente; Vega v. Adm. Servs. Médicos,

117 D.P.R. 138, 146 (1986).

La ficción jurídica mencionada no se aplica automáticamente en

toda interpretación legal. No puede considerarse a una corporación como

“persona” si al hacerlo se desvirtúa el propósito y espíritu de la ley

o constitución que se interpreta. Fletcher, supra, §§ 7.05 y 7.15,

págs. 416 y 424, citando inter alia a Long v. Cooperative League of

America, 140 N.E. 811 (1923), Personal Finance Co. of New York v.

N.Y.U. Garage, Inc., 44 N.Y.S. 2d. 353 (1943), Country Motors, Inc. v.

Friendly Finance Corp., 109 N.W. 2d 137 (1961), State Electro-Medical

Institute v. State, 103 N.W. 1078 (1905), Divine v. Watauga Hospital,

Inc., 137 F. Supp. 628 (1956) y Power Mfg. Co. v. Saunders, 274 U.S.

490 (1927).

La Opinión

mayoritaria desvirtúa el propósito y espíritu de

nuestra Constitución cuando fundamenta su criterio de que no hay

interceptación, en la “personalidad jurídica” separada de la Autoridad.

Adoptar esta tesis significa que cada vez que una persona llame por

teléfono a una corporación, o a cualquier entidad con personalidad

jurídica propia, y entable una conversación con un representante de

dicha entidad, otra persona, que no es el representante con el que está

conversando, podría escuchar dicha llamada sin violar la Constitución.

Bastaría con que la persona que escucha sea empleado de la entidad

corporativa, y que la llamada esté dirigida a dicha entidad corporativa

y no al empleado en su calidad personal.

37

CC-1998-324

Bajo la premisa del Tribunal en las circunstancias descritas, la

persona que escucha no sería un “tercero” y no se configuraría entonces

una interceptación. Por consiguiente, ni el cliente que llama a la

corporación, ni el empleado de la corporación que conversa con dicho

cliente, disfrutarían de la protección constitucional. El efecto de

esta premisa es que, de ahora en adelante, las personas que utilicen

nuestras vías de comunicación telefónica continuarán disfrutando de la

protección constitucional, excepto si dirigen sus llamadas a una

corporación, o si se trata de empleados de una corporación cuyas

labores incluyen atender llamadas dirigidas a dicha entidad.

La Opinión mayoritaria tiene como resultado que la cláusula que

antes protegía a todo ciudadano, y la cual no cedía ni ante una orden

judicial, ahora se desintegra ante la aplicación inadecuada y

desacertada de una ficción jurídica, sin que medie una renuncia al

derecho constitucional por parte de las personas que se comunican

telefónicamente. Es insostenible concebir que la protección que

diseñaron los miembros de la Convención Constituyente sea tan frágil.

En atención a principios básicos de interpretación

constitucional16, al historial legislativo, texto y jurisprudencia

previa sobre la cláusula constitucional objeto de este pleito, somos de

la opinión que dicha cláusula protege a todas las personas naturales

que participan en una conversación telefónica.

Si dos personas

naturales se comunican telefónicamente, aunque una sea empleado de una

corporación, cualquier persona que no sea una de estas dos personas

naturales que se está comunicando, será un “tercero” para propósitos de

este análisis constitucional.17

16

Véase sobre el tema de interpretación constitucional en nuestra

jurisdicción a Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405, 410-12

(1990).

17

Aclaramos que bajo nuestra interpretación, se mantiene la protección

constitucional de las “personas jurídicas”.

Si se protege la

comunicación

telefónica

de

toda

“persona

natural”,

se

protege

automáticamente la comunicación telefónica de toda “persona jurídica”,

debido a que las personas jurídicas actúan a través de personas

38

CC-1998-324

Nuestra interpretación, contrario a la interpretación de este

Tribunal, no hace depender la eficacia de la protección constitucional

al tipo de “persona” que se llame (e.g., natural o jurídica), o a la

calidad en la que la persona natural se comunique telefónicamente

(e.g., como representante de una entidad, o como individuo).

Por el

contrario, nuestra interpretación está en armonía con la intención de

la Convención Constituyente y la normativa de este Tribunal de que

dicha prohibición constitucional es terminante, y está redactada “en

términos definitivos no cualificados”, y con el ideal constitucional de

extender el derecho a la intimidad a todo ciudadano que utiliza las

vías de comunicación telefónica. P.R.T.C. v. Martínez, supra, págs.

341-42.

En el caso particular ante nos debemos también señalar que surge de

los documentos que obran en autos, que la Autoridad contempló que como

parte del sistema de evaluación de llamadas implantado, el mecanismo de

auditoría de llamadas pudiera ser utilizado como un mecanismo de

evaluación del trabajo y desempeño del empleado auditado. El Memorando

de la Sra. Haydeé Rivera, Administradora del Centro de Servicios al

Consumidor dirigido a los Representantes de Servicio del Centro de

Servicios con fecha del 18 de mayo de 1993, les informó a dichos

empleados que "De surgir alguna situación en la evaluación de llamadas

en que entendamos que pueda dar inicio a una investigación formal, así

se lo informaremos, de manera que se protejan los derechos de todos los

empleados".

Así también,

mediante Memorando del 27 de enero de 1994, la Sra.

Haydeé Rivera, Administradora del Centro de Servicios al Consumidor, y

la Sra. Gladys Colón, Supervisora de Servicios al Abonado le

comunicaron a la Sra. Nélida Olivo, Representante de Servicios por

Teléfono, que, con el propósito de evaluarla como empleada temporera,

naturales. Fletcher, supra, Vol. 1, § 5, pág. 411. Lo que no podemos

refrendar en el caso de autos es la interpretación de que la “persona

natural” del empleado de una corporación es absorbida por la

personalidad jurídica de la corporación.

39

CC-1998-324

se dispusieron a auditar sus llamadas y encontraron que estuvo

atendiendo una llamada personal a través del cuadro por espacio de

nueve minutos. Dicho memorando se unió al expediente personal de dicha

empleada.18

Dichos documentos demuestran que es insostenible el argumento

mayoritario de que las únicas "partes" en la comunicación telefónica

auditada lo eran el abonado y la Autoridad y que los supervisores no

eran "terceros" a la comunicación. Como parte del sistema de auditoría

implantado, la interceptación de las llamadas dirigidas a la autoridad,

además de perseguir el ofrecer un mejor servicio a los abonados,

pretendía servir como un mecanismo para la evaluación del desempeño

profesional del empleado que fungía como representante de servicios.

Correspodía al supervisor que auditaba las llamadas, de encontrar que

el trabajo del empleado era insatisfactorio,

tomar las medidas

necesarias, ya fuese iniciar una investigación, o enviar un memorando

al expediente personal del empleado.

Ante esta situación de hechos es

forzoso concluir que en representación de la Autoridad había dos

"partes" en la comunicación, el representante y el supervisor, cuyos

intereses en algunos casos podían estar encontrados.

Nos preocupa de sobremanera avalar un sistema de evaluación de

empleados que descansa, en gran medida, en el monitoreo e

interceptación de comunicaciones telefónicas en las que interviene

dicho empleado.

Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que el supervisor

de la Autoridad es un “tercero” para propósitos del análisis

constitucional de este recurso.

La prohibición a la interceptación

protege tanto a los empleados como a los clientes que llaman a la

Autoridad, ya que esas son las

personas naturales que se comunican

telefónicamente.

IV.

18

Exhibit 5 y Exhibit 9.

40

CC-1998-324

En el caso de autos, la gerencia de la Autoridad le comunicó a los

empleados demandantes que como parte de sus labores en el Centro de

Servicios, estarían integrados al sistema de auditoría de llamadas.

De

los hechos estipulados y de los documentos que obran en el expediente,

no surge que los empleados renunciaron a su derecho constitucional de

que no le interceptaran sus llamadas, o que dichos empleados fueran de

alguna manera consultados, sea antes o después de su reclutamiento,

sobre si autorizaban que se escucharan dichas llamadas.

Según hemos expresado, sólo si existe una “renuncia” al derecho a la

no interceptación de comunicaciones telefónicas por todas las partes,

es que puede convalidarse que el Estado, una entidad particular, o

cualquier ciudadano escuche, intercepte o permita que se escuche o

intercepte una comunicación de esta índole. P.R.T.C. v. Martínez,

supra, págs. 343.

Dicha renuncia, aparte de ser voluntaria, debe ser

una “patente, específica e inequívoca”, y puede llevarse a cabo expresa

o implícitamente. P.R.T.C. v. Martínez, supra, págs. 342-43.

La Opinión mayoritaria concluye que, ante los hechos de este

recurso, los empleados “no eran titulares del derecho que establece la

Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución”.

Por dicha razón,

ni siquiera ponderó discutir si los empleados demandantes renunciaron

al derecho constitucional objeto de este recurso.

La Autoridad se limitó a comunicar a los empleados que sus llamadas

serían interceptadas aleatoriamente. En sus comunicaciones internas,

dicha agencia caracterizó el sistema de auditoría como "una labor de

supervisión y del ejercicio ordinario de la discreción administrativa".

Véase,

Exhibit Núm. 5. de la Oposición a Solicitud de Certiorari.

Es insostenible que meras comunicaciones de la gerencia sobre la

implantación del sistema constituyan la renuncia “voluntaria, patente,

específica e inequívoca” necesaria para renunciar el derecho a la no

interceptación de comunicación telefónica.

Convalidar esta actuación

de la Autoridad significa que un derecho de rango constitucional, que

41

CC-1998-324

no cede ni ante una orden judicial, se desploma ante un memorando

interno de una corporación pública.

En consideración a que una interceptación telefónica se convalida

sólo con el consentimiento de todas las partes envueltas, y a nuestra

conclusión de que en este recurso una de las partes no consintió a

dicha interceptación, entendemos innecesario pronunciarnos sobre si los

clientes de la Autoridad consintieron a la interceptación referida.

V.

Por los fundamentos expuestos, confirmaríamos la Sentencia del

Tribunal de Instancia, y la del Tribunal de Circuito de Apelaciones, y

declararíamos que la actuación de los supervisores de la Autoridad

impugnada en este recurso viola la cláusula de nuestra Constitución que

prohibe la interceptación de las comunicaciones telefónicas.

Emitiríamos además el interdicto permanente solicitado, y al igual que

el foro de instancia, concederíamos término a las partes para que

informen a dicho tribunal si se tiene que celebrar una vista

evidenciaria para determinar los daños sufridos, si alguno, por los

demandantes.

Nos resta expresar que al emitir este disenso, somos conscientes del

peligro que representa, para el disfrute de la libertad y de nuestro

sistema democrático, el mal uso de la tecnología por parte del Estado.

En 1949 George Orwell estremeció a sus lectores con su novela de

ciencia ficción Nineteen Eighty-Four, donde se describe una sociedad

futura que es víctima de la tecnología mal utilizada.

El siguiente

pasaje ilustra ese aterrador mundo futuro:

“...BIG BROTHER IS WATCHING YOU...

...There was of course no way of knowing whether you were being

watched at any given moment. How often, or on what system, the

Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork.

It was even conceivable that they watched everybody all the time.

But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted

to. You had to live—did live, from habit that became instinct—in

the assumption that every sound you made was overheard, and,

except in darkness, every movement scrutinized.” George Orwell,

Nineteen Eighty-Four, 1949, pág. 4.

42

CC-1998-324

Este Tribunal abre hoy las puertas para que este caso sea el

presagio de un futuro donde la sociedad descrita por George Orwell deje

de ser ficción, y pase a formar parte de nuestra realidad.

FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON

JUEZ ASOCIADO