LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

CARLOS L PEREZ ROSADO V EL VOCERO

1999 TSPR 154

Poder Judicial de Puerto Rico

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CARLOS L PEREZ ROSADO V EL VOCERO

CE-1994-0692 RE-1994-0481

1

RE-94-481

CE-94-692

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Carlos L. Pérez Rosado y otros

Recurrentes

Revisión

V.

99 TSPR 154

El Vocero de Puerto Rico, Inc. y otros

Recurridos

Número del Caso: RE-1994-0481 y CE-1994-0738

Abogados de la Parte Recurrente:

Lcdo. Juan R. Marchand Quintero

Lcdo. José E. Colón Rodríguez

Lcdo. Francisco Ortiz Santini

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Javier Cuevas Silva

Lcda. Rebecca Guerrios Rodríguez

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Zulma Zayas Puig

Fecha: 10/11/1999

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

2

RE-94-481

CE-94-692

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos L. Pérez Rosado y Otros

Recurrentes

RE-94-481

CE-94-692

v.

El Vocero de Puerto Rico, Inc.

y Otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Naveira de

Rodón.

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 1999

Este caso nos brinda la oportunidad

doctrina

prevaleciente

en

casos

de

de aclarar la

libelo

por

la

publicación de imágenes y de delimitar el alcance de la

forma especial en que funciona el mecanismo de sentencia

sumaria en casos que involucran el ejercicio de la libertad

de expresión y prensa.

I

El martes 6 de octubre de 1992, el periódico El Vocero

publicó en su página número dos (2) un artículo titulado

“Confiscan

bienes

[por]

$1

millón”.

RE-94-481/CE-94-692

El

artículo

3

trataba

sobre

la

confiscación

de

cuatro

lujosas mansiones que pertenecían a los cabecillas del

Cartel

de

Cali

y

relataba

propietarios

lavaban

dinero

mediante

la

compra

de

también

hacía

como

sus

“tenebrosos”

producto

del

narcotráfico

bienes

referencia

a

raíces.

ciertos

El

artículo

detalles

de

la

operación dirigida por el jefe del Cartel de Cali en

Nueva York, entre ellos, los contratos con gatilleros

para cobrar deudas de drogas con vidas.

Junto al referido artículo, y como ilustración al

mismo, se publicaron dos fotos.

Una foto mostraba una de

las

mientras

residencias

confiscadas,

que

la

correspondía al rostro del supuesto propietario.

último

se

le

identificaba

en

la

nota

al

otra

A este

calce

como

“Ramiro Herrera, jefe del Cartel de Cali en Nueva York”.

(Véase Exhibit 1).

En realidad, la fotografía publicada

correspondía a la imagen del comerciante Carlos Pérez

Rosado, quien hasta ese momento era una figura privada y

nunca había aparecido en medio de comunicación alguno.

Al

día

siguiente,

y

en

atención

a

una

petición

que

hiciera el señor Pérez Rosado a través de su abogada, El

Vocero

publicó

cometido.

una

nota

en

la

que

aclaró

obtuvo

la

el

error

(Véase Exhibit 2).

Aparentemente,

El

Vocero

fotografía

publicada de las residencias del narcotraficante.

El

señor

de

Pérez

Rosado,

quien

es

dueño

de

un

negocio

decoración de interiores, expuso bajo juramento que fue

RE-1994-481/CE-1994-692

4

contratado para decorar una de las mansiones y que su

esposa dejó en ella un paquete de fotos como muestra de

los trabajos que la empresa realizaba.

Dicho paquete

debió contener la foto publicada, ya que en el negocio

del señor Pérez Rosado él y sus empleados acostumbraban

tomarse fotos jocosas “para acabar los rollos”.

El señor

Pérez Rosado pudo identificar que la fotografía se tomó

en su oficina gracias a los diplomas que se ven en el

fondo de la misma.

(Véanse Exhibits 1 y 2).1

A raíz de los hechos relatados, el 3 de octubre de

1993, el señor Pérez Rosado y su esposa, Pilar Moreno

Rodríguez,

ambos

por

sí

y

en

representación

de

la

sociedad de gananciales y de sus tres hijos menores,

presentaron una demanda de daños y perjuicios por libelo

contra el periódico El Vocero y el periodista Miguel

Puig.

Alegaron que El Vocero, de manera falsa, libelosa

y negligente, vinculó la imagen del señor Pérez Rosado

con el narcotráfico y que lo describió como un personaje

tenebroso.

Argumentaron que la negligencia consistió en

que el redactor de la noticia no verificó la identidad

del fotografiado.

Reclamaron indemnización por haber

sufrido diversos tipos de daños, entre ellos, daños a su

reputación, daños emocionales y angustias debido al

1

Esta explicación fue dada por el señor Pérez Rosado en

su deposición y posteriormente fue admitida por El

Vocero en su alegato ante nos. Ello, a pesar de que en

el interrogatorio contestado por el sub-director del

periódico, éste declaró que el fotoperiodista Rafael

Angel Rivera tomó la fotografía.

RE-1994-481/CE-1994-692

5

temor por su seguridad personal.

negando

malicia

constitucional

defensa.

y

a

negligencia

libertad

de

e

El Vocero contestó

invocando

prensa

y

su

derecho

expresión

como

Posteriormente se desistió la demanda contra

el periodista.

Tras varios trámites procesales y una conferencia

con antelación al juicio, el 24 de febrero de 1994 el

señor

Pérez

Rosado

presentó

una

moción

de

sentencia

sumaria parcial en la cual solicitó que se adjudicara la

negligencia imputada al periódico y se señalara vista

para determinar la cuantía de los daños.

En apoyo a la

referida solicitud, el señor Pérez Rosado presentó copia

de la contestación a la demanda, copia del requerimiento

de admisiones cursado al periódico y la contestación a

dicho requerimiento de admisiones, la cual incluía copia

de la nota aclaratoria.

Alegó que la nota aclaratoria

constituía una admisión de parte del periódico, la cual

establecía

la

negligencia

imputada,

y

que

ésta

era

admisible en evidencia bajo la Regla 62(A) de Evidencia.

El Vocero, por su parte, refutó los planteamientos y

alegó que la nota aclaratoria resultaba inadmisible de

acuerdo con la Regla 22 (A) de Evidencia por tratarse de

una reparación o precaución posterior.

El 8 de abril de 1994, El Vocero presentó una moción

para que se dictara sentencia sumaria a su favor.

Basó

su solicitud en las defensas de que la noticia publicada

era de amplio interés público y no resultaba difamatoria.

RE-1994-481/CE-1994-692

6

Además, adujo la inexistencia de daños a la reputación

del señor Pérez Rosado y que el error en la publicación

de

la

foto

había

ocurrido

conocimiento ni malicia real.

sin

que

mediara

previo

En apoyo a la moción, El

Vocero anejó copia de la noticia, de la nota aclaratoria,

de la deposición tomada al señor Pérez Rosado, del primer

pliego de interrogatorios que se le cursó al periódico y

de las correspondientes contestaciones provistas por su

director asociado, el Sr. Germán Martínez Negroni.

El foro de instancia celebró una vista en la que

cada parte argumentó su respectiva moción.

Después de

ésta, el señor Pérez Rosado presentó oposición a que se

dictara sentencia sumaria.

Tanto en la vista, como en su

escrito de oposición, le indicó al Tribunal que no había

podido completar su descubrimiento de prueba.

Entre las

deposiciones que le faltaba por tomar se encontraba la

del Sr. Germán Martínez Negroni, quien por razones de

salud no pudo asistir en las ocasiones en que fue citado.

Ahora bien, en vez de solicitarle al tribunal que a tenor

con lo dispuesto en la Regla 36.6 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. III, pospusiera la resolución de las

solicitudes de sentencia sumaria, el señor Pérez Rosado

se limitó a reservarse el derecho de tomar la deposición

si la negligencia no se adjudicaba por la vía sumaria.

La reserva la estableció en atención a su contención de

que, para la época de los acontecimientos, el periódico

no tenía establecido un procedimiento para corroborar la

RE-1994-481/CE-1994-692

veracidad

de

la

7

información,

incluyendo

la

adecuada

identificación de fotografías.

El 3 de agosto de 1994, el antiguo Tribunal Superior

Sala de Bayamón dictó sentencia sumaria a favor de El

Vocero y desestimó la demanda de libelo presentada por el

señor Pérez Rosado.

El tribunal de instancia determinó

que la publicación de una nota aclaratoria no equivalía a

una admisión de negligencia.

Además, concluyó que la

noticia publicada no resultaba difamatoria de su faz con

respecto al señor Pérez Rosado.

El tribunal llegó a esta última determinación sin

hacer análisis alguno de la noticia en controversia, ni

de la doctrina jurisprudencial que define la difamación

per se.

La sentencia tampoco examinó ni analizó los

documentos

respectivas

sometidos

por

las

solicitudes.

partes

junto

con

sus

Finalmente,

el

foro

de

instancia dictaminó que el señor Pérez Rosado no demostró

negligencia

en

la

publicación

durante

la

etapa

de

sentencia sumaria.

Inconforme, el 5 de octubre de 1994, el señor Pérez

Rosado acudió ante nos mediante el presente recurso de

Revisión.

Nos

señala

como

único

error

adujo

que

el

Tribunal Superior incidió al dictar sentencia sumaria y

desestimar su causa de acción.2

2

Como fundamento insiste

El señalamiento de error lee:

Incidió el Honorable Tribunal de Instancia al emitir

sentencia sumaria desestimando [sic] la causa de acción

de la parte demandante, a pesar de que la demandada-

RE-1994-481/CE-1994-692

8

en que El Vocero admitió negligencia al reconocer error

en la publicación por medio de la nota aclaratoria.

Concordamos con el tribunal de instancia en que la

nota

aclaratoria

no

constituye

prueba

de

negligencia.

Sin embargo, diferimos del mencionado foro en cuanto a su

su interpretación de la Regla 22 (A) de las de Evidencia,

32 L.P.R.A., Ap. IV R 22(A).

Además, al examinar la noticia a la luz del derecho

aplicable, no albergamos duda de que la yuxtaposición de

la fotografía del señor Pérez Rosado con la nota al calce

y el artículo resulta difamatoria de su propia faz.

Más

aún, después de analizar ponderadamente la totalidad de

los documentos que obran en el expediente, somos de la

opinión que el foro de instancia abusó de su discreción

al desestimar el presente caso de forma sumaria en esta

etapa de los procedimientos.

A nuestro entender, dicho

foro dictó sentencia sumaria de forma prematura y sin

tomar

en

consideración

toda

la

evidencia

base

de

los

admisible

aportada por las partes.

Por

lo

tanto,

y

a

fundamentos

que

esbozamos a continuación, revocamos.

II

En su recurso el señor Pérez Rosado insiste en que

la nota aclaratoria publicada por el periódico tuvo el

recurrida admitió su negligencia en la publicación, que

ésta resultaba difamatoria y falsa y, al negarse a dictar

sentencia sumaria a favor de la demandante-recurrente.

RE-1994-481/CE-1994-692

9

efecto de establecer, por vía de admisión, la actuación

negligente que da base a su causa de acción.

amparo

de

la

Regla

62(A)

L.P.R.A., Ap. IV, R 62(A).

de

las

de

Ello, al

Evidencia,

32

El Vocero por su parte, se

opone al planteamiento y aduce que la nota aclaratoria

resulta

inadmisible

Evidencia, supra.

razón.

bajo

la

Regla

22(A)

de

las

de

A ninguno de los dos le asiste la

Veamos.

La Regla 22 de las de Evidencia, supra, establece

varias situaciones en las que, debido a consideraciones

extrínsecas

a

evidencia

a

excepción

al

la

pesar

búsqueda

de

su

principio

de

la

verdad,

pertinencia.

general

que

se

excluye

Ello,

rige

como

nuestro

ordenamiento evidenciario de que toda prueba pertinente

debe

resultar

admisible.

Con

estas

exclusiones

se

pretende fomentar ciertas actuaciones en beneficio del

interés público.

El inciso (A) la Regla 22 excluye

prueba sobre reparaciones o precauciones posteriores a

un evento, que se pretendan presentar para establecer

conducta negligente o culposa respecto a la ocurrencia

del mismo.

Al respecto la Regla 22(A) dispone:

Cuando después de la ocurrencia de un evento

se toman medidas de reparación o precauciones

las

cuales,

de

haber

sido

tomadas

anteriormente, hubieran tendido a hacer menos

probable la ocurrencia del evento, evidencia

de dichas medidas posteriores es inadmisible

para probar negligencia o conducta culpable en

relación al evento.

Esto no impide que tal

evidencia

sea

admisible

a

otros

fines

pertinentes. (Énfasis suplido.) Regla 22(A),

supra.

RE-1994-481/CE-1994-692

10

La consideración de política pública que fundamenta

esta

exclusión

es

alentar

el

que

las

partes

tomen

medidas cautelares de reparación o precaución tras la

ocurrencia del evento que da base a la reclamación.

De

esta manera se evitan accidentes o daños futuros.

Ahora

bien,

del

texto

de

la

Regla

22(A)

se

desprende

claramente

que

deben

cumplirse

cuatro

requisitos

para

determinada

evidencia

resulte

que

inadmisible al amparo de dicha disposición.

(i)

A saber,

que la evidencia se refiera a medidas de reparación

o precaución; (ii) que dichas medidas se hayan tomado

con posterioridad con el evento en controversia; (iii)

que

dicha

evidencia

se

presente

con

el

propósito

de

probar culpa o negligencia en relación al evento y (iv)

que se trate de medidas que, de haber sido tomadas con

anterioridad al evento, hubieran tendido a hacer menos

probable su ocurrencia.

En el caso que nos ocupa, no existe duda de que la

nota

aclaratoria

constituye

una

medida

de

reparación

tomada por El Vocero con posterioridad a la publicación

de la información que se alega difamatoria.

Tampoco hay

duda en cuanto al hecho de que el señor Pérez Rosado ha

intentado

presentar

dicha

nota

como

evidencia

para

probar que el periódico fue negligente al identificar

erróneamente su foto y al publicarla.

último

requisito

dispuesto

22(A) se encuentra ausente.

Sin embargo, el

expresamente

por

la

Regla

La publicación de una nota

RE-1994-481/CE-1994-692

11

aclaratoria con anterioridad al evento difamatorio en

forma alguna hubiera tendido a hacer menos probable su

ocurrencia.

Esto es, la nota aclaratoria no es una

medida que, de haberse tomado antes, hubiese tendido a

evitar

la

publicación

difamatoria.

Resulta

pues,

forzoso concluir que la nota aclaratoria no constituye

evidencia inadmisible al palio de la Regla 22 (A).

No obstante, tampoco puede utilizarse dicha nota

para

probar

negligencia

bajo

la

Regla

pretende hacer el señor Pérez Rosado.

62(A),

como

Ciertamente en la

nota aclaratoria El Vocero admite que cometió un error

en la identificación de la foto en controversia.

Ello,

sin

que

medió

negligencia en la comisión del referido error.

Sobre

embargo,

no

es

lo

mismo

que

admitir

todo en casos de libelo, en los que se requiere prueba

de

ciertos

negligencia

elementos

en

la

específicos

publicación.

para

Dicha

demostrar

nota

resulta

pertinente y admisible sólo para probar que se cometió

un error en la identificación, no constituye prueba de

que El Vocero incurrió en negligencia.

Aclarado

controvertida

lo

anterior,

publicación

pasemos

a

examinar

si

la

resulta

difamatoria

y

si

procedía la desestimación sumaria decretada por el foro

a quo.

RE-1994-481/CE-1994-692

12

III

La difamación en el ámbito civil se ha definido

como “desacreditar a una persona publicando cosas contra

su reputación”.3

En Puerto Rico, hemos reconocido la

acción de daños y perjuicios por difamación.

una

acción

torticera

genérica

libelo como la calumnia.

que

incluye

Ésta es

tanto

el

Para que proceda una acción de

libelo se requiere que exista un récord permanente de la

expresión difamatoria.

La calumnia, por su parte, se

configura con la mera expresión oral difamatoria.

Ojeda

v. El Vocero de P.R., res. 26 de octubre de 1994, 137

D.P.R. ___ (1994), 94 J.T.S. 131.

Nuestra Ley de Libelo y Calumnia4, reconoce que el

libelo puede darse de diversas maneras,

...por escrito, impreso, signo, retrato,

figura, efigie u otro medio mecánico de

publicación, tendente a exponer a dicha

persona al odio del pueblo o a su desprecio,

o a privarle del beneficio de la confianza

pública y trato social, o a perjudicarle en

sus negocios; o de otro modo desacreditarle,

menospreciarle, o deshonrarle... 32 L.P.R.A.

3142. (Énfasis suplido.)

La fuente primaria de protección contra injurias es

el Art. II, Sec. 8 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. Art. II, sec. 18.

Este artículo desplaza a la Ley de Libelo y Calumnia de

1902 (32 L.P.R.A. sec. 3141 et seq.), la cual sobrevive

3

Ignacio

Rivera

García,

Diccionario

Jurídicos, Equity Publishing Corp (1985).

4

32 L.P.R.A. sec. 3141 et seq.

de

Términos

RE-1994-481/CE-1994-692

13

solamente en tanto y en cuanto es compatible con la

Constitución. Méndez Arrocho v. El Vocero de P.R. 130

DPR 867 (1992).

En los casos de libelo se enfrentan dos derechos

constitucionales

de

la

más

alta

ordenamiento,

saber,

el

derecho

a

jerarquía

a

la

en

nuestro

libertad

de

expresión y de prensa y el derecho a la intimidad.

En

consecuencia, estos casos requieren que el juzgador haga

un

delicado

encuentra

balance

el

debidamente

vigoroso

de

interés

las

Por

un

lado,

se

de

la

ciudadanía

en

estar

a

que

se

un

debate

cuestiones

de

informada

sobre

intereses.

y

fomente

interés

público,

elementos imprescindibles para la preservación de una

democracia

participativa.

Por

protección

contra

abusivos

reputación,

la

ataques

vida

privada

otro

y

a

lado,

están

la

la

honra,

la

familiar

y

la

inviolabilidad de la dignidad del ser humano.

Para que prospere una acción de libelo en el caso

de

una

figura

privada

es

necesario

que

la

persona

difamada alegue y pruebe en esencia tres requisitos: (1)

que la información es difamatoria y falsa; (2) que la

publicación se hizo de forma negligente y (3) que se le

causaron

daños

reales.

En

nuestra

jurisdicción

está

firmemente establecido que en casos de figuras privadas,

la acción de libelo es una de daños y perjuicios basada

en negligencia, y no en malicia real, que es el quantum

de prueba exigido a la figura pública.

Villanueva v.

RE-1994-481/CE-1994-692

Hernández

Martínez

Class,

v.

14

128

López,

D.P.R.

118

618

D.P.R.

(1991);

190,

González

192-193

(1987),

Torres Silva v. El Mundo, 106 D.P.R. 45 (1977).

Jurisprudencialmente,

hemos

distinguido

entre

publicaciones que son libelosas per se y aquellas que,

por no ser difamatorias de su faz, se designan libelosas

per

En

quod.

casos

de

libelo

per

se

alegación ni prueba especial de daños.

no

se

exige

Véase, Bosch v.

Editorial El Imparcial, 87 D.P.R. 281 (1963).

Entre

otras, hemos considerado libelosa de su propia faz a la

publicación que imputa la comisión de un delito.

v.

Prensa

Insular,

Martínez,

26

necesario

que

libelosa.

DPR

760

ésta

“Es

69

DPR

683

(1918).

Rivera

Sin

embargo,

un

delito

para

que

tienda

impute

suficiente

(1949);

Pueblo

a

v.

no

es

que

sea

desacreditar,

menospreciar, o deshonrar o a exponer a la persona al

odio del pueblo o a su desprecio, o a privarle de la

confianza pública y trato social, o a perjudicarle en

sus negocios.”

Bosch v. Editorial El Imparcial, Inc.,

supra. (Énfasis suplido.)

A

pesar

de

éstos

claros

parámetros

jurisprudenciales, el foro de instancia determinó que la

publicación

que

propia faz.

No podemos estar de acuerdo.

mirar

la

noticia

yuxtaposición

de

nos

concierne

publicada,

la

foto

del

no

es

resulta

rostro

libelosa

su

Tan sólo de

evidente

del

de

que

señor

la

Pérez

Rosado con un artículo y nota al calce que lo describe

RE-1994-481/CE-1994-692

15

como un narcotraficante cabeza del Cartel de Cali tiene

el resultado práctico de imputarle la comisión de un

delito a su imagen.5

No debe confundirse el derecho a la propia imagen

con

el

libelo.

La

publicación

persona

puede

dar

daños,

ambas

acciones

intimidad.

578-579

lugar

a

de

dos

la

imagen

tipos

derivadas

de

del

de

una

acciones

en

derecho

a

la

En Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573

(1982),

reconocimos

el

derecho

que

tiene

una

persona a controlar dónde, cuándo y cómo se le toma una

fotografía o se reproduce de cualquier forma su imagen.

Algunos de los rasgos que diferencian la acción en daños

derivada de la violación al derecho a la propia imagen

del libelo son: (i) que no se trata de una publicación

en

ejercicio

persona

o

de

la

entidad

libertad

de

prensa,

pues

es

una

quien

promueve

la

particular

publicación; (ii) la acción en daños por violación al

derecho de propia imagen no requiere que la reproducción

tenga impacto ofensivo alguno; y (iii) la verdad no es

defensa.

El hecho de que tanto el calce de la foto, como el

artículo

se

refieran

a

una

persona

de

nacionalidad

colombiana y de nombre distinto, no elimina el que la

imagen del demandante haya sido lesionada.

El

Mundo,

89

D.P.R.

604

(1963),

En Romany v.

resolvimos

que

el

periódico demandado en libelo debía responder por los

5

Véase Exihibit 1.

RE-1994-481/CE-1994-692

daños

causados

a

16

un

abogado

cuya

fotografía

fue

publicada y se le identificó como otro abogado que había

cometido un delito público.

Al igual que en el caso de

autos,

el

en

aquella

ocasión

periódico

publicó

una

corrección.

Resulta

insostenible

la

alegación

por

parte

del

periódico de que la reputación del señor Pérez Rosado no

se

vio

afectada

por

la

publicación

de

su

foto

como

ilustración de un artículo sobre un narcotraficante de

las altas esferas de uno de los carteles de drogas más

grandes

y

temidos

del

mundo.

Aunque

la

foto

y

el

artículo examinados de forma independiente no resultan

difamatorios, vistos en conjunto, como de hecho fueron

publicados, por asociación, se le imputa a la imagen del

señor Pérez Rosado la comisión de un delito grave como

lo

es

el

reconocido

trasiego

de

drogas.

este

de

difamación

tipo

Este

Tribunal

contextual

ha

desde

Pueblo v. Prensa Insular, 69 D.P.R. 683 (1949).

En

aquella ocasión determinamos que una caricatura de unos

jugadores

de

balompié

realizar

una

jugada

balón

del

interés

que

se

mientras

público,

ponían

le

de

daban

”considerada

acuerdo

la

para

espalda

al

conjuntamente

con los artículos publicados”, resultaba libelosa.

El vincular la imagen del señor Pérez Rosado a la

comisión de delitos tan repudiados por la sociedad como

lo son el narcotráfico y el lavado de dinero, no sólo

RE-1994-481/CE-1994-692

17

resulta libeloso per se, sino que pudo haber puesto en

riesgo su seguridad personal y la de su familia.

Pasemos a considerar si el foro de instancia erró al

decidir el presente caso por sentencia sumaria en esta

etapa de los procedimientos.

IV

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que

confiere al juzgador discreción para dictar sentencia

sin

necesidad

tribunal,

en

de

celebrar

vista

evidenciaria.

El

el

ejercicio

de

discreción,

puede

su

dictarla sobre la totalidad de una reclamación o sobre

cualquier controversia comprendida en ella, cuando de

los documentos admisibles en evidencia que se acompañan

con

la

solicitud

o

que

obran

en

el

expediente

del

tribunal surge que no existe una legítima disputa de

hechos que tenga que ser dirimida en vista evidenciaría

y que sólo resta aplicar el derecho.

Audio Visual Lang.

v. Sist. Est. Natal Hnos., Op. de 15 de diciembre de

1997, 144 D.P.R. ___ (1997), 97 J.T.S. 147; Mercado Vega

v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 281 (1991); Nassar Rizek v.

Hernández, 123 D.P.R. 360, 378 (1989); Corp. Presiding

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, supra,

permiten tanto a la parte demandante como a la demandada

RE-1994-481/CE-1994-692

en

un

pleito

18

presentar

moción

para

que

se

dicte

sentencia sumaria a su favor.

Sin embargo, debe tenerse presente que la sentencia

sumaria

sólo

establecido

debe

su

dictarse

derecho

con

cuando

el

claridad

promovente

y

ha

ha

quedado

demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar

bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de

la prueba.

Medina v. M. S.& D. Química de P.R., Inc.,

res. el 4 de abril de 1994, 135 D.P.R. ___ (1994), 94

JTS 52.

Tiene, pues, el promovente de la moción la

carga inicial de la prueba.

Además, de ordinario, el

tribunal examinará la evidencia ante sí de la forma más

favorable

al

promovido.

Véase,

la

Regla

36

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En

reclamaciones

de

difamación contra

la

prensa,

hemos señalado que el mecanismo de la sentencia sumaria

es

“parte

integral

de

la

protección

constitucional

disponible a los demandados en éste genero de litigios”.

Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 696 (1984)

(Énfasis suplido.)

litigios

puede

La prolongación de esta clase de

tener

un

efecto

disuasivo

sobre

el

ejercicio de los derechos de libertad de expresión y

prensa.

En atención a ello, jurisprudencialmente, hemos

establecido

que

las

normas

aplicables

a

la

figura

procesal de la sentencia sumaria serán interpretadas de

forma

más

Véanse,

rigurosa

a

favor

del

Villanueva

v.

Hernández

periódico

Class,

promovente.

supra;

Mendez

RE-1994-481/CE-1994-692

19

Arrocho v. El Vocero de P.R, supra.

En la práctica esto

ha significado que, en vez de examinar la evidencia ante

sí de la forma más favorable al demandante promovido, el

juzgador

le

ha

exigido

a

éste

un

mayor

rigor

en

su

oposición para que pueda derrotar la moción de sentencia

sumaria del periódico.

Sin embargo, el que la sentencia sumaria sea parte

de

la

protección

constitucional

de

los

medios

de

comunicación en casos de libelo y que se exija mayor

rigor para derrotar una solicitud, no significa que por

el mero hecho de tratarse de un periódico, tenga derecho

a un dictamen favorable.

Tampoco significa que deban

alterarse las disposiciones de procedimiento civil que

regulan

el

funcionamiento

extraordinario.

El

de

este

periódico,

mecanismo

como

procesal

cualquier

otro

promovente de una solicitud de sentencia sumaria, tiene

la carga inicial de la prueba para apoyar las defensas

alegadas.

El periódico tiene dos maneras de cumplir con su

carga probatoria inicial.

Primero, puede establecer, ya

sea a base de los documentos que presenta o de los que

obran

en

autos,

que

no

existe

controversia

real

sustancial en cuanto a ningún hecho material y que, como

cuestión

favor.

de

derecho,

procede

dictar

sentencia

a

su

En reclamaciones de libelo, bastaría con que el

periódico pueda demostrar de forma incontrovertida que

alguno de los elementos esenciales de la acción no está

RE-1994-481/CE-1994-692

presente.

20

En realidad, se trata de que el periódico

pueda probar alguna de las defensas que lo cobijan en

reclamaciones de libelo.

Así pues, el periódico podría

probar de forma afirmativa que la información publicada

no es difamatoria, o que es verdadera.

Puede también

presentar evidencia de que fue diligente al publicar o

de que la publicación no causó daños al demandante.

La segunda forma en que el periódico puede cumplir

su

carga

inicial

como

promovente

de

una

moción

de

sentencia sumaria, es fundamentar su solicitud en que la

parte demandante no cuenta con evidencia suficiente para

probar

su

caso.

Para

sentencia

sumaria

por

que

el

tribunal

insuficiencia

de

pueda

la

dictar

prueba,

el

periódico promovente tendrá que persuadirlo de cada uno

de los siguientes elementos: (i) que no es necesario

celebrar una vista evidenciaria; (ii) que el demandante

promovido no cuenta con evidencia suficiente para probar

algún

hecho

derecho,

esencial;

procede

la

y

(iii)

que

desestimación

como

de

la

cuestión

de

reclamación.

Véase Medina v. M. S.& D. Química de P.R., Inc., supra,

págs. 11787.

En

solicitud

todo

de

caso,

para

sentencia

evaluar

sumaria

en

adecuadamente

una

la

de

modalidad

insuficiencia de la prueba, resulta indispensable que se

le haya brindado al promovido una amplia oportunidad de

realizar

un

descubrimiento

de

prueba

adecuado.

De

hecho, como parte de su carga inicial de la prueba, el

RE-1994-481/CE-1994-692

promovente

21

de

una

moción

de

sentencia

insuficiencia

de

la

prueba

tiene

sumaria

que

por

probar

afirmativamente,

...que se ha llevado a cabo un descubrimiento

de prueba completo, adecuado y apropiado, o

sea que ha explorado concienzudamente la

posibilidad de evidencia admisible. Medina v.

M. S.& D. Química de P.R., Inc., supra, pág.

11788.

En suma, bajo la modalidad de sentencia sumaria por

insuficiencia

poner

al

de

la

tribunal

prueba,

el

en

posición

la

promovente

de

tiene

que

evaluar

la

adecuacidad del descubrimiento de prueba realizado hasta

ese momento y de concluir que el promovido no cuenta con

evidencia

suficiente.

descubrimiento

de

La

necesidad

de

permitir

prueba

adecuado

cobra

un

especial

relevancia en casos de libelo contra un periódico, pues

la

prueba

negligencia

necesaria

del

para

sustentar

demandante,

la

usualmente,

alegación

se

de

encuentra

bajo el control exclusivo del periódico demandado.

V

En casos de libelo, una vez el periódico cumple con

su

carga

inicial

como

promovente

de

la

moción

de

sentencia sumaria, entonces se transfiere la carga de la

prueba al promovido.

el

juez

prevalecer.

exigirá

Para

Éste es el momento procesal en que

mayor

rigor

derrotar

la

al

promovido

moción

de

para

sentencia

RE-1994-481/CE-1994-692

sumaria

del

controvertir

periódico;

22

periódico,

el

los

que

o,

hechos

(ii)

promovido

cuando

tiene

prueban

la

que:

(i)

defensa

del

alude

la

la

moción

a

insuficiencia de la prueba, debe demostrar que cuenta

con evidencia suficiente que, de ser admitida y creída

en

su

día,

probaría

los

elementos

constitutivos

de

negligencia o malicia real; o, debe establecer que aún

no ha podido hacer un descubrimiento de prueba adecuado

que le permita obtener evidencia para probar su caso.

La cuestión de suficiencia de prueba de negligencia en

estos casos es una estrictamente de derecho.

Los

criterios

a

considerarse

para

determinar

negligencia en la publicación de información difamatoria

respecto a una persona privada son: (i) la naturaleza de

la información publicada, la importancia del asunto de

que se trata y especialmente si ésta es difamatoria de

su propia faz y puede preverse el riesgo de daños, (ii)

origen de la información y confiabilidad de su fuente y

(iii) razonabilidad del cotejo de la veracidad de la

información

tomando

en

términos

dinero,

tiempo,

de

publicación,

carácter

factor pertinente.

de

consideración

la

el

costo

personal,

urgencia

noticia

cualquier

y

en

de

la

otro

Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106

D.P.R. 415 (1977).

La evidencia que el promovido presente para derrotar

la solicitud de sentencia sumaria por insuficiencia de

RE-1994-481/CE-1994-692

la

prueba

puede

23

tomar

varias

formas.

El

promovido

puede:

Presentar con su oposición prueba admisible en

evidencia; o que dé lugar a prueba admisible

que demuestre que existe evidencia para probar

los elementos esenciales de su caso; o que hay

prueba en el récord que puede convertirse en

prueba

admisible

y

que

derrotaría

la

contención de insuficiencia del promovente;

Medina v. M. S.& D. Química de P.R., Inc.,

supra.

Además de lo anterior, el promovido puede derrotar

la solicitud de sentencia sumaria por insuficiencia de

la prueba del periódico demostrándole al tribunal que no

ha podido realizar un descubrimiento de prueba adecuado.

Tal como indicamos en Medina v. M. S.& D. Química de

P.R.,

Inc.,

moción

de

demostrando

supra,

un

promovido

puede

derrotar

sentencia

sumaria

por

insuficiencia

que

“la

moción

es

prematura

una

porque

el

descubrimiento es inadecuado, está a medias o no se ha

realizado”.

(Énfasis suplido.)

importancia

de

adecuado

antes

sumaria

por

moción

de

permitir

de

un

descubrimiento

de

una

moción

sentencia

de

la

prueba.

sumaria

de

resolver

insuficiencia

sentencia

Reconocimos, pues, la

forma

de

prueba

Acoger

prematura

una

puede

tener el efecto de privar al promovido de sus derechos

sin un debido proceso de ley.

Las propias reglas de procedimiento civil contemplan

la

situación

en

que

el

promovido

por

una

moción

de

sentencia sumaria no ha tenido la adecuada oportunidad

RE-1994-481/CE-1994-692

24

de conseguir prueba para apoyar alguno de los hechos

esenciales

que

justifican

su

oposición

y

proveen

al

tribunal un mecanismo para remediar la situación.

La

Regla 36.6 dispone que, “el tribunal podrá denegar la

solicitud

de

sentencia

sumaria,

o

podrá

ordenar

la

suspensión de cualquier vista para que la parte pueda

obtener declaraciones o tomar deposiciones, o conseguir

que la otra parte le facilite cierta evidencia, o podrá

dictar cualquier otra orden que sea justa”.

de

Procedimiento

Civil,

supra.

En

Regla 36.6

otras

palabras,

confrontado el tribunal con una solicitud de sentencia

sumaria prematura, éste puede, en el ejercicio de su

discreción,

posponer

la

evaluación

de

la

denegarla en esa etapa de los procedimientos.

moción

o

Hay que

tener presente que el propósito de las reglas procesales

es viabilizar el que los tribunales hagan justicia al

resolver las controversias.

VI

En el presente caso, el periódico intenta cumplir

con su carga inicial de la prueba demostrando que el

señor Pérez Rosado no contaba con prueba suficiente de

negligencia.6

6

Pasemos a considerar este planteamiento a

El

periódico

además

interpone

varias

defensas

afirmativas: que el error en la identificación ocurrió

sin malicia ni grave menosprecio a la verdad; que la

información no resultaba difamatoria y era de amplio

RE-1994-481/CE-1994-692

la

luz

de

los

tres

25

elementos

de

negligencia

en

la

publicación mencionados anteriormente.

En cuanto al primer elemento, la naturaleza de la

información

publicada,

un

análisis

publicación

refleja,

como

vimos,

difamatoria de su faz.

la

identificación

criminal

daños

imagen se empaña.

que

de

ésta

la

era

Además, resultaba previsible que

errónea

causaría

detenido

al

de

una

persona

ciudadano

como

inocente

un

cuya

El riesgo de daños cobra especial

relevancia en un caso como el de autos, donde el delito

con el cual se vincula el rostro del señor Pérez Rosado

ha cobrado tantas vidas en Puerto Rico.

La publicación

pudo haber puesto en grave riesgo la seguridad del señor

Pérez Rosado y su familia.

En

cuanto

información

y

al

la

segundo

elemento,

confiabilidad

de

la

origen

de

la

fuente,

de

los

documentos en autos se desprende que la fotografía se

obtuvo como producto del allanamiento de la residencia

de un narcotraficante.

Entendemos que la información

interés público; y que la reputación del demandante no

sufrió daños.

La primera defensa no aplica al caso de autos por

tratarse éste de una figura privada.

En cuanto a los

daños, cabe señalar que por ser esta una reclamación

bajo el Art. 1802 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec.

5141, los daños no se limitan al menoscabo a la

reputación.

Además,

nos

encontramos

ante

una

publicación que, a pesar de ser de interés público,

resulta libelosa de su faz, por lo que no era necesario

ni alegar, ni probar daños especiales. El periódico no

aportó prueba incontrovertida en apoyo de las restantes

defensas afirmativas.

RE-1994-481/CE-1994-692

26

recibida de autoridades, por lo general, debe resultar

confiable.

Ahora

bien,

al

analizar

el

tercer

y

último

criterio, la razonabilidad del cotejo de veracidad, nos

percatamos de que en el récord del tribunal no existe

suficiente evidencia para apreciar si la identificación

fue

adecuada

o

no.

El

Vocero

tampoco

ha

puesto

al

tribunal en condición de concluir que el señor Pérez

Rosado tuvo la oportunidad de hacer un descubrimiento

adecuado de prueba en cuanto a este extremo.

El

señor

precisamente

Pérez

en

que,

Rosado

fundamenta

su

a

fecha

publicación

la

de

reclamación

del

artículo en controversia, El Vocero no contaba con un

método adecuado de identificación de fotografías.

La

evidencia para probar este elemento de la negligencia,

está en poder del periódico demandado.

Por lo tanto,

resultaba

empleados

esencial

poder

deponer

a

los

del

periódico que conocían el procedimiento de publicación.

Surge

del

expediente

que

en

reiteradas

ocasiones

el

señor Pérez Rosado puso al tribunal en conocimiento de

que,

por

razones

atribuibles

exclusivamente

al

periódico, no había podido tomar las deposiciones a los

empleados y directivos de El Vocero.

al

tribunal

hecho

“de

que

que

con

el

dichas

periódico,

Además, le indicó

deposiciones

para

la

probaría

época

de

el

los

acontecimientos no [tenía] establecido un procedimiento

para

corroborar

la

veracidad

de

la

información

RE-1994-481/CE-1994-692

incluyendo

la

adecuada

27

identificación

de

fotografías,

como la que nos ocupa.”

Las deposiciones que faltaban por tomar tenían el

potencial

de

probar

que

el

periódico

corroboración razonable y adecuada.

no

efectuó

una

Ello, junto a los

otros elementos constitutivos de negligencia presentes

en

el

caso

derrotar

periódico.

de

la

autos,

hubiesen

solicitud

de

sido

suficiente

sentencia

para

sumaria

del

No obstante, y a pesar de la solicitud del

señor Pérez Rosado de que se le permitiera completar un

descubrimiento de prueba adecuado, el foro de instancia

decidió adjudicar el caso de forma sumaria.

El mayor rigor que se debe exigir al promovido para

derrotar la solicitud de sentencia sumaria interpuesta

por un periódico, no exime a este último de cumplir con

su carga de la prueba como promovente, ni releva al juez

de considerar la totalidad de la evidencia admisible en

autos al entender en la moción.

Tampoco significa que

el juez deja de tener discreción para decidir si el

momento en que el periódico interpone la solicitud es el

apropiado

para

decidir

el

caso

por

el

mecanismo

de

sentencia sumaria.

Una simple alegación de insuficiencia de prueba no

basta para que el periódico descargue su responsabilidad

inicial.

El Vocero no ha demostrado que se efectuó un

descubrimiento de prueba completo y adecuado.

Bajo las

circunstancias del presente caso, es forzoso concluir

RE-1994-481/CE-1994-692

28

que la solicitud de sentencia sumaria fue prematura, y

que

El

Vocero

no

cumplió

con

su

carga

inicial

a

la

prensa

del

como

promovente.

No

pretendemos

imponer

país

el

oneroso gravamen de verificar la certeza de cada uno de

los hechos e imágenes que publica a diario.

Estamos

conscientes

grandes

de

que

la

prensa

trabaja

con

limitaciones y que en muchas ocasiones la corroboración

se hace difícil o imposible.

que

la

prensa,

además

Sin embargo, es innegable

de

ofrecer

un

servicio

indispensable, ostenta un poder inconmesurable.

Este

poder lleva aparejado una gran responsabilidad y debe

ejercerse de forma consciente.

Con relación a aquellas noticias con alto potencial

de ser difamatorias, los medios deben ejercer un grado

mayor

de

diligencia

conflicto.

sopesar

los

intereses

en

Un error, por descuido o negligencia, puede

destruir

reputaciones

peligro,

como

razonabilidad

veracidad

y

o

ocurrió

del

para

hasta

en

el

poner

vidas

en

grave

caso

de

autos.

La

y

cotejo

de

difamatorio

se

proceso

de

publicación

noticias

con

impacto

determinará conforme a las circunstancias particulares

de cada caso y a la luz de los criterios de negligencia

antes

esbozados.

constitucionales

resultado.

El

en

balance

conflicto

no

de

puede

los

intereses

arrojar

otro

RE-1994-481/CE-1994-692

29

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia

revocando

la

emitida

por

el

Tribunal

Instancia, Sala Superior de Bayamón.

caso

a

dicho

foro

para

ulteriores

de

Primera

Se devuelve el

procedimientos

compatibles con los principios aquí expuestos.

Ante el

hecho de que la parte demandante, por causas ajenas a su

control,

no

ha

tenido

la

oportunidad

de

realizar

un

descubrimiento de prueba adecuado, el juez de instancia

abusó de su discreción al no posponer la consideración

de la solicitud de sentencia sumaria o denegarla en esta

etapa de los procedimientos.

Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociada

RE-1994-481

CE-1994-692

30

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos L. Pérez Rosado y Otros

Recurrentes

RE-94-481

CE-94-692

v.

El Vocero de Puerto Rico, Inc.

y Otros

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 1999

Por todo lo antes expuesto, se dicta sentencia revocando

la emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón. Se devuelve el caso a dicho foro para

ulteriores procedimientos compatibles con los principios

aquí expuestos.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

concurre con el resultado sin opinión escrita.

El Juez

Asociado señor Corrada del Río disiente con opinión

escrita.

El Juez Asociado señor Rebollo López no

interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

RE-1994-481

CE-1994-692

31

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos L. Pérez Rosado y Otros

Recurrentes

v.

RE-1994-481

CE-1994-692

El Vocero de Puerto Rico, Inc.

y otros

Recurridos

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor CORRADA DEL

RÍO

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 1999.

Estos recursos nos brindan la oportunidad de

expresarnos, por primera vez, sobre el alcance y

propósito de la Regla 22(A) de las de Evidencia7,

referente a la admisibilidad de reparaciones o

precauciones realizadas con posterioridad a la ocurrencia

de un evento, a los fines de establecer negligencia o

conducta culposa en relación con dicho evento.

A la vez que discutimos la doctrina vigente en

nuestra jurisdicción respecto a las acciones civiles por

difamación o libelo incoadas por personas privadas, y la

procedencia y funcionamiento en las mismas del mecanismo

procesal de sentencia sumaria.

7

32 L.P.R.A., Ap. IV, R. 22.

RE-1994-481

CE-1994-692

32

Por no estar de acuerdo con la Opinión de la

mayoría, disentimos.

Los hechos que dan lugar a los casos de autos se exponen

a continuación.

I

El 6 de octubre de 1992, el periódico El Vocero de

Puerto Rico, Inc. (en adelante "El Vocero") publicó una

noticia reseñada por el periodista Miguel Rivera Puig, en la

cual se señalaba al señor Ramiro Herrera como "el jefe del

Cartel de Cali en Nueva York" y a quien se le habían

confiscado varias propiedades debido al trasiego

internacional de drogas.

Junto a dicha noticia, El Vocero

intercaló una fotografía con el rostro de una persona a quien

el reportaje identificaba como el señor Ramiro Herrera.

Sin

embargo, dicha fotografía resultó ser en realidad del señor

Carlos L. Pérez Rosado.

Al día siguiente, al percatarse de la situación, El

Vocero publicó una nota aclaratoria en la cual hizo constar

la equivocación cometida al identificar incorrectamente la

fotografía del señor Pérez Rosado como la del señor Herrera.8

8

Dicha nota aclaratoria expresaba lo siguiente:

El martes, 6 de octubre de 1992, en la página 2

de este rotativo se identificó incorrectamente la

fotografía insertada en el recuadro del Sr. Carlos

Pérez Rosado como la de Ramiro Herrera. Este último

supuestamente vinculado al trasiego internacional de

drogas.

Lamentamos grandemente el error cometido.

El

Sr. Pérez Rosado, propietario de Fine Designs, es

una persona sumamente seria, amante de la ley y el

orden. Además, es un comerciante muy distinguido y

prestigioso de la Zona Metropolitana y de una

reputación intachable.

continúa...

2 ...continuación

Solicitamos disculpas al Sr. Pérez Rosado al

igual que a su señora esposa e hijos por los

RE-1994-481

CE-1994-692

33

A raíz de la referida publicación, el 1ro de octubre de

1993, Pérez Rosado y su esposa, Pilar Moreno Rodríguez, ambos

por sí, en representación de la sociedad legal de gananciales

por ellos constituida, y en representación de sus hijos,

presentaron una demanda ante el entonces Tribunal Superior,

Sala de Bayamón, contra el periódico El Vocero y el

periodista Miguel Rivera Puig.

A través de dicha demanda,

instaron una reclamación sobre libelo y calumnia al amparo de

las disposiciones de la Ley de Libelo y Calumnia, Ley de 19

de febrero de 19029, y una acción por daños y perjuicios a

tenor con las disposiciones del artículo 1802 del Código

Civil de Puerto Rico10.

Alegaron que el periódico El Vocero,

de manera falsa, libelosa y negligente, había vinculado a

Pérez Rosado con el narcotráfico al publicar de manera

prominente una fotografía suya junto al reportaje de Herrera.

Adujeron, además, que la publicación de la nota aclaratoria

por parte del periódico no rectificó los daños causados.

Por

último, reclamaron una indemnización por los daños

emocionales sufridos, así como por los daños causados a su

reputación personal y a la de su familia.

Por su parte, los demandados contestaron la demanda

aceptando la publicación del reportaje y de la fotografía de

Pérez Rosado, así como la publicación de la nota aclaratoria.

Sin embargo, negaron todas las alegaciones referentes a

conducta maliciosa o negligente.

Como parte de sus defensas

afirmativas, adujeron, entre otras cosas, que la información

había sido publicada al amparo de su derecho constitucional a

inconvenientes que les hemos causado.

9

32 L.P.R.A. secs. 3141 et seq.

10

31 L.P.R.A. sec. 5141.

RE-1994-481

CE-1994-692

34

la libertad de prensa y de expresión; y que el periodista

Miguel Rivera Puig no había tenido participación en el

escogido de la fotografía ni en su publicación.11

Por estipulación de los litigantes en la conferencia con

antelación al juicio, el artículo publicado fue admitido en

evidencia, así como la fotografía y la nota aclaratoria

publicada posteriormente.

No obstante, la parte demandada

objetó el uso de la referida nota aclaratoria como prueba de

la negligencia imputada.

Tras varios trámites procesales, el 24 de febrero de

1994, la parte demandante presentó una moción de sentencia

sumaria parcial alegando que no existía controversia real

sustancial en cuanto al hecho de que El Vocero había cometido

un error en la identificación de la fotografía; y que siendo

la nota aclaratoria una admisión de parte admisible al amparo

de la Regla 62(A) de las de Evidencia12, la misma había

establecido la negligencia imputada y requerida para

sustentar su causa de acción.

En consecuencia, solicitó la

adjudicación de la negligencia por parte del periódico El

Vocero.

Acompañó a su moción de sentencia sumaria la nota

aclaratoria publicada, la contestación a la demanda, un

requerimiento de admisiones que había sido dirigido a la

parte demandada, y la contestación a tal requerimiento.13

La

parte demandada refutó los planteamientos presentados por los

11

El 22 de febrero de 1994, la parte demandante desistió

voluntariamente de su causa de acción contra el periodista Miguel

Rivera Puig, lo cual fue declarado con lugar el 2 de marzo de

1994 por el foro sentenciador.

12

32 L.P.R.A., Ap. IV, R. 62.

13

Mediante la contestación al requerimiento de admisiones, la

parte demandada aceptó nuevamente la publicación del reportaje y

de la fotografía del demandante, así como la nota aclaratoria

publicada posteriormente.

Sin embargo, negó que la publicación

hubiera sido hecha de manera negligente y/o maliciosa.

RE-1994-481

CE-1994-692

35

demandantes, y alegó que, a tenor con la Regla 22(A) de

Evidencia, supra, la nota aclaratoria publicada resultaba

inadmisible para establecer negligencia o conducta culposa

por constituir evidencia de una reparación o precaución

posterior.

Por otro lado, el 7 de marzo de 1994, la parte demandada

cursó una oferta de sentencia a los demandantes al amparo de

las disposiciones de la Regla 35.1 de las de Procedimiento

Civil, supra, consintiendo a que se dictara sentencia en su

contra por la suma de cinco mil ($5,000.00) dólares como

indemnización total.

Dicha oferta nunca fue contestada por

los demandantes.

El 8 de abril de 1994, la parte demandada presentó una

solicitud de sentencia sumaria a su favor señalando la

inexistencia de hechos materiales en controversia.

Sostuvo

que el periódico había cometido un error en la identificación

de la fotografía publicada, pero que ello había ocurrido sin

que mediara previo conocimiento o grave menosprecio a la

verdad.

Argumentó, además, que la prueba presentada no había

demostrado que la reputación del demandante hubiese sufrido

menoscabo; y que la información publicada, aunque era falsa,

no resultaba difamatoria y su contenido era de amplio interés

público.

Por último, reiteró su planteamiento al efecto de

que, a tenor con la Regla 22(A) de las de Evidencia, supra,

los demandantes no podían utilizar la nota aclaratoria para

probar la negligencia imputada.

La parte demandante se opuso

a la solicitud del demandado alegando, en síntesis, que su

causa de acción emanaba del artículo 1802 del Código Civil,

supra, y que el criterio requerido para establecer la misma

era el de negligencia.

Reiteró su planteamiento referente a

que dicha negligencia ya había sido reconocida mediante la

RE-1994-481

CE-1994-692

36

publicación de la nota aclaratoria; y añadió que la Regla

22(A) de Evidencia, supra, no resultaba de aplicación al caso

de autos.

El 3 de agosto de 1994, el entonces Tribunal Superior,

Sala de Bayamón (Hon. Zulma Zayas Puig), tras sopesar el

derecho a la intimidad de los demandantes con el derecho de

expresión y libertad de prensa envueltos en el caso, dictó

sentencia sumaria a favor de la parte demandada y declaró sin

lugar la demanda presentada. Ello, sin especial imposición de

costas, gastos, ni honorarios de abogado.

En síntesis, concluyó dicho foro que la información

publicada se encontraba revestida de un amplio interés

público; que dicha información surgía en un momento en el que

Puerto Rico se encontraba afectado por una alta incidencia

criminal y un auge en el tráfico ilegal de drogas, lo cual

requería la divulgación amplia de los mecanismos utilizados

para contrarrestar las actividades delictivas; y que, no

siendo libelosa de su faz la información publicada,

y en

vista de que la parte demandante no había cumplido con el

peso de la prueba requerido para demostrar negligencia o el

menoscabo sufrido a la reputación de los demandantes,

de

limitarse

la función de los periodistas en estos casos se vería

afectado el interés público.14

No conforme, el 5 de octubre de 1994, la parte

demandante presentó recurso de revisión (RE-94-481) ante este

14

El 16 de agosto de 1994, la parte demandante presentó una

moción solicitando determinaciones de hechos adicionales. Dicha

moción fue declarada no ha lugar por el foro de instancia,

archivándose en autos copia de su notificación el 6 de

septiembre de 1994.

RE-1994-481

CE-1994-692

37

Tribunal señalando como único error el que el tribunal de

instancia hubiese desestimado su causa de acción, a pesar de

que la parte demandada, mediante la nota aclaratoria, había

admitido su negligencia al publicar la fotografía de una

manera falsa y difamatoria.

De otra parte, previo a la presentación del recurso ante

nos, el 17 de agosto de 1994 El Vocero presentó un Memorando

de Costas ante el foro sentenciador, y entre las partidas

solicitadas incluyó la suma de $8,968.75 por concepto de los

honorarios de abogado que había desembolsado con

posterioridad a la oferta de sentencia realizada.

La parte

demandante se opuso a tal solicitud, alegando que la partida

de honorarios de abogado no formaba parte de las costas del

litigio por lo que no procedía su pago.

Mediante orden dictada el 12 de septiembre de 1994, el

foro de instancia aprobó el Memorando de Costas presentado y

ordenó el pago de la suma total de $1,947.25 a favor de la

parte demandada por concepto de las costas incurridas durante

el litigio.

Sin embargo, denegó la petición referente a la

partida por concepto de honorarios de abogado, tras concluir

que la misma no constituía parte de las costas del

procedimiento.

Inconforme con esta determinación, acudió

ante nos la parte demandada mediante petición de certiorari

(CE-94-692) imputándole al foro sentenciador haber errado al

denegar la concesión de una partida por concepto de

honorarios de abogado tras entender que la misma no forma

parte de las costas del litigio.

Ante la novedad de los planteamientos levantados en los

recursos presentados, decidimos revisar.

A tales efectos

expedimos los correspondientes autos de revisión y

certiorari, y procedimos a consolidar los mismos.

RE-1994-481

CE-1994-692

38

II

En su recurso ante nos, la parte demandante-recurrente

sostiene que no procedía la desestimación decretada por el

foro de instancia, ya que la nota aclaratoria publicada por

el periódico El Vocero tuvo el efecto de establecer, por vía

de admisión, la actuación negligente que da base a su causa

de acción.

Como principal argumento para sustentar su

posición, aduce que no le asiste la razón a la parte

demandada-recurrida al sostener que, a tenor con la Regla

22(A) de las de Evidencia, supra, dicha nota aclaratoria

resulta inadmisible para probar negligencia, ya que la misma

no es una reparación que, de haberse hecho con anterioridad

al evento por el cual se reclama, hubiera tendido a hacer

menos probable su ocurrencia.

Coincidimos con la parte recurrente a los efectos de que

la Regla 22(A) de las de Evidencia, supra, no resulta de

aplicación al caso de autos.

No obstante, diferimos del

planteamiento referente a que no procedía la desestimación

decretada por el foro a quo en vista de que la nota

aclaratoria aludida, de por sí, tuvo el efecto de establecer

la negligencia imputada al periódico El Vocero. Veamos.

La Regla 22 de las de Evidencia15, sobre evidencia

pertinente afectada o excluida por políticas extrínsecas,

establece varias excepciones al principio general dispuesto

por nuestro derecho evidenciario referente a que toda aquella

evidencia que sea pertinente será admisible.16 Como su título

indica, las excepciones dispuestas por dicha Regla obedecen a

políticas extrínsecas a la búsqueda de la verdad que inclinan

15

32 L.P.R.A., Ap. IV, R. 22.

16

Véase 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 18.

RE-1994-481

CE-1994-692

39

la balanza en favor de la exclusión a pesar de la pertinencia

que pueda tener la evidencia para demostrar determinado

hecho.

De esta forma se obtiene como resultado

fomentar

práctico

el

ciertas

acciones que se encuentran revestidas de un gran interés

público.

Como parte de las exclusiones que establece la referida

Regla 22, su inciso (A) dispone lo siguiente:

Reparaciones o precauciones posteriores.

Cuando después de la ocurrencia de un evento se

toman medidas de reparación o precauciones las

cuales, de haber sido tomadas anteriormente,

hubieran tendido a hacer menos probable la

ocurrencia del evento, evidencia de dichas medidas

posteriores es inadmisible para probar negligencia

o conducta culpable en relación con el evento.

Esto no impide que tal evidencia sea admisible a

otros fines pertinentes. (Enfasis suplido)17

Como podrá notarse, la disposición antes transcrita

reglamenta la exclusión de aquella evidencia sobre

reparaciones o precauciones tomadas con posterioridad a un

evento, que se pretenda presentar en un pleito para

establecer conducta negligente o culposa respecto a la

ocurrencia de dicho evento.

No obstante, dichas medidas

cautelares podrán ser presentadas en evidencia para otros

fines pertinentes.

Es decir, la admisibilidad de la prueba

que se pretenda presentar estará limitada de acuerdo a su

alcance o al propósito para el cual se ofrezca.18

Lógicamente, la razón predominante para la referida

exclusión de evidencia está predicada en consideraciones de

política pública, a los fines de procurar una forma de

alentar, o al menos no desanimar, el que las partes tomen las

17

En lo pertinente, la Regla 407 de las de Evidencia Federal

corresponde a nuestra Regla 22(A), supra.

18

Véase la Regla 7 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV,

referente al principio de admisibilidad limitada.

RE-1994-481

CE-1994-692

40

medidas cautelares de reparación o precaución con

posterioridad a la ocurrencia del evento que da base a la

reclamación, de suerte que se elimine una vulnerabilidad que

aparentemente existía o se procure una seguridad futura.

De

igual forma, se ha sugerido que el escaso valor probatorio o

la falta de relevancia de dicha evidencia para establecer

culpa o negligencia en un pleito, son factores que también

inclinan la balanza a favor de su exclusión.

Ello en vista

de que la inferencia que podría surgir sobre negligencia o

culpa de la realización de reparaciones o precauciones

posteriores resulta dudosa.

Véanse, Ernesto L. Chiesa,

Práctica Procesal Puertorriqueña, Vol. I, Evidencia,

Publicaciones J.T.S., Inc., 1979; J.B. Weinstein, Weinstein's

Evidence, 1996, Vol 2, sec. 407-02, págs. 407-13 - 407-14;

Moore's, Federal Practice, 2d ed., 1996, Vol. 10, sec.

407.02, pág. IV-152; McCormick on Evidence, Third ed., Nest

St. Paul, 1984, sec. 275, pág. 815; Wright and Graham,

Federal Practice and Procedure, St. Paul, Minn., West

Publishing Co., 1980, Vol. 23, Evidence sec. 5282, págs. 8899; y Notes of Advisory Committe on Proposed Rules, Rule 407,

28 U.S.C.A.19

Ahora bien, según se desprende claramente del texto de

la Regla 22(A), supra, para que determinada evidencia pueda

ser excluida al amparo de dicha disposición, se requiere: (1)

19

Debemos señalar que existen tratadistas que han cuestionado

el efecto que tiene esta Regla sobre la política pública que se

pretende fomentar. Ello en vista de que aún en los casos en que

la persona desconozca la existencia de dicha disposición, actuará

como mejor entienda. Se ha sostenido que, independientemente de

la existencia de dicha Regla, la sola idea de evitar futuros

accidentes, propiciaría el que las partes tomaran las medidas

pertinentes de reparación o precaución.

Véanse, Ernesto L.

Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Vol. I, Evidencia,

supra, pág. 95; y Louisell and Mueller, Federal Evidence, N.Y.,

1985, Vol. 2, sec. 163, pág. 381.

RE-1994-481

CE-1994-692

41

que la evidencia que se pretenda presentar se refiera a

medidas de reparación o precaución; (2) que dicha evidencia

se pretenda presentar con el propósito de probar negligencia

o conducta culposa en relación con la ocurrencia de un

evento; (3) que las medidas de reparación o precaución hayan

sido tomadas con posterioridad a la ocurrencia del evento; y

(4) que dichas medidas, de haber sido tomadas con

anterioridad al evento, hubieran tendido a hacer menos

probable su ocurrencia20.

En el caso que nos ocupa, aunque la evidencia en

controversia fue admitida por estipulación de las partes, la

parte demandada reclamó su admisibilidad limitada, objetando

su admisión a los fines de probar la negligencia imputada.21

Esta evidencia consiste en una nota aclaratoria publicada por

el periódico El Vocero con posterioridad a la publicación de

la información alegadamente difamatoria, y mediante la cual

dicho rotativo reconoció el error cometido al identificar

incorrectamente la fotografía publicada ofreciendo sus

disculpas por los inconvenientes causados.

Por consiguiente,

se puede concluir que la referida evidencia cumple con los

primeros tres requisitos señalados anteriormente; a saber,

constituye evidencia de una medida de reparación tomada con

posterioridad a la ocurrencia del evento por el cual se

reclama, y la cual se pretende utilizar por la parte

demandante para probar la negligencia alegada.

20

Sobre el particular, la Regla 307 del Proyecto de las Reglas

de Evidencia de 1958, disponía que sería "[...] inadmisible

evidencia de que una persona, natural o jurídica, ha tomado

precauciones para evitar la repetición de un daño previo o la

ocurrencia de un daño similar [...]".

21

Véase

Abogados.

el

Informe

Sobre

la

Conferencia

Preliminar

entre

RE-1994-481

CE-1994-692

42

No obstante, nótese que se encuentra ausente el último

requisito dispuesto expresamente por la Regla 22(A), supra.

Ciertamente, en el caso de autos resulta claro que la

evidencia de reparación consistente en la nota aclaratoria,

de haber sido tomada con anterioridad al evento alegadamente

difamatorio, de forma alguna hubiera tendido a hacer menos

probable su ocurrencia.22

contempla dicha Regla.

Este no es el tipo de situación que

En consecuencia, resulta ineludible

concluir que las disposiciones de la referida Regla 22(A) no

resultan de aplicación al caso de autos, y, por lo tanto, la

evidencia en controversia no puede ser excluida al palio de

la misma.23

22

Por analogía, resultan de aplicación al caso de autos las

siguientes

expresiones

del

tratadista

J.

B.

Weinstein,

Weinstein's Evidence, supra, págs. 407-12 - 407-13, referentes a

la Regla 407 federal:

Post-event tests or reports have been admitted as

being outside the scope of the Rule on the basis

that they had been conducted or prepared for the

purpose of investigating the cause of the accident,

and could rarely be characterized as `measures'

which, if conducted previously, would have reduced

the likelihood of the accident.

It is only if

changes are implemented as a result of the tests

that the goal of added safety is furthered, and it

is only evidence

continúa...

16 ...continuación

of those changes

(Enfasis suplido)

that

is

precluded

by

the

rule.

Véanse, además, Rocky Mountain Helicopters, Inc. v.

Bell Helicopters, Inc., 805 F2d 907 (10th Cir. 1986); y

Benítez-Allende v. Alcan Aluminio Do Brasil, S.A., 857 F.2d

26 (1st Cir. 1980).

En ambos casos el tribunal determinó

que la prueba que se pretendía excluir era admisible en

evidencia, ya la misma, "by itself, would not have made the

event less likely to occur".

23

Para un estudio ilustrativo de situaciones en las que se ha

aplicado la exclusión de medidas de reparación o precaución en el

ámbito federal, véanse Guilbeau v. W.W. Henry Co., 85 F.3d 1149

(5th Cir. 1996) (el tribunal resolvió que resultaba inadmisible,

por ser

evidencia

de una medida de reparación o precaución

posterior, una etiqueta de advertencia adherida a un producto con

posterioridad a la ocurrencia de un accidente por el cual se

RE-1994-481

CE-1994-692

43

III

Aclarado lo anterior, pasemos a determinar si procedía

la desestimación sumaria decretada por el foro a quo.

Debemos comenzar señalando que en acciones de difamación

como la de autos, nos enfrentamos a una colisión entre dos

derechos que la Constitución de Puerto Rico reconoce como

fundamentales:

la libertad de prensa y la protección contra

ataques abusivos a la honra y la reputación de las personas y

a su vida privada y familiar. Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, Art. II, secs. 4 y 8; Giménez

Alvarez v. Silén Maldonado, 131 D.P.R. 91 (1992); Méndez

Arocho et als. v. El Vocero de Puerto Rico et als., 130

D.P.R. 867 (1992) y Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco,

121 D.P.R. 705, 713 (1988). "[..] Los casos de difamación

plantean esencialmente la necesidad de determinar el peso

respectivo del interés en una ciudadanía debidamente

reclamó indemnización alegando que el referido producto no

contenía advertencias adecuadas); Wood v. Morbark Industries,

Inc., 70 F.3d 1201 (11th Cir. 1995) (resulta inadmisible

evidencia de un cambio en el diseño de un producto realizado con

posterioridad a la ocurrencia de un accidente por el cual se

presentó una demanda alegando que el referido producto era

extremadamente peligroso); Specht v. Jensen, 863 F.2d 700 (10th

Cir. 1988) (caso en que se excluyó la presentación de un

comunicado de prensa publicado en relación a un registro y

allanamiento ilegal, en el cual se establecían las medidas que

habían sido tomadas para prevenir que se repitiera ese tipo de

conducta); y Bauman v. Volkswagenwerk Aktiengesells Chaft, 621

F.2d 230 (6th Cir. 1980) (en dicho caso se resolvió que, en una

acción de daños por alegados defectos en la puerta de un

automóvil, evidencia de ciertos cambios en el diseño de la puerta

que habían sido realizados con posterioridad al accidente,

constituían una reparación posterior inadmisible para establecer

la negligencia imputada).

Es claro que en los casos citados anteriormente, las medidas

de precaución o reparaciones realizadas con posterioridad al

evento por el cual se presentó la reclamación, de haber sido

hechas con anterioridad a dicho

continúa...

17...continuación

evento, hubieran tendido a hacer menos probable su ocurrencia, a

diferencia del caso de autos.

RE-1994-481

CE-1994-692

44

informada, en fomentar el debate vigoroso sobre cuestión de

interés público, de un lado, y el derecho a la intimidad, del

otro".

Clavell v. El Vocero de Puerto Rico, 115 D.P.R. 685,

691 (1984).

Al procurar un balance entre tales derechos

fundamentales, reiteradamente hemos resuelto que para que

prospere una acción de difamación por una persona particular

en contra de un periódico por la publicación errónea de

información difamatoria, se deberá establecer, no sólo que la

publicación es falsa, sino que la imputación se hizo

negligentemente, según se ha elaborado dicho criterio en el

campo del derecho de daños y perjuicios.24

Además, la parte

demandante deberá probar los daños reales que fueron

causados.

De esta forma, se eliminó en esta jurisdicción la

responsabilidad absoluta o sin falta que surgía de nuestra

Ley de Libelo y Calumnia, supra.

Véanse, Ojeda Ojeda v. El

Vocero, Op. de 26 de octubre de 1994, 94 J.T.S. 131; Garib

Bazán y otros v. Clavell y otros, Op. de 18 de marzo de 1994,

94 J.T.S. 36; Porto v. Bentley Puerto Rico, Inc., 132 D.P.R.

331 (1992); Méndez Arocho et als. v. El Vocero et als.,

supra; Villanueva v. El Vocero y otros, supra; Maldonado y

24

Al determinar

considerar:

si

existe

negligencia,

el

tribunal

deberá

1. La naturaleza de la información publicada,

la importancia del asunto que trata y especialmente

si ésta es difamatoria de su propia faz y puede

preverse el riesgo de daños.

2. Origen de la información y confiabilidad de

su fuente.

3. Razonabilidad del cotejo de la veracidad de

la información tomando en consideración el costo en

términos de dinero, tiempo, personal, urgencia de la

publicación, carácter de la noticia y cualquier otro

factor pertinente.

Méndez Arocho et als. v. El

Vocero, supra; Villanueva v. El Vocero y otros,

supra y Torres Silva v. El Mundo, supra, pág. 425.

RE-1994-481

CE-1994-692

45

Negrón v. Marrero y Blanco, supra; Ocasio v. Alcalde Mun. de

Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988); González Martínez v. López,

118 D.P.R. 190 (1987); Oliveras v. Paniagua Díaz, 115 D.P.R.

257 (1984); y Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415

(1977).

Cf. Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R.604 (1963).25

De otra parte, hemos sostenido que el mecanismo de

sentencia sumaria, en aquellos casos en que se encuentra

envuelta la libertad de expresión de un demandado, es

especialmente deseable, ya que la prolongación de estos

pleitos puede tener un impacto disuasivo ("chilling effect")

sobre el ejercicio de dicho derecho fundamental. Incluso,

hemos indicado que tal mecanismo es una parte integral de la

protección constitucional disponible a los demandados en esta

clase de litigio.

Ello en vista de que su propósito es

acelerar la justicia que persigue el litigante obligando a la

parte contraria a presentar al tribunal las pruebas que tenga

para sostener las alegaciones que ha hecho.

Lo cual, a su

vez, procura una solución justa, rápida y económica.

Bonilla

25

Debe advertirse que la protección contra expresiones

difamatorias en nuestra jurisdicción surge del Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico, Secciones 4 y 8, y no

continúa...

19 ...continuación

de un precepto estatutario. Razón por la cual la vigencia de la

Ley de Libelo y Calumnia, supra, está condicionada a que su

aplicación no sea incompatible con las disposiciones de nuestra

Constitución y las interpretaciones judiciales del Supremo

Federal acerca de la primera enmienda de la Constitución de los

Estados Unidos.

Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618

(1991) y Clavell v. El Vocero, supra.

En vista de ello, en Ojeda Ojeda v. El Vocero, supra, pág.

332, expresamos que se puede concluir que "[...] los casos

relacionados con este tema se resolverán, como regla general,

bajo la normativa de los daños y perjuicios extracontractuales;

es decir, examinando si hubo un acto u omisión culposa o

negligente, daños y la relación causal entre esos dos elementos,

haciendo un balance entre la libertad de expresión y de prensa

versus el derecho a la intimidad. [...]"

RE-1994-481

CE-1994-692

46

Medina v. Partido Nuevo Progresista, Op. de 13 de marzo de

1996, 96 J.T.S. 33; Méndez Arocho et als v. El Vocero, supra;

y García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978).

Resultando, por tanto, que en los casos de difamación o

libelo "[...] la etapa de

la

sentencia

sumaria

es

una

RE-1994-481

CE-1994-692

47

etapa crítica de los procedimientos".

Villanueva v.

Hernández Class, supra, pág. 643.

La Regla 36.5 de las de Procedimiento Civil26, dispone

que la sentencia sumaria deberá ser dictada inmediatamente

por el tribunal "[...] si las alegaciones, disposiciones

[deposiciones], contestaciones a interrogatorios y admisiones

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las

hubiere, demostraren que no hay controversia real sustancial

en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de

derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte

promovente. [...]"

En consonancia con dicha disposición,

hemos resuelto que en los casos de difamación o libelo en que

están envueltas personas privadas, a menos que el tribunal

determine que, a base de declaraciones juradas, deposiciones

u otra prueba documental, que la parte demandante cuenta con

prueba suficiente para establecer que medió negligencia, debe

dictarse sentencia a favor de la parte demandada.

Ello en

vista de que la suficiencia de la prueba para establecer

negligencia en tales casos, plantea una cuestión

estrictamente de derecho.

Véanse, Porto v. Bentley Puerto

Rico, Inc., supra; Méndez Arocho et als v. El Vocero, supra;

y García Cruz v. El Mundo, supra.

Es decir, "[...] el demandante tiene el deber de

producir prueba, en la etapa de la sentencia sumaria, sobre

hechos materiales respecto a los cuales no exista

controversia real sustancial y que, de ser probados en un

juicio plenario, establecerían la existencia de [negligencia]

por parte del periódico en la publicación [...]".

suplido).

26

(Enfasis

Villanueva v. Hernández Class, supra, pág. 644.

32 L.P.R.A., Ap. III, R. 36.

RE-1994-481

CE-1994-692

48

En el caso de autos, la parte demandante-recurrente

sostiene que la nota aclaratoria publicada, de por sí, tuvo

el efecto de establecer la negligencia del periódico en la

publicación de la información difamatoria.

No obstante, a la

luz de la normativa expuesta, entendemos que dicha parte no

cumplió con su peso de la prueba, ya que no podía derrotar la

moción de sentencia sumaria presentada por la parte demandada

con la afirmación escueta de que la nota aclaratoria

publicada tuvo el efecto de establecer la negligencia

requerida.

La afirmación de la parte demandante pierde de vista que

lo único que demuestra dicha nota aclaratoria es una

rectificación del error cometido, lo cual la parte demandada

aceptó en su alegación responsiva, o la intención de mitigar

algún posible daño.27

De forma alguna, dicha evidencia

27

Adviértase que en Jusseff M. Galib Frangie y otros v. El

Vocero, Inc., Op. de 6 de junio de 1995, 95 J.T.S. 71, pág. 924,

señalamos que una rectificación de una información supuestamente

falsa, podría considerarse como una indemnización "en específico"

del alegado daño causado. Más aún, reconocemos la importancia de

aclarar voluntariamente informaciones incorrectas y tratar de

reducir así el impacto de dicha información sobre la reputación

de los ciudadanos.

De otra parte, refiérase a E. P. Seelman, The Law of Libel

and Slander, N.Y., 1964, Vol. 1, pág. 385, en cuanto sostiene que

una nota aclaratoria ("retraction") reconoce el error cometido y

puede ser presentada como parte de la defensa de mitigación de

daños. Específicamente, se dispone lo siguiente:

[...]

Retraction

is

subsequent

atonement;

but

inasmuch as it not only evinces repentance but also

seeks to reduce the actual damage by published

acknowledgment of the error and retraction of the

charge,

it

may

also

tend

to

lessen

the

compensation.[...].

continúa...

21...continuación

RE-1994-481

CE-1994-692

49

infiere o demuestra, por si sola, y a falta de otra prueba,

que el periódico fue negligente al no ejercer el cuidado y

diligencia necesaria, y que por tal razón se cometió el error

en la publicación.

Más aún, el enfoque propuesto por los

demandantes equivale al razonamiento equivocado de que la

publicación de una información falsa o errónea, y la

aceptación o reconocimiento de dicho error por la parte

demandada significa, ipso jure, que se ha incurrido en

negligencia. Ello equivaldría a imponer una responsabilidad

absoluta a la parte demandada por la publicación errónea.

Un examen ponderado de los documentos que obran ante

nos, demuestra inequívocamente que la parte demandante, en la

etapa de la sentencia sumaria, se limitó a aseverar la

existencia de negligencia en la identificación y publicación

de la fotografía en controversia.

Sin embargo, no incluyó

documento alguno, ni señaló algún hecho demostrativo con el

cual, en su día, pudiera probar la negligencia aparte de la

publicación errónea de la fotografía y la admisión de error

de la parte demandada al publicar la aclaración.

No demostró

que contaba con algún tipo de prueba que, de ser creída en un

juicio plenario, pudiera demostrar, por ejemplo, que el

periódico demandado incurriera en negligencia al obtener la

fotografía, al no comprobar

cuanto

a

o

cerciorarse

debidamente

en

la

Véase, además, Lackland H. Blomm, Jr., Proof of Fault in

Media Defamation Litigation, 38 Vand. L. Rev. 247, 384 (1985).

RE-1994-481

CE-1994-692

50

identidad de la misma, o al no investigar adecuadamente

sobre el asunto antes de publicar el reportaje.28

En síntesis, no siendo difamatoria o libelosa de su faz

la publicación en controversia29, y en vista de que la parte

demandante no puso al tribunal de instancia en posición de

determinar que contaba con prueba de la cual se pueda inferir

que medió negligencia al publicar la fotografía del

demandante identificada como la de Herrera, resolveríamos que

no existen controversias de hechos sustanciales que recaigan

sobre hechos materiales que de alguna manera impidieran al

tribunal de instancia dictar la sentencia sumaria solicitada

por la parte demandada. Al no resolverlo así la Opinión

mayoritaria, disentimos.

Finalmente, respecto a la libertad de prensa y de

expresión, debemos recordar que el ejercicio de tales

28

Adviértase que la parte demandante indicó que "[...] se

reservó el derecho de deponer al director asociado de El Vocero,

Sr. Germán Martínez Negroni, quien no compareció a su deposición,

por alegadas razones de salud. Esta reserva de llevar a cabo

dicha deposición se formuló en atención al hecho de que el

periódico, para la época de los acontecimientos, no tuviere

establecido un procedimiento para corroborar la veracidad de la

información que recibe, incluyendo la adecuada identificación de

fotografías, como la que nos ocupa. [...] La información objeto

de la deposición señala la prueba de la parte demandante en apoyo

a los reclamado en la demanda. Esta prueba está disponible para

presentarse en vista en su fondo, si la adjudicación de la

negligencia no se adjudicara por la vía sumaria."

Sin embargo, lo cierto es que, en la etapa de la sentencia

sumaria, la parte demandante no demostró que contara con prueba a

esos efectos, ni tomó dicha deposición para los fines de la

sentencia sumaria, por lo que sus aseveraciones sobre lo que

pudiera decir el deponente son especulativas.

A la luz de la

normativa que hemos expuesto, tal planteamiento no puede ser

capaz de derrotar la moción de sentencia sumaria presentada por

la parte demandada.

29

Nótese, que de una simple lectura del reportaje publicado no

puede sostenerse una conclusión de que la parte demandada hubiese

incurrido en libelo o actuase de forma maliciosa. La fotografía

y la noticia se referían a Herrera y no al demandante-recurrido.

El error consistió en colocar la fotografía de éste en lugar de

la de aquel, sin que se hiciera imputación de clase alguna al

demandante-recurrido.

RE-1994-481

CE-1994-692

51

derechos "[...] debe hacerse en forma moralmente responsable.

La convivencia civil y democrática presupone que no se

abusará de los derechos.[...]"

D.P.R. 282, 290 (1971).

Aponte Martínez v. Lugo, 100

"El periodismo es `un instrumento,

un poder, una profesión, un género literario, una fuerza

social y un derecho público'.

J. Cardó Guarderas,

Periodismo, México, Ed. Diana, 1974, pág. 23; Johnstone,

Seawski & Bowman, The News People, Illinois, U. Ill. Press,

1976, págs. 181-188."

Oliveras v. Paniagua Diez, supra,

págs. 266-267.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

JUEZ ASOCIADO