LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V KATHIA BONILLA BONILLA

1999 TSPR 151

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V KATHIA BONILLA BONILLA

CC-1998-0609

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

V.

99 TSPR 151

Kathia Bonilla Bonilla

Recurrida

Número del Caso: CC-1998-0609

Abogados de la Parte Peticionaria: Hon. Procurador General

Lcda. marta Maldonado Maldonado

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Edgardo L. Llorens

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Francisco ortiz Rivera

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V Ponce

Juez Ponente: Hon. Negrón Soto

Fecha: 10/7/1999

Materia: Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-1998-609

Kathia Bonilla Bonilla

Recurrida

Opinión del tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE

RODÓN

San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 1999

La dignidad del ser humano es inviolable.

Constitución del

Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 1.

El asunto ante nuestra consideración es uno novel.

Nos

corresponde determinar cuáles son los requisitos que deben

estar

presentes

para

que

un

funcionario

público

pueda

realizar válidamente un registro al desnudo.

En particular, debemos dilucidar si a la luz de la

protección

constitucional

contra

registros

y

CC-98-609

3

allanamientos

irrazonables,

procede

la

supresión

de

cierta evidencia entregada por una visitante civil a una

institución

penal,

tras

requerírsele

un

registro

al

desnudo como condición de admisión.

I

El

11

presentó

de

una

marzo

de

denuncia

1997,

contra

el

la

Ministerio

Sra.

Bonilla (en adelante la acusada).

Público

Kathia

Bonilla

Se le imputó haber

infringido el Art. 234 del Código Penal, 33 L.P.R.A.

sec.

4430.

intención

Se

de

le

acusó

de

poseer

marihuana

introducirla

al

Proyecto

con

Modelo

de

Rehabilitación ubicado en el Municipio de Juana Díaz,

(en adelante el Proyecto).

El

29

de

preliminar.

abril

El

de

1997,

Ministerio

se

celebró

Público

la

vista

presentó

el

testimonio de la oficial de custodia, señora Aida Luz

Pica Lynn (en adelante la oficial), quien el día de los

hechos

se

encontraba

los

llenando

confinados

en

boletas

el

para

Puesto

I

los

visitantes

de

del

Proyecto.

En apretada síntesis, ésta declaró que al ver

a la acusada y sus acompañantes1, la notó “ansiosa” por

ver a su esposo allí confinado y que, en vista de ello,

solicitó

a

sus

superiores

autorización

para

llevar

cabo un registro al desnudo.

1

La acusada iba acompañada de dos amigas y su bebé,

quien también fue registrado.

a

CC-98-609

4

Testificó que en el lugar hay carteles que indican

el tipo de vestimenta que tiene que usar una persona

para entrar a la institución penal.

además,

que

toda

persona

que

Éstos anuncian,

quiera

a

la

y

también

se

oficial

señaló

que

institución

será

registrada

físicamente

registrarán

sus

pertenencias.

La

entrar

dicho registro físico rutinario consistía en someter al

visitante

a

un

procedimiento

de

“cacheo”

o

registro

superficial.

La

oficial

explicó,

que

la

acusada

y

sus

acompañantes pasaron al área llamada “La Carpa” donde se

registraron los paquetes que llevaban consigo y luego al

área de “Control Fuera”, donde se les informó que se les

sometería a un registro físico.

a

la

acusada

y

a

sus

Testificó que “orientó”

acompañantes

al

efecto

de

que

podían negarse al registro, pero que de rehusarse, no

entrarían a visitas ese día.

Continuó declarando que procedió, en compañía de su

compañera Ivelisse Rivera, a registrar al desnudo a las

dos acompañantes de la acusada en el baño de “Control

Fuera.”2

Cuando exigió a la acusada que se “quitara toda

la ropa” para “verificarla”, ésta le indicó que tenía

droga en su poder.

ropa

interior

y

Entonces, procedió a sacarla de su

a

entregársela.

Acto

seguido,

oficial le ordenó nuevamente que se desnudara.

2

la

Una vez

Este es el tercer puesto de registro al entrar en la

intitución.

CC-98-609

se

5

desnudó,

la

oficial

pertenencias

de

la

procedió

acusada.

a

Luego,

registrar

le

ordenó

toda

la

ropa

y

que

se

colocara

las

de

cuclillas (que se “ñangotara”) para ver si tenía más droga en sus

partes íntimas.

No encontró droga en el cuerpo de la acusada y llamó a

la Policía.

A preguntas de la defensa, la oficial admitió que le ordenó a la

acusada quitarse la ropa y que ésta entregó la droga “para evitar ser

desnudada”.

La oficial expresó que la acusada presenció el registro al

desnudo de sus dos acompañantes.

Agregó, que es práctica usual en la

institución donde trabaja desnudar a todos los integrantes de un grupo

aunque sólo se sospeche de uno.

Reconoció que al momento del registro

la puerta del baño se encontraba abierta.

Añadió que no sabía que para

registrar

al

requiere

escrito.

Finalmente, admitió no haberle dado a la acusada orientación

desnudo

a

una

persona

se

su

consentimiento

alguna antes de ordenarle que se desnudara.

Posteriormente, la defensa presentó como testigo a la acusada.

Ésta afirmó que cuando llegó al lugar donde se entrega la boleta a los

visitantes

se

le

informó

a

ella

y

a

sus

acompañantes

que

serían

registradas.

Primero pasaron sus dos amigas, cuyo registro al desnudo

presenció.

Continuó declarando que, cuando la oficial se le acercó,

ella se detuvo y le informó que no se iba dejar registrar.

sin embargo, le dijo que la registraría de todos modos.

La oficial,

Ante esto, la

acusada procedió a entregarle la marihuana que llevaba consigo.

Aún

así, la oficial le advirtió que se tenía que quitar la ropa si quería

salir de la institución penal.

Continuó testificando la acusada que mientras se desvestía, la

puerta del baño estaba abierta y había tres guardias penales mirando

hacia adentro.

registrada.

Nadie la orientó sobre su derecho a negarse a ser

Tampoco firmó documento alguno a esos efectos.

La primera

persona que le informó sobre su derecho a negarse al registro fue el

policía que la arrestó.

A preguntas del fiscal, indicó que era la

CC-98-609

6

primera vez que intentaba entrar drogas a una institución penal y que

en ese momento no se encontraba nerviosa.

La defensa solicitó que se suprimiese la evidencia, ya que ésta no

había sido entregada voluntariamente.

Alegó que, por el contrario, la

entrega había sido producto de un registro al desnudo realizado en

contravención a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y a los reglamentos internos que regulan este tipo de registros a

los visitantes de las instituciones correccionales del país.3

El Ministerio Público se opuso y argumentó, en síntesis, que la

entrega de la sustancia controlada fue voluntaria y que el registro al

desnudo, del cual no se obtuvo evidencia alguna, fue posterior.

El

tribunal

de

instancia

declaró

sin

lugar

la

solicitud

de

supresión de evidencia y señaló juicio para el 22 de enero de 1998.

Inconforme

con

esta

determinación,

el

24

de

diciembre

de

1997

la

acusada acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante

Tribunal de Circuito), mediante recurso de certiorari.

El 30 de junio de 1998, el Tribunal de Circuito dictó sentencia

mediante la cual revocó la resolución recurrida, ordenó la supresión de

la evidencia obtenida y devolvió el caso al foro de instancia para la

continuación de los procedimientos.

a

la

acusada

registrada.

no

se

le

informó

Determinó que en el caso de autos

sobre

su

derecho

a

negarse

a

ser

Indicó, que la acusada entregó las “bombitas” de marihuana

que tenía adheridas a su ropa interior bajo coacción, para evitar ser

registrada al desnudo en presencia de terceras personas.

Resolvió

además, que el registro se realizó en contravención a la Constitución y

al Reglamento de Visitas que establece un procedimiento obligatorio

para

registros

al

desnudo

para

visitantes

a

las

instituciones

correccionales.

El tribunal de instancia tomó conocimiento judicial del Reglamento de

Normas y Procedimientos para Regular las Visitas de los Confinados y

Aceptación de Paquetes (en adelante el Reglamento de Visitas) el cual

regula el procedimiento a seguir para realizar registros al desnudo de

visitantes en instituciones penales.

3

CC-98-609

7

Inconforme, el Ministerio Público acudió ante nos.

Alega que el

Tribunal de Circuito se equivocó al concluir que la evidencia ocupada

fue resultado de un registro ilegal, y que por tanto, erró al revocar

al foro de instancia y ordenar la supresión de evidencia.4

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

II

En apoyo a su contención de que incidió el Tribunal de Circuito al

concluir

que

la

evidencia

ocupada

fue

el

resultado

de

un

registro

ilegal, el Ministerio Público aduce que la acusada entregó la evidencia

voluntariamente antes de que comenzara el registro al desnudo.

Señala

que el registro al desnudo fue posterior a la entrega y que, como de

ese registro en particular no se obtuvo evidencia alguna, no resulta

pertinente examinar su legalidad.

No le asiste la razón.

Tanto el Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. Sec. 10, como la Cuarta Enmienda de

la

Constitución

contra

registros

de

Estados

y

Unidos,

allanamientos

protegen

a

nuestros

habitantes

de

persona,

irrazonables

su

pertenencias y propiedad realizados por funcionarios del Estado.

En

reiteradas ocasiones hemos expresado que la protección constitucional

contra registros irrazonables tiene como objetivo básico proteger la

intimidad y la dignidad del ser humano.

Véanse, Pueblo en Interés del

Menor N.O.R., Op. de 12 de septiembre de 1994, 136 D.P.R. ___ (1994),

94 J.T.S. 119; Pueblo v. Ríos Colón, 129 D.P.R. 71 (1991); y Pueblo v.

Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979).

A pesar de que la protección contra registros y allanamientos se

encuentra redactada en idénticos términos en ambas constituciones, por

gozar nuestra Constitución de una “vitalidad independiente”, podemos

darle a la garantía un contenido distinto y mayor.

4

Esto es, podemos

El Ministerio público planteó además que el Tribunal de Circuito

abusó de su discreción al intervenir con la adjudicación de

credibilidad hecha por el juzgador de instancia.

En vista del

resultado al que llegamos, resulta innecesario examinar este error.

CC-98-609

8

interpretarla de forma más beneficiosa al acusado.

La Constitución de

Estados Unidos y su jurisprudencia interpretativa, sólo establecen el

contenido mínimo de la prohibición contra registros e incautaciones

irrazonables.

Véase, Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

A diferencia de la Constitución Federal, nuestra Constitución, en

su Art. II Sec. 8, protege específicamente la honra, reputación y la

vida privada de las personas.

El efecto conjunto de esta cláusula y la

garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables

ha sido establecer el derecho a la intimidad como uno de los de más

alta

jerarquía

en

nuestro

ordenamiento.

Véanse,

Arroyo

v.

Rattan

Specialties, 117 D.P.R. 35, 64 (1986); Colón v. Romero Barceló, 112

D.P.R.

573,

576

(1982);

Figueroa

v.

E.L.A.,

107

D.P.R.250

(1978);

E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 440 (1975).

La

protección

constitucional

contra

registros

y

allanamientos

irrazonables se activa sólo cuando los actos arbitrarios e irrazonables

del

estado

ocasiones

relacionada

ocurren

como

anteriores

con

parte

hemos

esta

de

un

resuelto

protección

registro

que

o

allanamiento.

“ante

toda

constitucional,

lo

En

controversia

primero

es

determinar la existencia o no de un registro” Véase Pueblo en Interés

del Menor N.O.R., supra.

dentro

de

las

Por tanto, de entrada, debemos resolver si

circunstancias

particulares

del

presente

caso,

la

instrucción de desnudarse per se constituyó el comienzo de un registro.

En algunas situaciones no existe duda alguna de que en efecto ha

ocurrido un registro.

Sin embargo, a menudo resulta difícil hacer tal

determinación ya que la garantía constitucional protege a la persona

como tal y no a lugares específicos o cosas.

Para que ocurra un

registro no tiene que haber intervención física alguna en un lugar

específico.

Sobre este particular, el tratadista La Fave ha señalado:

...once it is recognized that the Fourth Ammendment protects

people -and not simply “áreas”- against unreasonable searches

and seizures, it becomes clear that the reach of that

Amendment cannot turn upon the presence or absence of a

physical intrusion into any given enclosure. La Fave, Search

and Seizure, 3d edition, St. Paul, Minn, West Publ. Co., Vol.

I Sec.2.1(b) pág. 383.

CC-98-609

9

En cuanto al inicio de un registro en Pueblo en Interés del Menor

N.O.R., supra, señalamos:

[s]e entiende que ha ocurrido un registro cuando se infringe

una expectativa de intimidad que la sociedad está preparada

para reconocer como razonable.

(Citas omitidas).

‘La

cuestión principal es, si dentro de las circunstancias

específicas del caso, la persona tiene derecho razonable a

abrigar la expectativa de que su intimidad se respete.’

(Énfasis suplido.) Pueblo v. Lebrón, supra, pág. 331.

En Pueblo v. Ríos Colón, supra, enumeramos los factores que deben

considerarse al determinar si la persona que alega ha sido registrada

albergaba alguna expectativa razonable de intimidad, a saber: 1) el

lugar registrado o allanado; 2) la naturaleza y grado de intrusión de

la

intervención

policiaca;

3)

el

objetivo

o

propósito

de

la

intervención; 4) si la conducta de la persona era indicativa de una

expectativa subjetiva de intimidad;

5) existencia de barreras físicas

que restrinjan la entrada o visibilidad al lugar registrado; 6) la

cantidad de personas que tienen acceso al lugar registrado; y 7) las

inhibiciones

sociales

relacionadas

con

el

lugar

registrado.

Estos

factores deben examinarse en conjunto, ya que ninguno de ellos por sí

solo

resulta

determinante.

Apliquemos

estos

factores

a

las

circunstancias del presente caso.

No cabe duda de que las personas albergan con respecto a su propio

cuerpo

la

desnudarse

Ello

más

alta

entraña

expectativa

una

independientemente

prisión.

de

intromisión

del

hecho

intimidad

profunda

de

y

que

con

dicha

expectativa.

de

en

encontrarse

una

orden

visita

de

una

No podemos olvidar que no se trata aquí de la expectativa de

intimidad extremadamente reducida que tienen los confinados, sino de la

intimidad

de

una

persona

civil

que

visita

voluntariamente

una

institución penal.

La conducta de la acusada al entregar la marihuana “para evitar

ser desnudada” indica claramente su intención de proteger lo que ella

subjetivamente

percibía

era

su

intimidad.

La

ropa

que

cubría

su

CC-98-609

10

cuerpo, restringía la visibilidad al lugar que la oficial pretendía

registrar.

propio

Sólo la acusada tenía un derecho legítimo de acceso a su

cuerpo.

Además,

relativamente

altas

vestimenta

someter

y

en

existen

relación

nuestros

en

con

nuestra

el

cuerpos

acto

al

sociedad

de

inhibiciones

despojarse

escrutinio

de

visual

toda

de

un

extraño.

Ciertamente el requerir al visitante a instituciones penales que se

someta a un registro al desnudo persigue el objetivo legítimo de evitar

la introducción de drogas y armas a éstas.

No obstante, la consecución

de este objetivo, por sí solo, no puede destruir la expectativa de

intimidad de una persona con respecto a su cuerpo.

Debemos tener

presente que:

El aumento en el crimen y/o en el trasiego de drogas, así como

la política pública en contra de dichos males no son, por sí

solas, justificaciones suficientes para flexibilizar estas

garantías constitucionales bajo cuyo manto quedamos cobijados

todos los puertorriqueños.

La democracia no se sostiene con

la adopción de métodos antidemocráticos. La solución a tales

males no es, pues, la derogación de facto de dichas garantías

constitucionales, puesto que existen medios razonables,

legales y constitucionales para lidiar con los mismos. Véase

Pueblo v. Ríos Colón, supra, pág 81, citando Pueblo v. Lebrón,

supra, 327-328 (1979) y a Pueblo v. Martínez Torres, 120

D.P.R. 496 (1988).

Al analizar los hechos en este caso a la luz de la totalidad de los

factores

enumerados,

contexto,

la

acusada

a

resulta

indicación

los

constituyó

razonable

intimidad

de

imperativa

efectos

“verificarla”

forzoso

de

que

de

se

intromisión

de

la

concluir

la

que,

oficial

quitara

de

“toda

suficiente

acusada

dentro

para

en

activar

de

este

custodia

a

la

la

ropa”

para

la

expectativa

la

protección

constitucional contra registros y allanamientos.

Debemos recordar que esta orden se produce luego de que la oficial

de custodia solicitara y obtuviera el permiso de sus superiores para

realizar el registro al desnudo y después que la acusada pasara por un

proceso

de

registro

entrada

a

la

que

institución

se

profundizó

penal.

detector de metales en la entrada.

a

medida

Primero,

la

que

progresaba

acusada

atravesó

su

un

Luego, pasó a “La Carpa” donde

CC-98-609

11

registraron sus pertenencias. Entonces, la llevaron a “Control Fuera”

donde

presenció

los

registros

al

desnudo

de

sus

compañeras.

Finalmente, le ordenaron desvestirse, lo cual provoca que entregue la

droga para intentar evitar tan grave intromisión con su cuerpo.

Dicha

orden per se inició el registro para efectos constitucionales.

De hecho, desde que la oficial sospechó de la acusada y pidió

autorización a sus superiores para realizar el registro al desnudo, se

puso en marcha la maquinaria del Estado.

Del testimonio mismo de la

oficial se desprende, que la acusada en momento alguno fue informada

del carácter especial y de las implicaciones que reviste este tipo de

Rechazamos

registro.

la

teoría

del

Ministerio

Público

de

que

el

registro al desnudo se inició al momento en que la acusada comenzó

físicamente a quitarse la ropa y que, por ende, la entrega de la droga

no fue producto de un registro.

la

doctrina

y

la

Esta noción es contraria a los hechos,

jurisprudencia

que

define

el

registro

de

forma

flexible como la infracción a una expectativa razonable de intimidad.

Resolvemos pues, que en el caso de autos se había iniciado el

registro al desnudo antes de que la acusada entregara la marihuana.

La

acusada

su

albergaba

una

expectativa

razonable

de

intimidad

sobre

cuerpo que fue infringida cuando la oficial le ordenó desvestirse.

III

Nuestra

Constitución

lo

que

allanamientos no sean irrazonables.

en

el

caso

de

autos

que

en

exige

es

que

los

registros

y

Es por ello que, una vez decidido

efecto

la

evidencia

se

entregó

como

resultado de un registro, procede que examinemos la razonabilidad de la

intervención.

Hoy por primera vez, debemos determinar cuáles son los

criterios a considerar para que un funcionario público pueda realizar

un registro al desnudo a un visitante civil a una institución penal sin

infringir

las

protecciones

allanamientos irrazonables.

constitucionales

contra

registros

y

CC-98-609

Como

12

regla

general,

se

presumen

efectuados sin previa orden judicial.

inválidos

todos

los

registros

En estos casos, corresponde al

Ministerio Fiscal derrotar dicha presunción presentando prueba de la

legalidad y razonabilidad del registro.

Pueblo v. Vázquez Méndez, 117

D.P.R. 170, 174 (1986); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988);

Pueblo v. Reynolds Román, Op. de 17 de enero de 1995, 137 D.P.R. ___

(1995), 95 J.T.S. 6;

Pueblo v. Santiago Alicea, Op. de 18 de abril de

1995, 137 D.P.R. ___ (1995), 95 J.T.S. 45.

A manera de excepción, hemos tendido a sostener la legalidad de

cierto tipo de registros, aún en ausencia de una orden judicial.

La

jurisprudencia la ha reconocido, entre otras situaciones: cuando la

evidencia se encuentra a plena vista, Pueblo v. Dolce, supra; cuando la

evidencia es obtenida en el transcurso de una persecución, Pueblo v.

Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); cuando la evidencia es obtenida en un

registro administrativo en una actividad altamente reglamentada por el

Estado, E.L.A. v. Coca-Cola, 115 D.P.R. 197 (1984); cuando ha mediado

consentimiento para el registro, Pueblo v. Narváez Cruz, supra.; en

algunos registros incidentales al arresto, Pueblo v. Sosa Díaz, 90

D.P.R. 622 (1964); y en el registro de emergencia, Pueblo v. Rivera

Collazo,

122

D.P.R.

408

(1988).

Véase

además,

Ernesto

L.

Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, vol. I,

sec. 6.13, pág. 272 (1995).

Al decidir si procede eximir a las autoridades de la necesidad de

obtener una orden judicial de registro, la pregunta no debe ser sólo si

el interés público lo justifica, sino si el peso de conseguir dicha

orden

bajo

las

circunstancias

particulares

del

caso,

probablemente

frustraría el propósito gubernamental legítimo que se persigue.

Aún en aquellos casos excepcionales en que inicialmente resulta

legal intervenir con el ciudadano sin orden judicial, la posterior

determinación de razonabilidad del registro debe hacerse tomando en

cuenta

todas

las

circunstancias,

particularmente

las

exigencias

de

urgencia, y haciendo un balance entre los derechos del individuo y las

CC-98-609

13

necesidades de la sociedad.

(1977).

Pueblo v. Torres Lozada, 106 D.P.R. 588

Véanse, además: United States v. Biswell, 406 U.S. 311 (1972);

Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968); Elkins v. United States, 364 U.S. 206

(1960).

Recientemente

reiteramos

que

"[l]a

razonabilidad

de

un

registro dependerá del balance entre el interés público y el derecho

del

ciudadano

a

su

seguridad

personal,

arbitrarias por parte del Estado."

libre

de

interferencias

Pueblo en interés del Menor N.O.R.,

supra.

En

el

caso

particular

de

las

instituciones

correccionales,

es

innegable que el Estado tiene un interés apremiante en mantener el

orden y la seguridad en las mismas.

Evitar que las personas con acceso

a las instituciones correccionales introduzcan drogas, contrabando y

armas resulta indispensable para mantener tanto la seguridad como el

orden.

En atención a ello se reduce el grado de expectativa a la

intimidad y la protección a la misma, tanto de los confinados, como de

personas civiles que desean entrar a visitar en instituciones penales,

aunque en distintos grados.

Véase, Spear v. Sowders, 71 F.3d 626, 629

(1995).

Al amparo de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos

se

ha

considerado

razonable

someter

rutinariamente

a

las

personas que deseen entrar como visitantes a dichas instituciones a

cierto tipo de registro sin necesidad de orden ni sospecha alguna.

Sobre el asunto, el reconocido tratadista La Fave señala,

Security is the order of the day in prisons, jails and other

detention facilities.

The prisoners are subject to searches

of their persons and quarters, and in addition it is often the

practice to require visitors to the facility to submit to some

form of search. Applying the Camara-Terry balancing approach

to the latter practice, it may be said that the need for

security is sufficiently substantial as to justify some type

of screening process for visitors. (Énfasis suplido.) 5

En aras de proteger la seguridad de los empleados y confinados,

resulta razonable someter a los visitantes de instituciones penales a

registros superficiales sin necesidad de obtener una orden judicial, ni

CC-98-609

de

tener

comunes

14

motivos

se

fundados.

encuentran

Entre

los

los

registros

registros

físicos

o

superficiales

más

de

los

“cacheo”,

efectuados por medios electrónicos de detección de armas y drogas y los

que utilizan perros.

Otras formas de proteger la seguridad en las

cárceles incluyen las visitas sin contacto, el registrar al desnudo a

los confinados tras las visitas y proveer visitas supervisadas.

Las

intervenciones

superficiales

antes

mencionadas

pueden

considerarse como registros de índole administrativo ya que se realizan

rutinariamente, como parte del procedimiento regular de entrada a la

institución.

En

atención

a

las

necesidades

especiales

de

las

instituciones penales, estos registros pueden realizarse sin necesidad

de orden judicial o sospecha alguna.

Ahora bien, cuando un oficial de

custodia decide realizar un registro más profundo del usual, como lo es

un registro al desnudo, cambia la naturaleza de la intervención.

Ya no

se trata de una intervención rutinaria de índole administrativa, sino

más bien de un registro de naturaleza penal.

El registro al desnudo se

realiza con base a una sospecha particularizada y con la expectativa de

obtener material delictivo que incriminaría a la persona registrada.

El registro al desnudo, conocido en Estados Unidos como “strip

search”,

implica

expectativa

de

una

de

intimidad

las

de

las

más

graves

personas,

interferencias

aunque

se

trate

con

la

de

la

expectativa de intimidad algo disminuida que albergan los civiles que

deciden visitar una institución correccional.

en

Sobre este particular,

Blackburn v. Snow, 771 F.2d 556, 563 (1985 1st Cir.) el tribunal

señaló:

We think it is clear that society is prepared to recognize

that free citizens entering a prison as visitors retain a

legitimate expectation of privacy protected by the Fourth

Amendment, albeit diminished by the exigencies of prison

security. To be sure, those visiting a prison cannot credibly

claim to carry with them the full panoply of rights they

normally enjoy. But neither may they constitutionally be made

to suffer a wholesale loss of rights -nor even one commesurate

with that suffered by inmates. (Énfasis suplido.)

5

La Fave, Search and Seizure, supra, sec. 10.7(b), pág. 383.

CC-98-609

El

15

registro

al

desnudo

ha

sido

descrito

como

una

experiencia

humillante, embarazosa y que atenta contra la dignidad de las personas.

Tomando

en

consideración

esta

realidad,

los

tribunales

federales

reiteradamente han requerido la existencia de una sospecha, razonable o

real, individualizada y basada en hechos objetivos articulables, para

iniciar validamente un registro de este tipo.

En Black v. Amico, 387

F. Supp. 88, 91 (1974), la Corte de Distrito de los Estados Unidos para

el distrito de Nueva York citando a United States v. Henderson, 390 F.

2d 805 (9th Cir. 1967), definió sospecha real de la siguiente manera:

“Real suspicion” justifying the initiation of a strip search

is subjective suspicion supported by objective, articulable

facts that would reasonably lead an experienced, prudent

customs oficial to suspect that a particular person seeking to

cross our border is concealing something in his body for the

purpose of transporting it into the United States contrary to

law.

Este mismo caso establece que el registro fronterizo y el de los

visitantes a prisiones son análogos en el sentido de que en ambos casos

se intenta prevenir la entrada de contrabando y otro material ilegal.

Véase, además, United States v. Hernández, 473 U.S. 531 (1985) donde el

Tribunal

Supremo

Federal

resolvió

que

para

poder

llevar

a

cabo

un

registro fronterizo al desnudo se necesitaba al menos una “sospecha

real”.

En Puerto Rico, en vista de la protección más amplia que provee

nuestra Constitución al derecho a la intimidad, este Tribunal, con

contadas excepciones, ha requerido la existencia de motivos fundados al

validar el inicio de registros sin orden.

El concepto de “motivos

fundados” ha sido definido como aquella información o conocimiento que

lleva

a

una

persona

ordinaria

y

prudente

a

creer

que

la

persona

intervenida ha cometido un delito, independientemente de que luego se

establezca o no la comisión del delito.

Véase Pueblo v. Martínez

Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).

En Pueblo v. Ríos Colón, supra, señalamos que para determinar si un

registro sin orden judicial es razonable debemos considerar si:

CC-98-609

16

a) En su origen la intervención con la persona en el

lugar que sería registrado estuvo justificada.

Aquí debemos

examinar la expectativa razonable de intimidad del intervenido

en el lugar donde se encontraba y si la funcionaria del Estado

tenía motivos fundados para intervenir, y si su presencia en

el lugar donde se encontraba la persona que sería registrada

estaba justificada.

b) Una vez superada esa justificación inicial, debemos

examinar si el alcance o la amplitud del registro (como se

condujo)

estaba

razonablemente

relacionada

con

las

circunstancias que justificaron la intervención en primer

lugar.

Tal registro no puede ser excesivamente intrusivo en

la persona que es registrada. Aunque muchas veces sea difícil

entenderlo,

el

resultado

del

registro

no

prueba

su

razonabilidad

ni

convalida

una

intervención

ilegal

o

irrazonable de los funcionarios del Estado con los ciudadanos,

Pueblo v. Martínez Torres, supra; Pueblo v. González, 100

D.P.R. 651 (1972), pues “[e]n nuestro país, la Constitución y

las leyes no solamente protegen al ciudadano modelo, sino

también al infractor...[y] todo acusado tiene derecho a la

presunción de inocencia... aunque se le sorprenda in

fraganti”. Soto v Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 503-504

(1982). (Énfasis suplido.)

Cónsono con estos principios constitucionales, el Reglamento de

Normas y Procedimientos para Regular las Visitas de los Confinados y

Aceptación de Paquetes6, (en adelante Reglamento de Visitas), que rige

esta materia, exige específicamente que hayan motivos fundados basados

en hechos objetivos para que se pueda iniciar un registro al desnudo.

En la parte pertinente dicho reglamento dispone:

K. Registros al desnudo

Para someter a un visitante a este tipo de registro, tiene que

existir la sospecha razonable basada en hechos específicos e

inferencias razonables de que el visitante intenta introducir

contrabando.

No

será

suficiente

meras

sospechas

o

confidencias no corroboradas. Tampoco basta que el visitante

tenga apariencia extraña o sospechosa. La sospecha razonable,

requiere que existan hechos objetivos específicos que a la luz

de la experiencia permitan inferencias que lleven a una

persona razonable a sospechar que se ha cometido un delito o

está por cometerse.

Bajo esta norma, el registro al desnudo de un visitante

requiere, (1) que los oficiales han de tener una sospecha de

que la persona a registrarse intenta introducir contrabando;

esta sospecha tiene que estar específicamente dirigida contra

esa persona en particular y (2) tienen que existir motivos

fundados para creer que el contrabando se encuentra en el

lugar específico que va a registrarse. (Énfasis suplido.)

6

Este reglamento fue adoptado al amparo de la Ley Núm. 116 de 22 de

julio de 1974, según enmendada ,4 L.P.R.A. sec. 1111 y ss. y a la luz

de las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según

enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2102 y ss.

CC-98-609

17

Reconocemos que exigir a los oficiales de custodia el peso de

conseguir una orden judicial en estos casos, frustraría el propósito

del registro.

Sin embargo, tampoco podemos validar una intervención de

tal

en

magnitud

ausencia

de

unos

claros

motivos

fundados

y

de

un

consentimiento voluntario e informado por parte de la persona a ser

registrada.

El balance de los intereses del Estado y el derecho a la

intimidad del ciudadano en estos casos no puede arrojar otro resultado.

Conforme con lo antes expuesto, resolvemos que en Puerto Rico no

puede iniciarse válidamente un registro al desnudo a un visitante a una

prisión en ausencia de motivos fundados para creer que lleva material

ilegal sobre su cuerpo.

debe

ser

La sospecha constitutiva de motivos fundados

individualizada

articulables.

y

debe

estar

basada

en

hechos

La mera sospecha de un oficial de custodia no será

suficiente para justificar este tipo de intervención.

tanto

los

objetivos

preceptos

constitucionales

como

el

Así lo exigen

Reglamento

de

Visitas

aplicable las instituciones correccionales.

En

el

caso

de

autos

la

acusada

Bonilla

Bonilla

expectativa razonable de intimidad con relación a

albergaba

una

su cuerpo y su ropa,

no empece a que se encontrara visitando una institución correccional.

El único fundamento que la oficial de custodia pudo articular durante

su testimonio como base para iniciar el proceso de registro al desnudo

contra la acusada fue que ésta se encontraba “ansiosa, desesperada por

entrar” a ver a su esposo que se encontraba allí confinado.

bien,

en

ausencia

adicionales,

el

nerviosismo, por sí solo, no justifica un registro al desnudo.

Al

respecto,

la

el

de

Reglamento

circunstancias

de

Visitas

sospechosas

Ahora

específicamente

señala

que

apariencia extraña o sospechosa de una persona no basta para iniciar un

registro al desnudo.

De

la

propia

prueba

presentada

por

el

Ministerio

Público,

específicamente, del testimonio de la oficial de custodia, se desprende

que la sospecha no cumplía con los requisitos antes expuestos.

Ella se

CC-98-609

dispuso

18

a

registrar

a

la

acusada

sólo

por

que

la

notó

nerviosa.

Además, como era la costumbre en dicha institución, también procedió a

hacerle un registro al desnudo a las acompañantes de la acusada por el

único hecho de estar éstas con una persona que se encontraba nerviosa.7

La totalidad de las circunstancias denotan que al decidir registrar

al desnudo a la acusada y a sus acompañantes, la oficial de custodia no

cumplió con el requisito inicial de tener una sospecha razonable basada

en

hechos

objetivos

articulables

constitutivos

de

motivos

fundados.

Desde su origen, la intervención de la oficial de custodia con la

acusada

estuvo

Visitas,

como

viciada

y

con

protección

la

en

contravención

tanto

constitucional

al

Reglamento

contra

de

registros

irrazonables.8

Al ser la orden de desnudarse parte del registro al desnudo y la

entrega de la evidencia resultado directo de dicha orden, no cabe duda

de que la evidencia se obtuvo como resultado de una intervención ilegal

del Estado con la acusada.

Sobre todo cuando ni los carteles en la

entrada de la institución penal, ni la orientación dada por la oficial

apercibían a la acusada del alcance de lo que iba a suceder y de su

derecho a negarse al registro al desnudo y marcharse en cualquier etapa

del mismo.

registro

Tampoco se le advirtió del hecho de que para realizar un

al

desnudo,

las

autoridades

tenían

que

obtener

su

consentimiento por escrito y seguir un estricto procedimiento.9

7

La oficial de custodia declaró a los efectos de que lo usual en la

institución penal donde laboraba era que cuando se “sospechaba” de una

persona, se desnudaba a todos sus acompañantes.

8

Vale señalar que, aún cuando se cumpliera con el requisito inicial de

motivos fundados, el procedimiento de registro de visitantes a las

instituciones correccionales es uno que está detalladamente regulado.

Un registro tan denigrante debe llevarse a cabo con estricta sujeción y

adhesión a las normas reglamentarias de la propia institución. Sólo de

este modo que se garantiza la voluntariedad y se minimiza al máximo la

lesión a la intimidad y dignidad del registrado. Debemos recordar que

en el caso de autos la propia oficial admite haber llevado a cabo los

registros al desnudo con la puerta del baño abierta, y que por lo menos

la acusada, pudo ver a sus compañeras desvestirse.

Nos preocupa el desconocimiento craso de la oficial de custodia de las

disposiciones básicas del Reglamento de Visitas en cuanto éste regula

los registros al desnudo. Una vez un oficial tiene una sospecha

9

CC-98-609

19

individualizada constitutiva de motivos fundados, el Reglamento de

Visitas establece el siguiente procedimiento para realizar estos

registros:

...Para realizar registros al desnudo a un visitante, se seguirá el

siguiente procedimiento:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Será informado que por existir sospecha razonable sobre su

persona, será sometido a un registro especial.

Dicho registro se

llevará a cabo al desnudo.

Será orientado por el oficial de más alto rango en el área de

visitas y se le solicitará que firme el formulario correspondiente

autorizando este tipo de registro. De negar su autorización, no se

permitirá su acceso al penal ese día.

Luego de que se haya obtenido la autorización correspondiente, el

visitante será conducido a la habitación destinada a ese propósito,

asegurándose de que el área no quede expuesta al público, de modo

que no se lesione su dignidad.

El registro será realizado por un oficial del mismo sexo que el

visitante. Bajo ninguna circunstancia se permitirá un registro al

desnudo a un visitante por un oficial del sexo opuesto. Se evitará

en todo momento, el contacto físico directo con el visitante. Toda

violación a esta norma conllevará la imposición de las sanciones

que procedan contra el empleado.

Se requerirá al visitante que se despoje por completo de sus

vestimentas, incluyendo los zapatos y se pedirá que se coloque en

cuclillas por unos segundos.

Se inspeccionará cuidadosamente la

ropa del visitante, luego de lo cual se le devolverá.

Se

inspeccionará el área sobre la cual se colocó al visitante para

localizar contrabando arrojado al suelo o que se desprenda de su

cuerpo.

Si durante el procedimiento de registro el visitante opone

resistencia, se suspenderá el mismo y se solicitará que abandone la

institución. En caso de mediar agresiones físicas o verbales hacia

los oficiales, se referirá a Comandancia para la correspondiente

acción penal.

Si se detecta la presencia de drogas, explosivos o armas de

cualquier tipo, instrumentos o herramientas que puedan utilizarse

para cometer una fuga, o causar grave daño corporal o muerte, se

conducirá al visitante y la evidencia a la Comandancia o deberá

llamarse

inmediatamente

a

la

Policía

para

la

acción

correspondiente. Tanto el Comandante de turno, como los oficiales

participantes, rendirán un informe detallado y servirán de testigos

durante el proceso criminal hasta finalizar el mismo.

En estos

casos, se prohibirá permanentemente la entrada a del visitante a

toda intitución penal.

En todo momento se tratará al visitante de forma digna y

respetuosa, evitando comentarios o situaciones que lesionen su

dignidad o constituyan una interferencia indebida con su derecho a

la intimidad.

El incumplimiento de estas normas conllevará la

imposición de sanciones administrativas, civiles o criminales que

procedan contra esos empleados.

Los oficiales asignados a las áreas de visita serán adiestrados

sobre estos procedimientos y las consecuencias de violentar los

mismos.

Serán adiestrados oficiales de ambos sexos para asegurar

el fiel cumplimiento de estas normas. (Énfasis suplido.)

Como podrá notarse, en el caso de autos

la mayoría de

disposiciones de este Reglamento de Visitas no fueron cumplidas.

las

CC-98-609

20

El registro al desnudo de la acusada en el caso de autos estuvo

viciado ab initio.

En consecuencia, procede suprimir la evidencia

entregada como respuesta a la orden de desnudarse.

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos al Tribunal de

Circuito de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Ponce

para

ulteriores

procedimientos

compatibles con lo aquí resuelto.

MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN

Juez Asociada

CC-98-609

21

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-1998-609

Kathia Bonilla Bonilla

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 1999

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

se

dicta

sentencia confirmando la del Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Ponce

para

ulteriores

procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

concurre con opinión escrita a la cual se unió el Juez

Asociado señor Corrada del Río.

El Juez Asociado señor

Rebollo López concurrió sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-98-609

22

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-1998-609

Certiorari

Kathia Bonilla Bonilla

Recurrida

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI,

a la cual se une el Juez Asociado señor CORRADA DEL RIO.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 1999.

“...[H]ard cases make bad law”.

Justice Oliver Wendell Holmes

Hace ya casi un siglo, el gran jurista Oliver

Wendell Holmes, uno de los jueces de más renombre del

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, advirtió que

los casos difíciles dan lugar a decisiones judiciales

desacertadas.

porque

el

intereses

Indicó el Juez Holmes que ello ocurre

intenso

deseo

contrapuestos

de

proteger

en

el

distorsionar las normas aplicables.

uno

caso,

de

los

lleva

a

Lo explicó así el

Juez Holmes, al afirmar que “...hard cases make bad

law”

“...because of some accident of immediate

overwhelming interest which appeals to the

feelings and distorts the judgement. These

immediate interests exercise a kind of

hydraulic

pressure

which

makes

what

CC-98-609

23

previously was clear seem doubtful, and before which even

well settled principles of law will bend.” 10

La opinión de la mayoría en el caso de autos es un ejemplo claro

de lo advertido por el Juez Holmes.

El abrumador interés de la mayoría

por proteger el supuesto derecho a la intimidad de una persona acusada

de

intentar

introducir

marihuana

subrepticiamente

a

una

institución

penal, lleva a la mayoría a ignorar normas fundamentales vigentes que

son aplicables a este caso.

Veamos.

I

El caso de autos presenta la cuestión de si deben suprimirse, como

evidencia obtenida de modo ilícito, unas “bombitas” de marihuana que

una mujer entregó a una oficial de custodia en una institución penal,

cuando

la

oficial

supuestamente

le

indicó

iba

a

institución

desnudo.

La

mujer

en

cuestión

encontraba

recluido

en

la

escondida,

con

la

obvia

intención

sería

registrada

al

visitar

a

su

marido

se

penal,

y

llevaba

de

que

entrar

que

la

droga

dicha

droga

subrepticiamente en la institución penal.

La mayoría del Tribunal ordena la supresión de la evidencia, por

entender que la entrega de la droga por la propia acusada a la oficial

de custodia fue parte de un registro ilícito que violaba el derecho a

la intimidad de la acusada. Para lograr este resultado, la mayoría

llega

10

Opinión disidente del Juez Oliver Wendell Holmes en

Securities v. United States, 193 U.S. 197 a la pág. 400-401.

al

Northern

CC-98-609

24

extremo de resolver que aunque la acusada misma entregó la droga antes

de ser registrada al desnudo precisamente con la intención de evitar

ser desnudada, el registro referido posterior a la entrega hace que

toda la intervención de la oficial de custodia con la acusada esté

viciada ab initio.

Según la mayoría, la supuesta expectativa de la

acusada sobre la intimidad de su cuerpo es tan amplia que abarca la

conducta

de

la

oficial

de

custodia

aun

antes

de

ésta

realizar

el

registro al desnudo y le resta voluntariedad a la decisión de la propia

acusada de entregar la droga.

La postura aludida de la mayoría presenta en mi parecer varios

problemas que ésta no logra resolver satisfactoriamente. El principal

de ellos es que le reconoce un derecho a la intimidad a la acusada en

este caso, a pesar de que dicha mayoría también admite en su opinión

que “requerir al visitante a instituciones penales que se someta a un

registro

al

desnudo

persigue

el

objetivo

legítimo

de

evitar

la

introducción de drogas y armas a éstas”. Para mí la mayoría no logra

armonizar debidamente los intereses supuestamente contrapuestos en la

situación de hechos del caso de autos.

Comparto con la mayoría el juicio de que el registro al desnudo es

una experiencia humillante y embarazosa, que atenta claramente contra

la dignidad de las personas.

De ordinario, tal registro constituye una

crasa violación al fundamental derecho a la intimidad de toda persona,

que este Tribunal no debe tolerar.

Sin embargo, nos enfrentamos en el caso de autos a una situación

muy excepcional.

Estado

el

que

No tenemos ante nos el caso típico en el que es el

inicia

un

registro

y

pretende

privacidad o la intimidad de algún ser humano.

inmiscuirse

con

la

La situación ante nos

más bien es la de una persona adulta y racional, que voluntariamente y

por su propia cuenta e iniciativa se presenta de visita a un lugar

altamente sensitivo, en el cual el Estado tiene intereses apremiantes

de seguridad que debe proteger con gran rigor, y allí, poseyendo droga

ilícitamente, intenta introducirla de modo ilícito también en dicho

CC-98-609

25

lugar. La pretendida intrusión flagrantemente ilícita aquí, pues, es la

de la acusada. La mayoría en su opinión no pondera debidamente este

dato innegable, al sopesarlo frente al supuesto derecho a la intimidad

de la acusada.

Más

aun,

reiteradamente

hemos

resuelto

que

intimidad tiene su límite en la conducta criminal.

el

derecho

a

la

Repetidamente hemos

señalado que los que redactaron nuestra Constitución indicaron de modo

expreso y claro que las garantías constitucionales como el derecho a la

intimidad, que tienen el propósito de salvaguardar la inviolabilidad de

la persona,

“tienen

su

límite

en la conducta criminal”. 4 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente, a las págs. 2567-2568 (Ed.

1961); Pueblo v. Santiago Feliciano, Opinión de 9 de noviembre de 1995,

139 D.P.R. ___, 95 JTS 154; Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496

(1988); Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827 (1984). La acusada en el

caso de autos incurrió en una actividad doblemente delictiva. No sólo

poseía una droga ilícita, sino que pretendía introducirla ilícitamente

a una institución penal.

Dentro de tales circunstancias, no tenía

derecho a abrigar razonablemente una expectativa de intimidad. Pueblo

v. Ortiz Rodríguez, Opinión de 29 de enero de 1999, 147 D.P.R. ___, 99

JTS 8, a la pág. 514. La mayoría ignora todo lo anterior, en su afán

desproporcionado de reconocer un derecho a la intimidad a una persona

que por su propia conducta abdicó a ese derecho. La postura de la

mayoría

tuerce

injustificadamente

el

entramado

normativo

sobre

el

derecho a la intimidad, por lo que no puedo estar de acuerdo con los

fundamentos de su dictamen.

II

La

desacertada

postura

de

la

mayoría

sobre

el

intimidad en el caso de autos es, además, innecesaria.

derecho

a

la

El asunto ante

nos puede resolverse de un modo sencillo, mucho menos controversial que

el que ha utilizado la mayoría. No es necesario fraguar un supuesto

asunto

constitucional

novel

para

dirimir

la

controversia

ante

nos.

CC-98-609

Este

26

Foro

no

debe

desatender

la

sabia

norma

de

autolimitación

que

preceptúa no abordar cuestiones constitucionales cuando existen otros

fundamentos para resolver el caso.

E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552

(1958).

Aquí la oficial de custodia que registró a la acusada no observó

las disposiciones pertinentes del Reglamento de Normas y Procedimientos

para Regular las Visitas a Confinados.

No se siguió el procedimiento

pautado en dicho Reglamento para efectuar registros como el que tenemos

ante nuestra consideración ahora. Ese incumplimiento de la oficial de

custodia con las normas de la propia institución penal que regulan las

situaciones

de

visitas

a

confinados

es

suficiente

para

ordenar

la

supresión de la evidencia que nos concierne en el caso de autos.

Repetidamente

hemos

resuelto

que

las

agencias

y

organismos

gubernamentales están compelidos a observar estrictamente sus propios

reglamentos. No queda a su discreción cumplir las obligaciones que

tales reglamentos le fijan. T-Jac, Inc. (Wal-Mart Caguas) v. Caguas

Centrum Limited Partnership, S.E., Opinión de 12 de abril de 1999, ___

D.P.R. ___, 99 JTS 60; Montoto v. Pelayo Lorié, Opinión de 11 de marzo

de 1998, 145 D.P.R. ___, 98 JTS 25; García Caban v. U.P.R., 120 D.P.R.

167 (1987).

Sobre todo en situaciones tan sensitivas como las del caso

de autos, es imperativo que insistamos en que se cumplan las normas

reglamentarias rigurosamente.

supresión

de

evidencia

hubieran

observado

en

Para lograr esa meta, debemos ordenar la

cuestión,

cabalmente

las

que

fue

obtenida

sin

normas

que

rigen

institución

la

que

se

penal.

En

resumen,

pues,

concurro

con

el

resultado

decretado

por

la

mayoría en el caso de autos, pero por un fundamento muy distinto al

formulado por ésta.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

CC-98-609

27