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Tribunal Supremo de Puerto Rico

PARTIDO DE ACCION CIVIL V COMISION ESTATAL DE ELECCIONES

1999 TSPR 145

Poder Judicial de Puerto Rico

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PARTIDO DE ACCION CIVIL V COMISION ESTATAL DE ELECCIONES

CC-1999-142

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Partido de Acción Civil

Recurrido

Certiorari

V.

99 TSPR 145

Comisión Estatal de Elecciones

Recurrente

Número del Caso: CC-1999-142

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Ramón L. Walker Merino

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Zadette Bajandas Vélez

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Ortíz Carrión

Fecha: 9/27/1999

Materia:

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido de Acción Civil

Demandante-Recurrido

v.

CC-1999-142

Certiorari

Comisión Estatal de Elecciones

Demandado-Recurrente

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 1999.

Nos toca resolver si un grupo de personas, en vías de inscribirse

como partido político por petición, tiene derecho a obtener mediante pago

copia de las listas electorales.

I.

El 26 de mayo de 1998, el llamado Partido de

Acción Civil (PAC), una agrupación que está procurando

obtener

como

los

endosos

partido

por

necesarios

petición,

para

solicitó

quedar

inscrita

a

Comisión

la

Estatal de Elecciones (CEE) que le suministrara copia

de las listas electorales, según definidas en el Art.

1.002 (21) de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. 3002. En

específico, el PAC solicitó que

CC-1999-142

las

3

listas

se

suministrasen

en

“CD

rom

o

en

cintas

compatibles con los programas de Access o Excel”. La CEE

denegó

esta

solicitud

pero

le

informó

al

PAC

que

podía

examinar las listas en cuestión en la secretaría de dicho

organismo.

Inconforme con esta determinación de la CEE, el 10 de

junio de 1998, el PAC presentó una solicitud de revisión

ante el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual pidió

que se revocara la determinación referida. Reiteró, además,

su

solicitud

entregadas

en

de

que

las

CD

rom

o

listas

en

electorales

cintas

le

compatibles

fueran

con

los

programas de informática Access o Excel.

El 10 de julio de 1998, el Tribunal de Primera Instancia

dictó sentencia y concluyó que el PAC no tenía derecho a las

listas referidas. Dictaminó que por constituir dichas listas

parte

del

Registro

Electoral,

la

CEE

estaba

impedida

de

suministrar copia de éstas a persona alguna, por disposición

de

la

propia

Ley

Electoral.

Posteriormente,

sin

embargo,

ante una moción de reconsideración presentada por el PAC, el

tribunal de instancia dictó sentencia enmendada el 16 de

septiembre de 1998, y revocó su decisión anterior.

Resolvió

que conforme a lo resuelto en Damaris Mangual, Comisionada

Electoral del P.I.P. v. C.E.E., opinión de 21 de septiembre

de 1995, 139 D.P.R. ___, 95 JTS 121, las listas electorales

son documentos públicos y la CEE estaba obligada a proveer

copia de éstas al PAC, una vez determinase su costo, si

alguno.

CC-1999-142

4

La CEE, a su vez, solicitó reconsideración de dicha

sentencia

enmendada.

El

foro

de

instancia,

mediante

resolución emitida el 23 de noviembre de 1998, denegó la

reconsideración.

Reiteró que la lista final de electores es

un documento público, distinto al Registro Electoral, y que

conforme a ello, el PAC tiene derecho a dicha lista, por ser

una persona con particular interés según la Ley Electoral.

Contra la sentencia enmendada y la resolución referida,

la CEE presentó petición de certiorari ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Mediante resolución emitida el 22

de enero de 1999, y notificada el 28 del mismo mes, el foro

apelativo confirmó el dictamen del tribunal de instancia y

adoptó por referencia los fundamentos formulados por éste.

La

moción

de

reconsideración

presentada

por

la

CEE

fue

declarada no ha lugar el 16 de febrero de 1999.

Ante la decisión adversa del foro apelativo, el 25 de

febrero de 1999, la CEE interpuso el presente recurso ante

nos y planteó lo siguiente como único señalamiento de error:

Erraron tanto el TCA como el TPI al interpretar el

Art. 1008 de la Ley Electoral y resolver que

cualquier persona con particular interés tiene

derecho, y la CEE viene obligada, a proveer copia

de la Lista Final de Electores.

El 26 de febrero de 1999, emitimos una orden mediante

la

cual

expresara

requerimos

su

punto

a

de

la

parte

vista

recurrida

sobre

los

inter

alia

siguientes

asuntos:

1) ¿Qué personas tienen interés suficiente

obtener las listas en cuestión?

para

que

tres

CC-1999-142

5

2) ¿Qué información

referidas?, y

deben

contener

las

listas

3) ¿Qué pago, si alguno, debe fijársele a los

interesados para la obtención de dichas listas?

El 10 de marzo de 1999, la recurrida compareció mediante

escrito en cumplimiento de orden. Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II.

La CEE ha presentado varias alegaciones para justificar

su posición de que el PAC no tiene derecho a las listas

electorales en cuestión. Aduce la CEE que las listas que

interesa el PAC forman parte integral del Registro Electoral

y que por ello están sujetas a la prohibición en cuanto a su

diseminación que la Ley Electoral dispone respecto al propio

Registro Electoral. Más aun, alega la CEE que aun si dichas

listas se pudiesen considerar como documentos públicos, y

por

tanto

exentas

de

la

prohibición

aludida,

no

existe

obligación de parte de la CEE de proveer copias de dichas

listas a personas interesadas, ya que su obligación bajo la

Ley Electoral se limita a permitir que tales listas sean

examinadas por los interesados. Finalmente, aduce la CEE que

el PAC como partido en proceso de inscripción no tiene el

derecho a las listas electorales que tienen los partidos

políticos inscritos.

No tiene razón la CEE en sus planteamientos.

Veamos.

CC-1999-142

6

III.

Dos de las tres alegaciones formuladas ante nos por la

CEE nos causan sorpresa.

Ello, porque se trata de asuntos

que ya habíamos resuelto de modo claro en nuestra reciente

decisión

en

Damaris

Mangual,

Comisionada

Electoral

del

P.I.P. v. C.E.E., supra. En dicha decisión señalamos, en

primer

lugar,

confeccionan

que

mediante

aunque

las

información

listas

que

electorales

surge

del

se

Registro

Electoral, dichas listas son distintas a éste, debido a que

tienen un contenido mucho más limitado que el del Registro

Electoral.

Concretamente señalamos lo siguiente en Damaris

Mangual, Comisionada Electoral del P.I.P. v. C.E.E.:

“Este Registro Electoral ... se trata de un

registro o récord primario contentivo de toda la

información relacionada con la inscripción de un

elector en Puerto Rico.

Tiene el carácter de un

expediente

e

incluye

las

peticiones

de

inscripción, las llamadas tarjetas electorales,

además de otras formas de compilación de los datos

contenidos en las peticiones.

Las peticiones de

inscripción, a su vez, contienen la siguiente

información personal del peticionario: (a) nombre

y apellidos paterno y materno del peticionario;

(b) nombre del padre y de la madre; (c) sexo,

color de ojos y estatura; (d) lugar de nacimiento,

indicando el municipio; (e) fecha de nacimiento;

(f) si

es

ciudadano

de

los

Estados Unidos;

(g) estado civil, y de ser casado, el nombre y

apellidos legales

de su cónyuge; (h)domicilio;

(i) dirección postal; (j) firma o marca del

peticionario o de la persona que lo haga a su

ruego si éste no supiere firmar o no pudiere

hacerlo; (k) copia del acta de nacimiento. ...

De otro lado, nos parece razonable que la

Comisión, al mismo tiempo que como custodio posee

un

récord

de

toda

la

información

personal

relacionada con cada elector, tenga disponible

además un listado más sencillo con el propósito de

ser utilizado en la mecánica de los procesos

electorales”. (Enfasis suplido).

CC-1999-142

Este

7

más

“listado

señaláramos

sencillo”

expresamente

en

aludido

Damaris

antes

Mangual,

es,

como

Comisionada

Electoral del P.I.P. v. C.E.E., supra, la llamada “Lista

Final de Electores” que sólo contiene información relativa

al

nombre,

dirección,

y

número

de

tarjeta

electoral

del

elector inscrito así como el precinto y unidad electoral al

cual éste pertenece.

En

segundo

lugar,

en

Damaris

Mangual,

Comisionada

Electoral del P.I.P. v. C.E.E., supra, resolvimos de manera

expresa y patente que el legislador de manera justificada

había querido proteger la intimidad del elector al prohibir

que se suministrara copia del Registro Electoral a persona

alguna.

Sin

embargo,

listado

más

sencillo

Final”,

era,

en

resolvimos

antes

cambio,

de

aludido,

un

igual

la

documento

modo

llamada

que

el

“Lista

público,

por

disposición de la propia Ley Electoral1 y que “la difusión

1

El Art. 1.008 de la Ley Electoral dispone que:

Salvo que otra cosa se disponga en esta ley, todos

los

récords,

escritos,

documentos,

archivos

y

materiales de la Comisión serán considerados como

documentos públicos y podrán ser examinados por

cualquier comisionado o persona interesada. No

obstante en lo antes dispuesto, y salvo lo que más

adelante se dispone para las papeletas de muestra o

modelo, la Comisión no suministrará o proveerá a

persona alguna copia del Registro Electoral o de las

tarjetas de identificación electoral, papeletas,

actas de escrutinio o las hojas de cotejo oficiales

que hayan de utilizarse en una elección. Las

peticiones

de

inscripción

serán

consideradas

documento privado y solamente podrán solicitar

copias de las mismas el inscrito o su representante,

los Comisionados Electorales, la Comisión Estatal de

Elecciones y sus organismos oficiales o cualquier

Tribunal de Justicia que en el desempeño de sus

CC-1999-142

8

pública de las listas de votantes en el contexto del proceso

electoral” e incluso la entrega de dicha lista a personas

interesadas, no infringía el derecho a la intimidad de los

electores.

En

particular,

aprobamos

en

Damaris

Mangual,

Comisionada Electoral del P.I.P. v. C.E.E., supra, que este

listado

sencillo

Puerto Rico.

fuese

vendido

al

Partido

Demócrata

de

Señalamos entonces que:

Las listas que el Presidente de la CEE

autorizó vender al Partido Demócrata son similares

a las que [la Ley Electoral]... ordena a la

Comisión entregar a cada partido político local

con sesenta días de anticipación a las elecciones

generales y que son ampliamente distribuidas en

los procesos electorales. No se trata, como alega

la parte apelante, de la venta del Registro

Electoral con el historial personal de cada

elector que está vedada por la Ley Electoral. Por

lo tanto, fue correcta la determinación del

tribunal

de

instancia

al

desestimar

el

planteamiento de ilegalidad de la venta.

En

efecto,

la

propia

Ley

Electoral

delega

en

el

Presidente de la CEE la facultad de vender los impresos que

prepare o mande a imprimir la CEE. Art. 1.011(h) de la Ley

Electoral, 16 L.P.R.A. 3007(h). A tenor con esta facultad,

la CEE estableció un Reglamento para la venta de documentos,

materiales e impresos de naturaleza electoral, aprobado el 5

de junio de 1990. En dicho reglamento, se dispone que los

funciones a tenor con las disposiciones de esta ley

lo requiera.

Los Comisionados Electorales tendrán derecho a

solicitar copia de los documentos de la Comisión y

éstos se expedirán libre de costo y dentro de diez

(10) siguientes a la solicitud.

16 L.P.R.A. 3016.

CC-1999-142

9

siguientes documentos estarán disponibles para la venta al

público:

1. Leyes Electorales

2. Mapas

electorales,

fotocopias

de

libros,

folletos, dibujos, planos, papeletas modelo y

documentos no exceptuados por este Reglamento o

por la Ley Electoral de Puerto Rico.

3. Publicaciones tales como: reglamentos o libros

de estadísticas.

4. Cinta magnetofónicas, video cintas, películas,

fotografías que no sean retratos ni negativos

de los electores tomados al cumplimentar una

petición de inscripción.... (Enfasis suplido).

En

resumen,

pues,

a

la

luz

de

nuestra

decisión

en

Damaris Mangual, Comisionada Electoral del P.I.P. v. C.E.E.,

supra, y de la legislación y reglamentación citadas antes,

es evidente que no tiene razón la CEE al alegar que las

listas electorales no pueden ser diseminadas públicamente, y

al alegar que no tiene autoridad para vender dichas listas.

Pasemos

entonces

a

considerar

si

entidades

como

el

PAC

tienen derecho a adquirir tales listas, como pudo hacerlo

antes el Partido Demócrata de Puerto Rico.

IV.

La CEE argumenta que la decisión en Damaris Mangual,

Comisionada

Electoral

del

P.I.P.

v.

C.E.E.,

supra,

es

distinguible del caso de autos porque allí se trataba de un

partido político ya inscrito, mientras que aquí se trata de

un

partido

en

proceso

de

inscripción.

Alega

que

suministrarle copia de las listas al PAC sería equipararlo a

CC-1999-142

un

10

partido

político.

No

tiene

razón

la

CEE.

Nótese,

en

primer lugar, que la propia Ley Electoral le da acceso a los

documentos

públicos

interesada”.

Tal

de

la

designación

CEE

a

“cualquier

evidentemente

persona

incluye

grupos

como el PAC que necesitan dichas listas para poder llevar

acabo eficazmente la legítima labor de inscribir su entidad

como nuevo partido político por petición.

Además,

desde

particular,

partidos

de

en

1960

origen

vías

hemos

reconocido

el

interés

constitucional,

que

poseen

los

inscripción.

En

Dávila

v.

de

Superintendente, 82 D.P.R. 264 (1960), resolvimos que estos

partidos tienen un interés especial, distinto del interés

general que pueda tener cualquier ciudadano. A pesar de que

Dávila

v.

Superintendente,

supra,

fue

resuelto

bajo

la

anterior Ley Electoral, nuestras expresiones allí sobre el

interés de los partidos en proceso de inscripción continúan

teniendo vigencia hoy día:

Su interés de inspeccionar y copiar las listas

[...] no es producto de la mera curiosidad o del

deseo de entorpecer las labores de un organismo

oficial, sino que nace de sus responsabilidades

como organizadores y directores de un partido

político en proceso de inscripción y se asienta,

por consiguiente, en el derecho fundamental a la

selección de candidatos y a la organización

electoral protegido plenamente por la Constitución

y las leyes del país y que constituye una de las

garantías básicas de la democracia política.

(Enfasis suplido).

Id, a la pág. 275.

Es evidente que, al amparo de la Constitución de Estados

Unidos

así

como

de

nuestra

propia

Constitución,

las

CC-1999-142

agrupaciones

11

políticas

nuevas

tienen

derecho

a

procurar

medios razonables para convertirse en partidos para fines

electorales, tanto bajo el derecho fundamental al voto como

del derecho fundamental de asociación.

Ello, porque de otra

forma una parte del electorado se vería privado de ejercer

su derecho al voto y su derecho a organizarse políticamente.

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Estados Unidos

ha resuelto que:

A burden that falls unequally on new or small

political parties or on independent candidates

impinges, by its very nature, on associational

choices protected by the First Amendment.

It

discriminates against those candidates and–of

particular importance—against those voters whose

political preferences lie outside the existing

political parties.

By limiting the opportunities

of independent-minded voters to associate in the

electoral

arena

to

enhance

their

political

effectiveness

as

a

group,

such

restrictions

threaten to reduce diversity and competition in

the marketplace of ideas.

Historically political

figures outside the two major parties have been

fertile sources of new ideas and new programs;

many of their challenges to the status quo have in

time made their way into the political mainstream.

In short, the primary values protected by the

First Amendment–“a profound national commitment to

the principle that debate on public issues should

be uninhibited, robust, and wide-open,” New York

Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964)—

are served when election campaigns are not

monopolized by the existing political parties.

(Enfasis suplido).

Anderson v. Celebrezze, 460 U.S. 780, 793-94 (1983).

Véase también, Norman v. Reed, 502 U.S. 279 (1992); Illinois

Bd.

v.

Socialist

Workers

Party,

440

U.S.

173

(1979);

Williams v. Rhodes, 393 U.S. 23 (1968).

De modo similar, al amparo de la Constitución del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

nosotros

mismos

hemos

CC-1999-142

12

reconocido lo siguiente, en P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R.

631, 637-640 (1984):

Hoy en día no se discute cómo las Secs. 1 y 2

de la Carta de Derechos le imponen a la Asamblea

Legislativa unas limitaciones al ejercicio de su

amplia facultad para reglamentar la formación de

los partidos políticos. ...

El principio igualitario expuesto intenta

disuadir que en determinada época un partido, que

controla mayoritariamente los poderes ejecutivo y

legislativo, o lo comparta con otro –mediante

anuencia o consenso- limite el nacimiento de otros

partidos. ...

Como principio general aquella legislación que

tienda a hacer onerosa y afectar negativa y

sustancialmente

las

potencialidades

de

los

partidos contrarios minoritarios o los partidos

nuevos, o a crear situaciones de inferioridad,

puede

ser

susceptible

de

impugnación

constitucional.

La justificación de este enfoque es evidente.

En nuestra democracia los partidos políticos son

indispensables para su funcionamiento

Están

investidos

de

poderes

cuasi

gubernamentales.

Constituyen el vehículo de expresión colectiva

ciudadana

para

canalizar

pacíficamente

las

distintas tendencias políticas e intereses de los

varios sectores de opinión del país. Como tales,

formulan programas de administración y promueven

candidatos a puestos políticos.

... Los partidos políticos son movimientos que

aglutinan intereses ciudadanos.

El respaldo

necesario para inscribir y conferir franquicia

oficial a un partido por petición, de por sí es

suficiente para que surta efecto plenario esa

condición.

Negar ab initio esa igualdad es

rehusar reconocer esa realidad.

Por

electoral

otro

lado,

inmerso

en

en

virtud

nuestra

del

principio

Constitución,

de

igualdad

P.P.D.

v.

Gobernador I, opinión de 22 de diciembre de 1995, 139 D.P.R.

___, 95 JTS 165; P.R.P. v. E.L.A., supra, la CEE tendría que

demostrar que existe un interés preeminente del Estado que

CC-1999-142

13

justifique negarle al PAC lo que ya antes de concedió al

Partido Demócrata.

La CEE no ha señalado tal interés, y no

creemos que éste existe.

Igual que lo ha hecho el Tribunal

Supremo de Estados Unidos, consideramos que constituye una

violación a la igual protección de las leyes, que sin una

justificación apremiante se le dé a una agrupación política

en proceso de inscripción un trato desigual al otorgado a un

partido ya inscrito respecto a asuntos como el que aquí nos

concierne.

a

la

Para sostener una medida que restrinja el acceso

papeleta

de

un

nuevo

partido

político,

el

Supremo

federal ha requerido la demostración de

“a corresponding interest sufficiently weighty to

justify

the

limitation

[and]

any

severe

restriction to be narrowly drawn to advance a

state interest of compelling importance. Norma v.

Reed, supra, a la pág. 288-89.

Tal demostración también es requerida por nuestra propia

Constitución, y la CEE no la ha hecho.

Por el contrario, el

PAC, como partido político en vías de inscripción, tiene un

interés legítimo en obtener copia de una lista electoral

similar a la que la Comisión entrega a cada partido político

inscrito con anticipación a las elecciones generales. Art.

5.013, 16 L.P.R.A 3212a; y sobre todo, similar a la que la

CEE vendió al Partido Demócrata, con nuestra aprobación en

Damaris Mangual, Comisionada Electoral del P.I.P. v. C.E.E.,

supra. Esta lista solamente contiene información relacionada

al nombre, dirección, número de tarjeta electoral, precinto

y unidad electoral del votante. Resolvemos, pues, que la CEE

debe proveer al PAC copia de la lista solicitada, una vez

CC-1999-142

14

determine y obtenga el pago de su costo razonable de acuerdo

al procedimiento ya establecido para la venta de documentos

electorales.

V.

Por los fundamentos expresados antes, procede que se

expida el recurso y se confirme la sentencia dictada por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se dictara sentencia de

conformidad.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

CC-1999-142

15

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido de Acción Civil

Demandante-Recurrido

v.

CC-1999-142

Certiorari

Comisión Estatal de Elecciones

Demandado-Recurrente

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente, se expide el recurso y se confirma la

sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez

Asociado señor Negrón García concurre con opinión

escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1999-142

16

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido de Acción Civil

Demandante-Recurrido

CC-1999-142

Certiorari

v.

Comisión Estatal de

Elecciones

Demandado-Recurrente

Opinión Concurrente del Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 1999

Protagonizamos

Democracia

sobre

un

la

verdadero

triunfo

La

Partidocracia.

de

la

decisión

de

entregar las listas electorales al grupo de ciudadanos

auto denominado Partido de Acción Civil (P.A.C.), es

un

imperativo

electoral

de

nuestro

apuntalado

en

esquema

el

constitucional

principio

rector

de

gobierno por consentimiento de los gobernados.

Tal

interés

entrega

bona

electorales

está

en

su

incuestionable

de

participar

en

los

legítimos

dentro

fide

avalada

del

procesos

diseño

CC-1999-142

17

constitucional

que

rige

al

país,2

no

en

la

extraña

farsa

que

representan las llamadas primarias presidenciales en que participan unos

“partidos locales demócratas y republicanos”, que no son otra cosa que

criaturas

creadas

artificialmente

e

por

impuestas

la

Asamblea

Legislativa mediante la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, según

enmendada,

(nótese

el

apellido

“compulsorias”),

alter

egos

de

los

líderes principales de los partidos Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) y

Partido Popular Democrático (P.P.D.).

Sabido

es

que

esas

primarias

presidenciales,

obligatorias

constituyen unos eventos extra constitucionales en que el valor del voto

no se cuenta en el momento crucial. Son únicamente para expresar las

preferencias

sobre

candidatos

potenciales

a

ser

subsiguientemente

nominados por los “partidos nacionales demócratas y republicanos” en los

Estados Unidos. Se “vota” por unos delegados quienes sólo podrán endosar

posibles candidaturas a los cargos de Presidente y Vicepresidente de los

Estados Unidos; a la postre, el voto de los electores emitido en Puerto

Rico carece de todo valor, eficacia y contabilidad comicial real, pues

no tienen derecho a votar y, por ende, no eligen a ningún Presidente o

Vicepresidente

norteamericano.

proselitistas

pagadas

2

En

la

práctica,

son

“encuestas”

con

Nuestra Constitución se cimenta en una democracia, sistema de

gobierno que proclama, viabiliza y desparrama a través de numerosas de

sus disposiciones.

CC-1999-142

fondos

18

públicos

en

beneficio

de

los

dos

(2)

partidos

principales

(P.N.P.) y (P.P.D.), para pulsar sus respectivas fuerzas con miras a las

elecciones generales y, además, para usarlas de trampolín o plataforma

de lanzamiento para penetrar y lograr acceso a las altas esferas en

Washington y posibles candidatos presidenciales.

Para la justa visualización del reconocimiento de este derecho al

P.A.C., imprescindible recordar la razón específica que animó nuestro

disenso en Damaris Mangual v. Comisión Estatal de Elecciones, res. en 21

de septiembre de 1995.

I

En Damaris, supra, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)

se opuso a la entrega de las listas electorales que solicitaba el

Partido Demócrata “local” para su reorganización interna, antes de la

celebración en la isla de las aludidas primarias “presidenciales”. Al

igual que en otros años, esas primarias “presidenciales”, sufragadas

con el dinero de todos los contribuyentes,3 pretendían movilizar a la

ciudadanía hacia una actividad política sectaria y proselitista que

sólo promovía, como último fin político, la unión permanente con los

Estados Unidos a través de la estadidad o el Estado Libre Asociado.

Por múltiples fundamentos, allí ratificamos nuestro

inalterable

criterio –originalmente expuesto en P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590

(1978), ratificado en P.I.P. v. E.L.A., 109 D.P.R. 335 (1980); P.I.P.

v. E.L.A., 109 D.P.R. 403 (1980); y P.I.P. v. Comisión Estatal de

Elecciones, 120 D.P.R. 580 (1988)-, de que la definición, imposición y

celebración de tales primarias presidenciales es un mandato legislativo

inconstitucional

públicos

y

pues

discriminan

representan

el

directamente

desembolso

contra

los

ilegal

de

fondos

sectores

políticos

opuestos a la integración de Puerto Rico a los Estados Unidos (ideario

El Art. VI Sec. 9 de nuestra Constitución preceptúa, en lo

pertinente que “sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos

y para el sustento y funcionamiento de las instituciones del estado y

en todo caso por autoridad de ley.”

3

Obviamente la legitimidad de cualquier desembolso público depende

de que la “ley que lo autoriza” sea constitucionalmente válida.

CC-1999-142

19

independentista); deslinde que permite la fácil identificación de los

que lo promulgan. La oposición del P.I.P., a la entrega de las listas

electorales

era

comprensible

y

justificada

por

la

triste

realidad

histórica de la práctica deleznable de la policía, -precisamente bajo

las administraciones del P.P.D. y P.N.P.-, de confeccionar y conservar

indiscriminadamente, listas y carpetas de personas que no comulgaban

con sus ideologías. Cf. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, res. en

30 de junio de 1992; Noriega v. Hernández Colón, 122 D.P.R. 650 (1988).

Por ende, nos

rehusamos

entonces avalar la posición

CC-1999-142

mayoritaria

20

del

Tribunal

de

permitir

la

compraventa

de

las

listas

electorales, ya que, aparte de la inconstitucionalidad de ese esquema

primarista

estatutario,

ello

configuraba

una

particular

afrenta

al

derecho constitucional a la intimidad de los electores independentistas

que

se

oponían

al

ejercicio

obligado

primarista

de

unos

partidos

“locales” norteamericanos ficticios de creación legislativa.

II

El trasfondo de hechos al que nos enfrentamos hoy es totalmente

distinto. El P.A.C., ciudadanos agrupados tiene el sólo propósito de

legalmente

figurar

en

la

papeleta

electoral

de

nuestras

próximas

elecciones generales.

Sin embargo, la Comisión Estatal de Elecciones, -por unanimidad de

los comisionados de los tres (3) partidos principales-, les negó las

listas

electorales

aún

cuando

el

P.A.C.

adujo

lo

evidente:

dicha

negativa torna el proceso y requisito de inscripción (presentar 97, 874

endosos),

en

uno

muy

oneroso

y

lento,

que

de

facto

dificulta

y

restringe su derecho a inscribirse a tiempo como partido por petición,

en menoscabo del ejercicio al sufragio.

La entrega que en Damaris, entrañaba una violación a la citada

Sec. 9 Artículo VI de nuestra Constitución, así como al derecho de

intimidad de los electores independentistas; situación que no está aquí

presente.

Adviértase que, la obtención de las listas por parte del P.A.C.

persigue un preciado fin legítimo electoral, y no es producto de la

mera curiosidad ni tiene propósitos comerciales. No conforma otro afán

que no sea el ejercer su innegable derecho a organizarse, inscribirse y

obtener una franquicia como partido político en Puerto Rico. Dávila v.

Superintendente, 82 D.P.R. 264 (1960).

Repetimos, la meta de figurar en la papeleta electoral como opción

político partidista en las próximas elecciones puertorriqueñas es el

elemento decisorio determinante.

Está apuntalada en el derecho que

tiene nuestro pueblo a organizarse en grupos de opinión, con carácter

CC-1999-142

21

de partidos políticos, cuya génesis se funda en el derecho al sufragio;

consustancial

con

la

existencia

y

vitalidad

misma

de

una

democracia política. Giménez v. J.E.E., 96 D.P.R. 943 (1968).

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

genuina