Tribunal Supremo de Puerto Rico
PARTIDO DE ACCION CIVIL V COMISION ESTATAL DE ELECCIONES
1999 TSPR 145
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
PARTIDO DE ACCION CIVIL V COMISION ESTATAL DE ELECCIONES
CC-1999-142
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Partido de Acción Civil
Recurrido
Certiorari
V.
99 TSPR 145
Comisión Estatal de Elecciones
Recurrente
Número del Caso: CC-1999-142
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Ramón L. Walker Merino
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Zadette Bajandas Vélez
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Ortíz Carrión
Fecha: 9/27/1999
Materia:
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido de Acción Civil
Demandante-Recurrido
v.
CC-1999-142
Certiorari
Comisión Estatal de Elecciones
Demandado-Recurrente
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI
San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 1999.
Nos toca resolver si un grupo de personas, en vías de inscribirse
como partido político por petición, tiene derecho a obtener mediante pago
copia de las listas electorales.
I.
El 26 de mayo de 1998, el llamado Partido de
Acción Civil (PAC), una agrupación que está procurando
obtener
como
los
endosos
partido
por
necesarios
petición,
para
solicitó
quedar
inscrita
a
Comisión
la
Estatal de Elecciones (CEE) que le suministrara copia
de las listas electorales, según definidas en el Art.
1.002 (21) de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. 3002. En
específico, el PAC solicitó que
CC-1999-142
las
3
listas
se
suministrasen
en
“CD
rom
o
en
cintas
compatibles con los programas de Access o Excel”. La CEE
denegó
esta
solicitud
pero
le
informó
al
PAC
que
podía
examinar las listas en cuestión en la secretaría de dicho
organismo.
Inconforme con esta determinación de la CEE, el 10 de
junio de 1998, el PAC presentó una solicitud de revisión
ante el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual pidió
que se revocara la determinación referida. Reiteró, además,
su
solicitud
entregadas
en
de
que
las
CD
rom
o
listas
en
electorales
cintas
le
compatibles
fueran
con
los
programas de informática Access o Excel.
El 10 de julio de 1998, el Tribunal de Primera Instancia
dictó sentencia y concluyó que el PAC no tenía derecho a las
listas referidas. Dictaminó que por constituir dichas listas
parte
del
Registro
Electoral,
la
CEE
estaba
impedida
de
suministrar copia de éstas a persona alguna, por disposición
de
la
propia
Ley
Electoral.
Posteriormente,
sin
embargo,
ante una moción de reconsideración presentada por el PAC, el
tribunal de instancia dictó sentencia enmendada el 16 de
septiembre de 1998, y revocó su decisión anterior.
Resolvió
que conforme a lo resuelto en Damaris Mangual, Comisionada
Electoral del P.I.P. v. C.E.E., opinión de 21 de septiembre
de 1995, 139 D.P.R. ___, 95 JTS 121, las listas electorales
son documentos públicos y la CEE estaba obligada a proveer
copia de éstas al PAC, una vez determinase su costo, si
alguno.
CC-1999-142
4
La CEE, a su vez, solicitó reconsideración de dicha
sentencia
enmendada.
El
foro
de
instancia,
mediante
resolución emitida el 23 de noviembre de 1998, denegó la
reconsideración.
Reiteró que la lista final de electores es
un documento público, distinto al Registro Electoral, y que
conforme a ello, el PAC tiene derecho a dicha lista, por ser
una persona con particular interés según la Ley Electoral.
Contra la sentencia enmendada y la resolución referida,
la CEE presentó petición de certiorari ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Mediante resolución emitida el 22
de enero de 1999, y notificada el 28 del mismo mes, el foro
apelativo confirmó el dictamen del tribunal de instancia y
adoptó por referencia los fundamentos formulados por éste.
La
moción
de
reconsideración
presentada
por
la
CEE
fue
declarada no ha lugar el 16 de febrero de 1999.
Ante la decisión adversa del foro apelativo, el 25 de
febrero de 1999, la CEE interpuso el presente recurso ante
nos y planteó lo siguiente como único señalamiento de error:
Erraron tanto el TCA como el TPI al interpretar el
Art. 1008 de la Ley Electoral y resolver que
cualquier persona con particular interés tiene
derecho, y la CEE viene obligada, a proveer copia
de la Lista Final de Electores.
El 26 de febrero de 1999, emitimos una orden mediante
la
cual
expresara
requerimos
su
punto
a
de
la
parte
vista
recurrida
sobre
los
inter
alia
siguientes
asuntos:
1) ¿Qué personas tienen interés suficiente
obtener las listas en cuestión?
para
que
tres
CC-1999-142
5
2) ¿Qué información
referidas?, y
deben
contener
las
listas
3) ¿Qué pago, si alguno, debe fijársele a los
interesados para la obtención de dichas listas?
El 10 de marzo de 1999, la recurrida compareció mediante
escrito en cumplimiento de orden. Con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
II.
La CEE ha presentado varias alegaciones para justificar
su posición de que el PAC no tiene derecho a las listas
electorales en cuestión. Aduce la CEE que las listas que
interesa el PAC forman parte integral del Registro Electoral
y que por ello están sujetas a la prohibición en cuanto a su
diseminación que la Ley Electoral dispone respecto al propio
Registro Electoral. Más aun, alega la CEE que aun si dichas
listas se pudiesen considerar como documentos públicos, y
por
tanto
exentas
de
la
prohibición
aludida,
no
existe
obligación de parte de la CEE de proveer copias de dichas
listas a personas interesadas, ya que su obligación bajo la
Ley Electoral se limita a permitir que tales listas sean
examinadas por los interesados. Finalmente, aduce la CEE que
el PAC como partido en proceso de inscripción no tiene el
derecho a las listas electorales que tienen los partidos
políticos inscritos.
No tiene razón la CEE en sus planteamientos.
Veamos.
CC-1999-142
6
III.
Dos de las tres alegaciones formuladas ante nos por la
CEE nos causan sorpresa.
Ello, porque se trata de asuntos
que ya habíamos resuelto de modo claro en nuestra reciente
decisión
en
Damaris
Mangual,
Comisionada
Electoral
del
P.I.P. v. C.E.E., supra. En dicha decisión señalamos, en
primer
lugar,
confeccionan
que
mediante
aunque
las
información
listas
que
electorales
surge
del
se
Registro
Electoral, dichas listas son distintas a éste, debido a que
tienen un contenido mucho más limitado que el del Registro
Electoral.
Concretamente señalamos lo siguiente en Damaris
Mangual, Comisionada Electoral del P.I.P. v. C.E.E.:
“Este Registro Electoral ... se trata de un
registro o récord primario contentivo de toda la
información relacionada con la inscripción de un
elector en Puerto Rico.
Tiene el carácter de un
expediente
e
incluye
las
peticiones
de
inscripción, las llamadas tarjetas electorales,
además de otras formas de compilación de los datos
contenidos en las peticiones.
Las peticiones de
inscripción, a su vez, contienen la siguiente
información personal del peticionario: (a) nombre
y apellidos paterno y materno del peticionario;
(b) nombre del padre y de la madre; (c) sexo,
color de ojos y estatura; (d) lugar de nacimiento,
indicando el municipio; (e) fecha de nacimiento;
(f) si
es
ciudadano
de
los
Estados Unidos;
(g) estado civil, y de ser casado, el nombre y
apellidos legales
de su cónyuge; (h)domicilio;
(i) dirección postal; (j) firma o marca del
peticionario o de la persona que lo haga a su
ruego si éste no supiere firmar o no pudiere
hacerlo; (k) copia del acta de nacimiento. ...
De otro lado, nos parece razonable que la
Comisión, al mismo tiempo que como custodio posee
un
récord
de
toda
la
información
personal
relacionada con cada elector, tenga disponible
además un listado más sencillo con el propósito de
ser utilizado en la mecánica de los procesos
electorales”. (Enfasis suplido).
CC-1999-142
Este
7
más
“listado
señaláramos
sencillo”
expresamente
en
aludido
Damaris
antes
Mangual,
es,
como
Comisionada
Electoral del P.I.P. v. C.E.E., supra, la llamada “Lista
Final de Electores” que sólo contiene información relativa
al
nombre,
dirección,
y
número
de
tarjeta
electoral
del
elector inscrito así como el precinto y unidad electoral al
cual éste pertenece.
En
segundo
lugar,
en
Damaris
Mangual,
Comisionada
Electoral del P.I.P. v. C.E.E., supra, resolvimos de manera
expresa y patente que el legislador de manera justificada
había querido proteger la intimidad del elector al prohibir
que se suministrara copia del Registro Electoral a persona
alguna.
Sin
embargo,
listado
más
sencillo
Final”,
era,
en
resolvimos
antes
cambio,
de
aludido,
un
igual
la
documento
modo
llamada
que
el
“Lista
público,
por
disposición de la propia Ley Electoral1 y que “la difusión
1
El Art. 1.008 de la Ley Electoral dispone que:
Salvo que otra cosa se disponga en esta ley, todos
los
récords,
escritos,
documentos,
archivos
y
materiales de la Comisión serán considerados como
documentos públicos y podrán ser examinados por
cualquier comisionado o persona interesada. No
obstante en lo antes dispuesto, y salvo lo que más
adelante se dispone para las papeletas de muestra o
modelo, la Comisión no suministrará o proveerá a
persona alguna copia del Registro Electoral o de las
tarjetas de identificación electoral, papeletas,
actas de escrutinio o las hojas de cotejo oficiales
que hayan de utilizarse en una elección. Las
peticiones
de
inscripción
serán
consideradas
documento privado y solamente podrán solicitar
copias de las mismas el inscrito o su representante,
los Comisionados Electorales, la Comisión Estatal de
Elecciones y sus organismos oficiales o cualquier
Tribunal de Justicia que en el desempeño de sus
CC-1999-142
8
pública de las listas de votantes en el contexto del proceso
electoral” e incluso la entrega de dicha lista a personas
interesadas, no infringía el derecho a la intimidad de los
electores.
En
particular,
aprobamos
en
Damaris
Mangual,
Comisionada Electoral del P.I.P. v. C.E.E., supra, que este
listado
sencillo
Puerto Rico.
fuese
vendido
al
Partido
Demócrata
de
Señalamos entonces que:
Las listas que el Presidente de la CEE
autorizó vender al Partido Demócrata son similares
a las que [la Ley Electoral]... ordena a la
Comisión entregar a cada partido político local
con sesenta días de anticipación a las elecciones
generales y que son ampliamente distribuidas en
los procesos electorales. No se trata, como alega
la parte apelante, de la venta del Registro
Electoral con el historial personal de cada
elector que está vedada por la Ley Electoral. Por
lo tanto, fue correcta la determinación del
tribunal
de
instancia
al
desestimar
el
planteamiento de ilegalidad de la venta.
En
efecto,
la
propia
Ley
Electoral
delega
en
el
Presidente de la CEE la facultad de vender los impresos que
prepare o mande a imprimir la CEE. Art. 1.011(h) de la Ley
Electoral, 16 L.P.R.A. 3007(h). A tenor con esta facultad,
la CEE estableció un Reglamento para la venta de documentos,
materiales e impresos de naturaleza electoral, aprobado el 5
de junio de 1990. En dicho reglamento, se dispone que los
funciones a tenor con las disposiciones de esta ley
lo requiera.
Los Comisionados Electorales tendrán derecho a
solicitar copia de los documentos de la Comisión y
éstos se expedirán libre de costo y dentro de diez
(10) siguientes a la solicitud.
16 L.P.R.A. 3016.
CC-1999-142
9
siguientes documentos estarán disponibles para la venta al
público:
1. Leyes Electorales
2. Mapas
electorales,
fotocopias
de
libros,
folletos, dibujos, planos, papeletas modelo y
documentos no exceptuados por este Reglamento o
por la Ley Electoral de Puerto Rico.
3. Publicaciones tales como: reglamentos o libros
de estadísticas.
4. Cinta magnetofónicas, video cintas, películas,
fotografías que no sean retratos ni negativos
de los electores tomados al cumplimentar una
petición de inscripción.... (Enfasis suplido).
En
resumen,
pues,
a
la
luz
de
nuestra
decisión
en
Damaris Mangual, Comisionada Electoral del P.I.P. v. C.E.E.,
supra, y de la legislación y reglamentación citadas antes,
es evidente que no tiene razón la CEE al alegar que las
listas electorales no pueden ser diseminadas públicamente, y
al alegar que no tiene autoridad para vender dichas listas.
Pasemos
entonces
a
considerar
si
entidades
como
el
PAC
tienen derecho a adquirir tales listas, como pudo hacerlo
antes el Partido Demócrata de Puerto Rico.
IV.
La CEE argumenta que la decisión en Damaris Mangual,
Comisionada
Electoral
del
P.I.P.
v.
C.E.E.,
supra,
es
distinguible del caso de autos porque allí se trataba de un
partido político ya inscrito, mientras que aquí se trata de
un
partido
en
proceso
de
inscripción.
Alega
que
suministrarle copia de las listas al PAC sería equipararlo a
CC-1999-142
un
10
partido
político.
No
tiene
razón
la
CEE.
Nótese,
en
primer lugar, que la propia Ley Electoral le da acceso a los
documentos
públicos
interesada”.
Tal
de
la
designación
CEE
a
“cualquier
evidentemente
persona
incluye
grupos
como el PAC que necesitan dichas listas para poder llevar
acabo eficazmente la legítima labor de inscribir su entidad
como nuevo partido político por petición.
Además,
desde
particular,
partidos
de
en
1960
origen
vías
hemos
reconocido
el
interés
constitucional,
que
poseen
los
inscripción.
En
Dávila
v.
de
Superintendente, 82 D.P.R. 264 (1960), resolvimos que estos
partidos tienen un interés especial, distinto del interés
general que pueda tener cualquier ciudadano. A pesar de que
Dávila
v.
Superintendente,
supra,
fue
resuelto
bajo
la
anterior Ley Electoral, nuestras expresiones allí sobre el
interés de los partidos en proceso de inscripción continúan
teniendo vigencia hoy día:
Su interés de inspeccionar y copiar las listas
[...] no es producto de la mera curiosidad o del
deseo de entorpecer las labores de un organismo
oficial, sino que nace de sus responsabilidades
como organizadores y directores de un partido
político en proceso de inscripción y se asienta,
por consiguiente, en el derecho fundamental a la
selección de candidatos y a la organización
electoral protegido plenamente por la Constitución
y las leyes del país y que constituye una de las
garantías básicas de la democracia política.
(Enfasis suplido).
Id, a la pág. 275.
Es evidente que, al amparo de la Constitución de Estados
Unidos
así
como
de
nuestra
propia
Constitución,
las
CC-1999-142
agrupaciones
11
políticas
nuevas
tienen
derecho
a
procurar
medios razonables para convertirse en partidos para fines
electorales, tanto bajo el derecho fundamental al voto como
del derecho fundamental de asociación.
Ello, porque de otra
forma una parte del electorado se vería privado de ejercer
su derecho al voto y su derecho a organizarse políticamente.
Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
ha resuelto que:
A burden that falls unequally on new or small
political parties or on independent candidates
impinges, by its very nature, on associational
choices protected by the First Amendment.
It
discriminates against those candidates and–of
particular importance—against those voters whose
political preferences lie outside the existing
political parties.
By limiting the opportunities
of independent-minded voters to associate in the
electoral
arena
to
enhance
their
political
effectiveness
as
a
group,
such
restrictions
threaten to reduce diversity and competition in
the marketplace of ideas.
Historically political
figures outside the two major parties have been
fertile sources of new ideas and new programs;
many of their challenges to the status quo have in
time made their way into the political mainstream.
In short, the primary values protected by the
First Amendment–“a profound national commitment to
the principle that debate on public issues should
be uninhibited, robust, and wide-open,” New York
Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964)—
are served when election campaigns are not
monopolized by the existing political parties.
(Enfasis suplido).
Anderson v. Celebrezze, 460 U.S. 780, 793-94 (1983).
Véase también, Norman v. Reed, 502 U.S. 279 (1992); Illinois
Bd.
v.
Socialist
Workers
Party,
440
U.S.
173
(1979);
Williams v. Rhodes, 393 U.S. 23 (1968).
De modo similar, al amparo de la Constitución del Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
nosotros
mismos
hemos
CC-1999-142
12
reconocido lo siguiente, en P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R.
631, 637-640 (1984):
Hoy en día no se discute cómo las Secs. 1 y 2
de la Carta de Derechos le imponen a la Asamblea
Legislativa unas limitaciones al ejercicio de su
amplia facultad para reglamentar la formación de
los partidos políticos. ...
El principio igualitario expuesto intenta
disuadir que en determinada época un partido, que
controla mayoritariamente los poderes ejecutivo y
legislativo, o lo comparta con otro –mediante
anuencia o consenso- limite el nacimiento de otros
partidos. ...
Como principio general aquella legislación que
tienda a hacer onerosa y afectar negativa y
sustancialmente
las
potencialidades
de
los
partidos contrarios minoritarios o los partidos
nuevos, o a crear situaciones de inferioridad,
puede
ser
susceptible
de
impugnación
constitucional.
La justificación de este enfoque es evidente.
En nuestra democracia los partidos políticos son
indispensables para su funcionamiento
Están
investidos
de
poderes
cuasi
gubernamentales.
Constituyen el vehículo de expresión colectiva
ciudadana
para
canalizar
pacíficamente
las
distintas tendencias políticas e intereses de los
varios sectores de opinión del país. Como tales,
formulan programas de administración y promueven
candidatos a puestos políticos.
... Los partidos políticos son movimientos que
aglutinan intereses ciudadanos.
El respaldo
necesario para inscribir y conferir franquicia
oficial a un partido por petición, de por sí es
suficiente para que surta efecto plenario esa
condición.
Negar ab initio esa igualdad es
rehusar reconocer esa realidad.
Por
electoral
otro
lado,
inmerso
en
en
virtud
nuestra
del
principio
Constitución,
de
igualdad
P.P.D.
v.
Gobernador I, opinión de 22 de diciembre de 1995, 139 D.P.R.
___, 95 JTS 165; P.R.P. v. E.L.A., supra, la CEE tendría que
demostrar que existe un interés preeminente del Estado que
CC-1999-142
13
justifique negarle al PAC lo que ya antes de concedió al
Partido Demócrata.
La CEE no ha señalado tal interés, y no
creemos que éste existe.
Igual que lo ha hecho el Tribunal
Supremo de Estados Unidos, consideramos que constituye una
violación a la igual protección de las leyes, que sin una
justificación apremiante se le dé a una agrupación política
en proceso de inscripción un trato desigual al otorgado a un
partido ya inscrito respecto a asuntos como el que aquí nos
concierne.
a
la
Para sostener una medida que restrinja el acceso
papeleta
de
un
nuevo
partido
político,
el
Supremo
federal ha requerido la demostración de
“a corresponding interest sufficiently weighty to
justify
the
limitation
[and]
any
severe
restriction to be narrowly drawn to advance a
state interest of compelling importance. Norma v.
Reed, supra, a la pág. 288-89.
Tal demostración también es requerida por nuestra propia
Constitución, y la CEE no la ha hecho.
Por el contrario, el
PAC, como partido político en vías de inscripción, tiene un
interés legítimo en obtener copia de una lista electoral
similar a la que la Comisión entrega a cada partido político
inscrito con anticipación a las elecciones generales. Art.
5.013, 16 L.P.R.A 3212a; y sobre todo, similar a la que la
CEE vendió al Partido Demócrata, con nuestra aprobación en
Damaris Mangual, Comisionada Electoral del P.I.P. v. C.E.E.,
supra. Esta lista solamente contiene información relacionada
al nombre, dirección, número de tarjeta electoral, precinto
y unidad electoral del votante. Resolvemos, pues, que la CEE
debe proveer al PAC copia de la lista solicitada, una vez
CC-1999-142
14
determine y obtenga el pago de su costo razonable de acuerdo
al procedimiento ya establecido para la venta de documentos
electorales.
V.
Por los fundamentos expresados antes, procede que se
expida el recurso y se confirme la sentencia dictada por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se dictara sentencia de
conformidad.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
CC-1999-142
15
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido de Acción Civil
Demandante-Recurrido
v.
CC-1999-142
Certiorari
Comisión Estatal de Elecciones
Demandado-Recurrente
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 1999.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente, se expide el recurso y se confirma la
sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez
Asociado señor Negrón García concurre con opinión
escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-1999-142
16
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido de Acción Civil
Demandante-Recurrido
CC-1999-142
Certiorari
v.
Comisión Estatal de
Elecciones
Demandado-Recurrente
Opinión Concurrente del Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 1999
Protagonizamos
Democracia
sobre
un
la
verdadero
triunfo
La
Partidocracia.
de
la
decisión
de
entregar las listas electorales al grupo de ciudadanos
auto denominado Partido de Acción Civil (P.A.C.), es
un
imperativo
electoral
de
nuestro
apuntalado
en
esquema
el
constitucional
principio
rector
de
gobierno por consentimiento de los gobernados.
Tal
interés
entrega
bona
electorales
está
en
su
incuestionable
de
participar
en
los
legítimos
dentro
fide
avalada
del
procesos
diseño
CC-1999-142
17
constitucional
que
rige
al
país,2
no
en
la
extraña
farsa
que
representan las llamadas primarias presidenciales en que participan unos
“partidos locales demócratas y republicanos”, que no son otra cosa que
criaturas
creadas
artificialmente
e
por
impuestas
la
Asamblea
Legislativa mediante la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, según
enmendada,
(nótese
el
apellido
“compulsorias”),
alter
egos
de
los
líderes principales de los partidos Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) y
Partido Popular Democrático (P.P.D.).
Sabido
es
que
esas
primarias
presidenciales,
obligatorias
constituyen unos eventos extra constitucionales en que el valor del voto
no se cuenta en el momento crucial. Son únicamente para expresar las
preferencias
sobre
candidatos
potenciales
a
ser
subsiguientemente
nominados por los “partidos nacionales demócratas y republicanos” en los
Estados Unidos. Se “vota” por unos delegados quienes sólo podrán endosar
posibles candidaturas a los cargos de Presidente y Vicepresidente de los
Estados Unidos; a la postre, el voto de los electores emitido en Puerto
Rico carece de todo valor, eficacia y contabilidad comicial real, pues
no tienen derecho a votar y, por ende, no eligen a ningún Presidente o
Vicepresidente
norteamericano.
proselitistas
pagadas
2
En
la
práctica,
son
“encuestas”
con
Nuestra Constitución se cimenta en una democracia, sistema de
gobierno que proclama, viabiliza y desparrama a través de numerosas de
sus disposiciones.
CC-1999-142
fondos
18
públicos
en
beneficio
de
los
dos
(2)
partidos
principales
(P.N.P.) y (P.P.D.), para pulsar sus respectivas fuerzas con miras a las
elecciones generales y, además, para usarlas de trampolín o plataforma
de lanzamiento para penetrar y lograr acceso a las altas esferas en
Washington y posibles candidatos presidenciales.
Para la justa visualización del reconocimiento de este derecho al
P.A.C., imprescindible recordar la razón específica que animó nuestro
disenso en Damaris Mangual v. Comisión Estatal de Elecciones, res. en 21
de septiembre de 1995.
I
En Damaris, supra, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)
se opuso a la entrega de las listas electorales que solicitaba el
Partido Demócrata “local” para su reorganización interna, antes de la
celebración en la isla de las aludidas primarias “presidenciales”. Al
igual que en otros años, esas primarias “presidenciales”, sufragadas
con el dinero de todos los contribuyentes,3 pretendían movilizar a la
ciudadanía hacia una actividad política sectaria y proselitista que
sólo promovía, como último fin político, la unión permanente con los
Estados Unidos a través de la estadidad o el Estado Libre Asociado.
Por múltiples fundamentos, allí ratificamos nuestro
inalterable
criterio –originalmente expuesto en P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590
(1978), ratificado en P.I.P. v. E.L.A., 109 D.P.R. 335 (1980); P.I.P.
v. E.L.A., 109 D.P.R. 403 (1980); y P.I.P. v. Comisión Estatal de
Elecciones, 120 D.P.R. 580 (1988)-, de que la definición, imposición y
celebración de tales primarias presidenciales es un mandato legislativo
inconstitucional
públicos
y
pues
discriminan
representan
el
directamente
desembolso
contra
los
ilegal
de
fondos
sectores
políticos
opuestos a la integración de Puerto Rico a los Estados Unidos (ideario
El Art. VI Sec. 9 de nuestra Constitución preceptúa, en lo
pertinente que “sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos
y para el sustento y funcionamiento de las instituciones del estado y
en todo caso por autoridad de ley.”
3
Obviamente la legitimidad de cualquier desembolso público depende
de que la “ley que lo autoriza” sea constitucionalmente válida.
CC-1999-142
19
independentista); deslinde que permite la fácil identificación de los
que lo promulgan. La oposición del P.I.P., a la entrega de las listas
electorales
era
comprensible
y
justificada
por
la
triste
realidad
histórica de la práctica deleznable de la policía, -precisamente bajo
las administraciones del P.P.D. y P.N.P.-, de confeccionar y conservar
indiscriminadamente, listas y carpetas de personas que no comulgaban
con sus ideologías. Cf. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, res. en
30 de junio de 1992; Noriega v. Hernández Colón, 122 D.P.R. 650 (1988).
Por ende, nos
rehusamos
entonces avalar la posición
CC-1999-142
mayoritaria
20
del
Tribunal
de
permitir
la
compraventa
de
las
listas
electorales, ya que, aparte de la inconstitucionalidad de ese esquema
primarista
estatutario,
ello
configuraba
una
particular
afrenta
al
derecho constitucional a la intimidad de los electores independentistas
que
se
oponían
al
ejercicio
obligado
primarista
de
unos
partidos
“locales” norteamericanos ficticios de creación legislativa.
II
El trasfondo de hechos al que nos enfrentamos hoy es totalmente
distinto. El P.A.C., ciudadanos agrupados tiene el sólo propósito de
legalmente
figurar
en
la
papeleta
electoral
de
nuestras
próximas
elecciones generales.
Sin embargo, la Comisión Estatal de Elecciones, -por unanimidad de
los comisionados de los tres (3) partidos principales-, les negó las
listas
electorales
aún
cuando
el
P.A.C.
adujo
lo
evidente:
dicha
negativa torna el proceso y requisito de inscripción (presentar 97, 874
endosos),
en
uno
muy
oneroso
y
lento,
que
de
facto
dificulta
y
restringe su derecho a inscribirse a tiempo como partido por petición,
en menoscabo del ejercicio al sufragio.
La entrega que en Damaris, entrañaba una violación a la citada
Sec. 9 Artículo VI de nuestra Constitución, así como al derecho de
intimidad de los electores independentistas; situación que no está aquí
presente.
Adviértase que, la obtención de las listas por parte del P.A.C.
persigue un preciado fin legítimo electoral, y no es producto de la
mera curiosidad ni tiene propósitos comerciales. No conforma otro afán
que no sea el ejercer su innegable derecho a organizarse, inscribirse y
obtener una franquicia como partido político en Puerto Rico. Dávila v.
Superintendente, 82 D.P.R. 264 (1960).
Repetimos, la meta de figurar en la papeleta electoral como opción
político partidista en las próximas elecciones puertorriqueñas es el
elemento decisorio determinante.
Está apuntalada en el derecho que
tiene nuestro pueblo a organizarse en grupos de opinión, con carácter
CC-1999-142
21
de partidos políticos, cuya génesis se funda en el derecho al sufragio;
consustancial
con
la
existencia
y
vitalidad
misma
de
una
democracia política. Giménez v. J.E.E., 96 D.P.R. 943 (1968).
ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA
Juez Asociado
genuina