LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE JOHN T BELK ARCE

1999 TSPR 121

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE JOHN T BELK ARCE

AB-1998-0044

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re:

John T. Belk Arce

Margarita Serapión

Queja

99 TSPR 121

Número del Caso: AB-98-44

Oficina del Procurador General:

Carlos Lugo Fiol,

Procurador General

Abogadas del Querellado: Lcda. Rosalinda Pesquera de Dávila

Lcda. Judith Berkan

Fecha: 6/28/1999

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

John T. Belk Arce;

Margarita Serapión

AB-98-44

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 1999

I.

En junio de 1992, los licenciados Juan R. Cancio,

Luz Vela y Brunilda Rodríguez, del bufete de abogados

"Martínez,

Odell

y

Calabria",

presentaron

querellas

disciplinarias contra los licenciados John T. Belk Arce

y Margarita Serapión. En esencia, alegaron que ambos

abogados querellados habían otorgado varios documentos

públicos en los cuales hicieron constar que su estado

civil era el de "soltero" cuando la realidad era que al

momento de otorgarlos ambos abogados estaban casados

entre sí.

En cuanto al Lcdo. Belk Arce, los querellantes

señalaron

que

declaró

falsamente

ser

soltero

en

escritura pública número 38 de 15

de octubre de 1990, otorgada ante la licenciada Luz E. Vela y

en las declaraciones juradas números 1337, 1353, 1361, 1365 y

1411, suscritas ante la licenciada Brunilda Rodríguez.

Por

la

AB-98-44

su

2

parte,

querellantes

en

cuanto

alegaron

a

que

la

licenciada

Serapión,

los

había

declarado

falsamente

ser

soltera al otorgar la escritura número 47 de 19 de diciembre

de 1989 ante la licenciada Luz E. Vela y en las declaraciones

juradas

números

1338,

1356

y

1408

suscritas

ante

la

licenciada Rodríguez y en la número 51 suscrita ante el

licenciado Juan R. Cancio.

AB-98-44

2

Luego

de

la

investigación

General emitió un informe.

partes,

luego

incurrieron

en

de

lo

rigor,

la

Oficina

del

Procurador

En él esbozó y analizó los argumentos de las

cual

conducta

de

concluyó

contraria

al

que

los

abogados

canon

35

del

querellados

Código

de

Etica

Profesional.

Dimos oportunidad a las partes a que comentaran los hallazgos y

conclusiones

del

informe.

En

su

réplica,

los

abogados

querellados

destacan que la presente queja se enmarca en una serie conflictos y

procedimientos judiciales habidos entre ellos y los actuales socios del

bufete

"Martínez,

Odell

y

Calabria",

patrono

sucesor

del

bufete

"Martínez, Odell, Calabria y Sierra", del cual los querellados fueron

socios hasta su disolución en 1992.1

Manifiestan, además, que los actos que se le imputan no fueron

cometidos en el ejercicio de funciones como abogados ni como notarios.

Arguyen que no se ha alegado ni demostrado que "los actos imputados

fueran

cometidos

por

los

[querellados]

para

obtener

algún

beneficio

personal" o que se haya "alegado y/o demostrado que un tercero haya

sufrido algún perjuicio". Réplica al Informe del Procurador, en la pág.

23.

Añaden que "lo cierto e innegable es que el licenciado Belk y la

licenciada Serapión no tenían interés, ni obligación[] de "anunciar"

[...] su relación matrimonial.

Esto es así ya que temían ser objeto de

represalias por parte de los socios del antiguo bufete ['Martínez, Odell,

Calabria y Sierra']".

Id. en la pág. 24.

Nos señalan, además, que "la

otra parte de la decisión de no anunciar afirmativamente en el bufete el

hecho del matrimonio entre ambos se basó en el entendimiento de los

licenciados Belk y Serapión sobre su derecho a la intimidad".

Id., en la

pág. 25.

1

Belk Arce laboró en el bufete "Martínez, Odell, Calabria y

Sierra", en calidad de socio no propietario desde 1987 hasta su

disolución en 1992. La licenciada Serapión, por su parte, laboró en

calidad de socia desde 1982 al 1983, y más tarde desde 1985 hasta el

1992.

AB-98-44

2

Luego de evaluar los señalamientos de las partes, coincidimos con el

Procurador General en que los abogados querellados incurrieron en la

violación ética imputada.

II.

Los licenciados John Belk Arce y Margarita Serapión contrajeron

nupcias

el

5

matrimoniales.

de

mayo

de

1989

bajo

el

régimen

de

capitulaciones

Posterior a esa fecha otorgaron las escrituras públicas y

demás documentos en las que, se alega, incluyeron información falsa.

Nuestro examen de los documentos sometidos por el Procurador General

revela que el licenciado Belk Arce, como se alega, declaró ser soltero en

la escritura pública número 38 sobre cancelación de pagaré otorgada el 15

de octubre de 1990 ante la licenciada Vela.

Procurador General, en las págs. 4-8.

Apéndice del Informe del

Por su parte, la licenciada

Serapión incurrió en la misma conducta al otorgar la escritura pública

número 47, sobre compraventa de un espacio de estacionamiento otorgada el

19 de diciembre de 1989 ante la licenciada Vela, Apéndice del Informe del

Procurador General, en las págs. 31-34, y la escritura número 7, sobre

hipoteca en garantía de pagaré otorgada el 13 de julio de 1990 ante la

licenciada Yvonne Vergne.

Apéndice del Informe del Procurador General,

en las págs. 35-46.

En cuanto a estas escrituras públicas, los querellados sostienen que

su

estado

civil

era

inmaterial

para

las

transacciones

involucradas.

Asimismo, niegan que los respectivos notarios indagaran sobre su estado

civil al momento de otorgarlas.

Admiten, sin embargo que, "de haberse

percatado del error en dichas escrituras sobre sus respectivos estados

civiles, probablemente no hubieran corregido el mismo debido al gran

temor que tenían a ser objeto de represalias discriminatorias por parte

de los licenciados Martínez, Odell y Calabria".

Procurador, en la pág. 31.

Réplica al Informe del

AB-98-44

2

Por otro lado, en cuanto a las declaraciones juradas involucradas en

la presente querella, el Procurador General sólo incluyó en su informe

copia de los registros de testimonios de los notarios Brunilda Rodríguez

y Juan Ramón Cancio ante quienes fueron suscritas. Los querellados, sin

embargo, suministraron copia de algunas de ellas.

Según la prueba aportada, las declaraciones juradas números 1337 y

1356 fueron suscritas ante la licenciada Rodríguez para realizar un

traspaso

de

titularidad

de

dos

vehículos

de

motor.

En

ambas,

el

licenciado Belk Arce comparece como vendedor y la licenciada Serapión

como compradora.

La declaración jurada número 1338 fue suscrita en

ocasión de un traspaso de la titularidad de un vehículo de motor por

parte de la licenciada Serapión a otro comprador.

La declaración jurada

número 1353 fue suscrita por el licenciado Belk Arce como parte de un

informe de una corporación doméstica. La anotación correspondiente a la

declaración jurada número 1361 fue hecha como parte de una solicitud de

admisión

para

litigar

ante

el

Tribunal

formulada por el licenciado Belk Arce.

Supremo

de

Estados

Unidos

La anotación correspondiente a la

declaración jurada número 1365 fue efectuada al suscribir un convenio

para la custodia y manejo de valores.

La declaración jurada número 1408

fue hecha en ocasión de una declaración jurada de la licenciada Serapión

en torno a unos vicios de construcción.

Finalmente, la declaración

jurada número 1411 otorgada ante la licenciada Rodríguez fue suscrita por

el licenciado Belk Arce como parte de una solicitud de un número de

identificación de arbitrios para fabricantes.

Por su parte, la licenciada Serapión suscribió la declaración jurada

número

51

ante

indemnización.

el

licenciado

Cancio

como

parte

de

una

carta

de

Al respecto, el Procurador General nos sometió copia de

la anotación correspondiente en el registro de testimonios del notario y

copia de su índice notarial del mes de enero de 1991.

AB-98-44

2

Así pues, en el expediente contamos sólo con las copias de las

declaraciones juradas relacionadas al traspaso de titularidad de varios

vehículos de motor y con copia de la declaración jurada número 1408

suscrita por la licenciada Serapión ante la licenciada Rodríguez.

En

cuanto

de

a

las

declaraciones

relativas

al

traspaso

de

titularidad

vehículos de motor, el estado civil de los comparecientes no se expresa

en el documento.

Se trata, pues, de un formulario preestablecido por el

Estado en la cual los comparecientes no tienen que hacer expresión de ese

dato.

Por

lo

tanto,

la

única

referencia

al

estado

civil

de

los

comparecientes en el contexto de estas declaraciones juradas se hace en

la anotación del notario en su registro de testimonios.

Por otro lado, en la declaración jurada número 1408 aludida por el

Procurador

General,

se

afirma

que

el

estado

civil

de

la

licenciada

Serapión es el de casada, contrario a la anotación correspondiente en el

registro

de

testimonios

de

la licenciada

Rodríguez.

De

este modo,

tenemos una anotación en el registro de testimonios que, en cuanto a ese

dato, no corresponde a lo afirmado en la declaración jurada.

Ante todo lo anterior, los querellados sostienen que las anotaciones

en torno a las declaraciones juradas en controversia constituyen actos

unilaterales de los notarios y, por lo tanto, no imputables a ellos.

Somos conscientes de las dificultades probatorias que plantea el

hecho de que no contamos con copia de todas las declaraciones juradas

aludidas, particularmente para propósitos de determinar si la declaración

falsa

sobre

el

estado

civil

en

tales

documentos

es

imputable

exclusivamente a los abogados querellados o si es el resultado de una

omisión

de

los

notarios.

Sin

embargo,

contamos

con

copia

de

las

escrituras públicas en las que los abogados querellados suscriben que su

estado civil era de "soltero" cuando la realidad era otra.

mueve a avalar los hallazgos del Procurador General.

III.

Ello, nos

AB-98-44

2

El canon 35 de Etica Profesional dispone, en lo pertinente, lo

siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los

tribunales, para con sus representados y en las relaciones con

sus compañeros debe ser sincera y honrada.

No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean

inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a

error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos

o del derecho. [...].

El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al

examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos,

y al presentar causas. [...]. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35.

Recientemente afirmamos que esta disposición impone a los abogados

"unas normas mínimas de conducta que sólo pretenden preservar el honor y

la dignidad de la profesión.

Por ello, deben ser observadas por los

abogados, no sólo en la tramitación de pleitos sino también en toda

faceta en la que se desempeñen".

In re: Fred H. Martínez y Lawrence

Odell, res. el 12 de abril de 1999, 99 TSPR 53.

(Enfasis suplido).

También reafirmamos que, con su firma, los abogados no pueden suscribir

hechos falsos. Id.; Alonso García v. Comisión Industrial, 120 D.P.R. 752,

755 (1974).

En

el

presente

caso,

es

evidente

que

los

abogados

querellados

suscribieron documentos con información contraria a la verdad.

Sus

planteamientos en términos de que su actuación fue resultado del temor

que tenían de ser despedidos de su empleo y de su derecho a la intimidad

a no hacer público su matrimonio no nos persuaden para no ejercer nuestra

jurisdicción disciplinaria.

Independientemente

del

temor

que

los

licenciados

Belk

Arce

y

Serapión tuvieron de ser despedidos del bufete en el que laboraban si se

conocía públicamente que estaban casados entre sí, --temor que, conforme

a lo resuelto en Belk Arce v.

AB-98-44

2

Martínez, res. el 30 de junio de 1998, 98 TSPR 109, ciertamente fue

fundado--, los hechos incontrovertidos nos mueven a concluir que ambos

abogados incurrieron en la violación ética imputada.

El temor al despido del empleo no justifica, como pretenden los

querellados, que un abogado afirme como ciertos y bajo juramento hechos

que sabe que son falsos.

Tampoco los exime de responsabilidad ante este

Foro.

El deber que, conforme al Canon 35 de Etica Profesional, tiene un

abogado de ser fiel a la realidad de los hechos al suscribir documentos y

declaraciones

juradas

abogado o notario.

trasciende

el

ejercicio

de

sus

funciones

como

Incluye aquellas facetas de su vida en las que se

despoja de su toga de abogado para convertirse en un ciudadano común.

Ese deber debe ser cumplido estrictamente aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales.

L.P.R.A.

Ap.

IX

C.

Véase, Canon 38 de los de Etica Profesional, 4

38.

No

podemos,

pues,

refrendar

tal

conducta

independientemente de que ninguna persona ha resultado perjudicada.

El

mero hecho de mentir bajo juramento por un abogado es una conducta lesiva

al

buen

nombre

de

la

profesión

y

a

las

instituciones

de

justicia,

independientemente de los motivos que se tengan para ello.

En vista de lo anterior, del hecho de que con su actuación los

querellados no perjudicaron a otras personas y de que esta es la primera

ocasión en que se tramita una querella disciplinaria en su contra, en

esta ocasión limitaremos nuestra intervención disciplinaria a censurar

enérgicamente a los licenciados John T. Belk Arce y Margarita Serapión.

En lo sucesivo deberán actuar con mayor cautela, observando rigurosamente

los preceptos de los Cánones de Etica Profesional.

Se emitirá la correspondiente sentencia.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

John T. Belk Arce;

Margarita Serapión

AB-98-44

2

AB-98-44

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente sentencia, se censura enérgicamente a los

licenciados John T. Belk Arce y Margarita Serapión por

haber actuado de forma contraria al Canon 35 de Etica

Profesional.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rebollo López emitió opinión concurrente.

El Juez

Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

AB-98-44

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

John T. Belk Arce y

Margarita Serapion

AB-98-44

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL JUEZ

ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 1999

No obstante estar conformes con el resultado al que

llega una mayoría de los integrantes del Tribunal en la

Opinión Per Curiam

que

en el presente caso se emite --

esto es, que se censure enérgicamente a los abogados John

T.

Belk

Arce

y

Margarita

Serapión

en

relación

con

la

conducta que a éstos se le imputa-- consideramos necesario

expresarnos por separado.

I

En el pasado hemos señalado, en varias ocasiones, que aun

cuando es correcto que la consistencia en nuestras

decisiones no es una

AB-98-44

2

garantía absoluta de la corrección de las mismas, no hay duda que la

misma

resulta

consistentes

ser

de

imprime

gran

importancia.

estabilidad,

En

primer

confiabilidad

y

lugar,

ser

credibilidad

a

nuestro sistema de justicia. En segundo término, y desde el ámbito

individual, la consistencia nos brinda tranquilidad de conciencia. Por

otro lado, y desde un punto de vista institucional, la misma evita que

el Tribunal emita decisiones injustas; ello así ya que si juzgamos a

todo el mundo en forma consistente, resulta casi imposible que caigamos

en la injusticia.

Dicha

consistencia

adquiere

singular

importancia

en

casos

de

conducta profesional, esto es, cuando se imputa a determinado abogado

que ha incurrido en un curso de acción que resulta violatorio de los

Cánones

de

Etica

Profesional.

Como

casi

todo

en

la

vida,

existen

gradaciones en la conducta anti-ética. Hay acciones que son más graves

que otras. Véase: In re: Arroyo Rivera, Res. el 19 de mayo de 1999, 99

TSPR 78. Las sanciones disciplinarias a imponerse, en consecuencia,

también necesariamente tienen que ser distintas.

Ahí, precisamente, radica la diferencia de opinión que nos separa

de la mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso.

II

La conducta que se imputa a los abogados Belk Arce y Serapión, no

hay

duda,

no

es

una

liviana.

Estos,

admitidamente,

falsamente

aseveraron, bajo juramento y en varias ocasiones, que eran “solteros”

cuando

en

realidad

independientemente

de

eran

las

casados

entre

“razones”

que

sí.

En

tuvieron

otras

para

palabras,

asi

e

actuar,

dichos abogados claramente incurrieron en el delito de perjurio.

¿Resulta suficiente la sanción disciplinaria impuesta a éstos por

el Tribunal? Personas razonables pueden diferir razonablemente. Debe

haber personas del criterio a los efectos de que la sanción en este

AB-98-44

2

caso debería ser algo más que una censura. Pueden existir otras que

piensen

lo

contrario.

Personalmente

--y

aun

cuando,

de

primera

intención, somos del criterio que la sanción a imponerse en el presente

caso podría ser más severa-- no tenemos mayor objeción a la misma.

Lo que realmente nos preocupa es otra cosa, a saber: si es que en

un caso de perjurio resulta procedente, únicamente, la sanción de la

“censura enérgica”, ¿cómo es posible que esa misma sanción sea la

procedente

en

una

situación

de

menor

gradación

o

gravedad.

Nos

referimos, naturalmente, a la reciente Opinión Per Curiam emitida por

el Tribunal en el caso de In re: Martínez y Odell, Res. el 12 de abril

de 1999, 99 TSPR 53; caso en que los mencionados abogados, en opinión

de la propia Mayoría, violaron las disposiciones del Canon 35 de Etica

Profesional al no hacer mención en una escritura pública que otorgaron

del hecho de que, además de ellos, había otros dos socios que componían

la sociedad profesional a la que pertenecían.

En el presente caso, se faltó a la verdad bajo juramento. En el otro caso

no se aclaró totalmente una situación. ¿Resulta procedente la imposición

de la misma sanción disciplinaria en ambos? La contestación en la

negativa parece ser clara. El curso decisorio seguido en los dos casos,

cuando menos, parece ser un tanto inconsistente. Es por ello que

diferimos de la Mayoría y hemos entendido procedente expresarnos por

separado.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado