Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE JOHN T BELK ARCE
1999 TSPR 121
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE JOHN T BELK ARCE
AB-1998-0044
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re:
John T. Belk Arce
Margarita Serapión
Queja
99 TSPR 121
Número del Caso: AB-98-44
Oficina del Procurador General:
Carlos Lugo Fiol,
Procurador General
Abogadas del Querellado: Lcda. Rosalinda Pesquera de Dávila
Lcda. Judith Berkan
Fecha: 6/28/1999
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
John T. Belk Arce;
Margarita Serapión
AB-98-44
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 1999
I.
En junio de 1992, los licenciados Juan R. Cancio,
Luz Vela y Brunilda Rodríguez, del bufete de abogados
"Martínez,
Odell
y
Calabria",
presentaron
querellas
disciplinarias contra los licenciados John T. Belk Arce
y Margarita Serapión. En esencia, alegaron que ambos
abogados querellados habían otorgado varios documentos
públicos en los cuales hicieron constar que su estado
civil era el de "soltero" cuando la realidad era que al
momento de otorgarlos ambos abogados estaban casados
entre sí.
En cuanto al Lcdo. Belk Arce, los querellantes
señalaron
que
declaró
falsamente
ser
soltero
en
escritura pública número 38 de 15
de octubre de 1990, otorgada ante la licenciada Luz E. Vela y
en las declaraciones juradas números 1337, 1353, 1361, 1365 y
1411, suscritas ante la licenciada Brunilda Rodríguez.
Por
la
AB-98-44
su
2
parte,
querellantes
en
cuanto
alegaron
a
que
la
licenciada
Serapión,
los
había
declarado
falsamente
ser
soltera al otorgar la escritura número 47 de 19 de diciembre
de 1989 ante la licenciada Luz E. Vela y en las declaraciones
juradas
números
1338,
1356
y
1408
suscritas
ante
la
licenciada Rodríguez y en la número 51 suscrita ante el
licenciado Juan R. Cancio.
AB-98-44
2
Luego
de
la
investigación
General emitió un informe.
partes,
luego
incurrieron
en
de
lo
rigor,
la
Oficina
del
Procurador
En él esbozó y analizó los argumentos de las
cual
conducta
de
concluyó
contraria
al
que
los
abogados
canon
35
del
querellados
Código
de
Etica
Profesional.
Dimos oportunidad a las partes a que comentaran los hallazgos y
conclusiones
del
informe.
En
su
réplica,
los
abogados
querellados
destacan que la presente queja se enmarca en una serie conflictos y
procedimientos judiciales habidos entre ellos y los actuales socios del
bufete
"Martínez,
Odell
y
Calabria",
patrono
sucesor
del
bufete
"Martínez, Odell, Calabria y Sierra", del cual los querellados fueron
socios hasta su disolución en 1992.1
Manifiestan, además, que los actos que se le imputan no fueron
cometidos en el ejercicio de funciones como abogados ni como notarios.
Arguyen que no se ha alegado ni demostrado que "los actos imputados
fueran
cometidos
por
los
[querellados]
para
obtener
algún
beneficio
personal" o que se haya "alegado y/o demostrado que un tercero haya
sufrido algún perjuicio". Réplica al Informe del Procurador, en la pág.
23.
Añaden que "lo cierto e innegable es que el licenciado Belk y la
licenciada Serapión no tenían interés, ni obligación[] de "anunciar"
[...] su relación matrimonial.
Esto es así ya que temían ser objeto de
represalias por parte de los socios del antiguo bufete ['Martínez, Odell,
Calabria y Sierra']".
Id. en la pág. 24.
Nos señalan, además, que "la
otra parte de la decisión de no anunciar afirmativamente en el bufete el
hecho del matrimonio entre ambos se basó en el entendimiento de los
licenciados Belk y Serapión sobre su derecho a la intimidad".
Id., en la
pág. 25.
1
Belk Arce laboró en el bufete "Martínez, Odell, Calabria y
Sierra", en calidad de socio no propietario desde 1987 hasta su
disolución en 1992. La licenciada Serapión, por su parte, laboró en
calidad de socia desde 1982 al 1983, y más tarde desde 1985 hasta el
1992.
AB-98-44
2
Luego de evaluar los señalamientos de las partes, coincidimos con el
Procurador General en que los abogados querellados incurrieron en la
violación ética imputada.
II.
Los licenciados John Belk Arce y Margarita Serapión contrajeron
nupcias
el
5
matrimoniales.
de
mayo
de
1989
bajo
el
régimen
de
capitulaciones
Posterior a esa fecha otorgaron las escrituras públicas y
demás documentos en las que, se alega, incluyeron información falsa.
Nuestro examen de los documentos sometidos por el Procurador General
revela que el licenciado Belk Arce, como se alega, declaró ser soltero en
la escritura pública número 38 sobre cancelación de pagaré otorgada el 15
de octubre de 1990 ante la licenciada Vela.
Procurador General, en las págs. 4-8.
Apéndice del Informe del
Por su parte, la licenciada
Serapión incurrió en la misma conducta al otorgar la escritura pública
número 47, sobre compraventa de un espacio de estacionamiento otorgada el
19 de diciembre de 1989 ante la licenciada Vela, Apéndice del Informe del
Procurador General, en las págs. 31-34, y la escritura número 7, sobre
hipoteca en garantía de pagaré otorgada el 13 de julio de 1990 ante la
licenciada Yvonne Vergne.
Apéndice del Informe del Procurador General,
en las págs. 35-46.
En cuanto a estas escrituras públicas, los querellados sostienen que
su
estado
civil
era
inmaterial
para
las
transacciones
involucradas.
Asimismo, niegan que los respectivos notarios indagaran sobre su estado
civil al momento de otorgarlas.
Admiten, sin embargo que, "de haberse
percatado del error en dichas escrituras sobre sus respectivos estados
civiles, probablemente no hubieran corregido el mismo debido al gran
temor que tenían a ser objeto de represalias discriminatorias por parte
de los licenciados Martínez, Odell y Calabria".
Procurador, en la pág. 31.
Réplica al Informe del
AB-98-44
2
Por otro lado, en cuanto a las declaraciones juradas involucradas en
la presente querella, el Procurador General sólo incluyó en su informe
copia de los registros de testimonios de los notarios Brunilda Rodríguez
y Juan Ramón Cancio ante quienes fueron suscritas. Los querellados, sin
embargo, suministraron copia de algunas de ellas.
Según la prueba aportada, las declaraciones juradas números 1337 y
1356 fueron suscritas ante la licenciada Rodríguez para realizar un
traspaso
de
titularidad
de
dos
vehículos
de
motor.
En
ambas,
el
licenciado Belk Arce comparece como vendedor y la licenciada Serapión
como compradora.
La declaración jurada número 1338 fue suscrita en
ocasión de un traspaso de la titularidad de un vehículo de motor por
parte de la licenciada Serapión a otro comprador.
La declaración jurada
número 1353 fue suscrita por el licenciado Belk Arce como parte de un
informe de una corporación doméstica. La anotación correspondiente a la
declaración jurada número 1361 fue hecha como parte de una solicitud de
admisión
para
litigar
ante
el
Tribunal
formulada por el licenciado Belk Arce.
Supremo
de
Estados
Unidos
La anotación correspondiente a la
declaración jurada número 1365 fue efectuada al suscribir un convenio
para la custodia y manejo de valores.
La declaración jurada número 1408
fue hecha en ocasión de una declaración jurada de la licenciada Serapión
en torno a unos vicios de construcción.
Finalmente, la declaración
jurada número 1411 otorgada ante la licenciada Rodríguez fue suscrita por
el licenciado Belk Arce como parte de una solicitud de un número de
identificación de arbitrios para fabricantes.
Por su parte, la licenciada Serapión suscribió la declaración jurada
número
51
ante
indemnización.
el
licenciado
Cancio
como
parte
de
una
carta
de
Al respecto, el Procurador General nos sometió copia de
la anotación correspondiente en el registro de testimonios del notario y
copia de su índice notarial del mes de enero de 1991.
AB-98-44
2
Así pues, en el expediente contamos sólo con las copias de las
declaraciones juradas relacionadas al traspaso de titularidad de varios
vehículos de motor y con copia de la declaración jurada número 1408
suscrita por la licenciada Serapión ante la licenciada Rodríguez.
En
cuanto
de
a
las
declaraciones
relativas
al
traspaso
de
titularidad
vehículos de motor, el estado civil de los comparecientes no se expresa
en el documento.
Se trata, pues, de un formulario preestablecido por el
Estado en la cual los comparecientes no tienen que hacer expresión de ese
dato.
Por
lo
tanto,
la
única
referencia
al
estado
civil
de
los
comparecientes en el contexto de estas declaraciones juradas se hace en
la anotación del notario en su registro de testimonios.
Por otro lado, en la declaración jurada número 1408 aludida por el
Procurador
General,
se
afirma
que
el
estado
civil
de
la
licenciada
Serapión es el de casada, contrario a la anotación correspondiente en el
registro
de
testimonios
de
la licenciada
Rodríguez.
De
este modo,
tenemos una anotación en el registro de testimonios que, en cuanto a ese
dato, no corresponde a lo afirmado en la declaración jurada.
Ante todo lo anterior, los querellados sostienen que las anotaciones
en torno a las declaraciones juradas en controversia constituyen actos
unilaterales de los notarios y, por lo tanto, no imputables a ellos.
Somos conscientes de las dificultades probatorias que plantea el
hecho de que no contamos con copia de todas las declaraciones juradas
aludidas, particularmente para propósitos de determinar si la declaración
falsa
sobre
el
estado
civil
en
tales
documentos
es
imputable
exclusivamente a los abogados querellados o si es el resultado de una
omisión
de
los
notarios.
Sin
embargo,
contamos
con
copia
de
las
escrituras públicas en las que los abogados querellados suscriben que su
estado civil era de "soltero" cuando la realidad era otra.
mueve a avalar los hallazgos del Procurador General.
III.
Ello, nos
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2
El canon 35 de Etica Profesional dispone, en lo pertinente, lo
siguiente:
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los
tribunales, para con sus representados y en las relaciones con
sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean
inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a
error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos
o del derecho. [...].
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al
examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos,
y al presentar causas. [...]. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35.
Recientemente afirmamos que esta disposición impone a los abogados
"unas normas mínimas de conducta que sólo pretenden preservar el honor y
la dignidad de la profesión.
Por ello, deben ser observadas por los
abogados, no sólo en la tramitación de pleitos sino también en toda
faceta en la que se desempeñen".
In re: Fred H. Martínez y Lawrence
Odell, res. el 12 de abril de 1999, 99 TSPR 53.
(Enfasis suplido).
También reafirmamos que, con su firma, los abogados no pueden suscribir
hechos falsos. Id.; Alonso García v. Comisión Industrial, 120 D.P.R. 752,
755 (1974).
En
el
presente
caso,
es
evidente
que
los
abogados
querellados
suscribieron documentos con información contraria a la verdad.
Sus
planteamientos en términos de que su actuación fue resultado del temor
que tenían de ser despedidos de su empleo y de su derecho a la intimidad
a no hacer público su matrimonio no nos persuaden para no ejercer nuestra
jurisdicción disciplinaria.
Independientemente
del
temor
que
los
licenciados
Belk
Arce
y
Serapión tuvieron de ser despedidos del bufete en el que laboraban si se
conocía públicamente que estaban casados entre sí, --temor que, conforme
a lo resuelto en Belk Arce v.
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2
Martínez, res. el 30 de junio de 1998, 98 TSPR 109, ciertamente fue
fundado--, los hechos incontrovertidos nos mueven a concluir que ambos
abogados incurrieron en la violación ética imputada.
El temor al despido del empleo no justifica, como pretenden los
querellados, que un abogado afirme como ciertos y bajo juramento hechos
que sabe que son falsos.
Tampoco los exime de responsabilidad ante este
Foro.
El deber que, conforme al Canon 35 de Etica Profesional, tiene un
abogado de ser fiel a la realidad de los hechos al suscribir documentos y
declaraciones
juradas
abogado o notario.
trasciende
el
ejercicio
de
sus
funciones
como
Incluye aquellas facetas de su vida en las que se
despoja de su toga de abogado para convertirse en un ciudadano común.
Ese deber debe ser cumplido estrictamente aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales.
L.P.R.A.
Ap.
IX
C.
Véase, Canon 38 de los de Etica Profesional, 4
38.
No
podemos,
pues,
refrendar
tal
conducta
independientemente de que ninguna persona ha resultado perjudicada.
El
mero hecho de mentir bajo juramento por un abogado es una conducta lesiva
al
buen
nombre
de
la
profesión
y
a
las
instituciones
de
justicia,
independientemente de los motivos que se tengan para ello.
En vista de lo anterior, del hecho de que con su actuación los
querellados no perjudicaron a otras personas y de que esta es la primera
ocasión en que se tramita una querella disciplinaria en su contra, en
esta ocasión limitaremos nuestra intervención disciplinaria a censurar
enérgicamente a los licenciados John T. Belk Arce y Margarita Serapión.
En lo sucesivo deberán actuar con mayor cautela, observando rigurosamente
los preceptos de los Cánones de Etica Profesional.
Se emitirá la correspondiente sentencia.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
John T. Belk Arce;
Margarita Serapión
AB-98-44
2
AB-98-44
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente sentencia, se censura enérgicamente a los
licenciados John T. Belk Arce y Margarita Serapión por
haber actuado de forma contraria al Canon 35 de Etica
Profesional.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López emitió opinión concurrente.
El Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
John T. Belk Arce y
Margarita Serapion
AB-98-44
OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL JUEZ
ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 1999
No obstante estar conformes con el resultado al que
llega una mayoría de los integrantes del Tribunal en la
Opinión Per Curiam
que
en el presente caso se emite --
esto es, que se censure enérgicamente a los abogados John
T.
Belk
Arce
y
Margarita
Serapión
en
relación
con
la
conducta que a éstos se le imputa-- consideramos necesario
expresarnos por separado.
I
En el pasado hemos señalado, en varias ocasiones, que aun
cuando es correcto que la consistencia en nuestras
decisiones no es una
AB-98-44
2
garantía absoluta de la corrección de las mismas, no hay duda que la
misma
resulta
consistentes
ser
de
imprime
gran
importancia.
estabilidad,
En
primer
confiabilidad
y
lugar,
ser
credibilidad
a
nuestro sistema de justicia. En segundo término, y desde el ámbito
individual, la consistencia nos brinda tranquilidad de conciencia. Por
otro lado, y desde un punto de vista institucional, la misma evita que
el Tribunal emita decisiones injustas; ello así ya que si juzgamos a
todo el mundo en forma consistente, resulta casi imposible que caigamos
en la injusticia.
Dicha
consistencia
adquiere
singular
importancia
en
casos
de
conducta profesional, esto es, cuando se imputa a determinado abogado
que ha incurrido en un curso de acción que resulta violatorio de los
Cánones
de
Etica
Profesional.
Como
casi
todo
en
la
vida,
existen
gradaciones en la conducta anti-ética. Hay acciones que son más graves
que otras. Véase: In re: Arroyo Rivera, Res. el 19 de mayo de 1999, 99
TSPR 78. Las sanciones disciplinarias a imponerse, en consecuencia,
también necesariamente tienen que ser distintas.
Ahí, precisamente, radica la diferencia de opinión que nos separa
de la mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso.
II
La conducta que se imputa a los abogados Belk Arce y Serapión, no
hay
duda,
no
es
una
liviana.
Estos,
admitidamente,
falsamente
aseveraron, bajo juramento y en varias ocasiones, que eran “solteros”
cuando
en
realidad
independientemente
de
eran
las
casados
entre
“razones”
que
sí.
En
tuvieron
otras
para
palabras,
asi
e
actuar,
dichos abogados claramente incurrieron en el delito de perjurio.
¿Resulta suficiente la sanción disciplinaria impuesta a éstos por
el Tribunal? Personas razonables pueden diferir razonablemente. Debe
haber personas del criterio a los efectos de que la sanción en este
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2
caso debería ser algo más que una censura. Pueden existir otras que
piensen
lo
contrario.
Personalmente
--y
aun
cuando,
de
primera
intención, somos del criterio que la sanción a imponerse en el presente
caso podría ser más severa-- no tenemos mayor objeción a la misma.
Lo que realmente nos preocupa es otra cosa, a saber: si es que en
un caso de perjurio resulta procedente, únicamente, la sanción de la
“censura enérgica”, ¿cómo es posible que esa misma sanción sea la
procedente
en
una
situación
de
menor
gradación
o
gravedad.
Nos
referimos, naturalmente, a la reciente Opinión Per Curiam emitida por
el Tribunal en el caso de In re: Martínez y Odell, Res. el 12 de abril
de 1999, 99 TSPR 53; caso en que los mencionados abogados, en opinión
de la propia Mayoría, violaron las disposiciones del Canon 35 de Etica
Profesional al no hacer mención en una escritura pública que otorgaron
del hecho de que, además de ellos, había otros dos socios que componían
la sociedad profesional a la que pertenecían.
En el presente caso, se faltó a la verdad bajo juramento. En el otro caso
no se aclaró totalmente una situación. ¿Resulta procedente la imposición
de la misma sanción disciplinaria en ambos? La contestación en la
negativa parece ser clara. El curso decisorio seguido en los dos casos,
cuando menos, parece ser un tanto inconsistente. Es por ello que
diferimos de la Mayoría y hemos entendido procedente expresarnos por
separado.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado