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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE FRED H MARTINEZ LAWRENCE ODELL

1999 TSPR 119

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE FRED H MARTINEZ LAWRENCE ODELL

AB-1998-0046

AB-98-46

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re:

Fred H. Martínez

Lawrence Odell

Queja

99 TSPR 119

Número del Caso: AB-98-46

Oficina del Procurador General:

Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Abogados de la Parte Querellada:

Lcdo. Rubén T. Nigaglioni

Lcdo. Mario L. Paniagua

Lcdo. Luis Mariano Negrón Portillo

Fecha: 6/25/1999

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

AB-98-46

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fred H. Martínez

Lawrence Odell

AB-98-46

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999

Mediante Per Curiam del 12 de abril de 1999, censuramos

enérgicamente a los abogados Fred H. Martínez y Lawrence Odell

por incurrir en conducta contraria al Canon 35 del Código de

Ética

Profesional,

dispositivo

sinceridad

de

de

que

“el

abogado

debe

los

hechos

al

examinar

los

otros

documentos,

ajustarse

a

la

testigos,

al

redactar

presentar

causas”.

Nuestra

decisión

estuvo

basada

en

incontrovertidamente

quedó

demostrado

que

ambos

abogados

afidávits

u

suscribieron bajo juramento en escritura pública

falsedad

conocían.1 Nos

y

hechos

que

cuya

piden

Específicamente resolvimos que faltaron a la verdad

suscribir la escritura pública Núm. 68,

1

al

al

AB-98-46

3

reconsideración.

I

Los Lcdos. Martínez y Odell fundamentan su solicitud en

varios planteamientos. Examinémoslos. Primero, aducen que en

1981, año en que otorgaron la escritura pública, el alcance

del

Canon

35

de

Ética

Profesional,

a

la

luz

de

la

jurisprudencia existente, estaba limitado a actuaciones de

abogados ejerciendo ante los tribunales o como notarios. Nos

dicen que nuestra decisión es una ampliación del alcance del

Canon 35 que amerita ser aclarada. Segundo, sostienen que el

quejoso Lcdo. Ralph Sierra Jr., conocía la supuesta conducta

indebida desde años atrás y no hizo nada. Tercero, exponen

que

el

Lcdo.

Sierra

Jr.

excluyó

de

su

queja

al

Lcdo.

Colorado –aún cuando éste incurrió en la misma conducta-, y

tal

proceder

antiética

parcialidad

selectivo

representa

de

sí

conducta

debemos

rechazar.

Finalmente,

insinúan

este

Tribunal,

al

que

de

por

calificar

como

“sorprendente” que no hayamos censurado al Lcdo. Colorado.

otorgada el 9 de marzo de 1981 ante el notario público

Rafael Kodesh Baragaño. En esa ocasión, junto al Lcdo.

Antonio J. Colorado, otorgaron la referida escritura con el

objetivo de crear el fideicomiso del plan de pensiones para

beneficio de los miembros y asociados del entonces bufete

de abogados "Martínez, Odell, Calabria & Sierra". La

escritura hizo referencia a una resolución de la sociedad

de abogados, ("Certificate of Partnership Action"), fechada

9 de marzo de 1981, en la cual se afirmó que

los Lcdos.

Martínez y Odell, en unión al Lcdo. Colorado, eran los

únicos socios del bufete. Esta certificación, utilizada por

el notario como fundamento de la autoridad de los

otorgantes de la escritura pública, se incorporó a la

misma.

La prueba incontrovertida reveló que para la fecha de

la escritura pública, habían otros socios.

AB-98-46

Por

4

su

parte,

en

su

comparecencia,

el

Procurador

General –cuya posición inicial fue la que avalamos-, nos

plantea ahora que existen declaraciones indicativas de que

el quejoso Lcdo. Sierra Jr., conocía los hechos desde que

ocurrieron y no, desde 1992, según afirmó en su queja. Por

esta razón, nos invita reevaluemos.

Además,

los

Lcdos.

Marco

A.

Rigau,

Antonio

J.

Colorado, José L. Calabria, e Ignacio Rivera han solicitado

intervenir como “amicus curiae”. El Lcdo. Rigau señala que

los abogados Martínez y Odell no faltaron a la verdad, ni

hubo en su ánimo intención de engañar al Lcdo. Sierra Jr.

Dice conocerlos desde hace mucho tiempo, y nos da fe de su

integridad y honestidad. Asimismo, plantea que a la luz de

las comparecencias de los Lcdos. Colorado y Calabria, el

quejoso Lcdo. Sierra Jr. pudo haber incurrido en conducta

constitutiva de perjurio. Por su parte, el Lcdo. Colorado

niega que al suscribir la escritura pública en 1981 hubiera

intención

de

mentir

o

engañar.

Insiste

en

que

la

inconsistencia con la verdad fue una inadvertencia o error;

y

califica

de

injusta

nuestra

decisión.

Mientras,

los

Lcdos. Calabria y Rivera, entre otras cosas, conciben la

actuación de los Lcdos. Martínez y Odell como un mero error

“de

juicio

o

de

forma”,

no

reñido

con

los

postulados

éticos. Asimismo, sugieren parcialidad de este Tribunal,

destacando

que

nuestra

decisión

crea

una

apariencia

de

inequidad, pues no disciplinamos al Lcdo. Colorado, aun

AB-98-46

5

cuando éste también suscribió la misma escritura pública

objeto de la declaración falsa.2

II

De entrada, aclaramos las coordenadas adjudicativas de

nuestra decisión del pasado 12

de abril. Constituye un

evento más, en una serie de procedimientos judiciales y

disciplinarios

laboraron

en

que

el

involucran

disuelto

bufete

a

varios

de

abogados

abogados

que

"Martínez,

Odell, Calabria y Sierra". La disolución de dicha sociedad

profesional en 1992, dio génesis a una larga cadena de

disputas judiciales entre los abogados querellados y los

abogados excluidos del nuevo bufete creado por Martínez y

Odell, en unión al Lcdo. José L. Calabria.3

El

primero

de

los

casos

que

requirió

nuestra

intervención fue Belk Arce v. Fred Martínez y otros, res.

en 30 de junio de 1998. Allí resolvimos que los demandados

Fred

Martínez,

Lawrence

Odell,

José

L.

Calabria

y

la

sociedad profesional compuesta por ellos --"Martínez, Odell

y Calabria"--, habían discriminado contra los Lcdos. John

T. Belk Arce y Margarita Serapión por razón de matrimonio.

Reconocimos a los demandantes Belk-Serapión derecho a ser

indemnizados bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,

según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq.

2

Intervención, Lcdo. Calabria, pág. 2; Intervención,

Lcdo. Rivera, págs. 4-5.

3

Los abogados se asociaron bajo el nombre "Martínez,

Odell y Calabria".

AB-98-46

6

Subsiguientemente,

resolvimos

la

presente

queja.

Quedan pendientes dos (2) quejas disciplinarias: AB-98-44

instado por los Lcdos. Juan R. Cancio, Luz Vela y Brunilda

Rodríguez,

del

bufete

de

abogados

"Martínez,

Odell

y

Calabria", contra los Lcdos. Margarita Serapión y John T.

Belk Arce; y la AB-98-99, promovida por el Lcdo. Sierra Jr.

contra

Martínez y Odell. En esta última, se aduce que

Martínez y Odell mintieron bajo juramento en el proceso

judicial por discrimen por razón de matrimonio que los

abogados Serapión y Belk Arce instaron, y éste Tribunal

adjudicó. En su oportunidad, decidiremos esta queja, y el

valor adjudicativo que debemos conferirle al dato de que en

Belk Arce v. Fred Martínez y otros, supra, avalamos las

determinaciones de hechos del foro de instancia, que entre

otras, no creyó el testimonio de los Lcdos. Martínez y

Odell.4

4

En específico, el Tribunal de Instancia consignó en

su sentencia:

“El testimonio del licenciado Fred Martínez

en cuanto a su conocimiento sobre el matrimonio

entre

Belk

y

Margarita

Serapión

fue

contradictorio: [e]n la deposición que se le tomó

no mencionó en ningún momento que Rodríguez Poggi

le había informado sobre el matrimonio. La teoría

de los demandados que después cambió es a los

efectos que ninguno de los demandados conocía del

matrimonio entre éstos hasta tanto se obtuvo el

certificado de matrimonio de dichos cónyuges. A

preguntas de la licenciada Berkan durante el

juicio[,]

el

licenciado

Martínez

testificó

solamente de los rumores. No obstante[,] cuando

su abogada la licenciada Belaval le interroga

[é]l menciona por vez primera la conversación con

Rodríguez Poggi y que éste le informa del

matrimonio de Belk y la licenciada Serapión.”

Breve

relación

procesal,

determinaciones

de

AB-98-46

7

Una tercera queja por conducta profesional impropia

contra los Lcdos. Martínez, Odell y Lamoso presentada en

marzo

de

1998,

por

hechos

aparentemente

ajenos

a

los

conflictos que existen entre las partes involucradas en

esta queja, fue desistida luego de formalizarse un acuerdo

de transacción, que incorporó, además la disposición de

varias

demandas

pendientes

ante

la

Comisión

Federal

de

Comunicaciones. In re: Fred H. Martínez y otros, AB-98-42;

véase, In re: Applications of Westel Samos, Inc., y Westel,

L.P., FCC 99M-3.5

Ciertamente,

la

multiplicidad

de

procedimientos

judiciales habidos entre las partes nos obliga a examinar

hechos, conclusiones de derecho

Civil Núm. KAC-92-0820, n.2.

y

sentencia,

Asimismo, concluyó:

99. El único otro testigo que los demandados

presentaron

para

ofrecer

una

explicación

relacionada con el despido de John Belk fue el

demandado Lawrence Odell quien testificó que no

tenía confianza en John Belk.

Los hechos

narrados por Odell no nos merecen credibilidad y

de haber ocurrido los mismos no se desprende en

forma alguna que den base para cuestionarse la

confianza de Belk.

[...]

101. No le damos credibilidad al testimonio

de Lawrence Odell a los efectos [de] que en

marzo de 1992, John Belk supuestamente fue donde

él y le dijo que ‘people are choosing sides’ y

que el escogería el lado de Sierra. Id., pág.

20.”

5

Otros

procesos

judiciales

generados

por

la

disolución de la sociedad profesional son: Sierra y otros

v. Martínez y otros, (Civil Núm. KPE 92-0228); Martínez y

otros v. Sierra y otros, (Civil Núm. KAC 92-0558). Además,

en el Tribunal Federal se instó Serapión v. Martínez y

otros, (Civ. Núm. 93-1790).

AB-98-46

8

con cautela los méritos de cada una de las quejas ante

nuestra consideración, tal y como abogan los querellados

Martínez

y

Odell.

reconsideración

y

en

Aun

las

así,

sus

argumentos

en

comparecencias

especiales,

nos

convencen que debe subsistir la sanción censurándoles.

III

El mandato del Canon 35 es claro:6 todo abogado tiene

la ineludible obligación de ajustarse a la fidelidad de los

hechos

tanto

notario

o

en

como

su

gestión

abogado

profesional

litigante--,

así

--ya

como

sea

como

en

sus

gestiones personales. Incluye actuaciones en las que se

despoja de su toga de abogado y convierte en cliente de

otro abogado.

Ceñirse a la verdad según el Canon 35, va más allá que

ocasionar perjuicio a tercero o deliberadamente defraudar o

engañar. Se infringe este deber deontológico con el hecho

objetivo de faltar a la verdad en funciones propias de un

abogado

6

o

cuando,

actuando

como

ciudadano

común,

En lo pertinente reza:

“La conducta de cualquier miembro de la

profesión legal ante los tribunales, para con

sus representados y en las relaciones con sus

compañeros debe ser sincera y honrada.

No es sincero ni honrado el utilizar

medios que sean inconsistentes con la verdad ni

se debe inducir al juzgador a error utilizando

artificios o una falsa relación de los hechos o

del derecho. [...].

El abogado debe ajustarse a la sinceridad

de los hechos al examinar los testigos, al

redactar afidávit u otros documentos, y al

presentar causas. [...].” (énfasis suplido).

se

AB-98-46

9

pretende

realizar

actos

jurídica.

Más

un

que

o

ideal

negocios

de

irrealizable,

trascendencia

la

verdad

es

atributo inseparable del ser abogado y, sin la misma, no

podría la profesión jurídica justificar su existencia.

Los querellados Martínez y Odell no controvierten el

dato

esencial

de

que

los

hechos

que

consignaron

en

la

escritura pública no eran veraces. Su alegato principal de

que se trató de una simple inadvertencia no convence. Se

trata de un hecho material lo suficientemente importante en

el

contexto

general

que

motivó

la

otorgación

de

la

escritura pública, como para que no pasara desapercibido.

De

hecho,

en

su

comparecencia

el

otro

otorgante

Lcdo.

Colorado, reconoce que para no incurrir en la falta que

motivó nuestra enérgica censura "[q]uizás se debió haber

aclarado con más énfasis que se firmaba dicha escritura

para retrotraerse al momento de constituirse el plan, y que

por eso se decía que éramos solamente tres (3) socios".

Comparecencia Especial Lcdo. Colorado, pág. 3.

Por

otro

lado,

la

falta

de

veracidad

de

los

otorgantes, independientemente de su intención y de si se

ocasionó daño a

tercero, es inexcusable dado

preferente

nuestro

instrumentos

que

públicos.

Por

ordenamiento

su

otorga

condición

de

el sitial

a

los

abogados,

conocían cabalmente la naturaleza del acto que realizaban.

In re: Colón Ramery, res. en 8 de junio de 1993. Tenían la

obligación de brindar al notario los hechos exactos que

declaraban. Su responsabilidad no puede ser subestimada con

el eufemismo de que se trató de "un mero error de juicio" o

AB-98-46

10

"de forma". Faltaron claramente a la verdad, y no quedan

excusados

aludiendo

a

las

motivaciones

que

pudo

haber

tenido el Lcdo. Sierra Jr. al formular la presente queja.

Sobre el quejoso, Lcdo. Sierra Jr., -conociera o no el

contenido exacto de la escritura desde que se otorgó-, lo

cierto es que ello es inmaterial para determinación de si

los abogados Martínez y Odell violaron el Canon 35.

Independientemente

de

su

inmaterialidad,

aunque

a

simple vista las versiones ofrecidas por el Lcdo. Sierra

Jr. y los Lcdos. Calabria y Colorado parecen conflictivas,

un examen cuidadoso de los documentos sometidos refleja que

las comparecencias de los Lcdos. Calabria y Colorado no

refutan cabalmente la posición de Sierra Jr. de que conoció

el contenido exacto de la escritura pública en el año 1992,

cuando obtuvo copia del plan de pensiones del bufete y de

la escritura pública otorgada en 1981. Si bien el Lcdo.

Calabria sostiene en contrario -que el Lcdo. Sierra Jr.

conocía el contenido del plan y de la escritura pública

desde el mismo momento en que se otorgó-, sus alegaciones

en todo momento se circunscriben a aducir que el Lcdo.

Sierra Jr. conocía o debió haber conocido su contenido.

Comparecencia,

Procurador

General,

pág.

2.

Ello

es

insuficiente para refutar lo expuesto por el Lcdo. Sierra

Jr.

Finalmente,

no

podemos

pasar

por

alto

las

insinuaciones de parcialidad que se nos atribuye. No sólo

son

altamente impropias, sino que en nada desvirtúan la

falta de veracidad de los Lcdos. Martínez y Odell. Como

AB-98-46

señalamos

11

previamente,

la

consideración

de

las

quejas

disciplinarias contra los involucrados en los hechos que

dieron base a nuestra decisión del 12 de abril pasado no ha

finalizado. Somos

plenamente

conscientes de

que

el

Lcdo. Colorado suscribió también la escritura pública en la

que

los

Lcdos.

Martínez

y

Odell

vertieron

información

falsa. Al igual que ambos, el Lcdo. Colorado en su momento

responderá por su conducta.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia

proveyendo no ha lugar a la moción de reconsideración de

los Lcdos. Martínez y

Odell.

Se dictará la correspondiente Sentencia.

AB-98-46

12

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fred H. Martínez

Lawrence Odell

AB-98-46

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta sentencia y se provee no ha lugar a la

moción de reconsideración de los Lcdos. Fred H. Martínez y

Lawrence Odell.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López

emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Corrada del

Río reconsideraría y limitaría la sanción a una amonestación.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

AB-98-46

13

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fred H. Martínez

Lawrence Odell

AB-98-46

CONDUCTA

PROFESIONAL

OPINION DISIDENTE EMITIDA, EN ETAPA DE RECONSIDERACIÓN, POR EL JUEZ ASO

SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999

El

pasado

determinación

12

de

de

abril

de

la

mayoría

1999

de

disentimos

los

de

integrantes

la

del

Tribunal de "censurar enérgicamente" a los Lcdos. Fred H.

Martínez y Lawrence Odell. Entendimos entonces --posición

que reiteramos en el día de hoy-- que no procedía la

imposición de sanción disciplinaria de clase alguna por

razón

de

que

la

conducta

en

que

incurrieron

dichos

abogados no trascendió los línderos de un mero error de

juicio,

carente

dicha

conducta

de

intención

de

clase

alguna, de parte de dichos abogados, de causarle daño a

otra persona. De hecho, la ausencia en el presente caso de

daño alguno a tercero es algo que, incluso, la Mayoría se

ve obligada a reconocer.

AB-98-46

14

En el día de hoy, la Mayoría ha entendido procedente publicar una

Opinión

Per

Curiam

mediante

la

cual

deniega

la

moción

de

reconsideración que dichos abogados han radicado. Como de ordinario

sucede,

en

el

diario

vivir,

al

una

persona

intentar

explicar

o

justificar un error que ha cometido, la Mayoría comete un error aun más

grave que el que cometió el pasado 12 de abril de 1999.

Nos

referimos,

naturalmente,

a

la

norma

que

hoy

establece

el

Tribunal a los efectos de que el Canon 35 de los de Etica Profesional

se

aplica

a

conducta,

o

gestiones

personales,

realizada

por

los

miembros de la profesión que no tienen nada que ver con el ejercicio de

la misma e independientemente del hecho de que el abogado haya tenido,

o

no,

intención

de

faltar

a

la

verdad

o

de

causarle

daño

a

otra

persona.

En primer lugar, una lectura del primer párrafo del mencionado

Canon

35

claramente

demuestra

que

esta

posición

es

una

totalmente

errónea; el mismo establece que la “...conducta de cualquier miembro de

la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados, y

en

las

relaciones

con

sus

compañeros

debe

ser

sincera

y

honrada.”

(Enfasis suplido.) El referido Canon 35 no puede ser más claro. El

mismo

obviamente

relacionada

con

se

el

refiere

a

conducta

ejercicio

de

la

del

profesión

abogado

y

no

directamente

en

relación

a

gestiones personales del abogado.

En segundo término, en el día de hoy la Mayoría ha establecido un

criterio

de

infracción

“responsabilidad

de

las

absoluta”

disposiciones

del

en

relación

citado

Canon

con

35

la

de

posible

Etica

Profesional al expresar que, a los fines antes mencionados, resulta

irrelevante el hecho de que el abogado tuviera la intención, o no, de

causarle daño a otro. Tal parece que la Mayoría entiende está lidiando

con la comisión de delitos públicos. No podemos refrendar tal posición.

AB-98-46

15

Por todo lo anteriormente expresado es que nos vemos obligados,

nuevamente, a diferir del criterio mayoritario en el presente caso.7

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

7

Rechazamos, de manera enérgica y al igual que lo hace la mayoría de los

integrantes del Tribunal, la velada imputación de parcialidad que se le hace a los

miembros del Tribunal. Ello no sólo es totalmente infundado sino que completamente

impropio de parte de los abogados que la hacen.