Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE FRED H MARTINEZ LAWRENCE ODELL
1999 TSPR 119
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE FRED H MARTINEZ LAWRENCE ODELL
AB-1998-0046
AB-98-46
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re:
Fred H. Martínez
Lawrence Odell
Queja
99 TSPR 119
Número del Caso: AB-98-46
Oficina del Procurador General:
Carlos Lugo Fiol
Procurador General
Abogados de la Parte Querellada:
Lcdo. Rubén T. Nigaglioni
Lcdo. Mario L. Paniagua
Lcdo. Luis Mariano Negrón Portillo
Fecha: 6/25/1999
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
AB-98-46
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Fred H. Martínez
Lawrence Odell
AB-98-46
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999
Mediante Per Curiam del 12 de abril de 1999, censuramos
enérgicamente a los abogados Fred H. Martínez y Lawrence Odell
por incurrir en conducta contraria al Canon 35 del Código de
Ética
Profesional,
dispositivo
sinceridad
de
de
que
“el
abogado
debe
los
hechos
al
examinar
los
otros
documentos,
ajustarse
a
la
testigos,
al
redactar
presentar
causas”.
Nuestra
decisión
estuvo
basada
en
incontrovertidamente
quedó
demostrado
que
ambos
abogados
afidávits
u
suscribieron bajo juramento en escritura pública
falsedad
conocían.1 Nos
y
hechos
que
cuya
piden
Específicamente resolvimos que faltaron a la verdad
suscribir la escritura pública Núm. 68,
1
al
al
AB-98-46
3
reconsideración.
I
Los Lcdos. Martínez y Odell fundamentan su solicitud en
varios planteamientos. Examinémoslos. Primero, aducen que en
1981, año en que otorgaron la escritura pública, el alcance
del
Canon
35
de
Ética
Profesional,
a
la
luz
de
la
jurisprudencia existente, estaba limitado a actuaciones de
abogados ejerciendo ante los tribunales o como notarios. Nos
dicen que nuestra decisión es una ampliación del alcance del
Canon 35 que amerita ser aclarada. Segundo, sostienen que el
quejoso Lcdo. Ralph Sierra Jr., conocía la supuesta conducta
indebida desde años atrás y no hizo nada. Tercero, exponen
que
el
Lcdo.
Sierra
Jr.
excluyó
de
su
queja
al
Lcdo.
Colorado –aún cuando éste incurrió en la misma conducta-, y
tal
proceder
antiética
parcialidad
selectivo
representa
de
sí
conducta
debemos
rechazar.
Finalmente,
insinúan
este
Tribunal,
al
que
de
por
calificar
como
“sorprendente” que no hayamos censurado al Lcdo. Colorado.
otorgada el 9 de marzo de 1981 ante el notario público
Rafael Kodesh Baragaño. En esa ocasión, junto al Lcdo.
Antonio J. Colorado, otorgaron la referida escritura con el
objetivo de crear el fideicomiso del plan de pensiones para
beneficio de los miembros y asociados del entonces bufete
de abogados "Martínez, Odell, Calabria & Sierra". La
escritura hizo referencia a una resolución de la sociedad
de abogados, ("Certificate of Partnership Action"), fechada
9 de marzo de 1981, en la cual se afirmó que
los Lcdos.
Martínez y Odell, en unión al Lcdo. Colorado, eran los
únicos socios del bufete. Esta certificación, utilizada por
el notario como fundamento de la autoridad de los
otorgantes de la escritura pública, se incorporó a la
misma.
La prueba incontrovertida reveló que para la fecha de
la escritura pública, habían otros socios.
AB-98-46
Por
4
su
parte,
en
su
comparecencia,
el
Procurador
General –cuya posición inicial fue la que avalamos-, nos
plantea ahora que existen declaraciones indicativas de que
el quejoso Lcdo. Sierra Jr., conocía los hechos desde que
ocurrieron y no, desde 1992, según afirmó en su queja. Por
esta razón, nos invita reevaluemos.
Además,
los
Lcdos.
Marco
A.
Rigau,
Antonio
J.
Colorado, José L. Calabria, e Ignacio Rivera han solicitado
intervenir como “amicus curiae”. El Lcdo. Rigau señala que
los abogados Martínez y Odell no faltaron a la verdad, ni
hubo en su ánimo intención de engañar al Lcdo. Sierra Jr.
Dice conocerlos desde hace mucho tiempo, y nos da fe de su
integridad y honestidad. Asimismo, plantea que a la luz de
las comparecencias de los Lcdos. Colorado y Calabria, el
quejoso Lcdo. Sierra Jr. pudo haber incurrido en conducta
constitutiva de perjurio. Por su parte, el Lcdo. Colorado
niega que al suscribir la escritura pública en 1981 hubiera
intención
de
mentir
o
engañar.
Insiste
en
que
la
inconsistencia con la verdad fue una inadvertencia o error;
y
califica
de
injusta
nuestra
decisión.
Mientras,
los
Lcdos. Calabria y Rivera, entre otras cosas, conciben la
actuación de los Lcdos. Martínez y Odell como un mero error
“de
juicio
o
de
forma”,
no
reñido
con
los
postulados
éticos. Asimismo, sugieren parcialidad de este Tribunal,
destacando
que
nuestra
decisión
crea
una
apariencia
de
inequidad, pues no disciplinamos al Lcdo. Colorado, aun
AB-98-46
5
cuando éste también suscribió la misma escritura pública
objeto de la declaración falsa.2
II
De entrada, aclaramos las coordenadas adjudicativas de
nuestra decisión del pasado 12
de abril. Constituye un
evento más, en una serie de procedimientos judiciales y
disciplinarios
laboraron
en
que
el
involucran
disuelto
bufete
a
varios
de
abogados
abogados
que
"Martínez,
Odell, Calabria y Sierra". La disolución de dicha sociedad
profesional en 1992, dio génesis a una larga cadena de
disputas judiciales entre los abogados querellados y los
abogados excluidos del nuevo bufete creado por Martínez y
Odell, en unión al Lcdo. José L. Calabria.3
El
primero
de
los
casos
que
requirió
nuestra
intervención fue Belk Arce v. Fred Martínez y otros, res.
en 30 de junio de 1998. Allí resolvimos que los demandados
Fred
Martínez,
Lawrence
Odell,
José
L.
Calabria
y
la
sociedad profesional compuesta por ellos --"Martínez, Odell
y Calabria"--, habían discriminado contra los Lcdos. John
T. Belk Arce y Margarita Serapión por razón de matrimonio.
Reconocimos a los demandantes Belk-Serapión derecho a ser
indemnizados bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,
según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq.
2
Intervención, Lcdo. Calabria, pág. 2; Intervención,
Lcdo. Rivera, págs. 4-5.
3
Los abogados se asociaron bajo el nombre "Martínez,
Odell y Calabria".
AB-98-46
6
Subsiguientemente,
resolvimos
la
presente
queja.
Quedan pendientes dos (2) quejas disciplinarias: AB-98-44
instado por los Lcdos. Juan R. Cancio, Luz Vela y Brunilda
Rodríguez,
del
bufete
de
abogados
"Martínez,
Odell
y
Calabria", contra los Lcdos. Margarita Serapión y John T.
Belk Arce; y la AB-98-99, promovida por el Lcdo. Sierra Jr.
contra
Martínez y Odell. En esta última, se aduce que
Martínez y Odell mintieron bajo juramento en el proceso
judicial por discrimen por razón de matrimonio que los
abogados Serapión y Belk Arce instaron, y éste Tribunal
adjudicó. En su oportunidad, decidiremos esta queja, y el
valor adjudicativo que debemos conferirle al dato de que en
Belk Arce v. Fred Martínez y otros, supra, avalamos las
determinaciones de hechos del foro de instancia, que entre
otras, no creyó el testimonio de los Lcdos. Martínez y
Odell.4
4
En específico, el Tribunal de Instancia consignó en
su sentencia:
“El testimonio del licenciado Fred Martínez
en cuanto a su conocimiento sobre el matrimonio
entre
Belk
y
Margarita
Serapión
fue
contradictorio: [e]n la deposición que se le tomó
no mencionó en ningún momento que Rodríguez Poggi
le había informado sobre el matrimonio. La teoría
de los demandados que después cambió es a los
efectos que ninguno de los demandados conocía del
matrimonio entre éstos hasta tanto se obtuvo el
certificado de matrimonio de dichos cónyuges. A
preguntas de la licenciada Berkan durante el
juicio[,]
el
licenciado
Martínez
testificó
solamente de los rumores. No obstante[,] cuando
su abogada la licenciada Belaval le interroga
[é]l menciona por vez primera la conversación con
Rodríguez Poggi y que éste le informa del
matrimonio de Belk y la licenciada Serapión.”
Breve
relación
procesal,
determinaciones
de
AB-98-46
7
Una tercera queja por conducta profesional impropia
contra los Lcdos. Martínez, Odell y Lamoso presentada en
marzo
de
1998,
por
hechos
aparentemente
ajenos
a
los
conflictos que existen entre las partes involucradas en
esta queja, fue desistida luego de formalizarse un acuerdo
de transacción, que incorporó, además la disposición de
varias
demandas
pendientes
ante
la
Comisión
Federal
de
Comunicaciones. In re: Fred H. Martínez y otros, AB-98-42;
véase, In re: Applications of Westel Samos, Inc., y Westel,
L.P., FCC 99M-3.5
Ciertamente,
la
multiplicidad
de
procedimientos
judiciales habidos entre las partes nos obliga a examinar
hechos, conclusiones de derecho
Civil Núm. KAC-92-0820, n.2.
y
sentencia,
Asimismo, concluyó:
99. El único otro testigo que los demandados
presentaron
para
ofrecer
una
explicación
relacionada con el despido de John Belk fue el
demandado Lawrence Odell quien testificó que no
tenía confianza en John Belk.
Los hechos
narrados por Odell no nos merecen credibilidad y
de haber ocurrido los mismos no se desprende en
forma alguna que den base para cuestionarse la
confianza de Belk.
[...]
101. No le damos credibilidad al testimonio
de Lawrence Odell a los efectos [de] que en
marzo de 1992, John Belk supuestamente fue donde
él y le dijo que ‘people are choosing sides’ y
que el escogería el lado de Sierra. Id., pág.
20.”
5
Otros
procesos
judiciales
generados
por
la
disolución de la sociedad profesional son: Sierra y otros
v. Martínez y otros, (Civil Núm. KPE 92-0228); Martínez y
otros v. Sierra y otros, (Civil Núm. KAC 92-0558). Además,
en el Tribunal Federal se instó Serapión v. Martínez y
otros, (Civ. Núm. 93-1790).
AB-98-46
8
con cautela los méritos de cada una de las quejas ante
nuestra consideración, tal y como abogan los querellados
Martínez
y
Odell.
reconsideración
y
en
Aun
las
así,
sus
argumentos
en
comparecencias
especiales,
nos
convencen que debe subsistir la sanción censurándoles.
III
El mandato del Canon 35 es claro:6 todo abogado tiene
la ineludible obligación de ajustarse a la fidelidad de los
hechos
tanto
notario
o
en
como
su
gestión
abogado
profesional
litigante--,
así
--ya
como
sea
como
en
sus
gestiones personales. Incluye actuaciones en las que se
despoja de su toga de abogado y convierte en cliente de
otro abogado.
Ceñirse a la verdad según el Canon 35, va más allá que
ocasionar perjuicio a tercero o deliberadamente defraudar o
engañar. Se infringe este deber deontológico con el hecho
objetivo de faltar a la verdad en funciones propias de un
abogado
6
o
cuando,
actuando
como
ciudadano
común,
En lo pertinente reza:
“La conducta de cualquier miembro de la
profesión legal ante los tribunales, para con
sus representados y en las relaciones con sus
compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar
medios que sean inconsistentes con la verdad ni
se debe inducir al juzgador a error utilizando
artificios o una falsa relación de los hechos o
del derecho. [...].
El abogado debe ajustarse a la sinceridad
de los hechos al examinar los testigos, al
redactar afidávit u otros documentos, y al
presentar causas. [...].” (énfasis suplido).
se
AB-98-46
9
pretende
realizar
actos
jurídica.
Más
un
que
o
ideal
negocios
de
irrealizable,
trascendencia
la
verdad
es
atributo inseparable del ser abogado y, sin la misma, no
podría la profesión jurídica justificar su existencia.
Los querellados Martínez y Odell no controvierten el
dato
esencial
de
que
los
hechos
que
consignaron
en
la
escritura pública no eran veraces. Su alegato principal de
que se trató de una simple inadvertencia no convence. Se
trata de un hecho material lo suficientemente importante en
el
contexto
general
que
motivó
la
otorgación
de
la
escritura pública, como para que no pasara desapercibido.
De
hecho,
en
su
comparecencia
el
otro
otorgante
Lcdo.
Colorado, reconoce que para no incurrir en la falta que
motivó nuestra enérgica censura "[q]uizás se debió haber
aclarado con más énfasis que se firmaba dicha escritura
para retrotraerse al momento de constituirse el plan, y que
por eso se decía que éramos solamente tres (3) socios".
Comparecencia Especial Lcdo. Colorado, pág. 3.
Por
otro
lado,
la
falta
de
veracidad
de
los
otorgantes, independientemente de su intención y de si se
ocasionó daño a
tercero, es inexcusable dado
preferente
nuestro
instrumentos
que
públicos.
Por
ordenamiento
su
otorga
condición
de
el sitial
a
los
abogados,
conocían cabalmente la naturaleza del acto que realizaban.
In re: Colón Ramery, res. en 8 de junio de 1993. Tenían la
obligación de brindar al notario los hechos exactos que
declaraban. Su responsabilidad no puede ser subestimada con
el eufemismo de que se trató de "un mero error de juicio" o
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10
"de forma". Faltaron claramente a la verdad, y no quedan
excusados
aludiendo
a
las
motivaciones
que
pudo
haber
tenido el Lcdo. Sierra Jr. al formular la presente queja.
Sobre el quejoso, Lcdo. Sierra Jr., -conociera o no el
contenido exacto de la escritura desde que se otorgó-, lo
cierto es que ello es inmaterial para determinación de si
los abogados Martínez y Odell violaron el Canon 35.
Independientemente
de
su
inmaterialidad,
aunque
a
simple vista las versiones ofrecidas por el Lcdo. Sierra
Jr. y los Lcdos. Calabria y Colorado parecen conflictivas,
un examen cuidadoso de los documentos sometidos refleja que
las comparecencias de los Lcdos. Calabria y Colorado no
refutan cabalmente la posición de Sierra Jr. de que conoció
el contenido exacto de la escritura pública en el año 1992,
cuando obtuvo copia del plan de pensiones del bufete y de
la escritura pública otorgada en 1981. Si bien el Lcdo.
Calabria sostiene en contrario -que el Lcdo. Sierra Jr.
conocía el contenido del plan y de la escritura pública
desde el mismo momento en que se otorgó-, sus alegaciones
en todo momento se circunscriben a aducir que el Lcdo.
Sierra Jr. conocía o debió haber conocido su contenido.
Comparecencia,
Procurador
General,
pág.
2.
Ello
es
insuficiente para refutar lo expuesto por el Lcdo. Sierra
Jr.
Finalmente,
no
podemos
pasar
por
alto
las
insinuaciones de parcialidad que se nos atribuye. No sólo
son
altamente impropias, sino que en nada desvirtúan la
falta de veracidad de los Lcdos. Martínez y Odell. Como
AB-98-46
señalamos
11
previamente,
la
consideración
de
las
quejas
disciplinarias contra los involucrados en los hechos que
dieron base a nuestra decisión del 12 de abril pasado no ha
finalizado. Somos
plenamente
conscientes de
que
el
Lcdo. Colorado suscribió también la escritura pública en la
que
los
Lcdos.
Martínez
y
Odell
vertieron
información
falsa. Al igual que ambos, el Lcdo. Colorado en su momento
responderá por su conducta.
Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia
proveyendo no ha lugar a la moción de reconsideración de
los Lcdos. Martínez y
Odell.
Se dictará la correspondiente Sentencia.
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12
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Fred H. Martínez
Lawrence Odell
AB-98-46
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se dicta sentencia y se provee no ha lugar a la
moción de reconsideración de los Lcdos. Fred H. Martínez y
Lawrence Odell.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López
emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Corrada del
Río reconsideraría y limitaría la sanción a una amonestación.
El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
AB-98-46
13
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Fred H. Martínez
Lawrence Odell
AB-98-46
CONDUCTA
PROFESIONAL
OPINION DISIDENTE EMITIDA, EN ETAPA DE RECONSIDERACIÓN, POR EL JUEZ ASO
SEÑOR REBOLLO LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999
El
pasado
determinación
12
de
de
abril
de
la
mayoría
1999
de
disentimos
los
de
integrantes
la
del
Tribunal de "censurar enérgicamente" a los Lcdos. Fred H.
Martínez y Lawrence Odell. Entendimos entonces --posición
que reiteramos en el día de hoy-- que no procedía la
imposición de sanción disciplinaria de clase alguna por
razón
de
que
la
conducta
en
que
incurrieron
dichos
abogados no trascendió los línderos de un mero error de
juicio,
carente
dicha
conducta
de
intención
de
clase
alguna, de parte de dichos abogados, de causarle daño a
otra persona. De hecho, la ausencia en el presente caso de
daño alguno a tercero es algo que, incluso, la Mayoría se
ve obligada a reconocer.
AB-98-46
14
En el día de hoy, la Mayoría ha entendido procedente publicar una
Opinión
Per
Curiam
mediante
la
cual
deniega
la
moción
de
reconsideración que dichos abogados han radicado. Como de ordinario
sucede,
en
el
diario
vivir,
al
una
persona
intentar
explicar
o
justificar un error que ha cometido, la Mayoría comete un error aun más
grave que el que cometió el pasado 12 de abril de 1999.
Nos
referimos,
naturalmente,
a
la
norma
que
hoy
establece
el
Tribunal a los efectos de que el Canon 35 de los de Etica Profesional
se
aplica
a
conducta,
o
gestiones
personales,
realizada
por
los
miembros de la profesión que no tienen nada que ver con el ejercicio de
la misma e independientemente del hecho de que el abogado haya tenido,
o
no,
intención
de
faltar
a
la
verdad
o
de
causarle
daño
a
otra
persona.
En primer lugar, una lectura del primer párrafo del mencionado
Canon
35
claramente
demuestra
que
esta
posición
es
una
totalmente
errónea; el mismo establece que la “...conducta de cualquier miembro de
la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados, y
en
las
relaciones
con
sus
compañeros
debe
ser
sincera
y
honrada.”
(Enfasis suplido.) El referido Canon 35 no puede ser más claro. El
mismo
obviamente
relacionada
con
se
el
refiere
a
conducta
ejercicio
de
la
del
profesión
abogado
y
no
directamente
en
relación
a
gestiones personales del abogado.
En segundo término, en el día de hoy la Mayoría ha establecido un
criterio
de
infracción
“responsabilidad
de
las
absoluta”
disposiciones
del
en
relación
citado
Canon
con
35
la
de
posible
Etica
Profesional al expresar que, a los fines antes mencionados, resulta
irrelevante el hecho de que el abogado tuviera la intención, o no, de
causarle daño a otro. Tal parece que la Mayoría entiende está lidiando
con la comisión de delitos públicos. No podemos refrendar tal posición.
AB-98-46
15
Por todo lo anteriormente expresado es que nos vemos obligados,
nuevamente, a diferir del criterio mayoritario en el presente caso.7
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
7
Rechazamos, de manera enérgica y al igual que lo hace la mayoría de los
integrantes del Tribunal, la velada imputación de parcialidad que se le hace a los
miembros del Tribunal. Ello no sólo es totalmente infundado sino que completamente
impropio de parte de los abogados que la hacen.