LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

1999 TSPR 113

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

V.

99 TSPR 113

Edwin De Jesús Alvarado

Recurrido

Número del Caso: CE-1994-0362

Abogado de la Parte Peticionaria:

Hon. Carlos Lugo Fiol,

Procurador General

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Víctor Gabriel Colón Bernier

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Juan Corujo Collazo

Fecha: 7/1/1999

Materia: Asesinato en Segundo Grado

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CE-94-362

CERTIORARI

Edwin De Jesús Alvarado

Acusado-recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 1 de julio de 1999

A finales del mes de junio de 1991, unas personas

derribaron un poste del tendido eléctrico, ubicado el

mismo en el Barrio Maragüez de Ponce, Puerto Rico. Al

caerse el poste, los cables de energía eléctrica que

tenía el mismo cayeron sobre las aguas del Río Maragüez.

Al

entrar

en

contacto

los

cables

con

las

aguas,

se

electrocutaron cuatro (4) personas, muriendo en el acto

las mismas. Las personas que derribaron el mencionado

poste hurtaron el cobre que se encontraba dentro del

transformador que estaba adherido al mismo, propósito

que había motivado a dichas personas a derribarlo.

La Policía de Puerto Rico comenzó la investigación del caso,

estando

a

cargo

de

la

misma

el

Agente

Fernando

Valls

Rivera,

adscrito a la División de Homicidios de la Comandancia de la Policía

de Ponce. Este citó al aquí recurrido, Edwin De Jesús Alvarado --por

conducto de un familiar de éste al que el agente conocía-- para que

compareciera al Cuartel de la Policía de Ponce. Procede señalar que

De Jesús Alvarado, a la sazón, era una persona de veintitrés (23)

años de edad que había cursado hasta el quinto grado de escuela

elemental.

De Jesús Alvarado llegó, sólo, al Cuartel de la Policía a las

8:00 a.m. del día 28 de junio de 1991. Allí lo esperaba el Agente

Valls

Rivera.

sospechoso,

Este

junto

a

informó

a

otras

dos

De

Jesús

personas,

Alvarado

que

de

hechos

los

él

era

antes

mencionados; que los delitos cometidos --que incluían cuatro (4)

cargos por asesinato en primer grado-- conllevaban muchos años de

cárcel; que si él cooperaba con la Policía, el agente estaba en

disposición de cooperar con él, hablando con el fiscal para que le

dieran inmunidad; y que el agente no podía concederle esta inmunidad

pero que estaba dispuesto a hablar sobre ello con el fiscal para que

éste le ayudara.

De Jesús Alvarado manifestó que él estaba en disposición de

servir de testigo contra las otras dos personas involucradas en los

hechos,

Marcos

A.

Vázquez

y

José

M.

Colón,

siempre

que

las

autoridades cooperaran con él, es decir, siempre que no lo acusaran.

El

Agente

Valls

Rivera

procedió,

entonces,

a

hacerle

las

advertencias de ley a De Jesús Alvarado, procediendo el agente a

entregarle el correspondiente formulario para ello, el cual firmó De

Jesús Alvarado. No hubo amenaza de clase alguna de parte del agente

del

orden

público.

De

Jesús

Alvarado

prestó

la

correspondiente

declaración ante el mencionado agente, aceptando su participación en

los hechos antes mencionados e inculpando a otras dos personas.

Valls Rivera procedió entonces, a eso de las 11:00 a.m., a

llamar

por

teléfono

instrucciones

a

al

los

Fiscal

policías

Octavio

para

Malavé.

que

Este

éstos

le

impartió

ocuparon

cierta

evidencia. A la 1:00 p.m. del referido día, el Agente Valls Rivera

compareció a Fiscalía con el aquí recurrido. El agente habló a solas

con el Fiscal Malavé por aproximadamente quince (15) minutos, luego

de lo cual el fiscal se reunió con De Jesús Alvarado. El fiscal

procedió a hacerle las advertencias de ley al sospechoso. De Jesús

Alvarado le informó al fiscal, a preguntas de este último, que

entendía

las

mismas.

Procedió,

entonces,

De

Jesús

Alvarado

a

relatarle al fiscal todo lo ocurrido, firmando la correspondiente

declaración

escrita.

Dicha

declaración

fue

prestada,

conforme

determinó el tribunal de instancia en la vista de supresión que

celebrara, bajo la creencia de que no sería acusado; esto es, De

Jesús Alvarado actuó bajo la promesa que, en la mañana, le hiciera

el agente. Debe señalarse, sin embargo, que el fiscal no le hizo

promesa de clase alguna como tampoco lo amenazó.

El Fiscal Malavé, posteriormente, se comunicó con el Fiscal de

Distrito de Ponce, el Lcdo. Pedro Gerónimo Goyco respecto a la

oferta de ayuda hecha a De Jesús Alvarado por Valls Rivera. El jefe

de los fiscales autorizó a su subordinado a radicar denuncias contra

De Jesús Alvarado por un cargo de homicidio voluntario y un cargo de

apropiación

ilegal

agravada,

alegación

de

culpabilidad,

beneficios

de

una

y

sentencia

bajo

la

condición

de

que

con

la

posibilidad

de

recibir

los

que

hubiera

un

suspendida,

siempre

hiciera

informe positivo de la oficina de oficiales probatorios. Contra los

otros

dos

acusados

se

radicaron

denuncias

por

cuatro

cargos

de

asesinato en primer grado, un cargo de apropiación ilegal agravada y

un cargo de daños maliciosos. Se incluyó, en estas denuncias, a De

Jesús Alvarado como testigo de cargo. Se sometieron las denuncias,

para

determinación

expediente”.

de

causa

probable

para

arresto,

“por

el

Llegada el día de la vista preliminar, a ser celebrada la misma

contra De Jesús Alvarado y los otros dos acusados, compareció el

primero asistido de abogado. Este informó que, habiendo incumplido

el Estado su promesa de no acusar a su representado, De Jesús

Alvarado no declararía contra los otros dos acusados. Consecuencia

de

ello

fue

la

determinación

de

inexistencia

de

causa

probable

contra los otros dos acusados. Contra De Jesús Alvarado se determinó

causa probable por los delitos de homicidio y apropiación ilegal

agravada. El ministerio fiscal, en vista de la negativa de éste de

declarar, acudió “en alzada” ante el extinto Tribunal Superior, el

cual determinó causa probable contra De Jesús Alvarado, a base de la

confesión prestada, por cuatro cargos de asesinato en primer grado,

un

cargo

de

apropiación

ilegal

agravada

y

un

cargo

de

daños

maliciosos.

Presentadas las correspondientes acusaciones, De Jesús Alvarado

radicó una moción de supresión de evidencia en la que solicitó se

suprimiera las confesiones por él prestadas por no ser las mismas

“voluntarias” en vista del hecho de que habían sido hechas bajo la

promesa de inmunidad. El extinto Tribunal Superior de Puerto Rico

suprimió las referidas confesiones. En la resolución que, a esos

efectos, emitió el foro de instancia se expresó, en síntesis y en lo

pertinente,

que

el

“...acusado

renunció

a

su

derecho

a

no

autoincriminarse [en cuanto a la primera confesión] descansando en

la creencia de que gozaría de inmunidad o de ciertos privilegios en

su beneficio. Ideas que fueron inculcadas por el Agente Valls y que

motivaron al acusado a declarar”. En cuanto a la confesión prestada

ante el Fiscal Malavé, el foro de instancia expresó que la misma

había sido el “producto de las admisiones viciadas y en violación al

debido proceso de ley que comenzó ese día en horas de la mañana en

las oficinas del Agente Valls quien mantenía comunicación telefónica

con el Fiscal.”

Inconforme, el Procurador General de Puerto Rico acudió, vía

certiorari, en revisión de dicha resolución ante este Tribunal. Le

imputó al foro de instancia haber errado:

“A. ...al concluir que las admisiones o confesión del

recurrido al agente Valls no fueron voluntarias, por razón

de haber sido presentadas bajo la creencia de que podría

obtener algún beneficio si declaraba.

B. ...al concluir que las admisiones o confesión del

recurrido al Fiscal Malavé son frutos del árbol ponzoñoso

o producto de las admisiones anteriores al agente Valls,

con efecto de supresión de la declaración jurada prestada

ante el Fiscal Malavé.”

Decidimos expedir. Habiendo radicado las partes sus respectivos

alegatos, y estando en condiciones de resolver el recurso radicado,

procedemos a así hacerlo.

I

Un

análisis

de

la

petición

de

certiorari,

y

del

alegato,

radicado por el Procurador General de Puerto Rico demuestra que son

varios los fundamentos que éste aduce en apoyo de su contención de

que erró el tribunal de instancia al suprimir las dos confesiones

prestadas por el recurrido De Jesús Alvarado; fundamentos que divide

en cuanto a dos etapas, esto es, la confesión prestada por el

recurrido, en horas de la mañana, ante el Agente Valls Rivera y la

confesión prestada, en horas de la tarde, por De Jesús Alvarado ante

el Fiscal Malavé. Veamos.

Sostiene

el

Procurador,

en

cuanto

a

la

primera

de

las

confesiones, que: (1) no se violó el derecho constitucional contra

la autoincriminación del recurrido por cuanto el Agente Valls Rivera

le hizo a éste las “advertencias de ley” que estableció el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos, hace más de tres décadas, en Miranda

v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); (2) la promesa de inmunidad, o de

ayuda,

que

le

hizo

el

mencionado

agente

del

orden

público

al

recurrido no vició --por involuntaria-- la confesión prestada por

este último y que dicha confesión es perfectamente admisible en

evidencia por cuanto no hubo amenazas, ni violencia ni intimidación

de parte del agente; y (3) asemeja lo ocurrido entre el agente y el

recurrido al procedimiento que se lleva a cabo en una “alegación

pre-acordada”, procedimiento que es perfectamente válido.

En cuanto a la confesión prestada por De Jesús Alvarado ante el

Fiscal Malavé, en horas de la tarde sostiene el Procurador General

que: (1) la misma es completamente independiente de la primera,

citando en apoyo la decisión emitida por este Tribunal en Pueblo v.

Ramos

Alvarez,

122

D.P.R.

287

(1988);

y

(2)

el

fiscal

también

cumplió con lo requerido en Miranda v. Arizona, ante, al hacerle las

“advertencias de ley” al recurrido, y que en esta ocasión no hubo

promesas de beneficios como tampoco coacción de clase alguna.

II

De

entrada,

Constitución

del

recordamos

Estado

que

Libre

el

derecho

Asociado

de

que

Puerto

garantiza

Rico

a

la

todo

ciudadano de este País, ante una imputación de delito por parte del

Estado, a permanecer callado, esto es, a no incriminarse y a que su

silencio no puede ser tomado como prueba en su contra, es uno de los

derechos

más

fundamentales

y

trascendentales

en

nuestra

jurisdicción. Pueblo en interés del menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551

(1989).

Debido

precisamente

jurisprudencial

firmemente

a

ello

es

establecida,

que

constituye

tanto

en

la

doctrina

jurisdicción

nuestra como en la federal, que cuando una investigación criminal

que está siendo realizada por agentes del

orden

público se centra

sobre una persona en particular --esto es, cuando esa persona se

convierte

en

sospechosa

de

la

comisión

del

delito

bajo

investigación-- si es que dichos agentes pretenden interrogar al

sospechoso, dichos agentes vienen en la ineludible obligación de

advertirle inmediatamente a esta persona de una serie de derechos

constitucionales

que

nuestro

ordenamiento

le

garantiza;

derechos

tales

como,

entre

otros,

el

derecho

a

permanecer

callado,

que

cualquier manifestación que haga podrá ser luego utilizada en su

contra durante el juicio que se le celebre, que tiene derecho a un

abogado, ya sea éste de su propia selección en caso de que pueda él

pagar el mismo, o de un abogado provisto en forma gratuita por el

Estado, etc. Véase, entre otros: Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478

(1984);

Miranda

v.

Arizona,

ante;

Rivera

Escuté

v.

Jefe

de

Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965); Pueblo v. Falú Martínez 116

D.P.R. 828 (1986); Pueblo v. Ruíz Bosch, 127 D.P.R. 762 (1991).

III

En el presente caso, como hemos visto, en el momento en que el

recurrido De Jesús Alvarado es citado a comparecer al Cuartel de la

Policía de Ponce por el Agente Valls Rivera ya era considerado,

por

la

los

Policía

de

responsables

de

Puerto

Rico,

sospechoso

de

ser

los

hechos

acaecidos en

el

uno

Río

de

Maragüez. La

mejor evidencia de lo anteriormente expresado es que, tan pronto

como De Jesús Alvarado llega al Cuartel, el Agente Valls Rivera le

informa que él es sospechoso de haber participado en la comisión de

los hechos en controversia junto a otras dos personas.

Ello

no

obstante,

el

Agente

Valls

Rivera

incumplió

con

su

ineludible obligación de advertirle al recurrido de sus derechos

constitucionales al comienzo de la entrevista. Siendo ya sospechoso

De Jesús Alvarado de los hechos que estaban siendo investigados por

el Agente Valls Rivera, éste no podía posponer las advertencias de

rigor para el momento que él considerara más conveniente.1

La

omisión

en

que

así

incurrió

el

Agente

Valls

Rivera,

a

nuestro juicio, vició todo lo que posteriormente ocurrió en dicha

entrevista, haciendo que la confesión que De Jesús Alvarado prestara

1

No pasa desapercibido el hecho de que el Agente Valls Rivera citó

al recurrido por medio de un familiar de éste a quien el agente

conocía; esto es, de una manera no oficial con el aparente propósito

de lograr que el recurrido compareciera sólo, lo que hizo.

luego

ante

el

mencionado

agente

del

orden

público

sea

una

inadmisible en evidencia. Nuestra determinación a los efectos antes

mencionados está cimentada en la firme creencia y convicción de que

no

podemos

dejar

al

arbitrio

y

discreción

de

los

agentes

investigadores del Estado el momento en que éstos deberán hacer

dichas advertencias a los sospechosos de la comisión de un delito

público.

En otras palabras, tan pronto como dicha persona es considerada

sospechoso, es decir, tan pronto como la investigación se “enfila”

hacia una persona en particular, los agentes vienen en la obligación

de hacerle las advertencias a éste. No se trata de un juego donde

prevalece el más listo; de lo que se trata es de la observancia de

derechos fundamentales garantizados por la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Lo

expresado

realmente

hace

innecesario

que

consideremos

y

discutamos la analogía que pretende hacer el Procurador General

entre lo ocurrido en este caso, entre Valls Rivera y De Jesús

Alvarado, y el procedimiento de “alegación pre-acordada”. Realmente

sorprende que el Procurador haga esa analogía. Basta con decir que

en el procedimiento de “alegación pre-acordada”, reglamentado por

las Reglas de Procedimiento Criminal, el acusado está asistido de

abogado y el tribunal participa en dicho procedimiento; situación de

hechos completamente distinta y diferente a la que presenta el caso

que hoy ocupa nuestra atención.

IV

En cuanto a la confesión prestada por De Jesús Alvarado ante el

Fiscal Malavé de la Fiscalía de Distrito de Ponce, el Procurador

sostiene que la misma es completamente independiente y separada de

la confesión prestada ante el Agente Valls Rivera; esto es, que nada

de lo sucedido en horas de la mañana entre el agente y el recurrido

afecta lo sucedido en horas de la tarde en la Fiscalía de Ponce. En

apoyo de esta posición, el Procurador General cita el caso de Pueblo

v. Ramos Alvarez, ante.

Dicho caso es totalmente distinguible del presente caso. En

Ramos

Alvarez,

se

ante,

planteó

si

una

confesión

extrajudicial

prestada por un sospechoso durante la etapa investigativa del caso,

y que alegadamente había sido involuntaria, viciaba el testimonio, o

confesión

judicial,

de

esa

persona,

prestada

bajo

el

manto

de

inmunidad, mientras declaraba en corte --cinco meses más tarde-como

testigo

de

cargo

contra

los

otros

coautores

del

delito

imputado. Este Tribunal resolvió la mencionada interrogante en la

negativa. Al así resolver, expresó este Tribunal, en lo pertinente,

que:

“...se puede admitir una confesión con posterioridad

a una obtenida ilegalmente siempre y cuando se demuestre

que, consideraba la totalidad de las circunstancias, se ha

roto la cadena de eventos de tal forma que la segunda

confesión es voluntaria y libre de los defectos de la

primera...” (Enfasis suplido.)

Aparte de lo ya señalado y determinado en la Parte III de la

ponencia --a los efectos de que la omisión en que incurrió el Agente

Valls Rivera, al no hacerle inmediatamente las advertencias de ley

al aquí recurrido, vició todo lo posteriormente ocurrido-- en el

presente caso De Jesús Alvarado confesó ante el Fiscal Malavé por

razón de que todavía continuaba, en horas de la tarde, bajo la

creencia de que a él no lo acusarían de los hechos ocurridos,

producto dicha creencia de las promesas hechas, en horas de la

mañana, por el Agente Valls Rivera. Así lo determinó el tribunal de

instancia en la resolución que emitiera luego de celebrar la vista

de supresión de evidencia; determinación de hecho a la que llegara

luego de escuchar, y ver, declarar a los testigos presentados en la

misma.

No

se

nos

ha

señalado

razón

alguna

demostrativa

de

la

incorrección de dicha determinación de hecho; razón por la cual la

misma merece nuestra deferencia. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129

D.P.R. 49 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 641 (1986).

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha expresado que la

investigación que tiene que hacer el foro judicial, al determinar si

una confesión fue, o no, “voluntaria”, tiene dos (2) vertientes, a

saber: primero, si la renuncia del derecho fue el producto de una

decisión libre y deliberada en lugar de ser el producto de la

coacción,

renuncia

intimidación

debe

haber

o

la

sido

decepción.

hecha

con

En

segundo

completo

término,

conocimiento

de

la

la

naturaleza del derecho que se renuncia y con las consecuencias de la

misma. Véase: Morán v. Bushie, 475 U.S. 412, 421 (1986).

La confesión prestada, en horas de la mañana, por De Jesús

Alvarado en el Cuartel de la Policía de Ponce ante el Agente Valls

Rivera no cumple con los requisitos antes mencionados. Por otro

lado, y distinto al caso de Ramos Alvarez, ante, somos del criterio

que, de la totalidad de las circunstancias del presente caso, no se

puede

concluir

que

se

rompió

la

“cadena

de

eventos”,

entre

lo

ocurrido en horas de la mañana en el Cuartel y lo ocurrido en horas

de la tarde en la Fiscalía, de forma tal que la confesión prestada

en

Fiscalía

voluntaria;

pueda

ello

ser

desde

considerada

el

punto

de

como

una

vista

de

independiente

que

la

misma

y

fue

prestada, por el recurrido De Jesús Alvarado, bajo la misma creencia

de que le sería concedida inmunidad. Ello hace la referida confesión

igualmente inadmisible en evidencia.

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

se

dicta

Sentencia

confirmatoria de la resolución emitida en el presente caso por el

antiguo

Tribunal

Superior

de

Puerto

Rico,

Sala

de

Ponce,

devolviéndose el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores

consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Negrón García disiente

con opinión, a la cual se une la Juez Asociada señora Naveira de

Rodón.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CE-94-362

Certiorari

v.

Edwin De Jesús Alvarado

Acusado-recurrido

Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García a la cual se

une la Juez Asociada señora Naveira de Rodón

San Juan, Puerto Rico, a 1ro. de julio de 1999

I

“Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio

testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en

cuenta

ni

comentarse

Constitución

del

en

su

E.L.A.

contra”.

(Énfasis

Art.

II,

Sec.

11,

nuestro).

Como

su

concordante federal, este precepto define la protección de

todo

ciudadano

confesiones

a

no

arrancadas

inculparse

mediante

utilizando

medios

admisiones

o

inaceptables,

tales como la violencia, intimidación y engaño. Pueblo en

interés del menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551 (1989); Moran v.

Burbine,

475

ambiente

libre

U.S.

412

(1986).

Pretende

de coacción en el cual

fomentar

un

nadie

sea

compelido

a

incriminarse

y,

a

su

vez,

evitar

que

sean

admisibles en un juicio penal declaraciones de poca confiabilidad.

Como

derecho,

es

renunciable.

Las

confesiones

o

admisiones

incriminatorias son válidas si media renuncia consciente, inteligente y

voluntaria.

Pueblo

en

interés

del

menor

J.A.B.C.,

supra;

Moran

v.

Burbine, supra; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Es consciente

e inteligente cuando, antes de cualquier interrogatorio, el sospechoso

bajo custodia es informado apropiadamente de ese derecho, que incluye

la

advertencia

crucial

de

que

cualquier

declaración

que

haga

al

respecto puede ser usada en su contra. Pueblo v. Rivera Nazario, res.

en 7 de noviembre de 1996; Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. (1991);

Colorado v. Spring, 107 S. Ct. 851 (1987); Miranda v. Arizona, supra.

De

otro

lado,

la

renuncia

coacción,

intimidación

J.A.B.C.,

supra;

o

es

voluntaria

-Pueblo

violencia,

Colorado

v.

cuando

Connelly,

en

479

es

realizada

interés

U.S.

157

del

sin

menor

(1986)-,

ni

producto de medios subrepticios o dolosos. Pueblo v. López Guzmán, 131

D.P.R. 867 (1992).

Al

evaluar

la

validez

de

una

renuncia,

los

tribunales

deben

examinar la totalidad de las circunstancias que rodearon la confesión.

Pueblo v. Rivera Nazario, supra; Pueblo v. Ruiz Bosch, supra.

Bajo

este

mayoritario

de

prisma,

que

no

la

podemos

confesión

suscribir

el

respetable

de

De

Jesús

Edwin

criterio

Alvarado

es

inadmisible por no ser voluntaria. Los hechos no avalan la conclusión

de

que

los

agentes

del

orden

público

le

mintieron

o

engañaron.

Expongámoslos.

II

Conforme la resolución del Tribunal de Primera Instancia (Hon.

Juan Corujo Collazo), el agente Fernando L. Valls Rivera le solicitó a

De Jesús Alvarado, a través de una tía, que pasara por el cuartel de la

Policía. De Jesús Alvarado accedió, y a las 8:00 A.M. del 28 de junio

de 1991 compareció sólo para reunirse con el agente. Esta reunión duró

pasadas las 10:30 a.m. El agente Valls Rivera le explicó a De Jesús

Alvarado que era sospechoso junto a otras personas, y si “cooperaba” en

la investigación, ellos a su vez cooperarían con él hablando con el

fiscal para que éste le ofreciera inmunidad. El agente Valls Rivera

también

le

apercibió

que

las

penas

aplicables

a

estos

hechos

conllevaban muchos años de cárcel. Aclaró “que él no podía concederle

inmunidad, pero que hablaría con el fiscal para que éste lo ayudara.”

(Resolución, pág. 2). De Jesús Alvarado, inmediatamente manifestó que

estaba dispuesto a declarar. En ese momento el Agente Valls Rivera

procedió a hacerle las advertencias de ley, a saber, que tenía derecho

a permanecer callado; que cualquier manifestación que hiciera podía ser

usada en su contra; que tenía derecho a hablar con un abogado para que

le aconsejara antes de que le hicieran cualquier pregunta y además que

dicho abogado podía acompañarlo durante el interrogatorio; que de no

poder pagar abogado, le conseguirían uno antes de interrogarlo, libre

de costo, si así deseaba; que si decidía contestar sin estar asistido

de abogado, podía negarse a contestar cualquier pregunta y solicitar

asistencia legal; y que su declaración tenía que ser libre, voluntario

y

espontánea

y

no

podía

ejercerse

presión

alguna,

ni

amenaza,

ni

coacción o intimidación para obligarlo a declarar. También le entregó a

De Jesús Alvarado el formulario con estas advertencias, quién las leyó,

afirmó entenderlas y firmó.

Concluido ese trámite, el agente Valls Rivera, le tomó entonces la

declaración sin amenaza, ni violencia alguna. En su presencia llamó al

fiscal Iván O. Malavé De Jesús para hablarle lo que conversaba con De

Jesús Alvarado. El fiscal le indicó que pasara por su oficina a las

11:00 A.M. ese día. Así lo hizo el agente Valls Rivera. En Fiscalía, el

fiscal Malavé De Jesús le instruyó ante el agente Ismael Robles, que

fueran a la residencia de la abuela de De Jesús Rivera y ocuparan el

hacha

utilizada

para

derribar

el

poste

de

energía

eléctrica

cuyos

cables cayeron al Río Maraguez, causando eventualmente la electrocución

de cuatro (4) personas.

Alrededor de la 1:00 P.M., De Jesús Alvarado, acompañado de los

agentes Valls Rivera e Ismael Robles, visitó la Fiscalía, donde se

entrevistó con el fiscal Malavé De Jesús. El fiscal le leyó otra vez

las advertencias y le preguntó si las había entendido y eran los mismos

derechos que el agente Valls Rivera le había advertido y él había

firmado; manifestó que sí. De Jesús Alvarado procedió entonces a hacer

su declaración ante el Fiscal Malavé De Jesús sin que hubiera amenazas

ni promesas de tipo alguno. Subsiguientemente, el fiscal Malavé De

Jesús se comunicó con el Fiscal de Distrito, Lcdo. Pedro Goyco, quien

no autorizó inmunidad total, sino que rebajara la acusación contra De

Jesús

Alvarado

a

un

(1)

solo

cargo

de

homicidio,

a

cambio

de

su

testimonio contra los otros dos imputados.

El 27 de septiembre de 1991 se celebró la vista de causa probable

para arresto. (Regla 6, Procedimiento Criminal). Según autorizado por

el Fiscal de Distrito, Lcdo. Goyco, únicamente se sometieron denuncias

contra

De

Jesús

Alvarado

por

homicidio,

daño

agravado,

apropiación

ilegal agravada y conspiración. Contra los otros dos imputados, cuatro

cargos de asesinato en segundo grado, apropiación ilegal agravada, daño

agravado y conspiración. Sin embargo, en esta vista, De Jesús Alvarado

se negó a testificar alegando que las denuncias presentadas violaban el

acuerdo existente de concederle inmunidad total. Ante su negativa, el

fiscal

Malavé

De

Jesús

presentó

una

nueva

denuncia

en

la

que

se

incluyeron cuatro cargos de asesinato contra De Jesús Alvarado.

En Vista Preliminar (Regla 23, Procedimiento Criminal) se exoneró

a los otros imputados ya que De Jesús Alvarado se negó nuevamente a

testificar.

En

su

contra,

se

determinó

causa

probable

por

cuatro

homicidios involuntarios y los otros cargos. Finalmente, en alzada, se

determinó

causa

por

lo

solicitado

por

el

fiscal.

Presentadas

las

acusaciones, De Jesús Alvarado solicitó la supresión de su confesión.

En

la

vista

sobre

supresión,

en

esencia,

De

Jesús

Alvarado

testificó que si cooperaba podía lograr que no lo acusaran y que se

sintió

intimidado

por

los

años

de

cárcel

que

conllevaban

las

acusaciones. Indicó que había confiado en el agente Valls Rivera porque

éste conocía a una de sus tías y que, como “ellos” eran tan amigables

con él, no lo iban a acusar.

El ilustrado Tribunal de Instancia concluyó que la confesión debía

suprimirse

por

no

ser

voluntaria,

ya

que

no

fue

producto

del

remordimiento de la conciencia de De Jesús Alvarado, sino ofrecida en

la expectativa de obtener algún beneficio. Erró.

III

El razonamiento central del Tribunal de Instancia es que cualquier

influencia sobre las esperanzas y temores internos que experimenta un

sospechoso y le induzcan a prestar una confesión, la torna inadmisible.

Apoyó su dictamen en Pueblo v. Rivera, 7 D.P.R. 332 (1904) y Pueblo v.

Kent, 10 D.P.R. 343 (1906), decisiones de principio del siglo, basadas,

a su vez, en Bram v. U.S., 168 U.S. 532 (1897) y la casuística previa

existente,

todas

ellas

anteriores

a

Rivera

Escuté

v.

Jefe

de

Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965), Miranda v. Arizona, supra, y su

progenie.

Bram, a las págs. 542-543, resolvió que no sería admisible una

confesión

obtenida

independientemente

ejercicio

de

tajantemente

(1990),

de

cuán

“una

promesa

insignificante

directa

o

ésta

sea,

mediante

ni

tácita,

el

alguna

influencia

indebida”.

Este

análisis

fue

descartado

Arizona

Fulminante,

499

U.S.

279,

285

actuales,

no

aclaratorio

representaba

mediante

los

de

que

criterios

v.

bajo

para

los

precedentes

determinar

la

voluntariedad

de

una

de

las

confesión.

Nos

referimos

al

actual

análisis

de

la

totalidad

circunstancias, acogido por este foro, lo mismo que el Supremo Federal,

en Pueblo v. Ruiz Bosch, supra y Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S.

218 (1973). Esta doctrina se desarrolla ante la exigencia de que un

sospechoso bajo custodia debe ser apercibido de sus derechos antes de

ser

interrogado

y,

por

ende,

en

posición

de

renunciarlos.

No

es

necesario que la renuncia constituya una decisión correcta o racional.

Motivaciones tales como remordimiento o conveniencia del interrogado al

confesar son impertinentes. Colorado v. Connelly, supra.

En su perspectiva histórica, los casos que precedieron a Rivera

Escuté, supra, respondieron a la realidad de que en la rutina policial

investigativa, los agentes del orden público no estaban obligados a

advertir a los sospechosos, expresa y específicamente, de su derecho

constitucional a permanecer callados. Por esta razón, la ausencia de

esa advertencia no hacía inadmisibles esas declaraciones. Pueblo v.

Vales Avilés, 96 D.P.R. 246 (1968); Pueblo v. Montes, 64 D.P.R. 321

(1944); Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657 (1943); Pueblo v. Méndez, 54

D.P.R. 195 (1939). El criterio rector utilizado para determinar la

validez de una confesión o admisión era su voluntariedad. Pueblo v.

Méndez,

supra;

Pueblo

v.

Saldaña,

40

D.P.R.

580

(1930);

Pueblo

v.

Colón, 39 D.P.R. 904 (1929); Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501 (1920)

y Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228 (1915).

La aludida deficiencia en la dinámica investigativa policial y

fiscal, -inexistencia del deber constitucional y una omisión total en

la

definición

y

contenido

específico

de

las

advertencias

legales

enumeradas-, requería que los tribunales examinasen con cautela si una

confesión

o

admisión

era

producto

“de

amenazas

o

alicientes”.

El

desconocimiento del sospechoso en torno a que sus declaraciones podían

ser

usadas

en

su

contra

impuso

la

inadmisibilidad

automática

de

cualquier declaración que no fuese totalmente espontánea o libre de la

más mínima instigación.

Según expuesto, al presente la doctrina es otra. La mayoría, en su

análisis, erróneamente aplica un fragmento histórico de la evolución

del derecho a la no incriminación, obviando la vara a usarse en la

actualidad: la totalidad de las circunstancias.

IV

¿Y cuáles son esas circunstancias en el caso de autos? No se

cuestiona que a De Jesús Alvarado el agente Valls Rivera le comunicó su

intención de, si cooperaba, hablar con el fiscal para gestionar una

inmunidad. Además, le hizo saber una realidad objetiva por razón de las

cuatro (4) muertes: la seriedad de las acusaciones que podían pesar en

su

contra.

advirtió

Seguidamente,

de

su

antes

derecho

de

a

comenzar

permanecer

el

interrogatorio,

callado;

que

le

cualquier

manifestación que hiciera podía ser usada en su contra; consultar un

abogado de su selección antes de decidir si declaraba o no, contar con

su asistencia durante el interrogatorio, y que de no poder pagarlo, el

Estado

estaba

cercioró

de

tuviere

quinto

obligado

que

las

a

proveérselo.

entendiera.

grado

de

Aún

escolaridad,

El

agente

cuando

De

no

presentó

se

Valls

Jesús

Rivera

se

Alvarado

sólo

prueba

que

de

careciera de capacidad suficiente para comprenderlas y entender las

consecuencias de su admisión.2 Pueblo v. Ramos, 122 D.P.R. 287, 309

(1988); Pueblo v. Alcalá, 109 D.P.R. 326 (1980); Oregon v. Elstad, 470

U.S. 298 (1985).

El agente Valls Rivera le hizo claro a De Jesús Alvarado que él no

podía concederle inmunidad. Circunscribió su diligencia a que hablaría

con el fiscal para ayudarle, lo cual cumplió. En ningún momento le dijo

a

De

Jesús

Alvarado

que

se

le

daría

inmunidad

a

cambio

de

su

testimonio. Nada en los autos revela intención de engañarlo. Si De

Jesús

Alvarado

se

creó

una

impresión

distinta

o

generó

falsas

expectativas o esperanzas, éstas fueron producto de su percepción u

optimismo, no de representaciones espúreas del agente Valls Rivera o

del fiscal Malavé De Jesús.

Aclaramos,

que

del

propio

testimonio

de

De

Jesús

Alvarado

incontrovertidamente surge que no existió ambiente de coacción que le

compeliera a confesar. Testificó que los policías y el Fiscal Malavé De

Jesús fueron amigables al punto que levantaron sus esperanzas de que no

se le acusaría. En recta doctrina, ausente violencia, intimidación o

Incluso la ausencia de escolaridad no anula una confesión si se

establece que el sospechoso tiene capacidad suficiente para comprender

las consecuencias de sus actos. Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R.

515 (1987).

2

engaño,

ese

tipo

de

percepción

subjetiva,

no

es

suficiente

para

invalidar una confesión.

V

A título comparativo y valor persuasivo, otras jurisdicciones han

llegado a la misma conclusión en situaciones similares. Han resuelto

que

una

confesión

no

es

involuntaria

meramente

porque

se

prometa

lenitud si el sospechoso coopera, siempre que su decisión sea libre e

independiente. U.S. v. Guarno, 819 F.2d 28(2do. Cir. 1987); U.S. v.

Alvarado, 888 F. 2d. 645 (2do. Cir. 1989) y U.S. v. Pumares, 499 F. 2d.

1220 (2do. Cir. 1975).

U.S. v. Pelton, 835 F.2d 1073 (4to. Cir. 1987), decidió que el

análisis

para

sospechoso

se

determinar

la

ha

tenazmente

visto

voluntariedad

es

si

la

volición

del

oprimida

o

su

capacidad

de

autodeterminación deteriorada críticamente. Con gran sentido común, el

Tribunal aclara que voluntariedad no puede equipararse con ausencia

absoluta

de

intimidación,

pues,

bajo

tal

análisis,

ninguna

manifestación sería voluntaria. Los agentes pueden, de forma apropiada,

iniciar

discusiones

indicarle

que

harán

para

instar

saber

su

la

cooperación

ayuda;

lo

de

impropio

un

es

sospechoso

hacer

e

promesas

específicas. U.S. v. Shears, 762 F. 2d. 397 (4to. Cir. 1985); U.S. v.

León Guerrero, 847 F. 2d. 1363 (9no. Cir. 1988).

U.S.

v.

Fraction,

795

F.2d

12,

15

(3er.

Cir.

1986),

definió

promesa específica como “una oferta de hacer u omitir alguna acción

futura

bajo

el

control

del

promitente,

en

circunstancias

donde

la

acción o inacción resultante tendrá algún impacto sobre aquél al que se

le hace la promesa.” (Traducción nuestra). Al evaluar la voluntariedad

de la declaración allí envuelta, se expresó que la controversia giraba

sobre si las manifestaciones del agente constituían una promesa que el

acusado entendiera el agente podía cumplir.

VI

En resumen, la declaración de De Jesús Alvarado fue en un ambiente

libre de coacción –en sus propias palabras, el agente Valls Rivera y el

fiscal Malavé De Jesús fueron “amigables”-. Al conocer la seriedad de

los cargos que le podían imputar, sintió temor por los años de cárcel

que podrían conllevar los delitos. Antes de confesar, fue advertido

específica y claramente de sus derechos constitucionales y legales -se

le

hicieron

verbalmente

en

dos

(2)

ocasiones

(por

escrito

en

una

ocasión), indicando entenderlas en todo momento-. Sobre todo, se le

explicó

que

no

estaba

en

manos

del

agente

Valls

Rivera

otorgar

beneficio alguno.

La

duración

(aproximadamente

de

dos

la

horas

detención

fue

y

Incluso,

media).

indudablemente

entre

la

razonable

entrevista

inicial con el agente Valls Rivera y la entrevista con el fiscal Malavé

De Jesús, transcurrieron alrededor de dos horas más en las que De Jesús

Alvarado tuvo tiempo de reflexionar y recapacitar su renuncia a los

derechos

informádoles.

El

que

las

gestiones

posteriores

del

agente

Valls Rivera y el fiscal Malavé De Jesús no tuvieran con el Fiscal de

Distrito, Lcdo. Goyco, el resultado que De Jesús Alvarado esperaba, no

vulneran la voluntariedad de su confesión.

No

estamos

ante

conducta

impropia

de

la

policía

o

Ministerio

Público. No existió coacción en la confesión por violencia física u

otro

medio

sospechoso.

deliberadamente

Pueblo

v.

López

calculado

para

Rodríguez,

romper

supra;

la

voluntad

Colorado

v.

del

Spring,

supra; Oregon v. Elstad, supra, pág. 312.

El análisis de la totalidad de las circunstancias revela que no

existen

fundamentos

fácticos

ni

jurídicos

válidos

para

la

mayoría

anular la confesión de De Jesús Alvarado. Disentimos. Es una injusticia

que queden impunes las muertes de cuatro personas inocentes, producidas

en su origen, por la comisión de varios delitos graves.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado