Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA OPINION
1999 TSPR 113
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA OPINION
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
V.
99 TSPR 113
Edwin De Jesús Alvarado
Recurrido
Número del Caso: CE-1994-0362
Abogado de la Parte Peticionaria:
Hon. Carlos Lugo Fiol,
Procurador General
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Víctor Gabriel Colón Bernier
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Juan Corujo Collazo
Fecha: 7/1/1999
Materia: Asesinato en Segundo Grado
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CE-94-362
CERTIORARI
Edwin De Jesús Alvarado
Acusado-recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 1 de julio de 1999
A finales del mes de junio de 1991, unas personas
derribaron un poste del tendido eléctrico, ubicado el
mismo en el Barrio Maragüez de Ponce, Puerto Rico. Al
caerse el poste, los cables de energía eléctrica que
tenía el mismo cayeron sobre las aguas del Río Maragüez.
Al
entrar
en
contacto
los
cables
con
las
aguas,
se
electrocutaron cuatro (4) personas, muriendo en el acto
las mismas. Las personas que derribaron el mencionado
poste hurtaron el cobre que se encontraba dentro del
transformador que estaba adherido al mismo, propósito
que había motivado a dichas personas a derribarlo.
La Policía de Puerto Rico comenzó la investigación del caso,
estando
a
cargo
de
la
misma
el
Agente
Fernando
Valls
Rivera,
adscrito a la División de Homicidios de la Comandancia de la Policía
de Ponce. Este citó al aquí recurrido, Edwin De Jesús Alvarado --por
conducto de un familiar de éste al que el agente conocía-- para que
compareciera al Cuartel de la Policía de Ponce. Procede señalar que
De Jesús Alvarado, a la sazón, era una persona de veintitrés (23)
años de edad que había cursado hasta el quinto grado de escuela
elemental.
De Jesús Alvarado llegó, sólo, al Cuartel de la Policía a las
8:00 a.m. del día 28 de junio de 1991. Allí lo esperaba el Agente
Valls
Rivera.
sospechoso,
Este
junto
a
informó
a
otras
dos
De
Jesús
personas,
Alvarado
que
de
hechos
los
él
era
antes
mencionados; que los delitos cometidos --que incluían cuatro (4)
cargos por asesinato en primer grado-- conllevaban muchos años de
cárcel; que si él cooperaba con la Policía, el agente estaba en
disposición de cooperar con él, hablando con el fiscal para que le
dieran inmunidad; y que el agente no podía concederle esta inmunidad
pero que estaba dispuesto a hablar sobre ello con el fiscal para que
éste le ayudara.
De Jesús Alvarado manifestó que él estaba en disposición de
servir de testigo contra las otras dos personas involucradas en los
hechos,
Marcos
A.
Vázquez
y
José
M.
Colón,
siempre
que
las
autoridades cooperaran con él, es decir, siempre que no lo acusaran.
El
Agente
Valls
Rivera
procedió,
entonces,
a
hacerle
las
advertencias de ley a De Jesús Alvarado, procediendo el agente a
entregarle el correspondiente formulario para ello, el cual firmó De
Jesús Alvarado. No hubo amenaza de clase alguna de parte del agente
del
orden
público.
De
Jesús
Alvarado
prestó
la
correspondiente
declaración ante el mencionado agente, aceptando su participación en
los hechos antes mencionados e inculpando a otras dos personas.
Valls Rivera procedió entonces, a eso de las 11:00 a.m., a
llamar
por
teléfono
instrucciones
a
al
los
Fiscal
policías
Octavio
para
Malavé.
que
Este
éstos
le
impartió
ocuparon
cierta
evidencia. A la 1:00 p.m. del referido día, el Agente Valls Rivera
compareció a Fiscalía con el aquí recurrido. El agente habló a solas
con el Fiscal Malavé por aproximadamente quince (15) minutos, luego
de lo cual el fiscal se reunió con De Jesús Alvarado. El fiscal
procedió a hacerle las advertencias de ley al sospechoso. De Jesús
Alvarado le informó al fiscal, a preguntas de este último, que
entendía
las
mismas.
Procedió,
entonces,
De
Jesús
Alvarado
a
relatarle al fiscal todo lo ocurrido, firmando la correspondiente
declaración
escrita.
Dicha
declaración
fue
prestada,
conforme
determinó el tribunal de instancia en la vista de supresión que
celebrara, bajo la creencia de que no sería acusado; esto es, De
Jesús Alvarado actuó bajo la promesa que, en la mañana, le hiciera
el agente. Debe señalarse, sin embargo, que el fiscal no le hizo
promesa de clase alguna como tampoco lo amenazó.
El Fiscal Malavé, posteriormente, se comunicó con el Fiscal de
Distrito de Ponce, el Lcdo. Pedro Gerónimo Goyco respecto a la
oferta de ayuda hecha a De Jesús Alvarado por Valls Rivera. El jefe
de los fiscales autorizó a su subordinado a radicar denuncias contra
De Jesús Alvarado por un cargo de homicidio voluntario y un cargo de
apropiación
ilegal
agravada,
alegación
de
culpabilidad,
beneficios
de
una
y
sentencia
bajo
la
condición
de
que
con
la
posibilidad
de
recibir
los
que
hubiera
un
suspendida,
siempre
hiciera
informe positivo de la oficina de oficiales probatorios. Contra los
otros
dos
acusados
se
radicaron
denuncias
por
cuatro
cargos
de
asesinato en primer grado, un cargo de apropiación ilegal agravada y
un cargo de daños maliciosos. Se incluyó, en estas denuncias, a De
Jesús Alvarado como testigo de cargo. Se sometieron las denuncias,
para
determinación
expediente”.
de
causa
probable
para
arresto,
“por
el
Llegada el día de la vista preliminar, a ser celebrada la misma
contra De Jesús Alvarado y los otros dos acusados, compareció el
primero asistido de abogado. Este informó que, habiendo incumplido
el Estado su promesa de no acusar a su representado, De Jesús
Alvarado no declararía contra los otros dos acusados. Consecuencia
de
ello
fue
la
determinación
de
inexistencia
de
causa
probable
contra los otros dos acusados. Contra De Jesús Alvarado se determinó
causa probable por los delitos de homicidio y apropiación ilegal
agravada. El ministerio fiscal, en vista de la negativa de éste de
declarar, acudió “en alzada” ante el extinto Tribunal Superior, el
cual determinó causa probable contra De Jesús Alvarado, a base de la
confesión prestada, por cuatro cargos de asesinato en primer grado,
un
cargo
de
apropiación
ilegal
agravada
y
un
cargo
de
daños
maliciosos.
Presentadas las correspondientes acusaciones, De Jesús Alvarado
radicó una moción de supresión de evidencia en la que solicitó se
suprimiera las confesiones por él prestadas por no ser las mismas
“voluntarias” en vista del hecho de que habían sido hechas bajo la
promesa de inmunidad. El extinto Tribunal Superior de Puerto Rico
suprimió las referidas confesiones. En la resolución que, a esos
efectos, emitió el foro de instancia se expresó, en síntesis y en lo
pertinente,
que
el
“...acusado
renunció
a
su
derecho
a
no
autoincriminarse [en cuanto a la primera confesión] descansando en
la creencia de que gozaría de inmunidad o de ciertos privilegios en
su beneficio. Ideas que fueron inculcadas por el Agente Valls y que
motivaron al acusado a declarar”. En cuanto a la confesión prestada
ante el Fiscal Malavé, el foro de instancia expresó que la misma
había sido el “producto de las admisiones viciadas y en violación al
debido proceso de ley que comenzó ese día en horas de la mañana en
las oficinas del Agente Valls quien mantenía comunicación telefónica
con el Fiscal.”
Inconforme, el Procurador General de Puerto Rico acudió, vía
certiorari, en revisión de dicha resolución ante este Tribunal. Le
imputó al foro de instancia haber errado:
“A. ...al concluir que las admisiones o confesión del
recurrido al agente Valls no fueron voluntarias, por razón
de haber sido presentadas bajo la creencia de que podría
obtener algún beneficio si declaraba.
B. ...al concluir que las admisiones o confesión del
recurrido al Fiscal Malavé son frutos del árbol ponzoñoso
o producto de las admisiones anteriores al agente Valls,
con efecto de supresión de la declaración jurada prestada
ante el Fiscal Malavé.”
Decidimos expedir. Habiendo radicado las partes sus respectivos
alegatos, y estando en condiciones de resolver el recurso radicado,
procedemos a así hacerlo.
I
Un
análisis
de
la
petición
de
certiorari,
y
del
alegato,
radicado por el Procurador General de Puerto Rico demuestra que son
varios los fundamentos que éste aduce en apoyo de su contención de
que erró el tribunal de instancia al suprimir las dos confesiones
prestadas por el recurrido De Jesús Alvarado; fundamentos que divide
en cuanto a dos etapas, esto es, la confesión prestada por el
recurrido, en horas de la mañana, ante el Agente Valls Rivera y la
confesión prestada, en horas de la tarde, por De Jesús Alvarado ante
el Fiscal Malavé. Veamos.
Sostiene
el
Procurador,
en
cuanto
a
la
primera
de
las
confesiones, que: (1) no se violó el derecho constitucional contra
la autoincriminación del recurrido por cuanto el Agente Valls Rivera
le hizo a éste las “advertencias de ley” que estableció el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, hace más de tres décadas, en Miranda
v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); (2) la promesa de inmunidad, o de
ayuda,
que
le
hizo
el
mencionado
agente
del
orden
público
al
recurrido no vició --por involuntaria-- la confesión prestada por
este último y que dicha confesión es perfectamente admisible en
evidencia por cuanto no hubo amenazas, ni violencia ni intimidación
de parte del agente; y (3) asemeja lo ocurrido entre el agente y el
recurrido al procedimiento que se lleva a cabo en una “alegación
pre-acordada”, procedimiento que es perfectamente válido.
En cuanto a la confesión prestada por De Jesús Alvarado ante el
Fiscal Malavé, en horas de la tarde sostiene el Procurador General
que: (1) la misma es completamente independiente de la primera,
citando en apoyo la decisión emitida por este Tribunal en Pueblo v.
Ramos
Alvarez,
122
D.P.R.
287
(1988);
y
(2)
el
fiscal
también
cumplió con lo requerido en Miranda v. Arizona, ante, al hacerle las
“advertencias de ley” al recurrido, y que en esta ocasión no hubo
promesas de beneficios como tampoco coacción de clase alguna.
II
De
entrada,
Constitución
del
recordamos
Estado
que
Libre
el
derecho
Asociado
de
que
Puerto
garantiza
Rico
a
la
todo
ciudadano de este País, ante una imputación de delito por parte del
Estado, a permanecer callado, esto es, a no incriminarse y a que su
silencio no puede ser tomado como prueba en su contra, es uno de los
derechos
más
fundamentales
y
trascendentales
en
nuestra
jurisdicción. Pueblo en interés del menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551
(1989).
Debido
precisamente
jurisprudencial
firmemente
a
ello
es
establecida,
que
constituye
tanto
en
la
doctrina
jurisdicción
nuestra como en la federal, que cuando una investigación criminal
que está siendo realizada por agentes del
orden
público se centra
sobre una persona en particular --esto es, cuando esa persona se
convierte
en
sospechosa
de
la
comisión
del
delito
bajo
investigación-- si es que dichos agentes pretenden interrogar al
sospechoso, dichos agentes vienen en la ineludible obligación de
advertirle inmediatamente a esta persona de una serie de derechos
constitucionales
que
nuestro
ordenamiento
le
garantiza;
derechos
tales
como,
entre
otros,
el
derecho
a
permanecer
callado,
que
cualquier manifestación que haga podrá ser luego utilizada en su
contra durante el juicio que se le celebre, que tiene derecho a un
abogado, ya sea éste de su propia selección en caso de que pueda él
pagar el mismo, o de un abogado provisto en forma gratuita por el
Estado, etc. Véase, entre otros: Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478
(1984);
Miranda
v.
Arizona,
ante;
Rivera
Escuté
v.
Jefe
de
Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965); Pueblo v. Falú Martínez 116
D.P.R. 828 (1986); Pueblo v. Ruíz Bosch, 127 D.P.R. 762 (1991).
III
En el presente caso, como hemos visto, en el momento en que el
recurrido De Jesús Alvarado es citado a comparecer al Cuartel de la
Policía de Ponce por el Agente Valls Rivera ya era considerado,
por
la
los
Policía
de
responsables
de
Puerto
Rico,
sospechoso
de
ser
los
hechos
acaecidos en
el
uno
Río
de
Maragüez. La
mejor evidencia de lo anteriormente expresado es que, tan pronto
como De Jesús Alvarado llega al Cuartel, el Agente Valls Rivera le
informa que él es sospechoso de haber participado en la comisión de
los hechos en controversia junto a otras dos personas.
Ello
no
obstante,
el
Agente
Valls
Rivera
incumplió
con
su
ineludible obligación de advertirle al recurrido de sus derechos
constitucionales al comienzo de la entrevista. Siendo ya sospechoso
De Jesús Alvarado de los hechos que estaban siendo investigados por
el Agente Valls Rivera, éste no podía posponer las advertencias de
rigor para el momento que él considerara más conveniente.1
La
omisión
en
que
así
incurrió
el
Agente
Valls
Rivera,
a
nuestro juicio, vició todo lo que posteriormente ocurrió en dicha
entrevista, haciendo que la confesión que De Jesús Alvarado prestara
1
No pasa desapercibido el hecho de que el Agente Valls Rivera citó
al recurrido por medio de un familiar de éste a quien el agente
conocía; esto es, de una manera no oficial con el aparente propósito
de lograr que el recurrido compareciera sólo, lo que hizo.
luego
ante
el
mencionado
agente
del
orden
público
sea
una
inadmisible en evidencia. Nuestra determinación a los efectos antes
mencionados está cimentada en la firme creencia y convicción de que
no
podemos
dejar
al
arbitrio
y
discreción
de
los
agentes
investigadores del Estado el momento en que éstos deberán hacer
dichas advertencias a los sospechosos de la comisión de un delito
público.
En otras palabras, tan pronto como dicha persona es considerada
sospechoso, es decir, tan pronto como la investigación se “enfila”
hacia una persona en particular, los agentes vienen en la obligación
de hacerle las advertencias a éste. No se trata de un juego donde
prevalece el más listo; de lo que se trata es de la observancia de
derechos fundamentales garantizados por la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Lo
expresado
realmente
hace
innecesario
que
consideremos
y
discutamos la analogía que pretende hacer el Procurador General
entre lo ocurrido en este caso, entre Valls Rivera y De Jesús
Alvarado, y el procedimiento de “alegación pre-acordada”. Realmente
sorprende que el Procurador haga esa analogía. Basta con decir que
en el procedimiento de “alegación pre-acordada”, reglamentado por
las Reglas de Procedimiento Criminal, el acusado está asistido de
abogado y el tribunal participa en dicho procedimiento; situación de
hechos completamente distinta y diferente a la que presenta el caso
que hoy ocupa nuestra atención.
IV
En cuanto a la confesión prestada por De Jesús Alvarado ante el
Fiscal Malavé de la Fiscalía de Distrito de Ponce, el Procurador
sostiene que la misma es completamente independiente y separada de
la confesión prestada ante el Agente Valls Rivera; esto es, que nada
de lo sucedido en horas de la mañana entre el agente y el recurrido
afecta lo sucedido en horas de la tarde en la Fiscalía de Ponce. En
apoyo de esta posición, el Procurador General cita el caso de Pueblo
v. Ramos Alvarez, ante.
Dicho caso es totalmente distinguible del presente caso. En
Ramos
Alvarez,
se
ante,
planteó
si
una
confesión
extrajudicial
prestada por un sospechoso durante la etapa investigativa del caso,
y que alegadamente había sido involuntaria, viciaba el testimonio, o
confesión
judicial,
de
esa
persona,
prestada
bajo
el
manto
de
inmunidad, mientras declaraba en corte --cinco meses más tarde-como
testigo
de
cargo
contra
los
otros
coautores
del
delito
imputado. Este Tribunal resolvió la mencionada interrogante en la
negativa. Al así resolver, expresó este Tribunal, en lo pertinente,
que:
“...se puede admitir una confesión con posterioridad
a una obtenida ilegalmente siempre y cuando se demuestre
que, consideraba la totalidad de las circunstancias, se ha
roto la cadena de eventos de tal forma que la segunda
confesión es voluntaria y libre de los defectos de la
primera...” (Enfasis suplido.)
Aparte de lo ya señalado y determinado en la Parte III de la
ponencia --a los efectos de que la omisión en que incurrió el Agente
Valls Rivera, al no hacerle inmediatamente las advertencias de ley
al aquí recurrido, vició todo lo posteriormente ocurrido-- en el
presente caso De Jesús Alvarado confesó ante el Fiscal Malavé por
razón de que todavía continuaba, en horas de la tarde, bajo la
creencia de que a él no lo acusarían de los hechos ocurridos,
producto dicha creencia de las promesas hechas, en horas de la
mañana, por el Agente Valls Rivera. Así lo determinó el tribunal de
instancia en la resolución que emitiera luego de celebrar la vista
de supresión de evidencia; determinación de hecho a la que llegara
luego de escuchar, y ver, declarar a los testigos presentados en la
misma.
No
se
nos
ha
señalado
razón
alguna
demostrativa
de
la
incorrección de dicha determinación de hecho; razón por la cual la
misma merece nuestra deferencia. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129
D.P.R. 49 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 641 (1986).
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha expresado que la
investigación que tiene que hacer el foro judicial, al determinar si
una confesión fue, o no, “voluntaria”, tiene dos (2) vertientes, a
saber: primero, si la renuncia del derecho fue el producto de una
decisión libre y deliberada en lugar de ser el producto de la
coacción,
renuncia
intimidación
debe
haber
o
la
sido
decepción.
hecha
con
En
segundo
completo
término,
conocimiento
de
la
la
naturaleza del derecho que se renuncia y con las consecuencias de la
misma. Véase: Morán v. Bushie, 475 U.S. 412, 421 (1986).
La confesión prestada, en horas de la mañana, por De Jesús
Alvarado en el Cuartel de la Policía de Ponce ante el Agente Valls
Rivera no cumple con los requisitos antes mencionados. Por otro
lado, y distinto al caso de Ramos Alvarez, ante, somos del criterio
que, de la totalidad de las circunstancias del presente caso, no se
puede
concluir
que
se
rompió
la
“cadena
de
eventos”,
entre
lo
ocurrido en horas de la mañana en el Cuartel y lo ocurrido en horas
de la tarde en la Fiscalía, de forma tal que la confesión prestada
en
Fiscalía
voluntaria;
pueda
ello
ser
desde
considerada
el
punto
de
como
una
vista
de
independiente
que
la
misma
y
fue
prestada, por el recurrido De Jesús Alvarado, bajo la misma creencia
de que le sería concedida inmunidad. Ello hace la referida confesión
igualmente inadmisible en evidencia.
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
se
dicta
Sentencia
confirmatoria de la resolución emitida en el presente caso por el
antiguo
Tribunal
Superior
de
Puerto
Rico,
Sala
de
Ponce,
devolviéndose el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores
consistentes con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Negrón García disiente
con opinión, a la cual se une la Juez Asociada señora Naveira de
Rodón.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
CE-94-362
Certiorari
v.
Edwin De Jesús Alvarado
Acusado-recurrido
Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García a la cual se
une la Juez Asociada señora Naveira de Rodón
San Juan, Puerto Rico, a 1ro. de julio de 1999
I
“Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio
testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en
cuenta
ni
comentarse
Constitución
del
en
su
E.L.A.
contra”.
(Énfasis
Art.
II,
Sec.
11,
nuestro).
Como
su
concordante federal, este precepto define la protección de
todo
ciudadano
confesiones
a
no
arrancadas
inculparse
mediante
utilizando
medios
admisiones
o
inaceptables,
tales como la violencia, intimidación y engaño. Pueblo en
interés del menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551 (1989); Moran v.
Burbine,
475
ambiente
libre
U.S.
412
(1986).
Pretende
de coacción en el cual
fomentar
un
nadie
sea
compelido
a
incriminarse
y,
a
su
vez,
evitar
que
sean
admisibles en un juicio penal declaraciones de poca confiabilidad.
Como
derecho,
es
renunciable.
Las
confesiones
o
admisiones
incriminatorias son válidas si media renuncia consciente, inteligente y
voluntaria.
Pueblo
en
interés
del
menor
J.A.B.C.,
supra;
Moran
v.
Burbine, supra; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Es consciente
e inteligente cuando, antes de cualquier interrogatorio, el sospechoso
bajo custodia es informado apropiadamente de ese derecho, que incluye
la
advertencia
crucial
de
que
cualquier
declaración
que
haga
al
respecto puede ser usada en su contra. Pueblo v. Rivera Nazario, res.
en 7 de noviembre de 1996; Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. (1991);
Colorado v. Spring, 107 S. Ct. 851 (1987); Miranda v. Arizona, supra.
De
otro
lado,
la
renuncia
coacción,
intimidación
J.A.B.C.,
supra;
o
es
voluntaria
-Pueblo
violencia,
Colorado
v.
cuando
Connelly,
en
479
es
realizada
interés
U.S.
157
del
sin
menor
(1986)-,
ni
producto de medios subrepticios o dolosos. Pueblo v. López Guzmán, 131
D.P.R. 867 (1992).
Al
evaluar
la
validez
de
una
renuncia,
los
tribunales
deben
examinar la totalidad de las circunstancias que rodearon la confesión.
Pueblo v. Rivera Nazario, supra; Pueblo v. Ruiz Bosch, supra.
Bajo
este
mayoritario
de
prisma,
que
no
la
podemos
confesión
suscribir
el
respetable
de
De
Jesús
Edwin
criterio
Alvarado
es
inadmisible por no ser voluntaria. Los hechos no avalan la conclusión
de
que
los
agentes
del
orden
público
le
mintieron
o
engañaron.
Expongámoslos.
II
Conforme la resolución del Tribunal de Primera Instancia (Hon.
Juan Corujo Collazo), el agente Fernando L. Valls Rivera le solicitó a
De Jesús Alvarado, a través de una tía, que pasara por el cuartel de la
Policía. De Jesús Alvarado accedió, y a las 8:00 A.M. del 28 de junio
de 1991 compareció sólo para reunirse con el agente. Esta reunión duró
pasadas las 10:30 a.m. El agente Valls Rivera le explicó a De Jesús
Alvarado que era sospechoso junto a otras personas, y si “cooperaba” en
la investigación, ellos a su vez cooperarían con él hablando con el
fiscal para que éste le ofreciera inmunidad. El agente Valls Rivera
también
le
apercibió
que
las
penas
aplicables
a
estos
hechos
conllevaban muchos años de cárcel. Aclaró “que él no podía concederle
inmunidad, pero que hablaría con el fiscal para que éste lo ayudara.”
(Resolución, pág. 2). De Jesús Alvarado, inmediatamente manifestó que
estaba dispuesto a declarar. En ese momento el Agente Valls Rivera
procedió a hacerle las advertencias de ley, a saber, que tenía derecho
a permanecer callado; que cualquier manifestación que hiciera podía ser
usada en su contra; que tenía derecho a hablar con un abogado para que
le aconsejara antes de que le hicieran cualquier pregunta y además que
dicho abogado podía acompañarlo durante el interrogatorio; que de no
poder pagar abogado, le conseguirían uno antes de interrogarlo, libre
de costo, si así deseaba; que si decidía contestar sin estar asistido
de abogado, podía negarse a contestar cualquier pregunta y solicitar
asistencia legal; y que su declaración tenía que ser libre, voluntario
y
espontánea
y
no
podía
ejercerse
presión
alguna,
ni
amenaza,
ni
coacción o intimidación para obligarlo a declarar. También le entregó a
De Jesús Alvarado el formulario con estas advertencias, quién las leyó,
afirmó entenderlas y firmó.
Concluido ese trámite, el agente Valls Rivera, le tomó entonces la
declaración sin amenaza, ni violencia alguna. En su presencia llamó al
fiscal Iván O. Malavé De Jesús para hablarle lo que conversaba con De
Jesús Alvarado. El fiscal le indicó que pasara por su oficina a las
11:00 A.M. ese día. Así lo hizo el agente Valls Rivera. En Fiscalía, el
fiscal Malavé De Jesús le instruyó ante el agente Ismael Robles, que
fueran a la residencia de la abuela de De Jesús Rivera y ocuparan el
hacha
utilizada
para
derribar
el
poste
de
energía
eléctrica
cuyos
cables cayeron al Río Maraguez, causando eventualmente la electrocución
de cuatro (4) personas.
Alrededor de la 1:00 P.M., De Jesús Alvarado, acompañado de los
agentes Valls Rivera e Ismael Robles, visitó la Fiscalía, donde se
entrevistó con el fiscal Malavé De Jesús. El fiscal le leyó otra vez
las advertencias y le preguntó si las había entendido y eran los mismos
derechos que el agente Valls Rivera le había advertido y él había
firmado; manifestó que sí. De Jesús Alvarado procedió entonces a hacer
su declaración ante el Fiscal Malavé De Jesús sin que hubiera amenazas
ni promesas de tipo alguno. Subsiguientemente, el fiscal Malavé De
Jesús se comunicó con el Fiscal de Distrito, Lcdo. Pedro Goyco, quien
no autorizó inmunidad total, sino que rebajara la acusación contra De
Jesús
Alvarado
a
un
(1)
solo
cargo
de
homicidio,
a
cambio
de
su
testimonio contra los otros dos imputados.
El 27 de septiembre de 1991 se celebró la vista de causa probable
para arresto. (Regla 6, Procedimiento Criminal). Según autorizado por
el Fiscal de Distrito, Lcdo. Goyco, únicamente se sometieron denuncias
contra
De
Jesús
Alvarado
por
homicidio,
daño
agravado,
apropiación
ilegal agravada y conspiración. Contra los otros dos imputados, cuatro
cargos de asesinato en segundo grado, apropiación ilegal agravada, daño
agravado y conspiración. Sin embargo, en esta vista, De Jesús Alvarado
se negó a testificar alegando que las denuncias presentadas violaban el
acuerdo existente de concederle inmunidad total. Ante su negativa, el
fiscal
Malavé
De
Jesús
presentó
una
nueva
denuncia
en
la
que
se
incluyeron cuatro cargos de asesinato contra De Jesús Alvarado.
En Vista Preliminar (Regla 23, Procedimiento Criminal) se exoneró
a los otros imputados ya que De Jesús Alvarado se negó nuevamente a
testificar.
En
su
contra,
se
determinó
causa
probable
por
cuatro
homicidios involuntarios y los otros cargos. Finalmente, en alzada, se
determinó
causa
por
lo
solicitado
por
el
fiscal.
Presentadas
las
acusaciones, De Jesús Alvarado solicitó la supresión de su confesión.
En
la
vista
sobre
supresión,
en
esencia,
De
Jesús
Alvarado
testificó que si cooperaba podía lograr que no lo acusaran y que se
sintió
intimidado
por
los
años
de
cárcel
que
conllevaban
las
acusaciones. Indicó que había confiado en el agente Valls Rivera porque
éste conocía a una de sus tías y que, como “ellos” eran tan amigables
con él, no lo iban a acusar.
El ilustrado Tribunal de Instancia concluyó que la confesión debía
suprimirse
por
no
ser
voluntaria,
ya
que
no
fue
producto
del
remordimiento de la conciencia de De Jesús Alvarado, sino ofrecida en
la expectativa de obtener algún beneficio. Erró.
III
El razonamiento central del Tribunal de Instancia es que cualquier
influencia sobre las esperanzas y temores internos que experimenta un
sospechoso y le induzcan a prestar una confesión, la torna inadmisible.
Apoyó su dictamen en Pueblo v. Rivera, 7 D.P.R. 332 (1904) y Pueblo v.
Kent, 10 D.P.R. 343 (1906), decisiones de principio del siglo, basadas,
a su vez, en Bram v. U.S., 168 U.S. 532 (1897) y la casuística previa
existente,
todas
ellas
anteriores
a
Rivera
Escuté
v.
Jefe
de
Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965), Miranda v. Arizona, supra, y su
progenie.
Bram, a las págs. 542-543, resolvió que no sería admisible una
confesión
obtenida
independientemente
ejercicio
de
tajantemente
(1990),
de
cuán
“una
promesa
insignificante
directa
o
ésta
sea,
mediante
ni
tácita,
el
alguna
influencia
indebida”.
Este
análisis
fue
descartado
Arizona
Fulminante,
499
U.S.
279,
285
actuales,
no
aclaratorio
representaba
mediante
los
de
que
criterios
v.
bajo
para
los
precedentes
determinar
la
voluntariedad
de
una
de
las
confesión.
Nos
referimos
al
actual
análisis
de
la
totalidad
circunstancias, acogido por este foro, lo mismo que el Supremo Federal,
en Pueblo v. Ruiz Bosch, supra y Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S.
218 (1973). Esta doctrina se desarrolla ante la exigencia de que un
sospechoso bajo custodia debe ser apercibido de sus derechos antes de
ser
interrogado
y,
por
ende,
en
posición
de
renunciarlos.
No
es
necesario que la renuncia constituya una decisión correcta o racional.
Motivaciones tales como remordimiento o conveniencia del interrogado al
confesar son impertinentes. Colorado v. Connelly, supra.
En su perspectiva histórica, los casos que precedieron a Rivera
Escuté, supra, respondieron a la realidad de que en la rutina policial
investigativa, los agentes del orden público no estaban obligados a
advertir a los sospechosos, expresa y específicamente, de su derecho
constitucional a permanecer callados. Por esta razón, la ausencia de
esa advertencia no hacía inadmisibles esas declaraciones. Pueblo v.
Vales Avilés, 96 D.P.R. 246 (1968); Pueblo v. Montes, 64 D.P.R. 321
(1944); Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657 (1943); Pueblo v. Méndez, 54
D.P.R. 195 (1939). El criterio rector utilizado para determinar la
validez de una confesión o admisión era su voluntariedad. Pueblo v.
Méndez,
supra;
Pueblo
v.
Saldaña,
40
D.P.R.
580
(1930);
Pueblo
v.
Colón, 39 D.P.R. 904 (1929); Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501 (1920)
y Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228 (1915).
La aludida deficiencia en la dinámica investigativa policial y
fiscal, -inexistencia del deber constitucional y una omisión total en
la
definición
y
contenido
específico
de
las
advertencias
legales
enumeradas-, requería que los tribunales examinasen con cautela si una
confesión
o
admisión
era
producto
“de
amenazas
o
alicientes”.
El
desconocimiento del sospechoso en torno a que sus declaraciones podían
ser
usadas
en
su
contra
impuso
la
inadmisibilidad
automática
de
cualquier declaración que no fuese totalmente espontánea o libre de la
más mínima instigación.
Según expuesto, al presente la doctrina es otra. La mayoría, en su
análisis, erróneamente aplica un fragmento histórico de la evolución
del derecho a la no incriminación, obviando la vara a usarse en la
actualidad: la totalidad de las circunstancias.
IV
¿Y cuáles son esas circunstancias en el caso de autos? No se
cuestiona que a De Jesús Alvarado el agente Valls Rivera le comunicó su
intención de, si cooperaba, hablar con el fiscal para gestionar una
inmunidad. Además, le hizo saber una realidad objetiva por razón de las
cuatro (4) muertes: la seriedad de las acusaciones que podían pesar en
su
contra.
advirtió
Seguidamente,
de
su
antes
derecho
de
a
comenzar
permanecer
el
interrogatorio,
callado;
que
le
cualquier
manifestación que hiciera podía ser usada en su contra; consultar un
abogado de su selección antes de decidir si declaraba o no, contar con
su asistencia durante el interrogatorio, y que de no poder pagarlo, el
Estado
estaba
cercioró
de
tuviere
quinto
obligado
que
las
a
proveérselo.
entendiera.
grado
de
Aún
escolaridad,
El
agente
cuando
De
no
presentó
se
Valls
Jesús
Rivera
se
Alvarado
sólo
prueba
que
de
careciera de capacidad suficiente para comprenderlas y entender las
consecuencias de su admisión.2 Pueblo v. Ramos, 122 D.P.R. 287, 309
(1988); Pueblo v. Alcalá, 109 D.P.R. 326 (1980); Oregon v. Elstad, 470
U.S. 298 (1985).
El agente Valls Rivera le hizo claro a De Jesús Alvarado que él no
podía concederle inmunidad. Circunscribió su diligencia a que hablaría
con el fiscal para ayudarle, lo cual cumplió. En ningún momento le dijo
a
De
Jesús
Alvarado
que
se
le
daría
inmunidad
a
cambio
de
su
testimonio. Nada en los autos revela intención de engañarlo. Si De
Jesús
Alvarado
se
creó
una
impresión
distinta
o
generó
falsas
expectativas o esperanzas, éstas fueron producto de su percepción u
optimismo, no de representaciones espúreas del agente Valls Rivera o
del fiscal Malavé De Jesús.
Aclaramos,
que
del
propio
testimonio
de
De
Jesús
Alvarado
incontrovertidamente surge que no existió ambiente de coacción que le
compeliera a confesar. Testificó que los policías y el Fiscal Malavé De
Jesús fueron amigables al punto que levantaron sus esperanzas de que no
se le acusaría. En recta doctrina, ausente violencia, intimidación o
Incluso la ausencia de escolaridad no anula una confesión si se
establece que el sospechoso tiene capacidad suficiente para comprender
las consecuencias de sus actos. Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R.
515 (1987).
2
engaño,
ese
tipo
de
percepción
subjetiva,
no
es
suficiente
para
invalidar una confesión.
V
A título comparativo y valor persuasivo, otras jurisdicciones han
llegado a la misma conclusión en situaciones similares. Han resuelto
que
una
confesión
no
es
involuntaria
meramente
porque
se
prometa
lenitud si el sospechoso coopera, siempre que su decisión sea libre e
independiente. U.S. v. Guarno, 819 F.2d 28(2do. Cir. 1987); U.S. v.
Alvarado, 888 F. 2d. 645 (2do. Cir. 1989) y U.S. v. Pumares, 499 F. 2d.
1220 (2do. Cir. 1975).
U.S. v. Pelton, 835 F.2d 1073 (4to. Cir. 1987), decidió que el
análisis
para
sospechoso
se
determinar
la
ha
tenazmente
visto
voluntariedad
es
si
la
volición
del
oprimida
o
su
capacidad
de
autodeterminación deteriorada críticamente. Con gran sentido común, el
Tribunal aclara que voluntariedad no puede equipararse con ausencia
absoluta
de
intimidación,
pues,
bajo
tal
análisis,
ninguna
manifestación sería voluntaria. Los agentes pueden, de forma apropiada,
iniciar
discusiones
indicarle
que
harán
para
instar
saber
su
la
cooperación
ayuda;
lo
de
impropio
un
es
sospechoso
hacer
e
promesas
específicas. U.S. v. Shears, 762 F. 2d. 397 (4to. Cir. 1985); U.S. v.
León Guerrero, 847 F. 2d. 1363 (9no. Cir. 1988).
U.S.
v.
Fraction,
795
F.2d
12,
15
(3er.
Cir.
1986),
definió
promesa específica como “una oferta de hacer u omitir alguna acción
futura
bajo
el
control
del
promitente,
en
circunstancias
donde
la
acción o inacción resultante tendrá algún impacto sobre aquél al que se
le hace la promesa.” (Traducción nuestra). Al evaluar la voluntariedad
de la declaración allí envuelta, se expresó que la controversia giraba
sobre si las manifestaciones del agente constituían una promesa que el
acusado entendiera el agente podía cumplir.
VI
En resumen, la declaración de De Jesús Alvarado fue en un ambiente
libre de coacción –en sus propias palabras, el agente Valls Rivera y el
fiscal Malavé De Jesús fueron “amigables”-. Al conocer la seriedad de
los cargos que le podían imputar, sintió temor por los años de cárcel
que podrían conllevar los delitos. Antes de confesar, fue advertido
específica y claramente de sus derechos constitucionales y legales -se
le
hicieron
verbalmente
en
dos
(2)
ocasiones
(por
escrito
en
una
ocasión), indicando entenderlas en todo momento-. Sobre todo, se le
explicó
que
no
estaba
en
manos
del
agente
Valls
Rivera
otorgar
beneficio alguno.
La
duración
(aproximadamente
de
dos
la
horas
detención
fue
y
Incluso,
media).
indudablemente
entre
la
razonable
entrevista
inicial con el agente Valls Rivera y la entrevista con el fiscal Malavé
De Jesús, transcurrieron alrededor de dos horas más en las que De Jesús
Alvarado tuvo tiempo de reflexionar y recapacitar su renuncia a los
derechos
informádoles.
El
que
las
gestiones
posteriores
del
agente
Valls Rivera y el fiscal Malavé De Jesús no tuvieran con el Fiscal de
Distrito, Lcdo. Goyco, el resultado que De Jesús Alvarado esperaba, no
vulneran la voluntariedad de su confesión.
No
estamos
ante
conducta
impropia
de
la
policía
o
Ministerio
Público. No existió coacción en la confesión por violencia física u
otro
medio
sospechoso.
deliberadamente
Pueblo
v.
López
calculado
para
Rodríguez,
romper
supra;
la
voluntad
Colorado
v.
del
Spring,
supra; Oregon v. Elstad, supra, pág. 312.
El análisis de la totalidad de las circunstancias revela que no
existen
fundamentos
fácticos
ni
jurídicos
válidos
para
la
mayoría
anular la confesión de De Jesús Alvarado. Disentimos. Es una injusticia
que queden impunes las muertes de cuatro personas inocentes, producidas
en su origen, por la comisión de varios delitos graves.
ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA
Juez Asociado