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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Luz M. Rivera Rodríguez V. Tiendas Pitusa, Inc.

1999 TSPR 103

Poder Judicial de Puerto Rico

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Luz M. Rivera Rodríguez V. Tiendas Pitusa, Inc.

CC-1999-0021

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Luz M. Rivera Rodríguez, et al

Recurrentes

Certiorari

V.

99 TSPR 103

Tiendas Pitusa, Inc.

Recurridos

Número del Caso: CC-1999-0021

Abogado de la Parte Recurrente:

Lcdo. Miguel a. Chaar Cacho

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ismael E. Marrero

Lcda. Maggie Marrero

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Edna Abruña Rodríguez

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional III Arecibo

Juez Ponente: Hon. Soler Aquino

Fecha: 6/28/1999

Materia: Daños y Perjuicios

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luz M. Rivera Rodríguez,

et al

Demandantes-apelados

CC-99-21

Certiorari

v.

Tiendas Pitusa, Inc.

Demandada-apelante

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 1999

I

El caso de autos tiene su origen en una demanda de

daños y perjuicios presentada por la Sra. Luz M. Rivera

Rodríguez y su esposo Francisco Torres Rodríguez, contra

Tiendas Pitusa, Inc., por una alegada detención ilegal por

un guardia de seguridad de dicho almacén.

La demandada Pitusa solicitó prórroga de treinta (30)

días para investigar los hechos y contestar adecuadamente

la demanda. Posteriormente, negó todos los hechos y adujo

como

defensa

previo

de

Finalmente,

los

afirmativa

hechos

carecer

de

relatados

conocimiento

en

la

alguno

demanda.

CC-99-21

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formuló contestación enmendada en que admitió que la Sra.

Rivera Rodríguez visitó la tienda, había sido intervenida

por un guardia de seguridad. No obstante, adujo que los

hechos de la demanda eran exagerados e inflados con el único

fin de crear una reclamación infundada.

Previa vista en sus méritos, el Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Arecibo

(Hon.

Edna

Abruña

Rodríguez) declaró con lugar la demanda y condenó a Pitusa a

pagar

a

la

sufrimientos

Sra.

y

Rivera

Rodríguez

$7,000.00

por

sus

angustias

morales.

Además,

reconoció

$2,000.00 a favor del co-demandante, Sr. Torres Rodríguez,

por igual concepto. Impuso $500.00 de honorarios de abogado.

En su Sentencia, Instancia determinó probado que el 30

de diciembre de 1995, a las diez de la mañana la Sra. Rivera

Rodríguez se personó con sus hijas a los Almacenes Pitusa

para hacer unas compras. Seleccionó un mantel de mesa junto

a otros artículos, pasó por la cajera de enseres eléctricos

y pagó la mercancía, que fue colocada en una bolsa plástica

adhiriéndole el recibo de pago. Al salir de la tienda se

percató de que el mantel que había comprado no era de las

medidas que interesaba, por lo que regresó donde la misma

cajera

a

quien

había

pagado,

inquiriéndole

si

podía

cambiarlo. La cajera le indicó que buscara el mantel deseado

para hacerle el cambio, y que cuando regresara no hiciera

fila, sino que fuera directamente donde ella.

La Sra. Rivera Rodríguez buscó el mantel interesado,

pasó ante la cajera y ésta realizó el cambio e indicó que

todo estaba bien. Ese día había mucho público en la tienda

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4

porque era víspera de despedida de año. Mientras caminaba

hacia su vehículo junto a sus hijas, sintió la presencia de

una persona que le perseguía, lo que hizo que se sintiera

nerviosa y asustada pensando que la iban a asaltar. Aligeró

su paso y la persona que la seguía la tocó por el hombro

indicándole que se detuviera. Al ella detenerse le preguntó

qué pasaba, a lo que él respondió que ella no había pagado

los paquetes. La Sra. Rivera Rodríguez le indicó que tenía

prueba de que había pagado la mercancía. La persona entonces

se identificó como guardia de seguridad de Pitusa y que de

todos modos tenía que acompañarla a la tienda. Allí la

esperaban tres personas, entre ellas el gerente, quien le

preguntó qué llevaba en los paquetes y a quien le había

pagado. La Sra. Rivera Rodríguez, nerviosa y confundida, le

indicó que no se había llevado nada. Procedió a enseñarle el

recibo de compra y a señalar la cajera que le había cobrado.

El

gerente

preguntó

a

la

cajera

si

había

cobrado

la

mercancía. Todo este incidente ocurrió frente al público que

visitaba la tienda. La Sra. Rivera Rodríguez después del

incidente,

fue

consolada

por

sus

dos

hijas

que

la

acompañaban. Posteriormente, se dirigió al cuartel de la

Policía y radicó una querella para la cual fue citada en dos

ocasiones,

la

última

en

Fiscalía,

donde

no

se

formuló

denuncia alguna.

El tribunal de instancia concluyó que la Sra. Rivera

Rodríguez “se ha sentido nerviosa, tuvo un período durante

el cual no podía dormir y se pasaba siempre llorando y

pensativa y en la actualidad no visita las tiendas como

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antes, ante el temor de que le pueda pasar algo igual.” Por

su parte, su esposo, el Sr. Torres Rodríguez, declaró que

“se vio afectado al ver que su esposa llegó llorando el día

de los hechos a su casa y que él ha sufrido al verla. Que no

está en la misma situación que antes, ya que siempre la ve

llorando y nerviosa y la ve a ella sufriendo.”

Oportunamente, Pitusa presentó mociones de reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales. El tribunal

de

instancia

nada

proveyó

sobre

la

reconsideración.

No

obstante, por resolución notificada el 1 de julio de 1998,

acogió algunas de las determinaciones de hechos solicitadas.

Inconforme, oportunamente Pitusa apeló al Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Adujo que incidió el tribunal de

instancia al imponerle responsabilidad en ausencia de prueba

que sostuviera que actuó negligentemente o que sus actos

constituyeron detención ilegal o difamación; al conceder

daños no establecidos por la prueba; e imponer honorarios de

abogado en ausencia de temeridad.

Con el beneficio de la oposición de los demandantes y

una Exposición Narrativa de la Prueba estipulada, el 30 de

noviembre de 1998, el Circuito de Apelaciones (Hons. Rivera

de

Martínez,

Rivera

responsabilidad,

pero

Pérez

y

Soler

modificó

las

Aquino)

confirmó

la

indemnizaciones

al

estimarlas excesivas a la luz de los daños probados. Redujo

a $1,000.00 la partida de $7,000.00 de la co-demandante,

Sra. Rivera Rodríguez y eliminó los daños adjudicados a su

esposo,

Sr.

Torres

Rodríguez.

Asimismo,

eliminó

los

honorarios de abogado al resolver que el foro de instancia

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no hizo determinación expresa de temeridad y que la conducta

de Pitusa no fue temeraria.

A solicitud de los demandantes, esposos Torres-Rivera,

mediante orden para mostrar causa, revisamos.1

II

En esencia, a través de los dos primeros señalamientos

de error, se aduce que incidió el Circuito de Apelaciones

al modificar y revocar las cuantías por concepto de daños

determinados por el tribunal de instancia. Nos argumentan

que la cuantía otorgada en Instancia como medida monetaria

de los daños no fue excesiva ni irrazonable y Pitusa no

demostró

ante

el

circunstancias

que

foro

apelativo

hicieran

la

existencia

de

meritoria

su

modificación.

en

y

perjuicios

Coincidimos.

La

responsabilidad

civil

daños

es

resarcir al damnificado, otorgándole un valor económico al

daño sufrido.

Consiste en atribuir al perjudicado dinero

suficiente para compensar su interés perjudicado. Es una

1

Como señalamientos exponen:

Primero: “Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al modificar las sumas concedidas a la parte

demandante sustituyendo su criterio por el del Tribunal de

Instancia ante un análisis de unos hechos que no recogen

fielmente la prueba establecida.”

Segundo: “Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al modificar y revocar las sumas concedidas sin

que se haya demostrado que las mismas son excesivas.”

Tercero: “Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al determinar que la demandada no había

incurrido en temeridad basándose en que el Tribunal de

Primera Instancia ‘no hizo ninguna determinación de

temeridad contra la parte demandada’.”

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especie de subrogación real en que el dinero ocupa el lugar

de

los

daños

y

perjuicios

sufridos,

y

una

atribución

pecuniaria que crea una situación patrimonial equivalente a

la destruida por el daño causado. García Pagán v. Shiley

Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193, 205, 206 (1988); Rodríguez

Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 442, 455-456 (1985); y Moa v.

E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972).

El

derecho

a

ser

compensado

no

puede

derrotarse

meramente por el carácter especulativo que en alguna medida

supone el cómputo de daños. Odriozola v. Cosmetic Dist.

Corp., 116 D.P.R. 485 (1985). Claro está, al medirlos, el

juzgador

debe

siempre

que

hacerlo

la

a

base

de

la

prueba,

procurando

indemnización

no

se

convierta

en

una

industria -Atile v. McClurg, 87 D.P.R. 865 (1963)- y se

mantenga

su

sentido

remediador,

no

punitivo.

Vela

de

Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961).

Finalmente, de ordinario, los tribunales apelativos no

debemos intervenir con la estimación de daños de instancia,

salvo que las cuantías concedidas sean ridículamente bajas o

exageradamente altas. Quiñones v. Manzano, res. en 25 de

junio de 1996; Cotto v. Ríos, res. en 17 de abril de 1996;

Rosado v. Supermercado Mr. Special, res. en 24 de enero de

1996;

y

Valldejulli

Rodríguez

v.

A.A.A.,

99

D.P.R.

917

(1971). Quien solicita la modificación debe demostrar las

circunstancias

que

lo

justifiquen.

Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757 (1978).

Canales

Velázquez

v.

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8

III

En el caso de autos, la prueba que le mereció crédito a

instancia

estableció

que

la

Sra.

Rivera

Rodríguez,

tras

salir de realizar sus compras en el establecimiento de la

parte demandada y acompañada de sus dos hijas, notó que un

extraño

la

siguió.

Naturalmente

se

sintió

nerviosa

y

asustada. Esta persona la detuvo, imputándole la comisión

del delito de apropiación ilegal. A pesar de que ella le

indicó que tenía prueba de que había pagado la mercancía, se

le requirió que regresara a la tienda. Allí, el gerente

junto a otras dos personas la interrogaron. A preguntas de

qué llevaba en los paquetes y quién le cobró la mercancía,

señaló que no se había llevado nada, mostrando el recibo de

compra. No conforme, el gerente le pidió le señalara a la

cajera que le cobró por la mercancía, dudando así de la

versión ofrecida por la Sra. Rivera Rodríguez. Todo esto

ocurre en un día de despedida de año, en que había mucho

público el cual presenció el incidente. Al igual que el foro

de instancia, apreciamos el sentimiento de nerviosismo y

bochorno.

Es enteramente creíble con motivo de este traumático

incidente

“se

ha[ya]

sentido

nerviosa,

tuvo

un

período

durante el cual no podía dormir y se pasaba llorando y

pensativa y en la actualidad no visita las tiendas como

antes, ya que piensa que le puede pasar algo igual.” También

es creíble que su esposo haya sufrido al verla que llegó

llorando y decaída el día de los hechos y su sufrimiento.

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9

Indicó que desde el incidente no está en la situación de

antes ya que su esposa se pasa llorando y nerviosa.2

Procede pues reinstalar las cuantías de $7,000.00 y

$2,500.00,

las

confrontamos

cuales

con

no

casos

son

desproporcionadas

similares

anteriores,

si

las

tomando

en

consideración el aumento en el costo de vida experimentado

hasta el presente. Véase Casanova v. González Padín Co.,

Inc., 47 D.P.R. 488 (1934); Santiago v. Sears Roebuck, 102

D.P.R. 515 (1974).

IV

Tampoco procedía eliminar los honorarios de abogado

basado en que el tribunal de instancia no hizo ninguna

determinación de temeridad contra dicha parte.

Primero, hemos resuelto que “la condena en honorarios

de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador

concluye que un parte ha sido temeraria. En ausencia de una

conclusión expresa a tales efectos, un pronunciamiento en la

sentencia

condenando

al

pago

de

honorarios

de

abogado,

implica que el tribunal sentenciador consideró temeraria a

la parte así condenada...” Montañez Cruz v. Metropolitana

Cons.

Corp.,

887

D.P.R.

38

(1962).

honorarios

de

abogado,

imponerle

los

instancia

implícitamente

realizó

una

Por

tanto,

al

tribunal

de

determinación

de

el

lo

temeridad.

2

Cabe señalar, que de la exposición narrativa de la

prueba estipulada por las partes se desprende que la Sra.

Rivera Rodríguez padece de los nervios y de alta presión,

condición para la cual toma medicamentos.

CC-99-21

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Segundo, sabido es que la acción que amerita honorarios

de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que

pudo

evitarse,

que

lo

prolongue

innecesariamente,

o

que

produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones

evitables. Fernández v. San Juan Co., Inc., 118 D.P.R. 713

(1987).

Su

propósito

litigante

perdidoso

contumacia

e

es

establecer

una

penalidad

que

por

su

terquedad,

insistencia

en

una

actitud

a

un

obstinación,

desprovista

de

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un

pleito.

Los autos revelan que Pitusa incurrió en temeridad en

su

defensa

de

este

pleito

al

demorar

su

tramitación

y

negarse a admitir responsabilidad por el incidente. Ramírez

v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349-350 (1989).

Se dictará la correspondiente Sentencia.

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11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luz M. Rivera Rodríguez,

et al

Demandantes-apelados

CC-99-21

Certiorari

v.

Tiendas Pitusa, Inc.

Demandada-apelante

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente, se expide el auto, revoca la Sentencia del

Tribunal de Circuito de Apelaciones y reinstala la del

Tribunal de Primera Instancia.

Lo pronunció y manda el

Secretaria del Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

la