Tribunal Supremo de Puerto Rico
Lourdes Cuevas Santiago V. Ethicon Division of Johnson & Johnson Professional Company of Puerto Rico, Inc.
1999 TSPR 107
Poder Judicial de Puerto Rico
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Lourdes Cuevas Santiago V. Ethicon Division of Johnson & Johnson Professional Company of Puerto Rico, Inc.
CC-1999-0079
CC-1999-79
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Lourdes Cuevas Santiago
Recurrida
Certiorari
V.
99 TSPR 107
Ethicon Division of Johnson & Johnson
Professional Company of Puerto Rico,
Inc.
Peticionaria
Número del Caso: CC-1999-0079
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Alfredo M. Hopgood Jovet
Lcdo. Luis R. Amadeo Carrón
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado
Tribunal de Instancia, Sala Superior de Caguas
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Héctor Cordero Vázquez
Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI CaguasHumacao
Juez Ponente: Hon. Ortiz Carrión
Fecha: 6/30/1999
Materia: Despido Ilegal
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
CC-1999-79
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lourdes Cuevas Santiago
Demandante
v.
CC-1999-79
Certiorari
Ethicon Division of Johnson
& Johnson Professional
Company of Puerto Rico, Inc.
Opinión
Denton
del
Tribunal
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
Hernández
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.
¿Cuándo comienza a discurrir la reserva de empleo
dispuesta en la Ley de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo? ¿Desde la fecha del accidente o desde que el
Fondo le ordena tratamiento en descanso al empleado?
Resolvemos que conforme la letra clara del Articulo
5a
de
la
Ley
de
Compensaciones
por
Accidentes
del
Trabajo el periodo de reserva comienza a discurrir a
partir de la fecha del accidente.
I.
La Sra. Lourdes Cuevas Santiago comenzó a trabajar
para
Ethicon,
Division
of
Johnson
&
CC-1999-79
3
Johnson Professional Co. (en adelante “Ethicon”) mediante
contrato de empleo probatorio en junio de 1994. En octubre
del 1996 la señora Cuevas sufrió un accidente en el trabajo.
En
noviembre
del
mismo
año
Ethicon
la
refirió
a
la
Corporación de Fondo del Seguro del Estado (en adelante “el
Fondo”), a partir de ese momento la señora Cuevas estuvo en
tratamiento
mientras
continuaba
trabajando
(“CT”).
Sin
embargo, la condición de la empleada se agravó y el 20 de
junio de 1997 el Fondo le ordenó descanso. Dos meses más
tarde en agosto el Fondo dispuso que la señora Cuevas podía
continuar su tratamiento mientras trabajaba por lo que la
demandante se reintegró a su trabajo.
Un mes más tarde en septiembre
el Fondo le ordenó nuevamente a la
señora Cuevas que recibiera su
tratamiento en descanso hasta el 2
de diciembre. El 2 de diciembre
ella solicitó reinstalación a su
trabajo y Ethicon le indicó que la
reserva de empleo que dispone el
Articulo 5a de la Ley de
Compensaciones por Accidentes del
Trabajo, había expirado.
Así
Primera
las
cosas,
Instancia,
discriminatorio.
ella
presentó,
demanda
Posterior
a
ante
el
Tribunal
de
por
despido
ilegal
y
la
presentación
de
la
contestación a la demanda, la señora Cuevas presentó Moción
de Sentencia Sumaria Parcial y/o Moción de Sentencia por las
CC-1999-79
4
Alegaciones, a la cual se opuso Ethicon, solicitando, a su
vez, que se dictara sentencia sumaria a su favor.
El
mediante
Tribunal
de
la
desestimó
cual
Instancia
la
dictó
Sentencia
Sumaria,
demanda
presentada.
En
su
sentencia, el foro de instancia determinó que el término de
la reserva de empleo comenzó a transcurrir desde el 10 de
octubre de 1996, fecha del accidente, y terminó en octubre
de 1997.
Por lo tanto a la fecha en que ella solicitó
reinstalación, el término de reserva había transcurrido, por
lo
que
cesó
la
obligación
de
Ethicon
de
reservarle
el
empleo.
Inconforme, la señora Cuevas apeló ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Alegó que el Tribunal de Instancia
erró al concluir que, a la luz de los hechos que no están en
controversia, al momento de ella solicitar su reinstalación
habían transcurrido más de doce meses desde la fecha del
accidente; y al concluir que Ethicon ya no tenía obligación
de reservarle su empleo.
Dicho
foro
apelativo
revocó
la
sentencia
sumaria
apelada. Determinó que a los fines de lo dispuesto por el
Artículo 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo,
Ley
Núm.
45
de
18
enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 7,
de
abril
de
1935,
según
la fecha del accidente no es
la fecha del suceso que causa la inhabilidad sino la fecha
en que ésta se manifiesta. Por lo tanto, cuando para el 2 de
diciembre de 1997, la recurrida solicitó su reinstalación,
sólo habían transcurrido poco más de cinco meses desde el
momento en que se manifestó su inhabilidad para trabajar,
CC-1999-79
5
por lo que su solicitud de reinstalación se efectuó dentro
del plazo de doce meses dispuesto como reserva de empleo en
el Artículo 5a, supra.
Inconforme con las determinaciones del foro apelativo,
Ethicon
acude
ante
nos,
alegando
como
único
error
lo
siguiente:
Actuó Ultra Vires el Honorable Tribunal de
Circuito de Apelaciones (El “Tribunal Apelativo”)
al ignorar y descartar la letra clara del
artículo 5a de la Ley de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo (sobre reserva de empleo)
y descartar la jurisprudencia establecida por
este honorable Tribunal Supremo en Torres v. Star
Kist Caribe, 94 J.T.S. 5, y su progenie, al
resolver que el periodo de reserva de doce meses
comienza a decursar no “desde la fecha del
accidente”, según reza el Art. 5a, sino desde que
el Fondo autoriza por primera vez a un obrero
tratamiento
medico
en
descanso.
Según
el
honorable Tribunal Apelativo, El periodo en que
el obrero recibe tratamiento médico mientras
trabaja (“CT”) interrumpe la reserva de empleo,
lo cual conflige abiertamente con lo resuelto en
Torres v. Star Kist Caribe, Supra."
Por su parte la Sra. Cuevas Santiago presentó oposición
a la solicitud de certiorari, señalando la corrección de lo
determinado
por
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones.
Examinada la petición de certiorari y la oposición a la
misma, y a tenor con la Regla 50 del Reglamento de este
Tribunal, revocamos la sentencia recurrida sin ulteriores
procedimientos.
II.
La justificación de un despido de un empleado por razón
de
su
incapacidad
física
y/o
mental
para
realizar
las
funciones de su puesto, o para asistir regularmente a su
empleo, no aplica en casos en que el obrero se incapacita
CC-1999-79
6
por
temporalmente
razón
de
un
accidente
o
enfermedad
ocupacional. Esta protección del obrero está reconocida en
el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo. Esta ley instrumenta el derecho constitucional de
todos los trabajadores en Puerto Rico a recibir protección
contra riesgos para la salud e integridad personal, Art. I,
Sec. 16 de la Constitución del ELA, y constituye el eje
central
de
todo
Estado
para
la
el
esquema
protección
jurídico
del
obrero
establecido
en
su
por
el
taller
de
trabajo. Véase Torres González v. Star Kist Caribe, Inc.,
res. el 28 de enero de 1994, 134 D.P.R.___ (1994); Delgado
Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora
del Trabajo, págs. 187-188 (1996).
Entre
las
medidas
que
la
Ley
de
Compensaciones
por
Accidentes del Trabajo establece para proteger al trabajador
y viabilizar su tratamiento y cura, esta lo dispuesto en su
Art. 5a. Este artículo es de carácter especial, es decir, se
refiere únicamente a aquellos casos en que el trabajador
sufre un accidente de trabajo o una enfermedad del trabajo
que lo inhabilita. Vease, Rodríguez Rosa v. Méndez & Co.,
res. el 18 de marzo de 1999, 99 TSPR 23; Delgado Zayas,
supra, pág. 188. Aquellos empleados que no quedan cobijados
por el
Art. 5a y han sido despedidos sin que medie justa
causa, de ordinario, podrán reclamar bajo la ley 80 de 30 de
mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a y ss.,
que es de aplicación general.
El Artículo 5a específicamente dispone que:
CC-1999-79
7
En los casos de inhabilitación para el
trabajo de acuerdo con las disposiciones de este
Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar
el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al
momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo
en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
(1)
Que el obrero o empleado requiera al
patrono para que lo reponga en su empleo dentro
del término de quince días, contados a partir de
la fecha en que el obrero o empleado fuere dado
de
alta,
y
siempre
y
cuando
que
dicho
requerimiento no se haga después de transcurridos
doce meses desde la fecha del accidente;
(2) que el obrero o empleado esté mental y
físicamente capacitado para ocupar dicho empleo
en el momento en que solicite del patrono su
reposición, y
(3) que dicho empleo subsista en el momento
en
que
el
obrero
o
empleado
solicite
su
reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste
cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro
obrero o empleado. Se presumirá que el empleo
estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por
otro obrero o empleado dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en que se hizo el
requerimiento de reposición.)... Ley Núm. 45 del
18 de abril de 1935, Art. 5a, según enmendada, 11
L.P.R.A. sec. 7.
Anteriormente
hemos
establecido
que
este
artículo
contiene dos tipos de protección para el obrero inhabilitado
por
un
accidente
o
enfermedad
del
trabajo.
Por
un
lado
obliga al patrono a reservarle el empleo al trabajador por
doce meses, desde el momento en que ocurre el accidente,
período durante el cual el patrono no puede despedir al
empleado. Por otro lado, tan pronto como el trabajador es
dado de alta por el Fondo, tiene derecho a que se le reponga
en su empleo, y el patrono está obligado a reinstalarlo,
siempre
que
se
cumplan
los
requisitos
que
establece
el
propio artículo. Los requisitos son: (1) que el accidente o
enfermedad ocupacional inhabilite al empleado para trabajar;
(2) que el empleado se acoja a los beneficios del Fondo; (3)
CC-1999-79
8
que dentro de los quince días de haber sido dado de alta
definitivamente y autorizado a trabajar por el Fondo, el
empleado solicite al patrono reposición en su empleo; (4)
que dicho requerimiento de reposición se haga dentro de los
doce meses de haber ocurrido el accidente o enfermedad; (5)
que al solicitar su reposición el empleado esté mental y
físicamente capacitado para desempeñarse en las funciones
del empleo que ocupaba; y (6) que dicho empleo subsista al
momento
de
la
solicitud
de
reinstalación.
Véase
Vélez
Rodríguez v. Pueblo International, res. el 18 de marzo de
1994, 135 D.P.R. ___ (1994); Torres González v. Star Kist
Caribe,
supra;
Carrón
Lamoutte
v.
Compañía
de
Turismo,
supra; Santiago v. Kodak, 129 D.P.R. 763 (1992).
También hemos reconocido que al imponerle al patrono el
deber de reservarle al obrero por doce meses el empleo en
que se desempeñaba al momento de ocurrir el accidente, el
legislador intentó establecer un balance entre los intereses
del
obrero,
consideración
y
los
la
del
carga
patrono.
que
El
podría
legislador
tomó
en
representar
para
el
patrono la reserva de empleo y por tal razón la limitó a
sólo 12 meses a partir del accidente, entendiendo que de
esta
forma
intereses
se
lograba
económicos
el
del
balance
patrono
y
adecuado
la
entre
los
protección
del
trabajador lesionado. Torres González v. Star Kist Caribe,
supra; Santiago v. Kodak, supra.
En
el
determinemos
caso
que
de
el
autos
Art.
5a
Ethicon
nos
claramente
solicita
dispone
que
que
el
momento a partir del cual se computa el periodo de reserva
CC-1999-79
que
9
exige
el
artículo,
es
el
momento
en
que
ocurrió
el
accidente. Entiéndase que el periodo de 12 meses de reserva
comienza a partir del momento en que ocurre el evento que
conduce a la inhabilitación.
Por su parte la señora Cuevas en su comparecencia ante
nos, solicita que determinemos que en su caso el periodo de
reserva comenzó en el momento en que el Fondo le ordenó
descanso. Sólo existen dos interpretaciones del articulo 5a
que sostendrían esta postura. Determinar que los periodos en
que el Fondo ordena tratamiento mientras el obrero continúa
trabajando interrumpen el periodo de reserva, o determinar
que donde el legislador colocó la frase “desde la fecha del
accidente”, tuvo la intención de decir desde la fecha de la
inhabilidad
lecturas
sobrevenida
del
principios
a
artículo
que
rigen
causa
son
la
del
accidente.
insostenibles
interpretación
Ambas
conforme
judicial
los
de
las
meses
de
leyes. Veamos
La
posibilidad
de
que
el
término
de
doce
reserva que establece el Art. 5a pudiese quedar interrumpido
por
los
periodos
trabajando
o
tratamiento
en
en
que
regresa
el
el
empleado
accidentado
a
trabajar
mientras
Fondo
(C.T.),
ya
fue
continúa
resuelto
está
bajo
en
la
negativa por este tribunal. Precisamente en Torres González
v. Star Kist Caribe, supra. resolvimos que “el hecho de que
un empleado, que se encuentra incapacitado temporalmente por
razón
de
enfermedad
o
accidente
ocupacional,
regrese
al
trabajo mientras se encuentra en tratamiento medico bajo el
F.S.E. (C.T.) no tiene el efecto de interrumpir el termino
CC-1999-79
10
de (12) meses que establece el Artículo 5A, supra. Este
periodo es uno de caducidad que no puede interrumpirse de
forma alguna”. Por lo tanto, es evidente que los meses en
que la señora Cuevas se encontraba recibiendo tratamiento
mientras
continuaba
trabajando
(C.T.)
no
interrumpe
el
periodo de reserva por lo que no pueden descontarse del
periodo de doce meses que establece el Art. 5a.
Sin
embargo,
el
foro
apelativo
no
descanso
en
este
supuesto para establecer que la señora Cuevas tenía derecho
a ser reinstalada en el caso de autos. El foro apelativo en
vez
interpretó
que
la
frase:
“fecha
del
accidente”
no
significa la fecha del hecho causante, sino la fecha en que
se manifiesta la inhabilidad resultante del hecho causante.
Apoya su interpretación en el principio de hermenéutica que
establece que las leyes remediales deben ser interpretadas
liberalmente
para
lograr
sus
propósitos.
Conforme
a
esta
interpretación determinó que la fecha del accidente fue a
mediados del año 1997 cuando por primera vez se manifestaron
los
efectos
inhabilitantes
del
accidente
y
el
Fondo
le
ordenó descanso y por lo tanto la solicitud de reinstalación
que hiciera la señora Cuevas estaba dentro del plazo de doce
meses
dispuesto
como
reserva
de
empleo
en
el
Art.
5a.
Reiteradamente hemos resuelto que por ser la Ley de
Compensaciones
por
Accidentes
del
Trabajo
un
estatuto
remedial debe interpretarse liberalmente a favor del obrero.
Santiago v. Kodak, supra; Maisonet Felicié v. Corp. Fondo
del Seguro del Estado, res. el 30 de diciembre de 1996, 142
D.P.R. ___ (1996); Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91
CC-1999-79
11
DPR 480, 485; Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84
DPR 196, 215 (1961); véase además, Agosto Serrano v. FSE,
132 D.P.R. 866 (1993); Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R.
116 D.P.R. 522 (1985).
Sin
embargo,
establecer
que
hemos
“cuando
sido
la
igualmente
ley
es
clara
enfáticos
y
libre
de
al
toda
ambigüedad la letra de ella no debe ser menospreciada bajo
el pretexto de cumplir su espíritu”. Articulo 14 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 201; Alejandro Rivera y Otros v.
ELA, res. el 10 de abril de 1996, 140 D.P.R. ___ (1996);
Atlantic
Pipe
Corp.
Santiago
v.
Kodak,
v.
F.S.E.,
supra;
132
Silva
D.P.R.
1026
(1993);
Rodríguez
v.
Adm.
de
Sistemas de Retiro, 128 D.P.R. 256 (1991); Rojas v. Méndez &
Co., 115 D.P.R. 50, 53 (1984); Cabán Méndez v. FSE, 115
D.P.R. 1, 3 (1983).
Así mismo hemos reconocido que cuando el legislador se
ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco, el texto de
la ley es la expresión por excelencia de toda intención
legislativa.
Silva
Alejandro
Rodríguez
Atiles,
Admor.
v.
v.
Rivera
Adm.
otros
v.
E.L.A.,
supra;
Sistemas
de
Retiro,
supra;
Industrial,
77
D.P.R.
16,
De
Comisión
y
20
(1954).
Nos
señalan
Bernier
y
Cuevas
Segarra,
en
su
obra
Aprobación e Interpretación de las Leyes de Puerto Rico,
2da. edición, Publicaciones JTS, 1987, pág. 299, que "[b]ajo
un sistema de separación de poderes como el que funciona en
Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de
aprobar
las
leyes.
El
Poder
Judicial
ejercitado
por
los
CC-1999-79
12
tribunales consiste en el ejercicio de las facultades de
resolver los litigios a través de la interpretación de la
ley. En el desempeño normal de sus funciones, los tribunales
están obligados a respetar la voluntad legislativa aunque
los magistrados discrepen personalmente de la sabiduría de
los actos legislativos. Interpretar una ley en forma que sea
contraria
a
la
intención
del
legislador
implica
la
usurpación por la Rama Judicial de las prerrogativas de la
Rama Legislativa. Por tanto, el intérprete debe abstenerse
de
sustituir
el
criterio
legislativo
por
sus
propios
conceptos de lo justo, razonable y deseable." Véase además,
Rodríguez Díaz v. Autoridad de Teléfonos de P.R., res. el 29
de mayo de 1998, 98 TSPR 62; y Alejandro Rivera v. ELA,
supra. Por lo tanto, “[s]i el lenguaje de un estatuto es tan
inequívoco que postula un solo significado, un sentido cabal
de humildad y autodisciplina requiere la aplicación de la
voluntad
legislativa".
Alejandro
Rivera
v.
ELA,
supra.
Véanse además, Cotto Guadalupe v. Dept. de Educación, res.
el 15 de junio de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995); Atlantic Pipe
Corp. v. FSE, supra y Clínica Juliá v. Sec. De Hacienda, 76
D.P.R. 509, 520 (1954).
Conforme
a
estos
reconocidos
principios
de
interpretación analizamos el Art. 5a y encontramos que el
legislador al establecer la fecha al partir del cual habría
de contabilizarse la reserva escogió la fecha en que ocurrió
el accidente.1 La letra de la ley es clara e inequívoca y no
1
En la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo el
legislador también utiliza la fecha en que ocurre el
CC-1999-79
13
tenemos evidencia de que la intención del legislador haya
sido
otra.
El
Art.
5a
fue
adicionado
a
la
Ley
de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo mediante la Ley
Núm. 48 de 18 de abril de 1950, Leyes de Puerto Rico, 19491950, pág. 127, el periodo de reserva dispuesto en esta ley
era de 6 meses a partir de la fecha del accidente. En marzo
del 1971 se presentó un proyecto de ley que proponía que la
reserva de empleo no tuviese límite de tiempo, pero la misma
no fue aprobada. Vol. 25, Diario de Sesiones de la Asamblea
Legislativa,
1971,
pág.
644.
El
5
de
junio
de
legislador
enmendó
el
Art.
5a
para
entre
otras
cosas
de
reserva
a
(12)
aumentar
el
periodo
de
seis
(6)
1973
doce
el
meses. Del Informe Conjunto de las Comisiones del Trabajo y
Asuntos
del
Veterano
y
Gobierno
de
la
Cámara
de
Representantes del 6 de abril de 1973, Vol. 27, Diario de
Sesiones de la Asamblea Legislativa, 1973, pág. 1034, surge
que;
[e]l propósito de la medida es aumentar el
término de seis a doce meses, después de la fecha
del accidente, para solicitar reposición en el
empleo
que
ocupaba
originalmente.
También
requiere del patrono que no cumpla con las
disposiciones del aludido Artículo 5A, el pago al
obrero o empleado o a sus beneficiarios, de los
salarios que éste hubiere devengado de haber sido
reinstalado además de los daños y perjuicios que
se le haya ocasionado. (énfasis nuestro)
Por otro lado, hemos observado que cuando el legislador
interesa que una reserva de empleo comience a discurrir a
partir
de
que
surge
la
incapacidad
lo
ha
expuesto
accidente como el momento para determinar si el patrono esta
o no asegurado por el Fondo, y por ende le cobija la
inmunidad patronal. 11 L.P.R.A. sec. 28.
CC-1999-79
14
expresamente. Véase Ley de Protección Social por Accidentes
de Automóviles, Ley Núm 45 de 1987, 9 L.P.R.A. sec. 2054(B)
y
la
Ley
de
Seguro
Temporeras,
Ley
Núm
por
139
Incapacidad
de
1968,
No
según
Ocupacional
enmendada,
11
legislador
al
L.P.R.A. sec. 203(q).
Como
mencionáramos
anteriormente,
el
establecer la reserva de empleo intentó lograr un balance
entre los intereses del obrero, y los del patrono. Por ende,
de
entenderlo
Legislativa
procedente,
y
no
a
Compensaciones
por
Accidentes
del
corra
partir
reserva
de
empleo
este
corresponde
Tribunal
a
a
la
enmendar
Trabajo
de
Asamblea
la
Ley
de
para
que
la
la
inhabilidad
sobrevenida por el empleado luego de ocurrido el accidente.
Siendo
clara
la
disposición
de
la
ley
y
libre
de
toda
ambigüedad, la misma es la expresión por excelencia de la
intención
legislativa
interpretación
que
por
lo
que
debemos
hiciera
el
Tribunal
de
rechazar
la
Circuito
de
Apelaciones en este caso.
Aunque
simpatizamos
con
la
situación
de
la
señora
Cuevas, es la Asamblea Legislativa quien debe determinar si
se enmienda este artículo, luego de considerar todos los
factores envueltos incluyendo el impacto económico para el
patrono y el bienestar de los empleados2.
2
Cabe señalar que el hecho de que la reserva que provee el
Art. 5a discurre a partir de la fecha del accidente o
enfermedad ocupacional, cumple con la finalidad de que el
obrero acuda prontamente y sin temor a ser despedido ante el
Fondo para comenzar su proceso de recuperación. El que la
reserva comience a partir de la inhabilidad decretada por el
Fondo podría tener el efecto perjudicial de que el obrero
CC-1999-79
15
III.
Conforme a los hechos incontrovertidos de este caso al
momento en que la señora Cuevas solicita ser reinstalada ya
habían transcurrido los 12 meses de reserva de empleo que el
legislador fijó en el Art. 5a para su reposición, ante estas
circunstancias es forzoso concluir que el patrono no violó
el Art. 5a al despedir a la señora Cuevas.
Procede, por lo tanto, revocar la decisión del Tribunal
de Circuito de Apelaciones y reinstalar la del Tribunal de
Primera Instancia, por ser la correcta en derecho.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
Federico Hernández Denton
Juez Asociado
postergue la decisión de acudir al
tratamiento hasta que se agrave su salud.
Fondo
a
recibir
CC-1999-79
16
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lourdes Cuevas Santiago
Demandante
v.
CC-1999-79
Certiorari
Ethicon Division of Johnson
& Johnson Professional
Company of Puerto Rico, Inc.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integral de la
presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por
el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se reinstala la
del Tribunal de Primera Instancia desestimando la
demanda.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri emitió Opinión Disidente.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-1999-79
17
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
*
*
Lourdes Cuevas Santiago
*
*
Demandante-Recurrida
*
*
*
vs.
*
*
*
Ethicon Division of Johnson
*
& Johnson Professional
*
Company of Puerto Rico, Inc.
*
*
Demandado-Recurrente
*
*
*
* * * * * * * * * * * * * * * **
Certiorari
CC-1999-79
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.
“When it comes to the
development of a corpus
juris,
the
ultimate
question is what do the
dominant forces of the
community want and do
they want it hard enough
to
disregard
whatever
inhibitions may stand in
the way.”
OLIVER WENDEL HOLMES
“Las leyes se hacen por los
hombres y se interpretan por
los hombres.
Por eso, en su
interpretación,
debe
ser
factor preeminente la realidad
humana de la vida, no la
abstracción
de
reglas
inmutables...
En esta época
de justicia social, debemos
marchar hacia la humanización
de la justicia y el derecho,
dejando atrás en su decadencia
rigorista el sentido dogmático
del derecho y la justicia.”
LUIS NEGRÓN FERNÁNDEZ
En el caso de autos, la recurrida sufrió un accidente en el trabajo
el 10 de octubre de 1996.
Sin embargo, no fue hasta el 20 de junio de
1997 que la condición de la recurrida se agravó a tal extremo que la
inhabilitó para continuar trabajando.
recurrida
El 2 de diciembre de 1997, la
solicitó
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la reinstalación en su empleo, pero su patrono se lo denegó, aduciendo
para ello que la reserva de empleo de doce (12) meses que dispone el
Artículo 5a de la Ley de Compensaciones por Accidente del Trabajo ya
había expirado.
Una
mayoría
del
Tribunal
convalida
la
acción
del
patrono
por
entender que el período de doce (12) meses aludido transcurrió a partir
de haber ocurrido el accidente referido el 10 de octubre de 1996; y que
la fecha en que la trabajadora se inhabilitó --el 20 de junio de 1997-no es pertinente al calcular el período de doce (12) meses de la reserva
de empleo dispuesta por ley.
Disiento
continuación.
de
este
dictamen
por
las
razones
que
expreso
a
Veamos.
I
El Artículo 5a
referido, 11 LPRA sec. 7, provee una protección al
empleado que se inhabilita para trabajar.
Así se dispone expresamente en
la primera oración de dicho Artículo, en la cual se define precisamente
el ámbito de la protección laboral que el Artículo establece.
Preceptúa
esa primera oración del Artículo 5a que:
“En los casos de inhabilitación para el trabajo,... el
patrono
vendrá obligado
a reservar
el
empleo
que
desempeñaba el obrero o empleado al momento de ocurrir el
accidente...”.
Surge palmariamente de lo anterior que el elemento central que
activa la protección referida es específicamente la inhabilidad para
trabajar.
Es precisamente porque del accidente laboral el empleado ha
resultado tan lesionado que tiene que ausentarse del trabajo, que se le
ofrece al empleado la protección del Artículo 5a.
La inhabilidad para
trabajar es, pues, la razón de ser de la reserva de empleo que establece
dicho Artículo 5a.
Visto el claro propósito de la disposición referida, los otros
párrafos del Artículo 5a - los otros asuntos que allí se preceptúan –
tienen que ser interpretados en armonía con dicho propósito central,
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razón de ser de esta disposición.
Reiteradamente hemos resuelto que “las
leyes deben interpretarse y aplicarse a tono con el propósito social que
las inspira, sin desvincularlas de la realidad y del problema humano cuya
solución persiguen, como parte de un todo coherente y armonioso [del]
ordenamiento jurídico.” Pueblo v. Zayas Rodríguez, Op. de 17 de febrero
de 1999, ___ D.P.R. __, 99 JTS 16; J.R.T v. A.E.E., Op. de 1 de abril de
1993, 133 D.P.R. ___ (1993), 93 JTS 49; Col. Ing. Agrim P.R. v. A.A.A.,
131 D.P.R. 735, 756 (1992); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733
(1989); Morales v. Adm. Sistema de Retiro, 123 DPR 589, 595 (1989).
Véase, también, Pueblo v. Zayas Colón, Op. de 9 de octubre 1995, 139
D.P.R. ___ (1995), 95 JTS 127. Una y otra vez hemos insistido en que, en
la interpretación de un estatuto, los tribunales no deben descansar en
una parte aislada de una disposición de ley, sino que deben considerar el
estatuto en su totalidad, teniendo primordialmente en cuenta el propósito
del estatuto, para así poder determinar el verdadero significado de sus
cláusulas.
En innumerables ocasiones hemos resuelto que en tales casos
la obligación fundamental del tribunal es propiciar la realización del
Vázquez v. A.R.P.E, 128 D.P.R. 513
propósito que persigue la ley.
(1991); A.R.P.E. v. Rodríguez; 127 D.P.R. 791 (1991); Chase Manhattan
Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759 (1990); P.N.P. y P.I.P v.
Rodríguez
Estrada,
122
D.P.R.
490
(1988;
El
Vocero
v.
Junta
de
Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Pacheco v. Vargas, Alcalde, 120
D.P.R. 404 (1988); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986);
Cirino v. Fuentes Fluviales; 91 D.P.R. 608 (1964); Arroyo Merino v. Junta
Azucarera, 1989 D.P.R. 622 (1963)
La obligación que tienen los tribunales al interpretar estatutos, de
propiciar
la
realización
del
propósito
que
persigue
la
ley,
es
particularmente imperiosa cuando se trata de leyes de justicia social,
como
lo
es
el
Artículo
5a
que
aquí
nos
concierne,
que
deben
ser
interpretados liberalmente, a fin de poder lograr los elevados fines que
persigue el legislador.
García
Pagán
v.
Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993);
Shiley
Caribbean,
122
D.P.R.
193
(1988);
Camacho
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Rodríguez v. F.S.E., 121 D.P.R. 877 (1988); Bruno Colón v. Comisión
Industrial,
109
D.P.R.
785
(1980);
Villanueva
Pérez
v.
Comisión
Industrial, 109 D.P.R. 790 (1980); Alonso García v. Comisión Industrial,
102 D.P.R. 733 (1974); Torres v. González, 63 D.P.R. 964, 972 (1944).
En el caso de autos, todo lo anterior significa que, al interpretar
el párrafo del Artículo 5a referido que dispone que el trabajador debe
requerirle
al
patrono
que
lo
reinstale
en
el
empleo
antes
de
transcurridos doce (12) meses desde la fecha del accidente, dicho párrafo
no debe leerse aisladamente, sino a la luz del propósito central del
Artículo 5a, para propiciar su razón de ser.
Interpretado de este modo,
no cabe duda de que el foro apelativo resolvió correctamente que el
término de doce (12) meses comienza
a transcurrir desde que surge la
inhabilidad causada por el accidente.
Ello, porque lo que el Artículo 5a
persigue es precisamente proveerle protección al trabajador lesionado al
quedar éste inhabilitado para trabajar por la lesión.
Se le concede una
reserva de empleo por doce (12) meses al trabajador cuando éste ha tenido
que ausentarse del empleo por la lesión, por lo que es lógico, y conforme
al espíritu del Artículo 5a referido, que el término de doce (12) meses
se cuente a partir de que surja la inhabilidad.
De otro modo quedaría
trunca la protección que el legislador quiso ofrecer a los trabajadores
en general, y no se lograría cabalmente el propósito claro del Artículo
5a referido.
Como bien señaló el foro apelativo, cuando ocurre un accidente
laboral, lo usual y más corriente es que la condición inhabilitante surja
de inmediato del suceso que la causó.
Generalmente, ambos elementos se
manifiestan
de
como
explosiones,
resbalones
inmediatas.
Tal es la concepción común y corriente de lo que constituye
un accidente.
manera
simultánea,
y
caídas
que
cuando
causan
ocurren
lesiones
choques,
inhabilitantes
Sin embargo, existen circunstancias en las cuales la
inhabilidad resultante de un suceso en el trabajo se manifiesta de forma
paulatina
o
gradual.
Igualmente
ocurre
con
muchas
enfermedades
ocupacionales cuya inhabilidad resultante tienen un desarrollo gradual e
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imperceptible
durante
un
largo
especialistas en esta materia.
período.
Así
se
reconoce
por
los
Véase, Arthur Larson & Lex K. Larson,
Larson’s Workers’ Compensation Law, Ed. Matthew Bender, Vol. 3, Chapter
7, a las págs. 383 – 447.
Por tal razón, es forzoso interpretar que a
los fines de lo dispuesto por el artículo 5a, la fecha del accidente no
es la fecha del suceso que causa la inhabilidad sino la fecha en que ésta
se manifiesta.
De otro modo, el claro propósito social de la reserva de
empleo del artículo 5a no se cumpliría respecto a algunos trabajadores
inhabilitados.
Se les daría protección a unos trabajadores lesionados
que han tenido que ausentarse del empleo por razón de su lesión, pero se
les negaría a otros, lo que constituiría un patente trato desigual, sin
que haya justificación alguna para ello, porque unos y otros están en la
misma situación esencial, que es la de ser trabajadores inhabilitados por
una lesión.
II
La mayoría en su opinión no ha presentado razón alguna que en los
méritos justifique concederle el derecho de la reserva de empleo de doce
(12) meses a los empleados cuya inhabilidad para trabajar se manifiesta
de inmediato con la lesión sufrida en el empleo, a la vez que se le niega
ese derecho a los que también sufren una lesión laboral pero que la
inhabilidad se manifiesta más tarde.
No ha expresado la mayoría criterio
sustantivo alguno que explique por qué la eminente política pública de
proteger laboralmente a los trabajadores inhabilitados por lesiones en el
empleo
debe
contrario,
amparar
la
mayoría
a
unos
expresa
inhabilitados
que
pero
simpatiza
con
a
otros
la
no.
Por
el
situación de
la
empleada en cuestión, pero aduce que se encuentra impedida de darle trato
igual
a
todos
los
inhabilitados,
por
los
términos
del
estatuto
mencionados antes.
Esta postura de la mayoría es verdaderamente insostenible.
La
mayoría no presenta razón o argumento alguno que demuestre que en efecto
el legislador tuvo la intención de conceder la reserva de empleo a unos
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trabajadores inhabilitados y a los otros no.
No hay un ápice de prueba
que apoye o fundamente la restrictiva interpretación literalista que la
mayoría
hace
de
un
párrafo
del
artículo
5a
referido.
Tal
interpretación, que por puro fiat le imputa al legislador el resultado
patentemente injusto que la mayoría decreta en este caso, es contraria a
los preeminentes principios de interpretación estatutaria aludidos antes
en esta opinión.
La
interpretación
de
la
mayoría
es
contraria
principio que hemos expresado reiteradamente.
también
a
otro
Como se sabe, todas las
leyes, aun las “clarísimas”, requieren interpretación.
Pueblo v. Zayas
Rodríguez, Op. de 17 de febrero de 1999, ___ D.P.R.____, 99 JTS 16; Vélez
v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533, 544 (1984); Pueblo v. Tribunal
Superior, 81 D.P.R. 763, 788 (1960).
Con arreglo a esta realidad, hemos
resuelto una y otra vez que “la letra de la ley no debe ser seguida
ciegamente en casos que no caen dentro de su espíritu y fin.”
Zayas
Rodríguez,
supra,
y
casos
allí
citados.
Hemos
Pueblo v.
insistido
en
rechazar la interpretación literalista de una ley, si a plena vista se ve
que se ha cometido un error.
Id.
En repetidas ocasiones hemos resuelto
que la literalidad de un estatuto puede ser ignorada cuando es contraria
al claro propósito de la ley o inconsistente con su razón y espíritu.
La
literalidad de una disposición no puede prevalecer cuando el resultado de
ésta
no
tenga
legislador
una
sentido
jurídico
intención
o
dé
lugar
a
que
absurda
o
irrazonable.
se
le
Pueblo
impute
v.
al
Zayas
Rodríguez, supra; Robles v. Otero, 127 D.P.R. 190 (1991); Pueblo v.
Burgos Torres, 120 D.P.R. 709 (1988); Pacheco v. Vargas, supra; Cancora
Marina Inc. v. Secretario de Hacienda, 114 D.P.R. 248 (1983); Rivera
Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661 (1982).
Es por lo anterior que
debemos concluir que, el resultado al cual la mayoría lamenta no poder
llegar en este caso es uno que no es posible aquí únicamente porque la
propia
mayoría
no
quiere
llegar
a
él.
Existen
amplios
fundamentos
jurídicos para sostener el resultado aludido, mucho más sólidos que el
escogido por la mayoría para apoyar su constreñida postura en este caso.
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La metodología decisional de hacer interpretaciones estatutarias
expansivas es bien conocida por este Foro, que la utiliza con frecuencia.
Sin hurgar mucho en nuestros numerosos precedentes en los cuales este
Tribunal ha hecho interpretaciones de tal índole, cabe mencionar los
siguientes casos relativamente recientes en los cuales hemos interpretado
algún
estatuto
con
liberalidad,
más
allá
de
sus
estrictos
términos
literales: Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, en el cual lo hicimos para
favorecer a convictos de portación ilícita de armas cargadas; Sahar
Fatach v. Seguros Triple S, Inc., Op. de 25 de marzo de 1999, ____ D.P.R.
____, 99 JTS 46, en el cual lo hicimos para favorecer a las compañías de
seguro; Valentín v. Housing Promoters Inc., Op. de 9 de octubre de 1998,
146 D.P.R. ____ (1998), 98 JTS 132 en el cual lo hicimos para favorecer a
los patronos; Pueblo v. Villafañe, Contreras, Op. de 10 de octubre de
1995, 139 D.P.R.____, 95 JTS 132, en el cual lo hicimos para favorecer a
la profesión médica de Puerto Rico.
Siguiendo, pues, los múltiples
precedentes que se han citado en distintas partes de esta opinión, la
mayoría ciertamente pudo haber hecho una interpretación expansiva del
artículo 5a referido, para hacer valer su claro propósito social, y esta
vez para favorecer a empleados inhabilitados, como la del caso de autos.
Como la mayoría opta por otro proceder, para favorecer una vez más
los intereses patronales a costa del bienestar de los trabajadores, yo
DISIENTO.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO