LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Lourdes Cuevas Santiago V. Ethicon Division of Johnson & Johnson Professional Company of Puerto Rico, Inc.

1999 TSPR 107

Poder Judicial de Puerto Rico

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Lourdes Cuevas Santiago V. Ethicon Division of Johnson & Johnson Professional Company of Puerto Rico, Inc.

CC-1999-0079

CC-1999-79

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Lourdes Cuevas Santiago

Recurrida

Certiorari

V.

99 TSPR 107

Ethicon Division of Johnson & Johnson

Professional Company of Puerto Rico,

Inc.

Peticionaria

Número del Caso: CC-1999-0079

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Alfredo M. Hopgood Jovet

Lcdo. Luis R. Amadeo Carrón

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado

Tribunal de Instancia, Sala Superior de Caguas

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Héctor Cordero Vázquez

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI CaguasHumacao

Juez Ponente: Hon. Ortiz Carrión

Fecha: 6/30/1999

Materia: Despido Ilegal

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-1999-79

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lourdes Cuevas Santiago

Demandante

v.

CC-1999-79

Certiorari

Ethicon Division of Johnson

& Johnson Professional

Company of Puerto Rico, Inc.

Opinión

Denton

del

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

Hernández

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.

¿Cuándo comienza a discurrir la reserva de empleo

dispuesta en la Ley de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo? ¿Desde la fecha del accidente o desde que el

Fondo le ordena tratamiento en descanso al empleado?

Resolvemos que conforme la letra clara del Articulo

5a

de

la

Ley

de

Compensaciones

por

Accidentes

del

Trabajo el periodo de reserva comienza a discurrir a

partir de la fecha del accidente.

I.

La Sra. Lourdes Cuevas Santiago comenzó a trabajar

para

Ethicon,

Division

of

Johnson

&

CC-1999-79

3

Johnson Professional Co. (en adelante “Ethicon”) mediante

contrato de empleo probatorio en junio de 1994. En octubre

del 1996 la señora Cuevas sufrió un accidente en el trabajo.

En

noviembre

del

mismo

año

Ethicon

la

refirió

a

la

Corporación de Fondo del Seguro del Estado (en adelante “el

Fondo”), a partir de ese momento la señora Cuevas estuvo en

tratamiento

mientras

continuaba

trabajando

(“CT”).

Sin

embargo, la condición de la empleada se agravó y el 20 de

junio de 1997 el Fondo le ordenó descanso. Dos meses más

tarde en agosto el Fondo dispuso que la señora Cuevas podía

continuar su tratamiento mientras trabajaba por lo que la

demandante se reintegró a su trabajo.

Un mes más tarde en septiembre

el Fondo le ordenó nuevamente a la

señora Cuevas que recibiera su

tratamiento en descanso hasta el 2

de diciembre. El 2 de diciembre

ella solicitó reinstalación a su

trabajo y Ethicon le indicó que la

reserva de empleo que dispone el

Articulo 5a de la Ley de

Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, había expirado.

Así

Primera

las

cosas,

Instancia,

discriminatorio.

ella

presentó,

demanda

Posterior

a

ante

el

Tribunal

de

por

despido

ilegal

y

la

presentación

de

la

contestación a la demanda, la señora Cuevas presentó Moción

de Sentencia Sumaria Parcial y/o Moción de Sentencia por las

CC-1999-79

4

Alegaciones, a la cual se opuso Ethicon, solicitando, a su

vez, que se dictara sentencia sumaria a su favor.

El

mediante

Tribunal

de

la

desestimó

cual

Instancia

la

dictó

Sentencia

Sumaria,

demanda

presentada.

En

su

sentencia, el foro de instancia determinó que el término de

la reserva de empleo comenzó a transcurrir desde el 10 de

octubre de 1996, fecha del accidente, y terminó en octubre

de 1997.

Por lo tanto a la fecha en que ella solicitó

reinstalación, el término de reserva había transcurrido, por

lo

que

cesó

la

obligación

de

Ethicon

de

reservarle

el

empleo.

Inconforme, la señora Cuevas apeló ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Alegó que el Tribunal de Instancia

erró al concluir que, a la luz de los hechos que no están en

controversia, al momento de ella solicitar su reinstalación

habían transcurrido más de doce meses desde la fecha del

accidente; y al concluir que Ethicon ya no tenía obligación

de reservarle su empleo.

Dicho

foro

apelativo

revocó

la

sentencia

sumaria

apelada. Determinó que a los fines de lo dispuesto por el

Artículo 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo,

Ley

Núm.

45

de

18

enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 7,

de

abril

de

1935,

según

la fecha del accidente no es

la fecha del suceso que causa la inhabilidad sino la fecha

en que ésta se manifiesta. Por lo tanto, cuando para el 2 de

diciembre de 1997, la recurrida solicitó su reinstalación,

sólo habían transcurrido poco más de cinco meses desde el

momento en que se manifestó su inhabilidad para trabajar,

CC-1999-79

5

por lo que su solicitud de reinstalación se efectuó dentro

del plazo de doce meses dispuesto como reserva de empleo en

el Artículo 5a, supra.

Inconforme con las determinaciones del foro apelativo,

Ethicon

acude

ante

nos,

alegando

como

único

error

lo

siguiente:

Actuó Ultra Vires el Honorable Tribunal de

Circuito de Apelaciones (El “Tribunal Apelativo”)

al ignorar y descartar la letra clara del

artículo 5a de la Ley de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo (sobre reserva de empleo)

y descartar la jurisprudencia establecida por

este honorable Tribunal Supremo en Torres v. Star

Kist Caribe, 94 J.T.S. 5, y su progenie, al

resolver que el periodo de reserva de doce meses

comienza a decursar no “desde la fecha del

accidente”, según reza el Art. 5a, sino desde que

el Fondo autoriza por primera vez a un obrero

tratamiento

medico

en

descanso.

Según

el

honorable Tribunal Apelativo, El periodo en que

el obrero recibe tratamiento médico mientras

trabaja (“CT”) interrumpe la reserva de empleo,

lo cual conflige abiertamente con lo resuelto en

Torres v. Star Kist Caribe, Supra."

Por su parte la Sra. Cuevas Santiago presentó oposición

a la solicitud de certiorari, señalando la corrección de lo

determinado

por

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones.

Examinada la petición de certiorari y la oposición a la

misma, y a tenor con la Regla 50 del Reglamento de este

Tribunal, revocamos la sentencia recurrida sin ulteriores

procedimientos.

II.

La justificación de un despido de un empleado por razón

de

su

incapacidad

física

y/o

mental

para

realizar

las

funciones de su puesto, o para asistir regularmente a su

empleo, no aplica en casos en que el obrero se incapacita

CC-1999-79

6

por

temporalmente

razón

de

un

accidente

o

enfermedad

ocupacional. Esta protección del obrero está reconocida en

el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo. Esta ley instrumenta el derecho constitucional de

todos los trabajadores en Puerto Rico a recibir protección

contra riesgos para la salud e integridad personal, Art. I,

Sec. 16 de la Constitución del ELA, y constituye el eje

central

de

todo

Estado

para

la

el

esquema

protección

jurídico

del

obrero

establecido

en

su

por

el

taller

de

trabajo. Véase Torres González v. Star Kist Caribe, Inc.,

res. el 28 de enero de 1994, 134 D.P.R.___ (1994); Delgado

Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora

del Trabajo, págs. 187-188 (1996).

Entre

las

medidas

que

la

Ley

de

Compensaciones

por

Accidentes del Trabajo establece para proteger al trabajador

y viabilizar su tratamiento y cura, esta lo dispuesto en su

Art. 5a. Este artículo es de carácter especial, es decir, se

refiere únicamente a aquellos casos en que el trabajador

sufre un accidente de trabajo o una enfermedad del trabajo

que lo inhabilita. Vease, Rodríguez Rosa v. Méndez & Co.,

res. el 18 de marzo de 1999, 99 TSPR 23; Delgado Zayas,

supra, pág. 188. Aquellos empleados que no quedan cobijados

por el

Art. 5a y han sido despedidos sin que medie justa

causa, de ordinario, podrán reclamar bajo la ley 80 de 30 de

mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a y ss.,

que es de aplicación general.

El Artículo 5a específicamente dispone que:

CC-1999-79

7

En los casos de inhabilitación para el

trabajo de acuerdo con las disposiciones de este

Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar

el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al

momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo

en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

(1)

Que el obrero o empleado requiera al

patrono para que lo reponga en su empleo dentro

del término de quince días, contados a partir de

la fecha en que el obrero o empleado fuere dado

de

alta,

y

siempre

y

cuando

que

dicho

requerimiento no se haga después de transcurridos

doce meses desde la fecha del accidente;

(2) que el obrero o empleado esté mental y

físicamente capacitado para ocupar dicho empleo

en el momento en que solicite del patrono su

reposición, y

(3) que dicho empleo subsista en el momento

en

que

el

obrero

o

empleado

solicite

su

reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste

cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro

obrero o empleado. Se presumirá que el empleo

estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por

otro obrero o empleado dentro de los treinta días

siguientes a la fecha en que se hizo el

requerimiento de reposición.)... Ley Núm. 45 del

18 de abril de 1935, Art. 5a, según enmendada, 11

L.P.R.A. sec. 7.

Anteriormente

hemos

establecido

que

este

artículo

contiene dos tipos de protección para el obrero inhabilitado

por

un

accidente

o

enfermedad

del

trabajo.

Por

un

lado

obliga al patrono a reservarle el empleo al trabajador por

doce meses, desde el momento en que ocurre el accidente,

período durante el cual el patrono no puede despedir al

empleado. Por otro lado, tan pronto como el trabajador es

dado de alta por el Fondo, tiene derecho a que se le reponga

en su empleo, y el patrono está obligado a reinstalarlo,

siempre

que

se

cumplan

los

requisitos

que

establece

el

propio artículo. Los requisitos son: (1) que el accidente o

enfermedad ocupacional inhabilite al empleado para trabajar;

(2) que el empleado se acoja a los beneficios del Fondo; (3)

CC-1999-79

8

que dentro de los quince días de haber sido dado de alta

definitivamente y autorizado a trabajar por el Fondo, el

empleado solicite al patrono reposición en su empleo; (4)

que dicho requerimiento de reposición se haga dentro de los

doce meses de haber ocurrido el accidente o enfermedad; (5)

que al solicitar su reposición el empleado esté mental y

físicamente capacitado para desempeñarse en las funciones

del empleo que ocupaba; y (6) que dicho empleo subsista al

momento

de

la

solicitud

de

reinstalación.

Véase

Vélez

Rodríguez v. Pueblo International, res. el 18 de marzo de

1994, 135 D.P.R. ___ (1994); Torres González v. Star Kist

Caribe,

supra;

Carrón

Lamoutte

v.

Compañía

de

Turismo,

supra; Santiago v. Kodak, 129 D.P.R. 763 (1992).

También hemos reconocido que al imponerle al patrono el

deber de reservarle al obrero por doce meses el empleo en

que se desempeñaba al momento de ocurrir el accidente, el

legislador intentó establecer un balance entre los intereses

del

obrero,

consideración

y

los

la

del

carga

patrono.

que

El

podría

legislador

tomó

en

representar

para

el

patrono la reserva de empleo y por tal razón la limitó a

sólo 12 meses a partir del accidente, entendiendo que de

esta

forma

intereses

se

lograba

económicos

el

del

balance

patrono

y

adecuado

la

entre

los

protección

del

trabajador lesionado. Torres González v. Star Kist Caribe,

supra; Santiago v. Kodak, supra.

En

el

determinemos

caso

que

de

el

autos

Art.

5a

Ethicon

nos

claramente

solicita

dispone

que

que

el

momento a partir del cual se computa el periodo de reserva

CC-1999-79

que

9

exige

el

artículo,

es

el

momento

en

que

ocurrió

el

accidente. Entiéndase que el periodo de 12 meses de reserva

comienza a partir del momento en que ocurre el evento que

conduce a la inhabilitación.

Por su parte la señora Cuevas en su comparecencia ante

nos, solicita que determinemos que en su caso el periodo de

reserva comenzó en el momento en que el Fondo le ordenó

descanso. Sólo existen dos interpretaciones del articulo 5a

que sostendrían esta postura. Determinar que los periodos en

que el Fondo ordena tratamiento mientras el obrero continúa

trabajando interrumpen el periodo de reserva, o determinar

que donde el legislador colocó la frase “desde la fecha del

accidente”, tuvo la intención de decir desde la fecha de la

inhabilidad

lecturas

sobrevenida

del

principios

a

artículo

que

rigen

causa

son

la

del

accidente.

insostenibles

interpretación

Ambas

conforme

judicial

los

de

las

meses

de

leyes. Veamos

La

posibilidad

de

que

el

término

de

doce

reserva que establece el Art. 5a pudiese quedar interrumpido

por

los

periodos

trabajando

o

tratamiento

en

en

que

regresa

el

el

empleado

accidentado

a

trabajar

mientras

Fondo

(C.T.),

ya

fue

continúa

resuelto

está

bajo

en

la

negativa por este tribunal. Precisamente en Torres González

v. Star Kist Caribe, supra. resolvimos que “el hecho de que

un empleado, que se encuentra incapacitado temporalmente por

razón

de

enfermedad

o

accidente

ocupacional,

regrese

al

trabajo mientras se encuentra en tratamiento medico bajo el

F.S.E. (C.T.) no tiene el efecto de interrumpir el termino

CC-1999-79

10

de (12) meses que establece el Artículo 5A, supra. Este

periodo es uno de caducidad que no puede interrumpirse de

forma alguna”. Por lo tanto, es evidente que los meses en

que la señora Cuevas se encontraba recibiendo tratamiento

mientras

continuaba

trabajando

(C.T.)

no

interrumpe

el

periodo de reserva por lo que no pueden descontarse del

periodo de doce meses que establece el Art. 5a.

Sin

embargo,

el

foro

apelativo

no

descanso

en

este

supuesto para establecer que la señora Cuevas tenía derecho

a ser reinstalada en el caso de autos. El foro apelativo en

vez

interpretó

que

la

frase:

“fecha

del

accidente”

no

significa la fecha del hecho causante, sino la fecha en que

se manifiesta la inhabilidad resultante del hecho causante.

Apoya su interpretación en el principio de hermenéutica que

establece que las leyes remediales deben ser interpretadas

liberalmente

para

lograr

sus

propósitos.

Conforme

a

esta

interpretación determinó que la fecha del accidente fue a

mediados del año 1997 cuando por primera vez se manifestaron

los

efectos

inhabilitantes

del

accidente

y

el

Fondo

le

ordenó descanso y por lo tanto la solicitud de reinstalación

que hiciera la señora Cuevas estaba dentro del plazo de doce

meses

dispuesto

como

reserva

de

empleo

en

el

Art.

5a.

Reiteradamente hemos resuelto que por ser la Ley de

Compensaciones

por

Accidentes

del

Trabajo

un

estatuto

remedial debe interpretarse liberalmente a favor del obrero.

Santiago v. Kodak, supra; Maisonet Felicié v. Corp. Fondo

del Seguro del Estado, res. el 30 de diciembre de 1996, 142

D.P.R. ___ (1996); Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91

CC-1999-79

11

DPR 480, 485; Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84

DPR 196, 215 (1961); véase además, Agosto Serrano v. FSE,

132 D.P.R. 866 (1993); Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R.

116 D.P.R. 522 (1985).

Sin

embargo,

establecer

que

hemos

“cuando

sido

la

igualmente

ley

es

clara

enfáticos

y

libre

de

al

toda

ambigüedad la letra de ella no debe ser menospreciada bajo

el pretexto de cumplir su espíritu”. Articulo 14 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 201; Alejandro Rivera y Otros v.

ELA, res. el 10 de abril de 1996, 140 D.P.R. ___ (1996);

Atlantic

Pipe

Corp.

Santiago

v.

Kodak,

v.

F.S.E.,

supra;

132

Silva

D.P.R.

1026

(1993);

Rodríguez

v.

Adm.

de

Sistemas de Retiro, 128 D.P.R. 256 (1991); Rojas v. Méndez &

Co., 115 D.P.R. 50, 53 (1984); Cabán Méndez v. FSE, 115

D.P.R. 1, 3 (1983).

Así mismo hemos reconocido que cuando el legislador se

ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco, el texto de

la ley es la expresión por excelencia de toda intención

legislativa.

Silva

Alejandro

Rodríguez

Atiles,

Admor.

v.

v.

Rivera

Adm.

otros

v.

E.L.A.,

supra;

Sistemas

de

Retiro,

supra;

Industrial,

77

D.P.R.

16,

De

Comisión

y

20

(1954).

Nos

señalan

Bernier

y

Cuevas

Segarra,

en

su

obra

Aprobación e Interpretación de las Leyes de Puerto Rico,

2da. edición, Publicaciones JTS, 1987, pág. 299, que "[b]ajo

un sistema de separación de poderes como el que funciona en

Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de

aprobar

las

leyes.

El

Poder

Judicial

ejercitado

por

los

CC-1999-79

12

tribunales consiste en el ejercicio de las facultades de

resolver los litigios a través de la interpretación de la

ley. En el desempeño normal de sus funciones, los tribunales

están obligados a respetar la voluntad legislativa aunque

los magistrados discrepen personalmente de la sabiduría de

los actos legislativos. Interpretar una ley en forma que sea

contraria

a

la

intención

del

legislador

implica

la

usurpación por la Rama Judicial de las prerrogativas de la

Rama Legislativa. Por tanto, el intérprete debe abstenerse

de

sustituir

el

criterio

legislativo

por

sus

propios

conceptos de lo justo, razonable y deseable." Véase además,

Rodríguez Díaz v. Autoridad de Teléfonos de P.R., res. el 29

de mayo de 1998, 98 TSPR 62; y Alejandro Rivera v. ELA,

supra. Por lo tanto, “[s]i el lenguaje de un estatuto es tan

inequívoco que postula un solo significado, un sentido cabal

de humildad y autodisciplina requiere la aplicación de la

voluntad

legislativa".

Alejandro

Rivera

v.

ELA,

supra.

Véanse además, Cotto Guadalupe v. Dept. de Educación, res.

el 15 de junio de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995); Atlantic Pipe

Corp. v. FSE, supra y Clínica Juliá v. Sec. De Hacienda, 76

D.P.R. 509, 520 (1954).

Conforme

a

estos

reconocidos

principios

de

interpretación analizamos el Art. 5a y encontramos que el

legislador al establecer la fecha al partir del cual habría

de contabilizarse la reserva escogió la fecha en que ocurrió

el accidente.1 La letra de la ley es clara e inequívoca y no

1

En la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo el

legislador también utiliza la fecha en que ocurre el

CC-1999-79

13

tenemos evidencia de que la intención del legislador haya

sido

otra.

El

Art.

5a

fue

adicionado

a

la

Ley

de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo mediante la Ley

Núm. 48 de 18 de abril de 1950, Leyes de Puerto Rico, 19491950, pág. 127, el periodo de reserva dispuesto en esta ley

era de 6 meses a partir de la fecha del accidente. En marzo

del 1971 se presentó un proyecto de ley que proponía que la

reserva de empleo no tuviese límite de tiempo, pero la misma

no fue aprobada. Vol. 25, Diario de Sesiones de la Asamblea

Legislativa,

1971,

pág.

644.

El

5

de

junio

de

legislador

enmendó

el

Art.

5a

para

entre

otras

cosas

de

reserva

a

(12)

aumentar

el

periodo

de

seis

(6)

1973

doce

el

meses. Del Informe Conjunto de las Comisiones del Trabajo y

Asuntos

del

Veterano

y

Gobierno

de

la

Cámara

de

Representantes del 6 de abril de 1973, Vol. 27, Diario de

Sesiones de la Asamblea Legislativa, 1973, pág. 1034, surge

que;

[e]l propósito de la medida es aumentar el

término de seis a doce meses, después de la fecha

del accidente, para solicitar reposición en el

empleo

que

ocupaba

originalmente.

También

requiere del patrono que no cumpla con las

disposiciones del aludido Artículo 5A, el pago al

obrero o empleado o a sus beneficiarios, de los

salarios que éste hubiere devengado de haber sido

reinstalado además de los daños y perjuicios que

se le haya ocasionado. (énfasis nuestro)

Por otro lado, hemos observado que cuando el legislador

interesa que una reserva de empleo comience a discurrir a

partir

de

que

surge

la

incapacidad

lo

ha

expuesto

accidente como el momento para determinar si el patrono esta

o no asegurado por el Fondo, y por ende le cobija la

inmunidad patronal. 11 L.P.R.A. sec. 28.

CC-1999-79

14

expresamente. Véase Ley de Protección Social por Accidentes

de Automóviles, Ley Núm 45 de 1987, 9 L.P.R.A. sec. 2054(B)

y

la

Ley

de

Seguro

Temporeras,

Ley

Núm

por

139

Incapacidad

de

1968,

No

según

Ocupacional

enmendada,

11

legislador

al

L.P.R.A. sec. 203(q).

Como

mencionáramos

anteriormente,

el

establecer la reserva de empleo intentó lograr un balance

entre los intereses del obrero, y los del patrono. Por ende,

de

entenderlo

Legislativa

procedente,

y

no

a

Compensaciones

por

Accidentes

del

corra

partir

reserva

de

empleo

este

corresponde

Tribunal

a

a

la

enmendar

Trabajo

de

Asamblea

la

Ley

de

para

que

la

la

inhabilidad

sobrevenida por el empleado luego de ocurrido el accidente.

Siendo

clara

la

disposición

de

la

ley

y

libre

de

toda

ambigüedad, la misma es la expresión por excelencia de la

intención

legislativa

interpretación

que

por

lo

que

debemos

hiciera

el

Tribunal

de

rechazar

la

Circuito

de

Apelaciones en este caso.

Aunque

simpatizamos

con

la

situación

de

la

señora

Cuevas, es la Asamblea Legislativa quien debe determinar si

se enmienda este artículo, luego de considerar todos los

factores envueltos incluyendo el impacto económico para el

patrono y el bienestar de los empleados2.

2

Cabe señalar que el hecho de que la reserva que provee el

Art. 5a discurre a partir de la fecha del accidente o

enfermedad ocupacional, cumple con la finalidad de que el

obrero acuda prontamente y sin temor a ser despedido ante el

Fondo para comenzar su proceso de recuperación. El que la

reserva comience a partir de la inhabilidad decretada por el

Fondo podría tener el efecto perjudicial de que el obrero

CC-1999-79

15

III.

Conforme a los hechos incontrovertidos de este caso al

momento en que la señora Cuevas solicita ser reinstalada ya

habían transcurrido los 12 meses de reserva de empleo que el

legislador fijó en el Art. 5a para su reposición, ante estas

circunstancias es forzoso concluir que el patrono no violó

el Art. 5a al despedir a la señora Cuevas.

Procede, por lo tanto, revocar la decisión del Tribunal

de Circuito de Apelaciones y reinstalar la del Tribunal de

Primera Instancia, por ser la correcta en derecho.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

postergue la decisión de acudir al

tratamiento hasta que se agrave su salud.

Fondo

a

recibir

CC-1999-79

16

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lourdes Cuevas Santiago

Demandante

v.

CC-1999-79

Certiorari

Ethicon Division of Johnson

& Johnson Professional

Company of Puerto Rico, Inc.

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integral de la

presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por

el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se reinstala la

del Tribunal de Primera Instancia desestimando la

demanda.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri emitió Opinión Disidente.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1999-79

17

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

*

*

Lourdes Cuevas Santiago

*

*

Demandante-Recurrida

*

*

*

vs.

*

*

*

Ethicon Division of Johnson

*

& Johnson Professional

*

Company of Puerto Rico, Inc.

*

*

Demandado-Recurrente

*

*

*

* * * * * * * * * * * * * * * **

Certiorari

CC-1999-79

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.

“When it comes to the

development of a corpus

juris,

the

ultimate

question is what do the

dominant forces of the

community want and do

they want it hard enough

to

disregard

whatever

inhibitions may stand in

the way.”

OLIVER WENDEL HOLMES

“Las leyes se hacen por los

hombres y se interpretan por

los hombres.

Por eso, en su

interpretación,

debe

ser

factor preeminente la realidad

humana de la vida, no la

abstracción

de

reglas

inmutables...

En esta época

de justicia social, debemos

marchar hacia la humanización

de la justicia y el derecho,

dejando atrás en su decadencia

rigorista el sentido dogmático

del derecho y la justicia.”

LUIS NEGRÓN FERNÁNDEZ

En el caso de autos, la recurrida sufrió un accidente en el trabajo

el 10 de octubre de 1996.

Sin embargo, no fue hasta el 20 de junio de

1997 que la condición de la recurrida se agravó a tal extremo que la

inhabilitó para continuar trabajando.

recurrida

El 2 de diciembre de 1997, la

solicitó

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la reinstalación en su empleo, pero su patrono se lo denegó, aduciendo

para ello que la reserva de empleo de doce (12) meses que dispone el

Artículo 5a de la Ley de Compensaciones por Accidente del Trabajo ya

había expirado.

Una

mayoría

del

Tribunal

convalida

la

acción

del

patrono

por

entender que el período de doce (12) meses aludido transcurrió a partir

de haber ocurrido el accidente referido el 10 de octubre de 1996; y que

la fecha en que la trabajadora se inhabilitó --el 20 de junio de 1997-no es pertinente al calcular el período de doce (12) meses de la reserva

de empleo dispuesta por ley.

Disiento

continuación.

de

este

dictamen

por

las

razones

que

expreso

a

Veamos.

I

El Artículo 5a

referido, 11 LPRA sec. 7, provee una protección al

empleado que se inhabilita para trabajar.

Así se dispone expresamente en

la primera oración de dicho Artículo, en la cual se define precisamente

el ámbito de la protección laboral que el Artículo establece.

Preceptúa

esa primera oración del Artículo 5a que:

“En los casos de inhabilitación para el trabajo,... el

patrono

vendrá obligado

a reservar

el

empleo

que

desempeñaba el obrero o empleado al momento de ocurrir el

accidente...”.

Surge palmariamente de lo anterior que el elemento central que

activa la protección referida es específicamente la inhabilidad para

trabajar.

Es precisamente porque del accidente laboral el empleado ha

resultado tan lesionado que tiene que ausentarse del trabajo, que se le

ofrece al empleado la protección del Artículo 5a.

La inhabilidad para

trabajar es, pues, la razón de ser de la reserva de empleo que establece

dicho Artículo 5a.

Visto el claro propósito de la disposición referida, los otros

párrafos del Artículo 5a - los otros asuntos que allí se preceptúan –

tienen que ser interpretados en armonía con dicho propósito central,

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razón de ser de esta disposición.

Reiteradamente hemos resuelto que “las

leyes deben interpretarse y aplicarse a tono con el propósito social que

las inspira, sin desvincularlas de la realidad y del problema humano cuya

solución persiguen, como parte de un todo coherente y armonioso [del]

ordenamiento jurídico.” Pueblo v. Zayas Rodríguez, Op. de 17 de febrero

de 1999, ___ D.P.R. __, 99 JTS 16; J.R.T v. A.E.E., Op. de 1 de abril de

1993, 133 D.P.R. ___ (1993), 93 JTS 49; Col. Ing. Agrim P.R. v. A.A.A.,

131 D.P.R. 735, 756 (1992); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733

(1989); Morales v. Adm. Sistema de Retiro, 123 DPR 589, 595 (1989).

Véase, también, Pueblo v. Zayas Colón, Op. de 9 de octubre 1995, 139

D.P.R. ___ (1995), 95 JTS 127. Una y otra vez hemos insistido en que, en

la interpretación de un estatuto, los tribunales no deben descansar en

una parte aislada de una disposición de ley, sino que deben considerar el

estatuto en su totalidad, teniendo primordialmente en cuenta el propósito

del estatuto, para así poder determinar el verdadero significado de sus

cláusulas.

En innumerables ocasiones hemos resuelto que en tales casos

la obligación fundamental del tribunal es propiciar la realización del

Vázquez v. A.R.P.E, 128 D.P.R. 513

propósito que persigue la ley.

(1991); A.R.P.E. v. Rodríguez; 127 D.P.R. 791 (1991); Chase Manhattan

Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759 (1990); P.N.P. y P.I.P v.

Rodríguez

Estrada,

122

D.P.R.

490

(1988;

El

Vocero

v.

Junta

de

Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Pacheco v. Vargas, Alcalde, 120

D.P.R. 404 (1988); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986);

Cirino v. Fuentes Fluviales; 91 D.P.R. 608 (1964); Arroyo Merino v. Junta

Azucarera, 1989 D.P.R. 622 (1963)

La obligación que tienen los tribunales al interpretar estatutos, de

propiciar

la

realización

del

propósito

que

persigue

la

ley,

es

particularmente imperiosa cuando se trata de leyes de justicia social,

como

lo

es

el

Artículo

5a

que

aquí

nos

concierne,

que

deben

ser

interpretados liberalmente, a fin de poder lograr los elevados fines que

persigue el legislador.

García

Pagán

v.

Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993);

Shiley

Caribbean,

122

D.P.R.

193

(1988);

Camacho

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Rodríguez v. F.S.E., 121 D.P.R. 877 (1988); Bruno Colón v. Comisión

Industrial,

109

D.P.R.

785

(1980);

Villanueva

Pérez

v.

Comisión

Industrial, 109 D.P.R. 790 (1980); Alonso García v. Comisión Industrial,

102 D.P.R. 733 (1974); Torres v. González, 63 D.P.R. 964, 972 (1944).

En el caso de autos, todo lo anterior significa que, al interpretar

el párrafo del Artículo 5a referido que dispone que el trabajador debe

requerirle

al

patrono

que

lo

reinstale

en

el

empleo

antes

de

transcurridos doce (12) meses desde la fecha del accidente, dicho párrafo

no debe leerse aisladamente, sino a la luz del propósito central del

Artículo 5a, para propiciar su razón de ser.

Interpretado de este modo,

no cabe duda de que el foro apelativo resolvió correctamente que el

término de doce (12) meses comienza

a transcurrir desde que surge la

inhabilidad causada por el accidente.

Ello, porque lo que el Artículo 5a

persigue es precisamente proveerle protección al trabajador lesionado al

quedar éste inhabilitado para trabajar por la lesión.

Se le concede una

reserva de empleo por doce (12) meses al trabajador cuando éste ha tenido

que ausentarse del empleo por la lesión, por lo que es lógico, y conforme

al espíritu del Artículo 5a referido, que el término de doce (12) meses

se cuente a partir de que surja la inhabilidad.

De otro modo quedaría

trunca la protección que el legislador quiso ofrecer a los trabajadores

en general, y no se lograría cabalmente el propósito claro del Artículo

5a referido.

Como bien señaló el foro apelativo, cuando ocurre un accidente

laboral, lo usual y más corriente es que la condición inhabilitante surja

de inmediato del suceso que la causó.

Generalmente, ambos elementos se

manifiestan

de

como

explosiones,

resbalones

inmediatas.

Tal es la concepción común y corriente de lo que constituye

un accidente.

manera

simultánea,

y

caídas

que

cuando

causan

ocurren

lesiones

choques,

inhabilitantes

Sin embargo, existen circunstancias en las cuales la

inhabilidad resultante de un suceso en el trabajo se manifiesta de forma

paulatina

o

gradual.

Igualmente

ocurre

con

muchas

enfermedades

ocupacionales cuya inhabilidad resultante tienen un desarrollo gradual e

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imperceptible

durante

un

largo

especialistas en esta materia.

período.

Así

se

reconoce

por

los

Véase, Arthur Larson & Lex K. Larson,

Larson’s Workers’ Compensation Law, Ed. Matthew Bender, Vol. 3, Chapter

7, a las págs. 383 – 447.

Por tal razón, es forzoso interpretar que a

los fines de lo dispuesto por el artículo 5a, la fecha del accidente no

es la fecha del suceso que causa la inhabilidad sino la fecha en que ésta

se manifiesta.

De otro modo, el claro propósito social de la reserva de

empleo del artículo 5a no se cumpliría respecto a algunos trabajadores

inhabilitados.

Se les daría protección a unos trabajadores lesionados

que han tenido que ausentarse del empleo por razón de su lesión, pero se

les negaría a otros, lo que constituiría un patente trato desigual, sin

que haya justificación alguna para ello, porque unos y otros están en la

misma situación esencial, que es la de ser trabajadores inhabilitados por

una lesión.

II

La mayoría en su opinión no ha presentado razón alguna que en los

méritos justifique concederle el derecho de la reserva de empleo de doce

(12) meses a los empleados cuya inhabilidad para trabajar se manifiesta

de inmediato con la lesión sufrida en el empleo, a la vez que se le niega

ese derecho a los que también sufren una lesión laboral pero que la

inhabilidad se manifiesta más tarde.

No ha expresado la mayoría criterio

sustantivo alguno que explique por qué la eminente política pública de

proteger laboralmente a los trabajadores inhabilitados por lesiones en el

empleo

debe

contrario,

amparar

la

mayoría

a

unos

expresa

inhabilitados

que

pero

simpatiza

con

a

otros

la

no.

Por

el

situación de

la

empleada en cuestión, pero aduce que se encuentra impedida de darle trato

igual

a

todos

los

inhabilitados,

por

los

términos

del

estatuto

mencionados antes.

Esta postura de la mayoría es verdaderamente insostenible.

La

mayoría no presenta razón o argumento alguno que demuestre que en efecto

el legislador tuvo la intención de conceder la reserva de empleo a unos

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trabajadores inhabilitados y a los otros no.

No hay un ápice de prueba

que apoye o fundamente la restrictiva interpretación literalista que la

mayoría

hace

de

un

párrafo

del

artículo

5a

referido.

Tal

interpretación, que por puro fiat le imputa al legislador el resultado

patentemente injusto que la mayoría decreta en este caso, es contraria a

los preeminentes principios de interpretación estatutaria aludidos antes

en esta opinión.

La

interpretación

de

la

mayoría

es

contraria

principio que hemos expresado reiteradamente.

también

a

otro

Como se sabe, todas las

leyes, aun las “clarísimas”, requieren interpretación.

Pueblo v. Zayas

Rodríguez, Op. de 17 de febrero de 1999, ___ D.P.R.____, 99 JTS 16; Vélez

v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533, 544 (1984); Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 D.P.R. 763, 788 (1960).

Con arreglo a esta realidad, hemos

resuelto una y otra vez que “la letra de la ley no debe ser seguida

ciegamente en casos que no caen dentro de su espíritu y fin.”

Zayas

Rodríguez,

supra,

y

casos

allí

citados.

Hemos

Pueblo v.

insistido

en

rechazar la interpretación literalista de una ley, si a plena vista se ve

que se ha cometido un error.

Id.

En repetidas ocasiones hemos resuelto

que la literalidad de un estatuto puede ser ignorada cuando es contraria

al claro propósito de la ley o inconsistente con su razón y espíritu.

La

literalidad de una disposición no puede prevalecer cuando el resultado de

ésta

no

tenga

legislador

una

sentido

jurídico

intención

o

dé

lugar

a

que

absurda

o

irrazonable.

se

le

Pueblo

impute

v.

al

Zayas

Rodríguez, supra; Robles v. Otero, 127 D.P.R. 190 (1991); Pueblo v.

Burgos Torres, 120 D.P.R. 709 (1988); Pacheco v. Vargas, supra; Cancora

Marina Inc. v. Secretario de Hacienda, 114 D.P.R. 248 (1983); Rivera

Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661 (1982).

Es por lo anterior que

debemos concluir que, el resultado al cual la mayoría lamenta no poder

llegar en este caso es uno que no es posible aquí únicamente porque la

propia

mayoría

no

quiere

llegar

a

él.

Existen

amplios

fundamentos

jurídicos para sostener el resultado aludido, mucho más sólidos que el

escogido por la mayoría para apoyar su constreñida postura en este caso.

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La metodología decisional de hacer interpretaciones estatutarias

expansivas es bien conocida por este Foro, que la utiliza con frecuencia.

Sin hurgar mucho en nuestros numerosos precedentes en los cuales este

Tribunal ha hecho interpretaciones de tal índole, cabe mencionar los

siguientes casos relativamente recientes en los cuales hemos interpretado

algún

estatuto

con

liberalidad,

más

allá

de

sus

estrictos

términos

literales: Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, en el cual lo hicimos para

favorecer a convictos de portación ilícita de armas cargadas; Sahar

Fatach v. Seguros Triple S, Inc., Op. de 25 de marzo de 1999, ____ D.P.R.

____, 99 JTS 46, en el cual lo hicimos para favorecer a las compañías de

seguro; Valentín v. Housing Promoters Inc., Op. de 9 de octubre de 1998,

146 D.P.R. ____ (1998), 98 JTS 132 en el cual lo hicimos para favorecer a

los patronos; Pueblo v. Villafañe, Contreras, Op. de 10 de octubre de

1995, 139 D.P.R.____, 95 JTS 132, en el cual lo hicimos para favorecer a

la profesión médica de Puerto Rico.

Siguiendo, pues, los múltiples

precedentes que se han citado en distintas partes de esta opinión, la

mayoría ciertamente pudo haber hecho una interpretación expansiva del

artículo 5a referido, para hacer valer su claro propósito social, y esta

vez para favorecer a empleados inhabilitados, como la del caso de autos.

Como la mayoría opta por otro proceder, para favorecer una vez más

los intereses patronales a costa del bienestar de los trabajadores, yo

DISIENTO.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO