LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

José A. Ortiz Nieves y otros V. Unión Carbide Grafito, Inc. Carlos Ortiz Morales

1999 TSPR 108

Poder Judicial de Puerto Rico

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José A. Ortiz Nieves y otros V. Unión Carbide Grafito, Inc. Carlos Ortiz Morales

CC-1996-0197

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

José A. Ortiz Nieves y otros

Peticionaria

Certiorari

V.

99 TSPR 108

Unión Carbide Grafito, Inc.

Recurrida

Carlos Ortiz Morales

Interventor Recurrido

Número del Caso: CC-1996-0197

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Felipe Cirino Colón

Lcdo. Juan Mari Brás

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Luis Sánchez Betances

Lcdo. Rafael Pérez-Bachs

Lcdo. Pedro E. Ruiz Meléndez

Tribunal de Instancia, Sala Superior de Humacao

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Antonio J. Amadeo Murga

(Juez de la Unidad Especial de Juces de Apelaciones)

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI CaguasHumacao

Juez Ponente: Hon. Cabán Castro

Fecha: 6/30/1999

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José A. Ortiz Nieves y otros

Demandantes-peticionarios

v.

CC-96-197

Certiorari

Union Carbide Grafito, Inc.

Demandada-recurrida

v.

Carlos Ortiz Morales

Interventor-recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999

Evaluados los planteamientos de las partes, memorandos

y

documentos

desestimatoria

anejos,

del

se

Tribunal

de

confirma

la

Sentencia

Circuito

de

Apelaciones

fechada 7 de mayo de 1996 que determinó correctamente que

el recurso apropiado debió ser un certiorari, no apelación,

y aquél fue presentado fuera de término pues la Moción

solicitando

enmiendas

conclusiones

de

y

derecho

determinaciones

de

adicionales

tuvo

no

hecho

y

efecto

interruptor.

Lo pronunció el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Asociado

señor

Negrón

García

emitió Opinión Concurrente. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri

emitió

Opinión

señor Andréu García y

Disidente.

El

Juez

Presidente

3

CC-96-197

el Juez Asociado señor Corrada del Río no intervienen. La Juez Asociada

señora Naveira de Rodón se inhibió.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

4

CC-96-197

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José A. Ortiz Nieves y otros

Demandantes-peticionarios

v.

Union Carbide Grafito, Inc.

CC-96-197

Certiorari

Demandada-recurrida

v.

Carlos Ortiz Morales

Interventor-recurrido

Opinión Concurrente del Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999

Cada

vez

que

un

Tribunal

altera

pronuncia-mientos

finales y firmes, erosiona la estabilidad y certeza del

derecho. Las consecuencias son más graves si ello se da en

un escenario procesal de jurisdicción inexistente.

Suscribimos la Sentencia que hoy confirma la negativa

del

reputado

López

Tribunal

Vilanova,

Cabán

de

Circuito

Castro

y

de

Apelaciones

Rodríguez

(Hons.

Maldonado),

a

expedir un certiorari por falta de jurisdicción.

I

En el año 1978, José A. Ortiz Nieves y 749 personas

más

presentaron

demanda

en

daños

y

5

CC-96-197

perjuicios contra Union Carbide Grafito, Inc. El 25 de agosto de 1983,

el entonces Tribunal Superior, Sala de Humacao, desestimó por inacción,

pero

a

solicitud

demandantes

del

Ortiz

Lcdo.

Nieves,

Carlos

et

al.,-

apercibimientos

e

la

Morales

reinstaló

-coabogado

el

18

de

de

los

octubre.

El 26 de junio de 1986, luego de

Transcurrieron tres (3) años.

numerosos

Ortiz

incumplimiento

con

las

órdenes

del

Tribunal y con una estipulación1 entre las partes, dicho foro (Hon.

María E. Gómez Velázquez), desestimó la acción de 531 demandantes por

incumplimiento

con

el

descubrimiento

de

prueba.

Conforme

la

norma

pautada en Asociación de Propietarios v. Santa Barbara Co., 112 D.P.R.

33 (1982) dictó Sentencia Parcial, dispuso que sería final y ordenó su

registro por no existir razón para posponerla.

Se archivó en autos

copia de la notificación el 1 de julio de 1986. Los demandantes Ortiz

Nieves, et al. no actuaron contra este dictamen.

Meses después, el 23 de febrero de 1987, luego de los debidos

apercibimientos, el tribunal (Hon.

dictó

sentencia

y

ordenó

el

Carlos de Jesús Rivera Martínez)

archivo

del

caso

en

su

totalidad

por

inacción. Se archivó en autos copia de la notificación de la sentencia

el 3 de marzo. Tampoco se cuestionó esta sentencia desestimatoria.

El 31 de julio de 1987, -un (1) año y treinta (30) días desde el

archivo de la primera sentencia y ciento

cincuenta (150) días desde la

segunda, los demandantes Ortiz Nieves, et al., presentaron una moción

de relevo de sentencia alegando tener una razón “no especificada” en

las Reglas de Procedimiento Civil que así lo justificaba. El 21 de

octubre de 1987, el Tribunal de Instancia (Hon. Carlos de Jesús Rivera

Marrero) denegó el relevo sobre la primera sentencia (26 de junio de

1986)

por

entender

que

se

solicitó

fuera

de

término

y

los

mismos

demandantes habían negado fraude. También estimó improcedente el relevo

1

Se estipuló que los interrogatorios que debían contestarse

individualmente se completarían en un término “improrrogable” de 60

días desde la fecha de radicación de la Estipulación, y se desestimaría

la demanda con perjuicio en cuanto a aquellos demandantes particulares

que no cumplieran con lo estipulado. (Pág. 5, Sentencia del 26 de junio

de 1986).

6

CC-96-197

de la sentencia del 23 de febrero de 1987 por no haberse desfilado

prueba de que existiera conducta intencional maliciosa.

la

prueba

abogados,

sólo

lo

demostró

cual

no

falta

de

constituía

comunicación

causa

suficiente

A juicio suyo,

entre

clientes

y

para

anular

una

sentencia por fraude.

Los demandantes Ortiz Nieves, et al., pidieron la reconsideración

el 5 de noviembre de 1987, y por primera vez solicitaron la citación

del Lcdo. Ortiz Morales, quien los había representado anteriormente en

el

caso.

Denegada

el

6

de

noviembre,

acudieron

ante

nos.

Mediante

Sentencia del 13 de octubre de 1992,2 revocamos y ordenamos al Tribunal

de Instancia que celebrara una nueva vista evidenciaria en la cual los

demandantes pudiesen presentar los testimonios interesados en abono de

su contención de fraude.

En

acatamiento

de

ese

mandato,

el

31

de

octubre

de

1995,

el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (Hon. Antonio Amadeo

Murga, Juez de la entonces Unidad Especial de Jueces de Apelaciones),

previa vista, denegó el relevo de sentencia mediante Resolución al

entender que no se configuró ningún fraude.

Concluyó que la sentencia

se notificó a la representación legal de la comunidad y al Sr. José

Ortiz Nieves para que éste la comunicara a la comunidad. Sobre la

sentencia del 23 de febrero del 1987, resolvió que tampoco se probó

fraude que anulara la sentencia, y aunque estuviera inclinado a revocar

bajo los principios de Maldonado v. Srio. de Recursos Naturales, 113

D.P.R.

494

(1982),

se

encontraba

sujeto

a

nuestra

orden

de

sólo

dilucidar la existencia de fraude.

El 27 de noviembre de 1995, los demandantes Ortiz Nieves, et al.

solicitaron

enmiendas

conclusiones

de

o

derecho.

determinaciones

adicionales

(Regla

Procedimiento

43.3

de

de

hecho

y

Civil).

El

tribunal las denegó el 2 de febrero de 1996 y notificó el 7 de febrero.

2

El Juez Presidente señor Andréu García y la Juez Asociada señora

Naveira de Rodón inhibidos. Los Jueces Asociados señores Rebollo López

y Hernández Denton concurrieron con el resultado.

7

CC-96-197

El 8 de marzo de 1996, presentaron un recurso de apelación ante el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones.

Según

indicado,

dicho

foro

dictaminó que el recurso apropiado era el Certiorari, por lo que se

había

presentado

determinaciones

fuera

del

adicionales

término.

Concluyó

de

y

hechos

que

la

conclusiones

solicitud

de

derecho

de

no

interrumpió el término para acudir en alzada, ya que dicha moción sólo

interrumpía

en

apelaciones

contra

sentencias,

no

certiorari

contra

resoluciones.

No conforme,

el 14 de junio de 1996, presentaron este Certiorari.

II

De entrada, debemos despejar toda duda al respecto. Examinamos

unos incidentes post-sentencia. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R.

445, 449 (1973). Desde González v. Chávez, 103 D.P.R. 474, 475 (nota 1)

(1975),

reconocimos

los

dictámenes

sobre

una

moción

de

relevo

de

sentencia como Resolución, no Sentencia.3 En recta lógica, cuando se

acude a la Regla 49.2 es porque ya existe una sentencia final, razón

por la cual ella misma dispone que su utilización “no afectará la

finalidad

de

[esa]

sentencia,

ni

suspenderá

sus

efectos.”

Cuevas

Segarra, José A., Procedimiento Civil, PPPR (Publicaciones JTS, 1995),

pág. 268. Claro está, la suspensión de sus efectos únicamente acontece

si se resuelve favorablemente. Hernández Colón, R., Derecho Procesal

Civil, Ed. Michie of P.R., Inc. (1996), pág. 308. Demás está decir que

la

celebración

de

una

vista

y

la

formulación

de

determinaciones

fácticas en esta clase de incidente, no desvirtúan esta realidad ni

convierten en sentencia una resolución; de ese trámite no nace otra

sentencia.

3

La distinción entre una sentencia y una resolución es que en la

primera “se adjudican las controversias habidas en un pleito y se

definen los derechos de las partes envueltas.”

Falcón Padilla v.

Maldonado Quirós, res. en 31 de julio de 1995. Su parte dispositiva

adjudica las reclamaciones y los derechos y obligaciones de todas las

partes. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 655-658 (1987).

La resolución “pone fin a un incidente dentro del proceso judicial,

mientras que la sentencia pone fin a la controversia entre las partes

mediante una adjudicación final.” (Enfasis nuestro). Rodríguez v.

8

CC-96-197

Esta

dinámica

procesal

y

sus

efectos,

ha

causado

alguna

confusión

innecesaria en casos de resoluciones dictadas antes (interlocutorias) y

post-sentencia. Rodríguez v. Tribunal Municipal y Ramos, 74 D.P.R. 656,

664-665 (1953; Sánchez v. Municipio de Cayey, 94 D.P.R. 92,99 (1967).

El que un aspecto procesal se dilucide luego de la sentencia y por ser

adversa, cierre el foro de instancia al promovente, de ninguna manera

afecta

la

finalidad

controversias

resueltas

de

la

entre

sentencia

original.

las

ni

partes

No

modifica

revive

los

las

derechos

adjudicados. La negativa a relevar a una parte de una sentencia ya

dictada, no resuelve el pleito en sus méritos ni la cuestión litigiosa.

Al revisar una solicitud de relevo de sentencia, el Tribunal no entra a

dilucidar los derechos de las partes ni las controversias jurídicas

dentro de la demanda. La única cuestión a resolver es si la parte

promovente satisface los requisitos estatutarios y jurisprudenciales.

Como corolario, en alzada, la revisión no va dirigida a la sentencia

que puede ser ejecutada; versa sobre la facultad discrecional del juez

de instancia al conceder o denegar una solicitud post-sentencia. Por

esta razón, innumerables decisiones nuestras sostienen que la Regla

49.2 no es un sustituto de apelación ni revisión.

La negativa o concesión de un relevo de Sentencia, es un dictamen

que goza de la naturaleza de una Resolución post-sentencia; no es una

Sentencia.4 Nuestro ordenamiento jurídico-procesal no provee para que se

soliciten

determinaciones

de

hechos

y

conclusiones

de

derecho

adicionales a resoluciones. Por ende, una moción a esos efectos y su

concesión

por

el

Tribunal

no

afecta

su

naturaleza

adjudicativa

ni

interrumpe el término para acudir en alzada. De Jesús Maldonado v.

Corporación Azucarera de P.R., res. en 9 de junio de 1998; Andino v.

Tribunal, 74 D.P.R. 656, 664 (1953); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc.,

118 D.P.R. 20, 26 (nota 5)(1986).

4

Una apelación suspende los efectos de la sentencia. Regla 53.9 de

Procedimiento Civil; Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto

Rico de 1994, según enmendada; Regla 18 del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, antes Regla 17.

9

CC-96-197

Topeka, res. en 10 de abril de 1997. Actuó correctamente el Tribunal de

Circuito de Apelaciones.5

Para revisarla, el vehículo procedente es el Certiorari, no una

Apelación, conforme el Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura y las

Reglas 14 y 18

del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones,

en vigor el 24 de enero de 1995.

III

La Regla 43.3 de Procedimiento Civil sólo autoriza una solicitud

de determinaciones o enmiendas de hechos y conclusiones de derecho ante

una

sentencia,

no

resolución.

El

que

se

pidan

y

se

hagan

en

una

Resolución adjudicando un incidente post-sentencia no la convierte en

Sentencia. Una resolución bajo la Regla 49.2 fundamentada como la de

autos,

responde

a

que

los

jueces

de

instancia

deben

esforzarse

en

emitir dictámenes completos, elaborados y razonados para que las partes

y los foros apelativos enjuicien la corrección de su determinación.

Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 96, (nota al calce Núm. 3),

(1986).

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

5

No podemos suscribir un relevo de una sentencia dictada hace once

(11) años, por la conducta del abogado Ortiz Morales, máxime cuando

dicha solicitud se presentó transcurrido en exceso un año después de

ser final y firme en una de las aludidas sentencias. Difícilmente el

caso de autos configura fraude inter-partes o al Tribunal; tampoco

presenta falta de jurisdicción sobre la persona o materia.

10

CC-96-197

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jose A. Ortiz Nieves y Otros

Demandante-Peticionarios

vs.

Union Carbide Grafito, Inc.

CC-1996-197

Certiorari

Demandado-Recurrida

vs.

Carlos Ortiz Morales

Interventor-Recurrido

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.

A los fines de comprender cabalmente el asunto ante

nos, es menester hacer una relación completa de los hechos

del caso, que no aparece en la sentencia de la mayoría del

Tribunal, ni en la opinión concurrente en que se apoya dicha

sentencia.

Veamos.

I

Allá para los meses de octubre y noviembre de 1978,

750

personas

presentaron

demanda

en

daños

y

perjuicios

contra Union Carbide en el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Humacao.

Alegaron que la contaminación

ambiental provocada por la demandada en el área de Humacao

les había afectado seriamente su salud. Para incoar esta

acción, los demandantes contrataron los servicios de los

abogados, Carlos Ortiz Morales y Ernesto Maldonado Pérez,

del

11

CC-96-197

bufete de abogados Maldonado & Ortiz. Dicho bufete estaba localizado en

San Juan, Puerto Rico.

Inicialmente, el licenciado Maldonado participó activamente en la

tramitación del caso y en los aspectos procesales de descubrimiento de

prueba.

Así pues, desde 1979 hasta 1982, Maldonado visitó en repetidas

ocasiones la comunidad donde residían los demandantes a fin de poder

obtener contestaciones a los interrogatorios y de poder concertar citas

para llevar a cabo las deposiciones.

Las reuniones llevadas a cabo en

la comunidad se realizaron en la casa de José Ortiz Nieves, una de las

personas que figuraban como demandantes en el caso.

Para noviembre de 1982, se señaló una conferencia sobre el estado

del caso a la cual compareció el licenciado Ortiz en representación de

los demandantes. En dicha ocasión se suspendió la vista para que las

partes llevaran a cabo una estipulación que tuviera el efecto de agilizar

los procedimientos.

A

partir

de

esa

fecha,

ninguna

de

las

partes

realizó

acción

afirmativa alguna a favor de la tramitación del caso. En razón de ello,

el 12 de agosto de 1993, el tribunal de instancia expidió una orden para

que se mostrara causa por la cual no debía archivar el caso por inacción,

a tenor con la Regla 39.2(b) de las de Procedimiento Civil.

Conforme a

lo intimado, el 25 de agosto de 1983, el tribunal desestimó el caso por

inacción.

Resulta menester señalar, que para ese mismo año, el licenciado

Maldonado se marchó de Puerto Rico sin dar previo aviso a los demandantes

y

sin

solicitar la

tribunales.

renuncia

de dicha

representación

legal

ante

los

El 8 de septiembre de 1983, el licenciado Ortiz presentó

moción en la cual informó que su sociedad con el licenciado Maldonado

había sido disuelta en el 1982 y que la sentencia de archivo en el

presente caso había sido enviada al apartado de la extinta sociedad,

razón por la cual no tuvo conocimiento de ésta.

Por lo anterior, el

licenciado Ortiz solicitó el relevo de la sentencia, en vista del interés

de los demandantes en continuar con el litigio.

12

CC-96-197

Los demandados se opusieron a dicha moción de relevo e incluyeron en

su

oposición

fotocopia

de

las

numerosas

cartas

relacionadas

al

descubrimiento de prueba, enviadas al licenciado Ortiz, de las cuales

nunca se obtuvo respuesta.

A estas imputaciones el licenciado Ortiz

replicó aduciendo que, desde septiembre de 1981 hasta diciembre de 1982,

no había practicado como abogado litigante, porque se había retirado a

realizar funciones en el Senado de Puerto Rico.

Sostuvo también que el

bufete continuó operando con el licenciado Maldonado hasta abril de 1982

cuando la sociedad entre ellos quedó disuelta, y que en agosto de 1983,

Maldonado partió de Puerto Rico para establecer su residencia en los

Estados Unidos.

El 18 de octubre de 1983, el tribunal de instancia dejó sin efecto

la sentencia decretando el archivo del caso.

De esta determinación

compareció ante nos Union Carbide mediante el correspondiente recurso de

certiorari.

Luego de examinar el referido recurso, el 23 de noviembre de

1983, denegamos su expedición.

Así las cosas, y a pesar de que el tribunal de instancia dejó sin

efecto el archivo del caso por inacción, transcurrieron los próximos seis

meses sin que las partes tomaran acción en el caso.

Ello dio lugar a que

el tribunal de instancia volviera a emitir una orden de mostrar causa por

la cual no se debía ordenar el archivo del caso.

En respuesta a dicha

orden, compareció el licenciado Ortiz e informó que había llegado a unas

estipulaciones

prueba.

con

los

demandados

para

atender

el

descubrimiento

de

Habida cuenta de lo informado, el caso no fue archivado.

El 3 de diciembre de 1984, la demandada solicitó la desestimación

del

caso.

estipulación

Adujo

que

los

demandantes

sobre

descubrimiento

de

no

habían

prueba.

El

cumplido

licenciado

con

la

Ortiz

compareció mediante moción e intentó aclarar que debido a la cantidad

numerosa de demandantes, se le había hecho muy difícil recopilar todas

las firmas necesarias para los interrogatorios.

Señaló además, que

debido a que no poseía computadora, tenía que utilizar una maquinilla,

por lo cual el proceso era sumamente lento.

Para concluir, solicitó se

13

CC-96-197

le otorgara un término adicional para contestar los interrogatorios que

le habían sido sometidos.

concedió

para

ello

un

El 8 de febrero de 1985, el tribunal le

término

de

treinta

(30)

días,

no

sin

antes

advertirle que la falta de cumplimiento podía conllevar que se declarase

sin lugar la causa de acción incoada, con perjuicio.

El 22 de febrero de 1985, Ortiz se comunicó mediante carta con los

demandantes

y

les

informó

acerca

de

la

necesidad

interrogatorios y las consecuencias de no hacerlo.

demandados

volvieron

a

solicitar

la

de

contestar

los

En marzo de 1985, los

desestimación

de

la

reclamación

debido al incumplimiento de los demandantes con los procedimientos de

descubrimiento de prueba.

Luego de celebrar una conferencia sobre el

estado de los procedimientos, el tribunal le otorgó a los demandantes

sesenta (60) días adicionales para completar dichos procedimientos.

El

11 de diciembre de 1985, la parte demandada solicitó la desestimación

parcial de la causa de acción respecto a 332 demandantes que a esa fecha

todavía

no

habían

contestado

los

concedió

a

estos

demandantes

interrogatorios.

veinte

(20)

El

días

tribunal

adicionales

le

para

contestarlos, y les advirtió que al cabo de ese término, a falta de

contestación, accedería a la desestimación parcial solicitada por la

parte demandada.

El

13

de

febrero

de

1986,

los

demandados

solicitaron

la

desestimación de la reclamación de otros demandantes, debido a que,

conforme

la

estipulación

aludida,

la

falta

de

suministrar

cierta

información conllevaba en algunos casos la desestimación.

Luego de requerirle sin éxito a los demandantes que explicaran la

razón de este último alegado incumplimiento de la estipulación, el 26 de

junio de 1986, el tribunal de instancia emitió sentencia parcial en la

cual desestimó la causa de acción de 531 demandantes.

La notificación

del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia le fue

enviada

al

licenciado

Después

de

que

el

no

volvió

mencionada,

Ortiz

a

licenciado

a

la

dirección

Ortiz

realizar

que

recibiera

gestión

alguna

aparecía

la

en

autos.

sentencia

antes

respecto

al

pleito

CC-96-197

14

pendiente.

Más aun, el 3 de enero de 1987, Ortiz abandonó su práctica

privada

la

de

abogacía,

para

ocupar

el

cargo de

Sub-Secretario

Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

de

autos

y

de

la

relación

de

hechos

esbozada

por

el

del

Surge

tribunal

de

instancia, que los demandantes desconocían todo lo que había acontecido

en su caso. Ni el licenciado Ortiz, ni el licenciado Maldonado informaron

a sus clientes que no iban a trabajar más en éste ni tampoco renunciaron

a su representación legal en el tribunal de instancia.

Incluso, aun cuando varios clientes visitaron al licenciado Ortiz un

mes

antes

de

que

éste

abandonara

su

práctica

y

después

de

que

se

archivaran 531 causas de acción, Ortiz no informó a ninguno de ellos

sobre

estos

eventos,

haciéndoles

creer

que

la

reclamación

todavía

existía.

Ante la inacción del licenciado Ortiz respecto a las causas de

acción restantes, el 23 de febrero de 1987, luego del correspondiente

apercibimiento, el tribunal de instancia dictó sentencia y ordenó el

archivo de estas reclamaciones por inacción en exceso de seis meses.

Al

igual que la sentencia anteriormente dictada, esta sentencia le fue

notificada al licenciado Ortiz a la dirección que aparecía en autos.

Así

las

cosas,

varios

meses

después

del

archivo

de

las

dos

sentencias, algunos de los demandantes advinieron en conocimiento de lo

acontecido.

A raíz de ello, el 31 de julio de 1987, presentaron por

medio de otra representación legal, una moción de relevo de sentencia a

tenor con la Regla 49.2(6) de las de Procedimiento Civil.

Alegaron que

fueron engañados por sus anteriores abogados respecto al estado del caso

y que en todo momento desconocían lo que pasaba en éste.6

El 21 de octubre de 1987, el tribunal de instancia denegó la moción

de relevo antes mencionada.

6

Concluyó dicho foro que no procedía el

El 11 de marzo de 1993, varios demandantes presentaron una queja por

conducta profesional en contra del licenciado Ortiz, la cual está

pendiente ante nos.

15

CC-96-197

relevo de la sentencia dictada el 26 de junio de 1986 porque éste fue

solicitado fuera del término fatal de seis meses requerido por las reglas

de Procedimiento Civil.

Añadió que dicho término no hubiese aplicado si

se hubiera alegado fraude al tribunal, pero explicó que los propios

demandantes habían negado tal fundamento en cuanto a la sentencia de

junio de 1986.

Respecto a la solicitud de relevo de la sentencia de 23

de febrero de 1987, el tribunal concluyó que no se había desfilado prueba

de

que

existiera

una

conducta

intencional

maliciosa

por

parte

del

licenciado Ortiz; y que, por el contrario, la prueba sólo demostraba

falta de comunicación

16

CC-96-197

entre clientes y abogado, lo cual no constituía causa suficiente para

anular una sentencia por fraude.

Inconforme con esta determinación, los demandantes presentaron una

moción de reconsideración, mediante la cual por primera vez solicitaron

se citara al licenciado Ortiz como testigo.

Denegada dicha reconsideración, los demandantes acudieron ante nos.

El 13 de octubre de 1992, dictamos sentencia, y revocamos al tribunal de

instancia.

Ordenamos a dicho foro a celebrar una nueva vista, en la cual

los demandantes pudiesen presentar, por primera vez, los testimonios del

licenciado Ortiz y del señor Ortiz Nieves como evidencia del alegado

fraude.

El 31 de octubre de 1995, luego de celebrar la vista que le fuera

ordenada, el tribunal de instancia emitió un extenso dictamen de 24

páginas denegando en su totalidad la solicitud de relevo de sentencia

presentada.

Este

dictamen

fue

denominado

por

el

tribunal

como

"resolución" y surge del expediente que se archivó en autos copia de su

notificación el 17 de noviembre de 1995.

En su “resolución” el foro de

instancia resolvió que para que la conducta de un abogado, que provoca la

desestimación de la reclamación de su cliente, constituyese fraude al

tribunal,

tenían

que

coexistir

dos

elementos,

a

saber:

1)

que

la

actuación de dicha representación legal haya sido dolosa; y, 2) que haya

habido participación de la parte contraria en esa conducta. Determinó,

además, que la desestimación por incumplimiento con el descubrimiento de

prueba plasmada en la sentencia de 26 de junio de 1986, se había debido a

la falta de recursos de los demandantes, y de su abogado, y a la falta de

organización del grupo.

Señaló el tribunal que, a pesar del esfuerzo

realizado por el licenciado Ortiz para gestionar la contestación a los

interrogatorios, éste cometió un serio error de juicio al permanecer, por

sí solo, a cargo de un caso tan complejo.

Indicó además, que si bien los

demandantes fueron apercibidos por su abogado de las consecuencias de no

contestar los interrogatorios, no se les dio adecuada notificación de que

una

sentencia

había

recaído

en

su

contra.

Según

el

tribunal

de

17

CC-96-197

instancia, esa omisión de informar, aun cuando constituía una violación

seria de los deberes que tiene un abogado para con sus clientes, no

satisfacía los elementos necesarios para encontrar probado el tipo de

fraude que da lugar a la nulidad de la sentencia bajo el palio de la

regla 49.2(3) de las de Procedimiento Civil.

Así también, el tribunal determinó que respecto a la sentencia de 23

de febrero de 1987 tampoco se había demostrado la existencia de dolo o de

fraude.

Resolvió que la omisión de informar a los clientes acerca del

estado del caso, y la de no señalar, ni a sus clientes ni al tribunal, su

abandono de la práctica privada, constituía, a juicio del tribunal, una

grave falta de diligencia, pero no constituía de por sí fraude o dolo.

Para

concluir, el

tribunal

de instancia señaló que

a pesar

de

sentirse inclinado a dejar sin efecto la sentencia a la luz de lo

resuelto en Maldonado v. Srio. de Recursos Naturales, 113 D.P.R. 494

(1982), se encontraba impedido de hacerlo.

Indicó que el mandato emitido

por este Tribunal lo sujetó sólo a examinar la existencia de fraude, sin

que le fuera permitido ir más allá de ello, y dejar la sentencia sin

efecto por otros fundamentos.

Así

las

presentaron

cosas,

una

el

moción

27

para

de

noviembre

solicitar

de

1995,

enmiendas

o

los

demandantes

determinaciones

adicionales de hecho y conclusiones de derecho. Esta moción fue llevada

por la Secretaría del tribunal ante la consideración del juez pasados más

de dos meses de presentada, o sea, el 2 de febrero de 1996.

tribunal la denegó de plano.

Ese día, el

El 7 de febrero de 1996, se archivó en

autos copia de la notificación.

No conformes, el 8 de marzo de 1996, los demandantes presentaron un

recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El 7 de mayo de 1996, el foro apelativo determinó que como se

recurría de una resolución de instancia, el recurso apropiado debió ser

el de certiorari y no el de apelación. Concluyó además, que acogido como

un recurso de certiorari, éste había sido presentado fuera del término,

porque la moción solicitando enmiendas o determinaciones adicionales de

18

CC-96-197

hechos y conclusiones de derecho, no surtía el efecto de interrumpir el

término en cuestión en los recursos de certiorari presentados contra

resoluciones, como era el caso de epígrafe.

el recurso.

Como consecuencia, desestimó

El 16 de mayo de 1996, se archivó en autos copia de la

notificación de esa sentencia.

El 14 de junio de 1996, la parte demandante presentó una petición de

certiorari ante nos.

Adujo la comisión de los siguientes errores:

1)

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

desestimar el recurso de apelación por considerarlo un recurso

de certiorari radicado fuera de término.

2)

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

resolver que la moción solicitando enmiendas o determinaciones

de hechos y conclusiones de derecho adicionales no interrumpió

el término para recurrir ante dicho tribunal.

3)

Erró el Tribunal de Circuito al negar a los

peticionarios el debido proceso de ley y la igual protección de

las leyes en su sentencia desestimatoria del recurso.

El 24 de julio de 1996 expedimos el recurso solicitado.

II

La

controversia inicial

determinar:

en

el caso de

autos se

circunscribe

a

(1) si la denegatoria en los méritos de una moción de relevo

constituye una resolución o una sentencia; y, (2) si da lugar a una

apelación, cuyo término puede interrumpirse por la oportuna presentación

de una moción de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho

adicionales, al amparo de la Regla 43.3 de las de Procedimiento Civil.

Por entender que la contestación a estas interrogantes es en la

afirmativa, revocaría la sentencia aquí recurrida. Veamos.

El texto de la Regla 43.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III R 43.3, vigente al momento de los hechos aquí acontecidos, leía:

No

será

necesario

solicitar

que

se

consignen

determinaciones de hecho a los efectos de una apelación o

revisión, pero a moción de parte, presentada a más tardar diez

(10) días después de haberse archivado en autos copia de la

notificación de la sentencia, el tribunal... podrá enmendar o

hacer determinaciones adicionales, y podrá enmendar la

sentencia de conformidad. (Enfasis suplido).

19

CC-96-197

La

oportuna

presentación

de

una

moción

al

amparo

de

la

antes

mencionada regla, interrumpe los términos para presentar una solicitud de

reconsideración o de nuevo juicio y para apelar o solicitar revisión.

Los términos así interrumpidos comienzan a correr nuevamente a partir del

archivo en autos de la notificación de las determinaciones y conclusiones

solicitadas.

Véase:

Regla 43.4 y 53.1 de las de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III R 43.4 y 53.1, respectivamente.

La definición del término “sentencia”, antes aludida, la encontramos

en la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil,

la cual al momento en

que ocurren los hechos aquí en controversia, disponía:

El término 'sentencia' según se usa en estas reglas,

incluye cualquier determinación del tribunal que resuelva

finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse o

solicitarse revisión. 32 L.P.R.A. Ap. III R 43.1.

Recientemente, en Banco Santander v. Fajardo Farms Corp., op. de 28

de junio de 1996, 141 D.P.R. ___, 96 JTS 100, tuvimos la oportunidad de

analizar un planteamiento similar al de autos.

En dicho caso, se había

presentado una moción de relevo de sentencia por falta de jurisdicción,

debido a la insuficiencia del emplazamiento en el pleito original.

La

moción aludida se presentó luego de haber transcurrido aproximadamente

tres años de registrarse la sentencia.

Allí, al igual que en el caso

ante nos, el tribunal de instancia denegó la moción aludida en sus

méritos mediante una "resolución".

solicitud

de

determinaciones

de

Luego de presentada y denegada una

hechos

adicionales,

el

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones acogió el recurso de apelación presentado como

uno de certiorari y a su vez lo denegó por falta de jurisdicción.

Sostuvo que por tratarse de una resolución, el recurso apropiado para su

revisión era el de certiorari, por lo que no le era de aplicación las

disposiciones de la Regla 53.1 (d) de Procedimiento Civil que permiten la

interrupción del término de apelación mediante la sola presentación de

una solicitud de determinaciones de hechos adicionales.

20

CC-96-197

En Banco Santander v. Fajardo Farms Corp., supra, al revocar la

determinación del foro apelativo, establecimos que el dictamen emitido,

adjudicando en los méritos la moción de relevo, constituía una sentencia

final, que podía, en su día, ser apelada.

La misma puso fin a la

totalidad de la controversia existente entre las partes, a saber:

si era

nula la sentencia dictada por insuficiencia en el emplazamiento. Una vez

determinamos que se trataba de una sentencia y no de una resolución, como

mal la había denominado el tribunal de instancia, concluimos que la

oportuna presentación de la moción solicitando determinaciones de hechos

y conclusiones de derecho adicionales tuvo el efecto de interrumpir el

término para acudir en apelación a Circuito.

Por otro lado, indicamos

que el tribunal inferior podía considerar la única controversia entre las

partes, aun pasados seis meses de registrada la sentencia, debido a que

la propia regla 49.2 dispone que ese término "no limita el poder del

tribunal para:

(a) conocer de un pleito independiente con el propósito

de relevar a una parte de una sentencia, orden o procedimiento; (b)

conceder

un

remedio

a

una

parte

que

en

realidad

no

hubiese

sido

emplazada; y, (c) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al

tribunal".

El hecho de que la moción de relevo hubiese sido presentada

dentro del pleito original, pasado el término fatal de seis (6) meses

dispuesto por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, en lugar de haber

sido presentada mediante un pleito independiente como requiere dicha

regla en estos casos, no surtió impacto alguno en nuestra determinación

de que el dictamen en cuestión constituía una sentencia.

Como allí

indicáramos, la naturaleza de la acción de nulidad y del fallo emitido

era igual en ambos procedimientos, y en ambos se podía disponer de la

controversia sobre nulidad en su totalidad.

Un examen minucioso del caso de epígrafe, a diferencia de lo que

entiende la mayoría, requiere resolver aquí como lo hicimos en Santander.

La moción de relevo presentada en el caso de autos fue adjudicada en sus

méritos por el tribunal inferior y la controversia particular que allí se

21

CC-96-197

adjudicó, se resolvió en su totalidad.7

Por ello, resulta meridianamente

claro que, a tono con lo resuelto en Santander, en el caso de epígrafe la

denegatoria a la moción de relevo constituyó realmente una sentencia, por

lo que la presentación de la moción de determinaciones adicionales de

hechos y conclusiones de derecho tuvo el efecto de interrumpir el término

para acudir en apelación.

Nótese, además, que en el caso de autos, la llamada “resolución” de

24 páginas emitida por el tribunal de instancia contenía un extenso

listado de hechos y conclusiones de derecho.

La parte afectada no tenía

otro medio para solicitar que se enmendaran las extensas determinaciones

de hecho y conclusiones de derecho del foro de instancia, que no fuese el

mecanismo procesal que ofrece la Regla 43.3 de Procedimiento Civil.

En vista de todo ello, estimo que el tribunal de circuito erró al

acoger el recurso de apelación presentado como certiorari y así denegarlo

por presentación tardía.

III

En el presente caso, el tribunal de instancia encontró probados unos

hechos, que a su juicio, hubiesen dado lugar al relevo de la sentencia en

cuestión.

porque

Sin embargo, concluyó que estaba impedido de así hacerlo,

supuestamente

requería

examinar

el

mandato

solamente

que

anteriormente

la cuestión

de

fraude

le

emitiéramos

le

al

tribunal.

El

Tribunal de Circuito de Apelaciones no consideró este asunto en sus

méritos, debido al supuesto escollo procesal que discutiéramos en la

parte II de esta opinión.

7

Adviértase que, aun cuando una de las sentencias impugnadas en la

solicitud de relevo fue presentada pasado el término de seis meses, ello,

al igual que en Santander, no impedía su adjudicación porque se trataba

de una de las excepciones establecidas por las reglas, a dicho término a

saber: fraude al tribunal. Véase, G.A.C. Fin Corp. v. Rodríguez, 102

D.P.R. 213, 216 (1974).

22

CC-96-197

Es harto conocido que el mandato es el medio oficial que posee un

tribunal apelativo para comunicar a un tribunal inferior la disposición

de la sentencia objeto de revisión y para ordenarle el cumplimiento de lo

acordado.

Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241 (1969); Graciela

v. Yolande, Inc., 65 D.P.R. 705 (1946).

Remitido el mandato al foro a

quo, éste readquiere jurisdicción sobre el caso a los únicos fines de

ejecutar la sentencia, tal cual fuera emitida en revisión.

Ante estas

circunstancias, el foro inferior no está facultado para abrir nuevamente

el

caso,

ni

para

reconsiderar

o

sustituir

el

mandato

que

le

fuera

remitido. Melón Hnos. & Co. v. R. Muñiz, etc. y Villamil, Int., 56 D.P.R.

761 (1940).

que

haya

Este debe limitarse a dar cumplimiento con lo ordenado y lo

resuelto

el

tribunal

efectos, la ley del caso.

apelativo

constituye,

para

todos

los

Pan American v. Tribunal Superior, 97 D.P.R.

447 (1969); Fiddler v. Tribunal Contribuciones, 68 D.P.R. 847 (1948).

Ahora bien, en el caso de epígrafe, luego de examinar el aludido

mandato que le remitiéramos al tribunal de instancia, estamos convencidos

de que éste no tuvo el efecto de circunscribir a la causal de fraude la

jurisdicción de dicho foro para considerar la solicitud de relevo de la

sentencia en cuestión.

En el momento en que dictamos nuestra sentencia,

la parte demandante no había podido presentar como evidencia en apoyo de

su

moción

importantes.

de

relevo

los

testimonios

de

dos

testigos

sumamente

Resultaba indispensable que a los fines de sustentar la

alegación de fraude, se permitiera la declaración de esos testigos.

A

falta de éstos, el tribunal se veía impedido de tomar una determinación

concienzuda e informada sobre el particular.

Es por ello, que específicamente señalamos en nuestro dictamen la

preocupación que nos ocasionó el hecho, de que con posterioridad a la

sentencia recurrida, uno de esos testigos corroborara los problemas de

comunicación habida entre abogado y cliente, alegados en la moción de

relevo como base para sostener el fraude.

En razón de ello, dispusimos

que, "[s]i bien este caso lleva[ba] catorce (14) años en los tribunales,

para

evitar

un

fracaso

de

la

justicia,

revoca[bamos]

la

sentencia

23

CC-96-197

recurrida y ordena[bamos] al foro de instancia que celebr[ase] una nueva

vista a tenor con lo dispuesto por la Regla 49.2 para que las partes

recurrentes, pu[diesen] presentar la evidencia correspondiente de que

hubo fraude al tribunal."

El mandato ordenaba que se permitiese presentar evidencia adicional

Dicho mandato no disponía que el

sobre el alegado fraude al tribunal.

tribunal estaba impedido de considerar el relevo bajo otros fundamentos.

A tono con lo antes mencionado, el tribunal de instancia erró al

concluir que estaba impedido por nuestro previo mandato de relevar a las

partes de la sentencia bajo otra causal que no fuese la de fraude al

tribunal.

IV

Resta por evaluar si, conforme con las determinaciones de hechos

esbozadas por el tribunal de instancia, procede el relevo de aquellas

sentencias que ordenaron el archivo de las causas de acción de los aquí

demandantes.

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R.

49.2,

permite

que

mediante

moción

a

tales

efectos

y

bajo

aquellas

condiciones que sean justas, un tribunal releve a una parte de una

sentencia, entre otras razones, por fraude,8 porque no sería equitativo

que la sentencia continuara en vigor9 o por cualquier otra razón que

justifique

la

concesión

de

un

remedio

contra

los

efectos

de

una

sentencia.10

En reiteradas ocasiones hemos señalado que, de ordinario, no procede

relevar a una parte de las consecuencias producidas por la negligencia o

dejadez de su abogado, a menos que se trate de un asunto extraordinario

8

Inciso 3 de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III R. 49.2(3).

9

Inciso 5 de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III R. 49.2(5).

10

Inciso 6 de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III R. 49.2(6).

24

CC-96-197

cuya denegatoria produzca un fracaso completo de la justicia.

v. González, 76 D.P.R. 18 (1954).

González

Ello es así, ya que se entiende que en

ausencia de circunstancias que justifiquen lo contrario, toda parte que

escoja libremente a un representante legal para un litigio no puede

evitar las consecuencias de los actos y omisiones de ese abogado.

Srio.

del Trabajo v. J.C. Penney Co., 119 D.P.R. 660 (1987); Méndez Pérez v.

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 87 (1973).

Así, por ejemplo, se presume

que la parte fue apercibida y advertida de todos los hechos y actos que

le han sido notificados a su abogado.

Barletta v. Tribunal Superior, 99

D.P.R. 379 (1970); Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 88 (1966).

A pesar de la presunción antes mencionada, la experiencia nos ha

enseñado que, en ocasiones, las partes no han sido apercibidas de la

actuación negligente de sus abogados.

Es por ello, que a los fines de

evitar este tipo de situación, enfáticamente hemos requerido que, en

aquellos

casos

en

los

cuales

el

tribunal

considere

que

procede

la

imposición de sanciones, el foro judicial imponga primero las mismas al

abogado de las partes.

Si dicha acción no resulta en consecuencias

positivas, el tribunal deberá informar debidamente a la parte acerca de

la situación acaecida y deberá apercibirla del grave resultado que podría

tener no corregirla. Sólo después de haber tomado toda esta serie de

pasos, es que procederá la severa sanción de la desestimación de la causa

de acción o la eliminación de las alegaciones.

López Rivera v. Rivera

Díaz, op. de 28 de junio de 1996, 141 D.P.R. ___, 96 JTS 102; Amaro

González v. First Federal Savings Bank, op. de 30 de marzo de 1993, 132

D.P.R. __, 93 JTS 46; Maldonado v. Srio de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494

(1982).

Ciertamente, una parte no debe sufrir la desestimación de su caso

por

los

errores

o

desmanes

cometidos

por

su

abogado

cuando,

con

anterioridad a ello, el tribunal no le apercibe de lo acontecido y no le

brinda la oportunidad de corregir los mismos por otros medios.

El

apercibimiento previo por el tribunal constituye un requisito ineludible

a falta del cual no procede la desestimación de la causa de acción.

25

CC-96-197

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil resulta ser el mecanismo

adecuado para relevar a una parte de una sentencia que desestima su causa

de acción debido a la inacción y negligencia de su abogado cuando el

tribunal no le ha dado a dicha parte, previo aviso de la conducta que dio

lugar a esa consecuencia.

Nótese que, a pesar de que el mecanismo

provisto por la Regla 49.2 no es una llave maestra para reabrir un caso

adjudicado, la amplitud del inciso 6 de esa Regla, permite se corrija un

error a todas luces injusto.

Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120

D.P.R. 61 (1987); Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672

(1978).

Tal es la situación en el caso de autos.

Así propiamente lo

reconoció el tribunal de instancia en los incisos 10, 14, 15 y 1811 de la

conclusiones de derecho de la sentencia que emitiera el 31 de octubre de

1995, denegando la moción de relevo solicitada.

En estos incisos, dicho

foro específica- mente concluyó que la evidencia demostró una falta de

comunicación del abogado para con sus clientes, una conducta negligente y

un abandono de sus deberes para con éstos.

Los demandantes nunca se

enteraron de las sentencias emitidas en su contra debido a la crasa falta

de diligencia de su propio abogado y no por culpa propia.

Asimismo, con

anterioridad a la desestimación de su causa, y contrario a lo requerido

por este Tribunal, los demandantes nunca fueron apercibidos directamente

por el foro a quo de lo que acontecía en su caso.

Evidentemente, aun cuando concurro con el tribunal de instancia en

que estos hechos per se, no demuestran la existencia de fraude, no cabe

duda

de

que

sí

constituyen

razón

suficiente

para

relevar

a

los

demandantes de los efectos de la sentencia que archivó su caso, al amparo

del inciso 6 de la Regla 49.2.

Nótese, que la sentencia de 27 de febrero de 1987 fue producto de la

inacción del abogado en la tramitación de este caso.

Los clientes

trataron por todos los medios posibles de averiguar el estado de su

11

Erróneamente

instancia.

enumerado

como

el

número

16

por

el

tribunal

de

26

CC-96-197

reclamación haciendo gestiones afirmativas para dialogar al respecto con

su abogado, con resultados infructuosos.

Incluso, tan pronto advinieron

en conocimiento de que su causa de acción había sido desestimada, sin el

debido

apercibimiento,

contrataron

otra

representación

corrigiera lo más pronto posible los errores cometidos.

legal

que

No cabe duda del

probado interés de los demandantes en su reclamación, y sería injusto

privarlos de su acción por la conducta de su abogado, que ni siquiera

conocían.

Por ello, procede el relevo de la antes mencionada sentencia,

bajo el inciso 6 de la Regla 49.2.

Por último, resulta menester señalar, que reconozco que la parte

demandada

también

resultó

perjudicada

en

este

caso.

Los

costos

exorbitantes en que ha incurrido, producto de muchos años de litigación y

la incertidumbre de un litigio pendiente que podría parecer no tiene

Sin embargo, en el balance

final, es una carga onerosa de llevar.

racional y justiciero de intereses en pugna, debe prevalecer el hecho de

que los demandantes no fueron responsables de lo acontecido y que tampoco

se

les

dio

la

oportunidad

que

les

correspondía

de

dilucidar

su

reclamación.

A pesar de los fundamentos expuestos antes, una exigua mayoría del

tribunal se niega a revocar la sentencia emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones el 7 de mayo de 1996, y deniega la reapertura del

caso de autos en el Tribunal de Primera Instancia.

En consecuencia, unas

personas con una reclamación sustancial e importante se quedan sin su día

en corte.

En efecto, una mayoría exigua de este Tribunal les niega el

fundamental derecho humano de tener acceso efectivo al proceso judicial,

y lo hace al sujetar ese derecho a una interpretación procesalista no

sólo

rígida

en

extremo

sino

una

que

este

Foro

ya

había

rechazado

recientemente.

La ingente y medular tarea judicial de hacer justicia queda, pues,

sometida a las inconsistencias de algunos miembros de este Foro, y a la

propensión

a

darle

más

importancia

a

la

decadente

y

desacreditada

aplicación rigorista de las formas y los procedimientos que a la meta

27

CC-96-197

ilustrada y sensata de marchar hacia la humanización de la justicia y el

derecho.

Por ello, Disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO