Tribunal Supremo de Puerto Rico
Hon. Charlie Rodríguez, Presidente, Senado de Puerto Rico; Hon. Sergio Peña Clos, como Presidente de la Comisión Especial sobre el Cerro Maravilla del Senado de Puerto Rico y la Comisión Especial
1999 TSPR 104
Poder Judicial de Puerto Rico
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Hon. Charlie Rodríguez, Presidente, Senado de Puerto Rico; Hon. Sergio Peña Clos, como Presidente de la Comisión Especial sobre el Cerro Maravilla del Senado de Puerto Rico y la Comisión Especial
CC-1997-0735
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Hon. Charlie Rodríguez, Presidente,
Senado de Puerto Rico; Hon. Sergio Peña
Clos, como Presidente de la Comisión
Especial sobre el Cerro Maravilla del
Senado de Puerto Rico y la Comisión
Especial
Peticionarios
Certiorari
99 TSPR 104
Número del Caso: CC-1997-0735
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortíz
Lcdo. Claudio Aliff Ortíz
Lcdo. Pablo Landrau Pirazzi
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Marcos A. Ramírez Lavandero
Lcdo. Eduardo A. Vera Ramírez
Lcda. Norma Cottí Cruz
Tribunal de Instancia, Sala Superior de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Zadette Bajandas Vélez
Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional I San Juan Panel
III
Juez Ponente: Hon. Ramos Buonomo
Fecha: 6/30/1999
Materia: Citación de Testigos
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Charlie Rodríguez,
Presidente, Senado de Puerto
Rico; Hon. Sergio Peña Clós
como Presidente de la
Comisión Especial sobre el
Cerro Maravilla del Senado
de Puerto Rico y la Comisión
Especial
CC-97-735
Certiorari
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999
“En momentos de pasión política, la falta de honradez
o la venganza son motivaciones fácilmente atribuibles a la
conducta legislativa. Sin embargo, los tribunales no son
el lugar adecuado para estas controversias. Corresponde a
la autodisciplina de los legisladores y a los electores,
en última instancia, desalentar o corregir tales abusos.”
Tenney
v.
Brandhove,
341
U.S.
367,
377-378
(1951).
(Traducción nuestra).
I
La
recurso
recta
adjudicación
ameritan
antecedentes.
un
de
las
controversias
escrupuloso
recuento
en
este
de
sus
CC-97-735
El
- 3 -
30
de
enero
de
1997
el
Senado
de
Puerto
Rico
aprobó
la
Resolución Núm. 18 y creó la Comisión Especial sobre El Cerro Maravilla
con la encomienda de continuar investigando posibles irregularidades o
actuaciones ilegales o impropias en el manejo de la pesquisa senatorial
sobre los sucesos del Cerro Maravilla, efectuada para los años de 1981
a 1992, incluso de su Oficina del Fiscal Especial Independiente.1
Conforme la referida Resolución, la investigación ordenada cumple
tres
propósitos:
“primero,
legislar
para
evitar
en
un
futuro
la
repetición de irregularidades o actuaciones ilegales o impropias que
lesionen
la
integridad
segundo,
iniciar
hubiesen
incurrido,
los
de
los
procesos
procedimientos
tolerado
o
que
investigativos
correspondan
permitido
del
Senado;
contra
quienes
actuaciones
impropias
o
ilegales en perjuicio de terceras personas; y tercero, informar al
pueblo
sobre
sus
hallazgos.”
El
7
de
febrero
la
Comisión
Especial
aprobó su Reglamento para regir la investigación.2
El 17 de abril, el Presidente de la Comisión Especial, Hon. Sergio
Peña
Clós,
expidió
citación
(“subpoena”)
dirigida
al
Lcdo.
Héctor
Rivera Cruz requiriéndole comparecer a vista pública el 30 de abril. La
citación
fue diligenciada el 22 de abril con copia de la Resolución
Núm. 18 y del Reglamento de la Comisión Especial. Rivera Cruz fue
protagonista principal y se desempeñó como Oficial Investigador durante
la pesquisa del Senado en los años 1981 a 1984, sobre los sucesos del
Cerro Maravilla. Posteriormente, el 28 de abril, Peña Clós le notificó
la suspensión de esa vista y su transferencia para el 15 de marzo, a
las 10:00 A.M.
La Resolución Núm. 18 concedió a la Comisión hasta el 15 de junio
de 1997 para informar hallazgos y recomendaciones. Posteriormente dicha
Resolución fue enmendada por las Resoluciones del Senado Núm. 593 de 6
de julio de 1997; la Núm. 779 de 26 de agosto de 1997; la Núm. 889 de
29 de septiembre de 1997; y la Núm. 1045 de 17 de noviembre de 1997, a
los fines de extender el plazo para rendir el Informe de la
Investigación hasta el 12 de enero de 1998, o en la alternativa, una
semana después que comparezca el último testigo.
1
2
Desde el 16 de enero, el Senado había aprobado su Reglamento, en
cuyo
Capítulo
IV
estableció
las
Reglas
Uniformes
para
Regir
Investigaciones Conducidas por las Comisiones Permanentes o Especiales.
CC-97-735
- 4 -
El 14 de marzo, Rivera Cruz comunicó por escrito que no podía
comparecer debido a compromisos profesionales previos. Al otro día,
Peña Clós expidió nueva citación requiriéndole asistir el 22 de marzo.
Fue diligenciada el 19 de marzo.
Un día antes de la vista, mediante comunicación fechada 21 de
marzo dirigida a Peña Clós, Rivera Cruz informó no tener en su poder
documento alguno relacionado con los sucesos del Cerro Maravilla y
expuso
varias
cuestionó
la
razones
por
facultad
del
las
cuales
Presidente
de
no
asistiría.
En
la
Comisión
Senado
y
esencia,
para
citarle e investigar su participación y trabajo relacionado con la
pesquisa del Cerro Maravilla durante los años 1981 a 1992. A esos
efectos,
indicó
que
la
citación
“es
una
totalmente
inválida
e
improcedente en Derecho, que tiene ribetes de persecución política y
que
atenta
contra
principios
fundamentales
de
equidad,
justicia
sustancial y buen gobierno”.3 El mismo día, Rivera Cruz presentó ante
nos la queja (AB-97-68) contra el Presidente de la Comisión, Peña Clós,
como
abogado,
Profesional.
por
Luego
alegadas
de
violaciones
evaluada,
a
los
Cánones
subsiguientemente
de
la
Etica
archivamos
mediante Resolución de 13 de julio.
Ante la negativa de Rivera Cruz a comparecer a la vista pública
del
22
de
mayo,
Peña
Clós
leyó
la
comunicación,
hizo
varias
observaciones dirigidas a refutar las razones aducidas por éste para no
comparecer y verbalizó comentarios despectivos hacia su persona. Se
refirió
a
charlatán
Rivera
y
Cruz
vocinglero.
como
“El
Enano”,
Diccionario
de
“rábula”
(abogado
indocto,
la
Academia
Española,
Real
vigésima primera edición, Madrid, 1992). Lo acusó de ocultar evidencia
que no apoyaba su teoría durante la pasada investigación senatorial e
imputó
responsabilidad
por
la
muerte
del
ex–agente
encubierto,
Véase copia de comunicación de Rivera Cruz al Presidente de la
Comisión Especial fechada 21 de mayo. (Recurso CC-97-479, Héctor Rivera
Cruz v. Hon. Charlie Rodríguez, Presidente del Senado de Puerto Rico y
otros, págs. 64-68.
3
CC-97-735
- 5 -
Alejandro González Malavé. (Transcripción oficial Vista Pública del 22
de mayo, págs. 106-142, Apéndice). Por su incomparecencia, la Comisión
Especial
acordó
solicitar
al
Presidente
del
Senado,
Hon.
Charlie
Rodríguez, autorización para recurrir al Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de San Juan, para que se le ordenara comparecer so pena
de desacato. La autorización fue firmada por el Presidente del Senado y
el Presidente de la Comisión Especial, el 28 de marzo.
El 7 de julio, el Senado, a través de su representación legal,
acudió al referido Tribunal. En virtud de la facultad conferida por el
Art. 34A del Código Político, 2 L.P.R.A. 1549, incisos 1 y 2, según
enmendados, solicitó orden requiriendo a Rivera Cruz comparecer el 10
de julio.
El 9 de julio, dicho foro (Hon. Lourdes Velázquez Cajigas), así lo
ordenó, bajo apercibimiento de desacato. Ese mismo día, Rivera Cruz
informó, por conducto de sus abogados, que compromisos profesionales
previos le imposibilitaban asistir y tenía disponibles los días 17, 29,
30 y 31 de julio. Indicó además, que así lo había notificado a la
Comisión Especial a través de la Oficina del Investigador.
El 10 de julio, la Comisión Especial reanudó sus trabajos. Tras
discutir
la
incomparecencia
de
Rivera
Cruz,
acogió
sus
excusas
y
conforme su propia propuesta, acordó citarlo directamente, esto es, por
sus propios mecanismos, para los días 29, 30 y 31 de julio. El 16 de
julio se diligenció esta citación.4
Así las cosas, el 29 de julio, Rivera Cruz honró la citación,
compareció
y
declaró
ante
la
Comisión
Se
Especial.
encontraban
presentes en el salón de sesiones Julio César Andrades, Alejo Maldonado
y Víctor Franco, personas encausadas y convictas criminalmente durante
la
incumbencia
de
Rivera
Cruz
como
Secretario
de
Justicia.
Al
percatarse Rivera Cruz de que estaban sentados detrás de él, sin que
previamente
se
le
advirtiera,
El 22 de julio, el
Informativa” de Rivera Cruz.
4
planteó
Tribunal
que
su
declaró
seguridad
académica
estaba
la
en
“Moción
CC-97-735
- 6 -
peligro, lo cual le impedía deponer. El Senador de la minoría del
Partido Popular Democrático, Hon. Bruno Ramos señaló que no se podían
utilizar como testigos de confrontación esas tres (3) personas, pues no
se
había
cumplido
con
el
requisito
reglamentario
de
notificar
su
comparecencia con tres (3) días de antelación.5 Andrades, Maldonado y
Franco
fueron
desalojados
del
salón
de
audiencias
por
órdenes
del
Presidente de la Comisión Especial.6
Rivera Cruz declaró el día 30 de julio y compareció también el 31
de
julio.7
Este
último
día,
el
Senador
Bruno
Ramos
le
indicó
al
Presidente de la Comisión que en el salón de sesiones se encontraba
nuevamente Franco y le preocupaba la seguridad del deponente Rivera
Cruz. Luego de aceptar que el propósito era confrontarlo, Peña Clós
ordenó a Franco salir del salón de audiencias. Resuelto tal incidente,
el
Investigador
de
la
mayoría
parlamentaria,
Lcdo.
Michael
Corona,
inició el interrogatorio. Al formular la primera pregunta, Rivera Cruz
indicó
que
contestarla.
deseaba
El
explicar
Presidente
las
razones
por
las
cuales
no
iba
la
Comisión
no
lo
permitió
y
ordenó
de
a
contestar. Rivera Cruz insistió en explicar las razones, pero se le
requirió
nuevamente
contestar.
Luego
de
intentar
dirigirse
a
la
Comisión Especial sin que se le permitiera, -lo cual provocó un agrio
intercambio de palabras entre el Presidente Peña Clós y Rivera Cruz-,
este último abandonó la audiencia sin concluir su declaración, no sin
5
Sección 14.4, Reglamento del Senado antes aludido.
No se sometió ante nos copia de las transcripciones oficiales de
las vistas públicas celebradas por la Comisión Especial los días 29 y
30 de julio de 1997. Los datos ofrecidos surgen del testimonio del
Oficial Investigador de la minoría del Partido Popular Democrático,
Lcdo. Moisés Abréu, según reseñado en la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Hon. Velázquez Cajigas)
dictada el 25 de agosto de 1997. También se hace alusión al incidente
acaecido el día 29 de julio de 1997 en la transcripción oficial de la
vista pública celebrada posteriormente el 31 de julio de 1997 por la
Comisión Especial, copia de la cual forma parte de los autos originales
del caso que nos fueran remitidos por el tribunal apelativo.
6
Véase copia de la transcripción oficial de vista pública
celebrada por la Comisión Especial el 31 de julio de 1997 a las págs.
91 a 136 del apéndice del recurso CC-98-479, Héctor Rivera Cruz v. Hon.
Charlie Rodríguez, Presidente del Senado de Puerto Rico y otros.
7
CC-97-735
- 7 -
antes entregar, a solicitud de la Comisión, una ponencia que había
llevado.8
Ante
Tribunal
esta
de
situación,
Primera
la
Comisión
Instancia
para
Especial
solicitar
determinó
que
se
le
acudir
al
encontrara
incurso en desacato. Dicho foro, el 13 de agosto requirió a Rivera Cruz
mostrar causa por la cual no debía ser declarado incurso en desacato
por incumplir su orden del 9 de julio.
El
18
de
agosto,
Rivera
Cruz
solicitó
que
para
esa
vista
se
citaran al Presidente del Senado, Lcdo. Rodríguez, al Presidente de la
Comisión
Especial,
Peña
Clós,
los
Oficiales
Investigadores
de
la
Comisión, Lcdos. Corona y Abréu y los ex–investigadores del Senado,
Lcdos. Nilka Marrero y César Mercado. Al día siguiente, 19 de agosto,
pidió la transcripción de varias audiencias de la Comisión Especial y
la producción de numerosos documentos.
El 20 de agosto el Senado se opuso. Ese mismo día el Tribunal
declaró sin lugar la solicitud de producción de documentos y accedió a
la citación de testigos, condicionada a que previamente se estableciera
la pertinencia de sus testimonios. En su resolución hizo constar que en
sus escritos, Rivera Cruz no había expuesto las defensas que pretendía
plantear, lo cual le impedía determinar la pertinencia de lo requerido.
No obstante, determinó citar a las personas nombradas para evitar la
suspensión de la vista pautada. Rivera Cruz pidió reconsideración. El
21 de agosto, el Senado se opuso y pidió se dejara sin efecto la
citación de testigos. Asimismo, radicó ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones,
solicitando
una
se
“Moción
dejaran
sin
Urgente
en
Auxilio
efecto
las
citaciones
de
Jurisdicción”
autorizadas
por
Instancia.9
Véase copia de “Declaración del Lcdo. Héctor Rivera Cruz Durante
Comparecencia ante la Comisión Especial del Senado sobre el Cerro
Maravilla”, fechada 31 de julio de 1997, a las págs. 166 a 168 del
apéndice del recurso CC-97-479, Héctor Rivera Cruz v. Hon. Charlie
Rodríguez, Presidente del Senado de Puerto Rico y otros.
9
Dicha moción en auxilio de jurisdicción fue declarada sin lugar
por el Circuito, mediante Resolución vía telefónica el 23 de agosto.
8
CC-97-735
- 8 -
El 22 de agosto se celebró la vista de mostrar causa ante el
Tribunal. El Tribunal solicitó a Rivera Cruz que presentara evidencia
sobre la pertinencia del los testigos citados. Su representación legal
señaló
que
tal
pertinencia
se
establecería
mediante
sus
propios
testimonios y se negó a hacer oferta de prueba para establecerla. El
Tribunal declaró sin lugar una moción de intervención de la minoría
senatorial
del
Partido
Popular
Democrático
y
la
moción
de
reconsideración de Rivera Cruz. Reiteró su criterio en cuanto a la
citación de testigos. En esencia, en la vista, Rivera Cruz planteó que
técnicamente
no
podía
declarársele
incurso
en
desacato
ya
que
no
incumplió ni violó la orden del 9 de julio, pues la Comisión Especial
lo excusó de comparecer el 10 de julio según ordenado y lo citó para
los días 29 al 31 de julio de 1997. Además, adujo que no fue citado a
comparecer con cinco (5) días de anticipación a la audiencia pública
según exigido por el Reglamento del Senado.10 Finalmente, señaló que las
vistas no respondían a un fin legislativo legítimo y estuvo justificado
en retirarse el 31 de julio debido a los insultos de que fue objeto.
Como único testigo, presentó al Lcdo. Abréu, Oficial Investigador para
la minoría del P.P.D. Este declaró que estuvo presente en la audiencia
del 10 de julio en que se discutió la incomparecencia de Rivera Cruz.
Indicó,
que
en
dicha
ocasión,
la
Comisión
Especial
acogió
como
razonables sus excusas y que fue a solicitud del Senador del P.P.D.,
que se aceptaron las fechas sugeridas para comparecer por Rivera Cruz.
Se descartó recurrir nuevamente ante el Tribunal, ya que no se oponía a
comparecer. Sobre otros extremos, reseñó los incidentes acaecidos en la
audiencia celebrada el 31 de julio que culminaron con la salida abrupta
de
Rivera
Cruz
de
la
vista
pública
sin
que
finalizara
su
interrogatorio. Sometido el caso, el 25 de agosto, el Tribunal, en
corte abierta, previa citación de las partes, encontró a Rivera Cruz
incurso
10
en
desacato
civil
y
ordenó
su
Sec. 14.5(1) del Reglamento del Senado.
encarcelación
hasta
que
CC-97-735
- 9 -
compareciera y declarara ante la Comisión Especial. Tras dialogar las
partes, Rivera Cruz accedió a comparecer ante la Comisión Especial el
día 27 de agosto de 1997, emitiendo orden el Tribunal a tales efectos.
No obstante ese compromiso, al día siguiente, el 26 de agosto
Rivera
Cruz
apeló
al
Simultáneamente
solicitó
Transcripción
la
de
Tribunal
remedio
Prueba
Oral.
de
Circuito
en
Auxilio
Ese
mismo
de
de
día,
Apelaciones.
Jurisdicción
y
de
el
26
agosto,
Circuito de Apelaciones paralizó la orden y sentencia dictada. Concedió
término a las partes para someter alegatos simultáneos.
No conforme, el Senado cuestionó ante nos esa paralización, (CC97-479). El 29 de agosto denegamos el recurso con vista al “trámite
ante el Tribunal de Apelaciones, y el carácter prioritario dimanante de
su Resolución del 26 de agosto...”.
El
30
de
septiembre,
el
Circuito
de
Apelaciones
revocó
la
sentencia de instancia debido a la ausencia de orden judicial alguna
que específicamente obligara a Rivera Cruz a comparecer a la Comisión
Especial los días 29, 30 y 31 de julio de 1997. Determinó que la única
orden judicial fue exclusivamente para el 10 de julio, pero la Comisión
Especial pospuso dicha comparecencia y lo citó nuevamente, sin obtener
nueva orden judicial. Dicha sentencia fue notificada y copia archivada
en autos el 1 de octubre.
Poco
después,
el
2
de
octubre
el
Presidente
de
la
Comisión,
nuevamente expidió citación a Rivera Cruz requiriéndole comparecer a
vista pública los días 14 al 16 de octubre; citación diligenciada el 8
de octubre.
El 14 de octubre, Rivera Cruz le comunicó las razones por las
cuales no asistiría. Otra vez, el 14 de octubre, la Comisión Especial
resolvió
solicitar
tribunales
para
al
Presidente
citarlo.
Dicha
del
Senado
resolución
fue
comparecer
aprobada
ante
los
el
de
15
octubre.
El 20 de octubre, la representación legal del Senado acudió al
Tribunal de Primera Instancia, para que, en virtud del Artículo 34-A
CC-97-735
- 10 -
del Código Político, se le requiriera comparecer los días 28, 29, 30 y
31 de octubre. El 21 de julio, en atención a dicha solicitud, dicho
foro (Hon. Pedro López Oliver), accedió.
Diligenciada la orden el 23 de octubre, el día 27, Rivera Cruz
pidió se dejara sin efecto y planteó, entre otras cosas: 1) que la
citación era improcedente en derecho; 2) se le estaban violando sus
derechos constitucionales; 3) que la Comisión Especial estaba actuando
en violación a la norma establecida en el dictamen emitido previamente
por
el
foro
profesionales
apelativo;
y
previamente
4)
que,
de
contraídos
cualquier
le
manera,
impedían
compromisos
comparecer
en
las
fechas señaladas. Ese mismo día, el Tribunal denegó su moción. Rivera
Cruz, mediante comunicación escrita informó a la Comisión Especial que
no cumpliría con la orden del Tribunal para comparecer a la vista
pública
a
celebrarse
los
días
28
al
31
de
octubre.
Debido
a
esa
incomparecencia, la Comisión Especial, previa aprobación de resolución,
compareció al Tribunal y solicitó
del Tribunal lo declarara incurso en
desacato civil. El 30 de octubre de 1997, el Tribunal (Hon. Zadette
Bajandas Vélez) ordenó a Rivera Cruz mostrar causa por la cual no debía
acceder por incumplir su orden del 21 de octubre. Fijó la vista de
desacato para el 6 de noviembre.
El 3 de noviembre, Rivera Cruz presentó varias mociones a través
de las cuales solicitó la desestimación del proceso, la transcripción y
entrega de numerosos documentos y la citación de varios testigos antes
de
que
se
celebrara
la
vista
señalada.11
Ese
mismo día, el
Las personas que se solicitó citar son la mismas que fueron citadas
para comparecer a la vista llevada a cabo por el incidente de desacato
anterior entre las mismas partes del caso del epígrafe.
11
Los documentos solicitados por Rivera Cruz fueron los siguientes:
(a)
Copia de todos los documentos que serán utilizados por el Senado
durante la vista a celebrarse el día 6 de noviembre de 1997;
(b)
Copia de las agendas de las vistas a las que fue citado el requerido;
(c)
La transcripción completa, fiel y exacta,
Comisión Especial del día 15 de mayo de 1997;
de
las
vistas
de
la
(d)
La transcripción completa, fiel y exacta,
Comisión Especial del día 29 de mayo de 1997;
de
las
vistas
de
la
CC-97-735
- 11 -
Tribunal se negó a desestimar y citar los testigos por entender “que
con la mayor probabilidad, gran parte de los
hechos relevantes al
incidente que se dilucidará en la vista pautada para el 6 de noviembre
de 1997, debe poder ser objeto de estipulación entre las partes”. En
(e)
La transcripción completa, fiel y exacta, de
Comisión Especial del día 10 de julio de 1997;
las
vistas
de
la
(f)
La transcripción completa, fiel y exacta, de las vistas de
Comisión Especial durante los días 29, 30 y 31 de julio de 1997;
la
(g)
La transcripción completa, fiel y exacta, de las vistas de
Comisión Especial durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 1997;
la
(h)
La transcripción completa, fiel y exacta, de las vistas de la
Comisión Especial durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de
1997;
(i)
La transcripción completa, fiel y exacta, de todas las vistas
ejecutivas celebradas por la Comisión Especial desde el día 15 de
mayo de 1997, hasta el presente, y que estén relacionadas con la
comparecencia del requerido ante la Comisión Especial;
(j)
La transcripción completa, fiel y exacta, de las minutas, o
reuniones, o vistas que dan lugar a la aprobación de la resolución
del 28 de octubre de 1997, para acudir al tribunal a solicitar se
ordene al recurrido a mostrar causa por no haber cumplido la Orden
del 21 de octubre de 1997;
(k)
Copia de todas las convocatorias, citaciones o notificaciones a los
(5) miembros de la Comisión Especial sobre la celebración de la vista
en que se aprobó la Resolución del 28 de octubre de 1997 para acudir
al tribunal para que se ordenara al requerido a cumplir con la Orden
del 21 de octubre de 1997;
(l)
Copia de todas las convocatorias, citaciones o notificaciones a los
cinco (5) miembros de la Comisión Especial sobre la celebración de la
vista a celebrarse los días 29, 30 y 31 de julio de 1997; 14, 15 y 16
de octubre de 1997; y 28, 29, 30 y 31 de octubre de 1997;
(m)
Copia de todas las citaciones expedidas por la Comisión Especial al
licenciado Héctor Rivera Cruz para comparecencia ante la misma;
(n)
Copia de la transcripción de cada una de las vistas a las que debía
comparecer el requerido;
(o)
Copia de la notificación o citación a otros testigos para que
comparecieran a las vistas para las que estaba citado el requerido y
el diligenciamiento correspondiente de dichas notificaciones o
citaciones;
(p)
Copia de la grabación en audio y en cinta videomagnetofónica de todas
las vistas celebradas por la Comisión Especial a las que haya
comparecido el requerido y cualquier otra en que se haya mencionado,
esté relacionado o haya sido éste citado;
(q)
Copia de los documentos presentados ante la Comisión Especial por el
licenciado Héctor Rivera Cruz durante la vista del 22 de mayo de
1997, del 29 al 31 de julio de 1997, del 14 al 16 de octubre de 1997
y del 28 al 31 de octubre de 1997;
(r)
Copia de todas las citaciones de la Comisión Especial a otras
personas, distintas al requerido, que fueran citadas para los días
29, 30 y 31 de julio de 1997, 14, 15 y 16 de octubre de 1997, y 28,
29, 30 y 31 de octubre de 1997, en que se había citado por la
Comisión Especial al recurrido;
(s)
Copia de todos los expedientes en poder de la Comisión Especial o del
investigador relacionados con el recurrido;
(t)
Copia de todas las declaraciones, informes, documentos y evidencia
que se hayan producido como parte de la investigación que realizó la
Comisión Especial de lo Jurídico del Senado cuando el recurrido actuó
como investigador en el período 1981-84;
CC-97-735
- 12 -
cuanto a los documentos solicitados, el Tribunal ordenó la producción
de sólo algunos por entender que “los demás documentos solicitados no
resultan pertinentes al incidente específico del desacato”.12
Inconforme, el 5 de noviembre, otra vez Rivera Cruz acudió al
Tribunal de Circuito, mediante petición de certiorari, acompañada de
una moción urgente en auxilio de jurisdicción. En síntesis, argumentó
como error, la negativa al acceso a información y testigos, a su juicio
(u)
Copia de todas las declaraciones, informes, documentos y evidencia
que se hayan producido ante la Comisión Especial durante la presente
investigación o en las vistas públicas o ejecutivas en las que se
haya mencionado o esté relacionado el recurrido;
(v)
Copia de todas las declaraciones, informes, documentos y evidencia
que se hayan producido durante las investigaciones del Senado durante
los años 1993-1996 en las comisiones correspondientes, en las que se
haya mencionado o esté relacionado el recurrido;
(w)
Copia de cualquier informe o documento preliminar o final, parcial o
completo o en borrador, donde cualquier comisión del Senado de Puerto
Rico, que haya investigado la investigación del Cerro Maravilla desde
enero de 1993 hasta el día de hoy, haya preparado o redactado, por sí
o a través de algún agente, empleado, investigador o asesor o por
cualquier persona en donde se haya evaluado o emitido comentarios,
conclusiones o recomendaciones relacionadas con las actuaciones de la
persona del recurrido;
(x)
Copia de la notificación a otros testigos para que comparecieran a
las vistas para las que estaba citado el requerido.
El Tribunal de Instancia ordenó a la Comisión entregar a Rivera
Cruz en o antes del 5 de noviembre de 1997 los documentos que se
describen a continuación:
12
a) “Copia de los documentos que se utilizarán por los peticionarios
para la vista del 6 de noviembre de 1997.
b) La transcripción completa, fiel y exacta de las vistas de la
Comisión Especial de los días 14, 16, 18, 28, 29, 30 y 31 de octubre
de 1997.
c) Transcripción de las minutas, reuniones y vistas que dieron lugar a
la aprobación de la Resolución del 28 de octubre de 1997 para acudir
al Tribunal a solicitar se ordene al requerido a mostrar causa para
no haber cumplido la orden del 21 de octubre de 1997.
d) Copia de todas las convocatorias, citaciones y notificaciones a los
cinco (5) miembros de la Comisión Especial sobre la celebración de
la vista en que se aprobó la resolución del 28 de octubre de 1997
para acudir al Tribunal para que se ordenara al requerido a cumplir
con la orden de 21 de octubre de 1997.
e) Copia de todas las convocatorias, citaciones y notificaciones a los
cinco (5) miembros de la Comisión Especial sobre la celebración de
las vistas a celebrarse los días 14, 15, 16, 28, 29, 30 y 31 de
octubre de 1997.
f)
Copia de las citaciones expedidas por la Comisión Especial al
licenciado Rivera Cruz para comparecer a las vistas del 14, 15, 16,
28, 29, 30 y 31 de octubre de 1997.”
CC-97-735
- 13 -
indispensables,
para
poder
establecer
sus
defensas
en
la
vista
de
desacato, lo cual implicaba una violación al debido proceso de ley. El
día
siguiente
jurisdicción
el
y,
foro
en
apelativo
declaró
consecuencia,
con
paralizó
lugar
los
el
auxilio
de
procedimientos
en
instancia. Además, concedió al Senado hasta el 17 de noviembre para
presentar su oposición. En vez de comparecer ante dicho foro, el 12 de
noviembre, el Senado nos presentó el certiorari (CC-97-667) acompañado
de un auxilio de jurisdicción. Adujo que el foro intermedio apelativo
abusó de su discreción al paralizar.
El 13 de noviembre declaramos sin lugar el recurso, indicando que
el Senado tenía hasta el 17 de noviembre para presentar su escrito ante
el
Circuito
de
Apelaciones.
Además,
instruimos
a
dicho
foro
a
que
ante
el
resolviera prioritariamente el asunto ante su consideración.13
El
17
de
noviembre,
el
Senado
presentó
su
alegato
Circuito. El 24 de noviembre dicho foro (Hons. Ramos Buonomo, González
Román y Córdova Arone), expidió el auto y dictó sentencia. Modificó la
resolución
de
instancia,
dejando
sin
efecto
la
denegatoria
del
descubrimiento de prueba y la comparecencia de testigos. Devolvió el
caso para que, a la brevedad posible, celebrara una vista en la que
permitiera a las partes expresarse sobre la pertinencia de la prueba
documental y testifical. Al así resolver, concluyó que instancia no
cumplió con su obligación de darle debida consideración a la solicitud
de Rivera Cruz al denegarle el descubrimiento de la prueba documental y
la citación de testigos, sin considerar primero su pertinencia. Indicó
además, que instancia estaba obligado a examinar la naturaleza del
descubrimiento solicitado, tanto en términos de su posible pertinencia
a cualquier defensa legítima que Rivera Cruz pretenda interponer, como,
En la referida resolución, los Jueces Asociados señores Hernández
Denton y Fuster Berlingeri coincidieron en decretar no ha lugar al
recurso. Sin embargo, consignaron que no se justificaba la orden al
foro apelativo para que el asunto fuese atendido con carácter
prioritario, “por no existir una situación de urgencia o de preeminente
interés público”. El Juez Presidente, Sr. Andréu García y la Juez
Asociada, Sra. Naveira de Rodón se inhibieron.
13
CC-97-735
- 14 -
de ser necesario, en términos de posible status privilegiado de lo
solicitado. Dicha sentencia fue notificada y archivada en autos copia
de su notificación el mismo día de su emisión, 24 de noviembre.
El 9 de diciembre, el Senado presentó
este recurso de certiorari
y el 15 lo expedimos. Como único planteamiento señala:
“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que en el caso de autos el recurrido tiene derecho a
un descubrimiento de prueba tan amplio como lo permitan las
Reglas de Procedimiento Civil”.
Luego de varios trámites interlocutorios, con el beneficio de los
alegatos de las partes, resolvemos.14
II
Por imperativo decisorio y normas de justiciabilidad, abordemos
primeramente el planteamiento de academicidad.
Rivera
Cruz
sostiene
que
el
recurso
es
académico
ya
que
la
Comisión Especial rindió, y el Senado aprobó, un informe final sobre la
investigación
realizada.
Argumenta
que
ello
hizo
inexistente
la
controversia de si debe o no comparecer ante dicha Comisión Especial a
prestar testimonio. No tiene razón.
Sabido es que un caso académico es aquel en que “se trata de
obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no
existe, o una determinación de un derecho antes de que éste haya sido
reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna
razón no podrá tener efectos prácticos...” Asociación de Periodistas v.
14
A solicitud de Rivera Cruz, el 13 de marzo de 1998 le concedimos
prórroga para presentar su alegato hasta el 20 de marzo. No obstante,
el 18 de marzo, presentó moción de desestimación fundamentada en que el
19 de marzo de 1998, el Senado había aprobado como “final” el Informe
de hallazgos y recomendaciones rendido por la Comisión Especial.
Argumentó que resultaba académica cualquier controversia relacionada
con su comparecencia ante dicha Comisión. El 19 de marzo, le ordenamos
presentar su alegato en la fecha señalada y concedimos al Senado quince
(15) días para exponer su posición en cuanto a la desestimación
solicitada. Posteriormente, el 20 de marzo denegamos la desestimación
del Lcdo. Rivera Cruz y, accedimos admitir como su alegato el sometido
ante el Circuito de Apelaciones. El 31 de marzo el Senado cumplió
aduciendo que la controversia no se había tornado académica ya que
tiene
considerables
repercusiones
en
la
función
y
facultad
constitucional de las Ramas Legislativa y Judicial y, plantea una
CC-97-735
- 15 -
González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991). Federal National Mortgage Assn.
v. Corchado Román, res. en 31 de marzo de 1998; E.L.A. v. Aguayo, 80
D.P.R. 552 (1958). Si los cambios fácticos o judiciales hacen ficticia
la solución del caso, convirtiéndola en una opinión consultiva, la
controversia se ha tornado académica. P.P.D. v. Rosselló González, res.
en 22 de diciembre de 1995; El Vocero v. Junta de Planificación, 121
D.P.R. 115 (1988); R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de E.U. y
P.R., Vol. I, págs. 122-126 (1986). Por estas razones, al examinar la
posible
academicidad
de
un
recurso,
hay
que
evaluar
los
eventos
anteriores, concomitantes y futuros, y determinar si su condición de
controversia viva y presente subsiste con el transcurso del tiempo.15
Del
Comisión
debate
para
Especial
la
surge
aprobación
del
inequívocamente
Informe16
la
presentado
intención
por
la
legislativa
de
aprobar dicho informe como uno parcial, no final. Así, la Senadora,
Hon. Lebrón Vda. de Rivera, miembro de dicha Comisión Especial, hizo
constar que la investigación no había concluido debido a que “ante el
Tribunal
hay
unos
cuantos
casos
muy
importantes,
de evidencia
que es necesaria para todavía seguir aclarando los procedimientos...
Esta investigación no termina, compañeros, el Pueblo de Puerto Rico
tiene derecho a saber todo lo que ocurrió allí. ...y Héctor Rivera
Cruz, nuestro compañero abogado, tiene todavía mucho que informar a
esta Comisión, y con todo el respeto que se me merece como compañero de
profesión, tiene que comparecer y yo confío en el sano juicio de los
cuestión recurrente susceptible de repetición, excepción clara a la
doctrina de academicidad.
15
Como excepciones reconocidas a esta doctrina tenemos: 1) si el
caso presenta cuestión recurrente o susceptible de repetirse; 2) cuando
el demandado varía su comportamiento y la situación de hechos, sin
visos de permanencia, para evadir la revisión judicial; y 3) el caso,
aunque académico en apariencia, conlleva consecuencias colaterales.
P.P.D. v. Rosselló González, supra; Asoc. de Periodistas v. González,
supra; R. Serrano Geyls, ob. cit., pág. 122.
16
Por Resolución del 6 de marzo, a los fines de evaluar el
planteamiento de academicidad, requerimos al Senado que remitiese copia
certificada del debate y discusión en el pleno, que precedió la
aprobación del Informe de la Comisión Especial y, de cualquier
resolución aprobada por dicho cuerpo a raíz de la discusión y votación
del Informe aludido.
CC-97-735
- 16 -
tribunales que atienden los planteamientos de este Senado para que les
obligue a comparecer...” Informe Comisión Especial, T. II, pág. 468.
Más adelante, con referencia específica del asunto, su Presidente
Peña Clós aclaró que el informe rendido para aprobación no era final.
Señaló que “[l]a Resolución que se aprobó al inicio de este año y se
aprobó el año pasado establece que esta investigación terminará una
semana después que comparezca el último deponente, pensando en todas
estas cositas que han ido surgiendo, pero el Reglamento nos autoriza a
radicar un informe parcial... Sr. Presidente, esa Resolución –Núm. 18es la que habla de que tendremos una semana después de que comparezca
el último deponente. En vista de que el Supremo, y hay que reconocer
que la presentación del Licenciado Rivera Cruz hace cerca de un año,
entonces han ocurrido distintos factores, el Apelativo, el Tribunal
Supremo le quitó el caso al Tribunal Apelativo y hace tres meses que
está
sentado
allí,
digo
tiene
esa
Resolución”.
Informe
Comisión
Especial, págs. 529-530.
Forzoso
controversia
concluir
que
viva
vigente,
y
el
recurso
la
no
cual,
es
académico.
dependiendo
de
Existe
una
cómo
aquí
resolvamos, conllevará que ante la Comisión Especial comparezca Rivera
Cruz. Además, el recurso plantea una cuestión recurrente que atañe a
las facultades básicas del Senado y su relación con el Poder Judicial.
Estas realidades hacen innecesario ampliar el análisis y aplicar otras
posibles excepciones de la doctrina de academicidad.17
III
Establecida
la
justiciabilidad
del
recurso,
la
controversia
medular planteada se reduce a dictaminar el alcance del descubrimiento
de prueba a que tiene derecho una persona contra la cual se ha iniciado
un procedimiento de desacato civil por ignorar orden del tribunal de
comparecer a declarar ante un organismo de la Asamblea Legislativa.
En su oposición a la desestimación del recurso por académico,
Hon. Charlie Rodríguez, et al., nos sugieren como alternativa la
aplicación de la doctrina de efectos colaterales.
17
CC-97-735
- 17 -
¿Tiene derecho a citar como testigos legisladores y otros funcionarios
legislativos?
¿Qué
documentos
puede
descubrir?
Acometamos
esta
sensitiva tarea.
La
incuestionable
prerrogativa
investigativa
de
la
Asamblea
Legislativa, de entronque constitucional,18 se considera indispensable e
inseparable de su facultad de legislar. En Banco Popular v. Corte, 63
D.P.R. 66 (1944), al reconocer su existencia –citamos con aprobación
McGraw
v.
Daugherty,
273
U.S.
135
señalamos
(1927)-,
que
negarlo,
equivalía al absurdo de exigirle a la Legislatura proporcionar remedios
en la oscuridad.
Posteriormente,
-en
ocasión
de
unos
planteamientos
similares
durante la primera investigación senatorial de los sucesos del Cerro
Maravilla, actuando Rivera Cruz como investigador del Senado-, en Peña
Clós
v.
Cartagena
Ortiz,
114
D.P.R.
576
(1983),
resolvimos
que
al
momento en que se formuló nuestra Constitución las características de
este
poder
se
concebían
como:
1)
extraordinariamente
amplio,
especialmente cuando el objetivo no era un ciudadano particular en su
capacidad privada, sino una agencia o funcionario público, en cuyo caso
los tribunales debían ejercer mayor cautela al intervenir; 2) secuela y
parte
indispensable
del
atributo
de
legislar,
de
génesis
constitucional; 3) no era absoluto, y sus límites correspondía fijarlos
la
Rama
Judicial,
no
el
Ejecutivo;
4)
no
puede
ejercerse
arbitrariamente; debe perseguir un propósito legislativo y no puede
utilizarse para privar a la ciudadanía de sus derechos civiles; y 5)
los tribunales no son, generalmente el foro para ventilar impugnaciones
respecto de los motivos de una investigación. Describimos así “la carga
jurídica aceptada al establecerse el poder legislativo” en el Art. III,
Al redactarse la Constitución, los constituyentes estimaron
innecesario
hacer
referencia
expresa
al
poder
legislativo
de
investigación, ya que dicha facultad derivaba de lo que sería la sec.
17 del Art. III. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico,
Vol. III, (1982), pág. 152, Río Piedras, P.R.
18
CC-97-735
- 18 -
Sec. 1 de nuestra Constitución, hoy, básicamente inalterada. (Págs.
586-587, 590).
Como corolario de ese amplio poder, el Art. 34(A)(2) del Código
Político,19 provee que el tribunal expida citación ordenando al testigo
que
incumplió
una
orden
de
la
Cámara
de
Representantes,
Senado,
o
Comisión o Subcomisión de uno de esos cuerpos, que comparezca ante el
organismo investigativo concernido. Su desobediencia será castigada por
el
Tribunal
como
desacato
civil.
En
esa
vista,
el
testigo
podrá
levantar todas las cuestiones constitucionales, legales y de hecho que
estimare pertinentes. Art. 34(A)(3).20
Al
interpretar
estas
disposiciones,
el
Circuito
de
Apelaciones
concluyó que el procedimiento de desacato allí establecido era uno
civil ordinario al cual hay que garantizar el debido proceso de ley.
Sostuvo
que
“puesto
que
no
existe
un
procedimiento
establecido
en
cuanto al alcance del descubrimiento de prueba [en estos casos], es
necesario recurrir a las Reglas de Procedimiento Civil. Resolvió que
Rivera Cruz “tiene derecho a que se le permita el descubrimiento de
prueba pertinente a las defensas legítimas que él pretende interponer
en relación con la cuestión de desacato que se le imputa, siempre y
19
Dispone:
“Radicada la petición ante la Sala de San Juan del
Tribunal Superior de Puerto Rico, si surgiera de ésta que el
testigo incumplió la orden de la Asamblea Legislativa, o de
la Cámara de Representantes o del Senado, o de la comisión o
subcomisión de uno de los cuerpos, o de la comisión o
subcomisión conjunta, según sea el caso dicho tribunal deberá
expedir una citación requiriendo y ordenando al testigo para
que comparezca y declare o para que produzca la evidencia,
documentos u objetos solicitados o para ambas cosas ante la
Asamblea Legislativa, el Senado, la Cámara de Representantes,
comisión, subcomisión o comité conjunto o ante dicho oficial
investigador, según sea el caso; y cualquier desobediencia a
la orden dictada por el tribunal será castigada por éste como
un desacato civil al mismo.” 2 L.P.R.A. 154(a)(2).
20
Reza:
“Si el testigo incumpliere la orden del tribunal dictada
bajo apercibimiento de desacato civil, al celebrarse la vista
de desacato, el testigo podrá levantar en ella todas las
cuestiones constitucionales, legales y de hecho que estimare
pertinentes.” 2 L.P.R.A. 154(A)(3).
CC-97-735
- 19 -
cuando no sea materia privilegiada. Aunque no formuló criterio sobre el
posible problema constitucional al determinar qué parte de la prueba
solicitada era materia privilegiada, intimó que “el Senado podría estar
obligado constitucionalmente a escoger entre, por un lado, desistir del
procedimiento de desacato y mantener el privilegio o, por otro lado,
continuar el procedimiento de desacato pero renunciando al privilegio
que de otro modo le asistiría.” Incidió.
De entrada, hemos de recordar que la clásica distinción entre el
desacato
civil
y
el
criminal
revela
el
propósito
eminentemente
reparador (no punitivo) del remedio civil. Impone reclusión por término
indefinido, efectivo hasta que el demandado cumpla. Este “tiene la
llave de las puertas de la prisión en virtud del cumplimiento de su
obligación
principal
oportunidad
a
la
resarcimiento
que
y
personal,
y
en
esa
parte
querellante
para
obtener
ella
realmente
interesa.”
forma
Pérez
se
le
da
una
el
remedio
o
el
v.
Espinosa,
75
D.P.R. 777, 782 (1954) seguido en Díaz Aponte v. Comunidad San José,
Inc., res. en 23 de junio de 1992; Vélez Toro v. Látimer, 125 D.P.R.
109
(1990);
Pueblo
v.
Piñero
Vega
Crespo
v.
Gordillo
Gil,
Alvarado,
121
D.P.R.
282
122
D.P.R.
(1988);
246
Pueblo
(1988);
v.
Pérez
Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986).21 Partiendo de esta premisa, hemos
resuelto que en los desacatos civiles no es necesario observar todos
los
requisitos
y
garantías
exigidos
en
procedimientos
de
desacato
criminal.22 Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 829 (1989);
Guzmán Vega v. Piñero, 91 D.P.R. 704 (1965).
21
International Union v. Bagwell, 512 U.S. 821, 829 (1944); Chester
James Antieau, Modern Constitutional Law, second Ed., Vol. 2, West
Group, 1997, pág. 769.
22
En el criminal, distinto al civil, la sentencia es por término
fijo de encarcelación, con o sin multa, a cumplirse independientemente
se cumpla la obligación original. Por ello, su validez depende de que
al inicio se advierta al querellado que ha de seguirse en su contra un
procedimiento de naturaleza criminal, de forma que pueda invocar los
derechos y garantías que dichos procesos reservan. Pérez Pascual v.
Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989); Pueblo v. Vega, Jiménez, 121
D.P.R. 282 (1988); Sterzinger v. Ramírez Ramírez, 116 D.P.R. 762
(1985); Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982); Pueblo v.
CC-97-735
- 20 -
Por no estar establecido ni existir un procedimiento específico
que rija el descubrimiento de prueba en trámites de desacato originados
en solicitudes de los cuerpos legislativos, procede, según intimó el
Circuito de Apelaciones, que sin desvirtuar su carácter extraordinario
y conscientes de la necesidad de la más pronta adjudicación –de lo
contrario
podríamos
paralizar
y
reducir
a
nada
el
poder
de
investigación legislativo- que, supletoriamente acudamos a las Reglas
de Procedimiento Civil. Estas rigen los asuntos de naturaleza civil
judiciales y podemos cualificadamente usarlas, repetimos, siempre que
sean
compatibles
y
no
afecten
la
naturaleza
extraordinaria
y
peculiaridades del trámite de origen legislativo. Sería absurdo que por
una aplicación automática y mecanicista de las Reglas de Procedimiento
Civil, incidentes de desacato legislativos –lo mismo que en materia de
alimentos- arrastraran sus pies y demoraran meses o años.
Con
esta
perspectiva
presente,
notamos
que
la
Regla
23.1(a)23
permite descubrir prueba sobre cualquier materia pertinente al asunto
Escalera, 95 D.P.R. 148 (1967); Guzmán Vega v. Piñero Piñero, 91 D.P.R.
704 (1965); Pérez v. Espinosa, supra.
Al respecto, la jurisprudencia federal, adoptada en nuestra
jurisdicción ha reconocido que en este tipo de procedimiento -por
ejemplo, en el que se tipifica como delito rehusarse a testificar ante
algún foro legislativo- se tienen que garantizar todas las salvaguardas
constitucionales. En Watkins v. United States, 354 U.S. 178, 208
(1957), el Supremo federal indicó que “[e]n cumplimiento de su
obligación..., los tribunales tienen que conceder a los demandados
todos los derechos que otorgan a los demandados en todos los otros
casos criminales.” (Traducción nuestra).
Por otro lado, se distingue entre el desacato sumario y el
ordinario en que en el sumario el juez certifica que vio u oyó la
conducta constitutiva de desacato, en cuyo caso se prescinde del
requisito de vista. Sin embargo, los casos en que una parte desobedece
una orden del tribunal se catalogan ordinarios y requieren que se le dé
al acusado la oportunidad de ser oído. Pérez Pascual v. Vega Rodríguez,
supra; Pueblo v. Ortiz Padilla, 102 D.P.R. 736 (1974); Pueblo v.
Escalera, supra. Esta diferencia se ha establecido en el contexto del
desacato criminal.
23
Dispone:
“(a)
En
general.
Las
partes
podrán
hacer
descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada,
que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito
pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de
cualquier
otra
parte,
incluyendo
la
existencia,
descripción, naturaleza, custodia, condición y localización
CC-97-735
en
- 21 -
controversia
en
el
pleito
pendiente,
siempre
no
que
sea
privilegiada. Medina Morales v. Merck, res. en 7 de abril de 1994;
General Electric v. Concessionaries, Inc., 118 D.P.R. 32 (1986).
Aunque el concepto pertinencia en el ámbito civil es más amplio
que el utilizado con relación a la admisibilidad de prueba,24 -siendo
suficiente
la
posibilidad
razonable
de
relación
con
el
asunto
en
controversia, Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210 (1982)-,
“no
significa
que
el
ámbito
del
descubrimiento
de
prueba
sea
ilimitado.” General Electric v. Concessionaries, Inc., supra, pág. 40.
Además de ser pertinente, la prueba tiene que ser competente,
concepto
evidenciario
que
se
refiere
a la confiabilidad de la
prueba o su exclusión, ya por políticas extrínsecas o algún privilegio.
Fishman, Jones on Evidence, Civil and Criminal, 7ma Ed., N.Y., (1992),
págs. 13 y 14; Allen, Federal Rules of Evidence, Boston, (1989), págs.
34 y 35. Los privilegio pueden surgir de la Constitución, leyes o
reglas.
Emmanuelli
Jiménez,
Prontuario
de
Derecho
Probatorio
de
cualesquiera
libros,
documentos
u
otros
objetos
tangibles y la identidad y dirección de personas que
conozcan hechos pertinentes. No constituirá objeción el que
la información solicitada sea inadmisible en el juicio,
siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha
información
conduzca
al
descubrimiento
de
evidencia
admisible.”
De la Regla 18 de Evidencia se colige que la admisibilidad de la
prueba depende de su pertinencia y competencia al señalar que
“[e]videncia pertinente es aquella tendente a hacer la existencia de un
hecho más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia;
dicho hecho debe a su vez referirse a una cuestión en controversia o a
la credibilidad de algún testigo o declarante.”
24
El concepto pertinencia exige que la evidencia que se pretenda
usar sea material y relevante. Una prueba es material si va dirigida a
establecer un hecho adjudicativo, es decir se refiere a algún elemento
de la reclamación, defensa o credibilidad de testigos o declarante. En
el fondo es una cuestión de derecho sustantivo. Por su parte, la
relevancia pertenece al ámbito de derecho procesal que busca que la
prueba tenga una tendencia a hacer más o menos probable un hecho en
controversia. Clearly, McCormick on Evidence, 3ra. Ed., St. Paul, Minn.
(1984), págs. 541 y ss.
Aunque la tendencia puede ser mínima, la admisibilidad de la
prueba aún depende de su grado de valor probatorio versus el potencial
de causar perjuicio indebido. Regla 19, Evidencia.
CC-97-735
- 22 -
Puertorriqueño, 1ra. Ed., 1994, pág. 199. En el caso que nos ocupa el
privilegio nace de la Constitución y su importancia no se discute.
IV
El Art. III, Sec. 14 de nuestra Constitución establece
miembro
“todo
que
de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria
por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus
comisiones”.
De
este
modo
se
elevó
a
linaje
constitucional
un
privilegio que estaba enraizado en la Sec. 12 del Código Político que
disponía que “[n]o se interrogará ni pedirán explicaciones a ningún
miembro
de
la
Asamblea
Legislativa
en
otro
lugar
ni
podrá
ser
perseguido civil o criminalmente por las palabras vertidas durante el
debate en una u otra cámara.” 2 L.P.R.A. sec. 12. A este privilegio le
hemos
reconocido
la
amplitud
adjudicada
por
la
jurisprudencia
norteamericana.25 Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368
(1984);
In
inmunidad
re
a
Rodríguez
los
Torres,
miembros
de
106
D.P.R.
la
Asamblea
(1978).
Confiere
Legislativa
contra
698
responsabilidad civil o criminal respecto a sus acciones en la esfera
de
los
contra
procesos
legislativos
interferencias
procesos,
aunque
no
del
legítimos.
ejecutivo
elimina
la
o
Constituye
el
facultad
poder
barrera
judicial
revisora
de
absoluta
en
dichos
los
foros
judiciales, sino que evita las distracciones que conlleva tener que
acudir
a
los
tribunales
a
defender
los
actos
legislativos.26
Es
Miles-Unlimited, Inc. v. Town of New Shoreham, 917 F. Supp. 91
(1996); National Ass’n of Social Workers v. Harwood, 69 F. 3d 622
(1995); United States v. Rose, 28 F. 3d 181 (1994); Government of
Virgin Islands v. Lee, 775 F. 2d. 514 (1985); McSurely v. McClellan,
753 F. 2d. 88, cert. denied 474 U.S. 1005 (1985); U.S. v. Helstoski,
635 F. 2d. 200 (1980); Hutchinson v. Proximine, 443 U.S. 111 (1979);
U.S. v. Helstoski, 442 U.S. 477 (1979); Blake v. Delaware City, 441 F.
Supp. 1189 (1977); Eastland v. United States Servicemen’s Fund., 421
U.S. 491 (1975); Doe v. McMillan, 412 U.S. 306 (1975); Gravel v. United
States, 408 U.S. 606 (1972); United States v. Brewster, 408 U.S. 501
(1972); Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969); Dombrowski v.
Eastland, 387 U.S. 82 (1967); United States v. Johnson, 383 U.S. 169
(1966); Tenney v. Brandhove, supra; Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168
(1881).
25
Miles-Unlimited, Inc. v. Town of New, supra; Romero Barceló v.
Hernández Agosto, 75 F. 3d 23 (1996); Barceló v. Agosto, 876 F. Supp.
1332 (1995); Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Williams, 62 F. 3d 408
26
CC-97-735
- 23 -
“precioso
baluarte
legislativo
y
de
la
los
significativamente
integridad
tribunales
su
ámbito
y
e
independencia
se
han
resistido
mucho
menos
a
del
proceso
a
achicar
invadirlo.”
In
re
Rodríguez Torres, supra, pág. 708; Gross v. Winter, 692 F. Supp. 1420
(1988). Para que pueda lograr sus propósitos, tiene que considerarse
amplio e interpretarse liberalmente, de lo contrario los legisladores
se
inhibirían
y
distraerían
en
el
desempeño
de
sus
deberes
constitucionales. U.S. v. Eilbag, 465 F. Supp. 1080 (1979); U.S. v.
Meyers, 432 F. Supp. 456 (1977); McSurely v. McClellan, 553 F. 2d. 1277
(1976); U.S. ex rel. Holanda v. Clay, 420 F. Supp. 853 (1976); Keefe v.
Roberts, 355 A. 2d.
824
(1976); Doe v. McMillan, 412 U.S. 306 (1973);
United States v. Johnson, 337 F. 2d. 180, affirm 383 U.S. 169 (1966).
Entre las actividades protegidas encontramos: votaciones, informes de
los comités y el comportamiento en las audiencias de los comités. Doe
v. McMillan, supra; Gravel v. United States, 408 U.S. 606 (1972).
En Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra, -caso también nacido
al fragor de la primera investigación senatorial de los sucesos del
Cerro
Maravilla-
señalamos
que
el
propósito
básico
del
extenso
privilegio de inmunidad legislativa es garantizar la independencia de
la Rama Legislativa y fortalecer la separación de poderes. Su ámbito
incluye
toda
actividad
legislativa
legítima
como
formular
leyes,
investigar27 y fiscalizar, debatir asuntos de interés público e informar
(1995); National Ass’n of Social Workers v. Harwood, supra; Pittston
Coal Group v. International Union, 894 F. Supp. 275 (1995); U.S. v.
Rustenkowski, 59 F. 3d 1291 (1995); Maddox v. Williams, 855 F. Supp.
406 (1994); Torres v. CBS News, 854 F. Supp. 245 (1994); U.S. v.
McDade, 28 F. 3d 283 (1994); Brown v. Griesenaver, 970 F. 2d 431
(1992); U.S. v. Swindall, 971 F. 2d 1531 (1992); Virginians Against a
Corrupt Congress v. Moran, 805 F. Supp. 75 (1992); Williams v. Brook,
945 F. 2d 1322 (1991); Gross v. Winter, supra; Minpeco, S.A. v.
Conticommodity Servs., 844 F. 2d 856 (1988); Chastain v. Sandquist, 833
F. 2d 311 (1987); Chapman v. Space Qualified Sys. Comp., 647 F. Supp.
551 (1986); Lasa v. Colberg, 622 F. Supp. 557 (1985); Acosta v. Agosto,
590 F. Supp. 144 (1984); Miller v. Transamerican Press, Inc., 709 F. 2d
524 (1983); U.S. v. Meyers, 635 F. 2d 932, cert. denied 449 U.S. 956
(1980); Eastland v. U.S.S.F., supra; Gravel v. U.S., supra; Tenney v.
Brandhove, supra.
27
Las actuaciones de los legisladores y sus ayudantes en el curso
de una investigación legislativa legítima están igualmente protegidos
por la inmunidad. “[E]l poder de investigar cae claramente dentro de la
CC-97-735
- 24 -
sobre la gestión de la cosa pública. Expresamos que “[l]os motivos que
inspiren una actividad legislativa legítima no son objeto apropiado de
escrutinio judicial. La doctrina de la inmunidad parlamentaria pierde
su valor si es que un legislador o un organismo legislativo tiene que
someterse al rigor de los procedimientos judiciales por el ejercicio
vigoroso de sus prerrogativas”. Pág. 380. Su protección trasciende el
ámbito de la responsabilidad e incide en el aspecto evidenciario y
testifical
de
los
procesos.
“La
razón
para
conceder[..]
inmunidad
testimonial [...] es tan apremiante como lo es la razón para conceder
inmunidad contra responsabilidad civil. Para lograr las intenciones de
la doctrina de inmunidad legislativa a los legisladores que actúan
dentro de la esfera de la actividad legislativa legítima no se les debe
requerir
que
actividades
sean
parte
de
legislativas,
una
ni
acción
tampoco
civil
se
relacionada
les
debe
con
las
requerir
que
testifiquen en torno a esas actividades. [...] (‘[e]l propósito de la
doctrina es evitar que los legisladores tengan que testificar sobre
asuntos de conducta legislativa, estén o no estén testificando para
defenderse a sí mismos’).” Miles –Un-Ltd., Inc. v. Town New Shorehan,
R.I.,
97
F.
Supp.
91,
98
(1996).
(Traducción
nuestras
y
citas
omitidas).
Si bien la inmunidad legislativa ha sido interpretada liberal y
ampliamente,
no
constituye
un
privilegio
absoluto.
Aún
así,
sus
limitaciones son mínimas y extraordinarias, centradas principalmente en
determinar
lo
que
“Solamente
están
es
o
protegidas
no
una
actividad
actuaciones
legislativa
realizadas
en
el
protegida.
curso
del
proceso de formular legislación, es decir, aquellas que son claramente
parte del proceso legislativo.” R. Serrano Geyls, ob. cit., pág. 638.28
definición del tipo de actividades que son parte integral de las
deliberaciones del Congreso relacionadas con la formulación de
legislación”. R. Serrano Geyls, ob. cit., pág. 641; Eastland v. United
States Servicemen’s Fund., supra.
28
Kilbourn v. Thompson, supra; Tenney v. Brandhove, supra;
Dombrowski v. Eastland, supra; Eastland v. U.S.S.F., supra, Gravel v.
U.S., supra; Doe v. McMillan, supra; United States v. Brewster, supra.
CC-97-735
- 25 -
Como todo privilegio, la inmunidad parlamentaria constituye un escollo
en la búsqueda de la verdad, por lo que no debe extenderse más de lo
necesario para preservar la integridad del proceso legislativo. Brown &
Williamson v. Williams, 62 F. 3d. 408 (1995); U.S. v. Rostenkowski, 59
F. 3d. 1291 (1995); U.S. v. Biaggi, 853 F. 2d 89 (1988); Miller v.
Transamerican Press. Inc., 709 F. 2d. 524 (1983); U.S. v. Mandel, 415 F.
Supp. 1025 (1976); U.S. v. Brewster, 408 U.S. 501 (1972).
Respecto a los ayudantes, incluso oficiales investigadores29 de los
legisladores y comisiones, la cláusula de inmunidad también les cobija
siempre que su conducta se considere actividad legislativa protegida de
realizarla el propio legislador. La necesidad de delegar funciones, –
por
la
complejidad
del
proceso
legislativo-,
justifica
incuestionablemente tal extensión. “[C]on el propósito de interpretar
el privilegio, un miembro y su ayudante serán tratado como uno....”
Gravel v. U.S., supra, 616. Benford v. American Broadcasting Comp., 502
F.
Supp.
1148
(1980);
Peroff
v.
Manvel,
421
F.
Supp.
570
(1976);
Steiger v. Superior Court, 536 P. 2d. 689 (1975); Eastland v. U.S.S.F.,
421 U.S. 491 (1975). El privilegio que puede reclamar el ayudante es el
del legislador, invocable
suyo.
“[S]e
limita
a
sólo por éste o por el ayudante a nombre
aquellas
tareas
que
constituirían
conducta
legislativa inmune si fueran realizadas por el propio legislador. No
incluye, por otra parte, una serie de servicios que normalmente prestan
los ayudantes. Tampoco protege aquella conducta criminal que amenace la
seguridad o la propiedad de otros, aunque esté relacionada con un acto
legislativo, bien que se lleve a cabo bajo la dirección del legislador,
o que se realice sin su conocimiento y dirección.” R. Serrano Geyls,
ob. cit., pág. 640-641.
29
El Primer Circuito de Boston en Romero Barceló v. Hernández
Agosto, 75 F. 3d. 23 (1996), reafirmando la extensión del privilegio a
los oficiales investigadores, concluyó que el Lcdo. Pérez Viera,
entonces Oficial Investigador del Senado, estaba protegido por la
inmunidad legislativa al igual que los miembros de la Comisión.
CC-97-735
- 26 -
Ahora bien, por excepción, existen circunstancias extraordinarias
en que un legislador puede ser compelido a declarar sobre sus funciones
legislativas.
Aún
en
ellas,
el
privilegio
legislativo
les
cobija,
excluyendo sus testimonios. Village of Arlinton v. Metro Housing, 429
U.S. 252 (1977).30
En
aras
de
proteger
el
valor
constitucional
del
privilegio
legislativo, igual criterio prevalece en nuestra jurisdicción. Darle
mayor
laxitud
contra
el
al
poder
constitucionales,
razones,
los
ámbito
de
circunstancias
legislativo
permitiendo
tribunales
y
debilitarían
obstrucciones
federales
extraordinaria,
tampoco
sus
prerrogativas
innecesarias.
favorecen
atentaría
Por
estas
permitir
el
descubrimiento, específicamente prueba documental, en procedimientos de
citaciones so pena de desacato. En FTC v. Carter, 636 F. 2d. 781, 789
(1980), el Tribunal de Circuito de Apelaciones para el Distrito de
Columbia sostuvo que “[e]xcepto en circunstancias extraordinarias...,
el descubrimiento es impropio en un procedimiento para ejecutar un
subpoena sumario”. (Traducción nuestra).
Se
entiende
pues,
que
la
disposición
del
Código
Político
que
brinda al testigo que incumpla orden del Tribunal so pena de desacato,
el derecho a levantar todas las cuestiones constitucionales legales y
fácticas pertinentes en la vista de desacato, no abre el proceso a un
descubrimiento de prueba ordinario, como tampoco anula ni deja sin
efecto
la
normativa
sobre
privilegios
legislativos
expuesta.
Consideraciones de peso constitucionales, jurídicas, de hermenéutica y
lógicas, impiden imputarle al legislador la intención de renunciar a su
inmunidad legislativa al redactar el citado precepto. Primero, no surge
expresamente tal renuncia. Pittston Coal. Inc. v. Intern. Union, 894 F.
Ejemplos de circunstancias extraordinarias son: actos de
traición, amenaza contra el sistema político, delitos, etc. Corporación
Insular de Seguros v. García, 709 F. Supp. 288 (1989); In re Grand
Jury, 821 F. 2d 946 (1987); Hartley v. Fine, 595 F. Supp. 83 (1984);
United States v. Gillock, 445 U.S. 360 (1980); Lake Country Estates v.
Tahoe Planning Agency, 440 U.S. 391 (1979); United States v. Johnson,
supra; Kilbourn v. Thompson, supra.
30
CC-97-735
- 27 -
Supp. 275 (1995); U.S. v. Richmond, 550 F. Supp. 605 (1982); U.S. v.
Helstoski, 442 U.S. 477 (1979); Eslinger v. Thomas, 476 F. 2d. 225
(1972). Segundo, su propósito fue facilitar y ampliar el ejercicio de
las
prerrogativas
constitucionales
de
la
legislatura
en
su
función
investigativa, facultándola a compeler a los testigos a través del
Tribunal.
V.
XXXIX,
Diario
de
Sesiones,
Núm.
41,
págs.
2904-2909;
2921-2941. No fue, enfatizamos, renunciar al privilegio de inmunidad y
dar el derecho a citar legisladores y descubrir materia cubierta por
tal inmunidad. El descubrimiento de prueba al cual todo promovido tiene
derecho, ha de estar limitado y condicionado por dicha normativa.31
31
Por otro lado, de los Reglamentos del Senado y la Comisión Especial,
se puede colegir con mayor precisión el ámbito del descubrimiento de prueba en
posesión de las comisiones y quién o quiénes tienen derecho a descubrirla.
El Reglamento del Senado para Regir Investigaciones Conducidas por las
Comisiones Permanentes o Especiales, Sec. 14.4 visualiza para que los miembros
de mayoría y minoría de las Comisiones, a través del Presidente, citen
testigos y requieran documentos. Además, exige dar a todos los miembros copia
de cualquier documento, objeto o elemento de prueba a utilizarse en la
deposición de cualquier testigo, con tres días de antelación a la vista
ejecutiva, de estar disponible. Su Sec. 14.5 concede a los deponentes, entre
otros derechos, formular peticiones pertinentes a su testimonio ante la
Comisión y que se atiendan en un periodo de 48 horas. El presidente de la
Comisión adjudica su pertinencia. La 14.7 establece que los miembros de la
minoría tienen derecho a obtener, para su Oficial Investigador, toda la
evidencia recopilada a lo largo del proceso legislativo. Su sección 14.8
impone a la Comisión velar porque los hallazgos de la investigación se
mantengan en total confidencialidad hasta que la Comisión autorice su
divulgación.
Por su parte, el Reglamento Para Regir la Investigación Senatorial Sobre
Posibles Irregularidades o Actuaciones Ilegales o Impropias en el Manejo de la
Pesquisa Senatorial Sobre Los Sucesos del Cerro Maravilla, garantiza al
Oficial Investigador de minoría: acceso continuo durante todas las etapas de
la investigación a toda la evidencia e información externa obtenida;
notificación oportuna de todos los pormenores y procedimientos investigativos,
incluyendo nombre de testigos, fecha de citación y resultado de las
citaciones; opción a estar presente en la toma de declaraciones juradas y
entrevistas realizadas por el Oficial Investigador de mayoría. No obstante,
advierte que si cualquier Oficial Investigador divulga a terceros dentro y
fuera del senado, información obtenida en la investigación preliminar sin
autorización de la Comisión o su Presidente podrá ser amonestado y hasta
separado del cargo. En cuanto a los testigos citados a declarar o suministrar
documentos, les da derecho a estar acompañados por dos personas que acrediten
haber cumplido con los fines de la investigación. Estos tienen que juramentar
confidencialidad ante el Oficial Investigador de Mayoría y no podrán dirigirse
a ningún Oficial Investigador antes o durante el interrogatorio ni tomar notas
ni perpetuar de ninguna forma lo acontecido en el interrogatorio.
La Regla 2, dispositiva de los derechos y obligaciones de los testigos
exige se les entregue copia del Reglamento junto con la citación. Le prohibe
grabar la declaración. Impide al Presidente, miembros de la Comisión y Senado,
acceso a ningún testimonio y evidencia de ningún tipo antes de ser presentada
a la Comisión en pleno por el Oficial Investigador de Mayoría en audiencia
pública o ejecutiva. La Regla 5 dispone que sólo el Presidente de la Comisión
o el Oficial Investigador de la mayoría, autorizado por el Presidente, pueden
publicar el nombre de cualquier testigo citado.
La Regla 7, reguladora de los procedimientos de las vistas y la
transcripción de testimonios, establece en su inciso B, que si la Comisión
Especial hace público cualquier testimonio bajo juramento en Sesión Ejecutiva,
CC-97-735
- 28 V
A
la
luz
de
estos
principios
rectores
y
las
disposiciones
reglamentarias del Senado y Comisión Especial aplicables, evaluemos las
objeciones del Senado basadas en el privilegio constitucional aludido
ante los reclamos de Rivera Cruz.
A modo de introito, es totalmente inmeritoria la impugnación de
Rivera Cruz sobre la validez y legitimidad de la gestión investigativa
de
la
Comisión
deponer
basado
Precisamente
personas
Especial.
Tampoco
puede
liberarse
en
se
está
persiguiendo
ese
que
mismo
cuando
él
le
argumento
era
fue
Investigador
traído
del
sin
Senado
de
comparecer
a
políticamente.
éxito
por
varias
durante
la
primera
pesquisa senatorial. Su condición de ex-investigador del Senado y exSecretario de Justicia no le da mayores derechos ciudadanos ni crea
inmunidades especiales.
En
cuanto
a
la
citación
de
los
testigos,
el
privilegio
de
inmunidad legislativa, de origen constitucional, derrota su pretensión.
El privilegio pertenece a los miembros de la Asamblea Legislativa. No
puede ser reclamado ni renunciado por parte privada. No podemos obligar
al
Presidente
Comisión
del
Especial,
Senado,
Peña
Lcdo.
Clós,
a
Rodríguez,
declarar
ni
en
al
la
Presidente
vista
de
de
la
desacato.
Tampoco los oficiales investigadores de la Comisión, Lcdos. Corona y
Abréu, ni los ex−investigadores de la actual Comisión del Senado, Lcdo.
César
E.
Mercado
Santaella
y
Lcda.
Nilka
Marrero.
Ninguno
-por
su
condición de ayudantes o ex-ayudantes legislativos de la Comisión y
tiene que notificarlo al testigo por correo o personalmente con copia de su
declaración. Además, un testigo examinado bajo juramento en Audiencia Pública
o que parte de su testimonio ofrecido en Sesión Ejecutiva se hizo parte del
récord de una Audiencia Pública, tiene derecho a copia de la transcripción de
su testimonio. Prohibe, hacer público testimonios ofrecidos en Sesión
ejecutiva que la Comisión Especial determine imputan conducta difamatoria,
denigrante o incriminatoria, a menos que la persona mencionada sea informada
del testimonio y se le dé oportunidad de testificar bajo juramento.
La Regla 8 expresa claramente que la evidencia obtenida en audiencia
ejecutiva será secreta y sólo se hará pública cuando la Comisión lo determine
y cumpliendo con la Regla 7. Añade, que toda evidencia obtenida en audiencia
ejecutiva debe publicarse finalmente, antes o con el informe preliminar y/o
informe final, excepto que su confidencialidad esté dispuesta por ley o porque
la Comisión Especial determine que no debe publicarse por razones de interés
público. Igual carácter de secretividad tienen las discusiones y acuerdos de
CC-97-735
- 29 -
sobre los cuales el Senado ha reclamado el privilegio legislativoestán obligados a comparecer como testigos a dicha vista. Rivera Cruz
no
ha
argumentado,
mencionado
ni
demostrado
circunstancias
extraordinarias excepcionales que nos muevan siquiera a considerar tal
posibilidad.
Es meritorio aclarar que Rivera Cruz no puede invocar la inmunidad
legislativa
que
posee
como
ex-investigador
del
Senado
y
negarse
a
testificar ante la Comisión, por no ser oponible el privilegio a la
Rama Legislativa.
Como
hemos
esencialmente
señalado,
para
el
proteger
privilegio
a
la
legislativo
Legislatura
fue
de
concebido
interferencias
indebidas de parte de las otras ramas de gobierno, y así fortalecer la
separación de poderes. Consecuentemente, esa inmunidad se da frente a
las
demás
ramas,
circunstancias
interés
en
no
ante
las
que
constitucional
el
se
propio
cuerpo
legislativo.
encuentra
Rivera
Cruz,
tutelado:
la
separación
de
no
En
las
existe
el
poderes.
Romero
Barceló v. Hernández Agosto, supra; United States v. Gillock, 445 U.S.
360, 369 (1980); United States v. Heltoski, supra; Davis v. Passman,
442
U.S.
228,
246
(1979);
In
re
Rodríguez
Torres,
supra;
U.S.
v.
Brewster, supra; U.S. v. Johnson, supra.
Con relación a los documentos, Rivera Cruz sólo tiene derecho a
aquellos pertinentes a la vista de desacato, que sean de naturaleza
pública o autorice expresamente el Reglamento de la Comisión Especial.
No puede descubrir los que hasta ahora son confidenciales (no públicos)
y forman parte del proceso investigativo legítimo. Por su intrínseca
relación con las expresiones orales legislativas, no se discute que
éstos son igualmente privilegiados. National Ass’n. v. Harwood, 60 F.
3d. 622 (1995); Minpeco v. Conticommodity, 844 F 2d. 856 (1988); Walker
v. Jones, 733 F. 2d. 923 (1984); Miller v. Transamerican Press. Inc.,
supra; Rusack v. Harsha, 470 F. Supp. 285 (1978); United States v.
las audiencias ejecutivas, salvo que el Presidente
miembros de la Comisión estimen lo contrario.
o
la
Mayoría
de
los
CC-97-735
- 30 -
Graig, 528 F. 2d 773 (1976); United States v. Mandel, supra; United
States v. Brewster, supra; McGovern v. Martz, 182 F. Supp. 343 (1960).
En
la
dimensión
evidenciaria,
descubrir
comunicaciones,
públicos,
que
puedan
la
inmunidad
deliberaciones,
resultar
en
una
parlamentaria
récords
o
impide
documentos
interferencia
del
no
proceso
legislativo legítimo.
En vista de ello, concluimos que erró el Tribunal de Circuito y
actuó
correctamente
Instancia
al
denegar
los
siguientes
documentos:
copia de las agendas de las vistas a las que fue citado Rivera Cruz;
transcripción de las vistas ejecutivas de la Comisión, relacionadas con
su comparecencia; copias de la notificación o citación a otros testigos
para que comparecieran a las vistas a las que estaba citado Rivera Cruz
y sus respectivos diligenciamientos; copias de los expedientes en poder
de la Comisión o del investigador, relacionados con Rivera Cruz; copias
de las declaraciones, informes, documentos y evidencia no públicos,
producto de la investigación realizada por la Comisión Especial de lo
Jurídico del Senado en 1981 al 1984, cuando Rivera Cruz actuó como
investigador;
así
documentos
evidencia
y
como
copias
de
producto
de
las
las
declaraciones,
investigaciones
informes,
del
Senado
durante los años 1993-1996, y la presente investigación o de las vistas
públicas o ejecutivas en las que se haya mencionado o esté relacionado
Rivera
Cruz;
copias
de
cualquier
informe
o
documento
preliminar
o
final, parcial o completo o en borrador, donde cualquier comisión del
Senado, que haya investigado la investigación del Cerro Maravilla desde
enero de 1993 hasta el día de hoy, preparado o redactado, por sí o a
través de algún agente, empleado, investigador o asesor o por cualquier
persona en donde se haya evaluado o emitido comentarios, conclusiones o
recomendaciones relacionadas con las actuaciones de Rivera Cruz.
Ambos foros incidieron al ordenar a la Comisión Especial entregar
la transcripción de las minutas, reuniones y vistas que dieron lugar a
la Resolución del 28 de octubre de 1997 para solicitar al Tribunal
CC-97-735
- 31 -
ordenara a Rivera Cruz mostrar causa por incumplir la orden del 21 de
octubre de 1997.
Procede, como correctamente dictaminó Instancia, además de todos
los documentos de naturaleza pública, la entrega a Rivera Cruz de las
copias de los documentos que utilizaría la Comisión Especial en la
vista del 6 de noviembre de 1997; la transcripción de las vistas de
dicha Comisión los días 14, 16, 18, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 1997;
y copias de las citaciones a Rivera Cruz para comparecer los días 14,
15, 16, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 1997.
Rivera Cruz ha esgrimido como defensa que se violó el derecho de
la
minoría
a
estar
representada
en
la
Comisión
Especial
al
no
proveerles adecuada notificación y acceso a documentos. A la luz de lo
resuelto en Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986),32 no tiene
derecho a descubrir los documentos utilizados por la Comisión Especial,
por carecer de legitimidad activa para exigirlos. Sin embargo, no está
totalmente huérfano de remedio. En Hernández Agosto v. Betancourt, 118
D.P.R. 79, 85 (1986), resolvimos que un testigo que se ha negado a
comparecer
a
la
Legislatura,
puede
“levantar
como
defensa
que
la
Comisión investigadora no estaba válidamente organizada .... requisito
de
naturaleza
demostrar
que
jurisdiccional
dicha
Comisión
y
corresponde
estaba,
al
dentro
cuerpo
de
legislativo
nuestro
esquema
constitucional, debidamente constituída para hacer la investigación”.
Por ende, es acreedor a la entrega de las citaciones y notificaciones a
los miembros de la minoría de la Comisión Especial sobre las vistas a
celebrarse los días 29, 30 y 31 de julio; 14, 15, 16, 28, 29, 30 y 31
32
En Silva, los demandantes fueron los Senadores Rolando A. Silva,
Calixto Calero Juarbe y la Sra. Mercedes Torres Vda. de Pérez, en
calidad de miembros de la Comisión de lo Jurídico del Senado, en
representación de la minoría P.N.P., quienes impugnaron la validez de
la Regla 7.1 del Reglamento de la Comisión investigativa, que permitía
excluir a los miembros de la minoría de las vistas ejecutivas, y por
ende, el acceso de los documentos y testimonios allí vertidos.
Resolvimos que para invocar la facultad constitucional de citar so pena
de desacato y procesar por desacato y perjurio, era necesario que las
minorías tuvieran oportunidad de estar representadas. No obstante, allí
aclaramos que si voluntariamente se abstenían de participar, ello no
CC-97-735
de
- 32 -
octubre
de
1997,
así
Resolución
del
28
octubre
de
como
las
de
vistas
1997
que
para
dieron
lugar
solicitar
al
a
la
Tribunal
ordenara a Rivera Cruz mostrar causa por incumplir la orden del 21 de
octubre.
No procede, como pretende Rivera Cruz, descubrir otros documentos
utilizados por la Comisión en dichas vistas, pues su reclamo y entrega
a los miembros de la actual minoría es prerrogativa que les pertenece
como legisladores. Rivera Cruz, repetimos, carece de la investidura de
legitimación activa para exigir a nombre de ellos dicha entrega.
VI
Finalmente,
nuestra
Constitución,
al
igual
que
la
federal,
contiene dos vertientes del debido proceso de ley: la procesal y la
sustantiva.
La
sustantiva
protege
y
salvaguarda
derechos
los
fundamentales de la persona, mientras la procesal exige procedimientos
justos
y
equitativos
al
momento
de
interferir
con
la
libertad
y
propiedad del individuo. Art. II, Secc. 7. Bajo el análisis del debido
proceso
de
ley
sustantivo,
al
aprobar
leyes
o
al
realizar
alguna
actuación, el Estado no puede afectar de manera irracional, arbitraria
o
caprichosa,
dignidad
e
los
intereses
integridad
incuestionable
de
libertad
humana,
envergadura
en
la
y
propiedad,
así
como
la
preciado
derecho
fundamental
de
vida
todo
humano
una
de
ser
en
sociedad democrática. “Nuestra Constitución es la guardadora de estos
valores
y
por
ende
es
a
sus
disposiciones
a
las
que
tenemos
que
dirigirnos erigiéndolas como los guardianes máximos de estos valores
éticos-morales,
que
resultan
ser
consustanciales
con
la
naturaleza
humana e indispensables para la convivencia en una sociedad democrática.”
Serrano Geyls, ob. cit., Vol. II, pág. 1058 (1988). UIEAEP v. AEP, es. en
13 de agosto de 1998; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., res. en 4 de junio de
1991; Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).
impedía a la Comisión reunirse válidamente. Silva v. Hernández Agosto,
supra, pág. 74.
CC-97-735
- 33 -
El debido proceso de ley y, claro está, el respeto hacia la dignidad
humana, como valores fundamentales han sido reconocidos y configurados por
el propio alto cuerpo legislativo en sus Reglas para Regir Investigaciones
Conducidas por las Comisiones Permanentes o Especiales del Senado de Puerto
Rico. Exigen “ejercer [el] poder de investigación con prudencia y justicia,
cuidando que se protejan los derechos de las personas e instituciones
afectadas por una pesquisa, lo mismo que los intereses de los sectores
representados en el órgano legislativo que la lleva a cabo.” Su Sec. 14.8
establece que los oficiales investigadores deben respetar la dignidad y
reputación
de
los
individuos e instituciones con las que intervengan.
Iguales directrices sigue el Reglamento de la Comisión Especial, cuya Regla
2(B) específicamente dispone que “[l]os Oficiales Investigadores velarán
que
se
respete
la
dignidad
y
reputación
de
los
testigos
durante
el
interrogatorio.”
Al respecto, al adjudicar esta compleja controversia hemos constatado
la animosidad existente recíproca entre el Presidente de la Comisión, Peña
Clós, el Oficial Investigador Corona y el propio Rivera Cruz. De un modo u
otro, los agrios incidentes, epítetos y acusaciones mutuas han contribuido
a crear un ambiente de densa hostilidad, que ha dificultado la observancia
del debido proceso de ley, situación ajena a la seriedad y respeto que
siempre deben prevalecer en los procesos legislativos.
No es objeto de debate, que en cualquier escenario, la dignidad de
todo ser humano es inviolable: muchas veces la agresión verbal hiere más
que la física. Aunque toda restricción o auto-control del poder resulta
mortificante, es imperativo que los protagonistas del caso de autos superen
estilos
poco
edificantes
y,
en
buena
civilidad,
contribuyan
con
comportamientos positivos a que nuestras instituciones democráticas sean
dignos ejemplos de madurez y tolerancia. “Las diferencias y los conflictos
no perturban la solidaridad de los seres humanos en el bien común sino que,
por el contrario, la fortalece y afianza.” Informe Carta de Derechos,
Asamblea Constituyente, Diario de Sesiones, Vol. 4, (Ed. Equity), 1961,
pág. 2563.
CC-97-735
Se
- 34 -
dictará
Instancia,
que
sentencia
a
la
modificatoria,
brevedad
posible,
ordenándose
resuelva
al
Tribunal
específicamente
si
de
en
efecto, la Comisión Especial estaba debidamente constituída por haberse
citado a todos sus miembros, incluso los de las minorías, y además, si a la
luz del debido proceso de ley, estuvo justificada la incomparecencia del
Lcdo. Rivera Cruz a las vistas pautadas para los días 28 al 31 de octubre
de 1997. Dictaminados ambos extremos de este mandato, deberá adjudicar el
incidente de desacato.33
ANTONIO S. NEGRON GARCIA
Juez Asociado
33
En nada menoscaba la facultad del Senado de volver a citar a Rivera
Cruz, con independencia del trámite y resultado final sobre este incidente
de desacato.
CC-97-735
- 35 -
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Charlie Rodríguez,
Presidente, Senado de Puerto
Rico; Hon. Sergio Peña Clós
como Presidente de la
Comisión Especial sobre el
Cerro Maravilla del Senado
de Puerto Rico y la Comisión
Especial
CC-97-735
Certiorari
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se dicta Sentencia modificando la del Tribunal
de Circuito de Apelaciones y ordena al Tribunal de Primera
Instancia
que
a
la
brevedad
posible,
resuelva
específicamente si en efecto, la Comisión Especial estaba
debidamente constituída por haberse citado a todos sus
miembros, incluso los de las minorías, y además, si a la
luz del debido proceso de ley, estuvo justificada la
incomparecencia del Lcdo. Rivera Cruz a las vistas
pautadas para los días 28 al 31 de octubre de 1997.
Dictaminados ambos extremos de este mandato, deberá
adjudicar el incidente de desacato.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Hernández Denton emitió Opinió Concurrente y Disidente. El
Juez Presidente señor Andréu García y la Juez Asociada
señora Naveira de Rodón se inhibieron. El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-97-735
- 36 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Charlie Rodríguez,
Presidente, Senado de Puerto
Rico; Hon. Sergio Peña Clós
como Presidente de la
Comisión Especial sobre el
Cerro Maravilla del Senado
de Puerto Rico y la Comisión
Especial
CC-97-735
Certiorari
Peticionarios
Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez Asociado señor
Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.
El Senado de Puerto Rico recurre ante nos para
revisar una sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones
que
dictaminó
que
el
Lcdo.
Héctor
Rivera Cruz tiene derecho al descubrimiento de toda
aquella
prueba
pertinente
y
no
privilegiada,
relativa a aquellas defensas legítimas, en la vista
a celebrarse para determinar si se le debe encontrar
incurso en desacato, al amparo del Artículo 34-A del
Código Político. 2 L.P.R.A. sec. 151a.
La
Opinión
de
este
Tribunal
modifica
la
sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y,
desde este estrado apelativo, dispone cuáles de los
documentos solicitados por el licenciado Rivera Cruz
CC-97-735
- 37 -
como parte del descubrimiento de prueba son descubribles y cuáles son
privilegiados.
Concurrimos
con
la
Opinión
del
Tribunal
respecto
a
la
determinación de que el recurso no es académico, y sobre el alcance de
las facultades investigativas de las comisiones legislativas.
También
coincidimos con la mayoría respecto a la existencia, envergadura, y
aplicación del privilegio consagrado en la Cláusula constitucional de
Inmunidad Parlamentaria.
Sin
embargo,
por
considerar
que
el
Art.
34-A
expresamente
le
otorga a un imputado el derecho a levantar en la vista de desacato en
el foro de instancia, todas las cuestiones constitucionales, legales y
de hecho que corresponden en derecho, y que en virtud de unas garantías
constitucionales mínimas requeridas por el debido proceso de ley, el
licenciado Rivera Cruz tiene derecho a descubrir toda aquella materia
relativa
a
sus
privilegiada,
defensas
disentimos.
A
legítimas,
que
diferencia
de
sea
la
pertinente
Opinión
del
y
no
Tribunal,
confirmaríamos la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y
devolveríamos el caso al foro de instancia para la celebración de una
vista en la cual se determine, a la luz de los criterios de pertinencia
y
privilegios,
cuáles
citaciones
y
documentos
solicitados
por
el
licenciado Rivera Cruz le deben ser entregados.
I
La Asamblea Legislativa aprobó la Resolución del Senado Núm. 18 de
30
de
enero
Maravilla,
a
de
los
1997
creando
fines
de
la
Comisión
investigar
Especial
alegadas
sobre
el
Cerro
irregularidades
y
actuaciones ilegales en el manejo de la investigación senatorial del
Cerro Maravilla durante los años 1981 a 1992, incluyendo la Oficina del
Fiscal Independiente sobre el Cerro Maravilla.
La Comisión Especial
expidió citación al licenciado Rivera Cruz para que compareciese a unas
vistas a celebrarse.
El licenciado Rivera Cruz alegó que compromisos
profesionales previos le impedían comparecer en las fechas señaladas.
CC-97-735
- 38 -
El Senado expidió una nueva citación. El licenciado Rivera Cruz
informó
que
no
comparecería
improcedente en derecho.
por
considerar
que
la
citación
era
El Senado acudió al tribunal a solicitar una
orden para requerir al licenciado Rivera Cruz que compareciese.
foro le ordenó comparecer so pena de desacato.
Dicho
El licenciado Rivera
Cruz alegó que compromisos previos le impedían asistir en la fecha
pautada e indicó otras fechas en que estaría disponible.
La Comisión Especial acogió la excusa del licenciado Rivera Cruz y
acordó citarlo nuevamente.
En esta ocasión el
licenciado Rivera Cruz
honró la citación, compareció y declaró ante la Comisión Especial.
El
último día de su comparecencia se negó a contestar las preguntas del
Oficial Examinador de la mayoría, e indicó que quería expresar las
razones para su negativa.
La Comisión Especial le ordenó contestar
pero el licenciado Rivera Cruz, tras intentar leer una ponencia que
había preparado, abandonó el lugar y sometió ante la Comisión Especial
dicha ponencia.
A solicitud del Senado, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al
licenciado Rivera Cruz que compareciese, so pena de desacato.
Tras
varios incidentes, el foro de instancia señaló la celebración de una
vista judicial y ordenó al
licenciado Rivera Cruz que explicara las
razones por las cuales se había ausentado de la vista de la Comisión
Especial.
Ante
este
simultáneamente
requerimiento,
tres
el
peticiones:
licenciado
una
moción
Rivera
Cruz
urgente
presentó
solicitando
transcripción y entrega de documentos antes de la celebración de la
vista de desacato, una moción solicitando se expidiesen citaciones de
testigos
para
dicha
vista
(entre
los
cuales
se
encontraban
dos
senadores y el Fiscal Especial a cargo de la investigación de Cerro
Maravilla) y una moción de desestimación.34
34
El licenciado Rivera Cruz adujo, en su moción de desestimación ante
el
tribunal
de
instancia,
varias
razones
para
justificar
su
incomparecencia a las vistas de la Comisión. En síntesis alegó que la
Comisión
Especial
no
está
legalmente
constituida
ya
que
la
CC-97-735
- 39 -
Evaluadas las mociones, el tribunal a quo ordenó la entrega de
copias de ciertos documentos y transcripciones solicitados.
Determinó
además que los hechos relevantes al incidente de la incomparecencia del
licenciado Rivera Cruz a la vista de la Comisión Especial debían poder
ser objeto de estipulación entre las partes, e instruyó específicamente
a los abogados de las partes a venir preparados a la vista de desacato
para estipular dichos hechos.
Inconforme con esta resolución el licenciado Rivera Cruz acudió al
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Dicho foro determinó que el
licenciado Rivera Cruz tiene derecho a un descubrimiento de prueba
amplio, ya que está expuesto a un proceso que puede culminar en la
pérdida de su libertad. Debido a que nada hay en las disposiciones del
Artículo 34-A que regule el tipo y alcance del descubrimiento de prueba
a
permitirse,
determinó
que
lo
procedente
era
acudir
de
modo
supletorio, a las Reglas de Procedimiento Civil.
El
tribunal
apelativo
aclaró
específicamente
que
el
licenciado
Rivera Cruz no tiene derecho a descubrir aquella prueba que el foro de
instancia determine que no es pertinente a aquellas defensas que sean
legítimas
en
derecho,
o
que
aunque
sean
pertinentes,
se
trate
de
materia privilegiada.35
investigación carece de un fin legítimo y equivale a un uso ilegítimo
del poder legislativo; que como ex-investigador de una comisión
legislativa previa le cobija la inmunidad legislativa ya que una nueva
legislatura no puede pasar juicio o investigar los procesos internos de
otra legislatura anterior; que se violentaron los derechos de los
miembros de la minoría de la Comisión Especial al no proveerles
adecuada notificación y acceso a documentos e información; que se
atropellaron sus derechos a un debido proceso de ley; que se puso en
riesgo su seguridad; y que los miembros de la Comisión Especial
reiteradamente,
mediante
imputaciones
personales,
violaron
su
dignidad, honra e integridad personal.
35
El Tribunal de Circuito de Apelaciones intimó, sin resolver, en una
nota al calce de su sentencia, que podría darse la situación en que de
determinar el tribunal de instancia que parte de la prueba solicitada
por el
licenciado Rivera Cruz fuese pertinente pero privilegiada,
dependiendo de la relación entre dicha prueba y las defensas a
presentarse, el Senado podría estar obligado constitucionalmente a
escoger entre desistir del desacato y mantener el privilegio, o
renunciar al privilegio y continuar con el proceso de desacato.
No le asiste la razón. Dicha norma es de aplicación sólo a casos
criminales. Jencks v. U.S., 353 U.S. 657 (1957); U.S. v. Andolscheck,
142 F.2d 503 (1944). Los tribunales federales han declinado extenderla
CC-97-735
- 40 -
De esta sentencia recurre ante nos el Senado y expone como único
error que el tribunal apelativo incidió al concluir que el licenciado
Rivera Cruz tiene derecho a un descubrimiento de prueba amplio.
además, que el
Aduce
licenciado Rivera Cruz sólo tiene derecho a aquellos
documentos que vayan a ser presentados por el Senado en la vista de
desacato, y que el resto de los documentos solicitados están protegidos
por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.
II
Nos corresponde, pues, determinar el alcance del descubrimiento de
prueba a concederse dentro de una vista de desacato civil al amparo del
Articulo 34-A del Código Político, tanto en su alcance estatutario como
en su dimensión constitucional. Para ello es necesario que examinemos
la
disposición
estatutaria
pertinente,
así
como
la
naturaleza
del
desacato civil y su jurisprudencia interpretativa.
El Artículo 34-A del Código Político36 tiene el propósito de crear
un
procedimiento
mediante
el
cual
los
cuerpos
legislativos
puedan
comenzar directamente un procedimiento judicial por desacato contra un
testigo recalcitrante, sin que se dependa de la Rama Ejecutiva para
instarlo.
Dicho poder es necesario para que la Rama Legislativa pueda
desempeñar adecuadamente sus funciones investigativas, pues para poder
obtener información tiene que tener la autoridad para citar testigos, y
a casos civiles, aun a aquéllos en que el Estado es la parte
promovente.
U.S. v. Reynolds, 345 U.S. 1 (1953); Attorney General of
U.S. v. Irish People, Inc., 684 F.2d 928 (1982); U.S. v. Koreh, 144
F.R.D. 218 (1992).
En el caso ante nos, aunque el licenciado Rivera Cruz se enfrenta
a la posibilidad de una reclusión, no podemos olvidar que en los casos
de desacato civil "el imputado tiene las llaves que abren su celda en
el bolsillo", ya que sólo tiene que cumplir con la orden emitida.
Gompers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U.S. 418 (1911). No podemos,
pues, caracterizar su pena de cárcel como una de carácter penal.
36
Ley Núm. 100 de 23 de junio de 1955, sec. 2, según enmendada por la
Ley Núm. 5 de Julio 23 de 1987. 2 L.P.R.A. sec. 154a.
CC-97-735
- 41 -
compeler tanto su asistencia como su declaración.
Pueblo v. Pérez
Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986).37
Con este propósito el Artículo 34-A dispone que la desobediencia a
la
orden
del
tribunal
será
castigada
como
un
desacato
civil.
Sin
embargo, antes de la imposición de dicha sentencia, el Artículo 34-A
requiere que se celebre una vista judicial para que el imputado pueda
presentar sus defensas de hecho y de derecho:
Si el testigo incumpliere la orden del tribunal dictada bajo
apercibimiento de desacato civil, al celebrarse la vista de
desacato, el testigo podrá levantar en ella todas las
cuestiones constitucionales, legales y de hecho que estimare
pertinentes. Art. 34A (3), 2 L.P.R.A. sec. 154a(3).
Un examen del artículo demuestra que en todo procedimiento por
desacato incoado al amparo de dicha normativa deberá celebrarse una
vista
y
permitirse
al
imputado
defensas de hecho y de derecho.
presentar
prueba
pertinente
a
sus
Estas disposiciones del Artículo 34-A
son cónsonas con los parámetros establecidos por el debido proceso de
ley en aquellos casos de desacato civil.
Desde Villa v. Corte, 42
D.P.R. 879, 900 (1933), reconocimos que el imputado tiene la facultad
de evitar ser encarcelado indefinidamente si logra demostrar causa
justificada para la conducta que se alega constitutiva de desacato
civil.
Aunque la imposición de una sentencia de desacato civil, por su
naturaleza
reparadora
y
no
punitiva,
exige
un
grado
menor
de
salvaguardas procesales que la imposición de una sentencia por desacato
criminal,38 no podemos obviar que el imputado está expuesto a perder su
37
El Tribunal Supremo federal ha dictaminado que, aun en ausencia de
legislación aplicable, el cuerpo legislativo tiene poder inherente para
citar y compeler la comparecencia de un testigo mediante el poder de
desacato cuando su testimonio es pertinente a una investigación
legislativa, ya que el poder investigativo carecería de sentido de no
tener algún mecanismo para compeler la entrega de lo requerido. McGrain
v. Daugherty, 273 U.S. 135 (1927).
En Puerto Rico este poder
legislativo está reconocido estatutariamente en el Código Político,
Arts. 31-35 (2 L.P.R.A. secs. 151-155).
38
El desacato civil, puede ser impuesto dentro de una acción civil
ordinaria, con debida notificación y adecuada oportunidad para ser
CC-97-735
- 42 -
libertad, por lo cual han de reconocerse unos requisitos fundamentales
mínimos en dichos procedimientos, corolarios del debido proceso de ley
en su dimensión constitucional.
Pérez v. Espinosa, 75 D.P.R. 777, 781
(1954); Gompers v. Bucks Stove & Range Co., supra, a la pág. 442
(1911).
En este contexto es preciso recordar que nuestra cláusula del
debido proceso de ley encuentra su homóloga en la garantía reconocida
en
las
Enmiendas
V
y
XIV
de
la
Constitución
federal,
y
que
las
protecciones que otorga la cláusula federal constituyen el mínimo de
protección que estamos llamados a reconocer bajo nuestra propia Carta
de Derechos.
Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562 (1992).
Por lo tanto, al delinear los contornos que el debido proceso de
ley requiere se salvaguarden en un procedimiento de desacato civil, es
necesario que examinemos nuestra jurisprudencia, así como la federal,
para
determinar
cuáles
son
los
requisitos
mínimos,
de
naturaleza
constitucional, que deben garantizarse.
Por tratarse de requisitos
constitucionales,
a
los
mismos
aplican
todo
desacato
civil,
independientemente que lo motive conducta ante el tribunal o ante la
Asamblea Legislativa.
Aunque se ha reconocido que el procedimiento a
seguirse es uno flexible, y las protecciones procesales serán dictadas
por
la
naturaleza
particular
de
cada
caso,
Harris
v.
City
of
Philadelphia, 47 F.3d 1333 (1995), el mismo debe mantenerse dentro de
los parámetros del debido proceso de ley.
Mercer v. Mitchell, 908 F.2d
763 (1990).
En primer lugar la jurisprudencia reconoce que la parte a la que
se le imputa un desacato civil tiene derecho a que se le notifique de
las alegaciones, se le advierta de su derecho a representación legal,
se le otorgue tiempo adecuado para preparar su defensa, y a que se
oído. Por el contrario, el desacato criminal, cuya sanción es de
naturaleza punitiva, se considera un delito en el sentido ordinario, y
no puede imponerse a menos que se observen todas las salvaguardas
constitucionales exigibles en los procesos de naturaleza penal.
International Union v. Bagwell, 114 S.Ct. 2552 (1994).
CC-97-735
- 43 -
celebre una vista evidenciaria. En dicha vista la parte promovente
tiene el peso de demostrar mediante prueba clara y convincente que el
imputado incumplió con la orden del tribunal.
Una vez cumplida con
esta demostración de violación prima facie, el peso de la prueba se
altera, y corresponde al imputado presentar evidencia que excuse su
incumplimiento.
Chairs v. Burgess, 143 F.3d 1432 (1998).
La vista evidenciaria, como mínimo, debe ofrecer al imputado la
oportunidad de poder explicar por qué no se debe imponer el desacato, a
la
vez
que
le
permita
establecer
un
Philadelphia,
apelativa.
Harris
v.
City
of
permitirle
demostrar
que
no
violó
récord
la
orden
adecuado
para
supra.
emitida,
o
revisión
Además
debe
que
estaba
excusado de cumplirla, o cualquier otra defensa pertinente. E.E.O.C. v.
Local 638, 753
F.2d 1172 (1985);
A.C.L.I. Government Securities Inc.
v. Rhoades, 989 F. Supp 462 (1997), 159 F. 3d 1345 (1998). Entre las
circunstancias atenuantes al incumplimiento, se han reconocido la buena
fe,
la
imposibilidad
de
cumplimiento
y
el
cumplimiento
sustancial.
Washington Metropolitan Transit Authority v. Amalgamated Transit Union,
531 F.2d 617 (1976).
Podrá obviarse la celebración de la vista evidenciaria e imponerse
el desacato civil de modo sumario, solamente en aquellos casos en que
no hay controversia de hechos.
U.S. v. City of Yonkers, 856 F.2d 444
(1988); Morales Feliciano v. Parole Board of Puerto Rico, 887 F.2d 1
(1989); y al igual que en los casos de desacato criminal, en aquellos
casos en que el incumplimiento haya ocurrido en presencia del tribunal.
U.S. v. McVeigh, 896 F. Supp 1549 (1995).
Nuestra
jurisprudencia,
así
como
la
federal,
ha
tenido
la
oportunidad de examinar la imposición de desacato por incumplir los
requerimientos de la Rama Legislativa. Dentro del contexto específico
de los desacatos de origen legislativo, dicha jurisprudencia reconoce
que deben garantizarse unos requisitos mínimos del debido proceso de
ley.
CC-97-735
En
- 44 -
Hernández
Agosto
v.
Betancourt,
118
D.P.R.
79,
85
(1986),
dictaminamos que antes de declarar incurso en desacato a un testigo, al
amparo del Artículo 34-A del Código Político, "el tribunal tiene que
ofrecerle una oportunidad adecuada para defenderse".
De igual modo, los tribunales federales también han elaborado una
normativa sobre la imposición de desacato por incomparecer, o rehusar
contestar a preguntas de las comisiones legislativas.
U.S.,
354
U.S.
178,
214-15
(1957),
el
Tribunal
En Watkins v.
Supremo
federal
determinó que, al revisar una convicción por desacato de un testigo que
rehusó
contestar
correspondía
al
las
preguntas
tribunal
examinar
de
una
si
la
comisión
legislativa,
investigación
estaba
relacionada a un propósito legislativo válido,39 si el reglamento de la
comisión autorizaba a compeler testimonio, y si las preguntas eran
pertinentes
al
propósito
de
la
investigación.
Véase
además,
US
v.
Orman, 207 F.2d 148 (1953).
Como regla general, un testigo ante una comisión investigativa
debe acatar los procedimientos de la comisión y no tiene derecho a
39
Es por esta razón que en una vista de desacato, el imputado puede
presentar como defensa que la resolución que creó la Comisión es
inconstitucional o nula, por ser extremadamente amplia o ambigua, o
porque existen serias dudas de si se trata de un asunto sobre el cual
el Congreso tendría facultad para legislar.
Tenney v. Brandhove, 341
U.S. 367, 379-80 (1951), Opinión Concurrente del Juez Black.
Un examen de la Resolución que creó la Comisión Especial sobre el
Cerro Maravilla demuestra que la misma quedó constituida de un modo
constitucional y válido, y que dicha Comisión, al requerir la
comparecencia del licenciado Rivera Cruz, estaba dentro del marco de
las labores y facultades a ella delegadas. Resolución del Senado Núm.
18 de 30 de enero de 1997.
La Regla Número 1-CH del Reglamento aprobado por la Comisión
Especial específicamente autoriza al Presidente de la Comisión a
expedir citaciones a testigos para que presten declaración y/o
entreguen documentos según lo dispuesto en los artículos 31 y 34-A del
Código Político. La Regla Número 2-E establece el procedimiento a
seguirse para que en aquellos casos que un testigo debidamente citado
no comparezca, o comparezca pero se niegue a entregar la información
solicitada o a contestar una o más preguntas del Oficial Examinador, el
Presidente de la Comisión pueda instar la correspondiente acción legal
ante el foro judicial para obligar al testigo a cumplir con lo
requerido. Véase además, Regla 4 (A),(B) y (C) respecto a citaciones y
comparecencias.
Coincidimos con la Opinión del Tribunal respecto a que la
alegación del licenciado Rivera Cruz de que la Comisión Especial no
estaba legalmente autorizada y carecía de un fin legítimo, es
inmeritoria.
CC-97-735
- 45 -
imponer condiciones para testificar.
U.S. v. Orman, supra.
Tampoco se
releva de desacato el deponente por el mero hecho de haber dado una
explicación
para
propiedad.
Quinn v. U.S., 349 U.S. 155 (1955).
U.S. 190 (1955).
no
contestar,
o
haber
objetado
la
pregunta
o
su
Emspak v. U.S., 349
Sin embargo, el debido proceso de ley requiere que, a
solicitud del testigo, la comisión investigativa le informe en qué
aspecto
las
preguntas
o
documentos
asunto bajo investigación.
requeridos,
son
pertinentes
al
Scull v. Com. of VA ex rel Committee on Law
Reform and Racial Relations, 359 U.S.344 (1959).
Un análisis de la normativa expuesta anteriormente demuestra que
existen unas garantías mínimas que el debido proceso de ley exige se
salvaguarden
en
todos
los
procesos
de
desacato
civil,
independientemente de su origen judicial o legislativo. Como mínimo se
requiere adecuada notificación y la celebración de una vista en la que
el imputado pueda presentar adecuadamente sus defensas.
De igual modo,
un análisis de la disposición legal pertinente refleja que el Artículo
34-A expresamente le otorga al imputado el derecho a una vista y a
presentar
en
dicha
vista
las
defensas
de
hecho
y
de
derecho
pertinentes.
Como corolario del derecho a defenderse, tanto en su dimensión
constitucional como estatutaria, surge el derecho de poder descubrir
aquella evidencia pertinente y exculpatoria, que no sea privilegiada.
Privar a un imputado de desacato al amparo del Artículo 34-A del Código
Político,
del
derecho
a
descubrir
prueba
pertinente
a
su
defensa,
atenta no tan sólo contra su debido proceso de ley, sino que rendiría
inoperante
el
derecho
a
defenderse
que
expresamente
le
concede
el
estatuto.
Reiteradamente hemos reconocido que el descubrimiento de prueba es el
mecanismo adecuado para facilitar la consecución de evidencia por las
partes.
Su incorporación en nuestro ordenamiento procesal obedece a la
necesidad de ofrecer a las partes la oportunidad de obtener información
CC-97-735
- 46 -
pertinente al asunto en controversia que pueda facilitar el desarrollo
del proceso, y promover la búsqueda de la verdad. Sierra v. Tribunal
Superior,
81
D.P.R.
554
(1959);
Rafael
Hernández
Colón,
Manual
de
Derecho Procesal Civil sec. 2801 (1981).
Por tal razón consideramos que actuó correctamente el Tribunal de
Circuito de Apelaciones al garantizarle al
descubrimiento
de
prueba
pertinente
a
sus
defensas
Decidir
contrario
lo
en
el
cual
pudiera
legítimas,
atentaría
no
licenciado Rivera Cruz un
tan
descubrir
que
no
fuera
sólo
contra
toda
prueba
privilegiada.
la
letra
y
el
espíritu del Artículo 34-A del Código Político, sino que violaría los
requisitos mínimos que el debido proceso de ley exige para una vista de
desacato civil.
La Opinión del Tribunal, aunque reconoce que el Artículo 34-A(3)
permite al imputado levantar las defensas constitucionales, legales y
fácticas pertinentes en la vista de desacato, sostiene que esto no abre
el
proceso
a
un
descubrimiento
de
prueba
ordinario,
califica
de
extraordinario la naturaleza del proceso a seguirse en dicha vista por
tratarse de un desacato de origen legislativo, y por ende modifica la
determinación del foro apelativo.
Aunque reconocemos que los desacatos de origen legislativo deben
de tramitarse con premura y expeditamente, esto no puede llevarnos a
obviar los requisitos mínimos establecidos por el Artículo 34-A y por
el debido proceso de ley. El reconocer un descubrimiento de prueba
amplio, utilizando supletoriamente las Reglas de Procedimiento Civil,
no conlleva necesariamente una dilación inaceptable del recurso. Las
propias Reglas de Procedimiento Civil otorgan al tribunal la facultad
para
acortar
los
términos
del
descubrimiento
de
prueba
según
las
circunstancias del caso lo ameriten. Regla 23.4 de Procedimiento Civil.
32 Ap. III R. 23.4.
563 (1987).
Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119 D.P.R.
Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).
Hemos examinado la jurisprudencia en que descansa la Opinión del
Tribunal para aseverar que no se favorece el descubrimiento de prueba,
CC-97-735
- 47 -
específicamente prueba documental, en los procesos de desacato.
La
norma citada se refiere exclusivamente a aquellos desacatos que pueden
imponerse de modo sumario, por no haber controversia sobre los hechos,
o porque el tribunal, después de haber analizado las defensas alegadas
por el imputado, determina que de su faz, las mismas son inmeritorias
en derecho.
FTC v. Browning, 435 F. 2d 66, 101-103 (1970).
Dicha jurisprudencia reconoce que aun en aquellos casos en que
procede hacer la determinación del desacato de modo sumario, pueden
existir
circunstancias
descubrimiento.
hechos
que
favorezcan
el
También aclara que de existir controversia sobre los
relevantes
interponerse,
extraordinarias
el
al
incidente
tribunal
del
debe
desacato
permitir
un
o
a
las
defensas
descubrimiento
a
adecuado.
FTC v. Carter, 636 F. 2d. 781, 789 (1980); U.S. v. Exxon, 628 F. 2.2d
70 (1980); FTC v. Browning, supra.
Un examen de los autos revela que entre las defensas legítimas que
aduce el licenciado Rivera Cruz, hay algunas que requieren dilucidar
unos hechos en controversia. Es necesario, en virtud del debido proceso
de
ley,
y
de
las
disposiciones
del
artículo
34-A,
garantizarle
al
imputado oportunidad adecuada para que demuestre al tribunal si existía
causa justificada para incumplir con la orden emitida.
Entre las defensas legítimas presentadas por el
Cruz
se
encuentra
Especial,
en
la
determinación
contravención
de
la
de
Regla
si
en
2-B
licenciado Rivera
efecto
del
la
Comisión
Reglamento
de
la
Comisión Especial, de la Regla 14.8 del Reglamento del Senado y de las
Secc.
1
conducta
y
8
que
del
violó
Artículo
la
II
de
dignidad
e
nuestra
Constitución,
integridad
del
incurrió
licenciado
en
Rivera
Cruz.40
40
La Regla 2(B) del Reglamento de la Comisión Especial dispone:
"Los Oficiales Investigadores velarán que se respete la dignidad y
la reputación de los testigos durante el interrogatorio".
La Regla 14.8 del Reglamento del Senado dispone:
"La Comisión velará que en el desempeño de sus responsabilidades,
los oficiales investigadores respeten la dignidad y la reputación
de los individuos e instituciones con las que intervengan".
Las Secs. 1 y 8 del Art. II de nuestra Constitución rezan:
CC-97-735
- 48 -
Coincidimos con lo expresado en la Opinión del Tribunal
de que la
dignidad de las personas debe ser respetada en todo momento y en todo
lugar,
y
que
los
derechos
constitucionales
de
los
deponentes
no
desaparecen por el mero hecho de tener que comparecer ante el foro
legislativo. Consideramos que una violación a la dignidad y honra de un
deponente ante una comisión legislativa, constituye causa justificada
para negarse a comparecer y declarar.
Entendemos que también debe ofrecerse oportunidad al
licenciado
Rivera Cruz a presentar prueba sobre su alegación de que la Comisión
Especial
no
estaba
debidamente
constituida
por
no
haber
permitido
adecuada participación a los miembros de las minorías al no proveerle
oportuna notificación y acceso a la información y documentos relativos
a la investigación.
Debemos
recordar
Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).
que
en
Hernández
Agosto
v.
Betancourt,
supra,
resolvimos que no procedía encontrar incurso en desacato a unos testigos
que rehusaron comparecer ante una comisión legislativa, cuando dicha
comisión no estaba debidamente constituida por no haberse respetado la
participación de los miembros de las minorías.
Aun más, el Art. 34-A(3) expresamente le otorga al imputado el
derecho a presentar aquellas defensas de hecho y de derecho que puedan
justificar su incumplimiento con la orden del tribunal. La disposición
citada
no
limita
la
celebración
de
la
vista
y
la
oportunidad
de
presentar sus defensas a aquellas ocasiones en que exista controversia
de hechos.
No podemos, como hace la mayoría, acudir a decisiones de
tribunales en Estados Unidos para subvertir o constreñir el alcance de
nuestro
estatuto.
Dicha
disposición
reconoce
unas
garantías
a
la
ciudadanía, en cuanto a su derecho a ser oído y defenderse, que no
están necesariamente reñidas con la celeridad y prontitud que requiere
la resolución de una imputación de desacato en el contexto legislativo.
"Sec. 1--La dignidad del ser humano es inviolable.
Sec. 8--Toda persona tiene derecho a [la] protección de [la] ley
contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida
privada o familiar".
CC-97-735
- 49 -
Somos de la opinión que el licenciado Rivera Cruz tiene derecho a
un descubrimiento de prueba adecuado para poder presentar en la vista
de desacato, según lo dispone el Artículo 34-A del Código Político,
aquellas defensas legítimas que justifiquen su incumplimiento con la
orden
del
tribunal.
De
igual
modo,
los
requerimientos
del
debido
proceso de ley, que limitan la imposición de desacato de modo sumario
sólo a aquellos casos en que no exista controversia real sobre los
hechos
o
que
ocurran
conceda
al
aquella
prueba
en
presencia
licenciado
Rivera
pertinente
y
no
del
Cruz
tribunal,
oportunidad
privilegiada
que
exigen
que
se
le
de
descubrir
toda
le
asista
la
en
presentación de sus defensas legítimas.
Nuestra posición no concede al licenciado Rivera Cruz derecho a un
descubrimiento de prueba irrestricto.
De los documentos solicitados,
hay algunos que no tienen relevancia a las defensas legítimas, que de
acuerdo a lo pautado en la Opinión del Tribunal, asisten al licenciado
Rivera
Cruz.
Independientemente
de
si
tales
documentos
están
o
no
cobijados por el privilegio evidenciario de la Cláusula de Inmunidad
Parlamentaria,
el
licenciado
descubrimiento,
pues
no
Rivera
cumplen
con
Cruz
el
no
tiene
requisito
de
derecho
a
su
umbral
de
ser
pertinentes a una de las defensas legítimas que le asisten.
Concluimos
pues,
que
en
el
caso
de
autos,
en
el
que
existe
controversia de hechos sobre algunas de las defensas legítimas alegadas
por
el
licenciado
Rivera
Cruz,
y
en
el
que
la
disposición
legal
pertinente expresamente ordena la celebración de una vista para que el
imputado
presente
sus
defensas,
fue
correcta
la
determinación
del
Tribunal de Circuito de Apelaciones al conceder al licenciado Rivera
Cruz
el
derecho
a
descubrir
toda
aquella
prueba
defensas legítimas que no sea materia privilegiada.
III
pertinente
a
sus
CC-97-735
- 50 -
Habiendo determinado el alcance del descubrimiento de prueba al
que tiene derecho el licenciado Rivera Cruz en la vista a celebrarse al
amparo del Art. 34-A del Código Político, nos corresponde examinar el
argumento del Senado respecto a la aplicación, al caso de autos, del
privilegio de inmunidad legislativa.
El
Senado
en
su
comparecencia
reclama
que
las
citaciones
y
documentos solicitados por el licenciado Rivera Cruz, a excepción de
los documentos a ser presentados por el Senado en la vista de desacato,
están cobijados por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.
examinar,
en
primer
lugar,
cuál
es
el
alcance
de
la
Debemos
Cláusula
de
Inmunidad Parlamentaria en el contexto del descubrimiento de prueba a
concederse al amparo del Art. 34-A del Código Político.
En segundo
lugar, debemos determinar cuál debe ser el procedimiento a seguirse
ante un reclamo por la Asamblea Legislativa del privilegio de inmunidad
parlamentaria.
Para
evaluar
conveniente
federal
que
que
adecuadamente
examinemos
analiza
el
a
el
señalamiento
modo
alcance
ilustrativo,
de
la
del
la
Cláusula
Senado
es
jurisprudencia
de
Inmunidad
Parlamentaria en el contexto de descubrimiento de prueba, ya que el
planteamiento es uno novel en nuestra jurisdicción.41
41
En
cláusula
Silva
de
v.
Hernández
Inmunidad
Agosto,
Parlamentaria
supra,
fue
aclaramos
adoptada
que
basada
nuestra
en
la
experiencia norteamericana y en la disposición similar contenida en la
Constitución de los Estados Unidos, Art. I Sec. 6. Nuestro ordenamiento
constitucional
le
ha
reservado
un
amplio
campo
al
privilegio
de
inmunidad parlamentaria, al menos tan amplio como se le reconoce en la
jurisprudencia de Estados Unidos. In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R.
698,
721.
(1978).
Por
esta
razón,
a
manera
ilustrativa,
procede
estudiar las interpretaciones dadas por los tribunales federales. Peña
Clos v. Cartagena, 114 D.P.R. 576 (1983).
CC-97-735
Los
- 51 tribunales
federales
han
reconocido
que
un
proceso
de
descubrimiento de prueba puede ser tan intrusivo en el desempeño de las
labores
legislativas
como
lo
sería
el
tener
que
defenderse
en
una
demanda, por lo cual han resuelto que el privilegio evidenciario debe
tener el mismo alcance que el privilegio sustantivo de inmunidad.42
Minpeco S.A. v. Conticommodity Services, Inc., 844 F. 2d 856 (1988);
Brown and Williamson Tobacco Corporation v. Merrell Williams, supra;
2BD Associates Limited Partnership v. County Commissioners for Queen
Anne´s County, 896 F. Supp 528 (1995).
Por tal razón han determinado que para que el privilegio aplique
no
es
necesario
necesario
que
requerir
el
una
legislador
haya
demostración
sido
prima
demandado,
tampoco
de
la
facie
que
es
carga
impuesta por el descubrimiento de prueba constituye una interferencia
impermisible del tribunal en sus asuntos legislativos.
Minpeco S.A.,
supra.
Aun en aquellos casos en que el requerimiento de documentos no
interfiera directamente con las actividades que los legisladores están
llevando a cabo, se considera que el poner en vigor dicho requerimiento
equivale
a
un
interrogatorio
inconsistente
con
el
Parlamentaria
de
proteger
sobre
propósito
la
actos
de
la
integridad
legislativos,
Cláusula
legislativa.
Transamerican Press, Inc., 709 F.2d 524 (1983).
42
de
lo
cual
es
Inmunidad
Miller
v.
Además, se ha llegado
La Cláusula de Inmunidad Parlamentaria se desdobla en dos vertientes.
Por un lado ofrece a sus titulares un privilegio sustantivo de
inmunidad de encausamiento criminal o civil por aquellas actuaciones
que puedan ser calificadas como actos legislativos, y un privilegio
evidenciario, testifical y documental, que prohibe el uso, en otros
foros, de declaraciones o documentos que sean parte del proceso
legislativo. Rotunda and Novak, Treatise on Constitutional Law, 2d Ed.
sec.8.8 ( Supp. 1999).
Respecto al alcance del privilegio evidenciario en el contexto del
descubrimiento de prueba existen dos interpretaciones.
Las cortes
federales del Tercer Circuito restringen la protección a una de
exclusión de evidencia. Por su parte, las cortes federales del Circuito
del Distrito de Columbia definen el alcance del privilegio evidenciario
como uno de exclusión de evidencia y de confidencialidad. In re Grand
Jury Investigation, 587 F. 2d 589 (1978); Minpeco, S. A. V.
Conticommodity Services, Inc., supra; Brown and Williamson Tobacco
Corp. v. Williams, supra.
CC-97-735
- 52 -
a la conclusión de que una Asamblea Legislativa no puede funcionar
adecuadamente cuando está asediada por requerimientos de prueba por
terceros.
Minpeco S.A., supra, a las págs. 859-61.
Dichos
requerimiento
comité
foros
judiciales
han
para
inspeccionar
y
legislativo,
el
grado
requerimiento es inmaterial.
enfatizado
copiar
de
que
al
examinar
un
documentos
en
poder
un
intromisión
y
de
onerosidad
del
Aun en aquellas situaciones en que la
distracción fuese mínima, lo determinante es examinar si se trata de
material protegido por la cláusula. Se ha rechazado adoptar una posición
que
requiera
intrusión
al
un
examen
que
se
judicial
que
calibre
cuál
el
grado
de
sometería
una
comisión
legislativa
ante
un
requerimiento de documentos.
De
la
normativa
es
Minpeco S.A., supra, a la pág. 860.
anteriormente
esbozada
surge
con
meridiana
claridad que ante un reclamo para citar testigos que sean miembros o
funcionarios de una comisión legislativa, o para requerir la entrega
compulsoria de documentos o transcripciones en poder de las cámaras o
comisiones, el criterio a utilizarse al determinar si lo solicitado
está protegido por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria es examinar
si se trata de declaraciones o documentos relacionadas con actuaciones
legislativas legítimas. De concluir en la afirmativa, la protección es
de aplicación. Gravel v. U.S., supra a la pág. 625 (1972); Drombowski
v. Eastland, 387 U.S. 82 (1967); Powell v. McCormack, 395 U.S. 486
(1969); Santa v. Srio. del Senado, supra; Eastland v. United States
Servicemen's Fund, supra, págs. 503-504; Doe v. McMillan, 412 U.S. 306,
312-313 (1973).43
43
Como todo derecho y todo poder, la Cláusula de Inmunidad
Legislativa no es absoluta, y corresponde a los tribunales, y no al
Poder Legislativo, definir sus contornos. Santa Aponte v. Srio. del
Senado, 105 D.P.R. 750, 764 (1977); Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S.
111, 125-133 (1979); Gravel v. United States, 408 U.S. 606, 625 (1972);
Tenney v. Brandhove, 341 U.S. 367, 376-377 (1951). Romero Barceló v.
Hernández Agosto, supra.
El privilegio legislativo no protege aquella actividad realizada por
un legislador que cae fuera del ámbito de la actividad legislativa
legítima. En este contexto, la jurisprudencia federal reciente ha
distinguido entre aquellas funciones legislativas que son parte
inherente al debido funcionamiento del proceso legislativo, y aquellas
CC-97-735
- 53 -
Coincidimos con la Opinión del Tribunal en cuanto al propósito,
ámbito y rango constitucional del privilegio de inmunidad parlamentaria
consagrado en el Art. II sec. 14 de nuestra Constitución.
También
estamos conformes con su determinación de que dicho privilegio, además
de consagrar un derecho de inmunidad sustantiva para aquellos actos
llevados a cabo por los miembros44 de la Asamblea Legislativa que son
actos legislativos legítimos, ofrece la protección de un privilegio
evidenciario que cobija, de requerimiento compulsorio ante cualquier
otro foro que no sea el legislativo, declaraciones o documentos que
sean parte del proceso legislativo.
Sin embargo, disentimos de la Opinión del Tribunal en cuanto al
criterio utilizado al determinar cuáles documentos están protegidos por
el
privilegio
legislativo
y
cuáles
son
descubribles.
Nuestra
discrepancia obedece a que, aunque la Opinión del Tribunal concluye
correctamente que al determinar qué está cobijado por el privilegio el
criterio medular es la distinción entre actos legislativos y actos no
legislativos,
introduce
un
criterio
adicional
al
disponer
cuáles
actividades que, aunque relacionadas al proceso legislativo, son de
naturaleza política. Estas últimas no están protegidas por la Cláusula
de Inmunidad Parlamentaria. U.S. v. Brewster, 408 U.S. 501, 528 (1972).
También ha aclarado que el mero hecho de que un legislador lleve a cabo
un acto en su capacidad oficial, no
hace de ese acto un acto
legislativo. Gravel v. U. S., supra.
Al establecer los parámetros para definir lo que debe considerarse
como actos legislativos legítimos, el Tribunal Supremo federal ha
excluido de la protección de la cláusula actuaciones tales como
expresiones difamatorias hechas por legisladores, fuera del ámbito de
las cámaras o comisiones, en actividades que no son esenciales a las
funciones legislativas. Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111 (1979); el
aceptar sobornos, U.S. v. Brewster, supra y otras violaciones a
estatutos penales. Gravel v. U.S., supra; U.S. v. Heltoski, supra.
44
La Cláusula de Inmunidad Parlamentaria protege a los legisladores,
así como a los ayudantes legislativos, cuando éstos llevan a cabo
actividades legislativas legítimas. Gravel v. U.S., supra.
También
aplica a toda conducta legislativa legítima que ocurrió mientras el
titular del privilegio era miembro de la Asamblea Legislativa,
independientemente de que al reclamar el privilegio ya haya cesado en
sus funciones. Miller v. Transamerican Press Inc., supra.
La Cláusula de Inmunidad Parlamentaria protege a los legisladores
de tener que responder por sus actuaciones legislativas legítimas ante
otros foros. Sin embargo, la cláusula constitucional no es un
impedimento para que la Asamblea Legislativa examine o cuestione el
comportamiento de sus miembros o funcionarios, independientemente de si
CC-97-735
- 54 -
documentos son descubribles, al diferenciar entre documentos públicos y
documentos confidenciales.
No
podemos
suscribir
el
criterio
que
adopta
la
mayoría
para
adjudicar si el documento es o no descubrible, al amparo de la Cláusula
de Inmunidad Parlamentaria, en cuanto a que descansa, como criterio
adicional, en la diferencia entre documentos públicos o confidenciales.
Sin
embargo,
documentos
sí
coincidimos
con
cuya
divulgación
esté
su
determinación
expresamente
de
que
aquellos
autorizada
por
el
Reglamento de la Comisión Especial o por el Reglamento del Senado, aun
de tratarse de documentos cobijados por el privilegio evidenciario de
la
Cláusula
de
Inmunidad
Parlamentaria,
son
descubribles.
Nos
explicamos.
Como hemos señalado y como correctamente determina la mayoría, el
criterio
al
Parlamentaria
determinar
en
su
el
ámbito
vertiente
de
la
evidenciaria,
Cláusula
es
el
de
mismo
Inmunidad
que
en
su
vertiente de inmunidad sustantiva.
El privilegio protege solamente
aquellas
parte
comunicaciones
que
forman
del
proceso
legislativo
legítimo.
Por su parte la palabra "público", según aplica a
documentos, se
refiere a aquellos documentos generados por el Estado en su función
gubernamental
y
el
término
contraposición a secreto.
no
indica
necesariamente
publicidad
en
Ley de Administración de Documentos Públicos
de Puerto Rico, Artículo 1 de la Ley Núm. 63 de 4 de junio de 1979, 3
L.P.R.A. Sec. 1001(b).45
son miembros activos o ya han cesado sus términos. U.S. v. Brewster,
408 U.S. 501, 563 (1972).
45
Se considera documento público: Todo documento que se origine,
conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado de acuerdo con la
ley o en el manejo de los asuntos públicos y que se haya de conservar
permanente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su
utilidad administrativa, valor legal, fiscal, cultural o informativo,
segun sea el caso, o que se haya de destruir por no tener ni valor
permanente, ni utilidad administrativa, legal, fiscal, cultural o
informativa, y una copia de todas las publicaciones de las dependencias
gubernamentales. También se entenderá por documento público todo
documento que expresamente así se declare por cualquier ley vigente o
que en el futuro se apruebe. 3 L.P.R.A. Sec. 1001(b).
CC-97-735
- 55 -
Nuestro estado de derecho reconoce una dimensión constitucional al
derecho de los ciudadanos a tener acceso a los documentos generados por
el Estado en sus gestiones oficiales. También hemos reconocido que el
legislador tiene facultad para dictaminar expresamente qué documentos
públicos
tendrán
limitaciones
se
carácter
mantengan
confidencial,
dentro
de
los
siempre
parámetros
y
cuando
tales
constitucionales
esbozados por nuestra jurisprudencia. Soto v. Srio. de Justicia, 112
D.P.R. (1982); Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264,
282 (1960); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153 (1986).
El Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 3 L.P.R.A. sec.
1781,
aún
vigente,
dispone
que
los
documentos
públicos
podrán
ser
examinados y copiados salvo lo expresamente dispuesto en contrario por
ley. En Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc, supra, reconocimos que,
respecto a dichos documentos, un reclamo de confidencialidad por el
Estado sólo puede prosperar en un limitado número de supuestos. Entre
dichos supuestos se encuentran el que una ley declare el documento como
confidencial, y el que se trate de materia cobijada por los privilegios
evidenciarios.
Nuestra
ley
suprema,
evidenciario
para
los
la
Constitución,
documentos
generados
reconoce
y
un
privilegio
recopilados
por
las
cámaras legislativas y sus comisiones en aquellas gestiones definidas
como
actos
legislativos
independientemente
de
que
el
legítimos.
documento
El
sea
privilegio
clasificado
como
aplica
récord
público o documento confidencial. En ninguno de ambos casos puede ser
requerido compulsoriamente de la Asamblea Legislativa.
Una vez se llega a la determinación que el documento solicitado es
parte
del
proceso
legislativo
legítimo
y
está
cobijado
por
el
privilegio constitucional, el documento es descubrible sólo de mediar
una autorización expresa de la Asamblea Legislativa. Dicha autorización
puede ser mediante una renuncia al privilegio en ese momento,46 o a
46
La
Asamblea
Legislativa
puede
renunciar
al
privilegio
y
voluntariamente entregar los documentos solicitados. Sin embargo tal
CC-97-735
- 56 -
través de lo dispuesto respecto al acceso a documentos legislativos en
el Reglamento de la Comisión Especial, el Reglamento del Senado y el
Reglamento para Establecer el Programa de Administración de Documentos
Públicos del Senado de Puerto Rico. Reglamento de la Comisión Especial,
Reglas
Núm.
2(B)y
(D),
5,
7,
8(B)y(CH),
12(B),
14;
Reglamento
del
Senado, R. del S. 13 de 16 de enero de 1997, Regla 14; Reglamento para
Establecer el Programa de Administración de Documentos Públicos del
Senado de P.R., Reglamento Número 13 de 15 de julio de 1988, Segunda
Parte, Artículo VI, Cuarta Parte, Artículo I.47
Las cortes federales han tenido la oportunidad de enfrentarse a
situaciones similares a la de autos.
En este contexto han determinado
que el hecho de que un acto legislativo haya sido memorializado en un
récord
publico
no
deja
inoperante
la
protección
de
la
Cláusula
de
Inmunidad Parlamentaria, y evidencia de dichos actos está protegida de
requerimiento compulsorio, aunque conste en un documento público.
U.S.
v. Swindall, 971 F. 2d 1531, 1550 (1992).
Dichos tribunales también han determinado que, al amparo de la
Cláusula de Inmunidad Parlamentaria, el hecho de que los documentos
solicitados en un descubrimiento de prueba hubiesen sido generados en
una reunión “a puerta cerrada” de una comisión legislativa, no es un
factor
a
privilegio.
considerarse
al
momento
evaluar
la
aplicación
del
2BD Associates Limited Partnership v. County Commissioners
for Queen Anne´s County, supra.
renuncia del privilegio
Heltoski, supra.
47
de
debe
En dicha ocasión el tribunal reiteró
de
ser
explícita
e
inequívoca.
U.S.
La Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, 3
L.P.R.A. secc. 1001-13, dispone un programa para la administración de
documentos públicos en la tres ramas de gobierno. En cuanto a los
documentos de la Rama Legislativa se faculta al Presidente del Senado o
a su representante autorizado, y al Presidente de la Cámara o a su
representante autorizado, a publicar listas de los documentos públicos,
que por razón de su contenido deberán ser considerados confidenciales,
los cuales no estarán sujeto a ser inspeccionados. Sec. 1002 (a) y
(b)(2).
En virtud de dicha autorización el Senado adoptó el Reglamento
para Establecer el Programa de Administración de Documentos Públicos
del Senado de Puerto Rico, Reglamento Número 13 de 15 de julio de 1988.
CC-97-735
- 57 -
que el criterio a utilizarse es el de actos legislativos legítimos, y
en interés de permitir a la ciudadanía el mayor acceso posible a los
documentos
generados
descubrimiento
de
por
las
aquellos
ramas
gubernamentales,
documentos
que,
aunque
permitió
el
generados
en
reuniones a puerta cerrada de una comisión legislativa, no estuviesen
protegidos por el privilegio de inmunidad parlamentaria.
Utilizando
el
criterio
de
"proceso
legislativo
legítimo"
concluimos que aquellos documentos que no forman parte del proceso
legislativo legítimo, no están cobijados por la Cláusula de Inmunidad
Parlamentaria, independientemente de su clasificación como documento
público o confidencial.48
parte
del
proceso
De igual modo, aquellos documentos que forman
legislativo
legítimo,
están
cobijados
por
el
privilegio evidenciario de la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria y no
pueden requerirse compulsoriamente de la Asamblea Legislativa, a menos
que el Reglamento de la Comisión Especial o el Reglamento del Senado
así lo autoricen.49
Por lo anteriormente expuesto, somos del criterio que de aquellos
documentos
protegidos
por
el
privilegio
solamente
son
descubribles
aquellos que por disposición expresa de la propia Asamblea Legislativa
están disponibles al público.
IV
Analizado el alcance de la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria en
el
48
contexto
del
descubrimiento
de
prueba,
así
como
el
criterio
a
No está ante nuestra consideración qué sucedería si dichos
documentos estuvieran cobijados de divulgación por otro privilegio
evidenciario, o por alguna ley especial. Por tal razón no nos
pronunciamos al respecto.
49
Nada impide que el licenciado Rivera Cruz obtenga de otras fuentes,
como lo serían publicaciones en periódicos, videograbaciones de las
estaciones
de
televisión
o
grabaciones
de
empresas
radiales,
información referente a lo que sucedió en las vistas de la Comisión.
Debemos recordar que el propósito fundamental de la Cláusula de
Inmunidad Parlamentaria es proteger la integridad y la independencia
del proceso legislativo, por lo cual el privilegio evidenciario protege
a la Rama Legislativa de un requerimiento compulsorio de documentos y
de citaciones a sus miembros. La alternativa de obtener prueba
exculpatoria por otros medios, cumple con el propósito de permitir al
licenciado Rivera Cruz presentar prueba que permita al tribunal de
CC-97-735
utilizarse
- 58 al
determinar
cuáles
documentos
están
cobijados
por
la
cláusula, nos corresponde examinar cuál debe ser el procedimiento a
seguirse ante un reclamo por la Asamblea Legislativa de la aplicación
del privilegio en su vertiente evidenciaria.
Somos
del
criterio
que
corresponde
al
tribunal
de
instancia,
determinar qué documentos son privilegiados y cuáles son descubribles.
No podemos refrendar la Opinión del Tribunal en cuanto adjudica, de
modo sumario, cuáles de los documentos solicitados por el licenciado
Rivera Cruz, están excluidos de descubrimiento por estar cobijados por
la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.
Reiteradamente hemos reconocido que, de ordinario, lo que procede
en
casos
como
sentenciador
parámetros
el
de
autos,
para
que
continúe
expresados
por
es
esta
devolver
con
los
el
recurso
al
procedimientos
Curia.
Solamente
tribunal
según
en
los
contadas
excepciones, y por razón de tener ante nos el documento cuya naturaleza
privilegiada hay que determinar, hemos obviado el trámite ordinario de
devolver el recurso al tribunal de instancia.
López Vives v. Policía
de P.R., 118 D.P.R. 219, 235 (1987), Soto v. Sro. de Justicia, supra.
No tenemos ante nos los documentos en controversia.
su
comparecencia,
enumera
los
documentos
solicitados
El Senado, en
y
arguye,
sin
mayor explicación o detalle, que están cobijados por el privilegio de
inmunidad
parlamentaria
quehacer legislativo.
por
tratarse
de
documentos
relativos
al
No podemos, en aras a la economía procesal, o en
interés de resolver expeditamente este recurso, obviar el trámite de
que sea el tribunal de instancia, en el ejercicio de una discreción
informada, quien determine cuáles documentos son descubribles.
Este
ha
sido
el
procedimiento
refrendado
por
los
tribunales
federales así como por nuestra jurisprudencia. Las cortes federales han
determinado que al adjudicar un reclamo de privilegio por la Asamblea
Legislativa, corresponde a la parte que sostiene el privilegio preparar
instancia determinar si la conducta del imputado es constitutiva de
desacato, sin atentar contra la independencia del poder legislativo.
CC-97-735
- 59 -
un índice de los documentos solicitados que considera privilegiados,
por formar parte integral del proceso deliberativo y comunicativo de
las cámaras o comisiones y sus ayudantes.50
In re Possible Violations
of U.S.C. ss., 201, 371, 491 F Supp 211 (1980); In re grand Jury
Investigations, 587 F 2d 589, 597 (1978).
En dicho índice, la Asamblea Legislativa debe explicar por qué el
documento es privilegiado.
debe
de
contener
la
Aunque la explicación puede ser sucinta,
información
necesaria
para
que
el
tribunal
determine que el reclamo de privilegio es legítimo.
Sometido
el
índice,
corresponde
reclamo del privilegio es procedente.
solicitados
fueron
preparados
o
al
tribunal
determinar
si
el
De determinar que los documentos
recopilados
en
el
curso
de
una
actividad legislativa legítima, el privilegio existe y su protección es
absoluta.
Si
el
tribunal
determina
que
del
índice
preparado
le
es
imposible llegar a una conclusión sobre la aplicación del privilegio a
dichos
documentos,
el
tribunal
de
instancia
puede
ordenar
que
se
produzcan los documentos para ser inspeccionados por el juez.
Este examen debe ser en cámara, con o sin la participación de la
representación legal de las partes.51
Aun en aquellas ocasiones en que
se
un
examen
legal
de
haya
determinado
participación
de
la
proceder
con
representación
las
en
cámara
partes,
el
sin
la
debido
50
El procedimiento de preparar un índice de los documentos
alegadamente privilegiados surgió por primera vez en casos al amparo de
la Freedom of Information Act, con el propósito de asegurar que el
derecho de una parte a obtener información no quedase afectado por la
burocracia gubernamental y la posibilidad de falsa representación. Por
esta razón los tribunales diseñaron un método que les permitiese
verificar el reclamo de privilegio. Vaughn v. Rosen 484 F.2d 820
(1973). La utilización del índice Vaughn, como ha llegado a conocerse,
ha sido expresamente reconocida en casos de reclamo del privilegio de
inmunidad parlamentaria. In re Possible Violations of U.S.C. ss.
201,371, supra; In re grand Jury Investigations, supra.
51
El examen en cámara es un método altamente apropiado y útil para
aquellas situaciones en que hay reclamos de privilegio. Kerr v. U.S.
District Court, 426 US 393, 406 (1976). A igual conclusión hemos
llegado en nuestra jurisdicción.
Soto v. Srio. de Justicia, supra;
López Vives v. Policía de P.R., supra; Santiago v. Bobb y El Mundo,
Inc., supra.
CC-97-735
- 60 -
proceso de ley exige que se dé una oportunidad posterior a las partes
de cuestionar, en derecho, la decisión del tribunal.
En nuestra jurisdicción refrendamos un procedimiento similar en
Soto v. Secretario de Justicia, supra.
En aquella ocasión exigimos al
Secretario de Justicia que preparara una relación de los documentos en
su
poder
relativos
identificar
a
una
adecuadamente
investigación.
los
documentos,
y
Dicha
aunque
relación
no
debía
exigimos
una
descripción del contenido, exigimos que dicha relación especificase la
razón particular para no divulgarlo.
Dispusimos que este listado fuese
examinado en cámara por el juez de instancia sin participación de las
partes y sus abogados.
Soto, supra, a las págs. 504-505. Estamos
convencidos que igual procedimiento debe imponerse en el caso de autos,
ya que son varias las ventajas que ofrece.
En
primer
lugar,
permite
al
tribunal
verificar
el
reclamo
de
privilegio para ejercer, de modo informado, su tarea constitucional de
determinar qué materia es o no privilegiada, como árbitro final de la
controversia entre las partes.
Por otro lado responde a la necesidad
de no permitir que sea la propia Asamblea Legislativa quien sea árbitro
absoluto y final de lo que es materia privilegiada. Gravel v. U.S.,
supra, a la 624; Tenney v. Brandhove, supra a la 376-377; Benford v.
American Broadcasting Co. Inc., 98 F.R.D. 42, (1983).
Anteriormente, al enfrentarnos a la necesidad de determinar la
validez de un reclamo de privilegio por el Estado resolvimos que:
[E]n esta gestión el tribunal puede hacer un examen en
cámara de los documentos o información que el Estado alega
son privilegiados, como condición previa al reconocimiento
del privilegio. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc. supra a la
pág 162.
Con
esta
aseveración
reiteramos
la
norma
vigente
en
nuestro
esquema constitucional que rechaza la posibilidad de que los cuerpos
CC-97-735
- 61 -
legislativos o los funcionarios ejecutivos se conviertan en jueces de
sus propios poderes, ya que son los tribunales los intérpretes finales
de las leyes y la Constitución.
Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114
D.P.R. 576, 591 (1983).
En segundo lugar, la preparación del índice obliga a la parte que
reclama
el
privilegio
a
examinar
cuidadosamente
los
documentos
requeridos para determinar si en realidad su reclamo de privilegio
prosperaría.
En este ejercicio le permite considerar la posibilidad de
segregar, dentro de un mismo documento, material privilegiado del no
privilegiado,
lo
cual
facilita
descubrimiento
obtenga
aquellos
que
la
parte
segmentos
no
interesada
en
el
privilegiados.
In
re
Guthrie v. American Broadcasting Co., 733 F.2d 634 (1983).
Por lo anteriormente expresado, consideramos que corresponde al
tribunal de instancia determinar cuáles de las citaciones y documentos
solicitados de la Comisión Especial están cobijados por el privilegio
de
inmunidad
parlamentaria,
y
cuáles
son
descubribles.
En
este
ejercicio dicho foro tiene el beneficio de la comparecencia de las
partes, así como la oportunidad de requerir los documentos para examen,
de
ser
ello
necesario,
antes
de
decidir
sobre
la
aplicación
del
privilegio.
La
Opinión
del
Tribunal
modifica
la
sentencia
del
tribunal
apelativo por considerar que erróneamente ordenó el descubrimiento de
ciertos
documentos
examinado
detenidamente
Apelaciones
apelativo
denegados
y
hemos
actuó
la
por
el
tribunal
sentencia
llegado
a
correctamente,
la
y
del
de
Tribunal
abstuvo
Hemos
de
Circuito
de
que
el
de
determinar
conclusión
se
instancia.
tribunal
cuáles
documentos eran descubribles:
No resolvemos a qué descubrimiento pueda tener derecho
el licenciado Rivera Cruz. En vez, devolvemos el caso al
tribunal
de
Primera
determine,
conforme
conformidad
con
Instancia
para
que
a
criterios
legales
esta
opinión,
a
sea
éste
el
que
y
en
documentos
y
adecuados
cuáles
de
CC-97-735
- 62 -
testigos,
si
algunos,
derecho.
Este
el
Tribunal
licenciado
expide
Rivera
el
Cruz
recurso
tiene
solicitado,
confirma en parte y deja sin efecto en parte la resolución
recurrida. Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones
a la pág. 4.
El
tribunal
apelativo
se
limitó
a
establecer
los
parámetros
legales correspondientes respecto al descubrimiento de prueba, y ordenó
al tribunal a quo celebrar una vista con la mayor brevedad posible en
la
cual
examinase
determinase,
de
la
procedencia
acuerdo
a
los
de
las
criterios
defensas
legales
de
presentadas,
y
pertinencia
y
privilegios, a cuáles documentos y testigos, si algunos, tenía derecho
el licenciado Rivera Cruz.
Por
lo
anteriormente
expresado
confirmaríamos
Tribunal
de
Circuito
Apelaciones
y
de
la
devolveríamos
sentencia
del
el
al
recurso
tribunal de instancia para que, a la luz de los criterios expresados en
esta Opinión, haga la determinación de cuáles documentos y citaciones
están protegidas por el privilegio de inmunidad parlamentaria.
V
Por
último,
examinado
el
derecho
aplicable,
concluimos
que
al
licenciado Rivera Cruz le asiste el derecho, al amparo del Artículo 34A del Código Político y del debido proceso de ley, a presentar en la
vista de desacato a celebrarse, aquellas defensas legítimas que le
permitan justificar su incumplimiento con la orden del tribunal.
Tiene
derecho, por tanto, a descubrir toda aquella prueba pertinente y no
privilegiada
que
le
ayude
en
la
presentación
de
dichas
defensas
legítimas.
Entre las defensas presentadas en su moción de desestimación hay
algunas que a la luz de los parámetros establecidos en esta ponencia,
así como en la Opinión del Tribunal, son claramente inmeritorias.
CC-97-735
- 63 -
Coincidimos con la Opinión del Tribunal de que las alegaciones del
licenciado Rivera Cruz, respecto a que la Comisión Especial carece de
un fin legítimo, es improcedente. Coincidimos también con lo expresado
por
la
mayoría
de
que,
ante
una
investigación
de
la
propia
Rama
Legislativa, el licenciado Rivera Cruz no está cobijado por la Cláusula
de Inmunidad Parlamentaria por haber fungido como ex-investigador de la
Comisión anterior que investigó los sucesos de Maravilla.
Reiteramos
que el licenciado Rivera Cruz no tiene derecho a descubrir aquellos
documentos relativos a aquellas defensas que la Opinión del Tribunal,
con la cual coincidimos, ha determinado que son inmeritorias.
Respecto a las alegaciones del licenciado Rivera Cruz de que la
Comisión
Especial
no
estaba
legalmente
constituida
por
falta
de
adecuada participación de los miembros de la minoría, el licenciado
Rivera Cruz tiene derecho a descubrir, al amparo de lo resuelto en
Silva v. Hernández Agosto, supra, y en Hernández Agosto v. Betancourt,
supra, prueba pertinente y no privilegiada, de que en efecto no hubo
adecuada participación de los miembros de la minoría.
Le corresponde, también, al licenciado Rivera Cruz, el derecho a
descubrir prueba pertinente y no privilegiada relativa a su alegación
de que la Comisión Especial, en una clara contravención a la Regla 2-B
de su Reglamento, de la Regla 14.8 del Reglamento del Senado, y de la
disposición
constitucional
que
protege
la
dignidad,
honra
e
inviolabilidad de la persona humana, incurrió en conducta y expresiones
ofensivas y derogatorias a su persona.
De este modo establecemos un balance adecuado entre el derecho
estatutario que asiste al imputado en virtud del Artículo 34-A del
Código Político, su derecho constitucional
a las garantías mínimas que
ofrece el debido proceso de ley, y nuestro esquema de separación de
poderes protegido por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.
Aunque consistentemente hemos reconocido los amplísimos poderes
que tienen la legislatura y sus comisiones.
Hernández Agosto v. Ortiz,
115 D.P.R. 564 (1984); Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra; Peña
CC-97-735
Clos
v.
- 64 Cartagena
Ortiz,
no
supra,
podemos
abdicar
nuestro
deber
constitucional de examinar si existen causas legítimas que justifiquen
la incomparecencia del licenciado Rivera Cruz a la vista de la Comisión
Especial.
De igual modo, no podemos acceder a la solicitud del
Rivera
Cruz
de
tener
acceso
a
todos
los
testigos
licenciado
y
documentos
requeridos, sin tomar en consideración, si los mismos son pertinentes a
las defensas legítimas que le asisten. Determinada dicha pertinencia,
debemos tomar en consideración el privilegio evidenciario consagrado en
la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.
por
la
Asamblea
Legislativa
es
Ante un reclamo de privilegio
necesario,
que
en
el
ejercicio
de
nuestra facultad constitucional de adjudicar la controversia entre las
partes, examinemos si el reclamo del privilegio es legítimo y debe
prosperar.
Al igual que la Opinión del Tribunal, sentimos honda preocupación
al considerar que los
foros
para
que
las
procesos legislativos puedan convertirse en
partes
ventilen
su
animosidad
y
hostilidad.
Exhortamos a las partes envueltas en este recurso a que sus actuaciones
sean
ejemplo
de
prudencia,
tolerancia
y
madurez.
Solo
así
podemos
salvaguardar los valores que animan nuestra sociedad democrática.
Por lo anteriormente expuesto, aunque concurrimos con la Opinión
del Tribunal respecto al alcance y vigencia de la Cláusula de Inmunidad
Parlamentaria,
disentimos
en
cuanto
a
que
considera
que
el
procedimiento a seguirse en la vista de desacato es uno extraordinario
en el cual no procede un descubrimiento de prueba amplio.
Disentimos
también de su determinación de modificar la sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones y de adjudicar desde este estado apelativo
cuáles documentos son descubribles.
En su lugar, confirmaríamos la sentencia del Tribunal de Circuito
de Apelaciones y ordenaríamos al tribunal de instancia que con premura
y
diligencia
determine
cuáles
de
los
documentos
y
citaciones
solicitados son necesarios para que el licenciado Rivera Cruz pueda
CC-97-735
- 65 -
demostrar la existencia de una defensa legítima a su incomparecencia.
De
estos
documentos
y
citaciones
pertinentes
a
dichas
defensas,
corresponde al tribunal de instancia determinar cuáles son descubribles
y cuáles están cobijados por el privilegio de la Cláusula de Inmunidad
Parlamentaria.
Federico Hernández Denton
Juez Asociado