LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Hon. Charlie Rodríguez, Presidente, Senado de Puerto Rico; Hon. Sergio Peña Clos, como Presidente de la Comisión Especial sobre el Cerro Maravilla del Senado de Puerto Rico y la Comisión Especial

1999 TSPR 104

Poder Judicial de Puerto Rico

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Hon. Charlie Rodríguez, Presidente, Senado de Puerto Rico; Hon. Sergio Peña Clos, como Presidente de la Comisión Especial sobre el Cerro Maravilla del Senado de Puerto Rico y la Comisión Especial

CC-1997-0735

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Hon. Charlie Rodríguez, Presidente,

Senado de Puerto Rico; Hon. Sergio Peña

Clos, como Presidente de la Comisión

Especial sobre el Cerro Maravilla del

Senado de Puerto Rico y la Comisión

Especial

Peticionarios

Certiorari

99 TSPR 104

Número del Caso: CC-1997-0735

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortíz

Lcdo. Claudio Aliff Ortíz

Lcdo. Pablo Landrau Pirazzi

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Marcos A. Ramírez Lavandero

Lcdo. Eduardo A. Vera Ramírez

Lcda. Norma Cottí Cruz

Tribunal de Instancia, Sala Superior de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Zadette Bajandas Vélez

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional I San Juan Panel

III

Juez Ponente: Hon. Ramos Buonomo

Fecha: 6/30/1999

Materia: Citación de Testigos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Charlie Rodríguez,

Presidente, Senado de Puerto

Rico; Hon. Sergio Peña Clós

como Presidente de la

Comisión Especial sobre el

Cerro Maravilla del Senado

de Puerto Rico y la Comisión

Especial

CC-97-735

Certiorari

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999

“En momentos de pasión política, la falta de honradez

o la venganza son motivaciones fácilmente atribuibles a la

conducta legislativa. Sin embargo, los tribunales no son

el lugar adecuado para estas controversias. Corresponde a

la autodisciplina de los legisladores y a los electores,

en última instancia, desalentar o corregir tales abusos.”

Tenney

v.

Brandhove,

341

U.S.

367,

377-378

(1951).

(Traducción nuestra).

I

La

recurso

recta

adjudicación

ameritan

antecedentes.

un

de

las

controversias

escrupuloso

recuento

en

este

de

sus

CC-97-735

El

- 3 -

30

de

enero

de

1997

el

Senado

de

Puerto

Rico

aprobó

la

Resolución Núm. 18 y creó la Comisión Especial sobre El Cerro Maravilla

con la encomienda de continuar investigando posibles irregularidades o

actuaciones ilegales o impropias en el manejo de la pesquisa senatorial

sobre los sucesos del Cerro Maravilla, efectuada para los años de 1981

a 1992, incluso de su Oficina del Fiscal Especial Independiente.1

Conforme la referida Resolución, la investigación ordenada cumple

tres

propósitos:

“primero,

legislar

para

evitar

en

un

futuro

la

repetición de irregularidades o actuaciones ilegales o impropias que

lesionen

la

integridad

segundo,

iniciar

hubiesen

incurrido,

los

de

los

procesos

procedimientos

tolerado

o

que

investigativos

correspondan

permitido

del

Senado;

contra

quienes

actuaciones

impropias

o

ilegales en perjuicio de terceras personas; y tercero, informar al

pueblo

sobre

sus

hallazgos.”

El

7

de

febrero

la

Comisión

Especial

aprobó su Reglamento para regir la investigación.2

El 17 de abril, el Presidente de la Comisión Especial, Hon. Sergio

Peña

Clós,

expidió

citación

(“subpoena”)

dirigida

al

Lcdo.

Héctor

Rivera Cruz requiriéndole comparecer a vista pública el 30 de abril. La

citación

fue diligenciada el 22 de abril con copia de la Resolución

Núm. 18 y del Reglamento de la Comisión Especial. Rivera Cruz fue

protagonista principal y se desempeñó como Oficial Investigador durante

la pesquisa del Senado en los años 1981 a 1984, sobre los sucesos del

Cerro Maravilla. Posteriormente, el 28 de abril, Peña Clós le notificó

la suspensión de esa vista y su transferencia para el 15 de marzo, a

las 10:00 A.M.

La Resolución Núm. 18 concedió a la Comisión hasta el 15 de junio

de 1997 para informar hallazgos y recomendaciones. Posteriormente dicha

Resolución fue enmendada por las Resoluciones del Senado Núm. 593 de 6

de julio de 1997; la Núm. 779 de 26 de agosto de 1997; la Núm. 889 de

29 de septiembre de 1997; y la Núm. 1045 de 17 de noviembre de 1997, a

los fines de extender el plazo para rendir el Informe de la

Investigación hasta el 12 de enero de 1998, o en la alternativa, una

semana después que comparezca el último testigo.

1

2

Desde el 16 de enero, el Senado había aprobado su Reglamento, en

cuyo

Capítulo

IV

estableció

las

Reglas

Uniformes

para

Regir

Investigaciones Conducidas por las Comisiones Permanentes o Especiales.

CC-97-735

- 4 -

El 14 de marzo, Rivera Cruz comunicó por escrito que no podía

comparecer debido a compromisos profesionales previos. Al otro día,

Peña Clós expidió nueva citación requiriéndole asistir el 22 de marzo.

Fue diligenciada el 19 de marzo.

Un día antes de la vista, mediante comunicación fechada 21 de

marzo dirigida a Peña Clós, Rivera Cruz informó no tener en su poder

documento alguno relacionado con los sucesos del Cerro Maravilla y

expuso

varias

cuestionó

la

razones

por

facultad

del

las

cuales

Presidente

de

no

asistiría.

En

la

Comisión

Senado

y

esencia,

para

citarle e investigar su participación y trabajo relacionado con la

pesquisa del Cerro Maravilla durante los años 1981 a 1992. A esos

efectos,

indicó

que

la

citación

“es

una

totalmente

inválida

e

improcedente en Derecho, que tiene ribetes de persecución política y

que

atenta

contra

principios

fundamentales

de

equidad,

justicia

sustancial y buen gobierno”.3 El mismo día, Rivera Cruz presentó ante

nos la queja (AB-97-68) contra el Presidente de la Comisión, Peña Clós,

como

abogado,

Profesional.

por

Luego

alegadas

de

violaciones

evaluada,

a

los

Cánones

subsiguientemente

de

la

Etica

archivamos

mediante Resolución de 13 de julio.

Ante la negativa de Rivera Cruz a comparecer a la vista pública

del

22

de

mayo,

Peña

Clós

leyó

la

comunicación,

hizo

varias

observaciones dirigidas a refutar las razones aducidas por éste para no

comparecer y verbalizó comentarios despectivos hacia su persona. Se

refirió

a

charlatán

Rivera

y

Cruz

vocinglero.

como

“El

Enano”,

Diccionario

de

“rábula”

(abogado

indocto,

la

Academia

Española,

Real

vigésima primera edición, Madrid, 1992). Lo acusó de ocultar evidencia

que no apoyaba su teoría durante la pasada investigación senatorial e

imputó

responsabilidad

por

la

muerte

del

ex–agente

encubierto,

Véase copia de comunicación de Rivera Cruz al Presidente de la

Comisión Especial fechada 21 de mayo. (Recurso CC-97-479, Héctor Rivera

Cruz v. Hon. Charlie Rodríguez, Presidente del Senado de Puerto Rico y

otros, págs. 64-68.

3

CC-97-735

- 5 -

Alejandro González Malavé. (Transcripción oficial Vista Pública del 22

de mayo, págs. 106-142, Apéndice). Por su incomparecencia, la Comisión

Especial

acordó

solicitar

al

Presidente

del

Senado,

Hon.

Charlie

Rodríguez, autorización para recurrir al Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan, para que se le ordenara comparecer so pena

de desacato. La autorización fue firmada por el Presidente del Senado y

el Presidente de la Comisión Especial, el 28 de marzo.

El 7 de julio, el Senado, a través de su representación legal,

acudió al referido Tribunal. En virtud de la facultad conferida por el

Art. 34A del Código Político, 2 L.P.R.A. 1549, incisos 1 y 2, según

enmendados, solicitó orden requiriendo a Rivera Cruz comparecer el 10

de julio.

El 9 de julio, dicho foro (Hon. Lourdes Velázquez Cajigas), así lo

ordenó, bajo apercibimiento de desacato. Ese mismo día, Rivera Cruz

informó, por conducto de sus abogados, que compromisos profesionales

previos le imposibilitaban asistir y tenía disponibles los días 17, 29,

30 y 31 de julio. Indicó además, que así lo había notificado a la

Comisión Especial a través de la Oficina del Investigador.

El 10 de julio, la Comisión Especial reanudó sus trabajos. Tras

discutir

la

incomparecencia

de

Rivera

Cruz,

acogió

sus

excusas

y

conforme su propia propuesta, acordó citarlo directamente, esto es, por

sus propios mecanismos, para los días 29, 30 y 31 de julio. El 16 de

julio se diligenció esta citación.4

Así las cosas, el 29 de julio, Rivera Cruz honró la citación,

compareció

y

declaró

ante

la

Comisión

Se

Especial.

encontraban

presentes en el salón de sesiones Julio César Andrades, Alejo Maldonado

y Víctor Franco, personas encausadas y convictas criminalmente durante

la

incumbencia

de

Rivera

Cruz

como

Secretario

de

Justicia.

Al

percatarse Rivera Cruz de que estaban sentados detrás de él, sin que

previamente

se

le

advirtiera,

El 22 de julio, el

Informativa” de Rivera Cruz.

4

planteó

Tribunal

que

su

declaró

seguridad

académica

estaba

la

en

“Moción

CC-97-735

- 6 -

peligro, lo cual le impedía deponer. El Senador de la minoría del

Partido Popular Democrático, Hon. Bruno Ramos señaló que no se podían

utilizar como testigos de confrontación esas tres (3) personas, pues no

se

había

cumplido

con

el

requisito

reglamentario

de

notificar

su

comparecencia con tres (3) días de antelación.5 Andrades, Maldonado y

Franco

fueron

desalojados

del

salón

de

audiencias

por

órdenes

del

Presidente de la Comisión Especial.6

Rivera Cruz declaró el día 30 de julio y compareció también el 31

de

julio.7

Este

último

día,

el

Senador

Bruno

Ramos

le

indicó

al

Presidente de la Comisión que en el salón de sesiones se encontraba

nuevamente Franco y le preocupaba la seguridad del deponente Rivera

Cruz. Luego de aceptar que el propósito era confrontarlo, Peña Clós

ordenó a Franco salir del salón de audiencias. Resuelto tal incidente,

el

Investigador

de

la

mayoría

parlamentaria,

Lcdo.

Michael

Corona,

inició el interrogatorio. Al formular la primera pregunta, Rivera Cruz

indicó

que

contestarla.

deseaba

El

explicar

Presidente

las

razones

por

las

cuales

no

iba

la

Comisión

no

lo

permitió

y

ordenó

de

a

contestar. Rivera Cruz insistió en explicar las razones, pero se le

requirió

nuevamente

contestar.

Luego

de

intentar

dirigirse

a

la

Comisión Especial sin que se le permitiera, -lo cual provocó un agrio

intercambio de palabras entre el Presidente Peña Clós y Rivera Cruz-,

este último abandonó la audiencia sin concluir su declaración, no sin

5

Sección 14.4, Reglamento del Senado antes aludido.

No se sometió ante nos copia de las transcripciones oficiales de

las vistas públicas celebradas por la Comisión Especial los días 29 y

30 de julio de 1997. Los datos ofrecidos surgen del testimonio del

Oficial Investigador de la minoría del Partido Popular Democrático,

Lcdo. Moisés Abréu, según reseñado en la sentencia del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Hon. Velázquez Cajigas)

dictada el 25 de agosto de 1997. También se hace alusión al incidente

acaecido el día 29 de julio de 1997 en la transcripción oficial de la

vista pública celebrada posteriormente el 31 de julio de 1997 por la

Comisión Especial, copia de la cual forma parte de los autos originales

del caso que nos fueran remitidos por el tribunal apelativo.

6

Véase copia de la transcripción oficial de vista pública

celebrada por la Comisión Especial el 31 de julio de 1997 a las págs.

91 a 136 del apéndice del recurso CC-98-479, Héctor Rivera Cruz v. Hon.

Charlie Rodríguez, Presidente del Senado de Puerto Rico y otros.

7

CC-97-735

- 7 -

antes entregar, a solicitud de la Comisión, una ponencia que había

llevado.8

Ante

Tribunal

esta

de

situación,

Primera

la

Comisión

Instancia

para

Especial

solicitar

determinó

que

se

le

acudir

al

encontrara

incurso en desacato. Dicho foro, el 13 de agosto requirió a Rivera Cruz

mostrar causa por la cual no debía ser declarado incurso en desacato

por incumplir su orden del 9 de julio.

El

18

de

agosto,

Rivera

Cruz

solicitó

que

para

esa

vista

se

citaran al Presidente del Senado, Lcdo. Rodríguez, al Presidente de la

Comisión

Especial,

Peña

Clós,

los

Oficiales

Investigadores

de

la

Comisión, Lcdos. Corona y Abréu y los ex–investigadores del Senado,

Lcdos. Nilka Marrero y César Mercado. Al día siguiente, 19 de agosto,

pidió la transcripción de varias audiencias de la Comisión Especial y

la producción de numerosos documentos.

El 20 de agosto el Senado se opuso. Ese mismo día el Tribunal

declaró sin lugar la solicitud de producción de documentos y accedió a

la citación de testigos, condicionada a que previamente se estableciera

la pertinencia de sus testimonios. En su resolución hizo constar que en

sus escritos, Rivera Cruz no había expuesto las defensas que pretendía

plantear, lo cual le impedía determinar la pertinencia de lo requerido.

No obstante, determinó citar a las personas nombradas para evitar la

suspensión de la vista pautada. Rivera Cruz pidió reconsideración. El

21 de agosto, el Senado se opuso y pidió se dejara sin efecto la

citación de testigos. Asimismo, radicó ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones,

solicitando

una

se

“Moción

dejaran

sin

Urgente

en

Auxilio

efecto

las

citaciones

de

Jurisdicción”

autorizadas

por

Instancia.9

Véase copia de “Declaración del Lcdo. Héctor Rivera Cruz Durante

Comparecencia ante la Comisión Especial del Senado sobre el Cerro

Maravilla”, fechada 31 de julio de 1997, a las págs. 166 a 168 del

apéndice del recurso CC-97-479, Héctor Rivera Cruz v. Hon. Charlie

Rodríguez, Presidente del Senado de Puerto Rico y otros.

9

Dicha moción en auxilio de jurisdicción fue declarada sin lugar

por el Circuito, mediante Resolución vía telefónica el 23 de agosto.

8

CC-97-735

- 8 -

El 22 de agosto se celebró la vista de mostrar causa ante el

Tribunal. El Tribunal solicitó a Rivera Cruz que presentara evidencia

sobre la pertinencia del los testigos citados. Su representación legal

señaló

que

tal

pertinencia

se

establecería

mediante

sus

propios

testimonios y se negó a hacer oferta de prueba para establecerla. El

Tribunal declaró sin lugar una moción de intervención de la minoría

senatorial

del

Partido

Popular

Democrático

y

la

moción

de

reconsideración de Rivera Cruz. Reiteró su criterio en cuanto a la

citación de testigos. En esencia, en la vista, Rivera Cruz planteó que

técnicamente

no

podía

declarársele

incurso

en

desacato

ya

que

no

incumplió ni violó la orden del 9 de julio, pues la Comisión Especial

lo excusó de comparecer el 10 de julio según ordenado y lo citó para

los días 29 al 31 de julio de 1997. Además, adujo que no fue citado a

comparecer con cinco (5) días de anticipación a la audiencia pública

según exigido por el Reglamento del Senado.10 Finalmente, señaló que las

vistas no respondían a un fin legislativo legítimo y estuvo justificado

en retirarse el 31 de julio debido a los insultos de que fue objeto.

Como único testigo, presentó al Lcdo. Abréu, Oficial Investigador para

la minoría del P.P.D. Este declaró que estuvo presente en la audiencia

del 10 de julio en que se discutió la incomparecencia de Rivera Cruz.

Indicó,

que

en

dicha

ocasión,

la

Comisión

Especial

acogió

como

razonables sus excusas y que fue a solicitud del Senador del P.P.D.,

que se aceptaron las fechas sugeridas para comparecer por Rivera Cruz.

Se descartó recurrir nuevamente ante el Tribunal, ya que no se oponía a

comparecer. Sobre otros extremos, reseñó los incidentes acaecidos en la

audiencia celebrada el 31 de julio que culminaron con la salida abrupta

de

Rivera

Cruz

de

la

vista

pública

sin

que

finalizara

su

interrogatorio. Sometido el caso, el 25 de agosto, el Tribunal, en

corte abierta, previa citación de las partes, encontró a Rivera Cruz

incurso

10

en

desacato

civil

y

ordenó

su

Sec. 14.5(1) del Reglamento del Senado.

encarcelación

hasta

que

CC-97-735

- 9 -

compareciera y declarara ante la Comisión Especial. Tras dialogar las

partes, Rivera Cruz accedió a comparecer ante la Comisión Especial el

día 27 de agosto de 1997, emitiendo orden el Tribunal a tales efectos.

No obstante ese compromiso, al día siguiente, el 26 de agosto

Rivera

Cruz

apeló

al

Simultáneamente

solicitó

Transcripción

la

de

Tribunal

remedio

Prueba

Oral.

de

Circuito

en

Auxilio

Ese

mismo

de

de

día,

Apelaciones.

Jurisdicción

y

de

el

26

agosto,

Circuito de Apelaciones paralizó la orden y sentencia dictada. Concedió

término a las partes para someter alegatos simultáneos.

No conforme, el Senado cuestionó ante nos esa paralización, (CC97-479). El 29 de agosto denegamos el recurso con vista al “trámite

ante el Tribunal de Apelaciones, y el carácter prioritario dimanante de

su Resolución del 26 de agosto...”.

El

30

de

septiembre,

el

Circuito

de

Apelaciones

revocó

la

sentencia de instancia debido a la ausencia de orden judicial alguna

que específicamente obligara a Rivera Cruz a comparecer a la Comisión

Especial los días 29, 30 y 31 de julio de 1997. Determinó que la única

orden judicial fue exclusivamente para el 10 de julio, pero la Comisión

Especial pospuso dicha comparecencia y lo citó nuevamente, sin obtener

nueva orden judicial. Dicha sentencia fue notificada y copia archivada

en autos el 1 de octubre.

Poco

después,

el

2

de

octubre

el

Presidente

de

la

Comisión,

nuevamente expidió citación a Rivera Cruz requiriéndole comparecer a

vista pública los días 14 al 16 de octubre; citación diligenciada el 8

de octubre.

El 14 de octubre, Rivera Cruz le comunicó las razones por las

cuales no asistiría. Otra vez, el 14 de octubre, la Comisión Especial

resolvió

solicitar

tribunales

para

al

Presidente

citarlo.

Dicha

del

Senado

resolución

fue

comparecer

aprobada

ante

los

el

de

15

octubre.

El 20 de octubre, la representación legal del Senado acudió al

Tribunal de Primera Instancia, para que, en virtud del Artículo 34-A

CC-97-735

- 10 -

del Código Político, se le requiriera comparecer los días 28, 29, 30 y

31 de octubre. El 21 de julio, en atención a dicha solicitud, dicho

foro (Hon. Pedro López Oliver), accedió.

Diligenciada la orden el 23 de octubre, el día 27, Rivera Cruz

pidió se dejara sin efecto y planteó, entre otras cosas: 1) que la

citación era improcedente en derecho; 2) se le estaban violando sus

derechos constitucionales; 3) que la Comisión Especial estaba actuando

en violación a la norma establecida en el dictamen emitido previamente

por

el

foro

profesionales

apelativo;

y

previamente

4)

que,

de

contraídos

cualquier

le

manera,

impedían

compromisos

comparecer

en

las

fechas señaladas. Ese mismo día, el Tribunal denegó su moción. Rivera

Cruz, mediante comunicación escrita informó a la Comisión Especial que

no cumpliría con la orden del Tribunal para comparecer a la vista

pública

a

celebrarse

los

días

28

al

31

de

octubre.

Debido

a

esa

incomparecencia, la Comisión Especial, previa aprobación de resolución,

compareció al Tribunal y solicitó

del Tribunal lo declarara incurso en

desacato civil. El 30 de octubre de 1997, el Tribunal (Hon. Zadette

Bajandas Vélez) ordenó a Rivera Cruz mostrar causa por la cual no debía

acceder por incumplir su orden del 21 de octubre. Fijó la vista de

desacato para el 6 de noviembre.

El 3 de noviembre, Rivera Cruz presentó varias mociones a través

de las cuales solicitó la desestimación del proceso, la transcripción y

entrega de numerosos documentos y la citación de varios testigos antes

de

que

se

celebrara

la

vista

señalada.11

Ese

mismo día, el

Las personas que se solicitó citar son la mismas que fueron citadas

para comparecer a la vista llevada a cabo por el incidente de desacato

anterior entre las mismas partes del caso del epígrafe.

11

Los documentos solicitados por Rivera Cruz fueron los siguientes:

(a)

Copia de todos los documentos que serán utilizados por el Senado

durante la vista a celebrarse el día 6 de noviembre de 1997;

(b)

Copia de las agendas de las vistas a las que fue citado el requerido;

(c)

La transcripción completa, fiel y exacta,

Comisión Especial del día 15 de mayo de 1997;

de

las

vistas

de

la

(d)

La transcripción completa, fiel y exacta,

Comisión Especial del día 29 de mayo de 1997;

de

las

vistas

de

la

CC-97-735

- 11 -

Tribunal se negó a desestimar y citar los testigos por entender “que

con la mayor probabilidad, gran parte de los

hechos relevantes al

incidente que se dilucidará en la vista pautada para el 6 de noviembre

de 1997, debe poder ser objeto de estipulación entre las partes”. En

(e)

La transcripción completa, fiel y exacta, de

Comisión Especial del día 10 de julio de 1997;

las

vistas

de

la

(f)

La transcripción completa, fiel y exacta, de las vistas de

Comisión Especial durante los días 29, 30 y 31 de julio de 1997;

la

(g)

La transcripción completa, fiel y exacta, de las vistas de

Comisión Especial durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 1997;

la

(h)

La transcripción completa, fiel y exacta, de las vistas de la

Comisión Especial durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de

1997;

(i)

La transcripción completa, fiel y exacta, de todas las vistas

ejecutivas celebradas por la Comisión Especial desde el día 15 de

mayo de 1997, hasta el presente, y que estén relacionadas con la

comparecencia del requerido ante la Comisión Especial;

(j)

La transcripción completa, fiel y exacta, de las minutas, o

reuniones, o vistas que dan lugar a la aprobación de la resolución

del 28 de octubre de 1997, para acudir al tribunal a solicitar se

ordene al recurrido a mostrar causa por no haber cumplido la Orden

del 21 de octubre de 1997;

(k)

Copia de todas las convocatorias, citaciones o notificaciones a los

(5) miembros de la Comisión Especial sobre la celebración de la vista

en que se aprobó la Resolución del 28 de octubre de 1997 para acudir

al tribunal para que se ordenara al requerido a cumplir con la Orden

del 21 de octubre de 1997;

(l)

Copia de todas las convocatorias, citaciones o notificaciones a los

cinco (5) miembros de la Comisión Especial sobre la celebración de la

vista a celebrarse los días 29, 30 y 31 de julio de 1997; 14, 15 y 16

de octubre de 1997; y 28, 29, 30 y 31 de octubre de 1997;

(m)

Copia de todas las citaciones expedidas por la Comisión Especial al

licenciado Héctor Rivera Cruz para comparecencia ante la misma;

(n)

Copia de la transcripción de cada una de las vistas a las que debía

comparecer el requerido;

(o)

Copia de la notificación o citación a otros testigos para que

comparecieran a las vistas para las que estaba citado el requerido y

el diligenciamiento correspondiente de dichas notificaciones o

citaciones;

(p)

Copia de la grabación en audio y en cinta videomagnetofónica de todas

las vistas celebradas por la Comisión Especial a las que haya

comparecido el requerido y cualquier otra en que se haya mencionado,

esté relacionado o haya sido éste citado;

(q)

Copia de los documentos presentados ante la Comisión Especial por el

licenciado Héctor Rivera Cruz durante la vista del 22 de mayo de

1997, del 29 al 31 de julio de 1997, del 14 al 16 de octubre de 1997

y del 28 al 31 de octubre de 1997;

(r)

Copia de todas las citaciones de la Comisión Especial a otras

personas, distintas al requerido, que fueran citadas para los días

29, 30 y 31 de julio de 1997, 14, 15 y 16 de octubre de 1997, y 28,

29, 30 y 31 de octubre de 1997, en que se había citado por la

Comisión Especial al recurrido;

(s)

Copia de todos los expedientes en poder de la Comisión Especial o del

investigador relacionados con el recurrido;

(t)

Copia de todas las declaraciones, informes, documentos y evidencia

que se hayan producido como parte de la investigación que realizó la

Comisión Especial de lo Jurídico del Senado cuando el recurrido actuó

como investigador en el período 1981-84;

CC-97-735

- 12 -

cuanto a los documentos solicitados, el Tribunal ordenó la producción

de sólo algunos por entender que “los demás documentos solicitados no

resultan pertinentes al incidente específico del desacato”.12

Inconforme, el 5 de noviembre, otra vez Rivera Cruz acudió al

Tribunal de Circuito, mediante petición de certiorari, acompañada de

una moción urgente en auxilio de jurisdicción. En síntesis, argumentó

como error, la negativa al acceso a información y testigos, a su juicio

(u)

Copia de todas las declaraciones, informes, documentos y evidencia

que se hayan producido ante la Comisión Especial durante la presente

investigación o en las vistas públicas o ejecutivas en las que se

haya mencionado o esté relacionado el recurrido;

(v)

Copia de todas las declaraciones, informes, documentos y evidencia

que se hayan producido durante las investigaciones del Senado durante

los años 1993-1996 en las comisiones correspondientes, en las que se

haya mencionado o esté relacionado el recurrido;

(w)

Copia de cualquier informe o documento preliminar o final, parcial o

completo o en borrador, donde cualquier comisión del Senado de Puerto

Rico, que haya investigado la investigación del Cerro Maravilla desde

enero de 1993 hasta el día de hoy, haya preparado o redactado, por sí

o a través de algún agente, empleado, investigador o asesor o por

cualquier persona en donde se haya evaluado o emitido comentarios,

conclusiones o recomendaciones relacionadas con las actuaciones de la

persona del recurrido;

(x)

Copia de la notificación a otros testigos para que comparecieran a

las vistas para las que estaba citado el requerido.

El Tribunal de Instancia ordenó a la Comisión entregar a Rivera

Cruz en o antes del 5 de noviembre de 1997 los documentos que se

describen a continuación:

12

a) “Copia de los documentos que se utilizarán por los peticionarios

para la vista del 6 de noviembre de 1997.

b) La transcripción completa, fiel y exacta de las vistas de la

Comisión Especial de los días 14, 16, 18, 28, 29, 30 y 31 de octubre

de 1997.

c) Transcripción de las minutas, reuniones y vistas que dieron lugar a

la aprobación de la Resolución del 28 de octubre de 1997 para acudir

al Tribunal a solicitar se ordene al requerido a mostrar causa para

no haber cumplido la orden del 21 de octubre de 1997.

d) Copia de todas las convocatorias, citaciones y notificaciones a los

cinco (5) miembros de la Comisión Especial sobre la celebración de

la vista en que se aprobó la resolución del 28 de octubre de 1997

para acudir al Tribunal para que se ordenara al requerido a cumplir

con la orden de 21 de octubre de 1997.

e) Copia de todas las convocatorias, citaciones y notificaciones a los

cinco (5) miembros de la Comisión Especial sobre la celebración de

las vistas a celebrarse los días 14, 15, 16, 28, 29, 30 y 31 de

octubre de 1997.

f)

Copia de las citaciones expedidas por la Comisión Especial al

licenciado Rivera Cruz para comparecer a las vistas del 14, 15, 16,

28, 29, 30 y 31 de octubre de 1997.”

CC-97-735

- 13 -

indispensables,

para

poder

establecer

sus

defensas

en

la

vista

de

desacato, lo cual implicaba una violación al debido proceso de ley. El

día

siguiente

jurisdicción

el

y,

foro

en

apelativo

declaró

consecuencia,

con

paralizó

lugar

los

el

auxilio

de

procedimientos

en

instancia. Además, concedió al Senado hasta el 17 de noviembre para

presentar su oposición. En vez de comparecer ante dicho foro, el 12 de

noviembre, el Senado nos presentó el certiorari (CC-97-667) acompañado

de un auxilio de jurisdicción. Adujo que el foro intermedio apelativo

abusó de su discreción al paralizar.

El 13 de noviembre declaramos sin lugar el recurso, indicando que

el Senado tenía hasta el 17 de noviembre para presentar su escrito ante

el

Circuito

de

Apelaciones.

Además,

instruimos

a

dicho

foro

a

que

ante

el

resolviera prioritariamente el asunto ante su consideración.13

El

17

de

noviembre,

el

Senado

presentó

su

alegato

Circuito. El 24 de noviembre dicho foro (Hons. Ramos Buonomo, González

Román y Córdova Arone), expidió el auto y dictó sentencia. Modificó la

resolución

de

instancia,

dejando

sin

efecto

la

denegatoria

del

descubrimiento de prueba y la comparecencia de testigos. Devolvió el

caso para que, a la brevedad posible, celebrara una vista en la que

permitiera a las partes expresarse sobre la pertinencia de la prueba

documental y testifical. Al así resolver, concluyó que instancia no

cumplió con su obligación de darle debida consideración a la solicitud

de Rivera Cruz al denegarle el descubrimiento de la prueba documental y

la citación de testigos, sin considerar primero su pertinencia. Indicó

además, que instancia estaba obligado a examinar la naturaleza del

descubrimiento solicitado, tanto en términos de su posible pertinencia

a cualquier defensa legítima que Rivera Cruz pretenda interponer, como,

En la referida resolución, los Jueces Asociados señores Hernández

Denton y Fuster Berlingeri coincidieron en decretar no ha lugar al

recurso. Sin embargo, consignaron que no se justificaba la orden al

foro apelativo para que el asunto fuese atendido con carácter

prioritario, “por no existir una situación de urgencia o de preeminente

interés público”. El Juez Presidente, Sr. Andréu García y la Juez

Asociada, Sra. Naveira de Rodón se inhibieron.

13

CC-97-735

- 14 -

de ser necesario, en términos de posible status privilegiado de lo

solicitado. Dicha sentencia fue notificada y archivada en autos copia

de su notificación el mismo día de su emisión, 24 de noviembre.

El 9 de diciembre, el Senado presentó

este recurso de certiorari

y el 15 lo expedimos. Como único planteamiento señala:

“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

concluir que en el caso de autos el recurrido tiene derecho a

un descubrimiento de prueba tan amplio como lo permitan las

Reglas de Procedimiento Civil”.

Luego de varios trámites interlocutorios, con el beneficio de los

alegatos de las partes, resolvemos.14

II

Por imperativo decisorio y normas de justiciabilidad, abordemos

primeramente el planteamiento de academicidad.

Rivera

Cruz

sostiene

que

el

recurso

es

académico

ya

que

la

Comisión Especial rindió, y el Senado aprobó, un informe final sobre la

investigación

realizada.

Argumenta

que

ello

hizo

inexistente

la

controversia de si debe o no comparecer ante dicha Comisión Especial a

prestar testimonio. No tiene razón.

Sabido es que un caso académico es aquel en que “se trata de

obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no

existe, o una determinación de un derecho antes de que éste haya sido

reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna

razón no podrá tener efectos prácticos...” Asociación de Periodistas v.

14

A solicitud de Rivera Cruz, el 13 de marzo de 1998 le concedimos

prórroga para presentar su alegato hasta el 20 de marzo. No obstante,

el 18 de marzo, presentó moción de desestimación fundamentada en que el

19 de marzo de 1998, el Senado había aprobado como “final” el Informe

de hallazgos y recomendaciones rendido por la Comisión Especial.

Argumentó que resultaba académica cualquier controversia relacionada

con su comparecencia ante dicha Comisión. El 19 de marzo, le ordenamos

presentar su alegato en la fecha señalada y concedimos al Senado quince

(15) días para exponer su posición en cuanto a la desestimación

solicitada. Posteriormente, el 20 de marzo denegamos la desestimación

del Lcdo. Rivera Cruz y, accedimos admitir como su alegato el sometido

ante el Circuito de Apelaciones. El 31 de marzo el Senado cumplió

aduciendo que la controversia no se había tornado académica ya que

tiene

considerables

repercusiones

en

la

función

y

facultad

constitucional de las Ramas Legislativa y Judicial y, plantea una

CC-97-735

- 15 -

González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991). Federal National Mortgage Assn.

v. Corchado Román, res. en 31 de marzo de 1998; E.L.A. v. Aguayo, 80

D.P.R. 552 (1958). Si los cambios fácticos o judiciales hacen ficticia

la solución del caso, convirtiéndola en una opinión consultiva, la

controversia se ha tornado académica. P.P.D. v. Rosselló González, res.

en 22 de diciembre de 1995; El Vocero v. Junta de Planificación, 121

D.P.R. 115 (1988); R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de E.U. y

P.R., Vol. I, págs. 122-126 (1986). Por estas razones, al examinar la

posible

academicidad

de

un

recurso,

hay

que

evaluar

los

eventos

anteriores, concomitantes y futuros, y determinar si su condición de

controversia viva y presente subsiste con el transcurso del tiempo.15

Del

Comisión

debate

para

Especial

la

surge

aprobación

del

inequívocamente

Informe16

la

presentado

intención

por

la

legislativa

de

aprobar dicho informe como uno parcial, no final. Así, la Senadora,

Hon. Lebrón Vda. de Rivera, miembro de dicha Comisión Especial, hizo

constar que la investigación no había concluido debido a que “ante el

Tribunal

hay

unos

cuantos

casos

muy

importantes,

de evidencia

que es necesaria para todavía seguir aclarando los procedimientos...

Esta investigación no termina, compañeros, el Pueblo de Puerto Rico

tiene derecho a saber todo lo que ocurrió allí. ...y Héctor Rivera

Cruz, nuestro compañero abogado, tiene todavía mucho que informar a

esta Comisión, y con todo el respeto que se me merece como compañero de

profesión, tiene que comparecer y yo confío en el sano juicio de los

cuestión recurrente susceptible de repetición, excepción clara a la

doctrina de academicidad.

15

Como excepciones reconocidas a esta doctrina tenemos: 1) si el

caso presenta cuestión recurrente o susceptible de repetirse; 2) cuando

el demandado varía su comportamiento y la situación de hechos, sin

visos de permanencia, para evadir la revisión judicial; y 3) el caso,

aunque académico en apariencia, conlleva consecuencias colaterales.

P.P.D. v. Rosselló González, supra; Asoc. de Periodistas v. González,

supra; R. Serrano Geyls, ob. cit., pág. 122.

16

Por Resolución del 6 de marzo, a los fines de evaluar el

planteamiento de academicidad, requerimos al Senado que remitiese copia

certificada del debate y discusión en el pleno, que precedió la

aprobación del Informe de la Comisión Especial y, de cualquier

resolución aprobada por dicho cuerpo a raíz de la discusión y votación

del Informe aludido.

CC-97-735

- 16 -

tribunales que atienden los planteamientos de este Senado para que les

obligue a comparecer...” Informe Comisión Especial, T. II, pág. 468.

Más adelante, con referencia específica del asunto, su Presidente

Peña Clós aclaró que el informe rendido para aprobación no era final.

Señaló que “[l]a Resolución que se aprobó al inicio de este año y se

aprobó el año pasado establece que esta investigación terminará una

semana después que comparezca el último deponente, pensando en todas

estas cositas que han ido surgiendo, pero el Reglamento nos autoriza a

radicar un informe parcial... Sr. Presidente, esa Resolución –Núm. 18es la que habla de que tendremos una semana después de que comparezca

el último deponente. En vista de que el Supremo, y hay que reconocer

que la presentación del Licenciado Rivera Cruz hace cerca de un año,

entonces han ocurrido distintos factores, el Apelativo, el Tribunal

Supremo le quitó el caso al Tribunal Apelativo y hace tres meses que

está

sentado

allí,

digo

tiene

esa

Resolución”.

Informe

Comisión

Especial, págs. 529-530.

Forzoso

controversia

concluir

que

viva

vigente,

y

el

recurso

la

no

cual,

es

académico.

dependiendo

de

Existe

una

cómo

aquí

resolvamos, conllevará que ante la Comisión Especial comparezca Rivera

Cruz. Además, el recurso plantea una cuestión recurrente que atañe a

las facultades básicas del Senado y su relación con el Poder Judicial.

Estas realidades hacen innecesario ampliar el análisis y aplicar otras

posibles excepciones de la doctrina de academicidad.17

III

Establecida

la

justiciabilidad

del

recurso,

la

controversia

medular planteada se reduce a dictaminar el alcance del descubrimiento

de prueba a que tiene derecho una persona contra la cual se ha iniciado

un procedimiento de desacato civil por ignorar orden del tribunal de

comparecer a declarar ante un organismo de la Asamblea Legislativa.

En su oposición a la desestimación del recurso por académico,

Hon. Charlie Rodríguez, et al., nos sugieren como alternativa la

aplicación de la doctrina de efectos colaterales.

17

CC-97-735

- 17 -

¿Tiene derecho a citar como testigos legisladores y otros funcionarios

legislativos?

¿Qué

documentos

puede

descubrir?

Acometamos

esta

sensitiva tarea.

La

incuestionable

prerrogativa

investigativa

de

la

Asamblea

Legislativa, de entronque constitucional,18 se considera indispensable e

inseparable de su facultad de legislar. En Banco Popular v. Corte, 63

D.P.R. 66 (1944), al reconocer su existencia –citamos con aprobación

McGraw

v.

Daugherty,

273

U.S.

135

señalamos

(1927)-,

que

negarlo,

equivalía al absurdo de exigirle a la Legislatura proporcionar remedios

en la oscuridad.

Posteriormente,

-en

ocasión

de

unos

planteamientos

similares

durante la primera investigación senatorial de los sucesos del Cerro

Maravilla, actuando Rivera Cruz como investigador del Senado-, en Peña

Clós

v.

Cartagena

Ortiz,

114

D.P.R.

576

(1983),

resolvimos

que

al

momento en que se formuló nuestra Constitución las características de

este

poder

se

concebían

como:

1)

extraordinariamente

amplio,

especialmente cuando el objetivo no era un ciudadano particular en su

capacidad privada, sino una agencia o funcionario público, en cuyo caso

los tribunales debían ejercer mayor cautela al intervenir; 2) secuela y

parte

indispensable

del

atributo

de

legislar,

de

génesis

constitucional; 3) no era absoluto, y sus límites correspondía fijarlos

la

Rama

Judicial,

no

el

Ejecutivo;

4)

no

puede

ejercerse

arbitrariamente; debe perseguir un propósito legislativo y no puede

utilizarse para privar a la ciudadanía de sus derechos civiles; y 5)

los tribunales no son, generalmente el foro para ventilar impugnaciones

respecto de los motivos de una investigación. Describimos así “la carga

jurídica aceptada al establecerse el poder legislativo” en el Art. III,

Al redactarse la Constitución, los constituyentes estimaron

innecesario

hacer

referencia

expresa

al

poder

legislativo

de

investigación, ya que dicha facultad derivaba de lo que sería la sec.

17 del Art. III. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico,

Vol. III, (1982), pág. 152, Río Piedras, P.R.

18

CC-97-735

- 18 -

Sec. 1 de nuestra Constitución, hoy, básicamente inalterada. (Págs.

586-587, 590).

Como corolario de ese amplio poder, el Art. 34(A)(2) del Código

Político,19 provee que el tribunal expida citación ordenando al testigo

que

incumplió

una

orden

de

la

Cámara

de

Representantes,

Senado,

o

Comisión o Subcomisión de uno de esos cuerpos, que comparezca ante el

organismo investigativo concernido. Su desobediencia será castigada por

el

Tribunal

como

desacato

civil.

En

esa

vista,

el

testigo

podrá

levantar todas las cuestiones constitucionales, legales y de hecho que

estimare pertinentes. Art. 34(A)(3).20

Al

interpretar

estas

disposiciones,

el

Circuito

de

Apelaciones

concluyó que el procedimiento de desacato allí establecido era uno

civil ordinario al cual hay que garantizar el debido proceso de ley.

Sostuvo

que

“puesto

que

no

existe

un

procedimiento

establecido

en

cuanto al alcance del descubrimiento de prueba [en estos casos], es

necesario recurrir a las Reglas de Procedimiento Civil. Resolvió que

Rivera Cruz “tiene derecho a que se le permita el descubrimiento de

prueba pertinente a las defensas legítimas que él pretende interponer

en relación con la cuestión de desacato que se le imputa, siempre y

19

Dispone:

“Radicada la petición ante la Sala de San Juan del

Tribunal Superior de Puerto Rico, si surgiera de ésta que el

testigo incumplió la orden de la Asamblea Legislativa, o de

la Cámara de Representantes o del Senado, o de la comisión o

subcomisión de uno de los cuerpos, o de la comisión o

subcomisión conjunta, según sea el caso dicho tribunal deberá

expedir una citación requiriendo y ordenando al testigo para

que comparezca y declare o para que produzca la evidencia,

documentos u objetos solicitados o para ambas cosas ante la

Asamblea Legislativa, el Senado, la Cámara de Representantes,

comisión, subcomisión o comité conjunto o ante dicho oficial

investigador, según sea el caso; y cualquier desobediencia a

la orden dictada por el tribunal será castigada por éste como

un desacato civil al mismo.” 2 L.P.R.A. 154(a)(2).

20

Reza:

“Si el testigo incumpliere la orden del tribunal dictada

bajo apercibimiento de desacato civil, al celebrarse la vista

de desacato, el testigo podrá levantar en ella todas las

cuestiones constitucionales, legales y de hecho que estimare

pertinentes.” 2 L.P.R.A. 154(A)(3).

CC-97-735

- 19 -

cuando no sea materia privilegiada. Aunque no formuló criterio sobre el

posible problema constitucional al determinar qué parte de la prueba

solicitada era materia privilegiada, intimó que “el Senado podría estar

obligado constitucionalmente a escoger entre, por un lado, desistir del

procedimiento de desacato y mantener el privilegio o, por otro lado,

continuar el procedimiento de desacato pero renunciando al privilegio

que de otro modo le asistiría.” Incidió.

De entrada, hemos de recordar que la clásica distinción entre el

desacato

civil

y

el

criminal

revela

el

propósito

eminentemente

reparador (no punitivo) del remedio civil. Impone reclusión por término

indefinido, efectivo hasta que el demandado cumpla. Este “tiene la

llave de las puertas de la prisión en virtud del cumplimiento de su

obligación

principal

oportunidad

a

la

resarcimiento

que

y

personal,

y

en

esa

parte

querellante

para

obtener

ella

realmente

interesa.”

forma

Pérez

se

le

da

una

el

remedio

o

el

v.

Espinosa,

75

D.P.R. 777, 782 (1954) seguido en Díaz Aponte v. Comunidad San José,

Inc., res. en 23 de junio de 1992; Vélez Toro v. Látimer, 125 D.P.R.

109

(1990);

Pueblo

v.

Piñero

Vega

Crespo

v.

Gordillo

Gil,

Alvarado,

121

D.P.R.

282

122

D.P.R.

(1988);

246

Pueblo

(1988);

v.

Pérez

Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986).21 Partiendo de esta premisa, hemos

resuelto que en los desacatos civiles no es necesario observar todos

los

requisitos

y

garantías

exigidos

en

procedimientos

de

desacato

criminal.22 Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 829 (1989);

Guzmán Vega v. Piñero, 91 D.P.R. 704 (1965).

21

International Union v. Bagwell, 512 U.S. 821, 829 (1944); Chester

James Antieau, Modern Constitutional Law, second Ed., Vol. 2, West

Group, 1997, pág. 769.

22

En el criminal, distinto al civil, la sentencia es por término

fijo de encarcelación, con o sin multa, a cumplirse independientemente

se cumpla la obligación original. Por ello, su validez depende de que

al inicio se advierta al querellado que ha de seguirse en su contra un

procedimiento de naturaleza criminal, de forma que pueda invocar los

derechos y garantías que dichos procesos reservan. Pérez Pascual v.

Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989); Pueblo v. Vega, Jiménez, 121

D.P.R. 282 (1988); Sterzinger v. Ramírez Ramírez, 116 D.P.R. 762

(1985); Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982); Pueblo v.

CC-97-735

- 20 -

Por no estar establecido ni existir un procedimiento específico

que rija el descubrimiento de prueba en trámites de desacato originados

en solicitudes de los cuerpos legislativos, procede, según intimó el

Circuito de Apelaciones, que sin desvirtuar su carácter extraordinario

y conscientes de la necesidad de la más pronta adjudicación –de lo

contrario

podríamos

paralizar

y

reducir

a

nada

el

poder

de

investigación legislativo- que, supletoriamente acudamos a las Reglas

de Procedimiento Civil. Estas rigen los asuntos de naturaleza civil

judiciales y podemos cualificadamente usarlas, repetimos, siempre que

sean

compatibles

y

no

afecten

la

naturaleza

extraordinaria

y

peculiaridades del trámite de origen legislativo. Sería absurdo que por

una aplicación automática y mecanicista de las Reglas de Procedimiento

Civil, incidentes de desacato legislativos –lo mismo que en materia de

alimentos- arrastraran sus pies y demoraran meses o años.

Con

esta

perspectiva

presente,

notamos

que

la

Regla

23.1(a)23

permite descubrir prueba sobre cualquier materia pertinente al asunto

Escalera, 95 D.P.R. 148 (1967); Guzmán Vega v. Piñero Piñero, 91 D.P.R.

704 (1965); Pérez v. Espinosa, supra.

Al respecto, la jurisprudencia federal, adoptada en nuestra

jurisdicción ha reconocido que en este tipo de procedimiento -por

ejemplo, en el que se tipifica como delito rehusarse a testificar ante

algún foro legislativo- se tienen que garantizar todas las salvaguardas

constitucionales. En Watkins v. United States, 354 U.S. 178, 208

(1957), el Supremo federal indicó que “[e]n cumplimiento de su

obligación..., los tribunales tienen que conceder a los demandados

todos los derechos que otorgan a los demandados en todos los otros

casos criminales.” (Traducción nuestra).

Por otro lado, se distingue entre el desacato sumario y el

ordinario en que en el sumario el juez certifica que vio u oyó la

conducta constitutiva de desacato, en cuyo caso se prescinde del

requisito de vista. Sin embargo, los casos en que una parte desobedece

una orden del tribunal se catalogan ordinarios y requieren que se le dé

al acusado la oportunidad de ser oído. Pérez Pascual v. Vega Rodríguez,

supra; Pueblo v. Ortiz Padilla, 102 D.P.R. 736 (1974); Pueblo v.

Escalera, supra. Esta diferencia se ha establecido en el contexto del

desacato criminal.

23

Dispone:

“(a)

En

general.

Las

partes

podrán

hacer

descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada,

que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito

pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de

cualquier

otra

parte,

incluyendo

la

existencia,

descripción, naturaleza, custodia, condición y localización

CC-97-735

en

- 21 -

controversia

en

el

pleito

pendiente,

siempre

no

que

sea

privilegiada. Medina Morales v. Merck, res. en 7 de abril de 1994;

General Electric v. Concessionaries, Inc., 118 D.P.R. 32 (1986).

Aunque el concepto pertinencia en el ámbito civil es más amplio

que el utilizado con relación a la admisibilidad de prueba,24 -siendo

suficiente

la

posibilidad

razonable

de

relación

con

el

asunto

en

controversia, Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210 (1982)-,

“no

significa

que

el

ámbito

del

descubrimiento

de

prueba

sea

ilimitado.” General Electric v. Concessionaries, Inc., supra, pág. 40.

Además de ser pertinente, la prueba tiene que ser competente,

concepto

evidenciario

que

se

refiere

a la confiabilidad de la

prueba o su exclusión, ya por políticas extrínsecas o algún privilegio.

Fishman, Jones on Evidence, Civil and Criminal, 7ma Ed., N.Y., (1992),

págs. 13 y 14; Allen, Federal Rules of Evidence, Boston, (1989), págs.

34 y 35. Los privilegio pueden surgir de la Constitución, leyes o

reglas.

Emmanuelli

Jiménez,

Prontuario

de

Derecho

Probatorio

de

cualesquiera

libros,

documentos

u

otros

objetos

tangibles y la identidad y dirección de personas que

conozcan hechos pertinentes. No constituirá objeción el que

la información solicitada sea inadmisible en el juicio,

siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha

información

conduzca

al

descubrimiento

de

evidencia

admisible.”

De la Regla 18 de Evidencia se colige que la admisibilidad de la

prueba depende de su pertinencia y competencia al señalar que

“[e]videncia pertinente es aquella tendente a hacer la existencia de un

hecho más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia;

dicho hecho debe a su vez referirse a una cuestión en controversia o a

la credibilidad de algún testigo o declarante.”

24

El concepto pertinencia exige que la evidencia que se pretenda

usar sea material y relevante. Una prueba es material si va dirigida a

establecer un hecho adjudicativo, es decir se refiere a algún elemento

de la reclamación, defensa o credibilidad de testigos o declarante. En

el fondo es una cuestión de derecho sustantivo. Por su parte, la

relevancia pertenece al ámbito de derecho procesal que busca que la

prueba tenga una tendencia a hacer más o menos probable un hecho en

controversia. Clearly, McCormick on Evidence, 3ra. Ed., St. Paul, Minn.

(1984), págs. 541 y ss.

Aunque la tendencia puede ser mínima, la admisibilidad de la

prueba aún depende de su grado de valor probatorio versus el potencial

de causar perjuicio indebido. Regla 19, Evidencia.

CC-97-735

- 22 -

Puertorriqueño, 1ra. Ed., 1994, pág. 199. En el caso que nos ocupa el

privilegio nace de la Constitución y su importancia no se discute.

IV

El Art. III, Sec. 14 de nuestra Constitución establece

miembro

“todo

que

de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria

por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus

comisiones”.

De

este

modo

se

elevó

a

linaje

constitucional

un

privilegio que estaba enraizado en la Sec. 12 del Código Político que

disponía que “[n]o se interrogará ni pedirán explicaciones a ningún

miembro

de

la

Asamblea

Legislativa

en

otro

lugar

ni

podrá

ser

perseguido civil o criminalmente por las palabras vertidas durante el

debate en una u otra cámara.” 2 L.P.R.A. sec. 12. A este privilegio le

hemos

reconocido

la

amplitud

adjudicada

por

la

jurisprudencia

norteamericana.25 Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368

(1984);

In

inmunidad

re

a

Rodríguez

los

Torres,

miembros

de

106

D.P.R.

la

Asamblea

(1978).

Confiere

Legislativa

contra

698

responsabilidad civil o criminal respecto a sus acciones en la esfera

de

los

contra

procesos

legislativos

interferencias

procesos,

aunque

no

del

legítimos.

ejecutivo

elimina

la

o

Constituye

el

facultad

poder

barrera

judicial

revisora

de

absoluta

en

dichos

los

foros

judiciales, sino que evita las distracciones que conlleva tener que

acudir

a

los

tribunales

a

defender

los

actos

legislativos.26

Es

Miles-Unlimited, Inc. v. Town of New Shoreham, 917 F. Supp. 91

(1996); National Ass’n of Social Workers v. Harwood, 69 F. 3d 622

(1995); United States v. Rose, 28 F. 3d 181 (1994); Government of

Virgin Islands v. Lee, 775 F. 2d. 514 (1985); McSurely v. McClellan,

753 F. 2d. 88, cert. denied 474 U.S. 1005 (1985); U.S. v. Helstoski,

635 F. 2d. 200 (1980); Hutchinson v. Proximine, 443 U.S. 111 (1979);

U.S. v. Helstoski, 442 U.S. 477 (1979); Blake v. Delaware City, 441 F.

Supp. 1189 (1977); Eastland v. United States Servicemen’s Fund., 421

U.S. 491 (1975); Doe v. McMillan, 412 U.S. 306 (1975); Gravel v. United

States, 408 U.S. 606 (1972); United States v. Brewster, 408 U.S. 501

(1972); Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969); Dombrowski v.

Eastland, 387 U.S. 82 (1967); United States v. Johnson, 383 U.S. 169

(1966); Tenney v. Brandhove, supra; Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168

(1881).

25

Miles-Unlimited, Inc. v. Town of New, supra; Romero Barceló v.

Hernández Agosto, 75 F. 3d 23 (1996); Barceló v. Agosto, 876 F. Supp.

1332 (1995); Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Williams, 62 F. 3d 408

26

CC-97-735

- 23 -

“precioso

baluarte

legislativo

y

de

la

los

significativamente

integridad

tribunales

su

ámbito

y

e

independencia

se

han

resistido

mucho

menos

a

del

proceso

a

achicar

invadirlo.”

In

re

Rodríguez Torres, supra, pág. 708; Gross v. Winter, 692 F. Supp. 1420

(1988). Para que pueda lograr sus propósitos, tiene que considerarse

amplio e interpretarse liberalmente, de lo contrario los legisladores

se

inhibirían

y

distraerían

en

el

desempeño

de

sus

deberes

constitucionales. U.S. v. Eilbag, 465 F. Supp. 1080 (1979); U.S. v.

Meyers, 432 F. Supp. 456 (1977); McSurely v. McClellan, 553 F. 2d. 1277

(1976); U.S. ex rel. Holanda v. Clay, 420 F. Supp. 853 (1976); Keefe v.

Roberts, 355 A. 2d.

824

(1976); Doe v. McMillan, 412 U.S. 306 (1973);

United States v. Johnson, 337 F. 2d. 180, affirm 383 U.S. 169 (1966).

Entre las actividades protegidas encontramos: votaciones, informes de

los comités y el comportamiento en las audiencias de los comités. Doe

v. McMillan, supra; Gravel v. United States, 408 U.S. 606 (1972).

En Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra, -caso también nacido

al fragor de la primera investigación senatorial de los sucesos del

Cerro

Maravilla-

señalamos

que

el

propósito

básico

del

extenso

privilegio de inmunidad legislativa es garantizar la independencia de

la Rama Legislativa y fortalecer la separación de poderes. Su ámbito

incluye

toda

actividad

legislativa

legítima

como

formular

leyes,

investigar27 y fiscalizar, debatir asuntos de interés público e informar

(1995); National Ass’n of Social Workers v. Harwood, supra; Pittston

Coal Group v. International Union, 894 F. Supp. 275 (1995); U.S. v.

Rustenkowski, 59 F. 3d 1291 (1995); Maddox v. Williams, 855 F. Supp.

406 (1994); Torres v. CBS News, 854 F. Supp. 245 (1994); U.S. v.

McDade, 28 F. 3d 283 (1994); Brown v. Griesenaver, 970 F. 2d 431

(1992); U.S. v. Swindall, 971 F. 2d 1531 (1992); Virginians Against a

Corrupt Congress v. Moran, 805 F. Supp. 75 (1992); Williams v. Brook,

945 F. 2d 1322 (1991); Gross v. Winter, supra; Minpeco, S.A. v.

Conticommodity Servs., 844 F. 2d 856 (1988); Chastain v. Sandquist, 833

F. 2d 311 (1987); Chapman v. Space Qualified Sys. Comp., 647 F. Supp.

551 (1986); Lasa v. Colberg, 622 F. Supp. 557 (1985); Acosta v. Agosto,

590 F. Supp. 144 (1984); Miller v. Transamerican Press, Inc., 709 F. 2d

524 (1983); U.S. v. Meyers, 635 F. 2d 932, cert. denied 449 U.S. 956

(1980); Eastland v. U.S.S.F., supra; Gravel v. U.S., supra; Tenney v.

Brandhove, supra.

27

Las actuaciones de los legisladores y sus ayudantes en el curso

de una investigación legislativa legítima están igualmente protegidos

por la inmunidad. “[E]l poder de investigar cae claramente dentro de la

CC-97-735

- 24 -

sobre la gestión de la cosa pública. Expresamos que “[l]os motivos que

inspiren una actividad legislativa legítima no son objeto apropiado de

escrutinio judicial. La doctrina de la inmunidad parlamentaria pierde

su valor si es que un legislador o un organismo legislativo tiene que

someterse al rigor de los procedimientos judiciales por el ejercicio

vigoroso de sus prerrogativas”. Pág. 380. Su protección trasciende el

ámbito de la responsabilidad e incide en el aspecto evidenciario y

testifical

de

los

procesos.

“La

razón

para

conceder[..]

inmunidad

testimonial [...] es tan apremiante como lo es la razón para conceder

inmunidad contra responsabilidad civil. Para lograr las intenciones de

la doctrina de inmunidad legislativa a los legisladores que actúan

dentro de la esfera de la actividad legislativa legítima no se les debe

requerir

que

actividades

sean

parte

de

legislativas,

una

ni

acción

tampoco

civil

se

relacionada

les

debe

con

las

requerir

que

testifiquen en torno a esas actividades. [...] (‘[e]l propósito de la

doctrina es evitar que los legisladores tengan que testificar sobre

asuntos de conducta legislativa, estén o no estén testificando para

defenderse a sí mismos’).” Miles –Un-Ltd., Inc. v. Town New Shorehan,

R.I.,

97

F.

Supp.

91,

98

(1996).

(Traducción

nuestras

y

citas

omitidas).

Si bien la inmunidad legislativa ha sido interpretada liberal y

ampliamente,

no

constituye

un

privilegio

absoluto.

Aún

así,

sus

limitaciones son mínimas y extraordinarias, centradas principalmente en

determinar

lo

que

“Solamente

están

es

o

protegidas

no

una

actividad

actuaciones

legislativa

realizadas

en

el

protegida.

curso

del

proceso de formular legislación, es decir, aquellas que son claramente

parte del proceso legislativo.” R. Serrano Geyls, ob. cit., pág. 638.28

definición del tipo de actividades que son parte integral de las

deliberaciones del Congreso relacionadas con la formulación de

legislación”. R. Serrano Geyls, ob. cit., pág. 641; Eastland v. United

States Servicemen’s Fund., supra.

28

Kilbourn v. Thompson, supra; Tenney v. Brandhove, supra;

Dombrowski v. Eastland, supra; Eastland v. U.S.S.F., supra, Gravel v.

U.S., supra; Doe v. McMillan, supra; United States v. Brewster, supra.

CC-97-735

- 25 -

Como todo privilegio, la inmunidad parlamentaria constituye un escollo

en la búsqueda de la verdad, por lo que no debe extenderse más de lo

necesario para preservar la integridad del proceso legislativo. Brown &

Williamson v. Williams, 62 F. 3d. 408 (1995); U.S. v. Rostenkowski, 59

F. 3d. 1291 (1995); U.S. v. Biaggi, 853 F. 2d 89 (1988); Miller v.

Transamerican Press. Inc., 709 F. 2d. 524 (1983); U.S. v. Mandel, 415 F.

Supp. 1025 (1976); U.S. v. Brewster, 408 U.S. 501 (1972).

Respecto a los ayudantes, incluso oficiales investigadores29 de los

legisladores y comisiones, la cláusula de inmunidad también les cobija

siempre que su conducta se considere actividad legislativa protegida de

realizarla el propio legislador. La necesidad de delegar funciones, –

por

la

complejidad

del

proceso

legislativo-,

justifica

incuestionablemente tal extensión. “[C]on el propósito de interpretar

el privilegio, un miembro y su ayudante serán tratado como uno....”

Gravel v. U.S., supra, 616. Benford v. American Broadcasting Comp., 502

F.

Supp.

1148

(1980);

Peroff

v.

Manvel,

421

F.

Supp.

570

(1976);

Steiger v. Superior Court, 536 P. 2d. 689 (1975); Eastland v. U.S.S.F.,

421 U.S. 491 (1975). El privilegio que puede reclamar el ayudante es el

del legislador, invocable

suyo.

“[S]e

limita

a

sólo por éste o por el ayudante a nombre

aquellas

tareas

que

constituirían

conducta

legislativa inmune si fueran realizadas por el propio legislador. No

incluye, por otra parte, una serie de servicios que normalmente prestan

los ayudantes. Tampoco protege aquella conducta criminal que amenace la

seguridad o la propiedad de otros, aunque esté relacionada con un acto

legislativo, bien que se lleve a cabo bajo la dirección del legislador,

o que se realice sin su conocimiento y dirección.” R. Serrano Geyls,

ob. cit., pág. 640-641.

29

El Primer Circuito de Boston en Romero Barceló v. Hernández

Agosto, 75 F. 3d. 23 (1996), reafirmando la extensión del privilegio a

los oficiales investigadores, concluyó que el Lcdo. Pérez Viera,

entonces Oficial Investigador del Senado, estaba protegido por la

inmunidad legislativa al igual que los miembros de la Comisión.

CC-97-735

- 26 -

Ahora bien, por excepción, existen circunstancias extraordinarias

en que un legislador puede ser compelido a declarar sobre sus funciones

legislativas.

Aún

en

ellas,

el

privilegio

legislativo

les

cobija,

excluyendo sus testimonios. Village of Arlinton v. Metro Housing, 429

U.S. 252 (1977).30

En

aras

de

proteger

el

valor

constitucional

del

privilegio

legislativo, igual criterio prevalece en nuestra jurisdicción. Darle

mayor

laxitud

contra

el

al

poder

constitucionales,

razones,

los

ámbito

de

circunstancias

legislativo

permitiendo

tribunales

y

debilitarían

obstrucciones

federales

extraordinaria,

tampoco

sus

prerrogativas

innecesarias.

favorecen

atentaría

Por

estas

permitir

el

descubrimiento, específicamente prueba documental, en procedimientos de

citaciones so pena de desacato. En FTC v. Carter, 636 F. 2d. 781, 789

(1980), el Tribunal de Circuito de Apelaciones para el Distrito de

Columbia sostuvo que “[e]xcepto en circunstancias extraordinarias...,

el descubrimiento es impropio en un procedimiento para ejecutar un

subpoena sumario”. (Traducción nuestra).

Se

entiende

pues,

que

la

disposición

del

Código

Político

que

brinda al testigo que incumpla orden del Tribunal so pena de desacato,

el derecho a levantar todas las cuestiones constitucionales legales y

fácticas pertinentes en la vista de desacato, no abre el proceso a un

descubrimiento de prueba ordinario, como tampoco anula ni deja sin

efecto

la

normativa

sobre

privilegios

legislativos

expuesta.

Consideraciones de peso constitucionales, jurídicas, de hermenéutica y

lógicas, impiden imputarle al legislador la intención de renunciar a su

inmunidad legislativa al redactar el citado precepto. Primero, no surge

expresamente tal renuncia. Pittston Coal. Inc. v. Intern. Union, 894 F.

Ejemplos de circunstancias extraordinarias son: actos de

traición, amenaza contra el sistema político, delitos, etc. Corporación

Insular de Seguros v. García, 709 F. Supp. 288 (1989); In re Grand

Jury, 821 F. 2d 946 (1987); Hartley v. Fine, 595 F. Supp. 83 (1984);

United States v. Gillock, 445 U.S. 360 (1980); Lake Country Estates v.

Tahoe Planning Agency, 440 U.S. 391 (1979); United States v. Johnson,

supra; Kilbourn v. Thompson, supra.

30

CC-97-735

- 27 -

Supp. 275 (1995); U.S. v. Richmond, 550 F. Supp. 605 (1982); U.S. v.

Helstoski, 442 U.S. 477 (1979); Eslinger v. Thomas, 476 F. 2d. 225

(1972). Segundo, su propósito fue facilitar y ampliar el ejercicio de

las

prerrogativas

constitucionales

de

la

legislatura

en

su

función

investigativa, facultándola a compeler a los testigos a través del

Tribunal.

V.

XXXIX,

Diario

de

Sesiones,

Núm.

41,

págs.

2904-2909;

2921-2941. No fue, enfatizamos, renunciar al privilegio de inmunidad y

dar el derecho a citar legisladores y descubrir materia cubierta por

tal inmunidad. El descubrimiento de prueba al cual todo promovido tiene

derecho, ha de estar limitado y condicionado por dicha normativa.31

31

Por otro lado, de los Reglamentos del Senado y la Comisión Especial,

se puede colegir con mayor precisión el ámbito del descubrimiento de prueba en

posesión de las comisiones y quién o quiénes tienen derecho a descubrirla.

El Reglamento del Senado para Regir Investigaciones Conducidas por las

Comisiones Permanentes o Especiales, Sec. 14.4 visualiza para que los miembros

de mayoría y minoría de las Comisiones, a través del Presidente, citen

testigos y requieran documentos. Además, exige dar a todos los miembros copia

de cualquier documento, objeto o elemento de prueba a utilizarse en la

deposición de cualquier testigo, con tres días de antelación a la vista

ejecutiva, de estar disponible. Su Sec. 14.5 concede a los deponentes, entre

otros derechos, formular peticiones pertinentes a su testimonio ante la

Comisión y que se atiendan en un periodo de 48 horas. El presidente de la

Comisión adjudica su pertinencia. La 14.7 establece que los miembros de la

minoría tienen derecho a obtener, para su Oficial Investigador, toda la

evidencia recopilada a lo largo del proceso legislativo. Su sección 14.8

impone a la Comisión velar porque los hallazgos de la investigación se

mantengan en total confidencialidad hasta que la Comisión autorice su

divulgación.

Por su parte, el Reglamento Para Regir la Investigación Senatorial Sobre

Posibles Irregularidades o Actuaciones Ilegales o Impropias en el Manejo de la

Pesquisa Senatorial Sobre Los Sucesos del Cerro Maravilla, garantiza al

Oficial Investigador de minoría: acceso continuo durante todas las etapas de

la investigación a toda la evidencia e información externa obtenida;

notificación oportuna de todos los pormenores y procedimientos investigativos,

incluyendo nombre de testigos, fecha de citación y resultado de las

citaciones; opción a estar presente en la toma de declaraciones juradas y

entrevistas realizadas por el Oficial Investigador de mayoría. No obstante,

advierte que si cualquier Oficial Investigador divulga a terceros dentro y

fuera del senado, información obtenida en la investigación preliminar sin

autorización de la Comisión o su Presidente podrá ser amonestado y hasta

separado del cargo. En cuanto a los testigos citados a declarar o suministrar

documentos, les da derecho a estar acompañados por dos personas que acrediten

haber cumplido con los fines de la investigación. Estos tienen que juramentar

confidencialidad ante el Oficial Investigador de Mayoría y no podrán dirigirse

a ningún Oficial Investigador antes o durante el interrogatorio ni tomar notas

ni perpetuar de ninguna forma lo acontecido en el interrogatorio.

La Regla 2, dispositiva de los derechos y obligaciones de los testigos

exige se les entregue copia del Reglamento junto con la citación. Le prohibe

grabar la declaración. Impide al Presidente, miembros de la Comisión y Senado,

acceso a ningún testimonio y evidencia de ningún tipo antes de ser presentada

a la Comisión en pleno por el Oficial Investigador de Mayoría en audiencia

pública o ejecutiva. La Regla 5 dispone que sólo el Presidente de la Comisión

o el Oficial Investigador de la mayoría, autorizado por el Presidente, pueden

publicar el nombre de cualquier testigo citado.

La Regla 7, reguladora de los procedimientos de las vistas y la

transcripción de testimonios, establece en su inciso B, que si la Comisión

Especial hace público cualquier testimonio bajo juramento en Sesión Ejecutiva,

CC-97-735

- 28 V

A

la

luz

de

estos

principios

rectores

y

las

disposiciones

reglamentarias del Senado y Comisión Especial aplicables, evaluemos las

objeciones del Senado basadas en el privilegio constitucional aludido

ante los reclamos de Rivera Cruz.

A modo de introito, es totalmente inmeritoria la impugnación de

Rivera Cruz sobre la validez y legitimidad de la gestión investigativa

de

la

Comisión

deponer

basado

Precisamente

personas

Especial.

Tampoco

puede

liberarse

en

se

está

persiguiendo

ese

que

mismo

cuando

él

le

argumento

era

fue

Investigador

traído

del

sin

Senado

de

comparecer

a

políticamente.

éxito

por

varias

durante

la

primera

pesquisa senatorial. Su condición de ex-investigador del Senado y exSecretario de Justicia no le da mayores derechos ciudadanos ni crea

inmunidades especiales.

En

cuanto

a

la

citación

de

los

testigos,

el

privilegio

de

inmunidad legislativa, de origen constitucional, derrota su pretensión.

El privilegio pertenece a los miembros de la Asamblea Legislativa. No

puede ser reclamado ni renunciado por parte privada. No podemos obligar

al

Presidente

Comisión

del

Especial,

Senado,

Peña

Lcdo.

Clós,

a

Rodríguez,

declarar

ni

en

al

la

Presidente

vista

de

de

la

desacato.

Tampoco los oficiales investigadores de la Comisión, Lcdos. Corona y

Abréu, ni los ex−investigadores de la actual Comisión del Senado, Lcdo.

César

E.

Mercado

Santaella

y

Lcda.

Nilka

Marrero.

Ninguno

-por

su

condición de ayudantes o ex-ayudantes legislativos de la Comisión y

tiene que notificarlo al testigo por correo o personalmente con copia de su

declaración. Además, un testigo examinado bajo juramento en Audiencia Pública

o que parte de su testimonio ofrecido en Sesión Ejecutiva se hizo parte del

récord de una Audiencia Pública, tiene derecho a copia de la transcripción de

su testimonio. Prohibe, hacer público testimonios ofrecidos en Sesión

ejecutiva que la Comisión Especial determine imputan conducta difamatoria,

denigrante o incriminatoria, a menos que la persona mencionada sea informada

del testimonio y se le dé oportunidad de testificar bajo juramento.

La Regla 8 expresa claramente que la evidencia obtenida en audiencia

ejecutiva será secreta y sólo se hará pública cuando la Comisión lo determine

y cumpliendo con la Regla 7. Añade, que toda evidencia obtenida en audiencia

ejecutiva debe publicarse finalmente, antes o con el informe preliminar y/o

informe final, excepto que su confidencialidad esté dispuesta por ley o porque

la Comisión Especial determine que no debe publicarse por razones de interés

público. Igual carácter de secretividad tienen las discusiones y acuerdos de

CC-97-735

- 29 -

sobre los cuales el Senado ha reclamado el privilegio legislativoestán obligados a comparecer como testigos a dicha vista. Rivera Cruz

no

ha

argumentado,

mencionado

ni

demostrado

circunstancias

extraordinarias excepcionales que nos muevan siquiera a considerar tal

posibilidad.

Es meritorio aclarar que Rivera Cruz no puede invocar la inmunidad

legislativa

que

posee

como

ex-investigador

del

Senado

y

negarse

a

testificar ante la Comisión, por no ser oponible el privilegio a la

Rama Legislativa.

Como

hemos

esencialmente

señalado,

para

el

proteger

privilegio

a

la

legislativo

Legislatura

fue

de

concebido

interferencias

indebidas de parte de las otras ramas de gobierno, y así fortalecer la

separación de poderes. Consecuentemente, esa inmunidad se da frente a

las

demás

ramas,

circunstancias

interés

en

no

ante

las

que

constitucional

el

se

propio

cuerpo

legislativo.

encuentra

Rivera

Cruz,

tutelado:

la

separación

de

no

En

las

existe

el

poderes.

Romero

Barceló v. Hernández Agosto, supra; United States v. Gillock, 445 U.S.

360, 369 (1980); United States v. Heltoski, supra; Davis v. Passman,

442

U.S.

228,

246

(1979);

In

re

Rodríguez

Torres,

supra;

U.S.

v.

Brewster, supra; U.S. v. Johnson, supra.

Con relación a los documentos, Rivera Cruz sólo tiene derecho a

aquellos pertinentes a la vista de desacato, que sean de naturaleza

pública o autorice expresamente el Reglamento de la Comisión Especial.

No puede descubrir los que hasta ahora son confidenciales (no públicos)

y forman parte del proceso investigativo legítimo. Por su intrínseca

relación con las expresiones orales legislativas, no se discute que

éstos son igualmente privilegiados. National Ass’n. v. Harwood, 60 F.

3d. 622 (1995); Minpeco v. Conticommodity, 844 F 2d. 856 (1988); Walker

v. Jones, 733 F. 2d. 923 (1984); Miller v. Transamerican Press. Inc.,

supra; Rusack v. Harsha, 470 F. Supp. 285 (1978); United States v.

las audiencias ejecutivas, salvo que el Presidente

miembros de la Comisión estimen lo contrario.

o

la

Mayoría

de

los

CC-97-735

- 30 -

Graig, 528 F. 2d 773 (1976); United States v. Mandel, supra; United

States v. Brewster, supra; McGovern v. Martz, 182 F. Supp. 343 (1960).

En

la

dimensión

evidenciaria,

descubrir

comunicaciones,

públicos,

que

puedan

la

inmunidad

deliberaciones,

resultar

en

una

parlamentaria

récords

o

impide

documentos

interferencia

del

no

proceso

legislativo legítimo.

En vista de ello, concluimos que erró el Tribunal de Circuito y

actuó

correctamente

Instancia

al

denegar

los

siguientes

documentos:

copia de las agendas de las vistas a las que fue citado Rivera Cruz;

transcripción de las vistas ejecutivas de la Comisión, relacionadas con

su comparecencia; copias de la notificación o citación a otros testigos

para que comparecieran a las vistas a las que estaba citado Rivera Cruz

y sus respectivos diligenciamientos; copias de los expedientes en poder

de la Comisión o del investigador, relacionados con Rivera Cruz; copias

de las declaraciones, informes, documentos y evidencia no públicos,

producto de la investigación realizada por la Comisión Especial de lo

Jurídico del Senado en 1981 al 1984, cuando Rivera Cruz actuó como

investigador;

así

documentos

evidencia

y

como

copias

de

producto

de

las

las

declaraciones,

investigaciones

informes,

del

Senado

durante los años 1993-1996, y la presente investigación o de las vistas

públicas o ejecutivas en las que se haya mencionado o esté relacionado

Rivera

Cruz;

copias

de

cualquier

informe

o

documento

preliminar

o

final, parcial o completo o en borrador, donde cualquier comisión del

Senado, que haya investigado la investigación del Cerro Maravilla desde

enero de 1993 hasta el día de hoy, preparado o redactado, por sí o a

través de algún agente, empleado, investigador o asesor o por cualquier

persona en donde se haya evaluado o emitido comentarios, conclusiones o

recomendaciones relacionadas con las actuaciones de Rivera Cruz.

Ambos foros incidieron al ordenar a la Comisión Especial entregar

la transcripción de las minutas, reuniones y vistas que dieron lugar a

la Resolución del 28 de octubre de 1997 para solicitar al Tribunal

CC-97-735

- 31 -

ordenara a Rivera Cruz mostrar causa por incumplir la orden del 21 de

octubre de 1997.

Procede, como correctamente dictaminó Instancia, además de todos

los documentos de naturaleza pública, la entrega a Rivera Cruz de las

copias de los documentos que utilizaría la Comisión Especial en la

vista del 6 de noviembre de 1997; la transcripción de las vistas de

dicha Comisión los días 14, 16, 18, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 1997;

y copias de las citaciones a Rivera Cruz para comparecer los días 14,

15, 16, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 1997.

Rivera Cruz ha esgrimido como defensa que se violó el derecho de

la

minoría

a

estar

representada

en

la

Comisión

Especial

al

no

proveerles adecuada notificación y acceso a documentos. A la luz de lo

resuelto en Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986),32 no tiene

derecho a descubrir los documentos utilizados por la Comisión Especial,

por carecer de legitimidad activa para exigirlos. Sin embargo, no está

totalmente huérfano de remedio. En Hernández Agosto v. Betancourt, 118

D.P.R. 79, 85 (1986), resolvimos que un testigo que se ha negado a

comparecer

a

la

Legislatura,

puede

“levantar

como

defensa

que

la

Comisión investigadora no estaba válidamente organizada .... requisito

de

naturaleza

demostrar

que

jurisdiccional

dicha

Comisión

y

corresponde

estaba,

al

dentro

cuerpo

de

legislativo

nuestro

esquema

constitucional, debidamente constituída para hacer la investigación”.

Por ende, es acreedor a la entrega de las citaciones y notificaciones a

los miembros de la minoría de la Comisión Especial sobre las vistas a

celebrarse los días 29, 30 y 31 de julio; 14, 15, 16, 28, 29, 30 y 31

32

En Silva, los demandantes fueron los Senadores Rolando A. Silva,

Calixto Calero Juarbe y la Sra. Mercedes Torres Vda. de Pérez, en

calidad de miembros de la Comisión de lo Jurídico del Senado, en

representación de la minoría P.N.P., quienes impugnaron la validez de

la Regla 7.1 del Reglamento de la Comisión investigativa, que permitía

excluir a los miembros de la minoría de las vistas ejecutivas, y por

ende, el acceso de los documentos y testimonios allí vertidos.

Resolvimos que para invocar la facultad constitucional de citar so pena

de desacato y procesar por desacato y perjurio, era necesario que las

minorías tuvieran oportunidad de estar representadas. No obstante, allí

aclaramos que si voluntariamente se abstenían de participar, ello no

CC-97-735

de

- 32 -

octubre

de

1997,

así

Resolución

del

28

octubre

de

como

las

de

vistas

1997

que

para

dieron

lugar

solicitar

al

a

la

Tribunal

ordenara a Rivera Cruz mostrar causa por incumplir la orden del 21 de

octubre.

No procede, como pretende Rivera Cruz, descubrir otros documentos

utilizados por la Comisión en dichas vistas, pues su reclamo y entrega

a los miembros de la actual minoría es prerrogativa que les pertenece

como legisladores. Rivera Cruz, repetimos, carece de la investidura de

legitimación activa para exigir a nombre de ellos dicha entrega.

VI

Finalmente,

nuestra

Constitución,

al

igual

que

la

federal,

contiene dos vertientes del debido proceso de ley: la procesal y la

sustantiva.

La

sustantiva

protege

y

salvaguarda

derechos

los

fundamentales de la persona, mientras la procesal exige procedimientos

justos

y

equitativos

al

momento

de

interferir

con

la

libertad

y

propiedad del individuo. Art. II, Secc. 7. Bajo el análisis del debido

proceso

de

ley

sustantivo,

al

aprobar

leyes

o

al

realizar

alguna

actuación, el Estado no puede afectar de manera irracional, arbitraria

o

caprichosa,

dignidad

e

los

intereses

integridad

incuestionable

de

libertad

humana,

envergadura

en

la

y

propiedad,

así

como

la

preciado

derecho

fundamental

de

vida

todo

humano

una

de

ser

en

sociedad democrática. “Nuestra Constitución es la guardadora de estos

valores

y

por

ende

es

a

sus

disposiciones

a

las

que

tenemos

que

dirigirnos erigiéndolas como los guardianes máximos de estos valores

éticos-morales,

que

resultan

ser

consustanciales

con

la

naturaleza

humana e indispensables para la convivencia en una sociedad democrática.”

Serrano Geyls, ob. cit., Vol. II, pág. 1058 (1988). UIEAEP v. AEP, es. en

13 de agosto de 1998; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., res. en 4 de junio de

1991; Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

impedía a la Comisión reunirse válidamente. Silva v. Hernández Agosto,

supra, pág. 74.

CC-97-735

- 33 -

El debido proceso de ley y, claro está, el respeto hacia la dignidad

humana, como valores fundamentales han sido reconocidos y configurados por

el propio alto cuerpo legislativo en sus Reglas para Regir Investigaciones

Conducidas por las Comisiones Permanentes o Especiales del Senado de Puerto

Rico. Exigen “ejercer [el] poder de investigación con prudencia y justicia,

cuidando que se protejan los derechos de las personas e instituciones

afectadas por una pesquisa, lo mismo que los intereses de los sectores

representados en el órgano legislativo que la lleva a cabo.” Su Sec. 14.8

establece que los oficiales investigadores deben respetar la dignidad y

reputación

de

los

individuos e instituciones con las que intervengan.

Iguales directrices sigue el Reglamento de la Comisión Especial, cuya Regla

2(B) específicamente dispone que “[l]os Oficiales Investigadores velarán

que

se

respete

la

dignidad

y

reputación

de

los

testigos

durante

el

interrogatorio.”

Al respecto, al adjudicar esta compleja controversia hemos constatado

la animosidad existente recíproca entre el Presidente de la Comisión, Peña

Clós, el Oficial Investigador Corona y el propio Rivera Cruz. De un modo u

otro, los agrios incidentes, epítetos y acusaciones mutuas han contribuido

a crear un ambiente de densa hostilidad, que ha dificultado la observancia

del debido proceso de ley, situación ajena a la seriedad y respeto que

siempre deben prevalecer en los procesos legislativos.

No es objeto de debate, que en cualquier escenario, la dignidad de

todo ser humano es inviolable: muchas veces la agresión verbal hiere más

que la física. Aunque toda restricción o auto-control del poder resulta

mortificante, es imperativo que los protagonistas del caso de autos superen

estilos

poco

edificantes

y,

en

buena

civilidad,

contribuyan

con

comportamientos positivos a que nuestras instituciones democráticas sean

dignos ejemplos de madurez y tolerancia. “Las diferencias y los conflictos

no perturban la solidaridad de los seres humanos en el bien común sino que,

por el contrario, la fortalece y afianza.” Informe Carta de Derechos,

Asamblea Constituyente, Diario de Sesiones, Vol. 4, (Ed. Equity), 1961,

pág. 2563.

CC-97-735

Se

- 34 -

dictará

Instancia,

que

sentencia

a

la

modificatoria,

brevedad

posible,

ordenándose

resuelva

al

Tribunal

específicamente

si

de

en

efecto, la Comisión Especial estaba debidamente constituída por haberse

citado a todos sus miembros, incluso los de las minorías, y además, si a la

luz del debido proceso de ley, estuvo justificada la incomparecencia del

Lcdo. Rivera Cruz a las vistas pautadas para los días 28 al 31 de octubre

de 1997. Dictaminados ambos extremos de este mandato, deberá adjudicar el

incidente de desacato.33

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

33

En nada menoscaba la facultad del Senado de volver a citar a Rivera

Cruz, con independencia del trámite y resultado final sobre este incidente

de desacato.

CC-97-735

- 35 -

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Charlie Rodríguez,

Presidente, Senado de Puerto

Rico; Hon. Sergio Peña Clós

como Presidente de la

Comisión Especial sobre el

Cerro Maravilla del Senado

de Puerto Rico y la Comisión

Especial

CC-97-735

Certiorari

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta Sentencia modificando la del Tribunal

de Circuito de Apelaciones y ordena al Tribunal de Primera

Instancia

que

a

la

brevedad

posible,

resuelva

específicamente si en efecto, la Comisión Especial estaba

debidamente constituída por haberse citado a todos sus

miembros, incluso los de las minorías, y además, si a la

luz del debido proceso de ley, estuvo justificada la

incomparecencia del Lcdo. Rivera Cruz a las vistas

pautadas para los días 28 al 31 de octubre de 1997.

Dictaminados ambos extremos de este mandato, deberá

adjudicar el incidente de desacato.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Hernández Denton emitió Opinió Concurrente y Disidente. El

Juez Presidente señor Andréu García y la Juez Asociada

señora Naveira de Rodón se inhibieron. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-97-735

- 36 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Charlie Rodríguez,

Presidente, Senado de Puerto

Rico; Hon. Sergio Peña Clós

como Presidente de la

Comisión Especial sobre el

Cerro Maravilla del Senado

de Puerto Rico y la Comisión

Especial

CC-97-735

Certiorari

Peticionarios

Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez Asociado señor

Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1999.

El Senado de Puerto Rico recurre ante nos para

revisar una sentencia del Tribunal de Circuito de

Apelaciones

que

dictaminó

que

el

Lcdo.

Héctor

Rivera Cruz tiene derecho al descubrimiento de toda

aquella

prueba

pertinente

y

no

privilegiada,

relativa a aquellas defensas legítimas, en la vista

a celebrarse para determinar si se le debe encontrar

incurso en desacato, al amparo del Artículo 34-A del

Código Político. 2 L.P.R.A. sec. 151a.

La

Opinión

de

este

Tribunal

modifica

la

sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y,

desde este estrado apelativo, dispone cuáles de los

documentos solicitados por el licenciado Rivera Cruz

CC-97-735

- 37 -

como parte del descubrimiento de prueba son descubribles y cuáles son

privilegiados.

Concurrimos

con

la

Opinión

del

Tribunal

respecto

a

la

determinación de que el recurso no es académico, y sobre el alcance de

las facultades investigativas de las comisiones legislativas.

También

coincidimos con la mayoría respecto a la existencia, envergadura, y

aplicación del privilegio consagrado en la Cláusula constitucional de

Inmunidad Parlamentaria.

Sin

embargo,

por

considerar

que

el

Art.

34-A

expresamente

le

otorga a un imputado el derecho a levantar en la vista de desacato en

el foro de instancia, todas las cuestiones constitucionales, legales y

de hecho que corresponden en derecho, y que en virtud de unas garantías

constitucionales mínimas requeridas por el debido proceso de ley, el

licenciado Rivera Cruz tiene derecho a descubrir toda aquella materia

relativa

a

sus

privilegiada,

defensas

disentimos.

A

legítimas,

que

diferencia

de

sea

la

pertinente

Opinión

del

y

no

Tribunal,

confirmaríamos la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y

devolveríamos el caso al foro de instancia para la celebración de una

vista en la cual se determine, a la luz de los criterios de pertinencia

y

privilegios,

cuáles

citaciones

y

documentos

solicitados

por

el

licenciado Rivera Cruz le deben ser entregados.

I

La Asamblea Legislativa aprobó la Resolución del Senado Núm. 18 de

30

de

enero

Maravilla,

a

de

los

1997

creando

fines

de

la

Comisión

investigar

Especial

alegadas

sobre

el

Cerro

irregularidades

y

actuaciones ilegales en el manejo de la investigación senatorial del

Cerro Maravilla durante los años 1981 a 1992, incluyendo la Oficina del

Fiscal Independiente sobre el Cerro Maravilla.

La Comisión Especial

expidió citación al licenciado Rivera Cruz para que compareciese a unas

vistas a celebrarse.

El licenciado Rivera Cruz alegó que compromisos

profesionales previos le impedían comparecer en las fechas señaladas.

CC-97-735

- 38 -

El Senado expidió una nueva citación. El licenciado Rivera Cruz

informó

que

no

comparecería

improcedente en derecho.

por

considerar

que

la

citación

era

El Senado acudió al tribunal a solicitar una

orden para requerir al licenciado Rivera Cruz que compareciese.

foro le ordenó comparecer so pena de desacato.

Dicho

El licenciado Rivera

Cruz alegó que compromisos previos le impedían asistir en la fecha

pautada e indicó otras fechas en que estaría disponible.

La Comisión Especial acogió la excusa del licenciado Rivera Cruz y

acordó citarlo nuevamente.

En esta ocasión el

licenciado Rivera Cruz

honró la citación, compareció y declaró ante la Comisión Especial.

El

último día de su comparecencia se negó a contestar las preguntas del

Oficial Examinador de la mayoría, e indicó que quería expresar las

razones para su negativa.

La Comisión Especial le ordenó contestar

pero el licenciado Rivera Cruz, tras intentar leer una ponencia que

había preparado, abandonó el lugar y sometió ante la Comisión Especial

dicha ponencia.

A solicitud del Senado, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al

licenciado Rivera Cruz que compareciese, so pena de desacato.

Tras

varios incidentes, el foro de instancia señaló la celebración de una

vista judicial y ordenó al

licenciado Rivera Cruz que explicara las

razones por las cuales se había ausentado de la vista de la Comisión

Especial.

Ante

este

simultáneamente

requerimiento,

tres

el

peticiones:

licenciado

una

moción

Rivera

Cruz

urgente

presentó

solicitando

transcripción y entrega de documentos antes de la celebración de la

vista de desacato, una moción solicitando se expidiesen citaciones de

testigos

para

dicha

vista

(entre

los

cuales

se

encontraban

dos

senadores y el Fiscal Especial a cargo de la investigación de Cerro

Maravilla) y una moción de desestimación.34

34

El licenciado Rivera Cruz adujo, en su moción de desestimación ante

el

tribunal

de

instancia,

varias

razones

para

justificar

su

incomparecencia a las vistas de la Comisión. En síntesis alegó que la

Comisión

Especial

no

está

legalmente

constituida

ya

que

la

CC-97-735

- 39 -

Evaluadas las mociones, el tribunal a quo ordenó la entrega de

copias de ciertos documentos y transcripciones solicitados.

Determinó

además que los hechos relevantes al incidente de la incomparecencia del

licenciado Rivera Cruz a la vista de la Comisión Especial debían poder

ser objeto de estipulación entre las partes, e instruyó específicamente

a los abogados de las partes a venir preparados a la vista de desacato

para estipular dichos hechos.

Inconforme con esta resolución el licenciado Rivera Cruz acudió al

Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Dicho foro determinó que el

licenciado Rivera Cruz tiene derecho a un descubrimiento de prueba

amplio, ya que está expuesto a un proceso que puede culminar en la

pérdida de su libertad. Debido a que nada hay en las disposiciones del

Artículo 34-A que regule el tipo y alcance del descubrimiento de prueba

a

permitirse,

determinó

que

lo

procedente

era

acudir

de

modo

supletorio, a las Reglas de Procedimiento Civil.

El

tribunal

apelativo

aclaró

específicamente

que

el

licenciado

Rivera Cruz no tiene derecho a descubrir aquella prueba que el foro de

instancia determine que no es pertinente a aquellas defensas que sean

legítimas

en

derecho,

o

que

aunque

sean

pertinentes,

se

trate

de

materia privilegiada.35

investigación carece de un fin legítimo y equivale a un uso ilegítimo

del poder legislativo; que como ex-investigador de una comisión

legislativa previa le cobija la inmunidad legislativa ya que una nueva

legislatura no puede pasar juicio o investigar los procesos internos de

otra legislatura anterior; que se violentaron los derechos de los

miembros de la minoría de la Comisión Especial al no proveerles

adecuada notificación y acceso a documentos e información; que se

atropellaron sus derechos a un debido proceso de ley; que se puso en

riesgo su seguridad; y que los miembros de la Comisión Especial

reiteradamente,

mediante

imputaciones

personales,

violaron

su

dignidad, honra e integridad personal.

35

El Tribunal de Circuito de Apelaciones intimó, sin resolver, en una

nota al calce de su sentencia, que podría darse la situación en que de

determinar el tribunal de instancia que parte de la prueba solicitada

por el

licenciado Rivera Cruz fuese pertinente pero privilegiada,

dependiendo de la relación entre dicha prueba y las defensas a

presentarse, el Senado podría estar obligado constitucionalmente a

escoger entre desistir del desacato y mantener el privilegio, o

renunciar al privilegio y continuar con el proceso de desacato.

No le asiste la razón. Dicha norma es de aplicación sólo a casos

criminales. Jencks v. U.S., 353 U.S. 657 (1957); U.S. v. Andolscheck,

142 F.2d 503 (1944). Los tribunales federales han declinado extenderla

CC-97-735

- 40 -

De esta sentencia recurre ante nos el Senado y expone como único

error que el tribunal apelativo incidió al concluir que el licenciado

Rivera Cruz tiene derecho a un descubrimiento de prueba amplio.

además, que el

Aduce

licenciado Rivera Cruz sólo tiene derecho a aquellos

documentos que vayan a ser presentados por el Senado en la vista de

desacato, y que el resto de los documentos solicitados están protegidos

por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.

II

Nos corresponde, pues, determinar el alcance del descubrimiento de

prueba a concederse dentro de una vista de desacato civil al amparo del

Articulo 34-A del Código Político, tanto en su alcance estatutario como

en su dimensión constitucional. Para ello es necesario que examinemos

la

disposición

estatutaria

pertinente,

así

como

la

naturaleza

del

desacato civil y su jurisprudencia interpretativa.

El Artículo 34-A del Código Político36 tiene el propósito de crear

un

procedimiento

mediante

el

cual

los

cuerpos

legislativos

puedan

comenzar directamente un procedimiento judicial por desacato contra un

testigo recalcitrante, sin que se dependa de la Rama Ejecutiva para

instarlo.

Dicho poder es necesario para que la Rama Legislativa pueda

desempeñar adecuadamente sus funciones investigativas, pues para poder

obtener información tiene que tener la autoridad para citar testigos, y

a casos civiles, aun a aquéllos en que el Estado es la parte

promovente.

U.S. v. Reynolds, 345 U.S. 1 (1953); Attorney General of

U.S. v. Irish People, Inc., 684 F.2d 928 (1982); U.S. v. Koreh, 144

F.R.D. 218 (1992).

En el caso ante nos, aunque el licenciado Rivera Cruz se enfrenta

a la posibilidad de una reclusión, no podemos olvidar que en los casos

de desacato civil "el imputado tiene las llaves que abren su celda en

el bolsillo", ya que sólo tiene que cumplir con la orden emitida.

Gompers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U.S. 418 (1911). No podemos,

pues, caracterizar su pena de cárcel como una de carácter penal.

36

Ley Núm. 100 de 23 de junio de 1955, sec. 2, según enmendada por la

Ley Núm. 5 de Julio 23 de 1987. 2 L.P.R.A. sec. 154a.

CC-97-735

- 41 -

compeler tanto su asistencia como su declaración.

Pueblo v. Pérez

Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986).37

Con este propósito el Artículo 34-A dispone que la desobediencia a

la

orden

del

tribunal

será

castigada

como

un

desacato

civil.

Sin

embargo, antes de la imposición de dicha sentencia, el Artículo 34-A

requiere que se celebre una vista judicial para que el imputado pueda

presentar sus defensas de hecho y de derecho:

Si el testigo incumpliere la orden del tribunal dictada bajo

apercibimiento de desacato civil, al celebrarse la vista de

desacato, el testigo podrá levantar en ella todas las

cuestiones constitucionales, legales y de hecho que estimare

pertinentes. Art. 34A (3), 2 L.P.R.A. sec. 154a(3).

Un examen del artículo demuestra que en todo procedimiento por

desacato incoado al amparo de dicha normativa deberá celebrarse una

vista

y

permitirse

al

imputado

defensas de hecho y de derecho.

presentar

prueba

pertinente

a

sus

Estas disposiciones del Artículo 34-A

son cónsonas con los parámetros establecidos por el debido proceso de

ley en aquellos casos de desacato civil.

Desde Villa v. Corte, 42

D.P.R. 879, 900 (1933), reconocimos que el imputado tiene la facultad

de evitar ser encarcelado indefinidamente si logra demostrar causa

justificada para la conducta que se alega constitutiva de desacato

civil.

Aunque la imposición de una sentencia de desacato civil, por su

naturaleza

reparadora

y

no

punitiva,

exige

un

grado

menor

de

salvaguardas procesales que la imposición de una sentencia por desacato

criminal,38 no podemos obviar que el imputado está expuesto a perder su

37

El Tribunal Supremo federal ha dictaminado que, aun en ausencia de

legislación aplicable, el cuerpo legislativo tiene poder inherente para

citar y compeler la comparecencia de un testigo mediante el poder de

desacato cuando su testimonio es pertinente a una investigación

legislativa, ya que el poder investigativo carecería de sentido de no

tener algún mecanismo para compeler la entrega de lo requerido. McGrain

v. Daugherty, 273 U.S. 135 (1927).

En Puerto Rico este poder

legislativo está reconocido estatutariamente en el Código Político,

Arts. 31-35 (2 L.P.R.A. secs. 151-155).

38

El desacato civil, puede ser impuesto dentro de una acción civil

ordinaria, con debida notificación y adecuada oportunidad para ser

CC-97-735

- 42 -

libertad, por lo cual han de reconocerse unos requisitos fundamentales

mínimos en dichos procedimientos, corolarios del debido proceso de ley

en su dimensión constitucional.

Pérez v. Espinosa, 75 D.P.R. 777, 781

(1954); Gompers v. Bucks Stove & Range Co., supra, a la pág. 442

(1911).

En este contexto es preciso recordar que nuestra cláusula del

debido proceso de ley encuentra su homóloga en la garantía reconocida

en

las

Enmiendas

V

y

XIV

de

la

Constitución

federal,

y

que

las

protecciones que otorga la cláusula federal constituyen el mínimo de

protección que estamos llamados a reconocer bajo nuestra propia Carta

de Derechos.

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562 (1992).

Por lo tanto, al delinear los contornos que el debido proceso de

ley requiere se salvaguarden en un procedimiento de desacato civil, es

necesario que examinemos nuestra jurisprudencia, así como la federal,

para

determinar

cuáles

son

los

requisitos

mínimos,

de

naturaleza

constitucional, que deben garantizarse.

Por tratarse de requisitos

constitucionales,

a

los

mismos

aplican

todo

desacato

civil,

independientemente que lo motive conducta ante el tribunal o ante la

Asamblea Legislativa.

Aunque se ha reconocido que el procedimiento a

seguirse es uno flexible, y las protecciones procesales serán dictadas

por

la

naturaleza

particular

de

cada

caso,

Harris

v.

City

of

Philadelphia, 47 F.3d 1333 (1995), el mismo debe mantenerse dentro de

los parámetros del debido proceso de ley.

Mercer v. Mitchell, 908 F.2d

763 (1990).

En primer lugar la jurisprudencia reconoce que la parte a la que

se le imputa un desacato civil tiene derecho a que se le notifique de

las alegaciones, se le advierta de su derecho a representación legal,

se le otorgue tiempo adecuado para preparar su defensa, y a que se

oído. Por el contrario, el desacato criminal, cuya sanción es de

naturaleza punitiva, se considera un delito en el sentido ordinario, y

no puede imponerse a menos que se observen todas las salvaguardas

constitucionales exigibles en los procesos de naturaleza penal.

International Union v. Bagwell, 114 S.Ct. 2552 (1994).

CC-97-735

- 43 -

celebre una vista evidenciaria. En dicha vista la parte promovente

tiene el peso de demostrar mediante prueba clara y convincente que el

imputado incumplió con la orden del tribunal.

Una vez cumplida con

esta demostración de violación prima facie, el peso de la prueba se

altera, y corresponde al imputado presentar evidencia que excuse su

incumplimiento.

Chairs v. Burgess, 143 F.3d 1432 (1998).

La vista evidenciaria, como mínimo, debe ofrecer al imputado la

oportunidad de poder explicar por qué no se debe imponer el desacato, a

la

vez

que

le

permita

establecer

un

Philadelphia,

apelativa.

Harris

v.

City

of

permitirle

demostrar

que

no

violó

récord

la

orden

adecuado

para

supra.

emitida,

o

revisión

Además

debe

que

estaba

excusado de cumplirla, o cualquier otra defensa pertinente. E.E.O.C. v.

Local 638, 753

F.2d 1172 (1985);

A.C.L.I. Government Securities Inc.

v. Rhoades, 989 F. Supp 462 (1997), 159 F. 3d 1345 (1998). Entre las

circunstancias atenuantes al incumplimiento, se han reconocido la buena

fe,

la

imposibilidad

de

cumplimiento

y

el

cumplimiento

sustancial.

Washington Metropolitan Transit Authority v. Amalgamated Transit Union,

531 F.2d 617 (1976).

Podrá obviarse la celebración de la vista evidenciaria e imponerse

el desacato civil de modo sumario, solamente en aquellos casos en que

no hay controversia de hechos.

U.S. v. City of Yonkers, 856 F.2d 444

(1988); Morales Feliciano v. Parole Board of Puerto Rico, 887 F.2d 1

(1989); y al igual que en los casos de desacato criminal, en aquellos

casos en que el incumplimiento haya ocurrido en presencia del tribunal.

U.S. v. McVeigh, 896 F. Supp 1549 (1995).

Nuestra

jurisprudencia,

así

como

la

federal,

ha

tenido

la

oportunidad de examinar la imposición de desacato por incumplir los

requerimientos de la Rama Legislativa. Dentro del contexto específico

de los desacatos de origen legislativo, dicha jurisprudencia reconoce

que deben garantizarse unos requisitos mínimos del debido proceso de

ley.

CC-97-735

En

- 44 -

Hernández

Agosto

v.

Betancourt,

118

D.P.R.

79,

85

(1986),

dictaminamos que antes de declarar incurso en desacato a un testigo, al

amparo del Artículo 34-A del Código Político, "el tribunal tiene que

ofrecerle una oportunidad adecuada para defenderse".

De igual modo, los tribunales federales también han elaborado una

normativa sobre la imposición de desacato por incomparecer, o rehusar

contestar a preguntas de las comisiones legislativas.

U.S.,

354

U.S.

178,

214-15

(1957),

el

Tribunal

En Watkins v.

Supremo

federal

determinó que, al revisar una convicción por desacato de un testigo que

rehusó

contestar

correspondía

al

las

preguntas

tribunal

examinar

de

una

si

la

comisión

legislativa,

investigación

estaba

relacionada a un propósito legislativo válido,39 si el reglamento de la

comisión autorizaba a compeler testimonio, y si las preguntas eran

pertinentes

al

propósito

de

la

investigación.

Véase

además,

US

v.

Orman, 207 F.2d 148 (1953).

Como regla general, un testigo ante una comisión investigativa

debe acatar los procedimientos de la comisión y no tiene derecho a

39

Es por esta razón que en una vista de desacato, el imputado puede

presentar como defensa que la resolución que creó la Comisión es

inconstitucional o nula, por ser extremadamente amplia o ambigua, o

porque existen serias dudas de si se trata de un asunto sobre el cual

el Congreso tendría facultad para legislar.

Tenney v. Brandhove, 341

U.S. 367, 379-80 (1951), Opinión Concurrente del Juez Black.

Un examen de la Resolución que creó la Comisión Especial sobre el

Cerro Maravilla demuestra que la misma quedó constituida de un modo

constitucional y válido, y que dicha Comisión, al requerir la

comparecencia del licenciado Rivera Cruz, estaba dentro del marco de

las labores y facultades a ella delegadas. Resolución del Senado Núm.

18 de 30 de enero de 1997.

La Regla Número 1-CH del Reglamento aprobado por la Comisión

Especial específicamente autoriza al Presidente de la Comisión a

expedir citaciones a testigos para que presten declaración y/o

entreguen documentos según lo dispuesto en los artículos 31 y 34-A del

Código Político. La Regla Número 2-E establece el procedimiento a

seguirse para que en aquellos casos que un testigo debidamente citado

no comparezca, o comparezca pero se niegue a entregar la información

solicitada o a contestar una o más preguntas del Oficial Examinador, el

Presidente de la Comisión pueda instar la correspondiente acción legal

ante el foro judicial para obligar al testigo a cumplir con lo

requerido. Véase además, Regla 4 (A),(B) y (C) respecto a citaciones y

comparecencias.

Coincidimos con la Opinión del Tribunal respecto a que la

alegación del licenciado Rivera Cruz de que la Comisión Especial no

estaba legalmente autorizada y carecía de un fin legítimo, es

inmeritoria.

CC-97-735

- 45 -

imponer condiciones para testificar.

U.S. v. Orman, supra.

Tampoco se

releva de desacato el deponente por el mero hecho de haber dado una

explicación

para

propiedad.

Quinn v. U.S., 349 U.S. 155 (1955).

U.S. 190 (1955).

no

contestar,

o

haber

objetado

la

pregunta

o

su

Emspak v. U.S., 349

Sin embargo, el debido proceso de ley requiere que, a

solicitud del testigo, la comisión investigativa le informe en qué

aspecto

las

preguntas

o

documentos

asunto bajo investigación.

requeridos,

son

pertinentes

al

Scull v. Com. of VA ex rel Committee on Law

Reform and Racial Relations, 359 U.S.344 (1959).

Un análisis de la normativa expuesta anteriormente demuestra que

existen unas garantías mínimas que el debido proceso de ley exige se

salvaguarden

en

todos

los

procesos

de

desacato

civil,

independientemente de su origen judicial o legislativo. Como mínimo se

requiere adecuada notificación y la celebración de una vista en la que

el imputado pueda presentar adecuadamente sus defensas.

De igual modo,

un análisis de la disposición legal pertinente refleja que el Artículo

34-A expresamente le otorga al imputado el derecho a una vista y a

presentar

en

dicha

vista

las

defensas

de

hecho

y

de

derecho

pertinentes.

Como corolario del derecho a defenderse, tanto en su dimensión

constitucional como estatutaria, surge el derecho de poder descubrir

aquella evidencia pertinente y exculpatoria, que no sea privilegiada.

Privar a un imputado de desacato al amparo del Artículo 34-A del Código

Político,

del

derecho

a

descubrir

prueba

pertinente

a

su

defensa,

atenta no tan sólo contra su debido proceso de ley, sino que rendiría

inoperante

el

derecho

a

defenderse

que

expresamente

le

concede

el

estatuto.

Reiteradamente hemos reconocido que el descubrimiento de prueba es el

mecanismo adecuado para facilitar la consecución de evidencia por las

partes.

Su incorporación en nuestro ordenamiento procesal obedece a la

necesidad de ofrecer a las partes la oportunidad de obtener información

CC-97-735

- 46 -

pertinente al asunto en controversia que pueda facilitar el desarrollo

del proceso, y promover la búsqueda de la verdad. Sierra v. Tribunal

Superior,

81

D.P.R.

554

(1959);

Rafael

Hernández

Colón,

Manual

de

Derecho Procesal Civil sec. 2801 (1981).

Por tal razón consideramos que actuó correctamente el Tribunal de

Circuito de Apelaciones al garantizarle al

descubrimiento

de

prueba

pertinente

a

sus

defensas

Decidir

contrario

lo

en

el

cual

pudiera

legítimas,

atentaría

no

licenciado Rivera Cruz un

tan

descubrir

que

no

fuera

sólo

contra

toda

prueba

privilegiada.

la

letra

y

el

espíritu del Artículo 34-A del Código Político, sino que violaría los

requisitos mínimos que el debido proceso de ley exige para una vista de

desacato civil.

La Opinión del Tribunal, aunque reconoce que el Artículo 34-A(3)

permite al imputado levantar las defensas constitucionales, legales y

fácticas pertinentes en la vista de desacato, sostiene que esto no abre

el

proceso

a

un

descubrimiento

de

prueba

ordinario,

califica

de

extraordinario la naturaleza del proceso a seguirse en dicha vista por

tratarse de un desacato de origen legislativo, y por ende modifica la

determinación del foro apelativo.

Aunque reconocemos que los desacatos de origen legislativo deben

de tramitarse con premura y expeditamente, esto no puede llevarnos a

obviar los requisitos mínimos establecidos por el Artículo 34-A y por

el debido proceso de ley. El reconocer un descubrimiento de prueba

amplio, utilizando supletoriamente las Reglas de Procedimiento Civil,

no conlleva necesariamente una dilación inaceptable del recurso. Las

propias Reglas de Procedimiento Civil otorgan al tribunal la facultad

para

acortar

los

términos

del

descubrimiento

de

prueba

según

las

circunstancias del caso lo ameriten. Regla 23.4 de Procedimiento Civil.

32 Ap. III R. 23.4.

563 (1987).

Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119 D.P.R.

Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).

Hemos examinado la jurisprudencia en que descansa la Opinión del

Tribunal para aseverar que no se favorece el descubrimiento de prueba,

CC-97-735

- 47 -

específicamente prueba documental, en los procesos de desacato.

La

norma citada se refiere exclusivamente a aquellos desacatos que pueden

imponerse de modo sumario, por no haber controversia sobre los hechos,

o porque el tribunal, después de haber analizado las defensas alegadas

por el imputado, determina que de su faz, las mismas son inmeritorias

en derecho.

FTC v. Browning, 435 F. 2d 66, 101-103 (1970).

Dicha jurisprudencia reconoce que aun en aquellos casos en que

procede hacer la determinación del desacato de modo sumario, pueden

existir

circunstancias

descubrimiento.

hechos

que

favorezcan

el

También aclara que de existir controversia sobre los

relevantes

interponerse,

extraordinarias

el

al

incidente

tribunal

del

debe

desacato

permitir

un

o

a

las

defensas

descubrimiento

a

adecuado.

FTC v. Carter, 636 F. 2d. 781, 789 (1980); U.S. v. Exxon, 628 F. 2.2d

70 (1980); FTC v. Browning, supra.

Un examen de los autos revela que entre las defensas legítimas que

aduce el licenciado Rivera Cruz, hay algunas que requieren dilucidar

unos hechos en controversia. Es necesario, en virtud del debido proceso

de

ley,

y

de

las

disposiciones

del

artículo

34-A,

garantizarle

al

imputado oportunidad adecuada para que demuestre al tribunal si existía

causa justificada para incumplir con la orden emitida.

Entre las defensas legítimas presentadas por el

Cruz

se

encuentra

Especial,

en

la

determinación

contravención

de

la

de

Regla

si

en

2-B

licenciado Rivera

efecto

del

la

Comisión

Reglamento

de

la

Comisión Especial, de la Regla 14.8 del Reglamento del Senado y de las

Secc.

1

conducta

y

8

que

del

violó

Artículo

la

II

de

dignidad

e

nuestra

Constitución,

integridad

del

incurrió

licenciado

en

Rivera

Cruz.40

40

La Regla 2(B) del Reglamento de la Comisión Especial dispone:

"Los Oficiales Investigadores velarán que se respete la dignidad y

la reputación de los testigos durante el interrogatorio".

La Regla 14.8 del Reglamento del Senado dispone:

"La Comisión velará que en el desempeño de sus responsabilidades,

los oficiales investigadores respeten la dignidad y la reputación

de los individuos e instituciones con las que intervengan".

Las Secs. 1 y 8 del Art. II de nuestra Constitución rezan:

CC-97-735

- 48 -

Coincidimos con lo expresado en la Opinión del Tribunal

de que la

dignidad de las personas debe ser respetada en todo momento y en todo

lugar,

y

que

los

derechos

constitucionales

de

los

deponentes

no

desaparecen por el mero hecho de tener que comparecer ante el foro

legislativo. Consideramos que una violación a la dignidad y honra de un

deponente ante una comisión legislativa, constituye causa justificada

para negarse a comparecer y declarar.

Entendemos que también debe ofrecerse oportunidad al

licenciado

Rivera Cruz a presentar prueba sobre su alegación de que la Comisión

Especial

no

estaba

debidamente

constituida

por

no

haber

permitido

adecuada participación a los miembros de las minorías al no proveerle

oportuna notificación y acceso a la información y documentos relativos

a la investigación.

Debemos

recordar

Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

que

en

Hernández

Agosto

v.

Betancourt,

supra,

resolvimos que no procedía encontrar incurso en desacato a unos testigos

que rehusaron comparecer ante una comisión legislativa, cuando dicha

comisión no estaba debidamente constituida por no haberse respetado la

participación de los miembros de las minorías.

Aun más, el Art. 34-A(3) expresamente le otorga al imputado el

derecho a presentar aquellas defensas de hecho y de derecho que puedan

justificar su incumplimiento con la orden del tribunal. La disposición

citada

no

limita

la

celebración

de

la

vista

y

la

oportunidad

de

presentar sus defensas a aquellas ocasiones en que exista controversia

de hechos.

No podemos, como hace la mayoría, acudir a decisiones de

tribunales en Estados Unidos para subvertir o constreñir el alcance de

nuestro

estatuto.

Dicha

disposición

reconoce

unas

garantías

a

la

ciudadanía, en cuanto a su derecho a ser oído y defenderse, que no

están necesariamente reñidas con la celeridad y prontitud que requiere

la resolución de una imputación de desacato en el contexto legislativo.

"Sec. 1--La dignidad del ser humano es inviolable.

Sec. 8--Toda persona tiene derecho a [la] protección de [la] ley

contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida

privada o familiar".

CC-97-735

- 49 -

Somos de la opinión que el licenciado Rivera Cruz tiene derecho a

un descubrimiento de prueba adecuado para poder presentar en la vista

de desacato, según lo dispone el Artículo 34-A del Código Político,

aquellas defensas legítimas que justifiquen su incumplimiento con la

orden

del

tribunal.

De

igual

modo,

los

requerimientos

del

debido

proceso de ley, que limitan la imposición de desacato de modo sumario

sólo a aquellos casos en que no exista controversia real sobre los

hechos

o

que

ocurran

conceda

al

aquella

prueba

en

presencia

licenciado

Rivera

pertinente

y

no

del

Cruz

tribunal,

oportunidad

privilegiada

que

exigen

que

se

le

de

descubrir

toda

le

asista

la

en

presentación de sus defensas legítimas.

Nuestra posición no concede al licenciado Rivera Cruz derecho a un

descubrimiento de prueba irrestricto.

De los documentos solicitados,

hay algunos que no tienen relevancia a las defensas legítimas, que de

acuerdo a lo pautado en la Opinión del Tribunal, asisten al licenciado

Rivera

Cruz.

Independientemente

de

si

tales

documentos

están

o

no

cobijados por el privilegio evidenciario de la Cláusula de Inmunidad

Parlamentaria,

el

licenciado

descubrimiento,

pues

no

Rivera

cumplen

con

Cruz

el

no

tiene

requisito

de

derecho

a

su

umbral

de

ser

pertinentes a una de las defensas legítimas que le asisten.

Concluimos

pues,

que

en

el

caso

de

autos,

en

el

que

existe

controversia de hechos sobre algunas de las defensas legítimas alegadas

por

el

licenciado

Rivera

Cruz,

y

en

el

que

la

disposición

legal

pertinente expresamente ordena la celebración de una vista para que el

imputado

presente

sus

defensas,

fue

correcta

la

determinación

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones al conceder al licenciado Rivera

Cruz

el

derecho

a

descubrir

toda

aquella

prueba

defensas legítimas que no sea materia privilegiada.

III

pertinente

a

sus

CC-97-735

- 50 -

Habiendo determinado el alcance del descubrimiento de prueba al

que tiene derecho el licenciado Rivera Cruz en la vista a celebrarse al

amparo del Art. 34-A del Código Político, nos corresponde examinar el

argumento del Senado respecto a la aplicación, al caso de autos, del

privilegio de inmunidad legislativa.

El

Senado

en

su

comparecencia

reclama

que

las

citaciones

y

documentos solicitados por el licenciado Rivera Cruz, a excepción de

los documentos a ser presentados por el Senado en la vista de desacato,

están cobijados por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.

examinar,

en

primer

lugar,

cuál

es

el

alcance

de

la

Debemos

Cláusula

de

Inmunidad Parlamentaria en el contexto del descubrimiento de prueba a

concederse al amparo del Art. 34-A del Código Político.

En segundo

lugar, debemos determinar cuál debe ser el procedimiento a seguirse

ante un reclamo por la Asamblea Legislativa del privilegio de inmunidad

parlamentaria.

Para

evaluar

conveniente

federal

que

que

adecuadamente

examinemos

analiza

el

a

el

señalamiento

modo

alcance

ilustrativo,

de

la

del

la

Cláusula

Senado

es

jurisprudencia

de

Inmunidad

Parlamentaria en el contexto de descubrimiento de prueba, ya que el

planteamiento es uno novel en nuestra jurisdicción.41

41

En

cláusula

Silva

de

v.

Hernández

Inmunidad

Agosto,

Parlamentaria

supra,

fue

aclaramos

adoptada

que

basada

nuestra

en

la

experiencia norteamericana y en la disposición similar contenida en la

Constitución de los Estados Unidos, Art. I Sec. 6. Nuestro ordenamiento

constitucional

le

ha

reservado

un

amplio

campo

al

privilegio

de

inmunidad parlamentaria, al menos tan amplio como se le reconoce en la

jurisprudencia de Estados Unidos. In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R.

698,

721.

(1978).

Por

esta

razón,

a

manera

ilustrativa,

procede

estudiar las interpretaciones dadas por los tribunales federales. Peña

Clos v. Cartagena, 114 D.P.R. 576 (1983).

CC-97-735

Los

- 51 tribunales

federales

han

reconocido

que

un

proceso

de

descubrimiento de prueba puede ser tan intrusivo en el desempeño de las

labores

legislativas

como

lo

sería

el

tener

que

defenderse

en

una

demanda, por lo cual han resuelto que el privilegio evidenciario debe

tener el mismo alcance que el privilegio sustantivo de inmunidad.42

Minpeco S.A. v. Conticommodity Services, Inc., 844 F. 2d 856 (1988);

Brown and Williamson Tobacco Corporation v. Merrell Williams, supra;

2BD Associates Limited Partnership v. County Commissioners for Queen

Anne´s County, 896 F. Supp 528 (1995).

Por tal razón han determinado que para que el privilegio aplique

no

es

necesario

necesario

que

requerir

el

una

legislador

haya

demostración

sido

prima

demandado,

tampoco

de

la

facie

que

es

carga

impuesta por el descubrimiento de prueba constituye una interferencia

impermisible del tribunal en sus asuntos legislativos.

Minpeco S.A.,

supra.

Aun en aquellos casos en que el requerimiento de documentos no

interfiera directamente con las actividades que los legisladores están

llevando a cabo, se considera que el poner en vigor dicho requerimiento

equivale

a

un

interrogatorio

inconsistente

con

el

Parlamentaria

de

proteger

sobre

propósito

la

actos

de

la

integridad

legislativos,

Cláusula

legislativa.

Transamerican Press, Inc., 709 F.2d 524 (1983).

42

de

lo

cual

es

Inmunidad

Miller

v.

Además, se ha llegado

La Cláusula de Inmunidad Parlamentaria se desdobla en dos vertientes.

Por un lado ofrece a sus titulares un privilegio sustantivo de

inmunidad de encausamiento criminal o civil por aquellas actuaciones

que puedan ser calificadas como actos legislativos, y un privilegio

evidenciario, testifical y documental, que prohibe el uso, en otros

foros, de declaraciones o documentos que sean parte del proceso

legislativo. Rotunda and Novak, Treatise on Constitutional Law, 2d Ed.

sec.8.8 ( Supp. 1999).

Respecto al alcance del privilegio evidenciario en el contexto del

descubrimiento de prueba existen dos interpretaciones.

Las cortes

federales del Tercer Circuito restringen la protección a una de

exclusión de evidencia. Por su parte, las cortes federales del Circuito

del Distrito de Columbia definen el alcance del privilegio evidenciario

como uno de exclusión de evidencia y de confidencialidad. In re Grand

Jury Investigation, 587 F. 2d 589 (1978); Minpeco, S. A. V.

Conticommodity Services, Inc., supra; Brown and Williamson Tobacco

Corp. v. Williams, supra.

CC-97-735

- 52 -

a la conclusión de que una Asamblea Legislativa no puede funcionar

adecuadamente cuando está asediada por requerimientos de prueba por

terceros.

Minpeco S.A., supra, a las págs. 859-61.

Dichos

requerimiento

comité

foros

judiciales

han

para

inspeccionar

y

legislativo,

el

grado

requerimiento es inmaterial.

enfatizado

copiar

de

que

al

examinar

un

documentos

en

poder

un

intromisión

y

de

onerosidad

del

Aun en aquellas situaciones en que la

distracción fuese mínima, lo determinante es examinar si se trata de

material protegido por la cláusula. Se ha rechazado adoptar una posición

que

requiera

intrusión

al

un

examen

que

se

judicial

que

calibre

cuál

el

grado

de

sometería

una

comisión

legislativa

ante

un

requerimiento de documentos.

De

la

normativa

es

Minpeco S.A., supra, a la pág. 860.

anteriormente

esbozada

surge

con

meridiana

claridad que ante un reclamo para citar testigos que sean miembros o

funcionarios de una comisión legislativa, o para requerir la entrega

compulsoria de documentos o transcripciones en poder de las cámaras o

comisiones, el criterio a utilizarse al determinar si lo solicitado

está protegido por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria es examinar

si se trata de declaraciones o documentos relacionadas con actuaciones

legislativas legítimas. De concluir en la afirmativa, la protección es

de aplicación. Gravel v. U.S., supra a la pág. 625 (1972); Drombowski

v. Eastland, 387 U.S. 82 (1967); Powell v. McCormack, 395 U.S. 486

(1969); Santa v. Srio. del Senado, supra; Eastland v. United States

Servicemen's Fund, supra, págs. 503-504; Doe v. McMillan, 412 U.S. 306,

312-313 (1973).43

43

Como todo derecho y todo poder, la Cláusula de Inmunidad

Legislativa no es absoluta, y corresponde a los tribunales, y no al

Poder Legislativo, definir sus contornos. Santa Aponte v. Srio. del

Senado, 105 D.P.R. 750, 764 (1977); Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S.

111, 125-133 (1979); Gravel v. United States, 408 U.S. 606, 625 (1972);

Tenney v. Brandhove, 341 U.S. 367, 376-377 (1951). Romero Barceló v.

Hernández Agosto, supra.

El privilegio legislativo no protege aquella actividad realizada por

un legislador que cae fuera del ámbito de la actividad legislativa

legítima. En este contexto, la jurisprudencia federal reciente ha

distinguido entre aquellas funciones legislativas que son parte

inherente al debido funcionamiento del proceso legislativo, y aquellas

CC-97-735

- 53 -

Coincidimos con la Opinión del Tribunal en cuanto al propósito,

ámbito y rango constitucional del privilegio de inmunidad parlamentaria

consagrado en el Art. II sec. 14 de nuestra Constitución.

También

estamos conformes con su determinación de que dicho privilegio, además

de consagrar un derecho de inmunidad sustantiva para aquellos actos

llevados a cabo por los miembros44 de la Asamblea Legislativa que son

actos legislativos legítimos, ofrece la protección de un privilegio

evidenciario que cobija, de requerimiento compulsorio ante cualquier

otro foro que no sea el legislativo, declaraciones o documentos que

sean parte del proceso legislativo.

Sin embargo, disentimos de la Opinión del Tribunal en cuanto al

criterio utilizado al determinar cuáles documentos están protegidos por

el

privilegio

legislativo

y

cuáles

son

descubribles.

Nuestra

discrepancia obedece a que, aunque la Opinión del Tribunal concluye

correctamente que al determinar qué está cobijado por el privilegio el

criterio medular es la distinción entre actos legislativos y actos no

legislativos,

introduce

un

criterio

adicional

al

disponer

cuáles

actividades que, aunque relacionadas al proceso legislativo, son de

naturaleza política. Estas últimas no están protegidas por la Cláusula

de Inmunidad Parlamentaria. U.S. v. Brewster, 408 U.S. 501, 528 (1972).

También ha aclarado que el mero hecho de que un legislador lleve a cabo

un acto en su capacidad oficial, no

hace de ese acto un acto

legislativo. Gravel v. U. S., supra.

Al establecer los parámetros para definir lo que debe considerarse

como actos legislativos legítimos, el Tribunal Supremo federal ha

excluido de la protección de la cláusula actuaciones tales como

expresiones difamatorias hechas por legisladores, fuera del ámbito de

las cámaras o comisiones, en actividades que no son esenciales a las

funciones legislativas. Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111 (1979); el

aceptar sobornos, U.S. v. Brewster, supra y otras violaciones a

estatutos penales. Gravel v. U.S., supra; U.S. v. Heltoski, supra.

44

La Cláusula de Inmunidad Parlamentaria protege a los legisladores,

así como a los ayudantes legislativos, cuando éstos llevan a cabo

actividades legislativas legítimas. Gravel v. U.S., supra.

También

aplica a toda conducta legislativa legítima que ocurrió mientras el

titular del privilegio era miembro de la Asamblea Legislativa,

independientemente de que al reclamar el privilegio ya haya cesado en

sus funciones. Miller v. Transamerican Press Inc., supra.

La Cláusula de Inmunidad Parlamentaria protege a los legisladores

de tener que responder por sus actuaciones legislativas legítimas ante

otros foros. Sin embargo, la cláusula constitucional no es un

impedimento para que la Asamblea Legislativa examine o cuestione el

comportamiento de sus miembros o funcionarios, independientemente de si

CC-97-735

- 54 -

documentos son descubribles, al diferenciar entre documentos públicos y

documentos confidenciales.

No

podemos

suscribir

el

criterio

que

adopta

la

mayoría

para

adjudicar si el documento es o no descubrible, al amparo de la Cláusula

de Inmunidad Parlamentaria, en cuanto a que descansa, como criterio

adicional, en la diferencia entre documentos públicos o confidenciales.

Sin

embargo,

documentos

sí

coincidimos

con

cuya

divulgación

esté

su

determinación

expresamente

de

que

aquellos

autorizada

por

el

Reglamento de la Comisión Especial o por el Reglamento del Senado, aun

de tratarse de documentos cobijados por el privilegio evidenciario de

la

Cláusula

de

Inmunidad

Parlamentaria,

son

descubribles.

Nos

explicamos.

Como hemos señalado y como correctamente determina la mayoría, el

criterio

al

Parlamentaria

determinar

en

su

el

ámbito

vertiente

de

la

evidenciaria,

Cláusula

es

el

de

mismo

Inmunidad

que

en

su

vertiente de inmunidad sustantiva.

El privilegio protege solamente

aquellas

parte

comunicaciones

que

forman

del

proceso

legislativo

legítimo.

Por su parte la palabra "público", según aplica a

documentos, se

refiere a aquellos documentos generados por el Estado en su función

gubernamental

y

el

término

contraposición a secreto.

no

indica

necesariamente

publicidad

en

Ley de Administración de Documentos Públicos

de Puerto Rico, Artículo 1 de la Ley Núm. 63 de 4 de junio de 1979, 3

L.P.R.A. Sec. 1001(b).45

son miembros activos o ya han cesado sus términos. U.S. v. Brewster,

408 U.S. 501, 563 (1972).

45

Se considera documento público: Todo documento que se origine,

conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado de acuerdo con la

ley o en el manejo de los asuntos públicos y que se haya de conservar

permanente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su

utilidad administrativa, valor legal, fiscal, cultural o informativo,

segun sea el caso, o que se haya de destruir por no tener ni valor

permanente, ni utilidad administrativa, legal, fiscal, cultural o

informativa, y una copia de todas las publicaciones de las dependencias

gubernamentales. También se entenderá por documento público todo

documento que expresamente así se declare por cualquier ley vigente o

que en el futuro se apruebe. 3 L.P.R.A. Sec. 1001(b).

CC-97-735

- 55 -

Nuestro estado de derecho reconoce una dimensión constitucional al

derecho de los ciudadanos a tener acceso a los documentos generados por

el Estado en sus gestiones oficiales. También hemos reconocido que el

legislador tiene facultad para dictaminar expresamente qué documentos

públicos

tendrán

limitaciones

se

carácter

mantengan

confidencial,

dentro

de

los

siempre

parámetros

y

cuando

tales

constitucionales

esbozados por nuestra jurisprudencia. Soto v. Srio. de Justicia, 112

D.P.R. (1982); Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264,

282 (1960); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153 (1986).

El Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 3 L.P.R.A. sec.

1781,

aún

vigente,

dispone

que

los

documentos

públicos

podrán

ser

examinados y copiados salvo lo expresamente dispuesto en contrario por

ley. En Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc, supra, reconocimos que,

respecto a dichos documentos, un reclamo de confidencialidad por el

Estado sólo puede prosperar en un limitado número de supuestos. Entre

dichos supuestos se encuentran el que una ley declare el documento como

confidencial, y el que se trate de materia cobijada por los privilegios

evidenciarios.

Nuestra

ley

suprema,

evidenciario

para

los

la

Constitución,

documentos

generados

reconoce

y

un

privilegio

recopilados

por

las

cámaras legislativas y sus comisiones en aquellas gestiones definidas

como

actos

legislativos

independientemente

de

que

el

legítimos.

documento

El

sea

privilegio

clasificado

como

aplica

récord

público o documento confidencial. En ninguno de ambos casos puede ser

requerido compulsoriamente de la Asamblea Legislativa.

Una vez se llega a la determinación que el documento solicitado es

parte

del

proceso

legislativo

legítimo

y

está

cobijado

por

el

privilegio constitucional, el documento es descubrible sólo de mediar

una autorización expresa de la Asamblea Legislativa. Dicha autorización

puede ser mediante una renuncia al privilegio en ese momento,46 o a

46

La

Asamblea

Legislativa

puede

renunciar

al

privilegio

y

voluntariamente entregar los documentos solicitados. Sin embargo tal

CC-97-735

- 56 -

través de lo dispuesto respecto al acceso a documentos legislativos en

el Reglamento de la Comisión Especial, el Reglamento del Senado y el

Reglamento para Establecer el Programa de Administración de Documentos

Públicos del Senado de Puerto Rico. Reglamento de la Comisión Especial,

Reglas

Núm.

2(B)y

(D),

5,

7,

8(B)y(CH),

12(B),

14;

Reglamento

del

Senado, R. del S. 13 de 16 de enero de 1997, Regla 14; Reglamento para

Establecer el Programa de Administración de Documentos Públicos del

Senado de P.R., Reglamento Número 13 de 15 de julio de 1988, Segunda

Parte, Artículo VI, Cuarta Parte, Artículo I.47

Las cortes federales han tenido la oportunidad de enfrentarse a

situaciones similares a la de autos.

En este contexto han determinado

que el hecho de que un acto legislativo haya sido memorializado en un

récord

publico

no

deja

inoperante

la

protección

de

la

Cláusula

de

Inmunidad Parlamentaria, y evidencia de dichos actos está protegida de

requerimiento compulsorio, aunque conste en un documento público.

U.S.

v. Swindall, 971 F. 2d 1531, 1550 (1992).

Dichos tribunales también han determinado que, al amparo de la

Cláusula de Inmunidad Parlamentaria, el hecho de que los documentos

solicitados en un descubrimiento de prueba hubiesen sido generados en

una reunión “a puerta cerrada” de una comisión legislativa, no es un

factor

a

privilegio.

considerarse

al

momento

evaluar

la

aplicación

del

2BD Associates Limited Partnership v. County Commissioners

for Queen Anne´s County, supra.

renuncia del privilegio

Heltoski, supra.

47

de

debe

En dicha ocasión el tribunal reiteró

de

ser

explícita

e

inequívoca.

U.S.

La Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, 3

L.P.R.A. secc. 1001-13, dispone un programa para la administración de

documentos públicos en la tres ramas de gobierno. En cuanto a los

documentos de la Rama Legislativa se faculta al Presidente del Senado o

a su representante autorizado, y al Presidente de la Cámara o a su

representante autorizado, a publicar listas de los documentos públicos,

que por razón de su contenido deberán ser considerados confidenciales,

los cuales no estarán sujeto a ser inspeccionados. Sec. 1002 (a) y

(b)(2).

En virtud de dicha autorización el Senado adoptó el Reglamento

para Establecer el Programa de Administración de Documentos Públicos

del Senado de Puerto Rico, Reglamento Número 13 de 15 de julio de 1988.

CC-97-735

- 57 -

que el criterio a utilizarse es el de actos legislativos legítimos, y

en interés de permitir a la ciudadanía el mayor acceso posible a los

documentos

generados

descubrimiento

de

por

las

aquellos

ramas

gubernamentales,

documentos

que,

aunque

permitió

el

generados

en

reuniones a puerta cerrada de una comisión legislativa, no estuviesen

protegidos por el privilegio de inmunidad parlamentaria.

Utilizando

el

criterio

de

"proceso

legislativo

legítimo"

concluimos que aquellos documentos que no forman parte del proceso

legislativo legítimo, no están cobijados por la Cláusula de Inmunidad

Parlamentaria, independientemente de su clasificación como documento

público o confidencial.48

parte

del

proceso

De igual modo, aquellos documentos que forman

legislativo

legítimo,

están

cobijados

por

el

privilegio evidenciario de la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria y no

pueden requerirse compulsoriamente de la Asamblea Legislativa, a menos

que el Reglamento de la Comisión Especial o el Reglamento del Senado

así lo autoricen.49

Por lo anteriormente expuesto, somos del criterio que de aquellos

documentos

protegidos

por

el

privilegio

solamente

son

descubribles

aquellos que por disposición expresa de la propia Asamblea Legislativa

están disponibles al público.

IV

Analizado el alcance de la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria en

el

48

contexto

del

descubrimiento

de

prueba,

así

como

el

criterio

a

No está ante nuestra consideración qué sucedería si dichos

documentos estuvieran cobijados de divulgación por otro privilegio

evidenciario, o por alguna ley especial. Por tal razón no nos

pronunciamos al respecto.

49

Nada impide que el licenciado Rivera Cruz obtenga de otras fuentes,

como lo serían publicaciones en periódicos, videograbaciones de las

estaciones

de

televisión

o

grabaciones

de

empresas

radiales,

información referente a lo que sucedió en las vistas de la Comisión.

Debemos recordar que el propósito fundamental de la Cláusula de

Inmunidad Parlamentaria es proteger la integridad y la independencia

del proceso legislativo, por lo cual el privilegio evidenciario protege

a la Rama Legislativa de un requerimiento compulsorio de documentos y

de citaciones a sus miembros. La alternativa de obtener prueba

exculpatoria por otros medios, cumple con el propósito de permitir al

licenciado Rivera Cruz presentar prueba que permita al tribunal de

CC-97-735

utilizarse

- 58 al

determinar

cuáles

documentos

están

cobijados

por

la

cláusula, nos corresponde examinar cuál debe ser el procedimiento a

seguirse ante un reclamo por la Asamblea Legislativa de la aplicación

del privilegio en su vertiente evidenciaria.

Somos

del

criterio

que

corresponde

al

tribunal

de

instancia,

determinar qué documentos son privilegiados y cuáles son descubribles.

No podemos refrendar la Opinión del Tribunal en cuanto adjudica, de

modo sumario, cuáles de los documentos solicitados por el licenciado

Rivera Cruz, están excluidos de descubrimiento por estar cobijados por

la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.

Reiteradamente hemos reconocido que, de ordinario, lo que procede

en

casos

como

sentenciador

parámetros

el

de

autos,

para

que

continúe

expresados

por

es

esta

devolver

con

los

el

recurso

al

procedimientos

Curia.

Solamente

tribunal

según

en

los

contadas

excepciones, y por razón de tener ante nos el documento cuya naturaleza

privilegiada hay que determinar, hemos obviado el trámite ordinario de

devolver el recurso al tribunal de instancia.

López Vives v. Policía

de P.R., 118 D.P.R. 219, 235 (1987), Soto v. Sro. de Justicia, supra.

No tenemos ante nos los documentos en controversia.

su

comparecencia,

enumera

los

documentos

solicitados

El Senado, en

y

arguye,

sin

mayor explicación o detalle, que están cobijados por el privilegio de

inmunidad

parlamentaria

quehacer legislativo.

por

tratarse

de

documentos

relativos

al

No podemos, en aras a la economía procesal, o en

interés de resolver expeditamente este recurso, obviar el trámite de

que sea el tribunal de instancia, en el ejercicio de una discreción

informada, quien determine cuáles documentos son descubribles.

Este

ha

sido

el

procedimiento

refrendado

por

los

tribunales

federales así como por nuestra jurisprudencia. Las cortes federales han

determinado que al adjudicar un reclamo de privilegio por la Asamblea

Legislativa, corresponde a la parte que sostiene el privilegio preparar

instancia determinar si la conducta del imputado es constitutiva de

desacato, sin atentar contra la independencia del poder legislativo.

CC-97-735

- 59 -

un índice de los documentos solicitados que considera privilegiados,

por formar parte integral del proceso deliberativo y comunicativo de

las cámaras o comisiones y sus ayudantes.50

In re Possible Violations

of U.S.C. ss., 201, 371, 491 F Supp 211 (1980); In re grand Jury

Investigations, 587 F 2d 589, 597 (1978).

En dicho índice, la Asamblea Legislativa debe explicar por qué el

documento es privilegiado.

debe

de

contener

la

Aunque la explicación puede ser sucinta,

información

necesaria

para

que

el

tribunal

determine que el reclamo de privilegio es legítimo.

Sometido

el

índice,

corresponde

reclamo del privilegio es procedente.

solicitados

fueron

preparados

o

al

tribunal

determinar

si

el

De determinar que los documentos

recopilados

en

el

curso

de

una

actividad legislativa legítima, el privilegio existe y su protección es

absoluta.

Si

el

tribunal

determina

que

del

índice

preparado

le

es

imposible llegar a una conclusión sobre la aplicación del privilegio a

dichos

documentos,

el

tribunal

de

instancia

puede

ordenar

que

se

produzcan los documentos para ser inspeccionados por el juez.

Este examen debe ser en cámara, con o sin la participación de la

representación legal de las partes.51

Aun en aquellas ocasiones en que

se

un

examen

legal

de

haya

determinado

participación

de

la

proceder

con

representación

las

en

cámara

partes,

el

sin

la

debido

50

El procedimiento de preparar un índice de los documentos

alegadamente privilegiados surgió por primera vez en casos al amparo de

la Freedom of Information Act, con el propósito de asegurar que el

derecho de una parte a obtener información no quedase afectado por la

burocracia gubernamental y la posibilidad de falsa representación. Por

esta razón los tribunales diseñaron un método que les permitiese

verificar el reclamo de privilegio. Vaughn v. Rosen 484 F.2d 820

(1973). La utilización del índice Vaughn, como ha llegado a conocerse,

ha sido expresamente reconocida en casos de reclamo del privilegio de

inmunidad parlamentaria. In re Possible Violations of U.S.C. ss.

201,371, supra; In re grand Jury Investigations, supra.

51

El examen en cámara es un método altamente apropiado y útil para

aquellas situaciones en que hay reclamos de privilegio. Kerr v. U.S.

District Court, 426 US 393, 406 (1976). A igual conclusión hemos

llegado en nuestra jurisdicción.

Soto v. Srio. de Justicia, supra;

López Vives v. Policía de P.R., supra; Santiago v. Bobb y El Mundo,

Inc., supra.

CC-97-735

- 60 -

proceso de ley exige que se dé una oportunidad posterior a las partes

de cuestionar, en derecho, la decisión del tribunal.

En nuestra jurisdicción refrendamos un procedimiento similar en

Soto v. Secretario de Justicia, supra.

En aquella ocasión exigimos al

Secretario de Justicia que preparara una relación de los documentos en

su

poder

relativos

identificar

a

una

adecuadamente

investigación.

los

documentos,

y

Dicha

aunque

relación

no

debía

exigimos

una

descripción del contenido, exigimos que dicha relación especificase la

razón particular para no divulgarlo.

Dispusimos que este listado fuese

examinado en cámara por el juez de instancia sin participación de las

partes y sus abogados.

Soto, supra, a las págs. 504-505. Estamos

convencidos que igual procedimiento debe imponerse en el caso de autos,

ya que son varias las ventajas que ofrece.

En

primer

lugar,

permite

al

tribunal

verificar

el

reclamo

de

privilegio para ejercer, de modo informado, su tarea constitucional de

determinar qué materia es o no privilegiada, como árbitro final de la

controversia entre las partes.

Por otro lado responde a la necesidad

de no permitir que sea la propia Asamblea Legislativa quien sea árbitro

absoluto y final de lo que es materia privilegiada. Gravel v. U.S.,

supra, a la 624; Tenney v. Brandhove, supra a la 376-377; Benford v.

American Broadcasting Co. Inc., 98 F.R.D. 42, (1983).

Anteriormente, al enfrentarnos a la necesidad de determinar la

validez de un reclamo de privilegio por el Estado resolvimos que:

[E]n esta gestión el tribunal puede hacer un examen en

cámara de los documentos o información que el Estado alega

son privilegiados, como condición previa al reconocimiento

del privilegio. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc. supra a la

pág 162.

Con

esta

aseveración

reiteramos

la

norma

vigente

en

nuestro

esquema constitucional que rechaza la posibilidad de que los cuerpos

CC-97-735

- 61 -

legislativos o los funcionarios ejecutivos se conviertan en jueces de

sus propios poderes, ya que son los tribunales los intérpretes finales

de las leyes y la Constitución.

Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114

D.P.R. 576, 591 (1983).

En segundo lugar, la preparación del índice obliga a la parte que

reclama

el

privilegio

a

examinar

cuidadosamente

los

documentos

requeridos para determinar si en realidad su reclamo de privilegio

prosperaría.

En este ejercicio le permite considerar la posibilidad de

segregar, dentro de un mismo documento, material privilegiado del no

privilegiado,

lo

cual

facilita

descubrimiento

obtenga

aquellos

que

la

parte

segmentos

no

interesada

en

el

privilegiados.

In

re

Guthrie v. American Broadcasting Co., 733 F.2d 634 (1983).

Por lo anteriormente expresado, consideramos que corresponde al

tribunal de instancia determinar cuáles de las citaciones y documentos

solicitados de la Comisión Especial están cobijados por el privilegio

de

inmunidad

parlamentaria,

y

cuáles

son

descubribles.

En

este

ejercicio dicho foro tiene el beneficio de la comparecencia de las

partes, así como la oportunidad de requerir los documentos para examen,

de

ser

ello

necesario,

antes

de

decidir

sobre

la

aplicación

del

privilegio.

La

Opinión

del

Tribunal

modifica

la

sentencia

del

tribunal

apelativo por considerar que erróneamente ordenó el descubrimiento de

ciertos

documentos

examinado

detenidamente

Apelaciones

apelativo

denegados

y

hemos

actuó

la

por

el

tribunal

sentencia

llegado

a

correctamente,

la

y

del

de

Tribunal

abstuvo

Hemos

de

Circuito

de

que

el

de

determinar

conclusión

se

instancia.

tribunal

cuáles

documentos eran descubribles:

No resolvemos a qué descubrimiento pueda tener derecho

el licenciado Rivera Cruz. En vez, devolvemos el caso al

tribunal

de

Primera

determine,

conforme

conformidad

con

Instancia

para

que

a

criterios

legales

esta

opinión,

a

sea

éste

el

que

y

en

documentos

y

adecuados

cuáles

de

CC-97-735

- 62 -

testigos,

si

algunos,

derecho.

Este

el

Tribunal

licenciado

expide

Rivera

el

Cruz

recurso

tiene

solicitado,

confirma en parte y deja sin efecto en parte la resolución

recurrida. Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones

a la pág. 4.

El

tribunal

apelativo

se

limitó

a

establecer

los

parámetros

legales correspondientes respecto al descubrimiento de prueba, y ordenó

al tribunal a quo celebrar una vista con la mayor brevedad posible en

la

cual

examinase

determinase,

de

la

procedencia

acuerdo

a

los

de

las

criterios

defensas

legales

de

presentadas,

y

pertinencia

y

privilegios, a cuáles documentos y testigos, si algunos, tenía derecho

el licenciado Rivera Cruz.

Por

lo

anteriormente

expresado

confirmaríamos

Tribunal

de

Circuito

Apelaciones

y

de

la

devolveríamos

sentencia

del

el

al

recurso

tribunal de instancia para que, a la luz de los criterios expresados en

esta Opinión, haga la determinación de cuáles documentos y citaciones

están protegidas por el privilegio de inmunidad parlamentaria.

V

Por

último,

examinado

el

derecho

aplicable,

concluimos

que

al

licenciado Rivera Cruz le asiste el derecho, al amparo del Artículo 34A del Código Político y del debido proceso de ley, a presentar en la

vista de desacato a celebrarse, aquellas defensas legítimas que le

permitan justificar su incumplimiento con la orden del tribunal.

Tiene

derecho, por tanto, a descubrir toda aquella prueba pertinente y no

privilegiada

que

le

ayude

en

la

presentación

de

dichas

defensas

legítimas.

Entre las defensas presentadas en su moción de desestimación hay

algunas que a la luz de los parámetros establecidos en esta ponencia,

así como en la Opinión del Tribunal, son claramente inmeritorias.

CC-97-735

- 63 -

Coincidimos con la Opinión del Tribunal de que las alegaciones del

licenciado Rivera Cruz, respecto a que la Comisión Especial carece de

un fin legítimo, es improcedente. Coincidimos también con lo expresado

por

la

mayoría

de

que,

ante

una

investigación

de

la

propia

Rama

Legislativa, el licenciado Rivera Cruz no está cobijado por la Cláusula

de Inmunidad Parlamentaria por haber fungido como ex-investigador de la

Comisión anterior que investigó los sucesos de Maravilla.

Reiteramos

que el licenciado Rivera Cruz no tiene derecho a descubrir aquellos

documentos relativos a aquellas defensas que la Opinión del Tribunal,

con la cual coincidimos, ha determinado que son inmeritorias.

Respecto a las alegaciones del licenciado Rivera Cruz de que la

Comisión

Especial

no

estaba

legalmente

constituida

por

falta

de

adecuada participación de los miembros de la minoría, el licenciado

Rivera Cruz tiene derecho a descubrir, al amparo de lo resuelto en

Silva v. Hernández Agosto, supra, y en Hernández Agosto v. Betancourt,

supra, prueba pertinente y no privilegiada, de que en efecto no hubo

adecuada participación de los miembros de la minoría.

Le corresponde, también, al licenciado Rivera Cruz, el derecho a

descubrir prueba pertinente y no privilegiada relativa a su alegación

de que la Comisión Especial, en una clara contravención a la Regla 2-B

de su Reglamento, de la Regla 14.8 del Reglamento del Senado, y de la

disposición

constitucional

que

protege

la

dignidad,

honra

e

inviolabilidad de la persona humana, incurrió en conducta y expresiones

ofensivas y derogatorias a su persona.

De este modo establecemos un balance adecuado entre el derecho

estatutario que asiste al imputado en virtud del Artículo 34-A del

Código Político, su derecho constitucional

a las garantías mínimas que

ofrece el debido proceso de ley, y nuestro esquema de separación de

poderes protegido por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.

Aunque consistentemente hemos reconocido los amplísimos poderes

que tienen la legislatura y sus comisiones.

Hernández Agosto v. Ortiz,

115 D.P.R. 564 (1984); Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra; Peña

CC-97-735

Clos

v.

- 64 Cartagena

Ortiz,

no

supra,

podemos

abdicar

nuestro

deber

constitucional de examinar si existen causas legítimas que justifiquen

la incomparecencia del licenciado Rivera Cruz a la vista de la Comisión

Especial.

De igual modo, no podemos acceder a la solicitud del

Rivera

Cruz

de

tener

acceso

a

todos

los

testigos

licenciado

y

documentos

requeridos, sin tomar en consideración, si los mismos son pertinentes a

las defensas legítimas que le asisten. Determinada dicha pertinencia,

debemos tomar en consideración el privilegio evidenciario consagrado en

la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria.

por

la

Asamblea

Legislativa

es

Ante un reclamo de privilegio

necesario,

que

en

el

ejercicio

de

nuestra facultad constitucional de adjudicar la controversia entre las

partes, examinemos si el reclamo del privilegio es legítimo y debe

prosperar.

Al igual que la Opinión del Tribunal, sentimos honda preocupación

al considerar que los

foros

para

que

las

procesos legislativos puedan convertirse en

partes

ventilen

su

animosidad

y

hostilidad.

Exhortamos a las partes envueltas en este recurso a que sus actuaciones

sean

ejemplo

de

prudencia,

tolerancia

y

madurez.

Solo

así

podemos

salvaguardar los valores que animan nuestra sociedad democrática.

Por lo anteriormente expuesto, aunque concurrimos con la Opinión

del Tribunal respecto al alcance y vigencia de la Cláusula de Inmunidad

Parlamentaria,

disentimos

en

cuanto

a

que

considera

que

el

procedimiento a seguirse en la vista de desacato es uno extraordinario

en el cual no procede un descubrimiento de prueba amplio.

Disentimos

también de su determinación de modificar la sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones y de adjudicar desde este estado apelativo

cuáles documentos son descubribles.

En su lugar, confirmaríamos la sentencia del Tribunal de Circuito

de Apelaciones y ordenaríamos al tribunal de instancia que con premura

y

diligencia

determine

cuáles

de

los

documentos

y

citaciones

solicitados son necesarios para que el licenciado Rivera Cruz pueda

CC-97-735

- 65 -

demostrar la existencia de una defensa legítima a su incomparecencia.

De

estos

documentos

y

citaciones

pertinentes

a

dichas

defensas,

corresponde al tribunal de instancia determinar cuáles son descubribles

y cuáles están cobijados por el privilegio de la Cláusula de Inmunidad

Parlamentaria.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado