Tribunal Supremo de Puerto Rico
Francisco Rebollo López V. Ivonne Gil Bonar
1999 TSPR 99
Poder Judicial de Puerto Rico
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Francisco Rebollo López V. Ivonne Gil Bonar
CC-1999-0220
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Francisco Rebollo López
Recurrido
Certiorari
V.
99 TSPR 99
Ivonne Gil Bonar
Recurrente
Número del Caso: CC-1999-0220
Abogados de la Parte Recurrente:
Cruz Rosario & Méndez Ondina
Lcda. Diana Méndez Ondina
Lcda. Carmen Pilar Cruz Rosario
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Beatriz Vázquez de Acarón
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carlos De J. Rivera
Marrero
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II Bayamón
Panel Integrado por:
Hon. Sánchez Martínez
Hon. Ramos Buonomo
Hon. Urgell Cuebas
Fecha: 6/25/1999
Materia: Divorcio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Francisco Rebollo López
Demandante-Recurrido
v.
CC-99-220
Certiorari
Ivonne Gil Bonar
Demandada-Peticionaria
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999
I.
La sentencia recurrida del Tribunal de Circuito de
Apelaciones revocó la orden de 20 de agosto de 1998, así
como la resolución del 31 de agosto del mismo año,
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, "en tanto
y en cuanto permiten un descubrimiento de prueba
ilimitado".
Ordenó
"la
continuación
de
los
procedimientos a los fines de que el Tribunal de Primera
Instancia: (1) determine si la [..., Sra. Gil Bonar],
tiene necesidad de recibir una pensión de ex-cónyuge; (2)
de tener dicha necesidad, provea un descubrimiento de
prueba adecuado para el período de tiempo a partir del 23
de octubre de 1997; (3) en caso de que la [Sra. Gil
Bonar] insistiera en realizar un descubrimiento de prueba
para algún período anterior al 23 de octubre de 1997,
deberá
determinar
si
ésta
lo
ha
justificado
adecuadamente, en cuyo caso determinará su alcance y
extensión y (4) emita cualquier otra orden indispensable
para resolver este litigio en sus méritos, lo más pronto
posible".
Mediante nuestra Resolución del 7 de mayo de 1999
denegamos el recurso presentado por la señora Gil Bonar.
Oportunamente, nos solicitó reconsideración.
II.
Nada nuevo añade la peticionaria, señora Gil Bonar, en su escrito de
reconsideración para movernos a expedir. No nos ha puesto en condiciones
de concluir que necesita utilizar en esta etapa los mecanismos de
descubrimiento de prueba ilimitados para establecer su necesidad de
alimentos post-sentencia.
Por el contrario, los autos de este caso
demuestran que la prueba necesaria a esos efectos está bajo su control o
es conocida por ésta.
Además, del apéndice del recurso surge información específica ya
descubierta, bajo juramento, de la situación financiera del recurrido,
señor Rebollo López, a saber: (a) ingreso mensual, (b) bono de Navidad,
(c) cuentas bancarias, (d) cuentas de ahorro y certificados de depósito;
(e) valores de inversiones, (f) propiedades inmuebles, (g) automoviles,
(h) dinero acumulado en la Administración del Sistema de Retiro de la
Judicatura de Puerto Rico, y en la Asociación de Empleados del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, (i) deudas por concepto de prestamos
personales e hipotecarios, (j) obligaciones por concepto de pensión
alimentaria, (k) gastos personales, (l) pagos
por concepto de seguro
médico personal y de dependientes, entre otros.1
III.
Por otro lado, el foro apelativo atendió adecuadamente el reclamo de
la peticionaria, señora Gil Bonar, de realizar el descubrimiento de
prueba que sea necesario para establecer la capacidad económica del
recurrido en caso de que el tribunal de instancia determine que ella es
acreedora a la pensión alimentaria solicitada.
Así, el foro apelativo
reconoció su derecho de realizar un descubrimiento de prueba ordinario y
adecuado para el período de tiempo que ha transcurrido a partir del 23 de
octubre de 1997, fecha de la resolución del Tribunal de Primera Instancia
concediendo la pensión alimentaría pendente lite a favor de la
peticionaria, señora Gil Bonar, después de haberse celebrado ante dicho
tribunal una vista en la cual recibió la prueba requerida a esos fines y
determinó el monto de tales alimentos. También reconoció el Tribunal de
Circuito de Apelaciones el derecho de la señora Gil Bonar a realizar un
descubrimiento de prueba relativo a cualquier período anterior al 23 de
octubre de 1997, previa justificación al efecto.
IV.
Considerada la solicitud presentada en este recurso a la luz de lo
dispuesto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y en ausencia de un
claro abuso de discreción por parte de dicho foro, sería prematura
nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos respecto al
alcance y materias del descubrimiento de prueba a que tendría derecho la
peticionaria, señora Gil Bonar, en caso de que el tribunal de instancia
determine que tiene derecho a una pensión alimentaria post-divorcio.
Bajo el supuesto de que se establezca tal necesidad, nada le impide a
ésta recurrir nuevamente en caso de que pueda demostrar concretamente
que este dictamen no le permite establecer en instancia algún elemento
esencial y pertinente de sus alegaciones.
A tenor con lo anteriormente expuesto, se deniega la Moción de
Reconsideración.
Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Secretaria del Tribunal
Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió voto particular
al cual se unió el Juez Asociado señor Corrada del Río. El Juez Asociado
señor Rebollo López está inhibido.
1
Información que provee el recurrido, señor Rebollo López y la
peticionaria, señora Gil Bonar, revela que esta última posee una
participación (privativa en algunos casos y en otras ganancial) en los
valores de inversiones informados y en las propiedades inmuebles
detalladas.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Francisco Rebollo López
Recurrido
CC-99-220
v.
Yvonne Gil Bonar
Peticionaria
Voto Particular de la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODON al cual se
une el Juez Asociado señor Corrada del Río.
San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999
En la resolución que hoy emite la mayoría de este
Tribunal se utiliza como fundamento para denegar la moción
de reconsideración presentada por la peticionaria, Sra.
Yvonne Gil Bonar, el que el Tribunal de Circuito de
Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito) no abusó de
su discreción al intervenir con la determinación del
Tribunal de Primera Instancia sobre la manera de llevar a
cabo el descubrimiento de prueba y manejar el caso.
Además, señala, que la peticionaria “[n]o nos ha puesto en
condiciones de concluir que necesita utilizar en esta etapa
mecanismos de descubrimiento de prueba ilimitados para
establecer su necesidad de alimentos post-sentencia.”
Añade también la mayoría que el descubrimiento de prueba
para probar necesidad resulta innecesario pues de los autos
surge que la peticionaria señora Gil Bonar tiene bajo su
control
o
le
es
conocida
dicha
prueba.2
2
Cabe señalar que casi toda la prueba que la mayoría
identifica como conocida por la peticionaria señora Gil
Bonar o bajo su control, va dirigida a demostrar la
capacidad de pago del recurrido, Sr. Francisco Rebollo
López, no la necesidad alimentaria de la señora Gil Bonar.
No podemos avalar la posición adoptada por la mayoría.
A nuestro entender el Tribunal de Circuito ha mal interpretado su
función como tribunal apelativo.
Ha procedido, sin justificación válida
alguna, a sustituir su criterio por el del foro de instancia, en cuanto al
ejercicio de la discreción en materias procesales.
Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico impera la norma
invariable de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las
determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del tribunal
sentenciador cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un
craso abuso de discreción. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729,
745 (1986); Valencia, Ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986); Ortiz Rivera v.
Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965); Hernández Usera, Ex Parte y Enjuto,
Int., 52 D.P.R. 120, 127 (1937); Vivas et al. v. Hernaiz, Targa & Co. et
al., 24 D.P.R. 836, 843 (1917).
En el caso de autos no se ha demostrado que el foro de instancia haya
ejercido
incorrectamente
su
facultad
discrecional
al
acceder
al
descubrimiento de prueba solicitado por la peticionaria señora Gil Bonar y
al no proveer para la bifurcación de las controversias en el caso. Lo que
si surge con meridiana claridad del expediente es que se ha pretendido
litigar en los foros apelativos hasta los más comunes incidentes
procesales interlocutorios, sin que hayamos podido identificar una razón
de peso para apartarnos de la norma general antes mencionada.
Resulta importante tener presente que la citada norma de que -en
ausencia de un claro abuso de discreción, no habremos de intervenir con
las directrices de carácter discrecional de los tribunales inferiores- es
aplicable en la relación entre un tribunal apelativo y uno sentenciador en
el ejercicio de la función del primero como revisor de las actuaciones
judiciales del segundo.
No es aplicable, sin embargo, entre dos foros
3
apelativos.
En Lluch v España Service Sta., supra, expresamos que, de
ordinario los tribunales apelativos “no interven[dremos] con el ejercicio
de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre
que hubo un craso abuso de discreción, o que se equivocó en la
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio
sustancial.”
No cabe duda que los tribunales de origen son los que están en mejor
posición para determinar cómo se debe manejar un caso que está ante su
consideración.
Las determinaciones que haga en el sano ejercicio de su
discreción deben ser respetadas por los foros apelativos, a menos, claro
está, que se demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción, una
determinación errónea que cause grave perjuicio a una de las partes, o la
necesidad de un cambio de política pública procesal o sustantiva.
Esta
norma fortalece el principio de que serán los tribunales de origen los que
manejen los casos que les son presentados.4
3
Así lo hemos resuelto reiteradamente desde el 1917. Véase, Vivas, et
al. v. Hernaiz, Targa & Co. et al., 24 D.P.R. 836, 843 (1917).
4
Al emitir la Resolución de 30 de junio de 1998 denegando la
reconsideración, aclaramos nuestro dictamen de 5 de junio de ese mismo año
indicando específicamente que le reconocíamos al foro de instancia plena
libertad para manejar el caso.
Expresamos en dicha Resolución que las
partes, o sea, tanto la peticionaria señora Gil Bonar como el recurrido
señor Rebollo López, podían hacerle al tribunal de instancia “todos los
planteamientos que estima[sen] pertinentes, incluyendo el de si proce[día]
o no una pensión provisional mientras se llevaba a cabo un descubrimiento
Entendemos que en el caso de autos el tribunal sentenciador actuó
dentro del marco de su discreción y que tiene a su disposición los
mecanismos procesales necesarios para que ninguna de las partes pueda
abusar
del
proceso.
No
existe
razón
alguna
o
circunstancias
extraordinarias para que el Tribunal de Circuito abrogue la discreción del
foro de instancia y se atribuya el control procesal de un caso que aún
está pendiente en el tribunal de origen.
Dicho en otros términos, no
procedía que el Tribunal de Circuito sustituyera su criterio por el del
tribunal sentenciador con relación al uso de los mecanismos de
descubrimiento de prueba y proveyera para la bifurcación de los trámites
procesales.5
Con estas normas en mente pasemos a analizar la petición de
certiorari en sí.
Entendemos que el segundo error planteado debe
examinarse. Éste lee así:
“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al privar a la
peticionaria de su derecho a descubrimiento de prueba hasta
tanto probara su “necesidad” de una pensión post-divorcio, [sic]
y de probarlo, entonces tendría derecho a descubrimiento de
prueba limitado y restringido en cuanto a su alcance y tiempo.”
Como sabemos, el Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 385 fue
sustancialmente enmendado por la Ley Núm. 25 de 16 de febrero de 1995.
Mediante esta enmienda se eliminó, entre otras cosas, el requisito de
culpa y se establecieron ocho (8) criterios que el tribunal debe
considerar al determinar si procede o no la concesión de pensión
alimentaria a ex cónyuges y la cuantía en que ésta se debe fijar. También
deja abierta la posibilidad de que el tribunal tome en cuenta cualquier
otro factor que entienda apropiado, dentro de las circunstancias
específicas del caso. Sobre el particular, el Art. 109, supra, dispone lo
siguiente:
Si decretado el divorcio por cualesquiera de las causales que
establece la sec. 321 de este título, cualesquiera de los ex
cónyuges no cuenta con suficientes medios para vivir, el
Tribunal [de Primera Instancia] podrá asignarle alimentos
discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que
sean de la propiedad del otro cónyuge.
El Tribunal concederá los alimentos a que se refiere el
párrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otras, las
siguientes circunstancias:
(a)
(b)
(c)
(d)
Los acuerdos a que hubiesen llegado los ex cónyuges.
La edad y el estado de salud.
La cualificación profesional y las probabilidades
acceso a un empleo.
La dedicación pasada y futura a la familia.
de
de prueba adecuado y se [resolvía] el caso en los méritos.”
(Enfasis
suplido.) Como podrá observarse, no condicionamos ni el descubrimiento de
prueba, ni la forma de conducir el pleito, ni la procedencia o no de los
alimentos provisionales.
Todo el manejo del caso y los incidentes
procesales se lo dejamos al buen juicio del tribunal sentenciador.
5
En concreto, nos referimos a la determinación del Tribunal de Circuito a
los efectos de que la peticionaria señora Gil Bonar primero pruebe la
necesidad económica antes de poder hacer descubrimiento de prueba sobre la
capacidad de pago del recurrido señor Rebollo López.
(e)
(f)
(g)
(h)
La colaboración con su trabajo en las actividades
mercantiles, industriales o profesionales del otro
cónyuge.
La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y
otro cónyuge.
Cualquier otro factor que considere apropiado dentro de
las circunstancias del caso.
Fijada la pensión alimenticia [sic], el juez podrá modificarla
por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y
la fortuna de uno u otro ex cónyuge. La pensión será revocada
mediante resolución judicial si llegase a hacerse innecesaria,
o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a la pensión
nuevo matrimonio o viviese en público concubinato.
(Énfasis
suplido.)
Una lectura de los ocho (8) criterios expuestos refleja con meridiana
claridad que éstos se refieren tanto a la cuantía que se debe conceder
como pensión alimentaria, como a lo que significa “suficientes medios para
vivir”.
Para determinar estos dos (2) elementos indispensables para la
concesión de pensión alimentaria entre ex cónyuges, hay que analizar y
examinar los ocho (8) factores que contiene el Art. 109, supra. En cuanto
al elemento de “suficientes medios para vivir” antes de siquiera comenzar
a aportar la prueba para establecerlo, hay que precisar los parámetros con
referencia a los cuales se determinará qué constituyen los medios
suficientes para vivir en cada caso en particular.
Los factores establecidos en el Art. 109, supra, ayudarán al tribunal
a contestar las siguientes interrogantes: ¿Qué constituye para esa
persona, para ese ex cónyuge, “suficientes medios para vivir”?
O sea,
¿vivir cómo? ¿Qué es suficiente? Es obvio que el concepto “suficientes
medios para vivir” hay que determinarlo en relación con algo y que ese
algo podría ser la forma o estilo de vida de la familia, antes y después
del divorcio y la de los ex cónyuges que incluiría la época durante el
matrimonio y la posterior al divorcio.
Sin contraponerse a algo en
específico, la disposición no tiene sentido. Después de todo, lo que es
suficiente para unos puede resultar inadecuado para otros.
Una vez
establecido esto y la capacidad de pago es que se puede fijar la pensión
alimentaria de ex cónyuges.
Cabe señalar que, aún no hemos tenido la oportunidad de interpretar
cuán amplia y abarcadora fue la enmienda que sufrió el Art. 109, supra, en
1995.
Tampoco hemos considerado si ésta tuvo el efecto de modificar
nuestros pronunciamientos en Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 16 (1983); ni si
el legislador tuvo la intención de incorporar a la disposición sobre
pensión alimentaria entre ex cónyuges el concepto de desigualdad
económica.
Ante toda esta problemática que tenía ante sí el foro de instancia,
éste entendió que para poder resolver el caso y determinar cuáles son los
suficientes medios para
vivir, era necesario que la peticionaria
realizara un descubrimiento de prueba adecuado. No hubo arbitrariedad en
esta determinación y mucho menos se puede identificar algún craso abuso de
discreción.
En consecuencia, no vemos razón alguna por la cual el
Tribunal de Circuito debió interferir con el ejercicio de la discreción
del foro de instancia en el manejo del caso en la etapa de descubrimiento
de prueba.
Debemos tener presente que, aunque el descubrimiento de prueba no es
ilimitado, en casos civiles éste debe ser amplio y liberal.
Ades v.
Zalman 115 D.P.R 514, 518 (1984); Rivera Alejandro v. Algarín 112 D.P.R.
830, 834 (1982).
Incluye cualquier materia, “no privilegiada, que sea
pertinente al asunto en controversia ... [y] no constituirá objeción el
que la información solicitada sea inadmisible en juicio, siempre que
exista una probabilidad razonable de que dicha información conduzca al
descubrimiento de evidencia admisible.”
Regla 23.1 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R 23.1.
Tampoco, de ordinario, será una
objeción válida el hecho de que la información ya está en posesión de la
parte promovente.
Después de todo, una admisión de la parte contraria
facilita la tramitación del caso, pues su presentación en evidencia releva
a la parte que la obtuvo de tener que probar ese hecho.
R. Hernández
Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, PR
Ed. Michie of
Puerto Rico, Inc., (1997), Caps. 28-31, págs. 220-245. La determinación
que hoy avala la mayoría, limita, sin razón alguna, las opciones que tiene
la peticionaria para probar su caso y desarrollar la teoría interpretativa
del Art. 109, supra, según enmendado, sobre lo que significa “suficientes
medios para vivir.”
En Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119 D.P.R. 563, 566 (1987)
resolvimos que “en casos ordinarios los tribunales, salvo circunstancias
excepcionales y únicas, no pueden prohibir el uso de dichos mecanismos.
Claro está, ello no afecta la facultad de regular su extensión en orden a
objeciones de onerosidad, opresión, privilegio u otras razones válidas.”
(Enfasis en el original.)
A la luz de todo lo antes expuesto, no tenemos la menor duda de que
el tribunal de instancia no actuó arbitrariamente ni incurrió en un craso
abuso de su discreción al permitir el descubrimiento de prueba solicitado
por la peticionaria y al no proveer para la bifurcación del caso. Erró,
pues, el Tribunal de Circuito al intervenir con estas determinaciones
interlocutorias.
En el ejercicio de nuestra función revisora de las actuaciones del
Tribunal de Circuito, debemos expedir el recurso solicitado y revocar la
sentencia emitida por dicho foro, impartiéndole a éste las directrices
apropiadas para que en el futuro se abstenga de intervenir de forma
indebida e innecesaria con las determinaciones interlocutorias del
tribunal de instancia.
No obstante lo antes expresado, hemos revisado el apéndice del
recurso que incluye el interrogatorio que se pretende someter al recurrido
y los documentos que le solicita traiga a la toma de deposición y esto ha
creado en nosotros una gran preocupación. Estamos conscientes que, tanto
el interrogatorio como los documentos que se solicitan, tienen partes que
son claramente impertinentes, onerosas e innecesarias, cuyo único objetivo
parece ser el de molestar o incomodar.
Sin embargo, entendemos que las
reglas procesales tienen suficientes salvaguardas y mecanismos que le
permiten
al
foro
de
instancia
evitar
la
mala
utilización
del
descubrimiento de prueba sin tener que llegar a la drástica medida de
prohibirlo en su totalidad. No tenemos duda de que el foro de instancia
atendería con premura y enérgicamente cualquier solicitud del recurrido
relacionada con la mala utilización o sobreutilización de los mecanismos
de descubrimiento de prueba.
Dicho foro podría, entre otras cosas,
establecer límites razonables al descubrimiento o tomar cualquier otra
medida que estime necesaria a tenor con las circunstancias que se le
presenten, fiscalizando de cerca el controversial descubrimiento de
prueba. No se nos ha demostrado que el tribunal de instancia no esté en
la disposición de salvaguardar con celo los derechos de ambas partes.
En un caso como este, que ha generado tanta animosidad entre las
partes, el tribunal de instancia debe ejercer un especial control para
evitar se utilice el foro judicial para propósitos ajenos a nuestra
función de impartir justicia.
Creemos oportuno advertir que las
representaciones legales de las partes tienen el ineludible deber de
mantener un criterio juicioso y racional al hacer sus planteamientos ante
los tribunales. Deben hacer abstracción del estado emocional y animosidad
de su cliente para con la parte contraria. Después de todo, una de las
funciones de un abogado es precisamente fomentar la paz y la calma para
que las controversias se puedan resolver de forma objetiva, sin que la
emoción empañe el entendimiento. Desmerecen los argumentos legales cuando
éstos se entrelazan con innuendos e insultos velados.
Enérgicamente
repudiamos esta forma de actuar y no la toleraremos.
Por las razones antes expuestas, disiento de la decisión de la
mayoría de denegar el recurso presentado. Entiendo debe reconsiderarse la
Resolución que denegó la expedición del certiorari solicitado, expedirse
el recurso, revocar la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones y
devolver el caso al foro de instancia para que continúen los
procedimientos de forma compatible con lo aquí expresado.
Miriam Naveira de Rodón
Juez Asociada