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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Francisco Rebollo López V. Ivonne Gil Bonar

1999 TSPR 99

Poder Judicial de Puerto Rico

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Francisco Rebollo López V. Ivonne Gil Bonar

CC-1999-0220

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Francisco Rebollo López

Recurrido

Certiorari

V.

99 TSPR 99

Ivonne Gil Bonar

Recurrente

Número del Caso: CC-1999-0220

Abogados de la Parte Recurrente:

Cruz Rosario & Méndez Ondina

Lcda. Diana Méndez Ondina

Lcda. Carmen Pilar Cruz Rosario

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Beatriz Vázquez de Acarón

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carlos De J. Rivera

Marrero

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II Bayamón

Panel Integrado por:

Hon. Sánchez Martínez

Hon. Ramos Buonomo

Hon. Urgell Cuebas

Fecha: 6/25/1999

Materia: Divorcio

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Francisco Rebollo López

Demandante-Recurrido

v.

CC-99-220

Certiorari

Ivonne Gil Bonar

Demandada-Peticionaria

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999

I.

La sentencia recurrida del Tribunal de Circuito de

Apelaciones revocó la orden de 20 de agosto de 1998, así

como la resolución del 31 de agosto del mismo año,

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, "en tanto

y en cuanto permiten un descubrimiento de prueba

ilimitado".

Ordenó

"la

continuación

de

los

procedimientos a los fines de que el Tribunal de Primera

Instancia: (1) determine si la [..., Sra. Gil Bonar],

tiene necesidad de recibir una pensión de ex-cónyuge; (2)

de tener dicha necesidad, provea un descubrimiento de

prueba adecuado para el período de tiempo a partir del 23

de octubre de 1997; (3) en caso de que la [Sra. Gil

Bonar] insistiera en realizar un descubrimiento de prueba

para algún período anterior al 23 de octubre de 1997,

deberá

determinar

si

ésta

lo

ha

justificado

adecuadamente, en cuyo caso determinará su alcance y

extensión y (4) emita cualquier otra orden indispensable

para resolver este litigio en sus méritos, lo más pronto

posible".

Mediante nuestra Resolución del 7 de mayo de 1999

denegamos el recurso presentado por la señora Gil Bonar.

Oportunamente, nos solicitó reconsideración.

II.

Nada nuevo añade la peticionaria, señora Gil Bonar, en su escrito de

reconsideración para movernos a expedir. No nos ha puesto en condiciones

de concluir que necesita utilizar en esta etapa los mecanismos de

descubrimiento de prueba ilimitados para establecer su necesidad de

alimentos post-sentencia.

Por el contrario, los autos de este caso

demuestran que la prueba necesaria a esos efectos está bajo su control o

es conocida por ésta.

Además, del apéndice del recurso surge información específica ya

descubierta, bajo juramento, de la situación financiera del recurrido,

señor Rebollo López, a saber: (a) ingreso mensual, (b) bono de Navidad,

(c) cuentas bancarias, (d) cuentas de ahorro y certificados de depósito;

(e) valores de inversiones, (f) propiedades inmuebles, (g) automoviles,

(h) dinero acumulado en la Administración del Sistema de Retiro de la

Judicatura de Puerto Rico, y en la Asociación de Empleados del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, (i) deudas por concepto de prestamos

personales e hipotecarios, (j) obligaciones por concepto de pensión

alimentaria, (k) gastos personales, (l) pagos

por concepto de seguro

médico personal y de dependientes, entre otros.1

III.

Por otro lado, el foro apelativo atendió adecuadamente el reclamo de

la peticionaria, señora Gil Bonar, de realizar el descubrimiento de

prueba que sea necesario para establecer la capacidad económica del

recurrido en caso de que el tribunal de instancia determine que ella es

acreedora a la pensión alimentaria solicitada.

Así, el foro apelativo

reconoció su derecho de realizar un descubrimiento de prueba ordinario y

adecuado para el período de tiempo que ha transcurrido a partir del 23 de

octubre de 1997, fecha de la resolución del Tribunal de Primera Instancia

concediendo la pensión alimentaría pendente lite a favor de la

peticionaria, señora Gil Bonar, después de haberse celebrado ante dicho

tribunal una vista en la cual recibió la prueba requerida a esos fines y

determinó el monto de tales alimentos. También reconoció el Tribunal de

Circuito de Apelaciones el derecho de la señora Gil Bonar a realizar un

descubrimiento de prueba relativo a cualquier período anterior al 23 de

octubre de 1997, previa justificación al efecto.

IV.

Considerada la solicitud presentada en este recurso a la luz de lo

dispuesto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y en ausencia de un

claro abuso de discreción por parte de dicho foro, sería prematura

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos respecto al

alcance y materias del descubrimiento de prueba a que tendría derecho la

peticionaria, señora Gil Bonar, en caso de que el tribunal de instancia

determine que tiene derecho a una pensión alimentaria post-divorcio.

Bajo el supuesto de que se establezca tal necesidad, nada le impide a

ésta recurrir nuevamente en caso de que pueda demostrar concretamente

que este dictamen no le permite establecer en instancia algún elemento

esencial y pertinente de sus alegaciones.

A tenor con lo anteriormente expuesto, se deniega la Moción de

Reconsideración.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Secretaria del Tribunal

Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió voto particular

al cual se unió el Juez Asociado señor Corrada del Río. El Juez Asociado

señor Rebollo López está inhibido.

1

Información que provee el recurrido, señor Rebollo López y la

peticionaria, señora Gil Bonar, revela que esta última posee una

participación (privativa en algunos casos y en otras ganancial) en los

valores de inversiones informados y en las propiedades inmuebles

detalladas.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Francisco Rebollo López

Recurrido

CC-99-220

v.

Yvonne Gil Bonar

Peticionaria

Voto Particular de la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODON al cual se

une el Juez Asociado señor Corrada del Río.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1999

En la resolución que hoy emite la mayoría de este

Tribunal se utiliza como fundamento para denegar la moción

de reconsideración presentada por la peticionaria, Sra.

Yvonne Gil Bonar, el que el Tribunal de Circuito de

Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito) no abusó de

su discreción al intervenir con la determinación del

Tribunal de Primera Instancia sobre la manera de llevar a

cabo el descubrimiento de prueba y manejar el caso.

Además, señala, que la peticionaria “[n]o nos ha puesto en

condiciones de concluir que necesita utilizar en esta etapa

mecanismos de descubrimiento de prueba ilimitados para

establecer su necesidad de alimentos post-sentencia.”

Añade también la mayoría que el descubrimiento de prueba

para probar necesidad resulta innecesario pues de los autos

surge que la peticionaria señora Gil Bonar tiene bajo su

control

o

le

es

conocida

dicha

prueba.2

2

Cabe señalar que casi toda la prueba que la mayoría

identifica como conocida por la peticionaria señora Gil

Bonar o bajo su control, va dirigida a demostrar la

capacidad de pago del recurrido, Sr. Francisco Rebollo

López, no la necesidad alimentaria de la señora Gil Bonar.

No podemos avalar la posición adoptada por la mayoría.

A nuestro entender el Tribunal de Circuito ha mal interpretado su

función como tribunal apelativo.

Ha procedido, sin justificación válida

alguna, a sustituir su criterio por el del foro de instancia, en cuanto al

ejercicio de la discreción en materias procesales.

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico impera la norma

invariable de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del tribunal

sentenciador cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un

craso abuso de discreción. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729,

745 (1986); Valencia, Ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986); Ortiz Rivera v.

Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965); Hernández Usera, Ex Parte y Enjuto,

Int., 52 D.P.R. 120, 127 (1937); Vivas et al. v. Hernaiz, Targa & Co. et

al., 24 D.P.R. 836, 843 (1917).

En el caso de autos no se ha demostrado que el foro de instancia haya

ejercido

incorrectamente

su

facultad

discrecional

al

acceder

al

descubrimiento de prueba solicitado por la peticionaria señora Gil Bonar y

al no proveer para la bifurcación de las controversias en el caso. Lo que

si surge con meridiana claridad del expediente es que se ha pretendido

litigar en los foros apelativos hasta los más comunes incidentes

procesales interlocutorios, sin que hayamos podido identificar una razón

de peso para apartarnos de la norma general antes mencionada.

Resulta importante tener presente que la citada norma de que -en

ausencia de un claro abuso de discreción, no habremos de intervenir con

las directrices de carácter discrecional de los tribunales inferiores- es

aplicable en la relación entre un tribunal apelativo y uno sentenciador en

el ejercicio de la función del primero como revisor de las actuaciones

judiciales del segundo.

No es aplicable, sin embargo, entre dos foros

3

apelativos.

En Lluch v España Service Sta., supra, expresamos que, de

ordinario los tribunales apelativos “no interven[dremos] con el ejercicio

de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial.”

No cabe duda que los tribunales de origen son los que están en mejor

posición para determinar cómo se debe manejar un caso que está ante su

consideración.

Las determinaciones que haga en el sano ejercicio de su

discreción deben ser respetadas por los foros apelativos, a menos, claro

está, que se demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción, una

determinación errónea que cause grave perjuicio a una de las partes, o la

necesidad de un cambio de política pública procesal o sustantiva.

Esta

norma fortalece el principio de que serán los tribunales de origen los que

manejen los casos que les son presentados.4

3

Así lo hemos resuelto reiteradamente desde el 1917. Véase, Vivas, et

al. v. Hernaiz, Targa & Co. et al., 24 D.P.R. 836, 843 (1917).

4

Al emitir la Resolución de 30 de junio de 1998 denegando la

reconsideración, aclaramos nuestro dictamen de 5 de junio de ese mismo año

indicando específicamente que le reconocíamos al foro de instancia plena

libertad para manejar el caso.

Expresamos en dicha Resolución que las

partes, o sea, tanto la peticionaria señora Gil Bonar como el recurrido

señor Rebollo López, podían hacerle al tribunal de instancia “todos los

planteamientos que estima[sen] pertinentes, incluyendo el de si proce[día]

o no una pensión provisional mientras se llevaba a cabo un descubrimiento

Entendemos que en el caso de autos el tribunal sentenciador actuó

dentro del marco de su discreción y que tiene a su disposición los

mecanismos procesales necesarios para que ninguna de las partes pueda

abusar

del

proceso.

No

existe

razón

alguna

o

circunstancias

extraordinarias para que el Tribunal de Circuito abrogue la discreción del

foro de instancia y se atribuya el control procesal de un caso que aún

está pendiente en el tribunal de origen.

Dicho en otros términos, no

procedía que el Tribunal de Circuito sustituyera su criterio por el del

tribunal sentenciador con relación al uso de los mecanismos de

descubrimiento de prueba y proveyera para la bifurcación de los trámites

procesales.5

Con estas normas en mente pasemos a analizar la petición de

certiorari en sí.

Entendemos que el segundo error planteado debe

examinarse. Éste lee así:

“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al privar a la

peticionaria de su derecho a descubrimiento de prueba hasta

tanto probara su “necesidad” de una pensión post-divorcio, [sic]

y de probarlo, entonces tendría derecho a descubrimiento de

prueba limitado y restringido en cuanto a su alcance y tiempo.”

Como sabemos, el Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 385 fue

sustancialmente enmendado por la Ley Núm. 25 de 16 de febrero de 1995.

Mediante esta enmienda se eliminó, entre otras cosas, el requisito de

culpa y se establecieron ocho (8) criterios que el tribunal debe

considerar al determinar si procede o no la concesión de pensión

alimentaria a ex cónyuges y la cuantía en que ésta se debe fijar. También

deja abierta la posibilidad de que el tribunal tome en cuenta cualquier

otro factor que entienda apropiado, dentro de las circunstancias

específicas del caso. Sobre el particular, el Art. 109, supra, dispone lo

siguiente:

Si decretado el divorcio por cualesquiera de las causales que

establece la sec. 321 de este título, cualesquiera de los ex

cónyuges no cuenta con suficientes medios para vivir, el

Tribunal [de Primera Instancia] podrá asignarle alimentos

discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que

sean de la propiedad del otro cónyuge.

El Tribunal concederá los alimentos a que se refiere el

párrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otras, las

siguientes circunstancias:

(a)

(b)

(c)

(d)

Los acuerdos a que hubiesen llegado los ex cónyuges.

La edad y el estado de salud.

La cualificación profesional y las probabilidades

acceso a un empleo.

La dedicación pasada y futura a la familia.

de

de prueba adecuado y se [resolvía] el caso en los méritos.”

(Enfasis

suplido.) Como podrá observarse, no condicionamos ni el descubrimiento de

prueba, ni la forma de conducir el pleito, ni la procedencia o no de los

alimentos provisionales.

Todo el manejo del caso y los incidentes

procesales se lo dejamos al buen juicio del tribunal sentenciador.

5

En concreto, nos referimos a la determinación del Tribunal de Circuito a

los efectos de que la peticionaria señora Gil Bonar primero pruebe la

necesidad económica antes de poder hacer descubrimiento de prueba sobre la

capacidad de pago del recurrido señor Rebollo López.

(e)

(f)

(g)

(h)

La colaboración con su trabajo en las actividades

mercantiles, industriales o profesionales del otro

cónyuge.

La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y

otro cónyuge.

Cualquier otro factor que considere apropiado dentro de

las circunstancias del caso.

Fijada la pensión alimenticia [sic], el juez podrá modificarla

por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y

la fortuna de uno u otro ex cónyuge. La pensión será revocada

mediante resolución judicial si llegase a hacerse innecesaria,

o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a la pensión

nuevo matrimonio o viviese en público concubinato.

(Énfasis

suplido.)

Una lectura de los ocho (8) criterios expuestos refleja con meridiana

claridad que éstos se refieren tanto a la cuantía que se debe conceder

como pensión alimentaria, como a lo que significa “suficientes medios para

vivir”.

Para determinar estos dos (2) elementos indispensables para la

concesión de pensión alimentaria entre ex cónyuges, hay que analizar y

examinar los ocho (8) factores que contiene el Art. 109, supra. En cuanto

al elemento de “suficientes medios para vivir” antes de siquiera comenzar

a aportar la prueba para establecerlo, hay que precisar los parámetros con

referencia a los cuales se determinará qué constituyen los medios

suficientes para vivir en cada caso en particular.

Los factores establecidos en el Art. 109, supra, ayudarán al tribunal

a contestar las siguientes interrogantes: ¿Qué constituye para esa

persona, para ese ex cónyuge, “suficientes medios para vivir”?

O sea,

¿vivir cómo? ¿Qué es suficiente? Es obvio que el concepto “suficientes

medios para vivir” hay que determinarlo en relación con algo y que ese

algo podría ser la forma o estilo de vida de la familia, antes y después

del divorcio y la de los ex cónyuges que incluiría la época durante el

matrimonio y la posterior al divorcio.

Sin contraponerse a algo en

específico, la disposición no tiene sentido. Después de todo, lo que es

suficiente para unos puede resultar inadecuado para otros.

Una vez

establecido esto y la capacidad de pago es que se puede fijar la pensión

alimentaria de ex cónyuges.

Cabe señalar que, aún no hemos tenido la oportunidad de interpretar

cuán amplia y abarcadora fue la enmienda que sufrió el Art. 109, supra, en

1995.

Tampoco hemos considerado si ésta tuvo el efecto de modificar

nuestros pronunciamientos en Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 16 (1983); ni si

el legislador tuvo la intención de incorporar a la disposición sobre

pensión alimentaria entre ex cónyuges el concepto de desigualdad

económica.

Ante toda esta problemática que tenía ante sí el foro de instancia,

éste entendió que para poder resolver el caso y determinar cuáles son los

suficientes medios para

vivir, era necesario que la peticionaria

realizara un descubrimiento de prueba adecuado. No hubo arbitrariedad en

esta determinación y mucho menos se puede identificar algún craso abuso de

discreción.

En consecuencia, no vemos razón alguna por la cual el

Tribunal de Circuito debió interferir con el ejercicio de la discreción

del foro de instancia en el manejo del caso en la etapa de descubrimiento

de prueba.

Debemos tener presente que, aunque el descubrimiento de prueba no es

ilimitado, en casos civiles éste debe ser amplio y liberal.

Ades v.

Zalman 115 D.P.R 514, 518 (1984); Rivera Alejandro v. Algarín 112 D.P.R.

830, 834 (1982).

Incluye cualquier materia, “no privilegiada, que sea

pertinente al asunto en controversia ... [y] no constituirá objeción el

que la información solicitada sea inadmisible en juicio, siempre que

exista una probabilidad razonable de que dicha información conduzca al

descubrimiento de evidencia admisible.”

Regla 23.1 de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R 23.1.

Tampoco, de ordinario, será una

objeción válida el hecho de que la información ya está en posesión de la

parte promovente.

Después de todo, una admisión de la parte contraria

facilita la tramitación del caso, pues su presentación en evidencia releva

a la parte que la obtuvo de tener que probar ese hecho.

R. Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, PR

Ed. Michie of

Puerto Rico, Inc., (1997), Caps. 28-31, págs. 220-245. La determinación

que hoy avala la mayoría, limita, sin razón alguna, las opciones que tiene

la peticionaria para probar su caso y desarrollar la teoría interpretativa

del Art. 109, supra, según enmendado, sobre lo que significa “suficientes

medios para vivir.”

En Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119 D.P.R. 563, 566 (1987)

resolvimos que “en casos ordinarios los tribunales, salvo circunstancias

excepcionales y únicas, no pueden prohibir el uso de dichos mecanismos.

Claro está, ello no afecta la facultad de regular su extensión en orden a

objeciones de onerosidad, opresión, privilegio u otras razones válidas.”

(Enfasis en el original.)

A la luz de todo lo antes expuesto, no tenemos la menor duda de que

el tribunal de instancia no actuó arbitrariamente ni incurrió en un craso

abuso de su discreción al permitir el descubrimiento de prueba solicitado

por la peticionaria y al no proveer para la bifurcación del caso. Erró,

pues, el Tribunal de Circuito al intervenir con estas determinaciones

interlocutorias.

En el ejercicio de nuestra función revisora de las actuaciones del

Tribunal de Circuito, debemos expedir el recurso solicitado y revocar la

sentencia emitida por dicho foro, impartiéndole a éste las directrices

apropiadas para que en el futuro se abstenga de intervenir de forma

indebida e innecesaria con las determinaciones interlocutorias del

tribunal de instancia.

No obstante lo antes expresado, hemos revisado el apéndice del

recurso que incluye el interrogatorio que se pretende someter al recurrido

y los documentos que le solicita traiga a la toma de deposición y esto ha

creado en nosotros una gran preocupación. Estamos conscientes que, tanto

el interrogatorio como los documentos que se solicitan, tienen partes que

son claramente impertinentes, onerosas e innecesarias, cuyo único objetivo

parece ser el de molestar o incomodar.

Sin embargo, entendemos que las

reglas procesales tienen suficientes salvaguardas y mecanismos que le

permiten

al

foro

de

instancia

evitar

la

mala

utilización

del

descubrimiento de prueba sin tener que llegar a la drástica medida de

prohibirlo en su totalidad. No tenemos duda de que el foro de instancia

atendería con premura y enérgicamente cualquier solicitud del recurrido

relacionada con la mala utilización o sobreutilización de los mecanismos

de descubrimiento de prueba.

Dicho foro podría, entre otras cosas,

establecer límites razonables al descubrimiento o tomar cualquier otra

medida que estime necesaria a tenor con las circunstancias que se le

presenten, fiscalizando de cerca el controversial descubrimiento de

prueba. No se nos ha demostrado que el tribunal de instancia no esté en

la disposición de salvaguardar con celo los derechos de ambas partes.

En un caso como este, que ha generado tanta animosidad entre las

partes, el tribunal de instancia debe ejercer un especial control para

evitar se utilice el foro judicial para propósitos ajenos a nuestra

función de impartir justicia.

Creemos oportuno advertir que las

representaciones legales de las partes tienen el ineludible deber de

mantener un criterio juicioso y racional al hacer sus planteamientos ante

los tribunales. Deben hacer abstracción del estado emocional y animosidad

de su cliente para con la parte contraria. Después de todo, una de las

funciones de un abogado es precisamente fomentar la paz y la calma para

que las controversias se puedan resolver de forma objetiva, sin que la

emoción empañe el entendimiento. Desmerecen los argumentos legales cuando

éstos se entrelazan con innuendos e insultos velados.

Enérgicamente

repudiamos esta forma de actuar y no la toleraremos.

Por las razones antes expuestas, disiento de la decisión de la

mayoría de denegar el recurso presentado. Entiendo debe reconsiderarse la

Resolución que denegó la expedición del certiorari solicitado, expedirse

el recurso, revocar la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones y

devolver el caso al foro de instancia para que continúen los

procedimientos de forma compatible con lo aquí expresado.

Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociada